Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

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El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

Custodiar a los camiones de la mina y asegurarse que lleguen a su destino no ha sido barato. En un requerimiento de información pública, el Ministerio de Gobernación (MINGOB) refirió que en octubre destinó 350 mil quetzales para la compra de cupones canjeables por combustibles para poder mantener una presencia constante de la policía en El Estor. También dio 100 mil quetzales más para abastecer a las unidades policiales que se encuentran actualmente apoyando el estado de sitio.

El MINGOB indicó que no pagó el hospedaje ni la alimentación a los agentes policiales mientras permanecen en el municipio. No obstante, un grupo de periodistas de Prensa Comunitaria logró documentar que la policía, desde el 21 de octubre, se hospeda al menos en cuatro hoteles de Río Dulce, albergando a decenas de patrullas.

Las autoridades no proporcionaron informes policiales, planes de intervención y la cantidad de agentes destinados al municipio en el marco del estado de sitio. Según esta dependencia, por tratarse de estrategias y asuntos de seguridad nacional que implementa la PNC en dicho municipio.

La resistencia pacífica del pueblo Q´eqchi´ de El Estor, inició el 4 de octubre. En contra de la operación ilegal del proyecto minero Fénix, una planta de producción de ferroníquel de la compañía suiza, Solway Investment Group, con capital ruso.

Con el plantón de resistencia antiminera instalada en la entrada principal del municipio, la Gremial de Pescadores Artesanales, en conjunto con los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’, reclamaron no haber sido tomados en cuenta en el proceso de preconsulta que dirige el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en donde se decidirá si la mina que sigue extrayendo níquel, cobalto, hierro, cromo, magnesio y otros minerales, debe seguir operando en el lugar.

Hasta ahora, la mina funciona sin licencia y sin ningún control estatal, de donde extrae también tierras raras para exportar hacia Rusia, Asía y otros países del mundo.

La exigencia de los pobladores y sus autoridades ancestrales se basaba en la resolución dictada por la Corte de la Constitucionalidad (CC) en 2019 y ratificada en 2020, en donde se declaró ilegal la operación de la mina por la falta de una consulta comunitaria que debe ser libre e informada, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por otro lado, los mineros no han cumplido con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) adecuado para su funcionamiento. Un proceso que, hasta la fecha, no ha sido respetado por parte de los funcionarios del Gobierno central, dirigido por Alejandro Giammattei y sus ministros.

Mientras el Gobierno de Guatemala se despliega con la fuerza armada para proteger a los camiones de la minera, utiliza el estado de sitio para arremeter contra las autoridades ancestrales que protestaron por 20 días en una resistencia pacífica por la operación ilegal de CGN-Pronico y por haber sido excluidos en el proceso de consulta que, en la actualidad ha respondido únicamente a los intereses de quienes defienden la minería en El Estor.

Testimonios de persecución

A casi 2 kilómetros del centro del municipio está la casa de Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor. Él no se encuentra en su vivienda, pero sí está su familia. Irene Paná Pop, su esposa; Flor de María, de 20 años, la hija más grande y quien se ha quedado a cargo del hogar; Estuardo, de 19; y dos hermanos de 17 y 12 años.

El sábado 30 de octubre, mientras todavía dormían, un contingente de la policía entró violentamente a la casa de la familia Pop, una vivienda de madera con tres ambientes, rompió la puerta y revisó cada rincón del hogar. Buscaban armas para incriminarlos y detenerlos, según contaron los entrevistados.

“Vinieron los agentes de la policía, cuatro patrullas y un camión de militares. Cuando sentimos ya estábamos rodeados. Fue como a las 7:00 u 8:00 de la mañana. Yo ya estaba levantada y haciendo café. Mis hermanos se estaban bañando y cambiando. Ellos entraron sin permiso y nos dijeron que teníamos que poner los celulares en la mesa. La fiscal del Ministerio Público dijo que no tomarían fotos o videos, pero lo hicieron. Acá no tenemos armas, simplemente mi papá es presidente de la Gremial de Pescadores que lleva 5 años en esta lucha”, relató Flor de María sobre el allanamiento a su casa.

Flor de María y su familia integraron la resistencia antiminera. Admitió sin ningún problema que participó en el plantón instalado por los Consejos de Autoridades Ancestrales que terminó en un desalojo violento por la PNC dirigido por el Gobernador de Izabal. Dejó en claro que hacerlo, es un derecho ancestral. Por eso, rechaza la criminalización que han sufrido de parte del Gobierno.

Y tiene razón. Las autoridades ancestrales ejercieron una resistencia pacífica, legítima y legal. De acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política, se reconocen los derechos de reunión pacífica, manifestación pública y sin armas. Todo esto pone en evidencia el actuar del Gobierno y la posible intención de criminalizar y perseguir a quienes se oponen a la mina.

“No es justo lo que está haciendo la empresa. La CC ordenó que dejara de operar, pero sigue haciéndolo. Hay muchas órdenes de captura. Con mis hermanos no podemos salir. Necesitamos del apoyo y seguridad de la familia -para hacerlo-. Mi mamá ya no aguanta más económicamente, pasan muchas cosas”, expresó Flor de María.

Su hermano, Estuardo, refirió que su madre, quien padece de una enfermedad, se llevó un gran susto al ver a hombres desconocidos en su casa. Una escena que aseguró jamás olvidará y que ha provocado que en las noches siguientes no pueda conciliar el sueño.

“Mi mamá piensa que pueden suceder muchas cosas -más-”, agregó.

A más de una semana del allanamiento, la policía mantiene las rondas alrededor de la casa y, ocasionalmente, hombres vestidos de particular preguntan si su padre ya está de vuelta.

En la casa de Pop, también se encontraba Cristián Xol, de 25 años, quien es miembro de la Gremial de Pescadores igual que su padre Miguel Xol Coc. Después de lo que ha visto, Xol está seguro que el objetivo de la minera es apropiarse del pueblo y criminalizar y difamar a las comunidades y a los pescadores.

Durante los días que duró la manifestación pacífica, el pescador fue señalado por la policía, al igual que los demás, de portar un arma de fuego en contra del desalojo. La policía se presentó en su casa el 30 de octubre.

“Es una situación que incomoda bastante. Da rabia porque entran a lo bruto en las casas. Sin respetar si hay ancianos, niños o bebés. Entraron sin avisar en la madrugada. Mi mamá está enferma de diabetes y tiene la presión alta. La hicieron llorar. Acá nadie ha portado armas. Estamos para luchar por el bienestar del pueblo. No estamos en la resistencia por necesidad de dinero. La minería está causando tanta destrucción”, dijo. “Da lástima ver a nuestro pueblo cada vez más destruido, porque acá no hay desarrollo. Algún día la gente se dará cuenta de esto. Un día nos quedaremos sin agua y sin árboles”, agregó.

Antes y durante el estado de sitio, las comunidades han observado el actuar de las autoridades como la policía y de la Gobernación Departamental, y aseguraron que han sido comprados por la empresa y no les faltan evidencias. “No puede haber otra explicación para su actuar”, insistió Xol.

Por ejemplo, el 22 de octubre, el gobernador Héctor Alarcón amenazó con desalojar a los manifestantes si no liberaban el paso para el ingreso de vehículos al municipio, especialmente, las góndolas de la minería. Lo cumplió y utilizó gases lacrimógenos para dispersarlos. Sin embargo, no logró su objetivo. Al día siguiente, reapareció con el Ejército y los antimotines.

Aunque Alarcón aseguró que no iba “en representación de ninguna empresa”, estaba especialmente obstinado con deshacer la manifestación y así reanudar el ingreso de ocho camiones de la mina, que esperaban con el motor prendido del lado donde se encontraba la policía.

Durante un último intercambio, Alarcón ignoró las peticiones de los consejos ancestrales de firmar un documento para que pudieran ser incluidos en el proceso de preconsulta.

Ese día, la fuerza pública pudo más que la resistencia. No hubo cómo resistirse al desalojo al verse superados en números y ante el uso de bombas lacrimógenas. Los camiones de la mina cargados con carbón, lograron pasar. De allí en adelante, fueron custodiados por decenas de policías y soldados que corrían al lado de ellas.

Luego, con el estado de sitio instalado, se hizo evidente que la liberación de la carretera no era el único interés del Gobierno pues las casas de tres periodistas comunitarios de Prensa Comunitaria que dieron cobertura a los hechos, fueron allanadas bajo el mismo móvil: portación de armas de fuego durante la manifestación pacífica. Y se les señaló ser parte de la resistencia, criminalizando la labor periodística.

Olga Ché, el rostro de la resistencia

A 10 cuadras de la casa de Pop se encuentra Olga Ché, tesorera de la Gremial de Pescadores, quien durante la manifestación pacífica encaró a la policía mostrando los cartuchos vacíos de las bombas lacrimógenas que les lanzaron para disolver la protesta.

Ché tiene 40 años. A su lado está el secretario de la Gremial, Antonio Choc, de 52 años; él no habla español, así que es ella quien se encarga de dar el mensaje.

La entrevistada contó que los Cuatro Consejos Ancestrales se vieron en la necesidad de organizar una manifestación pacífica en contra de la minera pues fueron excluidos de la preconsulta, un espacio en el que se reúne el Gobierno y comunidades supuestamente afectadas por el proyecto, para diseñar el instrumento que se utilizará en la consulta comunitaria.

Pero el proceso está viciado, aseguró. Pues en múltiples ocasiones los pescadores y las autoridades ancestrales del territorio buscaron ser tomados en cuenta. Sin embargo, Óscar Pérez, viceministro de energía y minas a cargo de la preconsulta, no los escuchó.

“La respuesta fueron las bombas”, sentenció Ché.

Los comunitarios y los pescadores muestran una férrea voluntad de lucha. Saben que “si no luchamos, no vamos a estar libres de la mina” y reconocieron que el estado de sitio está en su contra y a favor de la mina.

“Las mujeres sentimos miedo, nos insultan, roban y rompen las casas”, dijo la tesorera de la gremial.

El lugar donde Ché se reunió con los periodistas no es su casa. Se trasladó a este sitio para resguardarse. No obstante, nada impidió que la policía diera con ella. El mismo día que la casa de Cristóbal Pop fue allanada, rompieron la puerta de la habitación de Ché, robaron sus alimentos, su teléfono y amenazaron a su hija de 11 años con golpearla, cuando la niña quiso defender a su madre.

“Teníamos la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, pero dijeron que era delito tenerla”, refirió.

El asedio y la persecución de parte de hombres armados que Ché y otras mujeres de la comunidad dicen haber sufrido, la ha hecho comparar la situación actual con el conflicto armado interno, donde perdió a su padre.

“Esto es igual que el conflicto porque te agarran y te matan como a un animal. No he conocido a mi padre. Me agarra un dolor de corazón hablar de esto”, expresó llorando.

Hasta ahora, la estrategia de la mina ha sido, según los comunitarios, ofrecerles proyectos, víveres y animales de granja. A algunos los ha comprado con 150 quetzales o les ha dado empleo, pero quienes se han negado a aceptar “la ayuda” de los mineros deben de enfrentarse al hostigamiento de las fuerzas de seguridad.

Las familias de la resistencia tienen clara una cosa: los proyectos que les ofrecen se acaban, pero el bosque y el lago no, y esa es idea la que los mantiene en la defensa del territorio.

“Quiero vivir libre en mi casa”

En esta disputa que parece no tener fin, las mujeres han sido quienes han permanecido en pie y quienes cuidan del territorio cuando sus familiares no pueden continuar. La resistencia sobrevive a causa de ellas. Una de ellas es María Choc, defensora de territorios indígenas.

Choc lleva más de tres años criminalizada por ser intérprete de algunas comunidades que no hablan el español y que han denunciado la apropiación de tierras ancestrales en Livingston, Izabal.

Es hermana de Angélica y Ramiro Choc, cuñada de Adolfo Ich, asesinado en 2009 por guardias de seguridad de la empresa Hudbay Minerals y CGN; ha acompañado y documentado el proceso para exigir justicia por las violaciones a derechos humanos causados por la represión de la empresa minera que en ese entonces era de capital canadiense.

En su casa en El Estor, Choc contó que es una de las mujeres que ha sido criminalizada por la mina, por los dueños de fincas y las autoridades locales.

“En 2005 empezamos diciendo que no queríamos minería. Fuimos difamadas y tildadas de bochincheras. Muchos no reconocen la labor y resistencia de los pueblos, muchos otros son manipulados, pero no he caído y no es que no me hayan ofrecido. Nuevamente, El Estor vive el despojo, la violencia cooptada por intereses de facto y corruptos. Estamos pidiendo la preconsulta de buena fe. Ese es el error de los pueblos: exigir transparencia y nuestros derechos.

Muchos líderes corren riesgo, buscando refugio en otras partes teniendo una tierra natal en donde tenemos derecho de vivir y de exigir, pero lamentablemente seguimos huyendo, mientras los rusos se adueñan de las tierras. Queremos la eterna primavera y no estar rodeados de soldados y policías. Quiero vivir libre en mi casa”, dijo.

En medio de todo, hay un factor apremiante que los mineros y el Gobierno no visibilizan: la salud del Lago y de las montañas de Izabal, los principales perjudicados de la contaminación por el funcionamiento de la mina.

Los pescadores saben que el lago ha cambiado, aunque no cuentan con evidencia científica que los respalde. Los peces, tortugas y otros animales marinos escasean. Y en el área donde la mina libera sus desechos al agua, ha surgido una nueva especie de pez con características grotescas al que nadie quiere pescar. Lo han llamado: “pez Diablo”.

La situación para esta comunidad pesquera no es sencilla. Toda la justicia que la resistencia de los Maya Q’eqchi´ quiere lograr es que la mina que los ha perseguido, asesinado, encarcelado y abusado, se vaya del territorio. Ellos saben que mientras la mina siga operando, el lago es quien se lleva la peor parte, pues podría tardar años en recuperarse y quienes viven de la pesca se han visto obligados a buscar otros medios de subsistencia. Una situación que el Gobierno ha desoído y de la que se ha despreocupado.