En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene
El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.
El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.
A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.
La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.
De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.
“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.
Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.
De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.
Avance de la coca
El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.
“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.
“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.
Herramientas legales
Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.
Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.
Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.
Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.
El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.
La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.
Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.
CHIAPAS: NotiFrayba: Chiapas; la memoria, la lucha por la justicia y libertad. Por Cdh Frayba.
MÉXICO: Conferencia de prensa de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Por Noticias de Abajo
MÉXICO: Ayotzinapa 9 años de un crimen de Estado. La herida sigue abierta. Desilusionados de la 4t ante demanda de verdad y justicia. Por Noticias de Abajo
GUATEMALA: Paro plurinacional contra la impunidad y la corrupción institucional.CODECA: «Estaremos en las calles».
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CHILE: Con múltiples acciones solidarias culmina semana de agitación por Marcelo Villaroel.
Con información de Radio La zarzamora
ARGENTINA: Semana de lucha piquetera llaman a la unidad contra el avance de la derecha y las políticas saqueadoras del FMI.
Con información de Antena Negra
IRÁN: Se intensifica la represión ante el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini tras su detención en contra de manifestantes contra el autoritarismo.
Con información de Kurdistán América Latina
OAXACA: Una vez más, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca mostraron su rostro de corrupción.
Con información del Plantón de mazatecas por la libertad
MÉXICO: Militarización en México se profundiza de forma inédita en este sexenio. Con información de Avispa Media
MÉXICO: “Nuestras radios, nuestras normas” historias de gobiernos y radios autónomas; por Radio Tosepan Limakxtum
Con información de Educa y la cooperacha
HIDALGO: El capítulo 6 “Hidalgo: Listones, versos y colores, historias imposibles por la defensa del monte” fue realizado por el equipo de Ocotenco-Kuautlali.
AGENDA algunas de las movilizaciones convocadas los próximos días.
En portada: Más del 70 % de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de 2022 ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Felipe Luna/Global Witness
América Latina continúa siendo la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, alerta la organización de derechos humanos Global Witness. De acuerdo con documentación realizada por la organización en 18 países de todo el mundo, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022, 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina.
Más de un tercio, el 36%, de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7%, afrodescendientes. Más de una quinta parte, el 22%, se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.
Global Witness ha documentado la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra desde 2012. “El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor, en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos”, sostiene la organización en el informe que divulga el resultado de la documentación.
Desde 2012, registraron 1,910 asesinatos, siendo que el 70%, 1,335 asesinatos, ocurrieron en Latinoamérica. Además, la organización registró que, de los 1,910 asesinatos, 1,390 tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.
Las cifras de 2022 son poco menores comparadas al 2021, cuando fueron asesinadas 200 personas. Sin embargo, la situación no ha mejorado sustancialmente, alerta la organización. “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”.
Año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentra en los mismos países. Más del 70% de los casos – 125 asesinatos de un total de 177 – ocurrieron en tres países: Colombia, Brasil y México.
Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que, en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente, “han sido duramente golpeados”.
En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. “Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas”, dice el documento.
Explotación minera ilegal en el territorio indígena Yanomami (Brasil), 2023. Foto: Alan Chaves
México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados. “No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo”, señala la organización.
En Honduras fueron registrados 14 asesinatos en 2022, el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. “Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”, sostiene la organización.
Julia Francisco Martínez, viuda del defensor de los derechos humanos Francisco Martínez Márquez, miembro del grupo en defensa de los derechos indígenas MILPAH que apareció asesinado en 2015. Giles Clarke/Global Witness
La organización subraya que las cifras solo contabilizan los asesinatos de los que se tiene conocimiento, dado que la falta de denuncia es un problema generalizado. “Por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos”.
—ESTADOS UNIDOS: STOP COP CITY Alto a la Ciudad Policía en Atlanta.
En estos días fueron criminalizados los activistas que resisten en la lucha contra la Ciudad Policía, enfrenten cargos bajo la ley RICO hecha para mafiosos, pero ahora ocupada contra quienes protegen el bosque donde pretenden construir Cop City. Fuente: Democracynow y Stop COp City Press Community
—ESTADOS UNIDOS: LUGARES INDIGNOS PARA ANCIANOS: LAS PRISIONES
Una nota del Centrodemedioslibres y Amigos de Mumia
Una nota de Mumia Abu Jamal, que nos sigue demostrando que en el norte más que un sueño está una pesadilla americana. La situación de las personas adultas en el país que tiene más presos y donde su situación carcelaria es igual a la esclavitud.
—ECUADOR: Tejemedios Amazonicos. El internet que soñamos.
Por Noticias de abajo. En Puyo, Ecuador, Organizado por la CONFENIAE, se realizó el “Tejemedios amazónico” se realizaron talleres, charlas, mapeos y mesas de análisis sobre los sistemas de comunicación comunitaria que se están organizando en sus comunidades y para pensar-soñar en las posibilidades que estas tienen.
—ARGENTINA: Yéssica Bonnefoi: presa por mujer y por mapuche.
Por Redes por la Libertad de Yessica Bonnefoi y Canal Abierto.
La joven mapuche fue detenida por el litigio de tierras de la lof Lafken Winkul Mapu, por el que sus hermanas estuvieron presas ocho meses y fueron liberadas tras el acuerdo con el gobierno nacional. Denuncian el ensañamiento racista y patriarcal de la justicia. Actualmente en huelga de hambre.
—VERACRUZ: Corrupción mantiene encarcelados a dos cafetaleros de Veracruz; otro de los acusados por AMSA murió hace 19 años
Por: educaoaxaca
Una transnacional ECOM Trading también de nombre AMSA, están reprimiendo a las comunidades cafetaleras que se organizan para la defensa de sus derechos, mantienen a dos personas en prisión a otras en prisión domiciliaria, amenazan con más detenciones, todas promovidas por la empresa en complicidad de una policía al servicio del gran capital. El gobierno de la 4t se hace el sordo.
—OAXACA: Denuncian vigilancia ilegal y hostigamiento contra mujeres autodefensas de Eloxochitlán. Sobrevuelos de drones sobre las casas de mujeres organizadas.
Corrupción y caciquismo político en México, en Oaxaca la represión a la lucha por la autonomía de un pueblo es promovida y sostenida por la encargada de la dependencia Estatal de la Mujer, Elisa Zepeda, “La cacique”.
y la nota de la columna Los de abajo de Gloria Muñoz- Justicia para los presos mazatecos publicado en la jornada.
—CHIAPAS: Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas. Por: NotiFrayba sobre el patrón de criminalización contra personas defensoras en Chiapas, acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente
—PODCAST INVITADO Homenaje a Victor jara EL TEMA DE FONDO. Producido por Noticias de abajo.
Música: Que viva la resistencia, música del paro nacional ecuatorianos en 2021. Y puras mujeres con Esther Zapatista.
González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling. La abogada está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Ministerio Público (MP) continúa sumando acciones contra operadores de justicia que encabezaron las investigaciones contra la corrupción en Guatemala. Esta vez, dirigió una nueva pesquisa contra la abogada Claudia González, quien seguía en el país representando legalmente jueces, fiscales, periodistas y activistas que están siendo perseguidos por el ente investigador.
González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling, quien fue señalada de tráfico de influencias, pero beneficiada por el sistema de justicia.
Pese a los riesgos, González estuvo al frente de la defensa de varios operadores de justicia, como los casos contra Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. En abril, fue reconocida en Holanda por la organización “Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers) con el Premio que otorga la organización a los profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.
A su traslado a la Torre de Tribunales, González dijo que se siente preparada para enfrentar el proceso y la acusación “totalmente falsa”. “Es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, mantenerme en carceletas y con orden de aprehensión. Esperemos que el fiscal Noé Rivera venga bien preparado con su imputación”, declaró.
Acá la declaración de la abogada a su traslado:
La exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG.
Abogó por operadores de justicia
A diferencia de otros operadores de justicia, la abogada González seguía en el país y encabezaba el equipo legal que está a cargo de defender a los fiscales que han sido detenidos. Entre ellos, Paola Escobar, Allis Morán, Carlos Videz, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, entre otros fiscales que dirigieron casos de alto impacto.
Como mandataria de la CICIG, también investigó casos que alcanzaron a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y empresarios. Uno de ellos fue el de Blanca Stalling, a quien acusó de tráfico de influencias tras la denuncia del juez Carlos Ruano.
A raíz de esos expedientes y, que seguía defendiendo a sus colegas, González estuvo denunciando acoso e intimidación en las redes sociales por parte de cuentas anónimas y dirigidas por los mismos señalados de corrupción.
El caso en el que más se le observó fue el relacionado con Virginia Laparra, quien lleva más de un año en prisión preventiva por dos casos. La exmandataria de CICIG recientemente logró que a Laparra le otorgaran una medida sustitutiva por uno de los casos.
En una entrevista con Prensa Comunitaria de abril, la abogada aseguró que el peligro de que fuera captura era latente. “Hay un caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el que me denunciaron y no me han permitido tener el acceso a esa investigación, sí es latente el peligro en el cual me encuentro por el trabajo que desarrollo”, expresó.
Claudia González acompañando a su colega la exfiscal Virginia Laparra. Foto Juan Rosales.
Obtuvo reconocimiento internacional
El pasado 11 de mayo, Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers), entregó un reconocimiento a la abogada González, por el trabajo de alto riesgo que continuaba realizando en el país.
“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio fue entregado en Holanda, el 11 de mayo.
Más de 100 hs. en huelga seca, con absoluta indiferencia del gobierno “progresista”
Hasta la cárcel de Temuco llegó el Lonko Víctor Queipul, pu Werken y familiares de los Prisioneros Políticos Mapuche (PPM) en huelga de hambre de la cárcel de Angol.
La delegación Mapuche ingreso a visitar a los PPM que se encuentran en ese recinto penitenciario en Huelga de Hambre en apoyo a los hermanos de la cárcel de Angol y sus demandas. Son 19 peñi en huelga de hambre, de cuales 8 están en huelga de hambre seca.
“El objetivo es poder verlos y enterarnos del estado de salud de todos los peñi (hermanos) que están en la huelga. Hemos podido ver que los peñi solidarios están decididos y convencido de apoyar las demandas de los peñi de la cárcel Angol. Entendiendo que es un acto solidarios entre mapuche y es también legitimo compartir los fundamentos de las demanda de establecer condiciones culturales, espirituales y otras, en consonancia del convenio N°169 de la OIT para los Mapuche en prisión política.” Señalo el Lonko Víctor Queipul.
Añade que “En el nutran se pudo establecer que la huelga de hambre liquida y seca esta en curso en Temuco. Lo mismo que la huelga de hambre liquida sigue en plenamente vigente en la cárcel de Angol.”
“Hemos podido entablar una conversación en la que hemos constatado que los peñi que llevan la huelga seca por mas de 100 horas presentan las primeros signos de complicación y una situación delicada. Esto nos tendrá atentos y comprometidos a monitorear su situación, acompañar y facilitar medios a nuestro alcance en las próximas horas en caso de necesitarse, así como también a los prisioneros en huelga de hambre liquida, que ya presentan baja de peso.”
“Queremos destacar la entereza y el newen (fuerza, energía) con que estos prisioneros políticos han decidido solidarizars con los prisioneros de Angol, da cuenta de la convicción con que el prisionero mapuche enfrenta la prisión política, comprendiendo que está condición es parte del weichan (luchador) mapuche.”
Por el fin a la dispersión de los prisioneros políticos mapuche.
Por la consolidación de módulos de prisión política Mapuche respetando el Convenio 169 de la OIT.
Dos años después del estallido social, las víctimas de la brutalidad policial que perdieron sus ojos siguen clamando por justicia.
Pasaron dos años de las mayores protestas registradas en la historia reciente de Colombia y quienes sufrieron lesiones físicas y psicológicas por cuenta de la violencia policial siguen exigiendo que se sepa quiénes fueron los responsables y se les sancione, mientras la justicia es para estas personas tan esquiva como su derecho a una atención digna en salud.
Al menos 116 personas fueron víctimas de lesiones oculares por cuenta de la represión con la que el gobierno de Iván Duque intentó silenciar el descontento de la población. La pérdida de sus ojos sigue siendo un doloroso recordatorio de lo que ha significado para los jóvenes enfrentar su indignación y compromiso por lograr una sociedad más justa con la fuerza bruta y el abuso como respuesta estatal.
Protestas frente al CAI de la Soledad en Bogotá en 2020. Foto: Andrés Gómez
“¡Mis ojos!”
Cuando estallaron las protestas en la ciudad de Pasto, al suroccidente de Colombia, Clara* era estudiante y, aunque nunca pensó en manifestarse en la calle, las agresiones de la Policía a los jóvenes que protestaban la llevó a salir a acompañarlos:
“Al principio quería como dedicarme a mirar, acá en la casa o así en la web, pero cuando sentí que ya era mucha gente dije: ‘la gente está poniendo de acuerdo, es verdad’ […] Miré una peladita [joven] que estaba en la plaza del Carnaval y un muchacho grabando. ¡Y taz! [le dispararon] a la muchacha con un gas lacrimógeno en la cabeza […] unos 18 a 20 años […] era jovencita […] Yo miré ese video y dije: ‘mierda, ¿qué pasó aquí?’. Entonces, como que ya empecé a salir a las manifestaciones, pero sola”.
Pasaron los días y la pelea en la calle no hacía sino crecer en todo el país. Clara ya no solo era una observadora sino que participaba activamente en el movimiento de los jóvenes y las Primeras Líneas, en sus reuniones en los cierres de vías y manifestaciones, tomando las precauciones que podía ante la violencia de la Policía: “Nosotros ya salíamos protegidos con escudo, casco, y gafas [de protección]. Sabíamos cómo se maneja la Fuerza Pública”.
Lamentablemente, nada la preparó para lo que pasó el 9 de junio de 2021. Según recuerda, ese día no pudo comer en la olla comunitaria que habían organizado otros muchachos como ella porque el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía la destruyó y arruinó los alimentos, y el cansancio ya se iba apoderando de su cuerpo. Esa noche el ataque de los uniformados fue especialmente brutal contra los manifestantes:
“Me di cuenta de que las gafas estaban empañadas y entonces dije: ‘[hay que] salir corriendo de aquí…’, porque ya se estaban preparando los del ESMAD para seguir disparando. Bajé las gafas un poquito para limpiarlas y cuando yo subí [la cara] el de la Policía ya estaba así [apuntándome]. Fue tan raro porque yo miré cómo se venía la ‘esa’ [granada de gas]. O sea, directo, en milisegundos que uno no alcanza ni a reaccionar ni nada. Uno queda así como en la nada […] Dije: ‘¡mis ojos!’, y ya, hasta ahí”.
Esa noche Clara perdió casi totalmente la vista en su ojo derecho y afronta graves problemas de salud desde entonces.
Clara ha encontrado formas de resignificar las lesiones oculares causadas por el ESMAD. Foto: Andrés Gómez
De acuerdo con la Casa de la Memoria, una coalición de defensores de derechos humanos surgida con ocasión del estallido social en Pasto, esa noche se reportaron 14 personas con lesiones físicas causadas por el exceso de fuerza del ESMAD, varias de ellas por disparos de diversos tipos de armas a la cabeza de los jóvenes.
La cosa no paró allí. Según Clara, la Policía se ensañó contra las personas heridas y los manifestantes tenían graves sospechas de que agentes de civil estaban suplantando al personal médico: “en ese tiempo hasta en las ambulancias estaban llevando por allá los chicos y les estaban dando… ¡qué golpizas!”. Por eso se negó a ser atendida por la Cruz Roja: “se dieron cuenta [los socorristas] de que yo era de Primera Línea, entonces dijeron: ‘uds. no se puede ir en ambulancia, toca en moto’”.
Objetos como este, un balín de plomo de unos 10 mm de diámetro y 15,8 gramos, fueron disparados por la Policía contra los manifestantes en Pasto durante el estallido social de 2021.
Disparos sistemáticos a la cabeza
Cinco semanas antes, dos jóvenes de Bogotá vivieron la misma tragedia: perdieron uno de sus ojos por el impacto de objetos disparados por la Policía hacia ellos.
El 1 de mayo de 2021 Daniel Jaimes llegó al sector de Marichuela en la localidad de Usme, al sur de la capital colombiana, para participar en la marcha del Día Internacional de los Trabajadores y manifestarse en contra de “el abuso policial, la privatización de la educación, la reforma tributaria, todas las reformas que se estaban lanzando en ese momento. Fue algo que nos hizo sentir afectados como comunidad”, según recuerda.
Esa noche un agente del ESMAD le disparó una granada de gas lacrimógeno al rostro y le generó graves lesiones que, por desgracia, no fueron atendidas oportunamente y lo llevaron a perder su ojo derecho.
Durante semanas tuvo que enfrentar demoras en la atención para su salud y barreras para recibir el tratamiento adecuado. A esto se sumó que el Hospital El Tunal, donde fue remitido inicialmente, no tenía especialistas para este tipo de lesiones y tuvo que ser remitido al hospital de Facatativá. Asegura que “en un mes recibí tres cirugías a nivel facial, también se vio afectado mi ojo derecho, mi nariz, mis pómulos, los pisos orbitales. Tuve una hemorragia en mi ojo izquierdo y una alta probabilidad de quedarme ciego”.
Después de un mes tuvo que continuar con el procedimiento en otro centro de salud, pues “la cirugía que me habían realizado no fue muy buena”.
“Asesinos”. Foto: Andrés Gómez
Ese mismo 1 de mayo, Juan Pablo Fonseca también salió a manifestarse, pero en la localidad de Usaquén al norte de Bogotá. Asegura que participó en las protestas debido que “ya veníamos con varias dificultades desde 2019 y 2020, haciendo presión para que fueran escuchados los jóvenes, se pedía una serie de cambios”.
Como Clara y Daniel, Juan Pablo también fue víctima de trauma ocular por el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada a su rostro. El joven, que en esa época era auxiliar de cocina, asegura que “afortunadamente […] tuve una atención pertinente para la gravedad de lo me había pasado: en 15 días ya había tenido 5 cirugías. Fue importante en su momento porque tenía la posibilidad de perder la vida”.
No obstante, no duda en señalar lo difícil que fue el proceso por la gravedad de las heridas que le causó la Policía en la cabeza:
“Fue muy doloroso porque las fracturas que tuve en la mandíbula, en la parte de los músculos, no me dejaban abrir la boca. Entonces, yo solo me estaba alimentando con líquidos y ya había perdido casi 17 kg, llegué a pesar casi 42 kg. Llevaba un mes hospitalizado […] Para la reconstrucción maxilofacial me abren por la parte coronal de la cabeza, tuvieron que levantar el rostro para empezar a reducir las fracturas, fueron aproximadamente 72 puntos, entonces el dolor era constante, tenía un catéter conectado para poder eliminar la sangre que estaba en el cerebro y que no tuviera coágulos”.
Actualmente, Daniel y Juan Pablo hacen parte del Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares (MOCAO), una iniciativa para que las víctimas de lesiones oculares puedan denunciar lo ocurrido y seguir exigiendo justicia.
Meses después la violencia policial siguió, a pesar de los llamados por parte de las Naciones Unidas al gobierno Duque para detener los ataques a los manifestantes y garantizar justicia para las víctimas. El 26 de agosto de 2021, David Racedo fue herido en Bogotá cuando protestaba en la localidad de Usme de Bogotá. Al igual que en los casos mencionados anteriormente, él también perdió uno de sus ojos por un objeto disparado por los uniformados, según recuerda:
“El ESMAD comenzó a lanzar gases indiscriminadamente y soy afectado en mi ojo derecho por una bala de goma […] Empiezo a sangrar y los jóvenes de la Primera Línea empiezan a gritar: ‘un herido’. Me ayuda la misma comunidad”.
David asegura que primero fue trasladado al hospital Meissen y no recibió allí mayor atención médica porque “no había especialistas en el área de oftalmología, entonces, al otro día me remiten al hospital El Tunal. Allí me revisa un oftalmólogo y me dice que es una herida grave pero que no tenían los especialistas”. David finalmente fue atendido en el hospital Simón Bolívar.
Para Carolina, una defensora que participó en el comité de verificación de derechos humanos en la localidad de Usme, “las exigencias eran bastante básicas: oportunidades laborales, un trabajo estable, alimentación”, pero el gobierno Duque se negó completamente a escuchar a los jóvenes. “Ellos [las autoridades] tenían la posibilidad de parar todo lo que ocurrió, hasta la muerte de personas. Hubieran podido parar la pérdida ocular de estos jóvenes. Esto se pudo evitar”, asegura.
Socorristas voluntarios. Foto: Casa de la MemoriaVoluntarios atienden a un herido. Foto: Casa de la MemoriaVoluntarios se reúnen frente a la Casa de la Memoria. Foto: Casa de la Memoria
Solidaridad
A pesar de todo esto, lo que salvó incontables vidas durante el paro nacional de 2021 fue la solidaridad. Por todo el país, decenas de voluntarios y profesionales de la salud se unieron para proteger a los heridos y brindarles apoyo. Sin embargo, las afectaciones físicas, económicas y mentales dejaron una profunda huella en las víctimas y sus familias, quienes enfrentan dificultades y luchan contra el olvido.
En Pasto los grupos de socorristas voluntarios y defensores de derechos humanos trasladaban a las personas que resultaron heridas a la Casa de la Memoria, donde recibieron refugio y primeros auxilios. Martín*, un voluntario que atendió allí a cientos de heridos, afirma que llegaron a tener “cuatro, cinco, seis, siete, camillas” pero que después no fueron suficientes. Agrega que la mayoría de las lesiones eran heridas abiertas por golpes de objetos, intoxicaciones por inhalar gas lacrimógeno e impactos directos a la cabeza. Según recuerda:
“Hubo un chico […] le dieron estando a 5 metros en el rostro. Creo que cuatro o cinco dientes perdió y estaba inflamadísimo. Le dieron directamente en la cara. A otros otros les dispararon en el pecho: uno casi se nos muere porque no podía respirar”.
Un disparo a corta distancia de la Policía le provocó esta lesión en la cara a este joven, quien perdió varios de sus dientes.
Desde la Casa de la Memoria, los heridos que necesitaban atención hospitalaria eran remitidos en ambulancias, pero la mayoría de estas fueron pagadas por las personas que se solidarizaban con la protesta porque, según Martín, las autoridades no ofrecieron ayuda alguna: “acá pasó algo particular y es que desde la alcaldía [de Pasto] nos decían que no había ambulancias. De hecho, hubo gente que pagó ambulancias [privadas] para llevar muchachos porque las ambulancias de la alcaldía nunca [aparecieron]”.
Clara asegura que el apoyo que recibió de los voluntarios médicos fue vital para evitarle complicaciones mayores y hasta para costear su tratamiento:
“Cuando [el doctor] me miró, [dijo]: ‘esto es de urgencias […] ¿Ya usted tiene la plata?’ […] Imagínense una cirugía de esas, porque fueron como cuatro a la vez en una, y yo creo que por ahí ya esa cosa va estando en sus seis o siete millones [de pesos]. A mí me tocó pagar como $400.000 no más y eso me lo ayudaron […] mucha gente me ayudó”.
Gracias a este apoyo y a la oportuna intervención quirúrgica que le realizaron, en la que se reemplazó parte de su humor vítreo por un sintético, Clara se salvó de la pérdida de su ojo derecho pero no puede ver por este y necesita de la atención de un médico especialista que no hay en Pasto: “imagínense la fila que tienen, entonces, la gente trata de irse como a Bogotá”, asegura.
Sin embargo, la solidaridad que permitía atender a los jóvenes heridos en la Casa de la Memoria también suscitó el acoso de la Policía, según recuerda Martín:
“Venían como en una actitud también amenazante, como que ‘bueno, ¿acá qué está pasando?’, y había rondas constantes de la Policía. Como siempre estaban pasando […] en un momento ya les dijimos: ‘sí, acá tenemos heridos. ¿Cuál es el problema? Si nosotros los dejamos afuera tirados es omisión de socorro y eso es un delito”.
Aun así, allí no terminaban las agresiones a las personas heridas. Una vez entraban al sistema hospitalario tenían que soportar el acoso de los policías que iban allí a buscarlos entre los pacientes.
Alba*, médica en un hospital de Pasto, asegura segura que en muchos casos la gente llegaba al hospital con traumas craneoencefálicos por golpizas en la cabeza y que hubo ocasiones en los que los agentes llegaban hasta allí para preguntar a los vigilantes por personas heridas en cabeza, brazos y piernas, a lo que varias personas del centro de salud se opusieron por el riesgo que esto suponía para los pacientes. Esto llevó a la creación de una red solidaria entre el personal de salud, según relata Alba:
“Empezamos a hablar con respecto a lo del paro, con respecto a las personas que hacen parte de este paro, sí, porque realmente nosotros no teníamos la visión de que los chicos y las chicas de las líneas eran, como la gente los llamaba, vándalos y gamines”.
Prótesis oculares. Foto: Germán Tenorio
Una violenta desatención
Para las víctimas y sus familiares, las lesiones oculares significaron cambios muy duros. Esto, de un lado, porque este tipo de heridas son inocultables, lo que implica sufrir un estigma social que siempre refiere al momento de la agresión; y, de otro, por las barreras para la atención que mantiene el sistema de salud colombiano y la situación de abandono en la que se encuentra la mayoría de hospitales del país.
Al respecto, Alba asegura que para los jóvenes que atendió esos cambios eran notorios:
“Ellos decían: ’es que [ahora] me siento como un viejito, que tengo que estarme echando las gotas cada hora, que tengo que estar tomando el medicamento’; y la adaptación de la familia también a ellos, a esas nuevas rutinas de empezar a pelear con la EPS, endeudarse para [comprar] los medicamentos”.
Por su parte, Daniel Jaimes manifestó que a pesar de estar afiliado al sistema de aseguramiento en salud como beneficiario, los costos de tratamiento han sido muy altos y que los medicamentos no le han sido suministrados a tiempo. Según relata, esto llevó a la familia a vender parte de sus pertenencias para poder pagar estos costos:
“Les tocó hacer rifas, vender cosas para que yo pudiera tener mi asistencia médica. Me sentía una carga para mi familia, me sentía mal, tuve muchas recaídas emocionales, depresiones. [Por esto] puedo decir que de víctima me fui convirtiendo en activista social”.
Carolina denuncia que hubo falta de atención en el sistema de salud porque las personas heridas al momento de ingresar a los centros médicos se encontraban con una misma respuesta: “si eran integrantes de la Primera Línea o [estaban allí] por protestas no les podían atender. Nos pasó en el CAMI de Santa Librada, no les atendieron”. Agrega que muchos obtuvieron atención pero haciendo pasar las lesiones por accidentes de tránsito: “para que recibieran una atención inmediata muchos compañeros ingresaron como una situación del SOAT [Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito]”.
Después de salir del hospital las víctimas no recibieron un acompañamiento profesional adecuado ni un seguimiento adecuado por parte del sistema de salud, viéndose obligadas a esperar hasta que las EPS tuvieran un espacio para consulta con un especialista. Así, a la situación de violencia policial que causó sus lesiones se sumó a una revictimización de parte del Estado por negligencia en la atención en salud que estas personas siguen cargando sobre sí.
Al respecto, Paulina Farfán, coordinadora del área de Democracia y Protesta del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización defensora de derechos humanos que hace acompañamiento jurídico a varios casos de lesión ocular, afirma que:
“Los jóvenes tienen dificultades para acceder a su atención médica, no les entregan medicamentos, tienen retrasos con las cirugías. Este tipo de cosas suceden un montón en los casos de lesiones oculares porque manifiestan [las EPS] que son cirugías muy costosas”.
Protestas en Bogotá. Foto: Andrés Gómez
El ESMAD y sus excesos
La violencia policial fue tal que la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, y luego de analizar miles de audios, videos, fotografías y testimonios individuales y colectivos pudo “constatar” que la respuesta del Estado a la protesta social se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, que en muchos casos fue letal.
Según datos del Ministerio de Defensa del gobierno Duque, durante los tres meses que duró el estallido social de 2021 el ESMAD fue desplegado 1.653 veces y 24 civiles habían resultado asesinados y otros 1.147 lesionados en el marco de las protestas. Sin embargo, dicha cartera no informó nada sobre quiénes eran los responsables ni sobre los tipos de lesión, pero sí que la Policía procedió rápidamente a judicializar al menos a 224 personas, 80 de las cuales recibieron medidas de aseguramiento. Hoy decenas de jóvenes siguen privados de su libertad o vinculados a procesos penales interminables por haber participado en estas protestas.
No obstante, el balance que presentan las organizaciones defensoras de derechos humanos es muy diferente. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (Indepaz) informó que, entre abril y julio de 2021, 83 personas fueron asesinadas, siendo la Fuerza Pública la presunta responsable de 44 homicidios.
Infografía elaborada por Indepaz acerca de las agresiones a manifestantes durante el paro nacional de 2021.
Mientras Indepaz presenta 93 heridos oculares, el informe “Represión en la mira”, elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, MOCAO y el Centro de Atención Psicosocial, informa un número mayor:
“De los 116 casos, 12 fueron cometidos contra mujeres, 70 fueron hacia hombres y en 34 no se logró establecer la identidad de género […] La no identificación de las víctimas en muchos de los casos se debió a la prevención y el temor de que pudieran ser judicializados”.
Solo en Pasto la Casa de la Memoria reporta que entre el 28 de abril y el 9 de junio de 2021, la Policía es responsable de 476 detenciones arbitrarias, 233 lesiones físicas, 17 amenazas, 2 casos de tortura, 1 agresión sexual y 2 atentados. De las personas lesionadas 191 fueron hombres y 41 mujeres, y 61 sufrieron lesiones en la cabeza, representando 26% de quienes resultaron heridos.
Lesiones en la cabeza registradas en la ciudad de Pasto. Fuente: Casa de la Memoria
Tanto las cifras como los testimonios de Clara, Daniel, Juan Pablo y David, ocurridos en lugares y fechas diferentes, demuestran que durante el estallido social de 2021 existió un patrón en la actuación de la Fuerza Pública para apuntar a la cabeza armas de fuego, como lanzagases y escopetas, y disparar con ellos gases lacrimógenos y municiones de impacto, como balas de goma y otros proyectiles, que produjeron lesiones en ojos, cara, cráneo y mandíbula de los jóvenes que protestaban.
Dos años adaptándose
Los daños causados por este tipo de criminalidad estatal han dejado daños profundos en las víctimas, tanto por las lesiones en su cuerpo como por los impactos psicosociales que han tenido que afrontar durante y después de sus tratamientos médicos. En el caso de quienes han sufrido lesiones oculares, reconstruir su proyecto de vida y retomar sus actividades cotidianas ha tenido una dura carga de aprendizaje de algunas habilidades básicas. Al respecto, Juan Pablo Fonseca, señaló que este proceso no ha sido fácil y explica cómo lo ha sobrellevado:
“Con esta violencia sí se pierden los sueños, se modifica la vivencia de uno. No es fácil vivirlo ni asimilarlo. Vivir con esto también es un aprendizaje constante: cómo movernos, cómo recuperar nuestra motricidad, cómo trabajar con esos 90° de ángulo y no con 180° [de campo visual]. Puede ser complejo no ver por el lado derecho, saber que no hay nada ahí. Es algo que se aprende con el tiempo y se seguirá aprendiendo. La idea también es fortalecer esa introspección hacia uno mismo”.
Para otras personas como Daniel Jaimes, fue su voluntad de continuar como artista y su sueño de ser tatuador lo que le ayudó en su proceso:
“Los sueños que yo tenía en ese momento se vieron opacados, pero con mi fuerza de voluntad, la ayuda de psicólogos y [después] de conocer varias víctimas de lesiones oculares, sigo con mi proceso de tatuar. Eso me ayudó muchísimo”.
Asimismo, David Racedo asegura que se ha adaptado para atender público, debido a que trabaja en el comercio, y que ha tratado de afrontarlo de manera positiva junto a su mamá e hija, a pesar de lo difícil que es:
“Al principio me sentía un poco deprimido: que la gente me viera con ese nuevo aspecto que tenía, con una herida tan grave y en el rostro […] Yo sabía y era consciente de que eso dependía de mi actitud”
Por su parte, Clara había ahorrado junto a varios amigos y logrado comprar una máquina de impresión 3D para su negocio antes del Paro Nacional, pero luego de la agresión de la Policía le es difícil trabajar y tiene deudas. La pérdida casi total de la visión por el ojo derecho hace que el izquierdo tenga que hacer un esfuerzo al que no está acostumbrado, por lo que ha tenido que adaptarse a unos dolores de cabeza que califica de “inmundos” cuando no usa un parche para cubrir el órgano lesionado.
Además, esta situación es todavía más difícil cuando trata de calibrar los espejos de la impresora 3D o de pasar periodos largos frente a la pantalla del computador o tatuando, por lo cual trabajar es todo un reto. Clara asegura que “para los tatuajes, para la pintura y el aerógrafo se me ha hecho recomplicadísimo. Igual con el computador, tampoco puedo usarlo mucho tiempo. Entonces, me ha tocado más aprender, por así decirlo”.
Homenaje a las personas asesinadas por la Fuerza Pública durante el estallido social. Foto: Andrés Gómez
Pero no todos han podido adaptarse. De acuerdo con los integrantes de MOCAO, el llevar una lesión ocular toda la vida tiene unas implicaciones y más sin una atención integral. A esto se suma la carga social y el estigma por parte del Estado. En este sentido, Juan Pablo Fonseca expresa lo revictimizante que es todo el proceso:
“Después de que uno pierde su ojo empieza a encontrar unas consecuencias más altas. La falta de atención psicosocial […] Nos tenemos que someter a la estigmatización por todas las instituciones del Estado: salud, laborales, Justicia. Evidenciamos una tortura sistemática”.
En la misma línea, Paulina Farfán explica que estos traumas oculares generan otros impactos graves sobre la salud, el bienestar psicosocial y la vida de las víctimas. Esto, según explica, van más allá del simple abuso policial:
“Tenemos algunos elementos para considerar que es una tortura: se presenta un daño tanto físico como psicológico, hay unos patrones que evidencian intencionalidad [porque] gran parte de las lesiones oculares fueron ocasionadas con gases lacrimógenos [a los cuales] se da un uso antirreglamentario, y un fin [porque] existe un amedrentamiento, existe un castigo contra quienes ejercen su derecho a la protesta social”.
Por su parte, Carolina afirma que muchos de quienes salieron a la calle en 2021 para protestar por sus derechos y resultaron lesionados hoy lidian con cicatrices profundas también en sus emociones, mientras demandan que se atienda su salud mental para evitar más tragedias:
“Al no solucionarse las condiciones [de subsistencia de estas personas] y hoy seguir buscando la manera de resolver la vida, eso ha generado en los jóvenes unos problemas de salud mental muy fuertes, al punto de perder completamente el sentido de la vida. Aquí en Usme una compañera de 17 años decidió irse [suicidarse]. Es muy difícil y muy duro vivir en estas condiciones como están”.
La doctora Alba ve este mismo problema de salud mental y considera que:
“Hay algunos de ellos que realmente uno no mira que vivan realmente: mueren a diario, mueren en sus ilusiones, mueren en todos su ser […] O sea, viven en la muerte […] A a esto se le suma el olvido desde nosotros como sociedad: fueron los chicos que en su momento enfrentaron situaciones duras, ¡sí que fueron!, y les llamábamos héroes y ahora están totalmente olvidados”.
Protesta con velas en homenaje a las víctimas de la Fuerza Pública. Foto: Andrés Gómez
Rehaciendo la vida en medio de la impunidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su primer informe de seguimiento publicado en 2023, señaló la poca atención que el Estado colombiano ha prestado a las recomendaciones de dos años atrás y le hizo un llamado para que investigue y sancione a los responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias sufridas por civiles en el marco del estallido social de 2021. En especial, el organismo llamó la atención sobre la impunidad en los casos de centenares de heridos y en particular de las personas con trauma ocular por cuenta del uso indebido de armas de baja letalidad por parte del ESMAD y los excesos de la Fuerza Pública durante las jornadas de protesta.
Han pasado dos años y en muchos de los casos las investigaciones son nulas y pocos los avances. Algunos casos han pasado a la Justicia Penal Militar y en las imputaciones de delitos, cuando se llega hasta allí, se toman estas actuaciones como lesiones personales. Para MOCAO, las víctimas se enfrentan a la poca voluntad de los operadores de Justicia para investigar con imparcialidad los casos y sancionar a los responsables. Sobre esto, Paulina Farfán afirma que:
“Tenemos tres casos de lesión ocular en los que se ha condenado al Estado o se le ha otorgado esa responsabilidad al ESMAD. Resultan estos tres casos históricos, pero son de bastante tiempo atrás, entonces, podemos ver los altísimos niveles de impunidad”.
No obstante, lo más preocupante para la defensora de derechos humanos es que en estos únicos tres casos no hay una responsabilidad penal. “No hay una individualización de esa responsabilidad, no hay una responsabilidad institucional”, asegura Paulina.
Hoy, las investigaciones por presuntas faltas disciplinarias no avanzan, aunque en 2021 la Inspección General de la Policía informara de 218 investigaciones disciplinarias abiertas: “103 por abuso de autoridad, 16 por homicidio, 25 por lesiones personales, 41 por agresiones físicas, 3 por acoso sexual”. Alrededor de este tema, la Procuraduría General de la Nación, en respuesta a un derecho de petición de este medio, reporta que de 917 procesos disciplinarios contra la Policía, 184 “corresponden a actuaciones que fueron clasificadas como adelantadas por miembros del ESMAD”, y aclara que en etapa de instrucción hay 165 casos, de los cuales 117 han sido archivados; apenas 12 han llegado a etapa de juzgamiento y 6 han sido trasladados a otras instituciones por problemas de competencia. Ninguno de ellos ha terminado en sanciones disciplinarias luego de dos años.
Respecto a esta dura realidad, la doctora Alba asegura que si bien ha sido duro para las personas lesionadas lidiar con la impunidad, “algunos de ellos han logrado organizarse, han logrado generar unas redes de apoyo con sus mismos pares”. Tiene razón: Juan Pablo Fonseca explica que al unirse con otras víctimas como él y organizarse ha logrado el soporte que ni el Estado ni la sociedad le ofrecen:
“Sentimos que hacemos una campaña hacia la empatía [para] no sentirnos revictimizados, acompañarnos en este proceso tan eterno que esta violencia ha dejado […] Hemos aprendido un montón, es imaginable. Todos los compañeros tienen cantidad de conocimientos, sus expectativas de vida son muy enriquecedoras, cada uno de ellos y ellas es una persona muy especial y con unas historias de vida muy profundas”.
El pasado 14 de agosto los presos políticos mapuche de Angol radicalizaron la huelga de hambre que ya contaba con 100 días desde su inicio, pasando a una de carácter «seca» lo que implica rechazar también todo tipo de líquidos.
El estado de salud de los presos políticos mapuche movilizados se agrava a cada instante, tras pasar a una huelga de hambre seca, esto ante la indiferencia institucional respecto a las exigencias planteadas desde el inicio de la movilización, que tiene como origen la violenta y arbitraria medida de dispersión impulsada por Gendarmería, que terminó con el traslado de los ppm del módulo comuneros de Angol a cárceles en distintos territorios y con la suspensión de sus derechos como mapuche, amparados en el convenio 169 de la OIT.
El día miércoles por la tarde fue determinante, el trasladado al hospital de Angol de Joaquín Millanao Queipul, quien aún se encuentra en dicho establecimiento, daba cuenta de la gravedad de la situación. Por su parte Juan Pinchulef, con un peso de 49 kg. fue trasladado este jueves a la enfermería de la cárcel de Angol y posteriormente al hospital, tras sufrir fuertes dificultades respiratorias.
En solidaridad con esta movilización se han realizado diversas acciones, convocatorias y comunicados. En Temuco 19 presos políticos mapuche recluídos en el módulo comuneros de la cárcel de la ciudad, se unieron a la huelga el pasado 18 de agosto, y de ellos 8 comenzaron directamente con huelga seca, hasta que haya respuesta a las exigencias de los ppm de Angol.
En un punto de prensa realizado la tarde de este viernes, el werken de los presos políticos mapuche de Angol, Rodrigo Curipán, expresó que no ha existido un acercamiento por parte del estado. Así mismo, se refirió a la negativa de los huelguistas (que aún están en la cárcel) de ser trasladados al hospital de Angol, esto hasta que el gobierno responda.
Video de @revista_aukin
Los huelguistaa están siendo acompañados por la Machi Isabel Puel, quien controla su condición de salud, sin embargo se le ha negado el ingreso al hospital de Angol para poder evaluar la situación de los hospitalizados.
Cabe recordar que la dispersión y la suspensión de los derechos de los presos políticos mapuche de Angol, son castigos establecidos por Gendarmería tras un verdadero show montado por la institución, en el cual acusan a los ppm de «secuestrar» a un carcelero, y también, mediáticamente establecieron el discurso de que estos tendrían «privilegios», que en el mundo real, son en verdad las garantías internacionales que les corresponden como prisioneros pertenecientes a un pueblo y cultura preexistente a los estados colonialistas.
Compartimos a continuación comunicado de los ppm del módulo comuneros de la cárcel de Temuco:
COMUNICADO PÚBLICO DE LOS PRISIONEROS POLITICOS MAPUCHE, CARCEL DE TEMUCO.
Mediante este comunicado nos dirigimos a todas las comunidades mapuches en resistencia, organicas de resistencia de las distintas zonas de malleco y cautin, a la sociedad civil, para informar lo siguiente
KIÑE: Como modulo de prisioneros mapuche de la carcel de temuco tanto imputados como condenados, hemos tomado la dificil pero firme decisión en conjunto, para ir en apoyo a los peñis de la carcel de la ciudad de angol quienes desde el pasado lunes 14 de agosto a las 18:30 horas inciaron su huelga seca despues de llevar 99 dias en huelga de hambre liquida.
Por lo que como peñis weichafes de las distintas zonas de malleco y cautín, informamos que el dia de hoy 18 de Agosto inciaremos una huelga de hambre; donde los 19 comuneros del modulo mapuche 8 peñis han decidido iniciar una huelga de hambre seca y 11 de nosotros una huelga de hambre liquida.
Todo esto hasta que haya respuesta por parte de gendarmeria a la peticion de los peñis en huelga de hambre seca en la carcel de angol.
EPU: No olvidar que 6 peñis son quienes el pasado 7 de mayo fueron dispersados a distintas carceles del país Rancagua, Concepcion y Puerto Montt y desde hace aproximadamente unas semanas regresarón a la región de la araucanía, quedando en la carcel de la ciudad de Temuco y donde uno de los puntos de la huelga son que ellos sean devueltos a la carcel de Angol de donde ellos fueron sacados injustamente.
Es por ello nuestro profundo respaldo y compromiso hacia sus demandas.
KULA: Por ultimo, como presos mapuches de la carcel de Temuco, dejaremos en claro que cualquier eventualidad o situción de gravedad que pueda ocurrir en este proceso de huelga, sera unicamente responsabilidad del Gobierno de turno del Presidente Gabriel Boric y la Institucion de Gendarmeria de Chile.
Hacemos un amplio llamado a todas las comunidades y personas conscientes de nuestra lucha por nuestros derechos como mapuches, a no callarse y levantarse en apoyo a lo que esta sucediendo con nuestros peñis.
En portada: Niños desgranan maíz en la comunidad q’eqchi’ de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro
La siembra del maíz es una fiesta en el territorio maya q’eqchi’, Alta Verapaz, Guatemala. La abuela de la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, es la que siempre sostuvo la práctica ancestral de la familia. “Cada familia tiene su día para sembrar la tierra en el mes de mayo, nos ponemos de acuerdo, nos rotamos. Es una fiesta para el territorio q’eqchi’”, cuenta orgullosa.
Las mejores semillas de diversos colores son seleccionadas por las familias y las reservan para la siembra siguiente. “Así vamos cultivando la vida. Mi abuela nos enseñó a cuidar, a querer el sagrado maíz”, comparte Paulina para Avispa Mídia.
El maíz es la base de la alimentación de los pueblos en Guatemala. Las tortillas, el pozol, el tamal son algunos de los alimentos que se consumen diariamente. El maíz es también donde se funda la cosmovisión de estos pueblos, sus creencias y ceremonias sagradas.
El “respeto al sagrado maíz”, enseñado de generación en generación, fue y es lo que sostiene a pueblos indígenas de diferentes partes de Guatemala y esto permitió derrumbar la Ley de Protección de Obtención de Variedad, conocida como Ley Monsanto, en 2014.
“La ley fue aprobada a la espalda del pueblo, de manera oculta. Cuando ya estaba aprobada la ley, pues empiezan a organizarse las autoridades indígenas y la misma sociedad civil para conocer el contenido. Es ahí donde nos damos cuenta que pretendían la privatización de las semillas (nativas), patentar las mismas”, señala.
El contenido de dicha ley pretendía proteger la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los “creen”, “descubran” o modifiquen, por manipulación genética, a las especies existentes. “Eso, a largo plazo, permitía la privatización de la semilla nativa del maíz y otros cultivos, y mayor dependencia de insumos, como fertilizantes y agrotóxicos, para la agricultura”, señala Paulina, que forma parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG).
Los beneficiados por la ley, normalmente empresas productoras de semillas transgénicas como las transnacionales Syngenta y Bayer-Monsanto, obtendrían derechos de propiedad y usos de tales variedades, plantas o semillas. También permitía la siembra, transporte y experimentos con semillas transgénicas.
Trataron también de criminalizar a quienes reprodujeran, sin autorización, el material de variedad protegida con multa y prisión de uno a cuatro años. “Esta ley buscaba dar derechos y privilegios a las empresas por encima de los derechos de los campesinos y de los pueblos, por eso nos movilizamos para derrumbarla”, agrega la mujer maya q’eqchi’.
Ahora, sin aviso o consulta a los pueblos, el gobierno de Guatemala anunció en sus canales de redes sociales que representantes del sector público y privado, vinculados al sector agrícola, se reunieron en la comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de la República, para “afinar detalles” de la iniciativa de la nueva Ley para la Protección de Obtención de Vegetales.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edgar De León, el promotor del proyecto de ley, resaltó que “el objetivo es regular los procedimientos para la obtención de nuevas variedades y cumplir con normativas internacionales”.
La principal normativa internacional que Guatemala tiene que cumplir es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, establecido en 2005.
Los países miembros se deben adherir al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Suiza, que promueve desde la década de 1960 la regulación del registro de plantas y semillas, y que se impone principalmente por medio de los tratados internacionales de comercio.
Para organizaciones como la Vía Campesina, GRAIN, Grupo ETC y Amigos de la Tierra Internacional, la UPOV trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, imponiendo estos derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y monopolizando las mismas por parte de las corporaciones.
Dueños de las semillas
Mediante el UPOV un pequeño grupo de grandes productores a nivel internacional —mayormente corporaciones— “se adjudicó a sí mismo la prerrogativa de facilitar la apropiación de las semillas, excluyendo la posibilidad de que el resto de personas y comunidades las utilizaran libremente, pese a que su vida está entretejida en la agricultura y son quienes las domesticaron y las legaron a la humanidad”, sostienen las organizaciones en la publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”.
Uno de los problemas apuntados por las organizaciones es que la UPOV exige y promueve uniformidad en las semillas y, por lo tanto, en el suministro de alimentos, permitiendo así que un pequeño grupo de productores internacionales, especialmente empresas transnacionales, mantengan la prerrogativa de facilitar la apropiación y el control de las semillas, sin tener en cuenta que muchos pueblos y comunidades tienen relaciones socioculturales históricas con las semillas. “Esto sirve al sistema agroalimentario industrial, que alimenta al 30% de la humanidad. Pero promueve erosión genética, vulnerabilidad económica y la pérdida de autonomía de la gente campesina, agricultoras y agricultores que alimentan al 70% del mundo en estos momentos”, señalan las organizaciones en el documento.
Si los países que hacen parte del Tratado de Libre Comercio no se adhieren al Convenio de la UPOV están sujetos a sanciones por parte de otros países miembros del acuerdo, como es el caso de México que ha trabado una disputa contra Estados Unidos y Canadá porque quieren obligarlo a permitir la siembra de maíz transgénico en su territorio.
Hoy la UPOV posee 78 miembros, incluyendo la Unión Europea.
Guatemala todavía no logró adherirse al Convenio de la UPOV. Desde 2006 inició el procedimiento para hacer parte. Para eso, el país necesita aprobar una ley de protección de obtención de variedades que esté de acuerdo con las líneas del convenio. La organización incluso ofrece modelos de proyectos de ley para que sean copiados por los países.
Y mas, la UPOV debe analizar y aprobar el proyecto de ley que será votado por el Congreso de los países. La adhesión será aceptada “siempre que no se hayan introducido modificaciones en los proyectos de leyes durante los procedimientos parlamentarios”, dice la UPOV en sus reglamentos. Es decir, los parlamentos deben aprobar exactamente los términos dispuestos por la organización.
Otra estrategia para llevar a cabo la expansión de los transgénicos en el país fue la creación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados, en 2018. Surge de los acuerdos de la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras que generó una serie de actividades en el interior del país que permite el ingreso, la experimentación, el comercio y el traslado de semillas transgénicas. “Guatemala es un país centro de origen de especies. Tenemos el privilegio de dar este aporte a la humanidad. Y estos acuerdos atentan contra nuestra biodiversidad, contra las semillas nativas y los conocimientos ancestrales de los pueblos”, enfatizó David Paredes, quien también hace parte de la REDSAG.
Las organizaciones han requerido informaciones al Ministerio de la Agricultura acerca de cómo se han realizado los protocolos para la liberación de la semilla transgénica en el país. Sin embargo, las informaciones “nos dan a medias o no nos dan”, dijo. “No hay informaciones públicas sobre qué empresas están realizando los experimentos, y tampoco dónde los están haciendo. Tampoco hay la participación de los pueblos o consultas indígenas”, señala Paredes.
Para Paulina, la desinformación generada por el Estado de Guatemala y las empresas “atentan contra nuestra libertad de poder decidir cómo queremos alimentarnos, con qué queremos alimentarnos. Porque los pueblos hemos tenido nuestros propios sistemas de alimentación”.
Libre circulación de las semillas
Organizaciones como GRAIN, Colectivo Semillas y la Alianza Biodiversidad, en su publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”, sostienen que “proteger las semillas y brindar acceso a ellas es un entendimiento fundamental de la gente más allá de culturas, ideologías, religiones y visiones de mundo”.
Recuerdan que la noción de que la semilla debe circular libremente es tan profunda que todos los sistemas nacionales de semillas vigentes hasta 1960 se construyeron con la premisa de que las semillas almacenadas estaban a disposición de quien las pidiese.
“Libre acceso y libre custodia, uso e intercambio de las semillas se hicieron así pilares centrales de las identidades culturales, de la expansión de la agricultura en el mundo y de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda”, sostienen.
Siguiendo la lógica de la libre circulación de las semillas, en mayo de 2002 se presentó al Congreso de Guatemala lo que se llamó la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, una iniciativa construida por autoridades indígenas de todo el territorio guatemalteco y que se basa en principios fundamentales de la vivencia de los pueblos, desde el respeto a la vida y desde la cosmovisión maya.
La propuesta debe todavía ser reconocida por el Pleno del Congreso para que empiece a tramitar en sus comisiones.
