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Avispa Midia

Grupos armados mantienen bajo asedio recuperaciones campesinas en el Bajo Aguán

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.

Desde el pasado lunes (27) arrecia la violencia contra el movimiento campesino del Bajo Aguán, al norte de Honduras, departamento de Colón. Hombres equipados con armas de grueso calibre, vinculados al grupo criminal “Los Cachos”, han emprendido una serie de ataques contra las recuperaciones de tierras que mantienen las cooperativas de Tranvío, Camarones y El Chile, ubicadas en la comunidad Quebrada de Arena, a escasos kilómetros de la ciudad de Tocoa.

A pesar de la presencia de elementos de fuerzas de seguridad hondureños, el movimiento campesino sostiene que éstos no accionan para frenar los intentos de desalojos violentos por parte de los criminales. “Hemos denunciado el riesgo que corren ante la secretaria de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la secretaria de Derechos Humanos de forma constante, sin embargo, no hay respuesta contundente”, denunciaron este lunes (27) a través de comunicado de la Plataforma Agraria del Aguán.

Campesinos heridos durante el ataque del grupo armado “Los Cachos”.

Tras el ataque armado del lunes (27), que duró al menos 12 horas y dejó un saldo de 150 familias desplazadas de la Cooperativa Tranvío, además de heridos, la mañana de este miércoles (29) se reporta un nuevo ataque. Ésta vez contra familias campesinas de la Cooperativa El Chile. Acorde al periodista Jared Olson, durante la agresión de esta mañana se registra, al menos, un herido.Registro de los ataques contra campesinos de la Cooperativa El Chile durante la mañana del miércoles 29 de enero, 2025.

La cooperativa El Chile, colindante con las cooperativas Tranvío y Camarones, alberga a 246 familias campesinas, quienes desde hace dos años recuperaron 486 hectáreas de tierra de manos de la Corporación Dinant, empresa productora de palma aceitera, para dar espacio a la siembra de alimentos. La Plataforma y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denuncian que los grupos criminales que atacan al movimiento campesino actúan al servicio de la agroindustrial Dinant.

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Acorde a la Plataforma, durante el ataque del lunes (27), campesinos socios de la Cooperativa Tranvío observaron a un vehículo perteneciente a Dinant transportando a hombres armados cerca de las tierras de la Cooperativa Camarones. Cabe destacar que el grupo “Los Cachos” es el mismo señalado por haber desalojado violentamente a familias campesinas de la Cooperativa Camarones el pasado 24 de diciembre del 2024. “Desde este momento el grupo armado mantiene control de la cooperativa”, señala la Plataforma mediante comunicado tras los ataques.

Por lo menos desde hace dos años, la Plataforma Agraria y COPA han denunciado que la corporación Dinant contrató al grupo criminal “Los Cachos” para atacar a líderes campesinos y miembros de las cooperativas. Ahora, incluso señalan la participación de ex miembros de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano por su colusión con la empresa agroindustrial para perseguir a los líderes campesinos.

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Al cierre de esta edición, medios locales informan que, mientras las autoridades policiales se encuentran en la comunidad de Quebrada de Arena, continúan los ataques contra la Cooperativa El Chile donde se registra la quema de casas de campesinos.

Advertencias, ignoradas

Testimonios de la Plataforma Agraria aseguran que, desde la noche del domingo (26), denunciaron a la Policía Nacional que el ataque a las cooperativas campesinas era inminente. Esto, debido a que observaron la movilización de personas mediante transportes acuáticos a través del río Aguán, además de percatarse del tránsito de vehículos sin placas y hombres armados frente a la casa del líder del grupo “Los Cachos”, Juan Carlos Lizama, en la comunidad de Quebrada de Arena.

Acorde a reportes de Redacción Regional, desde las 6 de la mañana del lunes (27), periodistas del medio atestiguaron disparos de ráfagas con armas de alto calibre, además de denuncias de heridos. A las 10 horas, se avistó otro grupo armado el cual, utilizando machetes y piedras, protagonizó otro ataque contra los campesinos. Por la tarde continuaron las agresiones lo que impidió que campesinos, civiles, policías y periodistas pudieran evacuar la zona debido a que se registraron bloqueos en las rutas de salida realizados por los grupos criminales.Campesinos de la Cooperativa Tranvía registraron los ataques armados del pasado lunes 27 de enero.

“Los sicarios lograron posicionarse en las instalaciones de una pollera propiedad de la Cooperativa Tranvio, de donde han aterrorizada a la comunidad con constantes ráfagas de disparos, mientras otro grupo armado tomó la carretera y así impidió el paso para evitar la libre locomoción”, confirmó la Plataforma Agraria sobre la permanencia del asedio, sin que los elementos de seguridad protegieran a más de 123 familias; 453 personas, entre ellas niños y niñas.

Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.

Además, se reportó el secuestro, durante tres horas, del campesino Cristian Baire y el ataque con arma de fuego contra Janier García, ambos socios de la Cooperativa Tranvío. “Cristian Baire fue liberado de una casa en la aldea Quebrada de Arena por la policía aproximadamente a las 10 de la mañana, pero sufrió torturas y una herida de bala en el pie, posteriormente fue hospitalizado, hasta el momento se encuentra fuera de peligro”, informó el movimiento campesino mediante redes sociales.

El martes (28), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) que acompaña la lucha legal del movimiento campesino condenó el uso de la violencia “por parte de grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, y en particular al grupo armado ‘Los Cachos’ que opera en la zona con total impunidad”. 

El BJP aseveró que estas acciones “benefician directamente a la Corporación Dinant y sus aliados empresariales. Las acciones incluyen el uso ilegal de armas de alto calibre para crear un ambiente de terror y desalojar ilegal y extrajudicialmente a familias campesinas”, declararon mediante posicionamiento público.

También señalaron que resulta inaceptable que, a más de un mes del desplazamiento violento de la Cooperativa Camarones, el Estado de Honduras aún no ha brindado garantías básicas de seguridad a las familias campesinas que viven en completa vulnerabilidad y bajo ataque.

“Condenamos que la difamación y el uso de la violencia forman parte de una campaña más global para dividir y crear conflictos en las comunidades con el fin de despojar tierras y sumar beneficios económicos para la familia Facussé, tanto para sus empresas agroindustriales como para sus intereses mineros. No pasa desapercibido que estas mismas estrategias se han utilizado contra las cooperativas campesinas de Gregorio Chávez, Santa Rosa del Aguan, Panamá y en la comunidad La Ceibita, respectivamente”, acusaron.

Solidaridad

Desde los primeros reportes de ataques armados, diversas organizaciones hondureñas e internacionales se han posicionado para condenar la violencia contra las cooperativas agrarias y elevar la denuncia a nivel nacioanl e internacional sobre los intentos de desalojo de las tierras campesinas del Aguán.

“Este ataque es solo un reflejo de la constante criminalización y persecución que sufren las comunidades del Bajo Aguán, quienes luchan por defender sus derechos territoriales y la tierra”, aseguró la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos mediante pronunciamiento público.

Por su parte, la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 35 ONG Internacionales con presencia y trabajo en Honduras, aseveró que, durante una gira internacional de solidaridad con el Aguán, realizada la semana del 20 al 24 de enero de 2025, fueron alertadas sobre la gravedad del riesgo que los líderes de La Plataforma Agraria y de las Cooperativas Campesinas sufren como amenazas a muerte, ataques a sus familias, y la prohibición de circular en la zona de Quebrada de Arena.      

Frente a esta situación, recordaron al Estado de Honduras el cumplimiento del convenio, firmado en febrero de 2022, entre el movimiento campesino y el gobierno, el cual incluye como uno de sus compromisos la conformación de la Comisión Tripartita bajo la coordinación del Instituto Nacional Agrario (INA), en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria. “En este sentido, reiteramos nuestra solicitud de acción directa y coordinada de dicha instancia para garantizar una respuesta integral y efectiva que permita abordar las causas del conflicto y prevenir nuevos actos de violencia en la región”, señalaron las organizaciones internacionales.

En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifiestó preocupación por los recientes hechos violentos contra el movimiento campesino en el Bajo Aguán e hizo un llamado al gobierno de Honduras para “abordar las causas estructurales que subyacen a la histórica conflictividad en la zona, mediante la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán”.

“Las cooperativas han sido víctimas de al menos dos muertes violentas por arma de fuego, desplazamiento forzado de al menos 150 familias, así como múltiples actos de intimidación y amenazas. La información recibida por la Oficina releva que los presuntos responsables de estos hechos serían estructuras del crimen organizado, que estarían generando una fuerte escalada de violencia en la zona, lo que representa un riesgo inminente para la vida de las comunidades campesinas”, alertó.

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Avispa Midia

Perú: se construye resistencia ante minería de oro en nevado de Lima

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Las comunidades campesinas de los andes de Lima se organizan ante la aprobación de minería aurífera en el nevado Llongote, donde nace el río Yauyos-Cañete.

Esta cuenca recorre dos provincias agrícolas de la capital del Perú, Cañete (a 100 kilómetros al sur de Lima metropolitana) y Yauyos (a 220 kilómetros al suroeste de Lima metropolitana).

Yauyos se localiza en la sierra limeña, en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. En sus alturas se encuentra la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, apreciada por la belleza de sus lagunas. Las poblaciones temen que este ecosistema sea contaminado.

En Catahuasi, distrito de la provincia Yauyos, este domingo 19 de enero representantes de algunas de las 60 comunidades campesinas provinciales discutieron la creación de un frente de defensa que se posicione contra la explotación de oro en el nevado Llongote, ubicado a 13 kilómetros del centro de Yauyos.Nobel Rodríguez Parra, presidente de la comunidad campesina Huangáscar, durante asamblea de comunidades el 19 de enero, en Catahuasi

Las autoridades comunales coinciden en proteger la cabecera de cuenca y la vida de sus valles, donde se cultivan variedades de frutas que se distribuyen en la capital. La ganadería ovina y de camélidos -en las pampas más altas- es la otra actividad económica vital en la provincia. En su parte baja, el caudal riega el territorio de Cañete, provincia de alta producción de frutas para la agroexportación.

“Hemos decidido activar nuestras rondas campesinas, no dejaremos que pase la minería, que ingresen a nuestras tierras, no vamos a dejar que se posesionen. Sabemos que las empresas mineras van a atacar, intentarán dividirnos, comprarnos, atacarnos, estamos preparados para defender el agua con nuestra vida”, expresó el presidente de la comunidad campesina Huangáscar, Nobel Rodríguez Parra.

Comunidades campesinas en abandono

Un mensaje repetido por los comuneros es el olvido por parte del gobierno central, la falta de infraestructura y servicios básicos en comparación con otras provincias de Lima y localidades del país.

En Yauyos hay más de 60 comunidades campesinas en cuyos orígenes convergen culturas ancestrales andinas, como la kauki, aimara y quechua.

“¿Cómo en una cabecera de cuenca se va a permitir una concesión minera? Las comunidades campesinas de Yauyos, como las de toda Lima, se encuentran abandonadas. Para solucionar los problemas ambientales debemos empezar por solucionar la situación de las comunidades”, señala el economista Juan Romero, dirigente de la provincia de la sierra limeña.

El nevado de Llongote se ubica en el área de la comunidad Santo Domingo. En la Ley de Comunidades Campesinas se establece como prioridad que el Estado reconozca un área de extensión a las poblaciones campesinas ancestrales. Sin embargo, en Yauyos no están registradas formalmente sus tierras comunitarias ni sus juntas directivas.

A su vez, el concejo de cuenca del río Yauyos-Cañete no está en funcionamiento, advierten desde las comunidades yauyinas. De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, las operaciones mineras que autoriza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben contar con el visto bueno de estos organismos, conformados por instituciones, grupos técnicos y la sociedad civil.

“Las comunidades campesinas son las llamadas a prevalecer la identidad ancestral que tienen los pueblos milenarios”, añade Romero. En comunidades de Yauyos aún se conservan dos lenguas originarias que se resisten a desaparecer: el jaqaru, hablado por menos de 500 personas; y el kauki, hablado por alrededor de 150 personas, según la Base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura.

Extractivismo en la provincia

El 25% del territorio de Yauyos había sido concesionado a mineras hasta el año 2016, de acuerdo a un reporte de Cooperacción.

En la asamblea de las comunidades campesinas, el relato recurrente en torno al avance de la minería apunta a la corrupción de autoridades de las instituciones públicas; al convencimiento de poblaciones campesinas a cambio de favores, como obras e infraestructura; y al soborno de comuneros en forma de bienes y dinero.

Cuando representantes del proyecto Gloria, en diciembre pasado, intentaron convencer a la población de que apruebe la licencia social para la exploración de oro en las montañas, se realizó la primera protesta contra la actividad minera, autorizada en 2020 por el Gobierno Regional de Lima.

La Dirección Regional de Energía y Minas, mediante la resolución 53-2020, otorgó a la empresa nacional Los Chunchos S.A.C. la concesión de más de 130 hectáreas en las alturas de la cadena montañosa. Todavía no está autorizada la fase de exploración y tampoco se ha realizado aún la licencia ambiental.

La compañía, considerada de fondos pequeños y medianos, ya cuenta con otras dos operaciones mineras en 1890 hectáreas de la provincia, para las que el Ministerio de Energía autorizó en 2011 actividades de explotación subterránea. Se teme que una posible extracción de oro en el nevado atraiga a grandes capitales mineros y se derive en un desastre ambiental.

La posición de algunos comuneros ante la gran minería es favorable “si es responsable”. Para el caso del nevado Llongote, es unánime la postura de no aprobar la licencia social, que no es una figura legal, pero resulta determinante para la ejecución de proyectos mineros. En la práctica funciona como el permiso de las comunidades, garantiza que no habrá conflictos sociales.

Al respecto, autoridades municipales respaldan a las comunidades campesinas de su jurisdicción. La Municipalidad de Viñac, donde el Gobierno Regional de Lima ha concesionado 900 hectáreas para la extracción de minerales, se manifestó en contra del proyecto Gloria y pidió a la población no otorgar la licencia social.

A los yauyinos les genera más desconfianza que la concesión se haya aprobado en los primeros meses de la pandemia por coronavirus y la celeridad en la construcción de una carretera en la zona. Actualmente, la empresa ya trasladó maquinaria pesada a la zona

En este encuentro se acordó debatir la conformación de frentes de defensa zonales en una próxima reunión, debido a falta de representatividad. Las distancias entre los pueblos yauyinos complican la organización provincial.

“Lo importante aquí es que este frente de defensa sea conformado por las personas adecuadas, tienen que ser autoridades comunales comprometidas con la defensa de sus pueblos, que no se dejen comprar por las mineras”, resalta Antonio Lázaro, presidente del Comité de Gestión de la Carretera Qhapac Ñan, integrado por dirigentes de las regiones Lima, Junín y Huancavelica. 

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Avispa Midia

Unión Europea busca asegurar minerales críticos en Sudamérica para su transición energética

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Desde la izquierda, Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Ursula von der Leyen, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña en la cumbre de Mercosur en Montevideo el viernes 6 de diciembre del 2024. Foto: Santiago Mazzarovich

Líderes de la Unión Europea (UE) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) – formado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina – anunciaron en diciembre pasado durante la 65ª Cúpula de Jefes de Estado del Mercosur, en Montevideo, la conclusión de las negociaciones del acuerdo comercial entre las dos regiones, después de 25 años de negociaciones. 

En 2019, durante el gobierno del brasileño ultraderechista Jair Bolsonaro, hubo un primer cierre de las negociaciones, pero con la llegada al poder de Luiz Inácio Lula de Silva, en 2023, las negociaciones fueron reabiertas, por solicitud del nuevo gobierno brasileño. 

En líneas generales, el acuerdo concluido mantiene aspectos fundamentales que caracterizaron el texto base de 1999, señala el asesor de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip), Adhemar Minero, que ha acompañado el proceso desde su inicio, hace más de dos décadas. “Los países de América Latina seden sus riquezas minerales y agrícolas y reciben productos manufacturados de los europeos. Entonces la esencia del acuerdo es esta. La estructura es una estructura neocolonial”, sostiene el asesor para Avispa Mídia.

Además de esta lógica desigual que prevaleció en el cierre de las negociaciones, la investigadora del Transnational Institute (TNI), Luciana Ghiotto, apunta que fueron añadidos nuevos elementos para atender urgencias europeas como por ejemplo la política de transición energética impulsada por la Unión Europea, intensificada después de la pandemia. 

En este sentido, el acuerdo garantiza la exportación de varios minerales críticos para la transición de la matriz tecnológica de la Unión Europea como níquel, cobre, aluminio y acero y flexibiliza la aplicación de impuestos a las exportaciones de estos minerales. “Si Brasil adoptara un impuesto a la exportación de estos productos, la tasa aplicable a la UE debería ser inferior a la aplicable a otros destinos, y tampoco debería superar el 25%”, sostiene el texto del acuerdo. Hoy el gobierno puede tributar exportaciones sin restricciones.

Cerca del 94% del total de oro importado por países de la Unión Europea, equivalentes a casi 16,5 millones de dólares, son de origen ilegal, según una investigación publicada por el Instituto Escolhas.

Brasil se perfila como uno de los principales productores de minerales críticos, tan es así que, su gobierno “anunció recientemente el lanzamiento del Fondo de Inversión en Minerales Estratégicos, que pretende recaudar más de 200 millones de dólares para promover nuevas empresas de minerales esenciales para la transición energética, la descarbonización y la producción sostenible de alimentos”, destaca el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), llamado Perspectivas de la tecnología energética 2024.

Garantizar el acceso a los minerales críticos es esencial para el dominio del mercado de productos industrializados relacionados a las energías consideradas renovables y la producción de las baterías de iones de litio que se utilizan en los ordenadores portátiles, los teléfonos inteligentes y las tabletas, en los vehículos híbridos y eléctricos. Este mercado está siendo disputado principalmente entre Unión Europea, Estados Unidos y China.

De acuerdo con proyecciones de la AIE, para sostener la transición energética, en 2050 la demanda por el litio, por ejemplo, podría aumentar más de un 1500%, así como la demanda por níquel, cobalto y cobre.

La importancia de los minerales para Europa quedó evidente en el énfasis dado al sector en el corto discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,durante rueda de prensa que anunció el acuerdo. “El acuerdo facilitará la inversión europea en industrias estratégicas en todos los países del Mercosur, como es la minería sostenible, productos forestales sostenibles solo para mencionar algunos”, dijo.

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En un informe, el Parlamento Europeo admite la vulnerabilidad europea por la “elevada dependencia” de materias primas estratégicas procedentes de países con los que la UE no está estratégicamente alineada, lo que representa alrededor de la mitad de estas importaciones. China, por ejemplo, suministra el 100% de los elementos de tierras raras y el 97 % del magnesio. 

Los países europeos remarcan su preocupación en cuanto a la expansión de China. El país “está reforzando su dominio mundial en el ámbito de las tecnologías estratégicas y emergentes, aumentando continuamente su presencia en los mercados internacionales, aumentando continuamente su presencia en América Latina (y África)”, contextualiza el documento.

De manera que, diversificar las importaciones europeas de materias primas estratégicas es “clave para dominar la transición limpia de la economía europea, mitigar los riesgos de la cadena de suministro”, sostiene el informe.

La diversificación de las importaciones de materias primas estratégicas también es uno de los objetivos clave de la Ley de Materias Primas Críticas de la UE, que entró en vigor en mayo de 2024. “Para 2030, no más del 65% del consumo anual de la UE de cada materia prima estratégica en cualquier fase pertinente de su transformación debe proceder de un único país”, dice el informe.

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América Latina, en particular América del Sur, es principalmente rica en litio y cobre. Además, la región cuenta también con las mayores reservas de niobio, grafito natural, fluorita y elementos de tierras raras. 

De acuerdo con un estudio de la Comisión Europea sobre minerales críticos, Brasil es, con más del 90%, el mayor proveedor mundial de niobio, un metal utilizado principalmente para la resistencia, flexibilidad y flexibilidad y ligereza. Además del litio, producido por Argentina, y teniendo Brasil reservas potenciales en el llamado Valle del Litio.

Una instalación de extracción de litio en el valle de Jequitinhonha, en el estado brasileño de Minas Gerais. El país podría albergar entre el 1% y el 8% de las reservas mundiales de litio, según distintas estimaciones. Foto: Gil Leonardi 

A esto se suma que Brasil también apuntala en la exportación de otros metales. “Brasil es sólo un ejemplo potencial de socio estratégico para la Unión Europea en la cadena de valor del hierro y el acero”, advierte el informe de la AIE. 

La región es considerada por la UE como estrategia. Su diplomacia ha trabajado en América Latina para establecer acuerdos en relación a los minerales estratégicos y el establecido entre el Mercosur y la UE es uno de ellos. 

“Dado que Argentina y Brasil, en particular, son importantes productores de materias primas críticas, el acuerdo contribuirá a garantizar un suministro de eficiente, fiable y seguroy sostenible para la transición ecológica mundial, reduciendo o eliminando impuestos a la exportación y eliminando las restricciones y los monopolios a la exportación”, considera el informe del Parlamento Europeo.

Transición vía mercado

Uno de los pilares de la disputa por la economía mundial, en el marco de la transición energética propuesta por los países del norte, es el sector automovilístico. Entre las ventas totales de tecnologías a base de energías limpias destaca la producción de vehículos con motores eléctricos y sus baterías. El 65% del mercado global de tecnologías limpias está cubierto por la venta de coches eléctricos y baterías que vienen demandado de forma acelerada más minerales críticos, como reveló un reportaje de Avispa Mídia.

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Así que Europa trató de garantizar su mercado en los países del Mercosur. El acuerdo prevé la eliminación progresiva de los aranceles en un período de 18 años para los carros eléctricos e híbridos europeos. En el caso de los vehículos a hidrógeno, la eliminación se dará progresivamente en un plazo de 25 años. 

Además, se agrega la mano de obra barata en la región, motivo por el cual Brasil, así como México, se posiciona para establecer nuevas ensambladoras de automoviles europeos, estadounidenses, japonenes y chinos, puntualiza el informe de la AIE.

Más allá del discurso de sostenibilidad

Otro punto que vincula el acuerdo al Green Deal europeo, es decir el plan de descarbonización de las economías europeas, es el capítulo y anexos dedicados de Comercio y Desarrollo Sostenible, que establece criterios de “sostenibilidad”, como la restricción de las importaciones de productos del Mercosur cultivados en tierras deforestadas. 

Los países que son parte del acuerdo también deben seguir el Acuerdo de París, adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “con los países desarrollados asumiendo el liderazgo”, dice el acuerdo.

Además, la Unión Europea apoyará con 1,800 millones de euros la “transición ecológica y digital” en los países del Mercosur, como parte de la Global Gateway.

Durante el proceso de negociación Xiana Mendez, entonces secretaria de Estado de Comercio de España, sostuvo que el objetivo de la Unión Europea es “ayudar otros países a ser tan sostenibles cuanto nosotros”. 

Pero lo que el acuerdo pone sobre la mesa va más allá del discurso ambientalmente responsable y la importación y exportación de productos. Está en juego la posibilidad de integración de cadenas de valor industriales “descarbonizadas”, lo que serviría a los objetivos europeos de ser la primera región del mundo climáticamente neutra hasta 2050. 

Funcionarios del estado de Pará, norte de Brasil, inspeccionan una zona deforestada en la selva amazónica. Foto: Evaristo Sa

Analistas con corte liberal defienden que el acuerdo puede representar una oportunidad estratégica para esta integración.

Por ejemplo, Uruguay y Paraguay poseen matrices eléctricas consideradas prácticamente 100% verdes, mientras Brasil posee 85%, niveles muy superiores a los de la Unión Europa, que es de 39%. Para el profesor de economía y ex vice-presidente del sector privado del CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), Jorge Arbache, “con esta matriz, la región es altamente atractiva para el powershoring, la estrategia empresarial de localización geográfica de la producción asociada a la disponibilidad de energía verde, segura, barata y abundante”, dijo en un artículo publicado en la página web del banco. 

Destaca, por ejemplo, el posible impacto para la “descarbonización” de Europa, al acceder a “acero verde” producido con energía considerada limpia por países del Mercosur. “Con este conjunto único de atributos, el Mercosur puede producir bienes con mucho menos emisiones que Europa y con un time-to-market y estructura de costos sin comparación”, sostiene.

Además, enumera el especialista otros atractivos del Mercosur interesantes a la UE: los países del Mercosur tienen potencial de producción de hidrógeno verde a precios muy competitivos, es líder global en tecnologías, modelos de negocios y producción de biocombustibles, poseen agua dulce en abundancia, y muchos biomas y bosques con potencial para la bioeconomía, tierras fértiles disponibles, mucha biomasa e incomparable potencial para expandir el mercado de carbono.

Para Arbache, el Mercosur se presenta al mundo como una fuente de soluciones para la descarbonización.

Próximos pasos

La firma del acuerdo aún no se da. Los textos deben pasar por una revisión jurídica por parte de los países miembros y deben ser traducidos a los idiomas oficiales de cada país. 

El acuerdo también debe pasar por un proceso interno de aprobación, en el caso de Brasil involucra la aprobación del texto por el Congreso Nacional. 

De acuerdo con Adhemar Minero, diversos países europeos manifestaron restricciones al acuerdo, como es el caso de Francia. “Puede ser que todavía se reabran estas pláticas de negociación, a partir de la oposición de algunos países de la Unión Europea”, evalúa.  

Parte del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,durante el anunció del acuerdo, fue direccionado a los sectores económicos europeos que haciendo oposición al acuerdo. “Es una ganancia para Europa. 60 mil empresas están exportando al Mercosur, 30 mil son pequeñas y mediana empresas se benefician de aranceles reducidos, procesos aduaneros mas sencillos, y también acceso preferencial a materias primas fundamentales. Este acuerdo lleva a que las empresas europeas ahorren 4 mil millones de euros, a la vez que expanden nuestros mercados”, argumentó.

El acuerdo es compuesto por 20 capítulos, además de anexos, y trata de temas como Comercio de Bienes, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa, Comercial y Salvaguardias Bilaterales, Facilitación del Comercio, Comercio de Servicios, Compras Gubernamentales, Propiedad Intelectual,  Política de Competencia, Empresas del Estado, Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia y Solución de Controversias

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Avispa Midia

Perú: Fuente de agua de Lima en peligro de contaminación por proyecto minero Ariana

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El miércoles (8) se realizó la última audiencia del proceso de amparo contra el plan de extracción subterránea de cobre y zinc en el área del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín, donde se capta el agua que abastece a más de 11 millones de personas en la capital del Perú, Lima, y la provincia del Callao.

Southern Peaks Mining (SPM), empresa formada en sociedad con el Global Natural Resource Investments, un fondo de inversión británico, es la responsable del proyecto que fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas. 

El sistema hídrico de Marcapomacocha, ubicado a 100 kilómetros de Lima, dentro del terreno de la comunidad campesina Santiago de Carampoma, consiste en un conjunto de 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que, a través de un túnel, se trasvasan desde la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac, que es el que provee de agua a la capital. 

Foto: Camiper

La minera planea depositar relaves tóxicos en una zona altamente sísmica, a 500 metros de la entrada principal del túnel de captación.

Durante la temporada seca, el sistema hidráulico aporta el 62% del agua para las dos zonas metropolitanas más pobladas del Perú, de alto estrés hídrico. El país es el tercero más afectado por este problema en América Latina y el Caribe. Y Lima es la región peruana en mayor riesgo de crisis hídrica. 

En el libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito, editado por Cooperacción en 2023, se reportan 390 pasivos ambientales que ya generan contaminación en en la cuenca del río Rímac. 

Omisión en estudio de impacto ambiental

El fallo del juez dirimente, a emitirse en los próximos días, dejará un precedente para la gestión minera en torno a las fuentes de agua. 

En la anterior audiencia, en enero de 2023, una jueza del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó la suspensión de Ariana y la realización de estudios hidrogeológicos. 

Las partes demandantes del proceso señalan una omisión grave en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto: la falta de una evaluación profunda de los posibles efectos en el sistema hídrico

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas defiende la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar la inocuidad del proyecto, sin embargo este organismo, en su evaluación inicial, no analizó el impacto en el sistema hídrico.

A pesar de que el propio Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) advierte los peligros de contaminación, el Ministerio de Energía y Minas ha obviado sus recomendaciones. Entre las observaciones, Sedapal indica que el uso de dinamita alteraría el cauce de las aguas.

Protesta en Lima contra proyecto Ariana. Fotos: Cooperacción.

Debido a que la minera cercó parte del área de influencia de Marcapomacocha, no se puede examinar los niveles de contaminación en las lagunas.  

Si de beneficios económicos se trata, Sedapal, con el agua de este sistema hidráulico, ha generado mayores ingresos de los que estima el proyecto Ariana. 

La industria del cobre es de las más cotizadas en el Perú, el segundo productor mundial de cobre, mineral de alta demanda para la transición energética en el norte global. Asimismo, en 2023 ocupó el segundo lugar en producción de zinc, empleado principalmente en el sector de la construcción. 

Historial de contaminación

Southern Peaks Mining tiene antecedentes de falta de responsabilidad ambiental. Cuando fue propietaria de la mina Quiruvilca (región La Libertad), entre 2012 y 2015, el Organismo de Fiscalización Ambiental la sancionó por incumplimiento de acuerdos de manejo de aguas de drenaje de desmontes y relaves. Tras vender la operación minera en 2015, la zona fue declarada en emergencia ambiental debido a impactos graves en el río Moche. 

La compañía opera en el Perú la mina Condestable, al sur de Lima, en la que produce 23,000 toneladas de cobre por año. 

Con respecto a la mina Ariana, la empresa ha manifestado que las actualizaciones de los estudios que realizó serán presentados a las autoridades cuando lo requieran, “sin perjuicio de la continuidad o avance del proyecto”. 

La empresa sostiene un mensaje de producción con energías limpias, de acuerdo a la llamada transición energética en los países de capitales extractivistas, a costa de zonas de sacrificio. La industria del cobre es la causa de dos de los conflictos socioambientales más violentos en el Perú: el del proyecto Tía María (región Arequipa) y el de la mina Las Bambas (Apurímac).

Lo inusual del caso del proyecto Ariana es que el posible impacto sea en la capital de un país donde la minería contamina y amenaza fuentes de agua en los territorios de las provincias, habituada a ver a distancia estos peligros.

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Comunidades de El Salvador llaman a movilizaciones para rechazar reactivación de minería

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Acto simbólico realizado en el Río Lempa, donde líderes comunitarios y miembros de la ADES bendijeron al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por la reanudación de la minería. Foto: Rodrigo Sura 

Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. 

En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.

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Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.

Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.

Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.

Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.

Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.

Resistencias

Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica. 

Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.

Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro”, sostuvo.

En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería” la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.

El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño. 

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Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.

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Avispa Midia

México, sin preparación para enfrentar deportaciones masivas anunciadas por Trump

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 

Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.  

A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero. 

Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo. 

La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield. 

Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.

“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.

Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo. 

Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.  

Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”. 

“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene. 

Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas. 

“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.

Preocupación internacional 

El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.

Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.

En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante. 

En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.

Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.

Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan. 

Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho. 

A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.

De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción. 

Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. 

Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.

Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días. 

Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.

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Avispa Midia

Desalojo a la Lof Pailako: un show frustrado y el saqueo de los territorios indígenas

Fuente: Avispa

Por Mariángeles Guerrero, Gioia Claro, Roxana Sposaro, Celeste Vientos y Mariana Aquino / Agencia Tierra Viva

Foto de portada: Roxana Sposaro

El desalojo a la comunidad mapuche Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces (Esquel, Chubut) había sido anunciado con mucho énfasis. A las 8 de la mañana de este jueves comenzaron a llegar por la ruta 71 más de 30 móviles de la Policía Federal y de Gendarmería, camionetas y colectivos, y personal de Parques Nacionales. La magnitud del operativo para excluir a unas pocas familias de sus tierras se condice con el discurso racista del gobierno provincial y nacional; y se basa en una disposición del Poder Judicial Federal de Esquel. Pero la Lof resolvió retirarse previamente, de forma pacífica, por lo que los agentes no encontraron a ninguna persona en el lugar.

En la zona habitada por la Lof quedaron algunos carteles dispuestos en lo que eran las casas de la comunidad. En ellos se lee: “Las fuerzas del territorio les están observando”. “Aquí se gestó y parió a una persona de modo libre, en armonía con el territorio ancestral. No hay desalojo que despoje esa memoria”.

«Sabíamos que esto iba a suceder, así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, hallaron casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos los integrantes de la Lof no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno», aseguró la weychafe Moira Millán, que acompaña el reclamo de Pailako por su derecho al territorio.

Foto: Nicolas Palacios / LUAN – Colectiva fotográfica

La Lof reivindica su presencia en una zona del Parque Nacional Los Alerces (a 35 kilómetros de Esquel). Este proceso, espiritual e identitario, comenzó en 2020. Actualmente, una veintena de personas viven allí: familias con niños y niñas. En el lugar funciona un centro educativo. De haberse concretado tal como lo anunció el Gobierno durante los últimos días, iba a ser el primer desalojo tras la derogación de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La intención de echar a las familias mapuche de sus tierras tenía un efecto aleccionador, en el marco de las persecuciones que vienen sufriendo los pueblos indígenas en el gobierno de Javier Milei. Otras situaciones, como la vivida en octubre pasado por la comunidad wichí Guerrero, de Jujuy, replican este panorama.

A nivel institucional, primero se vació el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA). Luego se disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya función era inscribir a los pueblos preexistentes en un relevamiento nacional. La frutilla del postre fue la derogación (por decreto) del decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena, el 10 de diciembre.

Sólo 20 días después, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, arremetió contra la comunidad Pailako. “Arremetió”, porque las amenazas de desalojo y la violencia institucional comenzaron cuando las familias decidieron habitar el territorio en el que crecieron sus abuelos.

Foto: Roxana Sposaro

Un show anunciado y frustrado

El desalojo fue un show anunciado por el gobierno nacional y provincial, el Poder Judicial y muchos medios de comunicación. En el lugar estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó en helicóptero cerca del mediodía. La Ministra también había ocupado ese cargo durante los operativos militares que culminaron con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, en 2017. Otro funcionario que también dijo presente fue el titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz. La conferencia de prensa prometida desde el Gobierno nunca se hizo.

La orden del juez federal Otranto (conocido por su participación en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado), se basa en la Ley 22.351. Esta normativa fue sancionada en la última dictadura militar: criminaliza a los “intrusos” que utilicen las instalaciones de los Parques Nacionales y autoriza su desalojo.

Foto: Roxana Sposaro

Sin sentencia firme

Las acciones llevadas a cabo durante este jueves se realizaron sin una sentencia judicial firme y sin que se hayan agotado las presentaciones realizadas por la organización Gremial de Abogados, en representación de la comunidad Pailako, ante el Poder Judicial.

Ante estos atropellos, la comunidad resiste. “Siempre somos vistos de mala manera. Nuestra intención es preservar este monte, poder criar a nuestros hijos y las infancias que están aquí”, afirmaba días antes del desalojo Belén Salina, integrante de la Lof. Pese a haber evitado una situación de violencia contra las familias, la comunidad se vio obligada a dejar sus viviendas, su tierra y sus animales en el Parque.

Foto: Nicolás Palacios / LUAN – Colectiva fotográfica

El 8 de enero, la Lof, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de los presos políticos Mapuche en Puelmapu brindaron una conferencia de prensa en Esquel.

En representación del Comité, Millán apuntó contra el Gobierno: “Hoy vemos a estos mentores de la muerte venir a nuestros territorios y hacer de la narrativa de las políticas criminales la normalidad. Ellos reivindican el proceso militar. Y durante el proceso militar se eliminó un ecosistema prístino para hacer una de las represas más grandes de la Patagonia, que hoy abastece a una empresa privada. Esa lógica es la que está siendo reivindicada, no sólo los desaparecidos sino también el saqueo”. Al respecto, aseguró: “Quieren privatizar áreas de los Parques Nacionales y la piedra en el zapato somos los pueblos originarios”.

La represa a la que aludió Millán es Futaleufú, que se construyó dentro del Parque Los Alerces y fue puesta en funcionamiento en 1978 para el abastecimiento energético de la empresa de aluminio Aluar. Bajo la lupa de las comunidades indígenas están también los incendios intencionales. La Lof Pailako aseguró en un comunicado que “queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo negocios extractivos”. Al desalojo se suma el despido reciente de cien brigadistas forestales que trabajaban en el Parque.

En la conferencia, Millán señaló la responsabilidad de los gobiernos anteriores por no haber regularizado la situación territorial de los pueblos indígenas. Finalmente, llamó a hacer un “boicot” a los parques nacionales del país, evitando pagar las entradas respectivas.

Foto: Roxana Sposa

Solidaridad con Pailako en Nahuelpan

Mientras Bullrich hacía un despliegue desmedido de las fuerzas de seguridad, a 40 kilómetros de ahí, en el Lof Nahuelpan, un grupo de Pu Lamien autoconvocadas y desde una red de acompañamiento a Lof Pailako, realizaron una acción para visibilizar, conversar e informar a quienes llegan al tren turístico La Trochita sobre lo que pasaba en Los Alerces y la estigmatización hacia las comunidades indígenas.

Por un rato se cortaron las vías, se colocó una bandera, se repartieron volantes y se conversó con quienes iban a abordar el tren. Hubo momentos de tensión cuando llegaron las fuerzas policiales, pero nadie cedió a las provocaciones y los micros pedidos por el municipio se encargaron de trasladar a las y los turistas.

”Vinimos de manera pacífica para romper con ese imaginario social que nos crean desde los medios de comunicación hegemónicos y la misma sociedad racista, donde nos tratan de violentos, cuando nosotros solamente queremos informar. Lamentablemente, la ignorancia y la desinformación es un virus, es una enfermedad que nos atraviesa hoy como sociedad. Vinimos de forma pacífica y llegó la policía a amedrentarnos, a violentar a la gente y a empujar”, dijo Zamira Tacuman.

Con todas las fuerzas represivas a disposición, esta pequeña acción de resistencia y solidaridad pudo realizarse pacíficamente, en un sitio emblemático para las protestas. Fue un modo de abrazar la lucha de la Lof Pailako y de todas las comunidades indígenas criminalizadas por el gobierno provincial y nacional.

En noviembre, en la Asamblea de la ONU, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución contra los derechos de los pueblos originarios

Foto: Roxana Sposaro

La batalla judicial y desigual: cómo se llegó al desalojo

La comunidad recuperó su territorio ancestral en 2020, reafirmando su arraigo cultural y espiritual en la Mapu (tierra). Allí siembran, crían animales y cuidan a sus hijas e hijos. Desde entonces, enfrentan amenazas y hostigamientos. Quienes allí viven son descendientes de pobladoras y pobladores mapuche en lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, creado por el Estado argentino en el marco de las políticas de expulsión de las comunidades indígenas de la Patagonia.

“Para nosotros ‘pailako’ significa ‘arroyo tranquilo’”, explicó Lemu Cruz Cárdenas, en una nota brindada a la Agencia Presentes. “El arroyo que da nombre a la comunidad se arma entre varias corrientes de agua, arroyos más pequeños, que bajan del cerro y forman uno más grande. Vivíamos a la orilla de ese arroyo”, recordó Cárdenas. Hoy, él y María Belén Salina (integrantes de la comunidad) están imputados por presunta participación en incendios forestales ocurridos en el Parque. No hay una sola prueba en su contra.

Como respuesta a la recuperación territorial iniciada en 2020, Parques Nacionales realizó una presentación ante el juez Otranto para pedir el desalojo de la comunidad. En primera instancia, el magistrado habilitó el ingreso a la Lof para identificar a las personas que habitan allí. Fue un paso previo al desalojo.

Foto: Nicolás Palacios / LUAN – Colectiva fotográfica

El juez Otranto emitió entonces la orden para la expulsión, pero fue suspendida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Ante la apelación de Parques Nacionales, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón al organismo nacional y la amenaza del desalojo volvió a estar vigente.

Resulta llamativo en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones el argumento del juez Javier Leal de Ibarra: “Queda debidamente expuesto que Cruz Cárdenas y María Belén Salinas (NdR: nótese la mala escritura del apellido Salina, familia tradicional de la zona) adscribieron a una comunidad mapuche que ocupó la zona denominada ex Población Felidor Salina a partir de enero del año 2020. […] y que si bien descienden de pobladores que contaban con permisos para ocupar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, ningún permiso precario les ha sido conferido sobre la zona que específicamente pretenden”. Felidor Salina era el tatarabuelo de Belén Salina, integrante de la Lof Pailako. Como a tantos pobladores de la zona, en 1940 le entregaron un “permiso precario” para pastaje y ocupación.

El 30 de diciembre, días después de la derogación de la prórroga de la Ley 26.160, Otranto habilitó nuevamente el desalojo sin que exista una sentencia firme sobre el caso y antes de haberse agotado los recursos legales presentados por la comunidad. Desde la APDH también presentaron un hábeas corpus preventivo, que fue desestimado por el juez.

El 2 de enero, un oficial de justicia, acompañado por fuerzas federales, notificó a la comunidad sobre el desalojo. Dio un plazo de cinco días hábiles (hasta el 9 de enero) para abandonar el territorio. En la notificación se advirtió que se iba a disponer del uso de la fuerza pública y del allanamiento de domicilios en caso de «ser necesarios». La información fue presentada junto a Danilo Hernández Otaño (intendente del Parque Nacional Los Alerces) y Laura Fenoglio, personal de Parques Nacionales.

El argumento que sostienen desde Parques Nacionales para el desalojo es preservar el área protegida. Sin embargo, la ONU destacó en 2023 que “gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria”.

Foto: Roxana Sposaro

El Parque Los Alerces

La Reserva Nacional Los Alerces se fundó en 1937. En 1945 se declaró como Parque Nacional, con una extensión de más de 280.000 hectáreas. Fue a través del despojo y el desalojo violento de las comunidades que allí habitaban que se crearon estas áreas “protegidas”.

“El juicio civil, en el que se podrían dirimir los derechos ancestrales de los integrantes de la lof, duerme en un cajón de la Justicia argentina, sin dar la posibilidad entonces de sacar a la luz la ocupación tradicional de este espacio territorial por algunos de sus miembros que son la quinta generación de las familias que allí vivían, mucho antes de la creación de Parques Nacionales”, expresa un documento firmado por decenas de comunidades mapuche y asambleas socioambientales.

En el mismo texto, denuncian que la zona “es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos”.

Foto: Roxana Sposaro

Un Estado que reivindica su racismo

En diciembre pasado, el gobernador de Chubut aseguró: «Este gobierno (provincial) va a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes toman un bien que no es propio y que vayan presos. Hay que separar lo que son nuestros pueblos originarios […] de estos delincuentes que levantan falsas banderas para cometer delitos. Para hacerse de tierras privadas. O, por ejemplo, tomar el Parque Nacional Los Alerces».

En la misma línea, el 8 de enero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Vicejefatura de Gabinete y la Administración de Parques Nacionales, emitió un comunicado afirmando que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces». Y anunciaron que el operativo se llevaría a cabo con Fuerzas Federales.

También aludieron al «derecho a la propiedad del Estado Nacional» y a supuestos ataques verbales y físicos por parte de la comunidad. Y refirieron a la Ley 26.160: «Una legislación impulsada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos». Una forma de desconocer los derechos de los pueblos indígenas que rigen en Argentina.

Foto: Roxana Sposaro

La identidad es un derecho

Nora Rodríguez y Raúl Mazzone, integrantes de la APDH presentes en la conferencia de prensa, expresaron: “Es horrible ver el rostro racista, colonial, cada vez más inquisidor que habilita métodos que estaban prohibidos desde la dictadura, de investigación como si hubiera enemigos internos. Es una faceta horrible del Estado. Pero a la vez vemos en las comunidades procesos de identidad, que son un derecho. Despojarlas de sus territorios es muy doloroso. Vemos el daño que esto causa en personas de distintos géneros, edades, a infancias que van a sufrir esto de una forma significativa en su proceso de vida. La identidad es un derecho, quizás al Estado en su formato actual no le guste reconocerlo”.

Foto: Roxana Sposaro

A su turno, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresaró: “¿Para qué elegimos un gobierno democrático? Tenemos derecho a cuestionar a ese gobierno, ningún gobierno es absoluto. La gestión actual ¿no debe respetar la Constitución argentina? Hoy vemos a un Estado que fomenta la discriminación”.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) manifestó mediante un comunicado: “El desalojo de la comunidad nos recuerda oscuros episodios recientes en los que perdieron la vida quienes formaban parte de reivindicaciones territoriales. Es posible construir un diálogo intercultural en el que todas las culturas y pueblos sean respetados, pero no ocurrirá si la respuesta estatal es la violencia, la discriminación y la falta de respeto a los derechos colectivos de las comunidades preexistentes”.

Foto: Roxana Sposaro

Cobertura colaborativa de InfoterritorialRevista CítricaAgencia Presentes y Agencia Tierra Viva

Edición: María Eugenia Ludueña

Edición de Fotografía: Nicolás Pousthomis

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Avispa Midia

Miles caminan rumbo a Estados Unidos; diez éxodos salieron de Chiapas en 3 meses

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters

Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”. 

El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.

La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.  

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Equipos de Apoyo de la Comisión Sexta Zapatista

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía. Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025. Asistencia: ¿algunas partes del todo? Equipos de Apoyo de la Comisión Sexta Zapatista Enero de 2025

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Asistencia: ¿algunas partes del todo?

Personas registradas hasta el 2 de enero del 2025:

.- 1079 asistentes firmantes de la Declaración por la Vida.

.- 245 grupos, colectivos, movimientos u organizaciones.

.- 35 medios libres, autónomos, independientes, o como se llamen.

.- Procedencia:

          .- 31 estados de la República Mexicana (todos menos Campeche)

          .- 46 países o geografías del mundo.

Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bolivia
Brasil
Canadá
Cataluña
Chile
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
Estado Español
EUA
Francia
Grecia
Guatemala
Haití
Holanda
Inglaterra
Irán
Irlanda
Israel
Italia
Kenia
Líbano
Lituania
México
Nicaragua
País Vasco
Palestina
Perú
Portugal
Puerto Rico
República Dominicana
Suecia
Suiza
Trinidad y Tobago
Ucrania
Uruguay
Venezuela

.- Más 900 zapatistas asistentes a las mesas en CIDECI los días 28-29 y 30 de diciembre del 2024. Autoridades autónomas, promotores de salud, de educación y de como mujeres que somos, bases de apoyo, milicianos, milicianas, mandos político-organizativos.

Es todo.

Equipos de Apoyo de la Comisión Sexta Zapatista.
Enero del 2025.

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Avispa Midia

Bajo Aguán: Recrudecen ataques de grupos armados ligados a industria de palma aceitera

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

En portada: Integrantes de cooperativas campesinas que reivindican la recuperación de tierras en el Bajo Aguán realizan manifestaciones para exigir la desarticulación de grupos armados que operan en la región.

Cooperativas agrícolas del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, se movilizaron la mañana de este lunes (6) para bloquear la Carretera Centroamericana (CA-13) que atraviesa el país hacia Guatemala, con el fin de exigir a las autoridades el desarme de grupos criminales a quienes señalan como responsables por asesinatos y desplazamiento forzado de familias campesinas. En esta región, desde los años 70s se destinaron las tierras para un reparto agrario, pero fueron despojadas para dar paso a monocultivos de palma aceitera.

Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, fue asesinado el jueves 2 de enero del 2025.

Esta movilización es la más reciente en una serie de protestas derivadas por las últimas agresiones violentas. La noche del pasado 24 de diciembre del 2024, hombres armados atacaron a los integrantes de la Cooperativa Camarones quienes se vieron forzados a abandonar las 656 hectáreas de tierras recuperadas que habitaban y cultivaban para el sostenimiento de 150 familias campesinas.

El pasado jueves (2), Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, organización campesina que mantiene una recuperación de tierras desde hace dos años, fue asesinado. “Cuatro hombres armados que se conducían en motocicletas interceptaron el vehículo y lo bajaron por la fuerza, expresándole que querían hablar con él, posteriormente ordenaron al conductor del vehículo a seguir su marcha, minutos después fue ejecutado”, detalla en comunicado el movimiento campesino articulado en la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

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