Por Aldo Santiago

El pasado 15 de enero, el Tribunal Penal de Buenos Aires, al sur de Costa Rica, ordenó continuar con el proceso penal para esclarecer los responsables del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortíz. Rojas fue asesinado el 18 de marzo del año 2019 en territorio Bribri de Salitre. Su labor en la recuperación de tierras indígenas, cuya posesión se mantiene ilegalmente en manos de terratenientes, le acarreó amenazas y agresiones que escalaron hasta su asesinato.

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Sergio Rojas era beneficiario de las medidas cautelares 321-12 emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde abril de 2015, la CIDH ordenó al Estado de Costa Rica proteger la vida e integridad física del pueblo Bribri de Salitre y Bröran de Térraba.

¿Freno a la impunidad?

El reciente dictamen del Juzgado Penal obliga la continuación de la investigación en el homicidio de Rojas. También rechaza la “solicitud de desestimación” propuesta por el Ministerio Público realizada en septiembre del 2020, pues no se han agotado las herramientas investigativas disponibles.

Con la desestimación, el Estado costarricense pretende cerrar el caso de homicidio de Sergio Rojas ocurrido en Salitre. De la misma manera, esto sentaría un precedente para también mantener la impunidad en el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, ocurrido el 24 de febrero del año 2020 en territorio Bröran de Térraba.

Por ello, la solicitud de desestimación provocó una enorme indignación de parte de organizaciones sociales debido a que, hasta el momento, a casi dos años del asesinato, no hay ningún sospechoso detenido.

Mediante comunicado publicado el pasado 3 de diciembre, El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), organismo del cual Rojas fungió como uno de sus fundadores, repudió la intención de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para archivar el caso por el homicidio de Rojas.

En el documento, lxs integrantes del FRENAPI denuncian la continuación en las amenazas de muerte y las agresiones contra quienes realizan un acceso efectivo a sus tierras, mientras el gobierno de Costa Rica no avanza en la recuperación de las mismas. “¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que no quiere recibir denuncias de los indígenas ante las agresiones y la usurpación de sus tierras? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que tiene a un Juez Agrario en Buenos Aires que es yerno de un terrateniente no indígena que usurpa tierras en Boruca? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial donde la Fiscalía solicita la desestimación del homicidio de uno de los líderes más visibles de nuestra lucha, en menos de 2 años de iniciadas las investigaciones?”, cuestionaron lxs miembros del FRENAPI.

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Por su parte, la reciente resolución del Tribunal argumenta que “la investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la CIDH y de atacamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica”.

Filtración y obstaculización de justicia

Entre los días 21 y 22 de enero fueron publicadas una serie de notas en la prensa con informaciones confidenciales del expediente penal 19-000178-0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a la filtración, se comprobaría que la causa del homicidio se debe a los conflictos por la recuperación de tierras en territorios indígenas. “Los elementos probatorios indican por donde va el asunto, que hay relación con las tierras y es hora de que la fiscalía actúe de acuerdo con los elementos probatorios”, explicó Gustavo Oreamuno, integrante de la Coordinadora Lucha Sur-Sur.

Por otro lado, Óscar Retana, abogado representante de la familia Rojas Lázaro, reprochó la divulgación de información confidencial, lo cual representa una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

“Se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”, condena Retana mediante un breve posicionamiento difundido el 26 de enero.

Para Elides Rivera del territorio Bröran de Térraba, la filtración forma parte de actos para deslegitimar la investigación “pero no por falta de pruebas, sino por una cuestión de racismo y de xenofobia a los pueblos indígenas, y hacer creer que los pueblos indígenas mentimos”.

Mientras los asesinatos de Rojas y Rivera se mantienen en la impunidad, las agresiones a las acciones de recuperación de territorios indígenas se mantienen al alza.

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Esto ocurre bajo cobijo del Estado costarricense, quien, en febrero del 2020, mediante la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aplazó hasta el año de 2026 la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI). Con ello, se prolonga una vez más la devolución de las tierras indígenas, como ha ocurrido desde finales de la década de 1970.

El Plan RTI tiene también el objetivo de identificar y realizar procesos judiciales contra aquellas personas quienes lucraron con tierras indígenas protegidas por ley. Sin embargo, el aplazamiento de su ejecución, sumado a la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas “ha envalentonado a estas personas violentas, porque al ver que no pasa nada cuando ellos realizan los actos violentos creen que lo pueden seguir haciendo”, denunció Oreamuno.

Por Nelton Rivera y Palas Luín

Este martes, el juez contralor, Alberto Calmo Ramírez, atendió y aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y de la defensa de Julio Gómez para dar un plazo para que pudieran llegar a un acuerdo con los demandantes. La petición fue aceptada por Heriberto Alfonso Ortíz, abogado de la empresa Generadora San Mateo y del abogado José Estuardo Luna Santos abogado de los demandantes.

La audiencia de etapa intermedia se realizó en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), en el municipio de Santa Eulalia a dos horas de camino de San Mateo Ixtatán, de donde es originario Gómez. La cita estaba programada para las 9:00 de la mañana, fue breve, y aunque con 20 minutos de retrasó duró 10 tan solo minutos.

Gómez tiene abierto un proceso penal por los delitos de instigación a delinquir, reuniones o manifestaciones ilícitas y agrupaciones violentas. El 26 de enero de 2020 Julio Gómez Lucas fue detenido en la carretera de San Mateo Ixtatán rumbo a Huehuetenango, un juez resolvió iniciar un proceso acusado de participar en una manifestación pacífica en la microrregión de Ixquisis el 19 de junio de 2018.

“Me están acusando por una manifestación, cuando las autoridades comunitarias de Ixquisis entregaron un memorial en el destacamento militar pidiendo el retiro de los soldados. Ese lugar está a 43 kilómetros de distancia de dónde yo vivo, no estuve en ese lugar y estoy en la parte centro de San Mateo”, expresó Gómez.

Un año después, el juez acepta la propuesta de la defensa de Gómez y del fiscal del Ministerio Público (MP), de aplazar la audiencia para que las partes alcancen un acuerdo y reconciliación a través de una salida alterna y así evitar continuar con el proceso penal.

A la audiencia asistieron los demandantes Amílcar Emilio Felipe y Andrés Francisco Mateo, asistidos por Luna Santos, quien presidió la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), durante el gobierno de Jimmy Morales en 2006.

Emilio Felipe y Francisco Mateo forman parte de la oenegé 13 Democracia, quienes han externado su afinidad por la construcción de hidroeléctricas en el área. Esta organización forma parte del “Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura”, firmante de un acuerdo entre la empresa y el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes al que llamaron “Diálogo”, un día antes de la detención de Gómez. Guatemala, ironía a granel: exguerrilleros operadores políticos de las hidroeléctricas.

A Gómez lo acompañaron los abogados Rudy Juárez, Luis Felipe López, Pedro Robel Toledo y Natalio Rivera, los tres del bufete de a bogados Maya Q’anjob’al, también llegaron familiares y autoridades comunitarias de otros municipios.

“Quiero saludar a quienes me escuchen en esta entrevista, confiamos en la justicia, en que esta sea transparente y logre encontrar la armonía, vemos que hay que defender la vida y los bienes naturales. Confío en el Ajau, a la vida, por la razón de haberse suspendido esta audiencia”, expresó Gómez Lucas.

En San Mateo Ixtatán, un municipio del norte de Huehuetenango, conviven distintos pueblos, mayoritariamente el pueblo chuj, q’anjob’al y mestizo. Julio Gómez Lucas, es un empresario Chuj que por su liderazgo asumió la representación de miles de personas que decidieron rechazar la actividad de empresas como Promoción de Desarrollo Hídricos SA (PDHSA) y la empresa Energía y Renovación S.A. Es el coordinador del Gobierno Plurinacional del pueblo chuj y uno de los principales dirigentes del partido político Winak en ese municipio.

Este no es el primero de los agravios por los que pasa Gómez, en 2019 fue retenido contra su voluntad, fue secuestrado junto a su esposa mientras entregaba materiales para la construcción en una comunidad de San Mateo Ixtatán, durante su secuestro un grupo de personas le recriminaron su oposición contra las hidroeléctricas, amenazándolo de muerte de continuar con esa oposición. Secuestraron y torturaron a Julio Gómez autoridad ancestral Chuj de San Mateo Ixtatán.

Lea más:

https://www.prensacomunitaria.org/2020/01/un-dia-despues-de-la-visita-de-giammattei-a -san-mateo-ixtatan-detienen-a-julio-gomez-autoridad-del-gobierno-plurinacional-de-la-nacion-chuj-en-san-mateo-ixtatan/

Por Amílcar Morales y Diego Petzey

La comunidad de Guaraquiche, Jocotán, es una de las comunidades ch’orti’ que fue afectada por las tormentas Eta e Iota en noviembre del año pasado. Dos meses después la población sigue en riesgo y esperando respuesta a sus demandas de parte de las autoridades.

Gabriel Ramírez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), informó que son 286 familias, integradas por 1,268 personas, las que viven en 186 viviendas. Del total de grupos familiares 219 tuvieron que ser evacuados y albergados en la escuela oficial.

Las autoridades comunitarias decidieron resguardar la vida de los vecinos habilitando el albergue en la escuela, pero lastimosamente no contaron con el apoyo suficiente para mantener el albergue. A los pocos días del paso las tormentas muchas familias decidieron regresar a sus viviendas a pesar del peligro.

Las últimas 12 familias que se habían quedado en el albergue también regresaron a sus viviendas por la falta de atención de parte de las autoridades gubernamentales. Ante esto Ramírez dice: “nosotros como autoridades locales no podemos hacer mayor cosa, la situación es alarmante, sino fuera por los medios de comunicación creo que las autoridades competentes nunca se enterarían, debido a la poca atención de las autoridades municipales no se le ha dado promoción a esto”.

José María Ramírez, delegado de la Iglesia católica, relata que “el cerro colorado se agrietó mucho y pensamos que se podría derrumbar por lo que muchos se albergaron en casas de otros vecinos y algunos en la escuela, ahora ya regresaron a sus casas por ya no tener otra opción donde ir. Pero el riesgo sigue y es bastante, la carretera está destruida, viéndolo bien es grande el desastre que está en el mismo lugar”.

Gabriel Ramírez y José María Ramírez concuerdan que ninguna institución ha llegado a su comunidad para auxiliarlos. Las autoridades municipales solamente fueron a ver el desastre pero que hayan hecho algo por la comunidad especialmente por lo que estaban en peligro no han hecho nada.

El cerro el dorado presenta muchas grietas, durante las tormentas las lluvias inundaron las carreteras con esto las comunidades Orégano, Guayabilla, Conacaste, Morrito, Tierra Blanca, Candelero se han quedado aisladas. Sino no son atendidas por las autoridades municipales y del estado podría suceder algún desastre grande, estamos en riesgo la tierra se ha ido desplazando poco a poco refiere Gabriel Ramírez.

Para acceder a la comunidad es necesario cruzar el puente la Asunción ubicado sobre el rio Guarraquiche pero durante las tormentas el puente colapsó por lo que todas estas comunidades del área norte de Jocotán quedaron incomunicadas por varias semanas hasta que se construyó un puente de hamaca que es el que se utiliza en la actualidad.

Para salir de la comunidad son 15 quetzales de pasaje de ida y 15 de vuelta, 30 quetzales en total. Nos están cobrando el triple y para los que no tenemos dinero, caminamos a pie hasta el centro del municipio refiere José María Ramírez.

A pesar de los riesgos y por todo el tiempo que estuvieron incomunicados el cobro de la energía eléctrica no se detuvo y que a mediados del mes de enero llegaron los recibos de cobro.

Para Ovidia García Gómez, vecina de la comunidad, la energía eléctrica no es un beneficio porque el cobro que se les hace es exagerado. “A mí me duele bastante esta situación, la luz viene recara y con qué dinero pagamos. Cuando se destruyó el puente quedamos incomunicados, entonces se atrasaron para venir a dejar el recibo de luz y ahora que ya pasaron, la factura vino por Q 600 y dónde vamos a sacar dinero para pagar, el recibo viene por noviembre y diciembre dice que se atrasaron porque no había paso, y eso no lo hemos pagado, ahí está el papel; con esto somos más afectados todavía.

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Parte III

Violencia Paramilitar en los Agronegocios

La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, “entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos”.

Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).

Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant – propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán.

Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013).

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El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley”. (Ramsey, 2012).

Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. “Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.

Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).

Operativo de la policía para desalojo de familias campesinas ι Marzo 2019

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).

Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.

En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.

Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una “presunta participación de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual”, (HRW, 2014).

El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García – fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).

Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.

Un miembro del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de la corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, ‘¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?’, ‘no’ le decía el niño temblando, ‘no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi’, estas son las cosas”, dijo en entrevista campesino Gregorio Chávez.

Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).

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No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público, y terrorismo.

En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las “bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos.

No se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente, hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

Publicado en la Agencia Latinoamericana de Información el 21 de enero de 2021.

El presidente de Haití Jovenel Moïse y el canciller Claude Joseph anunciaron para este año la elaboración de una nueva Constitución que reemplace a la Carga Magna vigente en el país desde el año 1987. A demanda del ejecutivo, el Consejo Electoral Provisional (CEP) estableció un calendario maratónico: el 25 de abril se celebraría un referéndum aprobatorio, el 19 de septiembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas, y el 21 de noviembre el eventual balotaje, así como los comicios municipales. El gobierno actúa como si la saturación electoral pudiera conjurar el descrédito de un gobierno que hace tiempo ha abandonado la senda constitucional y que constituye a todas luces un gobierno de facto. Jovenel Moïse, quien se ha convertido ante el rotundo silencio de la comunidad internacional en el más flamante dictador de América Latina y el Caribe, busca ahora un blindaje constitucional elaborando una carta magna a su medida y antojo.

Una dictadura sin estridencias

«Nèg banann», el «muchacho de los plátanos», es el apelativo con el que las vastas mayorías populares de Haití conocen al presidente en funciones. Empresario bananero oriundo del noroeste del país, personaje sórdido y deslucido como el resto de los outsider fabricados por los gurús de la derecha continental, ahijado político del ex presidente Michel Martelly -un «bandido legal» como él mismo suele presentarse- y miembro del ultraconservador partido PHTK, Moïse ha sabido sostenerse de pie en medio del tembladeral de la política haitiana, pese a que las primeras exigencias de su renuncia coinciden con la fecha de los comicios que lo llevaron a la presidencia de la nación caribeña.

Tras las resonadas denuncias de fraude y la suspensión de las elecciones del año 2015, el CEP organizó en 2016 unos nuevos y contestados comicios en donde Moïse fue elegido con tan solo 590 mil votos de un padrón de más de 6 millones de electores habilitados, redondeando una participación de tan sólo el 18.1%. Según diversos especialistas y veedores internacionales, la intervención deliberada en el organismo electoral habría desplazado del primer lugar al favorito Jude Célestin y dejado fuera del balotaje al nacionalista de izquierda Jean-Charles Moïse, también aspirante a la presidencia de la República.

Desde julio del 2018, mes del anuncio y la suspensión de los gravosos aumentos al precio de los combustibles, la renuncia del por entonces Primer Ministro provocaría que la Jefatura de Gobierno quedara vacante por largos períodos, habiéndose sucedido cuatro Primeros Ministros en los últimos dos años. Lejos de fungir como un contrapeso a las prerrogativas presidenciales, el último de ellos, Joseph Joute, fue nombrado directamente por Moïse y ni siquiera fue ratificado por el Parlamento, como demanda la Constitución del país.

Por otra parte, las elecciones legislativas que debieron celebrarse en el año 2018 fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, hasta que el CEP dio a conocer la última fecha, prevista, con un bienio de demora, para fines de este año. Ante la imposibilidad de renovar los mandatos de los diputados y de dos tercios de los senadores, Moïse decidió cerrar el Parlamento, por lo que desde enero del 2020 gobierno por decreto.

El otro aspecto consustancial a la deriva dictatorial del gobierno tiene que ver con la violencia política. Un decreto presidencial del mes de diciembre instauró una serie de medidas para el «fortalecimiento de la seguridad pública», mientras que otro creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuyos agentes gozan de una inmunidad virtual en el ejercicio de sus opacas funciones.

Hasta el «Core Group», entidad que aglutina a los principales países occidentales que han servido de sostén a los gobiernos del PHTK, calificó a los decretos como reñidos con “ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”, en tanto los actos de oposición y protesta que de ninguna manera pueden encuadrarse como «terroristas» podrían conllevar penas de entre 30 y 50 años.

Se trata de políticas anti-terroristas en un país sin más terrorismo que el estatal o el de los grupos delincuenciales que como el denominado «G9» co-gobiernan el país y aterrorizan los barrios de la capital Puerto Príncipe. La Comisión de Desarme del Estado nacional estima que hay 76 grupos delincuenciales altamente organizados operando -muchos de los cuales han sido armados y financiados por empresarios, parlamentarios y por el propio gobierno-. Uno de estos grupos cometió la masacre de La Saline, un barrio popular de la capital en donde fueron asesinadas 71 personas en noviembre del año 2018. Los funcionarios Fednel Monchery, ex Director General del Ministerio del Interior, y Rigaud Duplan, ex Director Departamental del Oeste, fueron implicados en una investigación policial y debieron renunciar a sus cargos.

El objetivo tácito de los decretos de seguridad, la creación de la ANI y la sucesión de masacres en zonas rurales organizadas o en barrios populares de Puerto Príncipe, no tienen otro objetivo que la represión política más eficaz del movimiento popular que pareció resurgir de sus cenizas desde las llamadas «marchas del hambre» del año 2016, la insurrección masiva de julio del 2018 y el movimiento que desde septiembre de aquel mismo año exige la devolución del desfalco multimillonario de fondos del Estado llegados al país en el marco del programa energético Petrocaribe.

Sin elecciones, con una autoridad electoral elegida unilateralmente por el ejecutivo, sin Parlamento, sin un Primer Ministro constitucional, con el Tribunal Superior de Cuentas amordazado y reducido a órgano “consultivo”, sin presupuesto oficial, con asesinatos selectivos de periodistas y líderes de la sociedad civil –como Monferrier Dorval, antiguo presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe-, con milicias y grupos delincuenciales gestionando importantes franjas de territorio nacional, no quedan prácticamente instituciones legales ni autoridades constitucionales que hagan de contrapeso a un gobierno cada vez más represivo y autoritario. El fantasma de la dictadura duvalierista ha dejado de ser sólo un fantasma, y son numerosos los analistas que hablan ya de la casi completa «macoutización» del Estado, en referencia a los «Tonton Macoutes», las célebres milicias del régimen de facto que controló el país durante treinta años. Para despejar cualquier duda sobre la orientación general de la política nacional, el partido de gobierno estrechó sus lazos con Nicolas Duvalier, hijo de Jean-Claude Duvalier, y comienza a considerarlo como posible candidato para suceder a Moïse en la presidencia.

Disputa constitucional, incomodidad internacional

Quizás una propuesta constituyente pueda parecer progresiva y atractiva, a la luz del reciente «Apruebo» chileno, o de las expectativas de reforma que cobran cuerpo y legitimidad en un país como Perú. Pero mientras ambos movimientos constituyentes con claramente progresistas y anti-autoritarios en esencia -el uno post-pinochetista y el otro eventualmente post-fujimorista-, la situación es muy diferente en Haití, dado que la carta magna vigente es la principal conquista del movimiento democrático que en el año 86 interrumpió por fin la dictadura vitalicia de Fracois y Jean-Claude Duvalier y que más tarde decantaría en el portentoso movimiento «Lavalas» que llevaría a la presidencia del país al cura progresista Jean-Bertrand Aristide.

Si a la oleada constituyente neoliberal y multicultural de la década del 90 le siguió el nuevo constitucionalismo latinoamericano de los años 2000, el proceso chileno o eventualmente el peruano pueden verse como procesos diferidos, quizás menos radicales y a escala, de la llamada «primavera latinoamericana». Mientras que el caso haitiano es -en esto como en tantas otras cosas- sui generis y, quizás, anticipatorio de las tendencias del continente, como una suerte de termómetro del avance de las fuerzas neofascistas en la región.

La de Moïse es una dictadura que pretende blindarse constitucionalmente. ¿Blindarse de qué? En primer lugar de un régimen político híbrido, de tipo semi-parlamentario, en el cual, a diferencia de la mayoría de los sistemas políticos de América Latina y el Caribe, coexisten una figura presidencial -el Jefe de Estado- y un Primer Ministro -en tanto Jefe de Gobierno- con un Parlamento con poder de fuego y amplias prerrogativas. En segundo lugar de una Constitución vigente, la de 1987, que pese a sus taras supo cristalizar en su momento buena parte de las aspiraciones democráticas en la inmediata post-dictadura, introduciendo elementos como las políticas de descentralización y ciertas conquistas en torno a la reivindicación de la lengua y la cultura nacional y popular, aún cuando no haya cristalizado las aspiraciones anti-neoliberales de la época.

Esta hidra de varias cabezas fue un diseño institucional tendiente a poner coto a las garantías y poderes ilimitados de los sucesivos presidentes y a limitar la entronización de nuevos autócratas, tras una extensa dictadura de 31 años de duración. Pero el interregno democrático en Haití fue fatalmente breve. Su magro saldo desde el año 1986 ha sido, según el economista y cineasta haitiano Arnold Antonin, “ocho golpes de Estado, 34 cambios de gobierno (por cambio de primer ministro), cinco elecciones abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la estabilidad y la paz.” Lejos de los barbarismos con que pretende explicarse esta inestabilidad nacional, sus causas deben cifrarse en la frecuente intervención de los países occidentales en los asuntos domésticos, y en la oprobiosa desigualdad que han generado en el país las políticas de liberalización comercial y financiera de los últimos 50 años.

En relación a este, el frente internacional, la posición de los grandes jugadores geopolíticos ha comenzado a cambiar. En 2019, el acorralado gobierno de Moïse supo jugar una carta fuerte: la ruptura de relaciones con la Venezuela bolivariana, el reconocimiento del anodino Juan Guaidó, y completo alineamiento con la política de Donald Trump en la región gran-caribeña. Pese a los costos de esta política suicida para el país en lo que refiere a articulaciones regionales como la CARICOM y Petrocaribe, el gesto de Haití le dió al gobierno de Moïse una suerte de inmunidad internacional que ha sabido administrar. Difícil es no leer el férreo apoyo de la OEA y el Departamento de Estado al esperpento gubernamental como una retribución de favores, pese a que la visibilización de la crisis haitiana en el 2018 elevó los costos internacionales de sostener al gobierno actual. Y pese a que la remoción de instituciones o mecanismos democráticos acentúa dramáticamente la brecha entre el idílico imaginario democrático occidental y la cruda inconsecuencia de los aliados regionales como Haití, Chile o Colombia.

Pero la inapelable derrota de Trump y el ascenso de los demócratas parece obligar a un cambio, siquiera de formas, por lo que aumentan las presiones para una seudo normalización institucional en el país -en esa clave deben leerse los últimos posicionamientos y recomendaciones del Core Group-. El primer hecho de una nueva orientación que aún no ha terminado de cuajar del todo, fue la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra dos funcionarios de gobierno y un líder paramilitar aliado. En el marco de la Ley Magnitsky, estos tres sujetos vieron sus activos congelados y se les prohibió el acceso a la preciada visa norteamericana.

Esto parece dar algunos indicios de las dos principales alternativas de la geopolítica de los Estados Unidos en lo que respecta a Haití: la «normalización por vía institucional» -en la amplia gama de matices que van desde la democracia de baja intensidad, el fraude electoral y hasta una reedición de las ocupaciones internacionales vía las Naciones Unidas- o la profundización del shock represivo, que incluye el refuerzo de la alianza gobierno-grupos delincuenciales, la paramilitarización del tejido social, las nuevas leyes de seguridad y la represión y asesinatos selectivos a opositores. En esta línea, en febrero de 2019 la Policía Nacional de Haití detuvo a un grupo de ocho mercenarios fuertemente armados -cinco ex-marines de los Estados Unidos, dos serbios y un haitiano-, que se suponen parte de una política sistemática de infiltración de fuerzas irregulares extranjeras. Los mercenarios fueron deportados de forma expeditiva vía la Embajada de los Estados Unidos, sin que pudieran ser investigados y juzgados en Haití. En la evaluación y aplicación de estas dos estrategias, pesan, por supuesto, no solo la eficacia relativa de cada método, sino también la «limpieza» relativa de cada uno y los costos eventuales para los Estados Unidos y los organismos occidentales en la arena internacional.

Todo pareciera indicar que Biden y los demócratas están detrás del calendario electoral propuesto por el CEP, tras el relativo fracaso de las políticas seguidas por el Departamento de Estado el último bienio. Sin embargo, el celo está puesto en el simulacro electoral y no en la democracia sustantiva. Por eso la nueva Constitución está siendo elaborada por una comisión secreta, y a casi dos meses del plebiscito que debería ratificarla, se desconoce por completo su contenido.

A la fecha apenas si han circulado algunos trascendidos sobre sus previsibles objetivos: el retorno al régimen presidencialista, la eliminación formal del Senado y la construcción de un Parlamento unicameral, así como una serie de medidas tendientes a ganarse el apoyo de la diáspora como la legalización de la doble nacionalidad. Además, la propuesta cuenta con otro vicio de origen: la Carta Magna actual prohíbe de forma explícita la celebración de mecanismos consultivos para su modificación. Pese a todas estas impropiedades, la OEA y los Estados Unidos se apresuraron a manifestar su apoyo a una iniciativa que probablemente haya salido de sus propios despachos. Por su parte, cada vez más extensos segmentos de la población haitiana exigen la renuncia inmediata de Moïse, en un amplio entramado de organizaciones, clases y sectores que incluye a partidos políticos, movimientos campesinos, sindicatos, organizaciones territoriales, ONGs, iglesias y hasta cámaras empresariales.

Cristobal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesabales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspención de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal. Primera Parte. Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria El Estor Izabal, Guatemala. Enero de 2021

Por Aldo Santiago

Ante el avance de una nueva caravana migrante procedente de Honduras, el gobierno mexicano decidió reforzar la militarización de la frontera sur con Guatemala. Con ello, México busca impedir el tránsito a miles de personas quienes salieron desde San Pedro Sula con dirección hacia los EEUU el pasado 15 de enero.

Como parte del operativo fronterizo se ha registrado el despliegue de cientos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y efectivos de la Guardia Nacional (un cuerpo de seguridad también compuesto por militares), tanto en las inmediaciones del río Suchiate, en Chiapas, como en el cruce fronterizo ubicado en El Ceibo, Tabasco, en donde se colocó una guardia permanente.

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Durante un acto oficial realizado el mismo 15 de enero en la frontera entre Chiapas y Guatemala, Francisco Garduño, comisionado del INM, justificó el despliegue militar. “Así vamos actuar en esta ocasión. Y así garantizar una migración en nuestro territorio nacional, que debe ser ordenada, segura y regular con respeto a los Derechos Humanos y con políticas humanitarias”.

En contraste, Rubén Figueroa, miembro coordinador del sureste en el Movimiento Migrante Mesoamericano, criticó el operativo militar realizado por el Estado Mexicano en contra de lxs migrantes.

“Metrallas de la 4ta transformación. Por un lado el gobierno mexicano condecoró con la medalla de la impunidad a (Salvador) Cienfuegos, por el otro hace alarde de su músculo militar en la ribera del Río Suchiate, contra los desterrados, contra los sin techos”,

PUBLICÓ EN SU CUENTA DE TWITTER.

La frontera de EEUU, cada vez mas al sur

Cabe recordar que desde el 18 de junio del año 2019 y bajo presiones económicas de la administración de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó a más de 6,000 elementos militares de la Guardia Nacional, quienes han permanecido en cuarteles del estado fronterizo de Chiapas para contener el flujo migratorio hacia los EEUU.

El reciente despliegue militar en México sucede después de que el gobierno de Guatemala recurriera, en repetidas ocasiones, al uso de la violencia por parte de sus cuerpos de seguridad en un intento desesperado por frenar el avance de lxs migrantes, quienes hasta este miércoles (20) se encontraban varadxs en el departamento guatemalteco de Chiquimula.

Actualmente, el gobierno de Guatemala mantiene alrededor de 20 retenes en todo el tramo de la frontera El Florido hasta Tecún Umán, donde se encuentran elementos de la policía civil así como también efectivos del ejército guatemalteco para reforzar el bloqueo para lxs migrantes.

“La reacción de los gobiernos es impedir ese tránsito y lo hacen de manera militar, es lo que vemos hoy en día, esa frontera que está del sureste del sureste de México con Guatemala. Es lamentable que haya un retroceso en derechos humanos, que obliga a las personas a continuar en una vida de miseria y a buscar rutas aún más peligrosas”,

RECALCÓ EL INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO MIGRANTE MESOAMERICANO.

Cartografía antimigrante

Desde el envío de los cuerpos militares a la frontera sur de México, el gobierno federal en coordinación con funcionarios estatales ha consolidado un esquema de contención contra lxs migrantes procedentes de Centroamérica.

Un mapa elaborado por las investigadoras del Observatorio del Colegio de la Frontera (Colef), Dolores París Pombo y Angélica Zambrano, demuestra una vasta red para la vigilancia, detención y deportación de miles de migrantes quienes han intentado cruzar México con destino a los EEUU. “Los fuertes cinturones de contención migratoria instalados en el sur de México provocan que los migrantes centroamericanos se queden durante meses o años varados en las cercanías de la frontera sur de México”, compartió la investigadora Dolores París Pombo sobre su trabajo cartográfico.

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El mapa señala el refuerzo de retenes militares y policiacos en siete cruces fronterizos entre México y Guatemala, donde destacan los ubicados en Puerto Chiapas, Ciudad Hidalgo, Chetumal y Nuevo Orizaba.

Tan sólo en los estados de Chiapas y Oaxaca se han instalado al menos 15 retenes militares a lo largo de las vías del ferrocarril de la “bestia” y en las principales carreteras que conducen al centro y norte de México. Además de que se mantiene la operación de siete retenes migratorios en Chiapas, ubicados en las carreteras con destino hacia Coatzacoalcos, Ixtepec, Villahermosa y Palenque.

Este esquema implementado por el gobierno de la autodenominaba “Cuarta Transformación” representa un blindaje contra el éxodo migrante e incluye también la operación de siete retenes a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México, los cuales buscan evitar el uso de las rutas marítimas por parte de lxs migrantes centroamericanos, caribeños, africanos e incluso asiáticos que buscan alcanzar los EEUU.

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Cierre de refugios

El surgimiento de la más reciente caravana migrante solo era cuestión de tiempo. La crisis económica derivada por la pandemia por el Covid-19 en 2020, se sumó a la devastación que dejaron a su paso, tanto el huracán Iota y Eta en noviembre del año pasado, dejó un saldo de 94 muertos y afectó a más de 4 millones de personas en todo Honduras.

Particularmente grave fue la afectación de la zona norte y caribeña del país, donde se concentran las industrias más importantes de su economía. Y es justo en la mayor ciudad de dicha región industrial, San Pedro Sula, desde donde salieron 3,500 personas -y que en su andar llegó aglutinar a más de 9 mil- con dirección hacia los EEUU.

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Si el cruce hacia, y a través de México, representa un reto mucho mayor con el despliegue militar  en la frontera sur, así como por la violencia de grupos criminales quienes acechan a lxs migrantes, a ello se suma el cierre forzoso de por lo menos 40 albergues debido a la pandemia del Covid-19, según información de Reuters.

Durante años, dichos espacios han ofrecido refugio a miles de migrantes, quienes viajan hacia el norte de México a pie y cargando pocas pertenencias. Sin embargo, desde marzo de 2020, los albergues han cerrado temporalmente o reducido sus operaciones para impedir la propagación de la COVID-19.

Por citar un ejemplo, la Casa del Migrante de Saltillo, en el estado de Coahuila, al norte del país, dejó de aceptar nuevos migrantes y solicitantes de asilo por un periodo mayor a siete meses.

Para octubre, el refugio reanudó sus labores solo para cerrar nuevamente en diciembre luego de un brote de Covid-19 el cual provocó la muerte al fundador del lugar. Por ello, decenas de migrantes decidieron levantar un campamento fuera del sitio, además de organizar su propia seguridad para evitar las agresiones del crimen organizado presente en la ciudad.

Nuevo acuerdo migratorio México-EEUU

Con la reciente transición en la presidencia de los EEUU, son muchas las expectativas sobre un cambio en las políticas migratorias de Joe Biden, quien ha prometido abandonar los programas “inhumanos y basados en el miedo” implementados durante los últimos cuatro años por la administración de Donald Trump.

Entre las acciones contempladas por el equipo de Biden se prioriza la cancelación del veto de viajes a países musulmanes, así como la puesta en marcha de un equipo para reunir cerca de 600 niños detenidos y separados de sus padres, quienes fueron deportados a Centroamérica, provocando la perdida del vinculo familiar.

Otra de las estrategias anunciadas por la nueva administración buscará aprobar en el Congreso una reforma migratoria para regularizar hasta 11 millones de migrantes quienes viven en EEUU desde hace ocho años y aún no cuentan con documentación que acredite su estancia legal. No obstante, el mismo equipo de Biden no espera que dichos planes sean prioridad de discusión en el Congreso, quien primero deberá debatir un juicio político a Trump.

Por el momento, este miércoles (20), en el primer día de la nueva administración, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando en el que ordena la suspensión durante 100 días de las expulsiones de “ciertos no ciudadanos con orden de deportación para asegurar que tenemos un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz, centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”.

Dicha pausa en el proceso de deportación responde a la necesidad del nuevo gobierno de canalizar los recursos para implementar medidas urgentes y controlar la pandemia del Covid-19 que ya ha causado la muerte a más de 400 mil personas en el país norteamericano.

Aún con las buenas intenciones del nuevo presidente de los EEUU, aún es temprano para anticipar la aprobación de sus propuestas, en un momento en el que el racismo y el discurso antimigrantes en ese país se ha hecho más visible que nunca. Lo que es seguro es que mientras tanto, el trabajo sucio para reprimir y contener al éxodo migrante recae en las fronteras militarizadas de México y cada vez más de Guatemala.