Latinoamérica
El régimen dictatorial persigue la protesta indígena en Lima
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha
La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.
La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.
La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.
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En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.
En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.
En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.
El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.
La cacería terrorista es racializada
Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.
Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.
“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.
Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.
El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.
Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.
El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.
En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.
La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.
La lucha y la condena contra la hija del Lago (El Estor, Izabal, Guatemala): María Choc y la condena en su contra
Texto: Lucia Ixchíu
Fotografías: Vanesa Ordoñez.
Con el agua hasta la cintura María habla sobre la condena penal en su contra, por delitos que ella asegura jamás cometió, y que considera una represalia por su activismo contra la minería, y en favor del desarrollo de la comunidad.
María actualmente reside en el barrio “La Unión” en el Municipio de El Estor. Hija de Natalia Choc y de Manuel Cuc Xol, tiene 5 hermanas y 2 hermanos, nacidos y originarios también en el mismo municipio. Madre soltera de dos mujeres y dos hombres, y sobreviviente de violencia doméstica.
María es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano, ella de forma voluntaria desde que tiene 18 años, ha apoyado a mujeres sobrevivientes de violencia machista para poner denuncias en las entidades gubernamentales, así mismo ha trabajo como traductora para el sistema penal, pues muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma según aseguran testimonios en la comunidad.
La conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal, en el municipio de El Estor (319 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala), es milenaria, cosmogónica y va de la mano con la pesca, una de las actividades comerciales más vitales en la región, y que está en riesgo desde que la contaminación en el lago de Izabal empeoró en 2017 debido a la extracción minera en la zona.
Con una familia de tradición de servicio su padre, ella y varios de sus hermanos, han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. María quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva instalada desde hace más de 60 años en su territorio, es testigo clave en el espantoso crimen cometido contra su cuñado Adolfo Ich Chamán y es fundamental en apoyar y acompañar en caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8, vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomino como un práctica “colonial vigente”. Y es que la colonia no es un hecho histórico o cuestión del pasado, es algo que a simple vista puede verse en los vasto y ancho de este país.
En medio de la impunidad y el incremento de desalojos a los territorios ancestrales indígenas, hechos que se agudizaron desde el 2005 con el desalojo de 37 comunidades del Valle del Polochic, Panzós , Alta Verapaz, María recibe una solicitud de apoyo en traducción para la comunidad Chabil Choc del territorio conocido como Chinamacas,Río Dulce, Izabal, que ha sido despojada de las comunidades en el gobierno de Otto Pérez Molina y la relación de este con Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta Rimola, relación que evidencia una investigación realizada por el economista Luis Solano en el 2017. ((https://cmiguate.org/chabil-choch-y-su-lucha-lo-que-se-esconde-detras-de-un-desalojo/)
María sin dudar acompañó a las comunidades ante el Ministerio Público a interponer la denuncia contra del desalojo y despojo. “Lo que jamás imaginé es que esto significaría un caso de criminalización en mi contra”, relata María, quien asegura que la denuncia carece de fundamentos y la armaron con testigos falsos.
El pasado 27 de junio del presente año, María fue condenada a dos años de prisión por usurpación agravada. No conoce a las personas que la demandan, y asegura que no participó en los hechos que le atribuyen. No ha sido el único proceso penal en su contra.
Con una familia de tradición de servicio a la comunidad, su padre Manuel Cuc Xol, ella y varias de sus cinco hermanas y dos hermanos (todos, nacidos en El Estor), han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. Su hermano Ramiro Choc fue un líder indígena de la región, a quienes muchos consideran como el primer preso político en el tiempo de la paz. Ramiro estuvo detenido entre 2008 y 2014, por delitos que no cometió, los delitos que le imputaron fueron: usurpación agravada, robo al Estado y detención ilegal. Sin embargo, fue condenado a 8 años de prisión, que meses después fueron reducidos a 6 años, tras el proceso de apelación. El hermano mayor de María murió en mayo pasado derivado del deterioro de su salud como consecuencia de la prisión y criminalización de la cual fue objeto. Falleció siendo un mentor y maestro para María.
“A veces me miro completa, pero por dentro estoy destruida”, admite María. “A veces finjo estar bien para no darle gusto a los que me quieren ver mal, pero hay días en los que siento que ya no puedo más con toda la violencia que nos ha tocado vivir. La pérdida de mi hermano ha sido de las cosas más dolorosas que me han pasado y eso que he vivido mucho”.
María, de 43 años, quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva, instalada desde hace más de 60 años en su territorio, también es testigo clave del asesinato de su cuñado Adolfo Ich Chamán. Además, acompaña el caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8 (comunidad en El Estor), vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomina como una práctica “colonial vigente”, porque se puede apreciar a simple vista en esta y otras partes del país.
Esta lideresa es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano. Desde que tiene 18 años, ha apoyado en forma voluntaria a mujeres sobrevivientes de violencia machista para presentar denuncias ante las autoridades gubernamentales. También ha trabajado como traductora para el sistema penal porque muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma, según aseguran testimonios en la comunidad.
Las dinámicas de solidaridad y de comunalidad (la vida en comunidad que interfiere con todo el entorno, las personas, la red de la vida) en las relaciones indígenas cotidianas son parte también del día a día y la conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal. Conexiones milenarias, teorizadas y bastamente investigadas. La conexión cosmogónica de estos pueblos con el de toda la zona son fundamentales y van de la mano con una de las actividades comerciales más vitales en la región, la pesca artesanal.
María, la vida diaria y el sustento para su familia
La cocina de María Choc es una invitación a la comida y los platos solidarios, verduras y famosísimo Pachay (comida tradicional indígena de la región) la han convertido en una mujer muy valiosa y querida en su comunidad. Siempre lista para servir y apoyar a otras que necesitan.
El municipio de El Estor, Izabal es parte de los cinco municipios que conforman el departamento de Izabal, con una extensión territorial de más de 2800 kilómetros cuadrados de extensión, considerado las puertas del Caribe Guatemalteco, desde 1871 tiene la huella del despojo neocolonial vigente con lo que denominaron “Reforma Liberal”.
Desde hace cientos de años según el antropólogo Diego Vásquez Monterroso el pueblo Chol y Q´eqchi´ han habitado este territorio , desde la cosmogonía del pueblo Q´eqchi y en su propio idioma se han denominado como Aj Ralch’och’ que en su traducción al castellano significa, hijas e hijos de la tierra.
En el departamento de Izabal más del 50 % de la población son mujeres y un 28% son pertenecientes a los pueblos originarios. Sin embargo la información oficial recopilada en el censo del año 2018 no especifica cuántas mujeres habitan la región. Guatemala es un país sin datos y sin información actual lo que acentúa la brecha de la impunidad y desigualdad en el país.
Estas tierras privilegiadas y muy abundantes han sido saqueadas por siglos por empresas transnacionales que con el uso de las leyes del Estado-nación han despojado y expropiado grandes extensiones de territorios a las poblaciones originarias. La socióloga e investigadora Laura Hurtado, quien tiene más de una década en trabajar y sistematizar información en el área, define que “el Valle del Polochic encarna el despojo neoliberal actual en el país”. Esta cita sirve de referencia para analizar todo el territorio donde habita el pueblo Q´eqchi que tiene un patrón de actuación similar en cuanto al despojo de tierras en Guatemala.
Y como si fuera poco el nombre “El Estor” viene de una palabra en inglés, que hacía referencia a “the store” que significa tienda, debido a que desde 1904 la United Fruit Company, operaba en el área, el nombre originario fue sustituido por El Estor y es el que se utiliza hasta hoy día. El nombre originario de este territorio es Se’Kenel y es una término que las personas Q’eqchi reivindican para no olvidar y que en su traducción al castellano significa “lugar en donde hay piedra para moler el maíz”. Que este territorio actualmente tenga este nombre sin duda es un dato vital para entender el despojo y desde lo simbólico, lo que ha significado para este territorio ser la “tienda” de las transnacionales.
En las luchas históricas y recientes de los pueblos originarios de esta región, la presencia y participación de las mujeres ha existido y ha sido vital para la continuidad de la mismas, de alguna u otra manera las mujeres Q´echi´ han alimentado, criado y sostenido sus hogares y al mismo tiempo su entorno y comunidades.
En todo el territorio nacional parte fundamental de los conflictos actuales tiene un origen respecto a la redistribución de la tierra, en el Estor no es la excepción, la tierra ha sido heredada históricamente a los hombres y en la escala de los despojos siempre son las mujeres indígenas rurales las que se llevan la peor parte. Según la antropóloga Aura Cumes los sistemas de opresión colonial y patriarcal se fusionan sobre los cuerpos de las mujeres indígenas.
Dentro de las realidades que encarna el país, el despojo para las mujeres indígenas empieza en sus cuerpos, en sus casas, en sus comunidades y las luchas que a lo interno tiene que librar en cotidiano contra las violencias machistas muy internalizadas por los mismos movimientos sociales y campesinos. “Nacemos con las historias trazadas” mencionan mujeres indígenas.
María Choc y su mirada al futuro
En la entrevista María nos indica “que su voz es muy pausada”, esto derivado de la criminalización que está sufriendo, se nota tristeza en su relato y se nota un dejo de angustia por el futuro, por el devenir. Con el sonido de los gallos y de las aves al fondo, María relata que durante el mes de mayo y junio de este año se llevó a cabo el juicio en su contra, en donde la empresa Lisbal S.A., era la parte acusadora y de la cual fue acusada por los delitos de usurpación agravada, detención ilegal y amenazas. El juez Jesús Mazariegos encargado de impartir justicia, la condenó únicamente por el delito de usurpación agravada, por lo cual María y su equipo legal apelaron la sentencia el pasado mes de julio y hasta el momento no han tenido resultado de las instancias legales pertinentes.
“Al menos tenemos palabras para gritar” dice María, es lo único que le queda ante el trauma que ella ha sufrido junto a su familia durante estos años de criminalización. El trabajo que ella realiza ha sido “voluntario”. El trabajo de apoyar como intérprete ante la justicia occidental, como ella le llama.
“A María Choc jamás le van comprar su dignidad y su voluntad, tengo palabra para decir con certeza que llevará esta lucha, sea como sea. La fuerza de María Choc viene de los cerros, de la montaña, de su familia y eso la mantiene de pie” afirma con la voz quebrantada.
Con la mirada firme y la voz fuerte, María enfrentará nuevamente a la justica blanca, como ella le denomina, esa justicia que solo sirve para que los empresarios y los corruptos, sigan saqueando y violentado a El Estor, el lugar que vio nacer a María y la vio convertirse en una lideresa indígena que sin dudarlo, acompaña a las mujeres Q´eqchi´ que viven en las orillas de unos de los lagos más lindos de Centroamérica, todo esto mientras las chicharras nos acompañan en el relato de María, como diciendo que la lluvia se acerca, deseando que el agua limpie y purifique el andar que le espera a María en estos meses de espera, para poder abrazar nuevamente a la libertad por la que tanto ha luchado.
Reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
