PRESENTACIÓN

En los últimos años se han intensificado las acciones por parte de los gobiernos y de las corporaciones transnacionales para apropiarse del territorio de los pueblos nativos, esta nueva colonización ha dado lugar a una creciente resistencia de nuestros pueblos ante la amenaza que significan estos megaproyectos para nuestra misma existencia. Algunos pueblos han logrado frenar esta nueva invasión, y en estas experiencias exitosas hemos encontrado dos factores de mayor importancia: La Resistencia local y las alianzas regionales e internacionales.

Actualmente en México nuestros pueblos vienen enfrentando condiciones muy adversas, diferentes megaproyectos como son:

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos.

Desde el año 2001 hemos mantenido una intensa movilización para contener los impactos de las obras de construcción y modernización de termoeléctricas, parques eólicos, gasoductos, tendidos eléctricos de alta tensión, autopistas, basureros, ferrocarriles y parques industriales.

En estos proyectos están involucradas directamente grandes corporaciones norteamericanas, canadienses, italianas, danesas, francesas, portuguesas, españolas, chinas y taiwanesas.

Enfrentar megaproyectos trasnacionales nos obliga a fortalecer tanto la resistencia local como el construir alianzas con pueblos y organizaciones de los pueblos nativos y de grupos ambientalistas de toda la región también buscar el relanzamiento de la alianza mesoamericana.

ANTECEDENTES

1.- La creciente expansión de las empresas trasnacionales sobre los territorios de los pueblos nativos es un fenómeno mundial significativo en los últimos treinta años.

A este proceso se le ha llamado La Nueva Invasión.

La economía mundial ha crecido de manera acelerada en este período, reclamando más territorios, materias primas, agua, mano de obra barata, energía y consumidores, y para ello han venido impulsando proyectos neo colonizadores, extractivistas de muerte sobre nuestras tierras como pueblos indígenas.

2.- En el área norteamericana, la integración provocada por los tratados de libre comercio: Nafta y Usmca (TLC y TMEC en México), que entraron en vigor en 1994 y 2019 han provocado severos daños hacía la Madre Tierra, privatización y despojos de nuestros territorios, destrucción de economías locales, precarización del empleo y una creciente migración.

En 2005, los Jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y México firmaron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), algunos la llamaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Bis (TLCAN Bis), en la cual se establecieron las bases para la integración energética de los tres países.

En el caso de México, sería una integración subordinada. En 2014 el gobierno mexicano impulsó una reforma energética que abrió las puertas a las corporaciones petroleras transnacionales para explorar, perforar, explotar y comercializar los hidrocarburos (incluyendo el gas mediante el fracking) en las cuencas marinas y en tierra firme del territorio nacional.

Pero esta reforma también permitiría la llegada de gas natural residual proveniente de Canadá y de Estados Unidos mediante gasoductos que recorrerían miles de kilómetros de estos países para llegar a México, con lo cual se crearía la red de ductos de América del Norte.

El gas residual servirá para producir energía eléctrica barata, principalmente para megaproyectos industriales de bienes con alto valor agregado y para megaproyectos extractivistas; y, en menor medida, para uso doméstico.

Uno de estos gasoductos comienza en Texas y corre a lo largo de la costa del Golfo de México, por vía submarina, hasta el puerto de Tuxpan, en el estado de Veracruz, de donde parten dos ramales hacia el interior del país, el primero hasta los estados de San Luis Potosí y Aguascalientes, para alimentar a las industrias automotrices y de diverso tipo; y el otro llega hasta el complejo de Tula, Hidalgo.

De Tuxpan en estos momentos Transcanadian Corporation construye el gasoducto Puerta al Sureste que busca transportar gas hasta los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos. De ahí continuará, a lo largo del Golfo de México, hasta el complejo de Dos Bocas en Tabasco, y hasta la península de Yucatán.

De Jaltipan partirá otro gasoducto a lo largo del Corredor Interoceánico hasta el Puerto de Salina Cruz, y de ahí por la costa del Pacífico hasta Puerto Chiapas para continuar a Centroamérica.

Este proyecto de construir ductos para llevar gas residual al sur de México y los países del Triángulo Norte Centroanmericano (Guatemala, El Salvador y Honduras), está incluido en el Plan de Desarrollo Integral elaborado y presentado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) el 20 de mayo de 2019, a petición de los presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

3.- En los países de Mesoamérica, en los últimos 30 años se ha agudizado el proceso de depredación y saqueo sobre los pueblos indígenas, el cual se ha caracterizado por grandes inversiones de empresas norteamericanas, chinas, canadienses y europeas en maquilas, minería, creación y modernización de infraestructura energética y de comunicaciones (parques fotovoltaicos, solares, eólicos, gasoductos, ferrocarriles, puertos, autopistas, aeropuertos, basureros, represas y tendidos eléctricos de alta tensión). Megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá Son ejemplo de esta nueva ofensiva colonizadora.

4.- Las empresas trasnacionales y los gobiernos en Norteamérica han venido promoviendo intensamente en toda la región, la ejecución de megaproyectos energéticos, que les permitan generar y trasladar la energía necesaria para operar sus plantas industriales, centros comerciales, proyectos inmobiliarios y turísticos.
Además de represas, tendidos eléctricos y parques eólicos, minería de carbón y refinerías, en los últimos años han cobrado gran importancia la construcción de oleoductos y gasoductos. En este mismo sentido se
vienen impulsando por el gran capital trasnacional y por los gobiernos de la región, varios corredores interoceánicos (Colombia, México, Honduras, Nicaragua y el Triángulo Norte.

5.- En Norte y Mesoamérica han surgido importantes movimientos en contra de los megaproyectos.
Algunas luchas lograron articular importantes alianzas como el Foro Mesoamericano de los Pueblos (2001-2012), la amplia red en torno a la resistencia lakota en Dakota del Norte, la lucha en defensa del territorio del pueblo Wet´suweten’ en Canadá, o en México la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala y del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

6.- Actualmente, los gobiernos de los Estados Unidos y México en relación Con corporaciones europeas, norteamericanas y taiwanesas vienen impulsando la realización de varios megaproyectos en el centro y en el
sur-sureste de México. Desde el año 2019 se inició en esta región, la ejecución de tres megaproyectos que responden a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales. Entre estos megaproyectos encontramos
la Refinería Olmeca o Dos Bocas, el mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; conectado a estos tres proyectos, se suma el gasoducto Puerta al Sureste y se le dio continuidad al Proyecto Integral Morelos.

Todos estos megaproyectos se han venido ejecutando de tal forma que se han violentando los derechos de las
poblaciones locales, en muchos casos pertenecientes a pueblos originarios y ocasionando graves afectaciones al
medio ambiente, despojando tierras y agua.

A pesar de la abierta violación al marco normativo y a la inconformidad expresada por las comunidades locales, estos megaproyectos han venido avanzando de manera acelerada.

7.- En México, en diferentes regiones del país se vienen creando Zonas parques industriales y se vienen construyendo, infraestructura de comunicaciones, gasoductos y oleoductos, los cuales se construyen sin el consentimiento informado de las comunidades, por ello fueron convocados al Encuentro Nacional de las Resistencias realizado en Santa María Petapa, Oaxaca del 4 al 6 de diciembre de 2021 y el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos, los días 15 y 16 de enero de 2022, en el municipio de Juan C. Bonilla del estado de Puebla.

8.- Los pueblos originarios de Norteamérica y Mesoamérica estamos luchando en defensa de nuestros territorios; sin embargo, muchas de nuestras luchas ocurren de manera aislada, siendo ello una debilidad.

POR LO ANTERIOR:

CONVOCAMOS AL ENCUENTRO CONTINENTAL CONTRA GASODUCTOS Y EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Los días 10, 11 y 12 de octubre del 2024 en el Centro Yajxonax, Tierra Bonita, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.

OBJETIVOS

• Crear espacios de encuentro entre organizaciones de México, Canadá y los Estados Unidos, que nos permitan intercambiar información sobre nuestras luchas y compartir experiencias sobre la defensa de nuestros territorios.

• Construir una agenda común y un plan de acción que nos permita enfrentar de manera conjunta la amenaza que significan la construcción de ductos y otros proyectos de muerte en nuestros territorios terrestres y marítimos.

• Fortalecer la resistencia de los pueblos de Norteamérica, Sudamérica y Mesoamérica ante los proyectos de muerte.

• Reencontrarnos con las resistencias que en Mesoamérica y Colombia enfrentan los megaproyectos asociados con los Corredores Interoceánicos.

FRATERNALMENTE

•Centro de Derechos Humanos Bety Cariño (Sur de Veracruz)

•Union de Comunidades Indigenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) (Oaxaca)

•Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) (Puebla-Oaxaca)

•Congreso Nacional Indígena (CNI)

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpuhil (CRIPX) (Campeche)

• Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal (ADTMMX) (Península de Yucatán)

• Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMOT)

• Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo (CRPODTPH)

• Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN)

•Servicios para la Educación Alternativa (EDUCA)

•Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO)

• Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS)

•Territorios Diversos para la Vida, A. C. (TerraVida)

• Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari, A. C. (Nuiwari) (Nayarit)

•Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

• Seminario Permenente de Estudios Chicanos y de Fronteras (SPEChF)

•Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (GT FRG CLACSO)

• Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)

• Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)

• Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)(Honduras)

• Instituto Ambientalista Natura (|AN) (Perú)

•Colectivo de Derechos Humanos Empodérate (CDHE) (Bolivia)

• Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA) (Brasil)

•Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

INFORMES:9515472098

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), por sus siglas en inglés), Laura Richardson, apeló durante el Foro de Seguridad de Aspen 2024 que su país debería enfocarse a un nuevo “Plan Marshall” si los países del hemisferio occidental quieren recuperarse de la pandemia del COVID-19 y para mantener a raya la influencia de Rusia y, especialmente, de China.

El ‘Plan Marshall’ fue un ambicioso programa que implementó Estados Unidos (EEUU) para la reconstrucción económica de Europa en 1948, tras la segunda guerra mundial.

Durante 15º Foro anual del denominado Aspen 2024, celebrado en Colorado, entre el martes 16 al viernes 19 de julio, participaron altos funcionarios gubernamentales y militares de los Estados Unidos, así como sus homólogos de todo el mundo, altos ejecutivos de empresas, destacados académicos, periodistas, entre otros más. El tema central fue relacionado con seguridad nacional y política exterior.

Bajo esa línea, Richardson advirtió que tal vez algunos países hayan superado los efectos de la pandemia, pero, la mayoría se encuentra en una “grave recesión económica”, que supuestamente está siendo aprovechada por las inversiones de Rusia y China en la región.

Ver también:  Aumento de inversión China en América Latina preocupa al Comando Sur de EEUU

“Y nosotros no tenemos ese tipo de herramientas en nuestra maleta. ¿Cómo podemos ayudar? Creo firmemente que necesitamos un Plan Marshall para la región, o lo que es lo mismo, una ley de recuperación económica como la de 1948, pero en 2024, 2025”, puntualizó la General Richardson.

Durante el evento, la vocera del Southcom también dio su respaldó a Ley de Comercio e Inversión de las Américas (Ley de las Américas), presentada a principios de este año por los senadores Bill Cassidy (republicano de Los Ángeles) y Michael Bennet (demócrata de Colorado) y los representantes María Salazar (republicana de Florida) y Adriano Espaillat (demócrata de Nueva York).  

Esta ley está enfocada principalmente al fortalecimiento de la seguridad económica de este país. Insta a los Estados Unidos a renovar su política hacia América Latina con un enfoque integral, y a ampliar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) hacia otros países del hemisferio accidental. Así mismo, insta a las empresas estadounidenses a una relocalización, con el objetivo de debilitar sustancialmente la presencia de Rusia y China.

También te puede interesart: Zonas Económicas Exclusivas, objetivo de los ejercicios militares en México y Belice

“En nuestra estrategia de seguridad hablamos de cómo el hemisferio [occidental] está inextricablemente ligado a la seguridad de nuestra patria”, complementó la vocera del Southcom en el Foro. El Comando Sur es uno de los nueve comandos militares pertenecientes a Estados Unidos y que cubre el área relativa al sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida

Avance de China y Rusia

La comandante mencionó el avance demoledor de las inversiones de China y Rusia en su área de operaciones y mostró su preocupación por no poder contenerlas, advirtiendo que podrían dar un giro y ser usadas para operaciones militares. “Me he reunido con al menos dos tercios de los presidentes de mi región, pero no ven lo que el Team USA (Equipo de EEUU) está aportando a los países (…) todo lo que ven son las grúas chinas (…) y los proyectos de la Iniciativa [china] Belt and Road”, señaló la general.

Mientras las piezas geopolíticas se mueven en la región, EEUU parece no tener la suficiente capacidad de repuesta, “no podemos movernos con la suficiente rapidez”, dijo la representante del Comando Sur quien hizo un llamado a los países aliados para que permitan la visita de sus tropas los países aliados.

Ayuda humanitaria

Mientras tanto, EEUU sigue utilizando su vieja estrategia de “ayuda humanitaria” para tener presencia en el continente americano. Es así que, previo al Foro Aspen 2024, la armada de este país desplegó, en el mes de junio, a más de cien militares a Jamaica, Costa Rica, Honduras, Colombia y Panamá, bajo el lema “Forward Together”.

“Este es nuestro vecindario común”, declaró Jim Aiken, comandante de la IV Flota y del Mando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, al momento de iniciar el despliegue, el cual ya cumple con su 14ª edición.

De acuerdo con el Comando Sur ésta es una misión cuyo objetivo es fomentar la “amistad y la solidaridad con socios y aliados en el Caribe y América Central y del Sur”. Es parte de la estrategia que vienen implementado y renovando desde el año 2007, con la llamada “Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos Amistad y Cooperación por las Américas”. 

Ver también: La nueva estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos en Latinoamérica

En el Foro Aspen, Richardson aseguró que el Comando Sur trabaja de forma estrecha, en cada país, con los embajadores estadounidenses, con el Departamento de Comercio, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la NASA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Cámaras de Comercio estadounidenses, la Corporación Internacional de Estados Unidos para la Financiación del Desarrollo y organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales. 

“Realmente creo que la seguridad económica y la seguridad nacional van de la mano aquí en este hemisferio, y tenemos que trabajar ambas juntas muy, muy rápidamente”, declaró la comandante Richardson.

Texto relacionado: Ocupación silenciosa del Comando Sur de los EE.UU en la Amazonía

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional}

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.}

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

Pueblos indígenas de Perú que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han declarado en estado de emergencia permanente luego del trágico asesinato de Mariano Isacama Feliciano, considerado líder del pueblo Kakataibo. 

Esta acción la han tomado al percibir una total inacción del gobierno frente a la creciente violencia que enfrentan al proteger sus territorios ancestrales, declara Aidesep.

Isacama era originario de la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia del Manu, Madre de Dios, en la Amazonia peruana, y fue encontrado sin vida en la ribera del río Yúrac después de 24 días de no saber su paradero. 

El líder indígena había alertado a la comunidad y a organizaciones de derechos humanos sobre amenazas previas a su desaparición. De acuerdo con el certificado de necropsia, su muerte fue causada por un impacto de bala de un arma de fuego, además presentaba signos de tortura. 

Al lado de las comunidades que forman parte de la Aidesep, había sostenía un activismo férreo por la defensa de la Amazonía y contra actividades ilegales como la minería y la tala clandestina en la región. 

La Aidesep es una organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus nueve organizaciones regionales de base, quienes han expresado un profundo descontento por la falta de justicia para las víctimas y la continua impunidad que rodea estos crímenes.

Las comunidades indígenas amazónicas han anunciado que, al ver la falta de justicia y la seguridad que debía brindar el Estado, se preparan para tomar otras medidas. Alertaron que se ven obligados a ejercer su derecho a la legítima defensa y “utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan”, dejando caer toda la responsabilidad “al gobierno por las consecuencias”, dice el comunicado.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo advierte, asimismo, que una nueva modalidad del crimen organizado en la zona es dejar que se descompongan los cuerpos, con el fin de desaparecer las evidencias, para lo que requieren retrasar las búsquedas y trabajos de las fuerzas de seguridad públicas.

Con este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra 25defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados desde el 2020. Cinco de las víctimas eran del pueblo kakataibo. En 2021 desaparecieron dos miembros de la comunidad cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La violencia contra los pueblos originarios se expande en los últimos años en las regiones amazónicas Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín.

Te puede interesar – Perú: Crisis hídrica, extractivismos e inseguridad alimentaria

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

(Continuar leyendo…)

Ciudad de Guatemala,

Lunes 22 de julio de 2024

PRONUNCIAMIENTO

Familiares de las 10 personas guatemaltecas desaparecidas originarias de Suchitepéquez, exigimos al Estado mexicano investigar el paradero de nuestros seres queridos.

Autoridades del Estado mexicano no han realizado una investigación diligente para dar con el paradero de nuestros familiares desaparecidos, y han sido omisas en atender nuestras necesidades.

El grupo de familias de las 10 personas desaparecidas, el pasado 16 de noviembre de 2023, en los linderos de los municipios de Frontera Comalapa y Siltepec en Chiapas, México, exigimos el cumplimiento de las medidas urgentes otorgadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de diciembre de 2023 a favor de nuestros seres queridos. La ONU exigió al Estado mexicano: una investigación penal exhaustiva y diligente, la búsqueda en vida de los 10 desaparecidos, y el establecimiento de un mecanismo para que las familias estemos informadas de los avances en ambos puntos.

Las víctimas de esta desaparición masiva son: el adolescente Luis Alberto Vásquez Sarat, Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez y Francisco Socorro Morga De León.

El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador. La noticia de la desaparición nos ha causado un duelo complejo y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia, afectando nuestros proyectos de vida y nuestra estabilidad económica. El grupo de familiares está compuesto en su mayoría por mujeres (esposas, madres, hermanas), quienes hemos tenido que asumir roles dobles, mientras que, nuestros hijos e hijas, han sido afectados en su rendimiento escolar, salud mental y desorden alimenticio, entre otras.

En el mes de abril, las autoridades de Chiapas tomaron acuerdos para que las familias podamos tener una participación activa en la búsqueda e investigación. En concreto, se comprometieron a presentarnos los avances de la investigación, facilitar el otorgamiento de un visado humanitario, así como brindarnos ayuda material para nuestros traslados a México. Agradecemos esta oportunidad de diálogo; sin embargo, a más de 8 meses de los hechos, denunciamos las omisiones, indolencias e ineficacias de las autoridades chiapanecas para atender este caso de graves violaciones a nuestros derechos humanos, y los de nuestros familiares desaparecidos.

Por otro lado, reiteramos la necesidad de espacios de trabajo conjunto entre el gobierno guatemalteco y el gobierno mexicano para remover los obstáculos que hasta ahora hemos encontrado para localizar en vida a nuestros seres queridos. En específico, que nos brinden una fecha de reunión con ellas y las organizaciones que nos acompañan, para informar de los resultados sobre las comparaciones genéticas y avances en la búsqueda de nuestros familiares.

Llamamos a las autoridades mexicanas del más alto nivel a tomar seis medidas urgentes que permitan avanzar en la localización de nuestros seres queridos:
 
1. Exigimos la búsqueda en vida de nuestros familiares desaparecidos en territorio mexicano y el trabajo conjunto con las autoridades de Guatemala para el seguimiento de nuestras peticiones,

2. Solicitamos medidas de protección a favor de nuestros familiares y de cada una de nosotras en el proceso de denuncia y búsqueda,

3. Otorgamiento de visados humanitarios a nuestro favor por parte del Instituto Nacional de Migración,

4. Ante la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, solicitamos la referencia del reporte de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,

5. Envío de información sobre la investigación penal por parte de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada adscrita a la Fiscalía General de la República,

6. Otorgamiento de las medidas de atención inmediata con un enfoque psicosocial integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con especial atención en nuestras necesidades de salud, estudio y proyectos de vida.
 
 
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡HASTA ENCONTRARLOS!

GRUPO DE FAMILIAS DE LAS 10 PERSONAS GUATEMALTECAS DESAPARECIDAS

Descarga el Pronunciamiento en PDF(219.84 KB)

(Descarga aquí)  

— EUA: Entrevista a Carolina Saldaña sobre las acciones por la libertad del  preso político Mumia Abu Jamal. Anuncia traducción de nuevo libro sobre lucha anticarcelaria. Por NdA.

— GUATEMALA: Lolita Chávez, La Nieta del Pueblo Maya K’iche’ regresa a Ixim Ulew: Un viaje de reconexión y resistencia.  Acompañada de una delegación, regresa tras 10 años de exilio por amenazas de muerte. Fuente: De pueblo y barrio.

— CHILE: Las luchas contra la prisión política en Chile llaman a luchar por la libertad de los presos políticos del ataque policiaco a Villa Francia. El preso político Mapuche de la CAM Héctor Laiquitul inicia huelga líquida para denunciar la política represiva del régimen de Boric. Y se realizan jornadas para la libertad de anarquistas presos como Francisco Solar para sacarlo de aislamiento. Fuente: Buskando la Kalle. Fuente: Federación Anarquista | Informativo Anarquista

— CHIAPAS: ENTREVISTA a  NO ESTAMOS TODOS sobre el caso José Díaz, el zapatista, base de apoyo preso injustamente y de la lucha anticarcelaria en Chiapas. Por Nda.

— GUERRERO: Los huracanes de la violencia. Un panorama desolador en Guerrero.

La omnipresencia de los grupos criminales se ha normalizado al punto de imponer un estilo de represión caciquil y militar. Fuente: Tlachinollan.

— MÉXICO: Convocan a la quinta Asamblea Nacional del Agua, la vida y el territorio. Un espacio de resistencias comunitarias y populares, el próximo 17 Y 18 de Agosto.

Ver en YouTube.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

Por Omar Arach

En portada: El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, el día de la firma del convenio en aguas del río Paraná. Foto: Argentina.gob.ar

El Gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos para que el “Cuerpo de Ingenieros” del Ejército tenga injerencia en el Paraná, río troncal de Argentina y principal vía navegable del modelo agropecuario. Pasado y presente de un grupo de élite muy poderoso, comparado con la CIA y el FBI, que tuvo rol protagónico en guerras, invasiones y desastres humanitarios.

---

El gobierno nacional dio a conocer, en marzo de 2024, la firma de un memorándum de entendimiento con la embajada de Estados Unidos para que el Cuerpo de Ingenieros del ejército norteamericano colabore con la Administración General de Puertos (AGP) de la Argentina en la gestión del Río Paraná como vía navegable. El comunicado de prensa oficial no dijo mucho, pero sí podemos comentar acerca de quién es el firmante al que se está invitando a la “gestión” del río.

El Cuerpo de Ingenieros es un brazo técnico del ejército estadounidense que acompañó la gesta expansiva del Estado norteamericano desde su fundación. Fue creado oficialmente en 1802, pero su embrión data de 1775, cuando George Washington constituyó su ejército con un ingeniero jefe, que luego sería el ingeniero jefe de su gobierno.

Desde entonces fue una pieza clave en la conquista del Estado norteamericano sobre el territorio autoasignado como propio y también allí donde sus aventuras militares internacionales lo llevaran. Jugó un rol fundamental en el despojo de las poblaciones originarias durante la muy televisiva conquista del oeste y en la guerra contra México, que resultó en la apropiación de la mitad norte de este país, en la franja que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado. 

Las tareas en estos casos estuvieron centradas en trabajos de reconocimiento topográfico, pero también en la construcción de puentes, pontones y puertos para facilitar el despliegue de las tropas. Más ampliamente, el cuerpo de ingenieros fue protagonista principal para la construcción del tendido ferroviario en el país, así como de represas y acueductos, que viabilizó el colonialismo de asentamiento característico de su historia.

En el siglo XX sus incursiones guerreras lo llevaron a participar en las dos guerras mundiales, así como en Corea y Vietnam y, más recientemente, en Iraq, Afganistán y Siria. Con ese conjunto de experiencias también fue ampliando y diversificando sus capacidades en el desarrollo de infraestructura para facilitar procesos de destrucción. Luego de la Primera Guerra Mundial, constituyó el Servicio Químico de Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en el proyecto Manhattan, para la producción de la bomba atómica, el cual es celebrado como uno de los más grandes logros del cuerpo. También participó en la carrera espacial, realizando la plataforma de lanzamiento del Apolo, el cohete espacial que alunizó en 1969.

Así mismo, se ha especializado en la “reconstrucción” de áreas destruidas por la guerra, con proyectos en Iraq, Kuwait, Siria, Libia. Con el tiempo, fue incorporando tareas de conservación y restauración ambiental y, también, de asistencia humanitaria. 

Actualmente se encuentra realizando un puerto flotante en las costas de Gaza, para hacer llegar ayuda a una población civil devastada por el bombardeo del ejército israelí, convenientemente pertrechado con explosivos y municiones provistos por el gobierno norteamericano.

Una de las áreas en las que se ha especializado, en términos de trabajos civiles, ha sido en grandes obras hidráulicas: diques, canales, represas, pólderes. Gran parte de los ríos de Estados Unidos han sido intervenidos por la acción del Cuerpo de Ingenieros. Ha sido también clave en el asesoramiento para la construcción del Canal de Panamá, que habría de transformar la cartografía del comercio internacional en el siglo XX.

El Cuerpo de Ingenieros suele ser presentado como la “elite combatiente de la nación”, y también como una “aristocracia militar” con un gran poder de lobby en el Congreso estadounidense a fin de capturar millonarios contratos asociados a grandes proyectos. El periodista Gene Marine lo definió como “extravagante, destructivo, ebrio de poder, antidemocrático, el Cuerpo de Ingenieros es el imperio más intocable en Estados Unidos, tan poderoso en su campo como el FBI o la CIA”.

Las transformaciones de gran escala que son capaces de pergeñar los ingenieros de este cuerpo va a tono con una monumentalidad característica de la épica norteamericana, que ha contagiado el horizonte civilizatorio de nuestra contemporaneidad. Como señala el historiador Todd Shallat: “El tamaño se convirtió en un estándar de grandeza en el Cuerpo de Ingenieros que fundó Jefferson. Comprometido con lo masivo y monumental, el Cuerpo —una autoridad de planificación, un pionero de las ecuaciones costo-beneficio que justificaban grandes presupuestos— defendió con éxito el vínculo entre un gobierno vigoroso y el crecimiento industrial.

La historia del Cuerpo se lee como un orgulloso cuadro de honor de los logros de la ingeniería. La mayor fortificación costera independiente del mundo. El arco de mampostería más largo del mundo. El faro más alto del país. El Monumento a Washington. La cúpula del Capitolio. El Proyecto Pick-Sloan a lo largo del río Misuri. La presa de Bonneville. La plataforma de lanzamiento Apolo en Cabo Cañaveral. La vía de carga petroquímica a lo largo del río Arkansas hasta Tulsa. La esclusa de 1.200 pies en Sault Ste. Marie”.

El Cuerpo de Ingenieros se constituyó en un modelo de organización para la realización de grandes obras, con su capacidad para movilizar una gran fuerza de trabajo y cuantiosos volúmenes de capital y de materia, así como para cartografiar un territorio a fin de intervenirlo en forma de conquista.

Consecuentemente, también han proliferado voces de protestas levantadas por los innumerables afectados de sus trabajos civiles (las víctimas de sus trabajos militares comparecen en otros espacios). A modo de ejemplo, sin pretensión de exhaustividad, y centrándose sólo en la cuenca del Missisipi, se puede mencionar a los pueblos Arikara, Mandam, Hidatsa y Lakota inundados por la serie de represas sobre el río Misuri. O las víctimas del huracán Katrina, en Nueva Orleans, en el 2007, cuando la ciudad fue inundada debido al colapso del sistema de diques construidos por el Cuerpo de Ingenieros, que costó la vida a 1400 personas.

El proceso de responsabilidades por lo que fue calificado como la catástrofe de ingeniería más grande de las historia de Estados Unidos ha enfrentado al Cuerpo de Ingenieros (quien culpó a la naturaleza y a la imprevisión de los habitantes locales) con un robusto movimiento ciudadano, que documentó tramas de complicidad y corrupción detrás de las fallas de las obras. El proceso judicial aún se encuentra abierto.

Significativamente, es el carácter de administrador de la Hidrovía del Missisipi lo que justifica para el gobierno argentino su inclusión en el acuerdo: “El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América administra la hidrovía del río Misisipi, que comparte muchas características con la vía navegable troncal argentina: son columnas centrales para el comercio internacional, así como para el transporte de las cosechas agroindustriales, y están entre las vías navegables de mayor extensión del planeta”.

El memorándum de entendimiento surge en medio de un “impasse” derivado de la concesión de las obras de dragado y balizamiento a la empresa belga Jan de Nul, que concluyó hace dos años y cuya renovación es motivo de disputa entre distintos grupos de presión político-empresarial de nivel internacional, pero también de movimientos políticos y ambientales que han planteado el problema en términos de soberanía sobre el río. Bueno es entonces remontarse al momento en que se asignaron las obras a la empresa belga.

En 1991 los cinco gobiernos de la cuenca del plata lanzaron el plan de hacer una hidrovía industrial, promocionada como “la Hidrovía del Mercosur”. Financiado por el BID, y administrado por un Comité Interjurisdiccional. Este megaproyecto pretendía convertir el eje Paraguay-Paraná en una vía de navegación que pudiera funcionar las 24 horas de los 365 días del año. Entre las obras previstas se consideraban la rectificación de meandros y la voladura del lecho rocoso en el río Paraguay, aguas arriba de Asunción, algo que habría de afectar a los humedales, especialmente el Pantanal, considerado el humedal más grande del mundo.

Ese proyecto fue resistido por múltiples organizaciones, entre las que se destaca una coalición de organizaciones, la Coalición Ríos Vivos, de los cinco países. Aunque la obra se desactivó en términos de megaproyecto de los cinco países, continuó desarrollándose en los tramos nacionales, como obras propias de cada nación, pero articuladas en un mismo plan. En los años 2000, la Hidrovía Paraguay-Paraná pasaría a ser definida como un eje de integración y desarrollo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), ahora llamado Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) y su área de influencia como parte de las “repúblicas unidas de la soja”, según rezaba una muy comentada publicidad de la empresa Syngenta.

El estado argentino avanzó en la desregulación de la actividad portuaria, con la disolución de la Junta Nacional de Granos y el desarrollo de puertos de exportación privados. Comenzó una nueva etapa, con la expansión de un nuevo complejo agroportuario, esta vez en manos de corporaciones multinacionales ligadas al comercio de granos, en el marco de una profunda metamorfosis ambiental en la cuenca derivada de la difusión del nuevo modelo de agronegocios. Actualmente, en el Gran Rosario se encuentran 29 terminales portuarias que conforman el complejo oleaginoso más importante a nivel mundial, si se considera el grado de concentración de fábricas y terminales portuarias en una región determinada. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario saluda que en el año 2016 se superó en volumen exportado al puerto de Nueva Orleans.

Las elites celebran la proyección del aumento del tonelaje transportado por la Hidrovía. En términos de profundidad media se pasó de 22 a 34 pies entre 1993 y 2017, esperando llegar a los 36 pies en 2027 (medida en Puerto San Martín). Para el mismo período se aumentó de 16 a 64 millones de toneladas embarcadas, esperando alcanzar los 90 millones en 2027.

El movimiento que se opuso a la Hidrovía en los años 90 articuló una respuesta que implicó también una contraposición de representaciones, que prefiguran horizontes de acción contrapuestos, entre una hidrovía industrial y un corredor de humedales (el corredor de humedales más grande del mundo) que nace en el Pantanal y termina en el estuario del Río de La Plata. El eje Paraguay-Paraná es entendido como el “valle central de la cuenca del plata”, un gran colector de agua de una cuenca transnacional, que es espacio de vida de múltiples pueblos y comunidades.

En ese marco surgió la consigna que todavía tiene una gran actualidad: adaptar los barcos al río, y no al revés. Un presupuesto sencillo y que, sin embargo, parece utópico, a juzgar por el entusiasmo con que las elites celebran su esfuerzo por convertirlo en una canaleta para que circulen embarcaciones de ultramar. Para estas elites, nada mejor que un cuerpo de ingenieros que encarna aquello que el filósofo Ernst Bloch definió como el ethos característico de la técnica moderna: estar en la naturaleza como un ejército en territorio enemigo.

^{*Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Publicado originariamente en El zorro y el erizo de la UNR con el título “Un cuerpo en territorio enemigo”.}