Hace unos días la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Kristin Noem, viajó a Guatemala para firmar un memorandum de entendimiento con el gobierno de Guatemala, que acuerda el lanzamiento del Programa Conjunto de Seguridad, el cual permitirá interceptar a personas vinculadas a las denominadas redes transforterizas del crimen organizado o con vínculos terroristas, en puertos y aeropuertos de este país.
A pesar de que Noem sostuvo que el acuerdo fue en torno a que Guatemala sería considerado el “tercer país seguro”, contrario a ello, el Ministerio de Gobernación del país centroamericano, Francisco Jiménez, negó que se hay asumido dicho compromiso. Mientras que el documento puntualiza que el objetivo es establecer el Programa de Seguridad Conjunta (JSP, por sus siglas en inglés), mediante el cual se pretende ampliar la participación bilateral en cuestiones de control de seguridad fronteriza.
Los agentes de los Estados Unidos (EEUU) tendrán la posibilidad de participar presencialmente y actuar directamente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en ciudad de Guatemala. Así mismo, se espera que los oficiales que participen en este programa, incluyendo los guatemaltecos, trabajen bajo la dirección y coordinación del jefe de Misión de los Estados Unidos en la República de Guatemala, y bajo la supervisión operativa de la división del Programa de Asesoría de Inmigración (IAP, por sus siglas eninglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Dirección General de la Policia Nacional Civil guatemalteca.
Fuente: Avispa Midia Texto por Camila Plá y Javier Perea Fotografías por Alberto Hidalgo y Javier Perea
“En este territorio intentaron hacer silencio con la bala, pero como no lo consiguieron empezaron a hacerlo con saña. No lo han conseguido tampoco, ni lo conseguirán”, dijo Selvin Milla, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y compañero del Consejo de Pueblos K’iche (CPK), mientras nos explicaba la larga y compleja historia del pueblo K’iche en Iximulew, conocido en castellano como Guatemala.
Estábamos reunidas a un día del “Reencuentro con Lolita Chávez y nuestra comunidad Maya K’iche”, en el espacio del CPK, Guatemala. Era viernes 27 de julio y ya era tarde. Afuera los comercios cerraban y dentro un fuego acompañaba nuestra plática. El grupo anfitrión estaba esperando la llegada de los internacionalistas de Colombia, Honduras, El Salvador y México quienes fuimos convocados para acompañar y acuerpar el aniversario del retorno de Lolita.
Y es que esta defensora de territorio, vocera del CPK, feminista comunitaria y mujer de sonrisa generosa y abrazo enternecedor, estuvo exiliada durante siete años debido a múltiples amenazas contra su vida por defender los territorios que habita y la habitan. Hace apenas un año pudo regresar y seguir caminando con su comunidad para defender la vida. A lo largo de los años, el Concejo ha defendido el territorio frente a amenazas de empresas mineras como la canadiense Goldcorp, así como grupos madereros que talan los bosques que embellecen las montañas.
Aunque ya está en casa, las amenazas no han parado y son la última cara que ha tomado la violencia sistémica que vive el pueblo K’iche. Dichas acciones datan de siglos. En las últimas décadas se manifestaron como genocidio a las comunidades mayas por el gobierno guatemalteco. Justamente de eso nos hablaba Selvin, nos contó que el territorio K’iche ha sido cuna de resistencias desde tiempos que se pierden en la memoria de su pueblo y que durante el genocidio su tierra se pintó con sangre, pero que aún así nunca han podido silenciar el grito de fuerza de su gente.
Fotos por Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep)
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada, el 11 de junio, con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha, vinculados a las instituciones armadas y partícipes del terrorismo de Estado.
El dictamen elimina la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos. Entre estas, masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de menores de edad, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.
“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o en trámite, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción de funcionarios”, establece la ley.
En portada: Grupo Mashco Piro avistado en la ribera del río Las Piedras, Madre de Dios, Perú. Foto: Survival International
Una sentencia constitucional que respalda a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), en el Perú, se suma al primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un Estado, el de Ecuador, por vulnerar sus derechos.
El Tribunal Constitucional del Perú falló a favor de la inconstitucionalidad de la ordenanza 006-2023 de la Municipalidad Provincial de Ucayali, que les negaba el derecho a la vida y prohibía la creación de áreas protegidas para PIACI, con el argumento de que no existen en la jurisdicción.
La región Ucayali es la más violenta del país para comunidades nativas. Allí se encuentra una de las dos provincias donde se registra la mayor deforestación de la Amazonía peruana. Entre Coronel Portillo (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco) suman más de 500 mil hectáreas de bosques perdidas desde el año 2001. Además, en Coronel Portillo el cultivo de coca creció en 2.481% entre 2015 y 2021, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En consecuencia, ambas localidades encabezan los reportes de amenazas contra defensores ambientales en el Perú. Ucayali es la región en la que se cometieron más asesinatos de guardianes de territorios desde 2010: once del total de 54 crímenes, de acuerdo al informeSituación de los defensores indígenas en Ucayali 2024.
Esta región cuenta con 12.600 kilómetros de caminos ilegales, alrededor de los cuales se expanden la tala y otras actividades ilícitas en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas. Una de estas vías transcurre cerca de la reserva Murunahua, que protege a etnias en aislamiento como los mascho piro, chitonahua y amahuaca.
La búsqueda de la defensora de territorios mapuche Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace siete meses en la región de Los Ríos, es obstruida por las instituciones del Estado de Chile.
Las organizaciones que se movilizan por la activista demandan la separación de la fiscal Tatiana Esquivel, por haber detenido las investigaciones y supervisado diligencias policiales en las que violentaron a los familiares de Chuñil.
Desde el 8 de noviembre de 2024 no hay rastros de Julia Chuñil, de 72 años, y su perro Cholito. Por su posición como presidenta de la comunidad indígena Putreguel, en la comuna Máfil, al sur de Chile, era amenazada por el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien no ha sido incluido en las indagaciones fiscales.
En portada: Mineros trabajan en un punto de extracción de oro ilegal en Itaituba, estado de Pará,en la Amazonia brasileña. Foto: Lucas Landau
La deforestación de bosques primarios y la contaminación de ríos por minería ilegal de oro se expande en la Amazonía, en zonas de frontera de Ecuador, Colombia, Brasil y el Perú. A la vez, se registra una correlación entre la actividad formal e informal en territorios transfronterizos.
En el noroeste de la Amazonía, crece la contaminación de ríos por la minería aurífera de aluvión en la triple frontera entre Colombia, Brasil y el Perú, advierte un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El impacto grave se registra en las cuencas del Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis y Putumayo, en territorio colombiano; en los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay y Mazán, en el Perú; y en el Puruí y Japurá, en suelo brasileño.
Esta actividad minera no causa deforestación, pero daña directamente los caudales y la biodiversidad al emplear dragas y mercurio. La contaminación por este mineral se propaga en los alimentos y pone en peligro la salud de las poblaciones amazónicas.
En Colombia la zona más afectada por el mercurio es la cuenca del río Caquetá. Foto: Radio Macondo FM.
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los yurí-passé, altamente vulnerables, corren riesgo por los vertidos en el Parque Nacional Natural Río Puré, en el sureste de la Amazonía colombiana.
En esta zona, la mayoría de la actividad minera por aluvión se registra en la frontera con Brasil. En noviembre de 2024, a través de imágenes satelitales, se detectaron 29 dragas en el curso del río Puré, mientras que en marzo y abril de este año se hallaron 27 dragas.
A su vez, la actividad se expande en el río Cotuhé, que pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo y limita con el Parque Nacional Natural Amacayacu, en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil.
Los monitoreos encuentran una correlación entre la entrega de concesiones mineras formales en áreas transfronterizas y el crecimiento de minería ilegal. En Colombia se observan balsas mineras clandestinas que ingresan a áreas protegidas, provenientes de zonas de Brasil donde se registran licitaciones mineras legales. La crisis de la minería ilegal en la Amazonía no es abordada por los gobiernos desde la fiscalización de la economía legal, mientras la mayor parte del oro exportado desde la Amazonía a los mercados globales proviene de la minería ilegal.
Ecuador en estado de emergencia
De otro lado, al norte de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, crece la extracción aurífera ilícita alrededor de la reserva ecológica Cofán Bermejo, poniendo en peligro seis territorios ancestrales de etnias shuar y kichwa, indica un reciente informe del MAAP.
En esta provincia, cerca de la frontera con Colombia, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes, desde el 2020 se registra un rápido incrementode actividad minera en áreas de amortiguamiento, importantes para la conservación de la biodiversidad amazónica, como el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ACU Cascales).
Minería en zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cofán Bermejo. Se aprecia maquinaria en el bosque, muy cerca del río.
En esta última se encuentra la mayor superficie deforestada por organizaciones criminales que operan en territorio fronterizo.
El impacto ambiental se agrava en el país, donde entre 2002 y 2024 se perdió un total de 262,000 hectáreas de bosques primarios y el 5,6% de su cobertura arbórea, de acuerdo a Global Forest Watch (GFW).
La suma de superficie boscosa afectada por minería informal hasta finales del año pasado en Ecuador es de aproximadamente 754 hectáreas. El mayor aumento fue en 2024, con una expansión de 189 hectáreas.
A la par del crimen organizado, los territorios son vulnerados por los gobiernos. Al sur de la Amazonía ecuatoriana, recientemente se aprobó una nueva licencia ambiental para la etapa de exploración del proyecto Panantza. La Corte Constitucional anuló en 2022 un primer permiso, debido a que la licitación se ubica en áreas indígenas y no se realizó consulta previa.
El precio del oro y la seguridad nacional
La violencia por la minería ilegal en Ecuador llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno y estados de excepción. En mayo, una emboscada atribuida a organizaciones criminales dejó once militares muertos.
Bandas locales y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del lado colombiano, se disputan zonas auríferas como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. Solo en Alto Punino se han perdido 1,500 hectáreas de selva desde 2019, según el MAAP.
La minería ilegal permite la expansión de otras economías ilícitas, haciendo del oro una fuente de financiamiento para grupos armados.
En Colombia, la extracción de oro de aluvión es controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Más del 70 % de esta minería es ilegal, afectando 63,000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño.
En términos monetarios, este tipo de minería puede extraer hasta tres kilogramos de oro por mes, lo que equivale a unos 275,000 dólares.
El crecimiento de la extracción de oro en Sudamérica, motivado por el alza de su precio en el mercado global, es una amenaza para las comunidades ancestrales amazónicas. En esa línea, el MAAP localizó el 68% de la deforestación por minería en Ecuador en tierras de comunidades indígenas.
En 2008, la onza de oro se cotizaba en alrededor de 812 dólares. Para 2024 se incrementó en más de 200%, alcanzando los 2,514 dólares. Las políticas arancelarias recientes y las compras de bancos centrales impulsan aún más la demanda. Así, este año el precio del mineral llegó a nuevos máximos de 3,000 dólares por onza, en una suerte de nueva fiebre del oro. La violencia y la destrucción en la Amazonía siguen su curso creciente a la par del valor del oro para la economía mundial.
En portada: “¡Fuera Wildlife Works del territorio Ka’apor! ¡El mercado de carbono es una falsa solución ambiental!” se lee en la pancarta que sostienen jóvenes Ka’apor.
Indígenas del pueblo Ka’apor, estado de Maranhão, norte de Brasil, han denunciado la presencia de la empresa estadounidense Wildlife Works y la ONG Forest Trends en su territorio con la pretensión de imponer un proyecto para la generación de créditos de carbono. Según testimonios del pueblo indígena, reportes de organizaciones ambientalistas y periodísticos, las actividades de estas empresas están generando conflictos internos en la Tierra Indígena (TI) Alto Turiaçú.
Desde el año 2023 Wildlife Works y Forest Trends buscan implementar en el noroeste de Maranhão un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), estrategia encaminada a la generación de créditos de carbono y vinculado a las ideas de “neutralidad y compensación de carbono” que organizaciones y pueblos a nivel global han denunciado como falsas soluciones a la crisis climática.
Tuxa Ta Pame, un Consejo de gobierno Ka’apor creado en el año 2013, denuncia que el proyecto de la empresa norteamericana “líder global en desarrollo de proyectos REDD”, pretende abarcar una extensión de 531,000 hectáreas de selva amazónica para generar los créditos de carbono a través del mecanismo promovido por la ONU, empresas trasnacionales y ONGs conservacionistas.
Guerreros Ka’apor atan a madereros durante una expedición en la selva para buscarlos y expulsarlos del territorio indígena de Alto Turiaçu. Foto: Lunae Parracho
Mientras tanto, el pueblo Ka’apor mantiene la defensa contra la deforestación en la selva del Alto Turiaçú donde la protegen activamente contra amenazas que van desde cazadores furtivos, ganaderos y empresas madereras y mineras. Ahora, denuncian que las pretensiones de las empresas norteamericanas generan divisiones internas debido a que han mantenido reuniones secretas con algunos miembros de su pueblo, llegando incluso a firmar acuerdos sin la representación ni consulta a toda la comunidad indígena.
División
Un informe de la organización Salva la Selva asevera que, de acuerdo a testimonios de dirigentes de Tuxa Ta Pame, los dos grupos norteamericanos mantienen reuniones desde principios de año con representantes de la Asociación Ka’apor Ta Hury del río Gurupi, los cuales están a favor del proyecto. “Las reuniones se celebraron en la ciudad de Zé Doca, donde tiene su sede la asociación. Según los dirigentes de Tuxa Ta Pame, Wildlife Works y Forest Trends nunca les invitaron a participar en las reuniones”, complementa.
Entre otros señalamientos, recalcan que la empresa norteamericana ha recurrido a otros pueblos, como el Tembé, que habita las tierras Alto Río Guamá y Turé-Mariquita en el estado de Pará, fronterizo con Maranhão, para que le acompañen a celebrar reuniones con comunidades Ka’apor. Según las denuncias, los grupos norteamericanos han ofrecido cuantiosas sumas de dinero a los miembros del pueblo Ka’apor con quienes se reunen, sin embargo, no han presentado los detalles del proyecto a los líderes de Tuxa Ta Pame.
Consejo Tuxa Ta Pame del Territorio Indígena Alto Turiaçu en la Amazonía brasileña
Un reportaje del medio The Intercept Brasil confirma estas acusaciones al presentar la entrevista con el cacique Iracadju Ka’apor, presidente de la Asociación Ka’apor Ta Hury, quien compartió que el contrato con Wildlife Works se propone para una duración de 10 años, con una donación inicial de poco más de 70 mil dólares, “para llevar a cabo la vigilancia y protección del territorio por parte de los indígenas”.
Adicionalmente, la empresa norteamericana prometió ingresos por más de 350 mil dólares, mensuales, derivados por la venta de los créditos de carbono, los cuales prometió serán destinados para inversión en salud, educación y protección del territorio indigena. No obstante, remarca el reporte, “ni la Asociación, ni la empresa, ni la ONG facilitaron más detalles sobre el proyecto”.
Acusaciones contra Wildlife Works
La empresa norteamericana Wildlife Works enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos en algunos países donde tiene presencia. Tal es el caso en Kenia, donde empleados de la empresa han sido acusados de cometer abusos sexuales dentro de las actividades del proyecto REDD+ del Corredor de Kasigau, al sureste del país africano.
Una investigación realizada por SOMO y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) revela que Wildlife Works, en contradicción con su imagen social y ética, es responsable de graves violaciones de derechos humanos en el proyecto Kasigau, el cual genera créditos de carbono que vende, entre otros, a clientes como Microsoft, Netflix, McKinsey y Shell.
Ahora, en la Amazonía, yacen señalamientos de conducta ilegal por parte de Wildlife Works, quien pese a no contar con registro legal en Brasi, ha firmado un memorando de entendimiento con la Asociación Ka’apor Ta Hury, lo que de acuerdo a la legislación del país sudamericano restringiría sus operaciones en esos territorios.
En contraste, Itahu Ka’apor, miembro de los Tuxa Ta Pame, asevera que para los Ka’apor, sus relaciones no se basan en el intercambio monetario, sino en un sentido de colectividad, ancestralidad, autonomía y reciprocidad entre los seres humanos y los demás seres vivos presentes en el territorio, por lo que mantendrán la resistencia contra el proyecto REDD+ y su intención de mercantilizar la naturaleza.
En portada: Habitantes de la cooperativa El Bosque se concentraron en la calle a Comasagua, San Salvador, para manifestarse ante órdenes de desalojo para 300 familias.
El pasado 12 de mayo, mientras la comunidad campesina de la Cooperativa El Bosque, en el El Salvador, realizaba una vigilia pacífica como acto de protesta contra una orden de desalojo de sus tierras, un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar irrumpió con lujo de violencia. Detuvieron a José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa de estas tierras. Al día siguiente, sin una orden oficial, en la capital de este país, también aprendieron al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos fueron incomunicados por nueve días.
En entrevista para Avispa Mídia, Dalia Gonzáles, quien al igual que el abogado Henríquez, es parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES) y del Foro del Agua del El Salvador, dijo que la detención del abogado no es un caso aislado, sino que es selectivo por su activismo. “Desde meses atrás venía acompañando a la comunida El Bosque, en Santa Tecla. Porque enfrentan un proceso judicial injusto e irregular de desalojo de tierras”, señala la activista.
Esta comunidad, que acompaña el abogado, tenía una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla y tendría que ser ejecutada el pasado 22 de mayo, afectando al menos 300 personas que conforman esta comunidad. Es por ello que inmediatamente los campesinos se pusieron en alerta para evitar que se llevará a cabo este acto, “la comunidad hizo un planton pacífico en las cercanías de la residencia donde vive el presidente Nayib Bukele, pero las fuerzas del orden reprimieron y fue donde detuvieron al pastor de la comunidad, el 12 de mayo”, señala la activista Gonzáles.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador
Al día siguiente (13), sin una orden oficial, también detienen al agobado Henríquez, bajo la consigna de que su detención era “por el delito de desórdenes públicos. Hoy se cumplen más de 15 días desde la detención”, explica la militante de ReverdES y del Foro del Agua.
“La acusación de ‘desórdenes públicos’ carece de fundamento, ya que la vigilia fue pacífica. Esto refleja un uso instrumental de figuras penales ambiguas para reprimir la protesta social”, destaca la organización Foro del Agua en un comumicado.
Así mismo, en el comunicado refirman que estas detenciones responden a una estrategia de criminalización contra la lucha por el agua, la defensa del territorio y la resistencia antiminera en El Salvador.
“Su rol como abogado y defensor ambiental lo ha convertido en blanco de hostigamiento, buscando desincentivar el acompañamiento legal a comunidades en resistencia”, abunda el comunicado.
Tras una campaña pública, incluyendo la entrega de una carta al presidente Nayib Bukele, el juzgado suspendió el desalojo. No obstante, no se respetó esta orden y se ejecutó una acción represiva donde se detuvieron a los activistas.
La Cooperativa El Bosque
La modalidad de Cooperativa, bajo la cual tienen en posesión estas tierras, fue producto de la reforma agraria a través de la cual se transfirieron las tierras por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en el año de 1985. Posteriormente, en los años 90s, la Cooperativa recibió prestamos del Banco Rural para el cultivo de café, pues en ese momento se vivia una crisis de este grano.
En ese contexto de crisis, los campesinos contrataron al ingeniero agrónomo Luis Antonio Palomo Urbin, para reactivar la producción y poder pagar el crédito, “pero no les ayudó. Más bien se aprovechó de la gente que no sabía leer y escribir y les hizo firmar unos pagares. Así que lo hecharon de la cooperativa en 2006, pero tiempo despúes usó esos documentos firmados para demandar a la comunidad”, puntualiza la activista Gonzáles. La comunidad tenía que pagar en un primer momento 130 mil dólares, con la orden de desalojo el monto asciende a más 800 mil dólares por moratorias e intereses.
Cooperativa El Bosque. Foto: Victoria Paz/Mala Yerba
“Entonces este personaje pretende cobrarse con la tierra y mediante documentos y procesos viciados”, denuncia la activista. El ingeniero Luis Antonio Palomo Urbin, quien denuncian por haber recibido favoritismo de las autoridades, es también prestador de servicio del gobierno de Nayib Bukele, a través de su empresa Proyectos e Inversiones Diversas SA de CV (PROYIN S.A. DE C.V.).
Otros casos
Estas detenciones se dan en un contexto donde El Salvador vive un régimen de excepción, que ha suspendido derechos básicos, bajo la narrativa de una “guerra contra las pandillas”, dice la activista.
Lo ocurrido “no es un caso aislado” dice la activista del Foro del Agua. La criminalización de líderes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos se ha intensificado en El Salvador bajo el régimen de excepción. Alejandro Henríquez ha asesorado a más de 100 juntas de agua y ha acompañado casos emblemáticos de defensa territorial, como Valle Ángel, amenazado por la especulación inmobiliaria.
Henríquez también es uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, que permite nuevamente la explotación minera en el país tras años de moratoria. Lo mismo con la abogada Ruth López, que es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal de El Salvador, “quien fue detenida de manera arbitraria en otro contexto”, agrega Gonzáles.
La activista González, politóloga y compañera del movimiento ReverdES, concluye que la detención de su compañero “es por su activismo, ya que ha trabajado con comunidades que el Estado quiere silenciar. Esta es una estrategia de terror: encarcelar a quienes organizan, a quienes dan herramientas legales a la gente pobre, a quienes dicen que el agua no puede ser un negocio”.
Repudio internacional
Las detenciones han generado condena internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación. Organizaciones como Amnistía Internacional y hasta el Partido Verde de Alemania han exigido su liberación inmediata.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado patrones de criminalización contra defensores ambientales y territoriales en toda la región. En El Salvador, hoy, “denunciar un despojo puede costarte la libertad —o la vida”, dice la activista.
Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países.
Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo se asocian con ONGs y entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.
Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.
¿Qué es la Fundación Earthworm?
Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países.
Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía”. Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.
Las empresas y la Fundación Earthworm
En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista. En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.
De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023.
En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma: “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?
¿Qué hace la Fundación Earthworm?
Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.
Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.
La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales
Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. En África Occidental y Central, en particular, el proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades.
En la República Democrática del Congo las comunidades se movilizan para liberarse de cien años de plantaciones coloniales de palma aceitera.
Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.
La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.
Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia
Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.
Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa.
En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se ‘reconoce’ que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.
En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”.
En la aldea de Apouh, en el municipio de Edéa, al suroeste de Camerún, un grupo de mujeres se mantiene firme en su lucha contra el gigante del aceite de palma Socapalm.
Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”.
La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.
Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras.
Earthworm y Agropalma en Brasil
Agroapalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.
Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargil y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.
La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.
Voces desde los territorios
Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas. De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.
WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?
ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma. En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización.
En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna.
Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa.
Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas.
Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022. La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergia Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunitty Agro y Dentauá S.A.).
SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam.
Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.
Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.
Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.
WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?
ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.
SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré]. Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.
WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023. Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?
SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe, incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.
El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes. Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación.
WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?
ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas. Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.
WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?
ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma.
WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?
SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.
Monocultivos de palma aceitera en Camerún.
Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.
Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades. En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.
WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?
ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas.
SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.
WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?
SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance.
ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho “divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades.
Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.
Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva, Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonía e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonía.
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
