La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanza nueva alerta roja ante el vertiginoso ritmo que el cambio climático ha adquirido en una sola generación. El año de 2024 va en camino de convertirse en el más cálido del que se tiene constancia hasta la fecha, superando al 2023 considerado el más caluroso.
Entre enero y septiembre de 2024, la temperatura media del planeta superó en 1,54°C el valor de referencia de la era preindustrial. El Acuerdo de París establece que se debe limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, para, con eso, buscar reducir los impactos sobre los sistemas humanos y los ecosistemas terrestres, de agua dulce y costeros.
De acuerdo con el boletín de la OMM sobre el estado del clima en 2024, lanzado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bakú (Azerbaiyán), que se realiza entre 11 y 22 de noviembre, el decenio 2015-2024 será el más cálido jamás registrado; la pérdida de hielo de los glaciares, la subida del nivel del mar y el calentamiento de los océanos se aceleran; y los fenómenos meteorológicos extremos causan estragos en comunidades y economías de todo el mundo.
“Las lluvias y crecidas sin precedentes, la rápida intensificación de los ciclones tropicales, los mortíferos episodios de calor, la sequía implacable y los devastadores incendios forestales que hemos visto este año en distintas partes del mundo son, lamentablemente, nuestra nueva realidad y un anticipo del futuro”, declaró la Secretaria General de la OMM Celeste Saulo.
“Tenemos que reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar nuestro monitoreo y nuestra comprensión del clima cambiante en el que vivimos. Debemos contribuir en mayor medida a las actividades de adaptación al cambio climático a través de servicios de información climática y de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos”, señaló.
Gas
Las concentraciones de los Gases de Efecto Invernadero, observadas en 2023, batieron todos los récords, según el informe. Y los datos en tiempo real indican que en 2024 han seguido aumentando. La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha pasado de unas 278 partes por millón (ppm) en 1750 a 420 ppm en 2023, lo que supone un incremento del 51%. El CO2 captura el calor en la atmósfera y provoca un aumento de las temperaturas.
Océanos
En 2023, el contenido calorífico de los océanos fue el más elevado del que se tiene constancia y, según datos preliminares, en 2024 se ha mantenido en niveles comparables. Las tasas de calentamiento de los océanos muestran un aumento especialmente marcado en los dos últimos decenios. Entre 2005 y 2023, el océano ha absorbido, de media, cerca de 3,1 millones de teravatios por hora (TWh) de calor cada año. Esto supone más de 18 veces el consumo mundial de energía en 2023.
El océano absorbe alrededor del 90% de la energía acumulada en el sistema Tierra, y se prevé que el calentamiento de sus aguas continúe, porque se trata de un cambio irreversible durante cientos o miles de años.
El calentamiento de los océanos conlleva la expansión térmica de sus aguas, y ello, sumado al deshielo de los glaciares y la fusión de los mantos de hielo, acelera la subida del nivel del mar. Entre 2014 y 2023, el nivel medio del mar a escala mundial aumentó a un ritmo de 4,77 mm al año, más del doble que entre 1993 y 2002.
Glaciares
La desaparición de los glaciares se agrava. En 2023, la pérdida de hielo de los glaciares fue de 1,2 metros de equivalente en agua, aproximadamente cinco veces la cantidad de agua del mar Muerto. Fue el mayor retroceso desde que comenzaron las mediciones en 1953, y se debió a los episodios de deshielo extremo vividos en América del Norte y Europa. En Suiza, los glaciares han perdido alrededor del 10% de su volumen residual en los períodos 2021/2022 y 2022/2023.
En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos
Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.
Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.
Foto: ADES Santa Marta.
Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.
Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.
“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.
¿Libertad?
A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.
Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.
Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización.
Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.
Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.
Los defensores de Santa Marta aguardan la resolución de la apelación presentada por la FGR.
Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.
“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.
En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.
Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.
En portada: En el campamento de migrantes en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérre, algunos jóvenes como Cristian de 21 años, sobreviven haciendo cortes de cabello modernos masculinos por 50 pesos. Foto: Jeny Pascacio.
Cientos de personas migrantes salen en caravanas desde el sur de México rumbo a la frontera norte, ante la incertidumbre que provoca la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
Para Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, es importante no confundir el objetivo de las caravanas, pues las personas que caminan kilómetros durante meses no se movilizan por un tema político, sino por una necesidad humana.
Las personas migrantes decidieron que las caravanas salieran de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, simultáneamente, el 5 de noviembre durante las elecciones presidenciales en el vecino país con un objetivo mediático, incluso por seguridad.
Los extranjeros contenidos en ambas ciudades de Chiapas se organizaron en un grupo de Whatsapp. En esto, se han infiltrado personas que de forma individual los amenazan para desistir de caminar rumbo al norte de México.
Pero la migración continuará y seguirán saliendo en pequeños grupos, puntualizó Villagrán. Este 7 de noviembre otro pequeño grupo partió de la plaza central de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para alcanzar en Arriaga a las caravanas que salieron dos días antes. Juntos tomarán la carretera federal hacia Oaxaca.
“Las personas migrantes creen que van a cerrar la frontera (norte) y Trump lo confirmó en sus declaraciones tras el triunfo. Tienen miedo, están aterrorizados porque no es posible tanta lucha para que quite el CBP ONE (la aplicación digital Customs and Border Protection)”, dijo para Avispa Mídia el defensor de los derechos humanos.
Consideró que con Trump será más compleja una oportunidad de diálogo con los países que aportan más a la migración, entre ellos México, Venezuela, Haití y países de Centroamérica.
En las calles venden chicha, empanadas o arepas para ganar dinero.
México seguirá participando con la contención migratoria como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que hubo una reducción de un 70% de la migración que llega a la frontera norte del país.
Con estos fines, el gobierno federal ha planteado promover a Tapachula como una ciudad donde las personas migrantes pueden vivir y trabajar, “pero ni Tapachula ni Tuxtla tienen la infraestructura para alojar a los miles de migrantes”, dijo.
Sin importar las condiciones, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se dedican a trasladar a Tuxtla y Tapachula a las personas migrantes que cruzan el río Suchiate, frontera entre Guatemala y México. No pueden salir de Chiapas en transporte público o caminando porque son detenidas, incluso hay tramos donde personal de la Fiscalía General de la República (FGR) también realiza labores de “control migratorio”.
Las autoridades no les brinda información clara sobre el proceso que deben seguir y en la mayoría de los casos son detenidas por días en las estaciones migratorias, de las citadas ciudades, sin alimento y atención médica, incluso si son menores de edad los que requieren de estos derechos.
“Van a sellar Chiapas con pretexto de la seguridad y de la presencia de cárteles, pero en realidad están militarizando y la política del terror ya está impuesta”, precisó el defensor.
Las personas migrantes acampan en al menos cinco puntos de la capital de Chiapas.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han solicitado, durante años, reuniones para presentar sus propuestas para solucionar el tema migratorio con base en los derechos humanos, pero hasta ahora no han sido escuchadas por ningún gobierno.
Chiapas, la cárcel migratoria
Emmy con 28 años, tres hijos y gran desesperación salió de su país Venezuela. Logró reunir un poco de dinero, puso lo necesario en tres mochilas y dejó el país gobernado por Nicolás Maduro.
Para llegar a México le tomó dos meses y, al igual que la mayoría de migrantes que caminan por varios países, opina que la travesía es extremadamente peligrosa en puntos como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y las fronteras entre países donde son víctimas de delitos por grupos delincuenciales.
“Estoy recién llegada a México pero ha sido duro, fuerte. Nosotros llegamos a Tapachula y de ahí salimos en la caravana del 5 de noviembre, pero me tuve que entregar a migración porque los niños no aguantaron”, sostuvo para Avispa Mídia.
Caminaron un día con el grupo de migrantes y al siguiente los agentes del INM trasladaron a Emmy y sus hijos a Tuxtla Gutiérrez. Llegaron a las 3 de la tarde con hambre y sed, pero con la seguridad de no querer avanzar más.
“Ha sido muy difícil, hemos pasado muchas cosas en la calle que ni siquiera te puedo contar porque me da miedo. Ya no quiero seguir porque si lo intentamos nos van a regresar o nos pueden deportar y por eso estamos considerando quedarnos aquí en Tuxtla”, dijo.
Emmy y una de sus hijas hacen trenzas para obtener ingresos. Por toda la cabellera de una persona cobran 50 pesos y en trenzas menos elaboradas 30 pesos, pero espera pronto poder conseguir un trabajo estable.
“Es muy complicado porque la gente desconfía de darnos trabajo, los arriendos son demasiado caros y la discriminación ni hablar. Por unos días estaremos durmiendo en la calle, por ahora no veo como opción regresar a Venezuela, al menos con este gobierno yo no regreso, pero para el norte con Trump también se pone difícil”.
En Tuxtla Gutiérrez, las personas migrantes acampan en las estaciones de autobuses, en algunos parques y la mayor población se encuentra asentada en los alrededores de las oficinas de Regulación Migratoria del INM, espacio que también funciona como centro de detención.
En uno de los parques se aloja Nurkari de 23 años con sus dos hijos. Ella también salió de Venezuela por la misma razón que Emmy y admite que la travesía hasta México está llena de terror y violencia.
“Maternar es duro. A mí me intentaron quitar a los niños en Guatemala, antes de cruzar el Suchiate nos secuestraron y me dijeron que si no daba dinero se iban a quedar con los niños”, dijo a Avispa Mídia. Pero Nurkari se aferró a sus hijos y logró que la liberaran.
Esta no es la primera vez que la joven madre venezolana intenta llegar a Estados Unidos, hace unos meses también se unió a una caravana pero fue detenida con sus hijos en Oaxaca y devuelta a Tuxtla.
Para Nurkari las caravanas ya no son opción, no solo por la caminata, también por el hostigamiento de agentes del INM. Por ahora sobrevive con la venta de empanadas al estilo Venezuela.
Su compatriota Jessica, tiene 30 años y tres pequeños, coincidió en que “el viaje ya ha sido muy duro para los niños, por la comida, por la dormida y pasar por todos los países y la selva. Yo espero la cita de migración, tengo cuatro meses aquí, he intentado subir dos veces (al norte del país) y las dos veces me devolvieron.
Jessica cuestiona la abierta corrupción que hay en INM, pues se han percatado de que hay personas que logran pagar una cuota para acelerar el trámite, “a nosotros nos han pedido 100 o 200 dólares por hacer un registro” y así poder avanzar.
Las entrevistadas aseguran que a los campamentos se acercan personas o vehículo extraños, por eso, cerca del anochecer, implementan seguridad entre ellos para poder proteger a las infancias.
Contención al servicio de EEUU
Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), sostuvo para Avispa Mídiaque, con la victoria de Donald Trump, “nos estaríamos acercando no solamente a un escenario como el de hace 8 años, cuando ocurrió su primera victoria, si no a una expresión mucho más radical en la permisividad de expresiones racistas, xenófobas, eugenésicas, de altísima discrimanación”.
Coincidió con Villagrán en que para el gobierno mexicano será más difícil la gestión de la política migratoria. Vidal explicó que por un lado México social y culturalmente pertenece a latinoamerica, pero a nivel político y económico “pertenecemos al bloque de norteamérica por el Tratado de Libre Comercio y por toda la integración que existe en materia migratoria”.
Es decir, México tienen un historial de 30 años de servir como la frontera sur de Estados Unidos, “una sesión de soberanía que es pública en términos geopolíticos”.
Las demandas de inversores extranjeros contra Estados de América Latina y Caribe se han multiplicado en las últimas dos décadas. Eso es lo que revela la séptima edición del informe Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe, realizado por TNI (Transnational Institute).
En 1996 fueron registrados seis casos de demandas bajo tratados comerciales en todo el mundo. A finales de 2023 llegó a 1,332 casos. De ese total, los países de América Latina y Caribe fueron demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un 28,5% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial.
De los 42 países de América Latina y Caribe, 23 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje. México, Argentina, Venezuela, Perú y Ecuador son los países más demandados de la región. Conjuntamente acumulan lo que representa casi dos tercios del total de las demandas.
El 2023 fue el año con más demandas en la historia del arbitraje en América Latina y Caribe, con 28 demandas registradas, de las cuales 11 corresponden a México.
La organización alerta que los Estados han sido los grandes perdedores en los sistemas de arbitraje de inversiones a nivel mundial. De las 380 demandas conocidas contra países de América Latina y Caribe, en 239 ocasiones existió una resolución del caso. De las 239 demandas resueltas, el inversor salió beneficiado en casi el 60% de los casos. Las demandas relacionadas con minería, gas y petróleo suman el 22,4% del total de los casos.
Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores extranjeros la suma de 33.629 millones de dólares. Esa cifra es superior a toda la inversión extranjera directa que recibieron juntos los seis países de Centroamérica, los 15 del Caribe, Uruguay, Paraguay y Ecuador en 2022.
Los países de América Latina y el Caribe firmaron cientos de tratados internacionales, a partir de la década de 1990. Estos tratados protegen a la inversión extranjera y “otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos”, contextualiza el informe, ya sean por leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado.
Los países de la región tenían la expectativa de que la firma de estos Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones fuera decisiva en la atracción de inversión extranjera, sostiene. Sin embargo, 30 años después, “la evidencia muestra que los tratados han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los países de la región”, señala.
La organización subraya que los impactos negativos de estos tratados son poco conocidos y debatidos, tanto en los círculos de políticos y parlamentarios como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.
Argentina
El monto más alto ya pagado por un país a raíz de una única demanda fueron los 5,000 millones de dólares que pagó Argentina a la empresa Repsol en un acuerdo de partes.
Argentina es un caso emblemático. Solamente seis de las 30 demandas donde existe laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 23 se decidieron a favor del inversor, y solo una a favor de ninguno de los dos. Si se suma a estos 23, los 18 casos en los cuales se llegó a un acuerdo, “concluimos que el 85% de las demandas contra Argentina tuvieron un resultado favorable para el inversor”, dice el informe.
Los tratados más utilizados
Empresas europeas (principalmente de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia) y de América del Norte (sin considerar a México) son responsables por 47% y 38% respectivamente de las demandas. Inversores de Estados Unidos son quienes han iniciado la mayor cantidad de ellas. Los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones de este país junto con los tratados comerciales TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), incluso en su versión actualizada el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) y CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana) son los más usados por los inversores.
Centros de arbitraje
Existen diversos centros de arbitraje donde se pueden resolver diferencias relativas a inversiones. El centro de arbitraje más concurrido es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. El CIADI fue utilizado 294 veces por los inversores para sus demandas contra países de la región. Esto significa que el 77,4% de todas las demandas fueron llevadas a este centro de arbitraje.
II Encuentro Mesoamericano de movimientos sociales. Reencuentro de las Resistencias y Alternativas
8 de Noviembre 2024, Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
En el territorio Sagrado de los Mártires de Acteal, sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, nos autoconvocamos y nos dimos cita más de 40 organizaciones provenientes de México hasta Panamá, defensoras de las tierras y los territorios, de la salud, de la comunicación, de la cultura, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, entre otros muchos movimientos. Las más de 160 personas delegadas en el marco del II Reencuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia, de 6 países de la región, nos dimos a la tarea de reencontrar nuestros corazones, nuestros rostros para fortalecer la esperanza, las resistencias y las alternativas, la unidad y la organización que el capitalismo salvaje y patriarcal nos pretende despojar.
Del 6 al 8 de noviembre del presente año compartimos nuestra amistad, nuestros análisis y reflexiones, nuestras luchas y estrategias de resistencia en defensa de los territorios. Y este fue el principal logro, habernos reencontrado, habernos abrazado y reconocido.
Vivimos un momento de extrema inseguridad por la violencia desbordada e incontrolable, Crisis Climática y grandes retos para los movimientos. El sistema capitalista, racista y patriarcal, ahora aliados o interconectados con el crimen organizado, están llevando a cabo sobre nuestros territorios un Modelo Extractivo feroz sobre los bienes comunes naturales y culturales. Los Mega Proyectos acechan nuestra región, así como las políticas neoliberales con el afán de privatizar la vida y todo lo que se encuentra a su paso para incorporarla al mercado; dichas políticas para nosotros los pueblos son nuestra destrucción y exterminio. La energía, la salud, la educación, los bosques, el agua, nuestra cultura no son mercancías, sino las condiciones necesarias para la vida digna de los pueblos.
Sin embargo, este proyecto de muerte se topa con los pueblos vivos, que se movilizan y resisten, que buscan nuevos caminos de vida digna. Hemos resistido con el corazón en alto, y aunque nos han arrebatado a mucha gente querida, seguimos adelante, caminando colectivamente porque sólo así se logra resistir, y sólo así se logra construir nuevas formas de vida. Hemos desplegado un sinfín de acciones, movilizaciones y alternativas. Cartografiamos y mapeamos nuestros territorios para fortalecer la defensa del territorio que es sostén de vida.
La presencia de la mujer curandera, partera, indígena, urbana, luchadora, defensora, cuidadora, se hizo fundamental en nuestro reencuentro. Hacemos patente que construimos bajo la solidaridad, el respeto, la unidad, la organización, el cuidado colectivo, la búsqueda de alternativas y la autonomía; algunos de los principios que el capitalismo nos quiere arrebatar, ahora se convierten en elementos estratégicos de resistencia.
Ante todo ello, nos comprometemos a:
Impulsar los marcos normativos comunitarios en la línea de la libre determinación de los pueblos originarios como sujetos de derecho público, recuperando nuestra cosmovisión, principios, el derecho histórico y ancestral como guardianes y custodios de la Madre Tierra sobre los bienes comunes naturales como los ríos, los bosques, plantas medicinales y los territorios.
Tejer mecanismos y alternativas que fortalezcan la autonomía energética, en la salud, partería y medicina tradicional, en la alimentación, en la educación, en el acceso al agua y en la comunicación.
Impulsar la protección de nuestros ríos y bosques de la depredación del capital.
Impulsar el derecho a la salud desde los pueblos.
Buscar nuevas formas de movilidad alternativas, contra megaproyectos aeroportuarios militarizados, buscando las veredas, la bici, nuevas formas de encontrarnos.
Fortalecer la identidad maya que nos une a los pueblos de la región para ser más fuertes, más vivos, más nosotros y nosotras mismas. Un pueblo no sabe a dónde va si no sabe de dónde viene.
Impulsar Escuelas de Formación Política y otras herramientas para la descolonización de nuestro pensamiento.
Exigimos
Verdad, Justicia y Presentación con vida de nuestros desaparecidos por la inseguridad causada por el crimen organizado y en el contexto de las migraciones.
Alto al desplazamiento forzado de nuestros pueblos.
Justicia para Simón Pedro, Berta Cáceres, Padre Marcelo Pérez, Sergio Rojas, Bety Cariño, Noé Vázquez, Mariano Abarca, Walter Méndez, David Salguero, Samir Flores, Tomás Rojo, Jehry Rivera, los Mártires de Acteal, la aparición de nuestros hermanos desaparecidos en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y tantas compañeras y compañeros que les han arrebatado la vida por defender a los pueblos y los territorios.
Alto a la criminalización y persecución al pueblo garífuna por recuperar sus territorios.
Exigimos la liberación de los presos políticos defensores de los territorios como el caso de José Iván Arévalo Gómez en El Salvador, de Pedro Cortés López, Diego Mendoza Cruz y Manuel Sántiz Cruz de Chiapas, entre otros tantos luchadores sociales y defensores de los derechos humanos a quienes se les ha arrebatado su libertad.
La desmilitarización de los territorios y un alto al Modelo Extractivo ejercido con megaproyectos como las represas, minería, monocultivos como la palma de aceite, puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, pozos petroleros, canales secos, mega fábricas y parques industriales, mega granjas porcícolas, entre otras formas de extracción de los bienes comunes naturales y culturales.
Que se declare a nivel internacional al Río Usumacinta como sujeto de derecho; y los pueblos lo declaramos libre de represas y Megaproyectos.
Exigimos la cancelación de la concesión ilegal sobre el sagrado río Gualcarque.
Alto a los Tratados de Libre Comercio que expolian a los pueblos, y abogamos por la construcción de nuevas formas de interrelación y apoyo regional entre los pueblos.
Que se garantice el libre tránsito seguro y protección al migrante.
Alto al Modelo Extractivo que empobrece a la Madre Tierra y a los pueblos. Así como las falsas soluciones al cambio climático (mercados de carbono, Geoingeniería) entre otros remedios pintados de verdes. Nos convocamos a seguir uniendo nuestros corazones, a seguir reencontrándonos, a escucharnos y compartir nuestros caminos. En noviembre de 2025 nos encontraremos en el IV Encuentro Internacional de Afectados por Represas y por la Crisis Climática, en la amazonia brasileña. También nos encontraremos en el III Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia y Alternativas en en el territorio Lenka en Honduras.
¡Alto al Genocidio del Pueblo Palestino! ¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo!
Desde el Territorio Sagrado de los Mártires de Acteal,
De El Salvador: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) / Amigos de la Tierra El Salvador – El Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Las Corporaciones (MOVIAC).
De Honduras: Barrancón Digital, Organización Fraterna Negra Hondureña (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
De Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica – Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente FECON, Coecoceiba/ Amigos de la tierra Costa Rica.
De Panamá: Colectivo Voces Ecológicas (COVEC).
De Guatemala: Consejo del Pueblo Maya (CPO), Asociación de Comunidades por la Defensa del Territorio (ACODET), Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Frente Petenero contra Represas
De Estados Unidos: International Rivers.
De América Latina: Movimiento de Afectados por las Represas (MAR)
De México: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, El Puente, Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, Kataz/Nodos de Información, Comunidad Casa de Medicina Tradicional Teo Tepahkalle, Casa Medicina/Pueblo de Santa Ursula Xitla, Casa Monarca-Doulejae-Medicina Tradicional y Cuidados Profesionales, Comunitaria Cultura, Rueda Libre Chiapas, Alianza Ríos Mayas, Sur Resiste, Tsomanotik, Yax-Hun Arqueología Social, Defensa del Territorio y la Vida de los Pueblos Originarios de Chilón (DETUVIDA), Permanecer en la Tierra, Colectivo de Cartografía Histórica Colaborativa de los Territorios Hidrosociales Binacionales de México y Guatemala, Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (ODEMCA), Voces Mesoamericanas/Acción con Pueblos Migrantes, Comunicadores Populares por la Autonomía
(COMPPA), CECROPIA, Movimiento por la Defensa de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, Colectiva Cartográfica de los Sures Globales, Parlamento Nacional Indígena, Medios Libres, Organización de la Defensa de los Derechos Humanos, Tierra y Territorio (ODDET), Casa Fuego, Alianza Pediátrica Global, El Consejo de la Crónica, Lumaltik Herriak, Promedios, Frente Popular Ricardo Flores Magón, Nodo Solidario, Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FIDEO), Kinal Antsetik, Memoria Viva de los Pueblos, Jtatic Samuel Ruiz García, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Ceiba.
En portada: Líderes de comunidades amenazadas por el proyecto GPM exigen la cancelación del proyecto. Foto: Emily Almeida.
Por Colectivo Recherche-AG
Publicado por primera vez en alemán en ANF News, el 9 de junio de 2024.
Nota actual: Mientras tanto, la DB alemana se ha retirado del proyecto «Tren Maya» tras muchas incoherencias y declaraciones poco transparentes. Una declaración correspondiente (también en español) del colectivo Recherche AG / Grupo de InvestigAcción puede encontrarse aquí.
En la selva cercada, vi un árbol vivo que sostenía un árbol muerto y lloraba (1)
y un cocodrilo leerá poemas a los peces y a los pájaros,
desde los manglares,
que un día, hace mucho tiempo, casi echaron raíces,
allí,
allí donde antes estaba el potsdamer platz
Hace tres años, representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México se plantaron frente a la Torre DB (propiedad de la empresa “Deutsche Bahn / Tren alemán”) en Berlín. «El exterminio de nuestros pueblos viaja en sus vagones», gritaban en dirección a la torre de oficinas en la Potsdamer Platz (Plaza Potsdam), aún iluminada pero muerta. Protestaban contra la implicación de Deutsche Bahn en el Tren “Maya”. Junto con el Corredor Interoceánico, el proyecto de infraestructuras constituye la base de una reorganización territorial del sureste de México: administrado por el ejército, acompañado de un enorme aumento de la violencia del crimen organizado e impulsado por empresas nacionales y transnacionales, las comunidades indígenas y su modo de vida agrícola a pequeña escala van a ceder el paso al «progreso», como ejemplifica el centro comercial The Playce en este desierto de hormigón, del que, al parecer, sólo pueden brotar edificios de gran altura. A pesar de los acuerdos internacionales para proteger a los pueblos indígenas, las críticas y las protestas, DB participa a través de su filial «DB Engineering & Consulting» (parte del grupo DB-ECO) en el proyecto estrella del presidente mexicano saliente, que anunció la ampliación del Tren “Maya” y del Corredor Interoceánico a Guatemala poco antes de que su sucesora fuera elegida. El turismo de masas, los parques industriales, los monocultivos, los centros urbanos, las minas, los oleoductos y las refinerías están desplazando a los diversos habitantes de selvas tropicales, sistemas de cuevas de agua dulce, arrecifes de coral y manglares cada vez más destruidos.
Manglares hasta donde alcanza la vista. Tres años después de la protesta del CNI, representantes de la organización brasileña de derechos humanos Justiça nos Trilhos (JnT) (Justicia en los rieles) se encuentran en Berlín. Flávia da Silva Nascimento y Mikaell de Souza Carvalho hablan en la Fundación Rosa-Luxemburg el 30 de mayo de 2024 sobre un megaproyecto planificado que también les llevó al día siguiente a la Torre DB de la siempre muerta Plaza Potsdam.
Flávia y Mikaell delante de la Torre DB durante la concentración pública del 31 de mayo de 2024 (Foto: CR)
El acto informativo comienza con un vídeo de la isla de Cajual. Manglares, playas de arena blanca, bosques de palmeras y aún más manglares son el hogar de miles de especies animales y plantas. Y lo han sido durante mucho tiempo: «Las costas del este de la isla albergan los importantes yacimientos arqueológicos de Falésia do Sismito, Ponta Leste y Laje do Coringa, que contienen enormes cantidades de fósiles del Cretácico medio, de hace unos 95 millones de años, como dinosaurios, cocodrilos, tortugas, peces y helechos arborescentes.« (2) Sus descendientes no fosilizados deambulan por este mundo entre el bosque y el mar: nutrias marinas, manatíes, delfines… Visitada por más de 150.000 aves migratorias cada año, y especies en peligro crítico como el ibis escarlata, la isla constituye un importante lugar de cría. (2)
Durante mucho tiempo, esta costa ha sido también un lugar de refugio para los humanos, que se ha convertido en un querido hogar lejos del infierno: Aquí viven comunidades de quilombolas, descendientes de africanos esclavizados que huyeron a la isla desde las plantaciones y a finales del siglo XIX, tras la abolición de la esclavitud en Brasil. (2) Su esmerada pesca y agricultura tradicional contribuyen a que este manglar, que se extiende hasta la cercana tierra firme, no sólo sea el mayor sistema contiguo de manglares del mundo, sino el mejor conservado.
Se dice que la tercera generación tiene la oportunidad de ser libre después de un trauma (1)
Portugal, en particular, se había beneficiado del tráfico de esclavos a Brasil, a veces con el apoyo de otras potencias coloniales y sus agentes, incluida Alemania. Pero los quilombolas resistieron, sobrevivieron y ganaron un territorio. Tres generaciones después, tres empresarios portugueses y sus pretendidos aliados -incluso de Alemania- planean destruir la población y los manglares de la Amazonía, en el estado brasileño de Maranhão, para seguir enriqueciéndose con el envío de recursos al Norte Global.
«El proyecto Grão Pará Maranhão (GPM) prevé la construcción de un puerto privado de aguas profundas con terminales – Terminal Portuário de Alcântara (TPA) en la pequeña isla de Cajual, en el Atlántico. Desde allí se exportarán materias primas como soja, minerales e hidrógeno para satisfacer la demanda de China, Europa y Estados Unidos. Las materias primas se transportarán al puerto a través de una línea ferroviaria privada (EF-317) de 520 kilómetros entre Açailândia, en el interior del país, y Alcântara, en el Atlántico. La línea ferroviaria de mercancías atravesará 21 municipios. Tres zonas quilombolas también se verán directamente afectadas por la línea ferroviaria. Además, la línea ferroviaria pasará directamente por 16 asentamientos de reforma agraria, es decir, zonas del Estado brasileño destinadas exclusivamente a las actividades productivas de pequeñas familias campesinas. También está previsto que la línea ferroviaria EF-317 discurra muy cerca de seis zonas indígenas. En Awá, Caru, Alto Turiaçu y Arariboia hay una presencia oficialmente reconocida de grupos indígenas en aislamiento voluntario. La población indígena no contactada ya está seriamente amenazada por otros factores, como la intrusión de madereros ilegales en los bosques, la deforestación criminal por parte de grandes ganaderos y productores de soja y la intrusión de mineros ilegales. Además, parte de estos territorios indígenas ya están afectados por el ferrocarril de Carajás de la empresa minera Vale.« (2)
Flavia y Mikaell pueden cantar una canción sobre este ferrocarril de Vale. Una canción triste, porque ¿cómo pueden cantar en comunidades atravesadas varias veces al día por un atronador tren de mercancías de tres kilómetros de largo? «Ya no vemos ningún color verde, sólo el polvo del mineral». La organización Justiça nos Trilhos se fundó en oposición a esta línea ferroviaria, la Estrada de Ferro Carajás (EFC). Desde el mayor yacimiento de mineral de hierro del mundo, en plena selva amazónica, atraviesa comunidades y zonas protegidas hasta el puerto de exportación en el Atlántico, en São Luís, y lleva décadas despreciando los derechos básicos de las comunidades atravesadas por el tren: «A veces el tren simplemente se detiene en un pueblo y nadie sabe cuándo continuará», explica Mikaell. «Como un muro de tres kilómetros, separa entonces a las familias entre sí o a los alumnos de su escuela. Muchos se meten debajo del tren y tenemos muchos casos de accidentes y muertes». El tren no sólo atraviesa pueblos enteros, sino también casas individuales: «Aparecen muchas grietas en los edificios cercanos a la vía».
«Justiça nos Trilhos» pone en red a los vecinos, organiza reuniones y actos, apoya la autoorganización, ofrece asesoramiento jurídico útil con sus abogados y a veces demanda a las empresas responsables y al Estado en nombre de los afectados. Gracias a este trabajo, Flavia y Mikaell saben perfectamente que las promesas de prosperidad de las minas de hierro («A veces ofrecen construir una escuela u otras instalaciones como programa social, pero no tiene sentido construir una escuela si no hay profesores ni cursos de formación que seguir») son tan incumplibles como las garantías de que el tren apenas tendría consecuencias negativas para las comunidades («¿Cómo puede ser que de repente se suponga que la nueva línea ferroviaria [del proyecto GPM] va a tener más efectos positivos que la línea del Grupo Vale? Sabemos que sus promesas no son ciertas»). Así que la resistencia de Justiça nos Trilhos investigó de forma independiente para averiguar los planes e impactos exactos del nuevo proyecto de GPM y así compartirlos con las comunidades -porque, en contra de la normativa nacional e internacional y hasta el día de hoy- apenas han recibido información sobre el proyecto que las amenaza:
«Pasamos seis meses investigando para averiguar por dónde pasaría exactamente la línea de tren. Al principio, las autoridades nos dijeron ‘no sabemos nada’, pero cuando nos acogimos a la Ley [brasileña] de Libertad de Información, recibimos información, incluida información que las empresas querían mantener confidencial. Después de muchos días y de insistentes consultas [a las autoridades estatales y federales], recibimos las primeras informaciones sobre el proyecto portuario y ferroviario, y pudimos crear un mapa de la región afectada, a modo de mosaico, que difiere mucho de los que aparecen en los sitios web de las empresas».
Por ejemplo, está la comunidad quilombola de Tanque de Valença. No aparecía en la información facilitada por las empresas como comunidad afectada por el proyecto GPM y debería haber sido consultada hace tiempo. «Pretenden que la comunidad sencillamente no existe, pero el tren la atravesará. Así que les visitamos y todos allí estaban totalmente sorprendidos, nadie sabía nada…».
Sin embargo, no es sólo el tren y las vías lo que preocupa a los dos delegadxs de la JnT, sino lo que conlleva: «La línea ferroviaria conlleva otros proyectos: primero tenemos que ver lo que transporta, sobre todo soja, pero también minerales. Así que más capacidad de exportación significa también una ampliación de la frontera del cultivo de soja». Es precisamente este desarrollo el que ya está provocando una destrucción masiva del medio ambiente y actos de violencia en interés de los grandes agricultores contra las pequeñas familias campesinas, incluyendo conflictos armados y expulsiones, en el estado y en toda la Amazonía. «Maranhão es el estado con uno de los mayores índices de violencia y asesinatos contra la población indígena. La construcción de una nueva línea de ferrocarril y de un nuevo puerto de exportación aumentará aún más la presión sobre las tierras existentes y, por tanto, el número de conflictos territoriales sangrientos», confirman las ONG Misereor y la asociación Selva la Selva (2). Lxs activistas brasileños coinciden con ellos: «Los conflictos territoriales de larga data se están exacerbando. El gran agronegocio es el ganador, las comunidades son las perdedoras, ya conocemos esta evolución. También nos preocupa lo que ocurra a lo largo de la línea ferroviaria, la cadena de valor que se supone que va a permitir».
Y así, Flavia habla de las acerías que acompañan al tren Vale desde 1987 y que destruyeron su casa: «Vivíamos bajo los altos hornos, las cementeras, los estacionamientos, los vertederos, todo el municipio por el que pasa el tren pertenece a las empresas. Pero yo no quería dejar este lugar donde nací porque no podía llevarme el río conmigo. Este río es nuestra vida, la tierra es nuestra vida, pero luego vienen las máquinas y nadie te pregunta». Su padre ya estaba en la resistencia, Flavia lleva luchando con JnT desde 2015: «Como colectivo de jóvenes investigadores de la comunidad, demostramos que la contaminación por polvo de las fábricas era la causante de las enfermedades que padecían muchos en la comunidad. No queremos irnos, pero tuvimos que hacerlo, pudimos luchar por el reasentamiento, pero queremos volver. Quiero que mis hijos puedan bañarse algún día en nuestro río. Tenemos que ser fuertes y seguir luchando».
DB hace esperar a lxs activistas brasileños ante una puerta cerrada antes de entregarles su carta de queja al final del mitin (c) CR
Durante más de treinta años, familias como la de Flavia han experimentado que un proyecto como el proyectado GPM les amenaza con algo más que una línea de ferrocarril: Cada vez más zonas de cultivo de soja bajo el control de grandes terratenientes, minas polvorientas y fábricas tóxicas («¿y de dónde sale la energía para ellas?») sólo acaban llenando los vagones -hasta 350 de ellos cuelgan de uno de los atronadores trenes sólo en el actual ferrocarril de Vale-. «Estos vagones transportan mucha riqueza, riqueza que en realidad pertenece a las comunidades, pero sólo ven pasar el tren a toda velocidad, ésa es la farsa del discurso del desarrollo», añade Mikaell.
Gracias a su trabajo, las dimensiones del proyecto GPM se van haciendo poco a poco patentes: «Los barcos más grandes del mundo van a poder hacer escala en el nuevo puerto de aguas profundas, y ya tenemos indicios de que se van a duplicar los atracaderos previstos; antes incluso de que el proyecto haya empezado, ya se habla de ampliación. Igual que el ferrocarril de Vale en 1985».
No se trata de una línea de tren y un puerto, sino de la reorganización de un territorio protegido en el que comunidades indígenas, quilombolas y de pequeños agricultores defienden una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo: «Así que no hemos venido aquí a Alemania para hablar de cómo reducir los impactos negativos del proyecto, ¡sino para rechazar el proyecto en su conjunto! Hemos venido a causar tensión». Dicho eso, el acto informativo concluye con la convocatoria de una manifestación conjunta frente a la Torre DB.
Hace tres años, los activistas indígenas del CNI mexicano hablaron frente a esta torre, porque ellos también están amenazados por un proyecto que, a pesar de todas las diferencias, tiene muchos paralelismos con el proyecto GPM en Brasil: aunque el Tren “Maya” es también un tren turístico para el transporte de pasajeros, va acompañado, como en Brasil, de rutas de carga, carreteras y la ampliación de puertos para transportar productos de monocultivos, minas y fábricas a Europa, China y EE.UU., conectados al Corredor Interoceánico. La participación colonial de los actores alemanes es totalmente indiscriminada en ambos proyectos:
«El DB E.C.O. Group ha firmado un Memorandum of Understanding -Memorándum de acuerdo- (MoU) con Grão-Pará Maranhão (GPM) sobre el desarrollo conjunto del proyecto y la posterior explotación del ferrocarril, con DB Engineering & Consulting asumiendo el papel de ”operador en la sombra”», informa el DB E.C.O. Grupo. El Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) y la también estatal Cooperación Técnica Alemana (GIZ) «ya están examinando cómo se puede apoyar el proyecto», escribe Saskia Berling, Directora de KfW Brasil, en LinkedIn – y al igual que en México, la participación del Grupo como «operador en la sombra» está estrechamente vinculada a los responsables políticos en Alemania: La mediación ante las corporaciones alemanas también tuvo lugar en Brasil a través de la embajada alemana: «Por invitación del embajador alemán en Brasil, Heiko Thoms, DB junto con políticos brasileños, funcionarios de la UE y directivos de empresas (entre ellos de Siemens) participaron en una presentación del proyecto por parte de los operadores de GPM en la representación alemana en Brasilia a finales de enero, durante la cual DB E. C.O. Group también presentó la asociación prevista con el consorcio de operadores. Según informaciones de la Agência INFRA, la embajada alemana habría solicitado informaciones sobre el proyecto e instruido al canciller alemán, Olaf Scholz, a tratar el asunto durante sus conversaciones con el presidente Lula da Silva en su visita de Estado a Brasil a finales de enero» (2).
Y puede trazarse otro paralelismo entre los dos proyectos coloniales: Las empresas alemanas y los políticos federales no sólo no responden a las críticas por los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos, sino que incluso hacen hincapié en los beneficios de los proyectos para los derechos humanos, medioambientales y objetivos climáticos:
«Las ventajas del proyecto ferroviario y portuario residirían en la atención prestada a las preocupaciones sociales y medioambientales, así como en las oportunidades que la proximidad a Europa ofrece para el desarrollo del sector energético», explica Peter Mirow, responsable de DB en Brasil, a la Agência INFRA. Podría tratarse de gas natural licuado procedente de proyectos de fracturación hidráulica (fracking) previstos en el interior de Maranhao y de petróleo crudo que se bombeará desde las profundidades marinas frente a las costas brasileñas (2).
Esta pancarta habla para México y Brasil: «DB – El asesino climático más rápido de Alemania » (c) CR
Mientras, el proyecto GPM desplaza artificialmente la selva amazónica kilómetros hacia el oeste en sus mapas, que DB también distribuye en su página web, para crear la impresión de «que la producción de la agricultura brasileña crecerá un 180 por ciento en los próximos diez años sin talar un solo árbol», y los políticos alemanes (en México y Brasil) hacen hincapié en las oportunidades de generar «energía verde» a través de los proyectos en los que DB participa o tiene previsto participar. «Los operadores del proyecto habrían mantenido conversaciones con Siemens como posible socio para la construcción de un centro de exportación de energías renovables e “hidrógeno verde”». El Ministerio Federal (alemán) de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ya financia la expansión de la producción de «hidrógeno verde» en Brasil para consumo local y exportación a través de la GIZ. Para ello, entre otras cosas, se ha fundado una alianza germano-brasileña para el «hidrógeno verde». El propio Grupo DB E.C.O. afirma que «la solución logística prevista creará un nuevo corredor de transporte de productos agrícolas, para los que se ha identificado un potencial de demanda en el interior de 80 millones de toneladas anuales. Además, habría una gran demanda de servicios de transporte de materias primas minerales. Según los operadores, se prevé que las exportaciones de mineral de hierro a través del puerto de TPA alcancen los 200 millones de toneladas anuales de aquí a 2030.» (2).
La organización Salva la Selva está segura: «Este aumento de la producción y las exportaciones significa inevitablemente la expansión de la agricultura – especialmente para el cultivo de soja, caña de azúcar (incluso para etanol), maíz, la cría de ganado para la producción de carne -, así como la expansión de la minería a expensas de la selva amazónica y la sabana del Cerrado. Todas estas actividades son los principales motores de la deforestación en Brasil.» (²)
Fiel al lema de la empresa alemana “el mejor protector del clima” DB «La protección del clima también puede ser sencilla», un proyecto que destruye reservas naturales estatales, humedales RASMAR reconocidos internacionalmente e islas atlánticas vírgenes se convierte en un «proyecto verde de protección del clima»: “es sólo un tren, y el puerto de aguas profundas también puede suministrar «energía verde» además de mineral y soja.”
Ante eso, los que verdaderamente protegen el clima sólo pueden llorar.
Y así lloran los manglares.
En plena catástrofe climática, están siendo destruidos allí donde aún conservan los poemas de los cocodrilos, y con ellos la mejor protección contra las inundaciones y la subida del nivel del mar.
La Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático (COP30) se celebrará no muy lejos de aquí el año que viene, en la metrópoli amazónica brasileña de Belém. El Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), que organizó el acto informativo y la concentración contra el proyecto GPM junto con otras ONG y la JnT, escribe:
«Las conferencias sobre el clima de los últimos años han sido acontecimientos bastante frustrantes. Apenas avances, una creciente influencia del lobby fósil. Parece que el cambio climático avanza más rápido que la lucha contra él. En esta situación, Belém se convierte en un lugar de esperanza. La elección del lugar es una señal política y tiene un gran valor simbólico. La Amazonía y las selvas tropicales del mundo desempeñan un papel central en la política climática internacional, ya que la deforestación es un factor clave tanto de la crisis climática como de la pérdida de biodiversidad y amenaza el hábitat de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales.”
En un lugar que irradia lo contrario de esperanza, la esperanza real se reúne al día siguiente del acto informativo: el 31 de mayo de 2024, Mikaell alza su voz en nombre de la JnT y de las comunidades amenazadas de Maranhão frente al gigantesco rascacielos Deutsche Bahn. Y la Plaza Potsdam le escucha. Tal vez intuye que si la mentira que afirma que la protección del clima y la destrucción de los manglares pueden ir de la mano continúa, él también podría estar bajo el agua en un futuro no muy lejano, tan alto que los manglares podrían incluso sentirse cómodos, los manglares cuyas lágrimas hoy seguramente acelerarán la subida del nivel del mar.
¿Pueden llorar los árboles? ¿O sangrar?
Protesta frente la sede de la DB en la Plaza Potsdam (c) Salva la Selva
Al fin y al cabo, Brasil debe su nombre a un árbol cuyo fluido interno es tan rojo como la sangre. Sus flores parecen pájaros heridos. Hoy está casi extinto. (1)
Pero Flavia las anima, subraya la lucha de las mujeres, de las mujeres negras, incluso en su organización (seis de los siete miembros del comité ejecutivo son mujeres). Y como si se lo susurrara a los manglares y al árbol pájaro herido con sus venas rojas, su río, y como si al mismo tiempo lo tronara hacia el bloque de torres a cuya sombra tiene lugar la concentración, habla:
«Somos los más débiles luchando contra los más fuertes. Pero esa es también la belleza de nuestra lucha».
En portada: Comunidades maya Q’eqchi’ denuncian escasez de agua derivado por la actividad de Industrias Chiquibul y la expansión de sus monocultivos de palma aceitera. Foto: Joel Pérez / Prensa Comunitaria
La noche del pasado 17 de octubre, Francisco Pop Ico, defensor 40 años y originario de la comunidad maya Q’eqchi’ de Santa Elena, departamento del Petén, fue asesinado con arma de fuego mientras conducía su motocicleta en la frontera entre México y Guatemala.
Resalta que el homicidio ocurrió un día antes de que el defensor se presentara a una audiencia judicial, relacionada a la acusación presentada por la empresa Industrias Chiquibul, quien le señalaba, junto a otros cuatro ex trabajadores de la palmera, por delitos de usurpación y amenazas en el contexto de su organización para defender derechos laborales.
Para el 9 de octubre, comunitarios de Santa Elena presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por las múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos ocasionadas por Industria Chiquibul. Destaca que, ese mismo día, se preveía una reunión de diálogo entre una delegación de la Secretaria Privada de la Presidencia junto con el gerente de relaciones comunitarias de Industria Chiquibul.
Francisco Pop Ico, defensor comunitario asesinado el pasado 17 de octubre del 2024.
Fue en 2012 cuando Industrias Chiquibul compró terrenos en la comunidad Q’eqchi’ de Santa Elena, acorralando a la población paulatinamente con monocultivos de palma aceitera, que fueron acompañados por la instalación de instalaciones militares y presencia de policía y seguridad privada.
Tras un paro de labores organizado por trabajadores de Chiquibul en 2019, para noviembre del 2020 fueron criminalizados cuatro indígenas maya acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. Hasta la actualidad, el proceso penal continúa, mientras a la par, habitantes de Santa Elena denuncian persecución y vigilancia de las fuerzas de seguridad quienes incluso emplean vuelos nocturnos con drones.
Condena
En este contexto, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, organización social que aglutina más de 20 comunidades indígenas y rurales sobre todo de las tierras bajas del norte de Guatemala, condenaron el asesinato de Pop Ico y exigieron justicia a través de un comunicado.
La organización, cuyo significado es “Madre Tierra” en maya Q’eqchi’ articula las luchas para detener la expansión de los monocultivos, conservar sus recursos hídricos y garantizar la justicia para las comunidades afectadas por la contaminación y la explotación de sus tierras.
Desde febrero de este año, la articulación indígena, junto a organizaciones internacionales exigieron a las autoridades guatemaltecas que tomaran medidas urgentes ante el incremento de los acosos y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de Santa Elena por parte de Industrias Chiquibul.
Esto, debido a que durante la última década la empresa de palma aceitera mantiene un patrón de violencia que acumula violaciones como la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina (en Chisec, Alta Verapaz); la contaminación del río San Román (también en Alta Verapaz), así como la criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación en comunidades del Petén.
Organizaciones nacionales, como la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenaron el asesinato de Pop Ico y se sumaron a las exigencias por justicia.
“Este caso ilustra la peligrosa realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en Guatemala, quienes son frecuentemente criminalizados y perseguidos judicialmente por proteger sus tierras y derechos”, enfatizó la Oacnudh mediante sus redes sociales.
Campesinos de los estados de Sergipe y Bahía, localizados en el noreste de Brasil, denuncian contaminación genética de semillas criollas de maíz, frijol y cacahuate por transgénicos en distintos territorios de los dos estados.
El Movimiento Campesino Popular (MCP), en cooperación con instituciones científicas del país, como el Instituto Federal de Sergipe (IFS), ha trabajado en la región hace una década para promover sistemas sustentables de producción de alimentos, basado en la agrobiodiversidad.
Las familias producen semillas criollas, principalmente de maíz, frijol y cacahuate, para consumo propio, pero también las comercializan. De acuerdo con el MCP, en total, ya fueron comercializadas 110 toneladas de semillas criollas. Además de semillas, han comercializado harina de maíz y frijoles criollos, sobretodo en el periodo de la pandemia.
El movimiento denuncia que todo este trabajo de recuperación y reproducción de las semillas criollas está amenazado por el avance de los transgénicos y la uniformización de variedades cultivadas alrededor de sus territorios. “Se ha provocado contaminación genética de las semillas criollas, colocando en riesgo nuestro patrimonio genético, responsable por toda la diversidad de variedades agrícolas, fundamentales para afrontar los cambios climáticos y garantizar la producción diversificada de alimentos”, sostiene el MCP en un informe.
Desde 2018, los campesinos, junto con el Instituto Federal de Sergipe, han realizado pruebas para verificar si sus cultivos están siendo contaminados por especies transgénicas. “Esta rutina permitió verificar que las contaminaciones han alcanzado índices cada vez mayores. En la cosecha de 2023, llegamos a un porcentaje alarmante. El 68% de las 40 muestras (9 variedades de maíz) están contaminadas por transgénicos. Nos provoca mucha preocupación en relación al futuro de la producción de las variedades criollas”, señalan los campesinos.
Las muestras analizadas fueron colectadas directamente en las plantaciones, en los stocks individuales y también en los bancos de semillas comunitarios. Las pruebas también incluyeron la producción en comunidades indígenas y quilombolas de la región.
La contaminación ha ocurrido a pesar de que las familias han implementado técnicas que buscan proteger las semillas. “Se ha implementado estrategias de prevención a la contaminación, como la utilización de instrumentos para detener el viento, la siembra en periodos distintos, realización de limpieza de los equipos de siembra, cosecha y procesamiento de las semillas, entre otras”, afirman.
Las estrategias no “han sido suficientes para contener los procesos de contaminación genética que avanzan cada día sobre nuestros territorios; por eso sostenemos que las contaminaciones imponen a los campesinos prejuicios productivos, económicos, culturales, ambientales y alimentarios”.
Protección
En el estado de Sergipe se aprobó en 2016 una ley que instituye el concepto de semillas criollas y el incentivo a la conservación de la diversidad de cultivos en el estado. La ley define: “Considerase área de protección de la agrobiodiversidad las áreas/terrenos/regiones/territorios donde hay producción de semillas locales, tradicionales o criollas, quedando prohibido el cultivo de cualquier material genético (semillas transgénicas e híbridas) que amenace las características fenotípicas y genotípicas de las semillas locales, tradicionales o criollas”.
Sin embargo, todavía no existe una reglamentación para que la ley pueda ser realmente implementada.El MCP hace una serie de exigencias al gobierno brasileño. Entre ellas que revise y aplique los protocolos normativos de distanciamiento entre la siembra del maíz transgénico y del maíz criollo y que imponga a los sembradores de transgénicos la obligación de implementar medidas de seguridad. Además, que establezca medidas de protección como áreas de uso de conservación de la agrobiodiversidad, áreas libres de transgénicos y áreas libres de agrotóxicos.
En portada: Habitantes de la región Libres Oriental, en Puebla, clausuraron de manera simbólica una de las instalaciones de Granjas Carroll, propiedad de Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo.
En las últimas dos décadas, la producción industrial y el consumo mundial de carne han experimentado un crecimiento acelerado, aumentando un 53% a nivel mundial, con el pollo, el cerdo y la res representando casi el 90% del total, proyectándose un aumento del 76% para 2050, alerta un estudio de la organización ambientalista GRAIN.
La creciente demanda mundial de carne, impulsada por países del norte global, ha intensificado la cría industrial en América Latina, contribuyendo a la deforestación y al cambio climático, sostiene la organización. “Este modelo industrial de producción de carne desplaza los sistemas alimentarios tradicionales, se establece en territorios indígenas y campesinos, y provoca la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los ecosistemas, y la degradación del suelo. Además, agrava los problemas de salud pública y exacerba los conflictos por la tierra, alimentando un círculo vicioso de desigualdad y violencia”, subraya en el informe.
Un pequeño grupo de empresas ha controlado gran parte del mercado. Las principales corporaciones que operan en América Latina son la JBS y BRF, ambas de Brasil; Tyson Foods, de Estados Unidos; la Smithfield Foods, de China;Minerva S.A., de Brasil; Hormel Foods Corporation y Conagra, ambas de Estados Unidos.
En portada: Incendios forestales se multiplican en toda la región amazónica. En el Perú, donde miles de hectáreas han sido destruidas, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal aprobada en enero del 2024. Foto: Aidesep.
Los incendios forestales en la Amazonía peruana devastaron, entre agosto y septiembre, miles de hectáreas de bosques ante la inacción del Gobierno. La catástrofe ambiental, que deja 20 personas fallecidas, no se explica solo por la sequía y el calentamiento global: detrás hay políticas denunciadas por los pueblos originarios.
En territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia, en conjunto, se perdieron millones de hectáreas en las últimas semanas. Brasil es el mayor afectado, con siete millones de hectáreas quemadas.
No se trata de quema de pastos fuera de control. La agricultura y la ganadería, principales causas de deforestación de la Amazonía, arrasan con inmensas áreas de selva tropical para plantaciones y pastoreo. El fuego también está consumiendo extensas zonas de vegetación en Paraguay y Argentina.
De acuerdo a un reporte publicado en julio por el Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP), más de 106 millones de hectáreas de la región, equivalentes al 13% del bioma amazónico, están cubiertas de cultivos. Mientras que el pasto para ganado abarca 76,3 millones de hectáreas, de las cuales Brasil concentra el 92%. La ganadería ocupa el 9% del bioma amazónico.
En el Perú, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal, aprobada por el Congreso en enero de este año mediante procedimientos irregulares. Los cambios en la norma, propuestos por sectores políticos aliados a empresas extractivistas, permiten el saneamiento de terrenos deforestados.
Ley antiforestal le llaman las comunidades indígenas y organizaciones sociales movilizadas contra la disposición, pues en la práctica se formaliza la deforestación de bosques amazónicos, favoreciendo a los monocultivos (palma aceitera, cacao, café), la tala, tráfico de terrenos, minería (legal e ilegal) y narcotráfico.
