Por John Gibler

Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas

El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a su oficina.

–Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes.

El abogado de 43 años, barba canosa y brazos tatuados, especializado en temas de derechos humanos, llevaba tres años al frente de la más extensa, compleja y ardua investigación judicial de la historia reciente mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país.

Ajeno a lo que se desataría, ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra.

Años de terror

Alrededor de las 17:30 horas del 26 de septiembre de 2014, dos autobuses con estudiantes salieron de Ayotzinapa. Llevaban días intentando conseguir camiones para organizar una caravana con alumnos de las normales rurales del país que viajarían desde Ayotzinapa a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.

Entre las 19:30 y las 20:00 horas, los dos autobuses se separaron; uno se quedó en el cruce de Huitzuco, un lugar conocido como Rancho del Cura, y el otro se dirigió a la caseta de cobro de Iguala. Los estudiantes no sabían que habían sido infiltrados e identificados, y que eran monitoreados por elementos de inteligencia militar. Tampoco tenían cómo saberlo, pero los comandantes de los dos batallones del Ejército en Iguala, el 27 y el 41, y muchos de sus subordinados, formaban parte de una empresa ilegal conocida como Guerreros Unidos, que traficaba heroína desde las montañas de Guerrero hasta los barrios de Chicago.

Los normalistas tomaron tres camiones más y salieron hacia la carretera por dos rutas distintas. Policías de Iguala los persiguieron y atacaron a balazos, parando los cinco autobuses en dos lugares distintos. Llegaron policías de Huitzuco y Cocula, policías estatales y ministeriales, policías federales y soldados en diferentes momentos para apoyar u observar. Ninguno intervino en favor de los estudiantes. Los policías sometieron y se llevaron a los normalistas de dos de los cinco camiones.

Los ataques duraron toda la noche. También atacaron a periodistas, civiles, y a un autobús de futbolistas. En la madrugada empezó a llover. Cuando llegó un grupo de reporteros de Chilpancingo, vio a algunos de los heridos del equipo de futbol, los retenes de la policía, los cuerpos sin vida de dos estudiantes en la calle, y a los soldados encapuchados moviéndose en las sombras.

Al día siguiente, las primeras noticias fueron confusas y la incertidumbre aumentaba. Pero los sobrevivientes y otros testigos dijeron desde el primer momento que fueron policías quienes los atacaron y también quienes se llevaron a los 43 estudiantes.

Frente a los hechos, la política de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue la mentira. Para sostenerla, las autoridades federales encargadas de la investigación torturaron a los detenidos, inventaron un escenario del crimen, amenazaron a testigos, destruyeron y sembraron evidencia, falsificaron documentos, hackearon y espiaron a periodistas, investigadores, y a los abogados de las familias de los normalistas desaparecidos, y hasta mataron y desaparecieron a testigos y personas involucradas en los hechos.

En esos años, de 2014 a 2018, el gobierno insistía en su integridad y buena voluntad a la vez que torturaba –en sesiones grabadas por los agentes del Estado– y mentía. Tuvieron la osadía de bautizar su política de engaños como “la verdad histórica”. Y ni los testimonios de sobrevivientes y testigos, ni las investigaciones periodísticas, ni los dos primeros informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –creado por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– provocaron más que mínimos ajustes a su mentira.

Fueron años de terror.

El compromiso

Desde el inicio, la relación de López Obrador con la lucha de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos fue de tensión y distancia. Y durante los años de terror, sobre todo de silencio.

Hasta que el 25 de mayo de 2018, en un acto de campaña del entonces candidato a la Presidencia en Iguala, una comisión de madres y padres de los alumnos desaparecidos subió al templete y le pidió posicionarse. Ahí, por primera vez, López Obrador se comprometió a investigar los hechos y a crear una comisión de la verdad dirigida por la CIDH y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Desde entonces, el presidente lo que planteaba públicamente era que iba a impulsar una comisión de la verdad”, dice Santiago Aguirre, abogado de las familias y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). “Los papás y las mamás, en buena medida con el acompañamiento de [el Centro de Derechos Humanos de la Montaña] Tlachinollan y del Prodh, desde entonces ya decían ‘no, aquí hay un tema de justicia pendiente’. No tiene que ser un enfoque solo de esclarecimiento de la verdad, sino que importa la justicia penal”.

Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, me dijo en 2018 que no veía con buenos ojos la propuesta del entonces candidato: “Más que la comisión de la verdad, nosotros lo que queremos es la verdad. La comisión ya la tenemos. Tendríamos que partir de las recomendaciones y las investigaciones del GIEI”.

López Obrador repitió su compromiso el 26 de septiembre de 2018, ya como presidente electo. Por primera vez en cuatro años apareció al lado de las familias en un acto de protesta: “Vamos a conocer lo que realmente sucedió”, dijo, “que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”.

El 4 de diciembre de 2018, en su primer acto de gobierno, López Obrador creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) y ordenó a todas las instituciones del Estado entregar la documentación que tuvieran sobre la desaparición de los normalistas. La UEILCA fue creada casi siete meses después, el 26 de junio de 2019, por un acuerdo del fiscal general Gertz.

El fiscal 

A Omar Gómez Trejo sus hermanos lo llamaban “el mudo”. Dice que era muy retraído y callado. Usaba el cabello largo y andaba siempre con cachucha y chamarra de béisbol, deporte que jugó desde niño. Le gustaba el ska y dar el palomazo tocando canciones de José José en la guitarra. Pasaba días enteros leyendo a Fernando del Paso, José Saramago y Antonio Tabucchi. Discutía con su papá priista. Creía en el derecho.

Estudió leyes en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán e hizo el servicio social en una oficina de la Organización de Estados Americanos. Un año después de terminar la carrera, en 2004, realizó una pasantía de seis meses en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. De regreso en México, estudió una maestría en derechos humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Después le ofrecieron un trabajo en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala, y empezó a vivir entre México y el país centroamericano.

Unos cinco días después de los ataques en Iguala, su jefe le preguntó si podía ir con una colega como observador, para entrevistar a familiares y estudiantes. “Me acuerdo que regresamos con mucha información de esas primeras entrevistas. Cuando ya regresábamos de la escuela, mi compañera de la ONU venía llorando atrás y yo venía llorando enfrente. Y el chofer que manejaba no entendía qué pedo. […] Ese momento del regreso fue muy jodido, muy duro, porque te das cuenta de que estás frente a una cosa muy, muy tremenda”.

Imagen del basurero de Cocula tomada por Omar Gómez Trejo cuando lo visitó en octubre de 2014. En ese tiempo, el gobierno de Peña Nieto quiso convertirlo en escenario del crimen de los estudiantes.

Un mes después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamó al jefe de la OACNUDH en México y le ofreció un viaje en helicóptero para observar el basurero de Cocula, donde, decía, fueron encontrados dos estudiantes. Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU. Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).

Ahí les pidieron esperar al “jefe”, que resultó ser Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ordenó llevarlos al basurero. “Y entonces nos suben a una camioneta donde había dos hombres armados con ametralladoras. […] Íbamos todos apretados”. Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.

Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU.  En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones. Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan. Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.

Mientras el Estado construía su supuesta verdad, llegaba a México el GIEI. Gómez Trejo conocía a dos de sus integrantes: la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia. Fue este último quien lo buscó para decirle que necesitaban contratar a alguien en México para ayudarlos, y le preguntó si le interesaba. “Sí, claro”, respondió. Después tuvo una entrevista con otro miembro del grupo, el médico vasco Carlos Beristain, que le pidió integrarse de inmediato. Desde ese día fue el secretario técnico del GIEI.

El GIEI

Yo conocí a Gómez Trejo en ese tiempo. Un día de la primavera de 2015 viajamos juntos a Iguala y Cocula con otras dos personas. Fuimos a realizar entrevistas con testigos clave del caso Ayotzinapa, yo como periodista, él como secretario técnico del GIEI. Hablamos con los dos trabajadores del basurero de Cocula. Nos contaron que fueron a descargar la basura el sábado 27 de septiembre de 2014. Subieron después del mediodía porque el camino estaba mojado debido a la lluvia de la noche anterior. No había nadie. No vieron nada. Después se fueron. Según Murillo Karam y Zerón, unos sicarios estaban todavía incinerando a los 43 estudiantes justo ahí, en ese momento.

Después de ese día, solo vi a Gómez Trejo en las conferencias de prensa del GIEI y en las presentaciones de sus informes. Él viajaba a Guerrero para realizar entrevistas e inspeccionar lugares. Participaba en las búsquedas; a veces se topaban con víboras, a veces con vecinos armados. Otras veces los seguían. Cuando el GIEI se reunía en su departamento, todos metían sus celulares en el refrigerador.

Justo antes del primer aniversario de los ataques, en septiembre de 2015, el GIEI presentó su primer informe. El documento desmentía, con base en pruebas, la investigación de la PGR. A partir de ese día, el gobierno mexicano empezó a cerrar las puertas al grupo y a obstaculizar su trabajo, a la vez que realizaba una campaña mediática en su contra. Aun así, los expertos presentaron un segundo informe seis meses después, que documentó la participación de diversas fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición de los jóvenes y la tortura de los detenidos.

La mayor revelación fue una serie de videos y fotografías que mostraban un operativo de la PGR y la Marina, dirigido por Zerón, en el basurero de Cocula y el río San Juan, realizado —según la grabación de un par de periodistas independientes, constatada en la metadata de sus imágenes— el 28 de octubre de 2014. El GIEI aseguró que no existía en el expediente un solo documento de ese operativo. Regresaron un día después, cuando supuestamente encontraron una bolsa de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora Venancio. De ese día hay muchísima documentación. ¿Qué hacían ahí el día anterior y por qué no documentaron sus acciones, como exige la ley?

El 30 de octubre, Zerón mostró sus propios videos en una conferencia de prensa. Señaló el momento en que Gómez Trejo y su colega de la ONU llegaron a Cocula como observadores. Pausó la grabación e hizo hincapié en el hecho de que Gómez Trejo en ese momento era secretario técnico del GIEI.

Mostrar sus rostros, escribir sus nombres completos en la pantalla, mandaba un mensaje doble. Uno era directo: el gobierno no hizo nada malo, hasta la ONU nos observó, y otro indirecto: te tenemos en la mira, señor secretario técnico del GIEI. Porque fue una pantomima. La PGR torturó a los detenidos, nadie fue incinerado en el basurero de Cocula esa noche de septiembre, sembraron el fragmento de hueso de Alexander Mora Venancio en el río San Juan. Todo fue un montaje.

Y aunque no lo sabían en ese momento, el gobierno ya había infectado los celulares de los miembros del GIEI, de Gómez Trejo, de periodistas y de abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos con el programa israelí de espionaje Pegasus.

“Sí, me dio miedo”, me dice cuando le pregunto sobre ese tiempo. “Porque hubo gente que después me enteré que trabajaba con Tomas Zerón que se me acercaba. Y de pronto hubo un día en que llegaron a mi casa: ‘Ah, ¿qué pasó, jefe? ¿Aquí vive?’. Y ahí sí yo entendí que había que tomar distancia. Entonces tuve que salir de México para evitar,  este… pues cualquier cosa. O sea, esa gente de verdad era poderosa en ese momento”.

El gobierno se negó a renovar el acuerdo con el GIEI, sacando al grupo de expertos del caso y del país en abril de 2016, días después de la presentación de su segundo informe. Gómez Trejo salió de México con el abogado chileno e integrante del GIEI Francisco Cox en un vuelo a Santiago de Chile. Llevó dos maletas. “Fue duro,” dice. “Había una culpa, ¿no? ¿Por qué tengo que irme de México? Lo hicimos bien. Fue un buen trabajo”. De Chile viajó a Guatemala, luego a Washington y después a Nueva York, donde vivió un mes en un hostal, deambulando por las calles de Manhattan hasta que la ONU le ofreció trabajo nuevamente en la OACNUDH, pero esta vez en Honduras.

En ese momento, Juan Orlando Hernández –que actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos— era el presidente. Durante su gobierno, Honduras se había convertido en el país más mortífero para las y los defensores del territorio y del medio ambiente. El 3 de marzo de 2016, un comando al servicio de un exmilitar y empresario mató a la defensora indígena Berta Cáceres en su casa. A Gómez Trejo le tocó investigar su asesinato.

“Entonces, Honduras resultó un desastre por toda la carga emocional de lo que representaba Ayotzinapa”, dice. Después de un año renunció con la idea de volver a México y buscar un trabajo de mesero en la playa.

Un día, mientras se preparaba para el regreso, le llamó James Cavallaro, profesor de derecho y expresidente de la CIDH. Estaba en Honduras. Se fueron a cenar y Cavallaro le dijo que fuera a Washington porque la CIDH necesitaba a una persona conocedora del caso Ayotzinapa para sacar adelante el mecanismo de seguimiento que había negociado con el gobierno mexicano después de que decidiera no ampliar el mandato del GIEI.

Gómez Trejo se fue a Washington para trabajar en el Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA). Su labor consistió en revisar el expediente, principalmente los más de 400 tomos que se habían agregado tras la salida del grupo de expertos.

“Nunca se me permitió viajar de Estados Unidos a México”, dice, “porque al parecer hubo una petición por parte de alguien del Estado mexicano de que yo tenía la prohibición de viajar al país, que negoció eso con el secretario ejecutivo de la comisión interamericana”.

Con el cambio de sexenio, la situación cambió. Gómez Trejo volvió a México en marzo de 2019. El regreso fue difícil: “Los primeros días yo me cagaba de miedo. Ni salía de la casa. Es que todos esos que estaban [involucrados en las torturas y las manipulaciones en la PGR] en el año 2016, cuando me fui, todos esos estaban ahí adentro”.

Los defensores de derechos humanos Ana Paula Hernández y Abel Barrera lo convencieron de que se postulara al cargo de fiscal especial para el caso Ayotzinapa. En ese momento estaban elaborando el acuerdo que establecería la UEILCA. Sus amigos le decían que él conocía el expediente como pocas personas. Llamó al abogado de las familias de los estudiantes desaparecidos, Santiago Aguirre, para consultárselo y pedirle que lo hablara con los padres y madres. Cuando dijeron que estaban de acuerdo, Aguirre mandó el currículum de Gómez Trejo al subsecretario Encinas.

Lo entrevistó Alejandro Gertz Manero, el fiscal general. Le preguntó: ¿Por qué no se ha solucionado el caso? ¿Cuál cree usted que es el principal móvil de la desaparición de estos estudiantes? ¿Y cuántos años tiene, hermano? Al constatar lo joven que era Gómez Trejo, entonces de 39 años, sentenció: “Yo ya era fiscal. Yo era ministerio público cuando usted todavía ni nacía. Imagínese. Estaremos en contacto con usted. Muchas gracias por el espacio que se ha tomado. Hasta luego”.

Apenas quince minutos duró la entrevista para ocupar el cargo de fiscal especial del caso más polémico de México en los últimos años. El siguiente lunes lo citaron para hacerle los exámenes de confianza, desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche, sin tiempo ni para comer. Al día siguiente ya era fiscal.

La marcha del 26 de septiembre de 2021, que fue encabezada por las familias de los normalistas, avanzó bajo la consigna: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. (Paola Macedo/ObturadorMX)

Tiempo de depurar 

Y así, de un día para otro, Gómez Trejo subió al piso 25 de la FGR, juró su cargo ante la Constitución, bajó a la oficina, donde 70 personas lo esperaban, y mirándolas de frente pensó: “Puta madre, ¿qué hacemos?”.

Lo primero que hizo fue entrevistarlas a todas. Hizo un primer análisis de quienes realmente trabajaban y quienes decían cosas como: “No va a poder, jefe, esto está bien amarrado desde arriba”. “Al que traigan no lo va a lograr”. “No, jefe, lo que pasa es que no puedo venir mañana porque soy el padrino de unos 15 años y es lejos. Voy a llevar a toda mi familia, si quiere lo invito. Véngase”.

Un día, recuerda, “me habían elaborado un documento con todas las investigaciones de tortura y estaba sobre mi escritorio. Entró uno de esos ministerios públicos viejos que hacen cochinadas, que cobran casos, etcétera, y me lo robó. Puso sus documentos encima y lo sacó, se llevó todo a su escritorio. Yo me percaté. Bajé a ver las cámaras, vi cuando él salió de mi oficina con mis documentos. Llegué a su escritorio y ahí estaban mis documentos”.

Pidió que levantaran un procedimiento y el superior del ministerio público ladrón le dijo: “No puedo, jefe. Es de mis confianzas. Es mi amigo”. Entonces Gómez Trejo los despidió a los dos. Los corrió es un decir, porque en el mundo de la fiscalía no se puede echar de la institución a ciertas personas, solamente las puedes correr de una parte a otra. Y mientras Gómez Trejo estaba investigando e intentando responder a ese robo, llegó otro funcionario a escondidas a sacar copias de ese mismo documento.

“Entonces ahí empecé a despedir gente. Empecé a depurar”, dice. “Cada mes aprovechaba y cinco fuera, diez fuera. Y hubo una desbandada. La depuración más importante que hice fue en enero de 2020. El último día de diciembre dejaron de trabajar conmigo entre 15 y 20 funcionarios”.

Mientras trabajaba en depurar el equipo y despedir funcionarios, reunía a colaboradores de confianza y sumaba a jóvenes como Damián, nombre ficticio, un abogado lector de Agatha Christie y conocedor del caso Ayotzinapa porque había trabajado en el GIEI.

“Éramos como un oasis en medio del desierto, en una institución con una cultura arcaica: fueron personas de esa misma institución quienes participaron en los hechos delictivos [del caso Ayotzinapa]”, dice Julio, nombre ficticio, quien se integró al equipo de Gómez Trejo y, al momento de realizar la entrevista, sigue laborando en la UEILCA. “El trabajo en la unidad antes de agosto de 2022 era de mucha libertad. Había ciertas limitaciones cuando llegara a encontrarse [en la investigación] un alto mando o un servidor público vinculado a una organización [estatal] de renombre. Intervinieron [en las torturas y mentiras] muchos servidores públicos de muchas esferas, altos mandos que no habían sido judicializados antes. El titular [Gómez Trejo] se involucraba en el trabajo de la investigación muchísimo. Íbamos libres, pero con paso firme. Teníamos la intención de hacer las cosas bien”.

¿Por qué hay tres instancias diferentes investigando un mismo caso? ¿Qué hace cada una? La UEILCA es la unidad especializada de investigación y judicialización del caso Ayotzinapa que trabaja dentro de la FGR. Legalmente debe gozar de absoluta independencia. Es el único órgano con la facultad legal y el poder de investigar, reunir evidencia, detener, llevar ante un juez y presentar pruebas en contra de personas involucradas en la desaparición de los normalistas y en los crímenes relacionados con su encubrimiento, como la tortura. El GIEI estaba formado por un grupo de expertos independientes que ofrecieron asistencia técnica de marzo de 2015 a abril de 2016 a la PGR, y luego a la FGR desde marzo de 2020 hasta julio de 2023. La Covaj es la instancia más extraña de la triada. Su nombre dice que es una comisión de la verdad. Según Aguirre, uno de los arquitectos jurídicos que la diseñó, fue creada para dar legalidad al trabajo político de Encinas.

“Surgió la idea de que hubiera un decreto presidencial que creara una comisión que encabezara Encinas para que tuviera facultades legales”, me dice Aguirre. “No como una comisión de la verdad de las tradicionales que ha habido en América Latina, que tienen el encargo principal de producir un informe de esclarecimiento, sino como un mecanismo que quitara los obstáculos políticos en el caso”.

Las tres instancias trabajarían de la mano, cada una con su función, y en conjunto para investigar, conseguir y compartir información, resolver el caso y hacer justicia. Ese fue el plan. No sucedió así.

El acuerdo que creó la UEILCA ordena que concentre todos los procesos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes. Esta fue una de las recomendaciones del GIEI desde el 2015 y una de las peticiones de las familias. Todas las carpetas de investigación relacionadas con los hechos del 26 y el 27 de septiembre, y con los delitos cometidos por funcionarios públicos durante la “investigación” del gobierno de Peña Nieto, empezaron a llegar a la unidad. Gómez Trejo ordenó integrar dos equipos: el núcleo A para abordar los hechos, el núcleo B para el encubrimiento.

Todas las investigaciones del caso Ayotzinapa eran por secuestro u homicidio. En la UEILCA, Gómez Trejo y su equipo cambiaron la clasificación del delito a desaparición forzada. “Fue de las primeras cosas que hicimos: reclasificar delitos, reconducir investigaciones, reconducir procesos”.

‘Ya, córtenlo’

Uno de los primeros avances en el caso sucedió en noviembre de 2019, pero se hizo público en julio de 2020: el hallazgo de un fragmento óseo en la Barranca de la Carnicería, a unos 800 metros del basurero de Cocula, que pertenecía al pie derecho del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, según confirmó el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Christian Alfonso, me dijo su madre Luzma en diciembre de 2014, amaba bailar sobre todas las cosas. En junio de 2021, el laboratorio de Innsbruck también identificó una vértebra lumbar del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz. Su hermana Anayeli me dijo que Jhosivani estaba contentísimo en septiembre del 2014 porque lo habían elegido para formar parte de un grupo especial de activistas dedicados a estudios políticos que viven juntos en la Casa del Activista en Ayotzinapa.

La persona que les dijo dónde buscar fue el testigo identificado como Juan. Su nombre, Gildardo López Astudillo, ha sido ampliamente difundido en la prensa. Fue un sicario de nivel medio alto dentro de la estructura de Guerreros Unidos en Cocula. Detenido y torturado en 2015, salió de prisión en 2019 y al año siguiente ofreció a la fiscalía su testimonio. Proporcionó la información que condujo a la Barranca de la Carnicería. Así se ganó la confianza de Gómez Trejo y otros miembros de su equipo.

Pero López Astudillo también miente. Obtuve una copia de su declaración. Dice que esa noche la contra se había metido entre los normalistas. Que por eso los atacaron. Asegura que otro miembro de Guerreros Unidos le dijo que esa noche “había habido más de ochenta personas fallecidas”. Pero no hay una sola fotografía o video que muestre a personas desconocidas mezcladas con los estudiantes. ¿Dónde están las familias de las otras treinta y tantas personas que afirma que mataron? Todos los testigos que estuvieron en el centro de Iguala, a quienes entrevisté en los primeros días de octubre de 2014, me dijeron lo mismo: la policía perseguía a los normalistas de Ayotzinapa. Ningún estudiante sobreviviente mencionó haber visto personas desconocidas entre ellos, mucho menos armadas. Su declaración contradice, además, toda la evidencia del caso que demuestra cómo el Ejército tenía infiltrados a los jóvenes en todo momento. Los policías les gritaban “pinches Ayotzinapos” mientras los atacaban. Todos sabían exactamente quiénes eran.

Hay un par de testimonios como el de López Astudillo en la investigación de la UEILCA en los que personas que participaron en los hechos en Iguala mezclan verdad y mentira. Un testigo “Carla”, por ejemplo, dice que miembros de Guerreros Unidos tenían fotos de varios alumnos de Ayotzinapa desde las 17:40 horas del 26 de septiembre, y que esos alumnos eran sicarios de sus rivales, algo promovido desde la “verdad histórica” que carece de todo sustento. “Carla” también miente sobre el asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes, al narrar hechos macabros que habrían sucedido entre las 22:30 y las 23:00 horas de esa noche, cuando Julio César todavía estaba vivo y con sus compañeros sobre la calle Juan N. Álvarez.

López Obrador ordenó a todas las instituciones del Estado que entregaran a la UEILCA, la Covaj y el GIEI la información que tuvieran sobre el caso Ayotzinapa. Pero los militares no cumplieron esa orden. La única institución que, extrañamente, obedeció fue el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en diciembre de 2018 sustituyó al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

Un buen día, una abogada de la UEILCA mandó un oficio al CNI pidiendo toda la documentación del Cisen relacionada con el caso. Alguien envió cajas con la información, que incluía los videos de las torturas que sufrían los detenidos en las instalaciones del gobierno del estado de Guerrero, la PGR y la Marina, grabadas por el propio Cisen. Golpes, toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico: los viejos métodos aún vigentes.

La circulación de esas imágenes entre diversas instancias de investigación generó problemas. “En los videos se veía a la Marina, se veía al Cisen, se veían unidades que estaban trabajando en la tortura”, dice la abogada colombiana Ángela Buitrago, del GIEI. “Ahí empieza Troya”.

Gómez Trejo agrega que los funcionarios de la FGR se negaron a analizar el audio de los videos, algo que pidieron para identificar las voces de las personas que no salían en las imágenes, con la excusa de que la calidad era muy mala. Los investigadores de la UEILCA querían hacer dictámenes de los audios de los videos de la tortura y contrastarlos con los que la propia FGR grababa de sus empleados durante los exámenes de control de confianza. “Entonces, lo que hice fue llevármelos a España porque este país había capacitado a los peritos de la FGR, usaban los mismos aparatos”, explica. “Los peritos españoles los dictaminaron y me dijeron sí, tal es tal persona, y sus voces son tales”.

Varias personas que trabajan en la UEILCA me comentaron que ese tipo de búsqueda de apoyo internacional mostró cómo la unidad no se quedó con los brazos cruzados cuando la FGR los quiso bloquear. Y así pudieron judicializar a varios funcionarios de la PGR por delitos de tortura.

Lograron acusar formalmente a Ignacio Mendoza Gandaria, un mando del Cisen que participó en las torturas, pero nunca se le complementó la orden de aprehensión. La excusa, dice Gómez Trejo, era siempre la misma: “Instrucciones. Decían no, es que esta no podemos por instrucciones”. Después fue promovido, “y cuando nosotros le avisamos a las autoridades del CNI que estaba vinculada esta persona, hicieron un cabildeo en todos lados para que no llegara a la justicia. Lo escondieron y después supimos que quiso cruzar la frontera hacia Estados Unidos, [pero] lo deportaron. O sea, con tal de que no se vinculara al Cisen en el caso”.

Buitrago dice que ese fue un momento de quiebre: “La crisis, crisis, crisis empieza porque se va a judicializar a una persona, y esa persona es del Cisen. Y la crisis empieza en noviembre del 21, porque incluso desde dentro de la misma fiscalía se da la orden de que no se judicialice estando los elementos”.

“Ahí empezaron los días incómodos”, dice Gómez Trejo, “los días en los que venían funcionarios a quererte dar instrucciones, a decirte que por instrucciones de tal o cual funcionario de alto perfil tú no puedes hacer esto”.

En 2022, tres días antes de cumplirse un nuevo aniversario de la noche de Iguala, familiares de los normalistas realizaron un mitin afuera del Campo Militar Número 1 para exigir el castigo de los militares que participaron en los hechos. (Paola Macedo/ObturadorMX)

El 12 de abril de 2018, el periódico Reforma reveló mensajes intercambiados por miembros de Guerreros Unidos en Chicago y México. Los mensajes de texto de Blackberry fueron interceptados por autoridades estadounidenses como parte de una investigación de tráfico de heroína de Guerrero a Chicago. El GIEI recomendó  a la PGR que solicitara la información al gobierno estadounidense. En ese mismo mes, antes de las elecciones presidenciales, el gobierno filtró parte de los mensajes en lo que parecía un extraño intento de dar credibilidad a su “verdad histórica”. No funcionó. De ser ciertas y haber sido interpretadas de manera correcta, las conversaciones mostraban que algunos de los estudiantes seguían con vida a las 15:28 horas del 27 de septiembre de 2014, cuando según la versión de la PGR, en ese momento ya habían sido asesinados e incinerados.

Esos mensajes se convirtieron en una obsesión para Gómez Trejo y su equipo. Cuando empezaron a recibir y analizar la información del caso contra Guerreros Unidos en Chicago se dieron cuenta de que los mensajes que el gobierno solicitó abarcaban desde el 26 de septiembre hasta finales de octubre, pero las autoridades estadounidenses habían empezado a interceptar las comunicaciones del grupo criminal desde abril de 2014, seis meses antes de la desaparición de los normalistas.

La UEILCA pidió las grabaciones y el gobierno de Estados Unidos se las negó. En junio de 2021, la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris viajó a México. El subsecretario Encinas le preguntó a Gómez Trejo si necesitaba algo del caso Ayotzinapa. Las escuchas de Chicago, le dijo. El presidente López Obrador se las pidió a Harris. Unas semanas después, funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense convocaron al fiscal a una reunión en la Ciudad de México. Le preguntaron por qué necesitaba las grabaciones. Considerando que la primera entrega de los mensajes había sido filtrada a la prensa, Gómez Trejo entendía la desconfianza. En agosto de 2021 lo citaron a una reunión en Washington, donde habló con el fiscal del caso en Chicago y con investigadores de la Drug Enforcement Administration (DEA). Les explicó que necesitaba los mensajes interceptados desde abril porque su unidad investigaba crimen organizado además de desaparición forzada. Necesitaban entender y documentar el contexto, cómo operaba Guerreros Unidos desde antes del 26 de septiembre de 2014, y cómo se dio la participación tan activa de todas las fuerzas de seguridad en los ataques a los estudiantes.

Pasaron nueve meses. En mayo de 2022, las autoridades norteamericanas llamaron a Gómez Trejo y lo invitaron a Chicago a revisar la documentación. Días después voló con parte de su equipo.

“Llegamos a Chicago, a la oficina que me dijeron. Nos identifican y bajan por nosotros. Nos llevan, nos presentan al fiscal, a la gente de la división de la DEA, y me dicen, pues ahí están los fólders. Esta es la información. Usted tiene desde las nueve hasta las cinco de la tarde para leer todo eso”.

Gómez Trejo y su colega se quedaron boquiabiertos con lo que leían. Cuando los agentes estadounidenses le preguntaron qué necesitaba, respondió: “Todo”.

“Nos regresamos a México, afinamos la solicitud de asistencia técnica internacional, y en un mes yo subo a Washington para que me manden la información. ¿Por qué subo yo? Porque desconfiaba de que, en un momento dado, alguien más agarrara esos discos y me los copiara. Entonces yo voy al Departamento de Justicia, recojo las evidencias en propia mano y las llevo de vuelta a México”.

“Es una prueba muy contundente del involucramiento que tenía el Ejército con el crimen organizado”, dice Gómez Trejo sobre el conjunto de mensajes interceptados en Estados Unidos. “En las evidencias de Chicago se logra ver que [los militares] venden armas, que capacitan [a miembros de Guerreros Unidos], que reciben dinero”.

Gómez Trejo piensa que haber conseguido esas pruebas fue un punto de quiebre: “Ahí es donde ellos entendieron que estaban en problemas, que había una prueba que no controlaron, había un fiscal que no controlaron. Entonces es cuando dicen: ‘Ya, córtenlo’”.

El derrumbe 

Las familias de los normalistas desaparecidos se desesperaban con lo que percibían como falta de avances en la investigación. En las reuniones con López Obrador, la Covaj y el GIEI, escuchaban cómo el grupo de expertos se quejaba de la falta de acceso a los archivos militares y cómo el presidente insistía en que tenían que abrirlos.

Por fin, en abril de 2021 se dio acceso a algunos repositorios. Buitrago cuenta que, ya con la orden de López Obrador, cuando llegaba el GIEI con la Covaj a los diferentes archivos, los militares decían que no había nada sobre el caso Ayotzinapa. En la Novena Región Militar, en Guerrero, les aseguraron: “Mira, todo es del 2021 en adelante”. “Bueno”, les contestaba Buitrago, “vamos a buscar”.

En la 35 Zona Militar en Chilpancingo se toparon con cerros de papel. “Encontramos un cuarto con anaqueles en donde metían toda la documentación suelta”, dice Buitrago. “Eran bultos de papel, bultos, y ahí encontramos lo de la sanción a Crespo. Iba para destrucción”. Ese documento, la sanción a José Martínez Crespo, el capitán del batallón 21 acusado de formar parte de Guerreros Unidos y haber participado en la desaparición de los estudiantes, muestra que el Ejército realizó una investigación interna sobre los hechos de Iguala que no compartió con la PGR ni la UEILCA, ni con las familias. Negaron, y siguen negando, la existencia de esa investigación.

Otro hecho clave fue el asesinato de Juan Salgado Guzmán, tío de los fundadores de Guerreros Unidos, el 22 de septiembre de 2021, durante un operativo para detenerlo. La acción se precipitó, según alguien cercano al caso, para que López Obrador pudiera presumir un avance en su siguiente reunión con las familias de los normalistas.

“Varios informantes habían hablado de que podía haber ahí resultados, y en el operativo lo mataron”, dice Aguirre, abogado de las familias. “La versión oficial del gobierno es que no descartan que fuera una ejecución extrajudicial. Esa fue una llamada de alerta” de que personas dentro de la FGR seguían obstaculizando la investigación.

El 24 de septiembre de 2021, en la víspera del séptimo aniversario de los ataques en Iguala, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos volvieron a reunirse con el presidente, a quien le reclamaron que las órdenes de aprehensión no se cumplían o no avanzaban, y las dificultades para acceder a los archivos militares. Una madre le dijo que si el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, no ayudaba, habría que quitarlo. López Obrador se enojó. Defendió al Ejército, dijo que estaban colaborando.

Durante el gobierno de Peña Nieto, la filtración de documentos del caso Ayotzinapa fue una constante, y una parte de la estrategia de la construcción y la defensa de la mentira de la investigación. Con Gómez Trejo, del 2019 al 2022, no hubo filtraciones. Fue extraño, entonces, que pocos días después de la tensa reunión entre las familias y el mandatario, Encinas publicara, “por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, dos páginas de un documento militar que contenía extractos de conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos sostenidas el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014. Lo que más sorprendió y alarmó a las familias fue que el documento comprobaba que la Sedena tenía interceptados los teléfonos, al parecer de manera ilegal, del grupo criminal en esas fechas, y que durante años había ocultado esa información.

En febrero de 2022, el GIEI entregó su tercer informe a las autoridades del Estado. Incluye información de documentos del Ejército que prueban que los militares sabían del trasiego de drogas en autobuses de Guerrero a Chicago, que monitoreaban las actividades políticas de los normalistas e incluso realizaron una vigilancia especial durante la fecha de los hechos que “cesa en las horas críticas” del 26 de septiembre de 2014, que operaron las cámaras del C4 en Iguala durante esa noche, las desenfocaron cuando pasaron las patrullas de la policía con los estudiantes, informaron de lo ocurrido a sus superiores, y mintieron sobre todo esto durante los años de investigación y búsqueda de los jóvenes.

En la Semar, el GIEI encontró el video de un dron de la secretaría que voló sobre el basurero de Cocula durante más de dos horas en la mañana del 27 de octubre de 2014. En las imágenes se ve a elementos de la Marina bajando bultos al basurero, esparciendo cosas, prendiendo fuego. Murillo Karam y Zerón llegaron a supervisar los trabajos. Todo esto ocurrió antes de que el lugar fuera declarado como escenario del crimen y un día antes del operativo ilegal en el basurero y el río San Juan documentado en el segundo informe del GIEI.

Mientras tanto, Sedena ya no dejaba entrar a sus archivos. Es más, le negaba a la UEILCA documentos que el GIEI había encontrado en su registro. Esos documentos no existen, respondía a los oficios de solicitud de la unidad.

Aguirre, del Centro Prodh, piensa que la información publicada en el tercer informe del GIEI provocó una especie de “competencia” con el gobierno federal, que el presidente quería tener su propio informe, mostrar que el Estado, la Covaj, podía investigar –no solo los expertos internacionales–, y apurarse a decir que el caso estaba resuelto y que él había cumplido. Lo cierto es que poco tiempo después de la presentación del GIEI, López Obrador empezó a hablar del tema.

El 30 de junio, López Obrador dijo “ya sabemos lo que sucedió” con los normalistas, “este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa”. Una semana después, el 8 de julio, volvió a decir “vamos avanzando” en el caso, e hizo un reconocimiento al general Sandoval por abrir el Campo Militar Número 1 y “todos” los archivos.

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos le pidieron a López Obrador que les compartiera la información que tenía, si es que “ya sabía” lo que pasó. “Es un tormento esto, es algo inhumano; nosotros esperando una respuesta de saber de nuestros hijos, dónde están, y el señor pregonando que ya sabe. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué no ha querido reunirse con nosotros?”, dijo Emiliano Navarrete González, padre del normalista José Ángel Navarrete González.

Cinco días después, el 13 de julio, cuando los padres y madres de los estudiantes se reunieron con Gómez Trejo y su equipo, le preguntaron qué sabía el presidente. En la UEILCA desconocían a qué se refería López Obrador. Las familias dieron una conferencia de prensa donde expresaron su preocupación sobre el pronunciamiento del mandatario. “Los padres y madres de los 43 estudiantes desconocemos también si el presidente de la República lleva a cabo una investigación propia y paralela a nuestro caso y, si es así, nos sorprende de sobremanera porque a la fecha no la ha compartido con nosotros los afectados, ni tampoco con las autoridades”, dijeron.

Para esas fechas, la UEILCA había avanzado con un gran número de órdenes de aprehensión casi finalizadas contra policías de Huitzuco, policías del estado de Guerrero, militares, marinos y miembros de Guerreros Unidos.

Y llegó el 12 de agosto de 2022, ese viernes de verano en que Gertz llamó a Gómez Trejo al piso 25 y le dijo: “Omar, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres y madres de los 43 alumnos de Ayotzinapa al cumplirse cinco años de su desaparición. (Presidencia)

Cronología de una instrucción de Estado 

Lunes, 15 de agosto de 2022

Gómez Trejo elaboró la ficha, la mandó y se fue a su casa a descansar. El lunes 15 de agosto, después del desayuno, Gertz lo llamó a su oficina nuevamente y le dijo: “Hay que preparar un discurso en donde se den todos esos avances”.

Poco después, el fiscal especial habló con Encinas por teléfono. El subsecretario le contó sobre el desayuno con el presidente y mencionó que la Covaj tenía pruebas en contra de cinco militares por la desaparición de los estudiantes. Gómez Trejo pensó que eso estaba muy bien, pero le dijo: “Pues hay 20 militares responsables”.

Ese día se reunió con los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos. Le volvieron a preguntar sobre los pronunciamientos del mandatario, de que “ya sabía” que había pasado con sus hijos. Les reiteró que él y su equipo no tenían idea de a qué se refería López Obrador, y luego les contó de las órdenes de aprehensión en camino.

En esos días, Gómez Trejo también estaba preparando con varios miembros de su equipo un viaje oficial a Israel para conversar con las autoridades de ese país, exponerles los cargos contra Zerón, y pedir su apoyo para detenerlo y regresarlo a México.

Martes, 16 de agosto de 2022

Gertz nuevamente llamó a Gómez Trejo. Le dijo: “Necesitamos la judicialización de Murillo Karam y de militares”. El fiscal se sorprendió. De los militares, así como de muchos policías, funcionarios y miembros de Guerreros Unidos, estaban casi listas las órdenes, pero de Murillo Karam todavía faltaba reunir más pruebas. Pidió consultarlo con su equipo.

Ese día, el director del núcleo B, el área de la UEILCA encargada de investigar y judicializar los delitos cometidos por los funcionarios públicos que participaron en la elaboración y defensa de la llamada “verdad histórica”, estaba fuera de la oficina. El titular de la investigación para judicializar a Murillo Karam estaba de vacaciones. Una joven ministerio público quedó a cargo.

Gómez Trejo bajó a su oficina a hacer llamadas.

Alfredo, nombre ficticio, que trabajaba en el núcleo B, me dijo que sí investigaban al exprocurador, pero aún no estaban preparados para judicializarlo: “Jesús Murillo Karam era una línea de investigación de largo plazo, por la cadena de mando. Teníamos que armar todo lo de abajo para llegar a él. La tortura se usó de una forma sistemática y generalizada en la investigación del 2014… y en general en México”.

Mientras tanto, Gómez Trejo volvió a subir al piso 25 para hablar con Gertz. De los militares y otros involucrados podía sacar las órdenes, pero para el caso del exprocurador necesitaba tiempo.

–Deme un mes –le dijo al fiscal–. Meto a todo el equipo. Obtenemos esas evidencias que necesitamos y nos vamos a sentir más tranquilos. Va a ser antes del 15 de septiembre. Es un mes.

–No, no, Omar, esto no es de un mes, esto es de ahora. Esto es una decisión de Estado, es una instrucción.

–Pues no puedo cumplirla, señor.

–Está bien, hágase a un lado. Si su equipo no puede, voy a mandar a un equipo que lo haga.

“A la par de hacernos a un lado del caso Murillo Karam y de que se metieran a las investigaciones que estaban en la UEILCA”, dice Gómez Trejo, “el núcleo A de la unidad se puso a marchas forzadas a preparar la solicitud de consignación de las 83 órdenes de aprehensión porque esa investigación estaba bastante avanzada”.

Gómez Trejo bajó a su oficina y siguió trabajando en el discurso que le pidió Gertz, en el que nombra a los 20 militares a punto de ser judicializados. Lo mandó, junto con la lista de los militares, a la oficina del fiscal general. “Él siempre supo el número de militares que tuvimos en la investigación y que teníamos para consignar en ese momento, que eran 20. Él siempre lo supo”, insiste Gómez Trejo.

Esos 20 militares son el general Rafael Hernández Nieto, el coronel José Rodríguez Pérez –actualmente general–, el capitán José Martínez Crespo, y los 17 soldados de inteligencia y de la tropa que salieron a patrullar esa noche. “Ellos sabían que estaban desapareciendo a los chavos”, afirma Gómez Trejo, y cuando las autoridades saben de una desaparición forzada y no hacen nada para detenerla, y luego mienten para ocultarla, entonces participan en el delito.

Julio, que trabajaba en las carpetas de investigación de la tortura, recuerda que se acercaba el viaje a Israel cuando empezaron “a preguntar si se podrían encontrar todos los registros que hablaran de Jesús Murillo Karam en la investigación. Fue muy repentino. No teníamos muchos elementos. Recuerdo que dijeron: ‘Es una instrucción del fiscal general que hay que judicializar a Murillo Karam’. Y era difícil. No estábamos acostumbrados a eso. Habíamos estado haciendo todo el esfuerzo por avanzar bien”.

En el núcleo B, Alfredo recuerda que Gómez Trejo respaldó la decisión de no judicializar en 24 horas, como pedía Gertz: “Omar dijo que nos apoyaba”. Envió al fiscal una lista con las personas que Gertz iba a mandar a la unidad. Venían de lo que antes fue la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) –la actual Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)– y de Asuntos Internos. Gómez Trejo quiso confirmar con Alfredo si alguno de los funcionarios estaba involucrado en el caso.

“Reviso la lista y dos personas estaban involucradas en la carpeta”, dice Alfredo. “Pertenecían al mismo grupo [de la SEIDO] de Blanca [Alicia Bernal Castilla, vinculada a proceso por el caso]: un conflicto de interés”. La exfiscal firmó varios de los oficios falsificados de la “verdad histórica”.

“El martes fue cuando llegó la gente de SEIDO y de Asuntos Internos”, me dice Álex, que también trabajó en la unidad. “Y es cuando empiezan a tomar el control de la carpeta”, agrega Damián.

Llegaron cinco personas de lo que antes fue la SEIDO y cinco de Asuntos Internos. Gómez Trejo les dijo: “Como saben, el fiscal [Gertz] quiere esa judicialización. Nosotros creemos que no hay datos, pero por eso están ustedes. Lo que necesiten, aquí estamos”. Luego le indicó a su equipo que ayudara con datos de prueba.

Cuenta Alfredo, del núcleo B: “Nos pusimos a trabajar. Lo que se necesita para una orden de aprehensión es la necesidad de cautela, decirle a un juez que esa es la única manera de llevar una persona a proceso. Empezamos a buscar datos para ese requerimiento. Ahí es donde se empezó a poner incómodo. Tienes que mostrar que puedes localizar a la persona. Una opción es una revisión domiciliaria. Ellos propusieron que se realizara la inspección domiciliaria basada en Google Maps. Tomaron la imagen del street view en Google Maps, pero uno dijo que era una foto que hicieron los policías. Ellos lo vieron súper común. Yo me opuse. Les dije que me parecía que no era necesario hacer una simulación. Una lic de Asuntos Internos dice: ‘sabes qué, tienes razón, no es necesario, vamos a hacerlo sin eso’. Pero ahí se prendió mi foco rojo. Dije, tengo que prestar triple atención con este nuevo equipo. Ahí dije, aquí no confío. Mi ansiedad iba al tope. No estaba el titular. Ellos venían por órdenes superiores”.

Se quedaron trabajando todo el día y toda la noche. Los abogados enviados por Gertz les solicitaban documentos, transcripciones, sacar copias. Regresó el director del núcleo B. Le dijo a una joven ministerio público que la abogada de Asuntos Internos le iba a pedir que firmara la orden de aprehensión. “Yo, en tu lugar, no la firmaría y renunciaría”, le planteó su jefe. “Era una plática que habíamos tenido siempre”, cuenta Alfredo. “Si algún día pedían algo chueco íbamos a renunciar. Omar lo dijo”.

Miércoles, 17 de agosto de 2022

“Estuve despierto toda la noche”, afirma Alfredo. “Amanecí en la unidad. Llegó el director y dijo que nos podíamos ir a descansar. Ya tenían la orden de aprehensión. El 17 de agosto los abogados de Asuntos Internos enviaron la orden en físico y borraron toda copia digital de las computadoras de la UEILCA”.

Gómez Trejo siguió preparando su viaje a Israel.

“Presentaron la orden de aprehensión en el juzgado”, dice Julio, que sigue en la unidad. “Y fue un lapso muy corto en el que se dio la resolución y se libró la orden”.

El GIEI documentó estos hechos en su cuarto informe: “Por medio del oficio FGR/FGAI/1260/2022 se comisionó a la licenciada L. B. [Lidia Bustamante] de Asuntos Internos para que desempeñara funciones de agente de Ministerio Público adscribiéndola a la UEILCA”.

“El 17 de agosto, la licenciada Bustamante, al día siguiente de su comisión de servicio, y un día antes de la presentación del informe de la presidencia de la Covaj, toma el control de la carpeta de investigación FED/S DHPDSC/OI-GRO/0000804/2019, y decide, sin consideración de los tiempos ni opinión de la UEILCA […] solicitar la orden de aprehensión contra el exprocurador Murillo Karam”.

En 24 horas se elaboró la orden de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, que fue detenido el 19 de agosto de 2022 por la Policía Federal Ministerial. (Especial)

Jueves, 18 de agosto de 2022 

“El 18 llegué y me enteré de que el juez dijo que iba a decidir [si otorgar o no la orden de aprehensión] en la audiencia”, dice Alfredo. “FEAI [Fiscalía Especializada de Asuntos Internos] fue sola a la audiencia. Se libró la orden. No avisaron a la UEILCA. El director del núcleo dijo: es necesario que el equipo se quede. Tenía la sospecha de que habría una orden de cateo. Estaba enojado porque no le avisaron de la audiencia”.

Mientras la orden de aprehensión elaborada en 24 horas por personas ajenas a la UEILCA avanzaba, otra sorpresa venía en camino.

Se convocó una reunión con López Obrador, la Covaj, el GIEI y las familias, en la que también estuvieron altos funcionarios como los secretarios de Gobernación, Marina, Defensa, Seguridad y Protección Ciudadana, y Relaciones Exteriores. Gertz leyó el discurso que Gómez Trejo le había preparado y Encinas presentó un informe que ni el GIEI ni las familias conocían.

“La Covaj no nos había dicho nada y nos enteramos en la presentación con el presidente”, recuerda Beristain, del GIEI. “Cuando llegamos ahí ya se veía que era una Covaj diferente. O sea, había una movilización de gente alrededor increíble. Ahí estaba todo el Estado. Quieren que nosotros estemos en el presídium, en la tarima. No sabemos qué se va a decir, no sabemos cuál es el mensaje, no sabemos cómo se ha preparado eso, no se ha informado a los papás de nada, ni a nosotros. Dijimos no, nosotros estamos con los papás, nos ponemos abajo y ahí escuchamos”.

Ese día, Encinas se quejó de los obstáculos que había en la FGR, como no ejecutar órdenes de aprehensión, y en el Ejército, que no entregaba documentos relacionados con el caso. Presentó ante las familias de los estudiantes desaparecidos un documento de 97 páginas que retomaba material del tercer informe del GIEI, complementado con capturas de pantalla de la aplicación WhatsApp con supuestos mensajes sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Los mensajes narraban la violencia que habrían sufrido esa noche los hijos de los hombres y las mujeres sentados abajo, que escucharon todo sin ninguna preparación sicológica para enfrentar los impactos. Revivieron los años de terror con los exprocuradores Murillo Karam y Arely Gómez. En el informe también se acusaba a cinco militares de Iguala de haber participado en la desaparición de los estudiantes. El problema fue que esos mensajes habían sido falsificados, no tenían ninguna credibilidad. Pero en ese momento, en ese estado de shock, ¿cómo saberlo?

Ni las familias, ni sus representantes, ni el GIEI, ni siquiera Gómez Trejo y su equipo habían visto ese informe o los mensajes. Tanto el grupo de expertos como la Covaj habían trabajado bien y compartido todos sus hallazgos, también con la UEILCA. Hasta ese día.

Gertz negó que la fiscalía pusiera obstáculos, y leyó el discurso que le preparó Gómez Trejo, que mencionaba a los 20 militares que pronto tendrían órdenes de aprehensión. Después habló el presidente: “Yo quiero decirles que sus hijos, que su lucha no ha sido en vano; sus hijos han sido semillas de cambio. Nosotros hemos llegado al poder para que esto no vuelva a pasar”.

Las familias lloraban. Salieron sin hablar con la prensa. Fueron al Centro Prodh, donde tuvieron una reunión con sus abogados y el GIEI. De inmediato, pidieron al grupo de expertos hacer un peritaje de las capturas de pantalla para confirmar su autenticidad. Porque, incluso a primera vista, todo parecía muy extraño. Como sabían por las escuchas de Chicago, en Guerreros Unidos usaban Blackberry, no WhatsApp. Y hablaban en clave, pero esos mensajes llevaban nombres y apellidos y lugares precisos, y arcos narrativos como si fueran guiones.

Beristain dice que todos estaban aterrados porque, una vez más, el gobierno estaba publicando información sin sustento y sin compartirla con nadie. “Fuimos con los papás para tener una reunión. Yo les dije: ‘¿Cuál va a ser el mensaje mañana? Los screenshots. ¿Cuál tendría que ser el mensaje? Que fue un crimen de Estado. Punto. Ese es el mensaje’”. Pero ese mensaje quedó una vez más enterrado por las reacciones que generó el golpe mediático de la información falsa. “Después de todo este tiempo”, afirma el médico, “si empezamos otra vez con procesos que patean a las víctimas, entonces estamos en la destrucción de nuevo”.

“Y con eso se fueron los papás a Guerrero, muy tristes”, dice Aguirre. “El mensaje era de cierre”.

Cox, del GIEI, creyó lo mismo. “Yo pensé: acá lo que están intentando es cerrar el caso”, dice. “No sé si cerrar el caso propiamente, pero se quería como dar una versión final de lo que había ocurrido, sin el sustento necesario para ello”.

Cuando Gómez Trejo salía de Palacio Nacional, después de la presentación del informe, se le acercó el fiscal general y le dijo que Félix Santana, secretario técnico de la Covaj, llevaría un testigo a declarar ante la UEILCA esa tarde. Gómez Trejo le recordó que tenía que preparar su viaje del día siguiente a Israel, que sería mejor tomar la declaración a su regreso. Pero Gertz insistió: “Reciba a ese testigo”.

“Ese testigo se entrevistó hasta el jueves en la noche”, dice Gómez Trejo. “Fue una declaración larga”.

Era una persona que tanto la UEILCA como el GIEI habían descartado como testigo confiable. Beristain estaba conectado por Zoom durante la declaración. “El [testigo] este dijo unas cosas que no tenían consistencia”, recuerda. “Félix fue a decir otras que tampoco tenían consistencia. Aumentó mucho la tensión interna, aumentó mucho también la tensión entre la Covaj y la UEILCA a partir de ahí”.

Esa noche, la licenciada de Asuntos Internos dijo que la UEILCA debería realizar la aprehensión de Murillo Karam. Alfredo, del núcleo B, cuenta que la joven ministerio público aseguró que no iba a firmar nada. Llamó a su director, quien tenía que estar en el aeropuerto en un par de horas. Llegó a la oficina en pants, enojado. Un policía le enseñó una foto del exprocurador en la ventana de su casa, tomada ese mismo día, alrededor de las 20:00 horas.

“En ese momento nos enteramos de que la inspección [de la ubicación del acusado] se iba a realizar con base en una foto que habían tomado anteriormente”, dice Alfredo. “Nosotros estábamos investigando algo relacionado con una inspección policial simulada y no queríamos que se repitieran los errores del 2014. Pensé: soy joven, tengo la vida por delante, no quiero cargar con una cosa indebida. La joven ministerio público a cargo se fue con su director y le dijo que no iba a firmar nada que tuviera que ver con esa judicialización. El director le dijo que lo tenía que hacer. Ella le dijo que antes ponía su renuncia sobre la mesa. Se puso a llorar. El director se rio de ella. Entonces, anunció su renuncia. […] Al final no hicieron esa inspección, pero ya que ella había renunciado”.

Viernes, 19 de agosto de 2022

Gómez Trejo y el titular y una fiscal del núcleo B de la UEILCA viajaron temprano a Tel Aviv. Las personas con más autoridad, y supuestamente independencia, del caso Ayotzinapa estaban en un vuelo transoceánico de más de diez horas mientras personas ajenas al caso, incluidos elementos de la ex SEIDO que la unidad investigaba por delitos de falsificación de pruebas, tortura y desaparición forzada, tomaban el control de su oficina.

“Todo eso pasó cuando Omar y el titular del núcleo B estaban en Israel”, dice Julio. “Eso dejó al equipo desprotegido. Fue una invasión. SEIDO y Asuntos Internos querían instruir a la unidad. Pero la unidad se creó con independencia y estaba investigando a SEIDO. Y todo eso pasó por instrucción del fiscal general”.

Ese día, Murillo Karam salió de su casa en Lomas de Chapultepec y se entregó a la Policía Federal Ministerial. También se libraron 83 órdenes de aprehensión por el caso, que incluían a 20 militares.

Sábado, 20 de agosto de 2022 

El sábado, los fiscales de Asuntos Internos Lidia Bustamante y Sergio Navarro presentaron a Murillo Karam ante el juez. Fue un caos.

“Cuando vamos a la audiencia de Murillo como abogados”, dice Aguirre, “ya no vemos al equipo de Omar. Vemos a otra gente. Y empiezan los problemas en la audiencia”.

“Tenían un desmadre de papeles en la mesa”, recuerda Alfredo. “Se la pasaban dando vueltas a los papeles. El juez preguntó: ‘¿Hay alguien en el público que sí conozca la carpeta?’. Dicen sí. El juez dice: ‘Que suba a la audiencia. Les voy a dar 20 minutos para que se organicen’”.

Circuló la noticia: “Juez recrimina a fiscales por ‘no estar preparados’ en audiencia de Murillo Karam”.

Domingo, 21 de agosto de 2022

El GIEI publicó un comunicado diciendo que no participó en la elaboración del informe de la Covaj, que no supo de su contenido hasta el día en que se presentó, que no había visto ni analizado los supuestos mensajes de WhatsApp, y que le preocupaba el hecho de que no se hubiera compartido esa información con el GIEI y la UEILCA como parte de su coadyuvancia.

Carlos Beristain y Ángela Buitrago ofrecieron el último informe del GIEI el pasado julio. El médico vasco advirtió sobre el riesgo de que “la mentira se institucionalice como respuesta”. (Emiliano Molina/ObturadorMX)

Jueves, 25 de agosto de 2022

López Obrador anunció que enviaría una “iniciativa preferente” para integrar la Guardia Nacional a la Sedena. Como ha sido ampliamente documentado, el mandatario ha dado más facultades y más poder al Ejército que cualquier otro presidente en la historia de México.

Al día siguiente, por la tarde, Gómez Trejo regresó de Israel.

Martes, 30 de agosto de 2022

Gómez Trejo se reunió con Gertz para informarle del viaje. Estaba emocionado, pensó que las autoridades israelíes habían sido muy receptivas ante las pruebas contra Zerón que les compartieron. El fiscal general le escuchó y después le dijo: “Mire, ahorita quiero que usted esté tranquilo, que no investigue más, porque quiero saber qué es lo que tiene usted en su oficina. Entonces le voy a mandar una auditoría. Va Asuntos Internos, le va a hacer una auditoría de todas sus investigaciones”.

Los dos fiscales de Asuntos Internos que llevaron la judicialización de Murillo Karam seguían en las oficinas de la UEILCA, aunque su equipo de apoyo se había retirado.

Poco a poco fueron tomando el control de la investigación. De un día para otro, retiraron a los policías que apoyaban a la UEILCA. Se dijo que tenían que tomar unos cursos en Querétaro, en un lugar conocido como La Muralla, donde capacitan a policías federales ministeriales. Los agentes llegaron, pero no había ningún curso ni capacitación. Solo podían salir al jardín, usar las instalaciones deportivas, el gimnasio. Ahí estuvieron un mes.

Septiembre de 2022

El lunes 5 de septiembre, un equipo de seis abogadas, todas mujeres, llegaron con un oficio para realizar una auditoría a la UEILCA.

“Se pusieron a revisar las investigaciones”, cuenta Julio, que trabaja en la unidad. “Buscaban como quienes quieren encontrar algo en particular”.

Buitrago, del GIEI, notó lo mismo. “Yo llego ese día”, recuerda, “y veo una mesa de seis personas. Para mí, fue una imagen grotesca. Una gente comiendo, traían sándwiches, traían todo encima de una mesa que pusieron. Seis personas que entraban y cogían un expediente y se sentaban a mirarlo. [Hace el gesto de alguien revisando un documento hoja por hoja, sin prisa, sin leer.] Y de pronto tú veías que se paraban, llamaban, y volvían y se sentaban. Y perdón, pero… Yo conozco el tamaño de los expedientes. Tú no habrías podido conocer la tercera parte de la investigación [trabajando así]”.

La invasión de la FGR a la unidad se formalizó como una auditoría ese 5 de septiembre. El GIEI señaló en su cuarto informe: “En un comienzo, el mandato temporal [de la auditoría] era entre el 5 y el 8 de septiembre, luego se prorrogó hasta el 14 de septiembre, posteriormente al 21 del mismo mes y luego al 30. […] Llama la atención que en tres años de funcionamiento nunca se había llevado a cabo una en la unidad”.

Después de un par de días, Buitrago y Beristain pidieron una reunión con la encargada del equipo de abogados enviado por Gertz.

–Perdón –les dijo Buitrago–. ¿Por qué se hace esta visita?

–Es que no podemos darle esa información.

–¿Cómo que no? Me la puede dar porque yo sí estoy interesada en saber, ¿por qué se hace esta visita? Yo he estado en esta unidad desde el 2019. Nunca ha venido una visita. Cuénteme por qué se hace esta visita sin que viole la reserva. Yo no le estoy diciendo que viole la reserva.

–No podemos. Es una rutina.

–Ah, ¿rutina? ¿Y por qué pidió solamente el proceso de las 83 órdenes? Si aquí hay 70 procesos.

–No podemos decirle nada. 

“Se fueron”, dice Buitrago. Las seis abogadas se levantaron de la mesa y salieron de la oficina. Volvieron al día siguiente como si nada hubiera pasado.

Y es que todo el mundo se dio cuenta de que la “visita” tenía un interés muy particular: las órdenes de aprehensión contra militares y otros oficiales.

“Primero llegaron a buscar en nuestras investigaciones porque llevaban a Murillo”, dice Julio, “pero su cometido eran los militares. Ahí anunciaron la cancelación de las órdenes de aprehensión cuando Asuntos Internos ya tiene el control”.

El viernes 9 de septiembre, menos de una semana después de la llegada de la “visita”, Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal especializada en Derechos Humanos, y Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos, firmaron los primeros oficios que pedían la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 contra militares, de las 83 que la UEILCA había elaborado, y que habían sido concedidas por un juez. Ese mismo día, López Obrador formalizó en un decreto el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

El siguiente martes, 13 de septiembre, un ministerio público federal mandó la cancelación al juzgado.

Dos días después, Gómez Trejo y el director del núcleo A de la UEILCA enviaron un oficio al juez que había liberado las 83 órdenes de aprehensión. “Le cuestionamos las razones por las cuales las había cancelado”, dice, “por qué había roto el sigilo, por qué enseñó a otros funcionarios de la FGR las órdenes de aprehensión, y por qué había escuchado a otros fiscales para cancelarlas”. Después subió por última vez al piso 25 para entregar su renuncia.

“Yo me voy a Israel. Salen las órdenes de aprehensión”, cuenta Gómez Trejo. “Y después, cuando regreso, no tengo policía, no puedo seguir investigando, me van a hacer una auditoría y todo eso. Y hay un equipo por otro lado que está queriendo cancelar las órdenes de aprehensión. Y ahí el fiscal dice: ‘usted ya no se mueva, usted ya no haga nada’. Ahí quedé paralizado”.

En ese tiempo llamó al subsecretario Encinas y le dijo que estaba pasando algo que no entendía. “Le digo: yo no sé qué está pasando. Y después me dice: es porque judicializaste a militares. Le digo: pero esa fue la petición. O sea, sí hubo una petición, nosotros estábamos listos para judicializar y lo hicimos. Pues no fue así, [dijo,] porque te excediste en cuanto al número de militares. Al final me explicaron que al parecer no se pusieron de acuerdo entre las distintas instancias que tomaron esos acuerdos”.

Gómez Trejo se dio cuenta de que lo habían hecho a un lado, no podía investigar, las personas que tomaron el control de la oficina estaban haciendo cosas indebidas como cancelar órdenes de aprehensión basadas en pruebas y concedidas por un juez, y no se quiso prestar a eso. Buitrago y Beristain le dijeron que tenía que aguantar y denunciar todas las irregularidades.

Pero fue en el momento que se enteró, por conocidos del juzgado, de la cancelación de las 21 órdenes, y se dio cuenta de que los fiscales de Asuntos Internos ni siquiera le avisaron que iban a pedirla, que dijo: “Hasta aquí”. “Ahí ya entendí que yo no tenía una oficina. Para mí era imposible seguir trabajando en esas condiciones”.

Ese mismo día, 15 de septiembre, detuvieron al general retirado José Rodríguez Pérez por delincuencia organizada y desaparición forzada en relación con el caso Ayotzinapa. Fue uno de los cinco militares incluidos en el informe de la Covaj.

“Llegó Omar y nos dijo que lo habían sacado del caso”, recuerda Aguirre, “que no había estado su gente [llevando la audiencia de Murillo Karam] porque Asuntos Internos había intervenido. Y paralelamente nos habían informado de la detención del coronel Rodríguez Pérez del 27 batallón”.

Gómez Trejo se reunió con las familias al día siguiente y les explicó sus razones: “No están actuando bien, no están haciendo las cosas bien. Están otra vez haciendo lo mismo: una intervención directa de muy alto nivel en la investigación”.

El 27 de septiembre se publicó la noticia de la renuncia de Gómez Trejo. Dos días después, el GIEI presentó su cuarto informe, que pone en duda los mensajes de WhatsApp atribuidos a Guerreros Unidos hechos públicos por la Covaj.

Ese mismo día 29, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador dio su respaldo a Encinas: “Se va a actuar a partir del informe que presentó la comisión. Y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables. Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación, hablando de más personas en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco”.

El presidente parecía referirse al desayuno que tuvo aquel 15 de agosto con Encinas, Gertz, López y Zaldívar: “Viene en el informe una lista de responsables. Acordamos con la fiscalía y con el poder judicial que esto iba a requerir de la colaboración de las instituciones, […] que en un asunto tan importante teníamos que ayudarnos mutuamente. Entonces, cuando se tiene el informe, se le plantea al fiscal, aquí está el informe. Y queremos que se actúe. Pero que se actúe ya”.

Luego atribuyó la renuncia de Gómez Trejo a celos profesionales: “Entonces, el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas. Yo daba por hecho que habían participado todos. Sí. Entonces, no les gustó que se actuara así. Ni le gustó el informe, al fiscal que estaba. Por eso planteó lo de su renuncia”.

Un día después volvería a mencionar esa conversación. “En ningún caso tuve resistencia del fiscal, Gertz Manero, ni del presidente de la corte, porque hablé con ellos, les pedí apoyo y colaboración y los dos siempre [estuvieron] dispuestos a ayudar”, dijo el presidente, reconociendo una vez más que una cúpula del Estado se reunió para ponerse de acuerdo sobre una investigación criminal que implica a cientos de policías, militares y funcionarios públicos en delitos de lesa humanidad.

“Imagínense”, agregó López Obrador, “si por años se habla de que ‘fue el Estado’, pues sí. ‘Y fue el Ejército’, pues sí, pero no la institución: son elementos”.

Octubre de 2022

El 5 de octubre, Gómez Trejo entregó la oficina de la UEILCA al tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, un abogado sin ninguna experiencia en casos de tortura o desaparición forzada, que venía de trabajar en el controvertido proyecto del Tren Maya como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Anteriormente había sido titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Una de sus primeras acciones fue trasladarse del piso 13 al 11, y cerrar la vista a su despacho. “[Antes] eran oficinas de cristal en las que todo se veía”, recuerda Álex, que en 2015 colaboró con el GIEI y trabajó en la UEILCA del 2020 al 2022. “Y en el piso al que nos cambiamos, la oficina del nuevo fiscal es cerrada, es grande, y no puedes ver nada. Hasta tiene silloncito de espera afuera”.

En alguna fría ciudad de los Estados Unidos, durante un par de días de invierno, Gómez Trejo me contó su historia. Dice que cuando el presidente empezó a mencionarlo en sus conferencias de prensa, a decir que quiso proteger a Murillo Karam, y que inició una mini rebelión dentro de la fiscalía y quiso reventar la investigación, le dio miedo.

“Lo que está diciendo”, afirma Gómez Trejo, “es ‘le quité todo mi apoyo. Él ya no pertenece a esto. Él me desafió. Él desafió al Ejército’. Es decir, te puede activar cualquier reacción de cualquier lado. Hay gente del crimen organizado, hay gente del Estado, hay gente que tiene recursos, hay gente que puede hacer cualquier cosa. Yo me sentí muy vulnerable. Superexpuesto. Que el presidente te criminalice en su mañanera es otro nivel de mensaje el que manda. Tuve que salirme. En fin, no es fácil. Ahora hay que inventarse otra vida”.

Damián presentó su renuncia poco tiempo después de la salida de Gómez Trejo. Cuenta que uno de los abogados enviados por Gertz le dijo que ya podía tomar sus vacaciones, aunque la normativa no lo permitía, pues ya había disfrutado ese periodo. “Es que es una instrucción”, le contestó.

“Esa es la palabra”, dice Damián. “Yo quiero escribir algo donde el título sea ‘La instrucción’, porque es lo único que te saben responder. Tú dices ‘eso está mal’. Y te contestan ‘no, es la instrucción’. ‘Oye, es que eso no se puede hacer’. ‘No, no, no, es la instrucción’. Y yo digo, a lo mejor en su eterna ignorancia esta gente no entiende lo que significa, por ejemplo, haber dicho eso en los juicios de Núremberg [donde los nazis atribuyeron sus crímenes a la obediencia de órdenes superiores], porque obviamente no entienden de derechos humanos. O sea, la salida de Omar no solo significa dinamitar el caso, lo que ya es grave y complicado. Significa también desmantelar un semillero de cómo se tiene que enfrentar la realidad más cruda que vive este país, que son las más de 100,000 desapariciones”.

Un participante en la marcha organizada hace dos años en la Ciudad de México para conmemorar el séptimo aniversario de la desaparición de los jóvenes. (Mayolo López Gutiérrez/ObturadorMX)

Las secuelas

Las familias de los estudiantes desaparecidos se volvieron a reunir con López Obrador después de la renuncia de Gómez Trejo. Estaban consternadas. El presidente intentó explicarles el conflicto que había por el número de militares consignados en las órdenes de aprehensión. Dijo que Gómez Trejo había intentado reventar la investigación aumentando el número a 20 inculpados: “A mí me dijeron que eran cinco”.

“A lo mejor es nuestra ingenuidad oenegera, pero, ¿por qué tendría que estar negociando el presidente con el Ejército el número de acusados en un contexto de estudios basados en la prueba?”, dice Aguirre, que estuvo presente en la reunión. “Son los que la prueba te dé. Si es uno, uno. Si son dos, dos. Pero, al tiempo que el presidente explicaba a las familias su teoría de cómo había variado el número, estaba confesando la manipulación de la justicia. Y de eso es de lo que venimos huyendo en este caso. Eso era lo que iba a cambiar”.

El 31 de octubre de 2022, el GIEI convocó a una conferencia de prensa en la que dio a conocer el resultado del peritaje independiente de los mensajes de WhatsApp que sostienen el informe de la Covaj. En pocas palabras, el GIEI concluye que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes”. Las fechas de la metadata no coinciden con las fechas de los mensajes. “No puede existir metadata posterior a un mensaje anterior, es inconsistente”, dice Cox. “Entonces, esa información no sirve para nada. Para nada”.

Varios elementos de las imágenes –como la doble palomita azul– no existían en WhatsApp en septiembre de 2014, la fecha de los supuestos mensajes. El informe de la Covaj quedó completamente desacreditado. Pero ya importaba poco: el presidente lo respaldaba, Gertz apoyó al presidente, y habían tomado el control de la UEILCA.

Claudia Paz y Paz y Francisco Cox renunciaron al GIEI en protesta por las intromisiones políticas en la investigación. Ángela Buitrago y Carlos Beristain se quedaron, aunque también dejarían el grupo y el caso en julio de 2023, denunciando las mentiras y la negativa del Ejército a entregar todos los documentos relacionados con el caso, particularmente las transcripciones completas de las llamadas interceptadas –al parecer de manera ilegal– entre miembros de Guerreros Unidos.

En la presentación del sexto y último informe del GIEI, Beristain dijo: “El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad […]. El GIEI ha llegado con este informe hasta el límite de donde se ha podido investigar como asistencia técnica. El GIEI ve imposible continuar con su trabajo. […] Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes. […] El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”.

En junio, cuando ya se sabía que el GIEI saldría del país en protesta por la negativa del Ejército a entregar los documentos del caso, se restablecieron 16 órdenes de aprehensión contra militares canceladas en 2022. Las nuevas órdenes contenían las mismas pruebas que las primeras, mostrando que su cancelación se debió a una instrucción política y no a una razón jurídica. El 8 de julio detuvieron al general Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón en Iguala cuando sucedió la desaparición forzada de los 43 estudiantes, pero unas semanas después le permitieron enfrentar el proceso en prisión domiciliaria. El 25 de julio detuvieron a Gualberto Ramírez, exfuncionario de la SEIDO acusado de tortura y desaparición forzada. Murillo Karam sigue en la cárcel, y Zerón continúa prófugo en Israel, luego de que Encinas fuera grabado en ese país diciendo que no creía que Zerón fuera culpable y ofreciéndole inmunidad a cambio de información sobre el caso.

Las órdenes de aprehensión contra Iñaki Blanco, el exprocurador del estado de Guerrero, y Lambertina Galeana, la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, nunca fueron reactivadas. Ambos gozan de amnistía de facto.

Después de la presentación del último informe del GIEI –con los detalles de la participación del Ejército en la desaparición forzada de los estudiantes y sus casi nueve años de negaciones y mentiras–, López Obrador rechazó lo que había dicho el grupo de expertos y manifestó su apoyo a las Fuerzas Armadas.

El pasado jueves 21, el presidente mostró un par de cartas en las que solicitaba al secretario de Defensa proceder con la detención de militares involucrados en el caso. (Gabriel Pano/ObturadorMX)

El 21 de septiembre de 2023, en su conferencia de prensa matutina, el presidente mostró dos cartas que le envió al secretario Cresencio Sandoval. La primera se la mandó el 12 de agosto de 2022, el mismo día que Gertz le dijo a Gómez Trejo que le preparara una ficha con los avances en el caso Ayotzinapa para un desayuno que tendría unos días después con López Obrador. En la carta, el mandatario le pide al secretario de Defensa que proceda contra cinco militares involucrados en la desaparición de los normalistas, según un informe de la Covaj. Un informe ahora desacreditado y abandonado, es decir: con pruebas falsas. Pruebas había –en las escuchas de Chicago, en el análisis de telefonía de los militares–, pero no en ese informe.

En la segunda carta, enviada el 23 de mayo de 2023, el presidente pide al secretario de Defensa su apoyo para detener a 16 miembros del Ejército por sus relaciones con el narcotráfico y su negación a prevenir la desaparición de los estudiantes. Son los mismos 16 militares a quienes les cancelaron las órdenes de aprehensión en septiembre de 2022, que volvieron a girar –con las mismas pruebas que consiguió la UEILCA– en medio de las críticas del GIEI al Ejército por no entregar toda la documentación sobre el caso.

El mismo día en que mostró las cartas, el pasado 21 de septiembre, se dio a conocer que habían despedido a los últimos fiscales que quedaban del equipo original de la UEILCA.

En poco más de un año, frenaron las investigaciones y tomaron el control del caso.

“Se dinamitó la mejor investigación que este país ha tenido en años”, dice el abogado Damián. “Hay elementos con esto para pasarse a la corte interamericana, porque el hecho es que, si tú pones a una persona, que trae 60 personas más que no saben y no tienen idea de cómo se hace el trabajo, la desaparición forzada sigue, perpetúan la desaparición”.

A finales de octubre de 2022, después de la conferencia en la que el GIEI anunció que dos de sus miembros se iban en protesta por las manipulaciones del caso, Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel, se acercó a despedirse de Claudia Paz y Paz y Francisco Cox. Los abrazó y les dijo: “Nos dieron la esperanza solo para quitarla. Es como si nos hubieran dado alas para cortarlas cuando estábamos volando alto”.

Las familias, nueve años después, siguen enfrentando un Estado que miente, siguen luchando para encontrar a sus hijos.

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**Foto de portada: En 2019, Omar Gómez Trejo se convirtió en titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Tras su renuncia en 2022, decidió salir del país. (Cortesía José Manuel Jiménez / Proceso)

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La imagen muestra a Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia la mañana del día en que desaparecieron. Aunque el análisis de la fotografía podría contribuir a establecer su paradero e identificar a los culpables del delito, según especialistas, la FGR se niega a integrarla a la investigación y a hacer un peritaje del celular de uno de los detenidos

Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos

Horas antes de su desaparición, el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el profesor y líder comunal Antonio Díaz Valencia fueron fotografiados en Aquila mientras desayunaban. Tres días después, sus familiares vieron por accidente en la pantalla del celular de un funcionario esa imagen, que podría ser la última de los defensores.

La fotografía fue tomada el domingo 15 de enero de 2023, alrededor de las nueve horas, en el comedor de la casa de un comunero. En el desayuno estuvieron también presentes Uriel Gutiérrez de la Cruz, de 37 años, minero de profesión, quien el pasado 20 de septiembre fue elegido presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad michoacana, y Luis Zapién Meraz, de ocupación fontanero, junto con su familia; ambos pertenecían al grupo de comuneros, propietarios de tierras concesionadas a la minera Las Encinas, que lideraba el profesor.

En la imagen es posible observar cómo iban vestidos Lagunes Gasca y Díaz Valencia el día en que fueron interceptados, secuestrados y desaparecidos por un comando armado en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, cuando se dirigían a Colima después de participar en una asamblea comunal en Aquila. Ambos defensores mantenían una lucha social y legal contra la trasnacional Ternium, que opera la mina.

Aunque se desconoce la finalidad con que fue tomada, se presume que la fotografía fue enviada a los perpetradores. “Esa foto fue captada en la mañana del día en que los desaparecieron. Pensamos que era para los halcones, para que los ubicaran”, señala una fuente cercana al caso que, al igual que otras dos personas consultadas para este trabajo, pidieron no ser nombradas por razones de seguridad.

En la foto se ve al abogado vestido con una camisa de rayas rojas y blancas, y una chamarra negra. Está sentado, desayunando. Al fondo se observa inclinado al profesor nahua, vestido con un pantalón gris, camisa clara y sombrero. Ninguno mira hacia la cámara.

La fotografía, que por el ángulo podría haber sido tomada por una persona sentada frente a Lagunes Gasca, estaba en poder del fiscal especializado en Desaparición de Personas de Colima, Héctor Javier Peña Meza, quien no informó sobre su existencia ni la presentó como prueba para incorporarla a la carpeta de investigación.

La foto del líder nahua y el abogado fue tomada la mañana del día en que desaparecieron, cuando desayunaban en la casa de un comunero. (Especial)

“¿Cómo la obtuvo? ¿Quién se la envió? ¿Por qué la tenía? No se sabe nada de eso. Evitó decirlo, solo confirmó que era de ese día y pidió discreción cuando la vieron en su celular”, señala la misma fuente.

Es una pieza crucial para el caso. Pero a más de ocho meses de la desaparición de los defensores, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, se ha negado a integrar la foto a la carpeta de investigación y a solicitar el análisis de los metadatos, que permitirían confirmar la fecha y la hora en que se tomó, con qué teléfono móvil o cámara, el tamaño de la imagen, e incluso si se usó o no zoom. “Se presentó como prueba, pero la fiscalía especializada no la ha querido integrar y no dicen por qué se niegan”, agregó la persona entrevistada.

Esta información fue corroborada con otras dos fuentes cercanas al caso, quienes explicaron que, aunque se interrogó a tres personas que estaban desayunando ese día con los defensores, no ha habido ninguna investigación derivada de la existencia de la fotografía.

“No hay peritajes, no se vislumbran pedidos oficiales de investigación ni se informa qué se ha hecho al respecto. Solo les preguntaron [a las personas] si estaban presentes en el desayuno, y no investigaron más”, señaló una de las fuentes. “Parece ser la foto entregadora que dice ‘así están vestidos, para que no haya errores y agarren a otros’. Hay la sensación de que debería haber una segunda foto, [con] la [imagen] de Antonio más clara, porque está muy atrás”, afirmó la segunda fuente consultada.

Pero las autoridades federales no solo se han negado a investigar e integrar como prueba la fotografía, sino que han dejado fuera del caso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pese a que tiene abierta una carpeta de investigación y desde el 7 de febrero ofrece una recompensa de 500,000 pesos para quien aporte información que permita localizar a los defensores. “El expediente de Michoacán no lo integró la FGR y, por tanto, la investigación no abarca Michoacán. Es un nudo de corrupción entero”, dijo una de las fuentes, quien consideró que estas acciones buscan proteger a la minera, cuyos directivos llegaron a amenazar al abogado y al profesor.

Díaz Valencia y Lagunes Gasca intensificaron en los últimos cinco años su lucha social y legal en contra de Ternium para obligarla a cumplir el pago de regalías de 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que extrae la minera —según datos de 2017— y a saldar un adeudo superior a tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras, en cumplimiento de los convenios firmados en 2012 y 2017. Díaz Valencia lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca.

Desde 2019 también sostenían una lucha legal ante el Tribunal Agrario Unitario (TUA) 38 de Colima contra un grupo de alrededor de 200 pobladores, de quienes solo 40 son comuneros propietarios de las tierras concesionadas. Uno de sus líderes es José Cortés Ramos, alias Cochelo, exedil de Aquila y uno de los dos detenidos por el caso, acusados del delito de desaparición cometida por particulares.

Cortés Ramos, junto con otros comuneros del conocido como grupo minoritario, se ostentaban de manera ilegítima –pues no habían sido elegidos por la asamblea comunal ni cumplían con lo establecido en la Ley Agraria–  como representantes de la comunidad con derecho a regalías por parte de la minera.

El grupo mayoritario, encabezado por Díaz Valencia, ha acusado a estos comuneros de alinearse con la empresa e intentar frenar durante años la elección del comisariado por no convenir a sus intereses.

La omisiones en la investigación para conocer el paradero de Lagunes Gasca y Díaz Valencia incluyen también la falta de un plan de búsqueda y de un análisis de contexto por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda; tampoco se han presentado los dictámenes forenses de los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, y las autoridades se han negado a analizar el celular de Cortés Ramos.

Tras su arresto, Cortés Ramos señaló a las autoridades tres predios de Cerro de Ortega, donde posteriormente se localizaron fosas clandestinas y se recuperaron restos humanos. Las familias acudieron a la búsqueda en campo a esa zona, pues se pensaba que podían hallarse los cuerpos de los defensores, pero hasta ahora no les han entregado los dictámenes forenses de los restos encontrados.

Pese a esto, su vehículo no ha sido decomisado, no se han recabado posibles indicios en su casa, y su móvil sigue sin ser analizado por la FGR bajo el argumento de respetar su privacidad y porque no cuentan con el equipo tecnológico ni la capacidad técnica para hacerlo, señaló uno de los entrevistados.

“No han revisado el celular de Cochelo, la fiscalía [FGR] se ha negado, dice respetar su privacidad y que no han podido acceder [al contenido]”, precisó. “En este punto, el temor es que lo dejen libre sin que haya aportado información. Vemos como prioridad tener esa información, nos importa mucho que se abra el teléfono, se conozca con quién hablo, las llamadas, mensajes y las fotografías que tiene, porque eso puede dar pistas para conocer el paradero”.

Además, se tiene conocimiento de que la FGR busca desestimar el delito de desaparición forzada, relacionado con su actividad como defensores, pese al posible involucramiento de agentes del Estado (por acción u omisión) en el hecho, y descartar como línea de investigación la lucha que sostenían contra la empresa Ternium –perteneciente al grupo italoargentino Techint–, para reclasificarlo como desaparición cometida por particulares, lo que alejaría las pesquisas de la minera.

Una pieza clave   

Un abogado consultado por este medio sobre la importancia de la fotografía para la investigación, considera que, en el caso del abogado y el profesor, debido a que en su desaparición están implicados intereses de industrias extractivas y grupos criminales –en la zona operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos–, esa imagen representa una prueba crucial para obtener respuestas sobre los autores intelectuales y, sobre todo, conocer el paradero de las víctimas.

“¿Qué significa esa foto? Significa poner una pieza más del rompecabezas del plan. La importancia de la foto es que podría dar muchas líneas [de investigación] hacia el plan de la desaparición. Esa foto puede ser una bisagra, dice mucho no solo por la imagen, sino por los datos que puede aportar. Es una prueba muy importante, todo lo que son fotos o videos de ellos con vida son cruciales; pueden dar la respuesta”.

De acuerdo con el especialista –que por seguridad pidió el anonimato–, la imagen debe analizarse no solo desde que fue captada, sino con una perspectiva amplia que lleve hacia los momentos previos a la desaparición de los defensores; es decir, examinar toda la actividad registrada en el teléfono que se utilizó, antes y después de la desaparición ocurrida el 15 de enero.

“Ese celular con que fue tomada la fotografía se debe mirar hacia atrás, entrecruzar toda la información, llamadas, mensajes. Se tiene que reconstruir todo alrededor de esa foto, incluso la movilidad, las horas y fechas. Es decir, esa foto va a llevar a un celular: ¿de quién es? Ese celular va a llevar a quién se le envió la foto y a cuándo se envía, con quién se habló antes y después de la foto, ¿hubo mensajes?, ¿qué dicen esos mensajes? Es una desaparición que tiene un esquema de planeación y preparación mucho más complejo; se requiere empezar a comprender la complejidad del plan y preguntar: ¿quién se beneficia con la desaparición de los defensores?”.

Explicó que realizar una línea de tiempo de la desaparición a partir de esa fotografía aportaría al caso la comprensión de quién es quién en el rompecabezas de los distintos actores implicados, en qué medida participaron en la desaparición, cuáles son los intereses de cada uno, quién se beneficia y de qué forma de la ausencia de Lagunes Gasca y Díaz Valencia. “Es dirigir una mirada hacia atrás, mínimo de los teléfonos con esa fotografía, y después hacer un gran mapa de correlaciones. Es una foto muy importante para dilucidar más el plan [que hay] detrás. Esa foto da al menos una línea de quiénes ayudaron en la desaparición”.

Consultada sobre el tema, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, que acompaña el caso, consideró que la recolección, protección y análisis de todos los datos que puedan conducir a saber qué pasó, dónde están los defensores, y quiénes son los responsables intelectuales y materiales de su desaparición, debe ser prioritaria.

“Es deber del Estado recuperar de inmediato la mayor cantidad de pruebas videográficas, fotográficas, de aparatos electrónicos, de comunicaciones telefónicas y de mensajería, y cualquier otro indicio que agilice la búsqueda y ayude a localizar a las víctimas de desaparición forzada”, señaló Thomas Antkowiak, director del organismo.

“Cuando se logra recuperar este tipo de material”, agregó, “debe someterse a peritajes serios, con los más altos criterios científicos y técnicos, que ayuden a armar el rompecabezas que supone una desaparición forzada de defensores de derechos humanos como Ricardo y Antonio”.

Por ello, ante la falta de equipo técnico de la FGR, señaló, “el Estado debe recurrir a peritajes técnicos independientes y a la asistencia técnica internacional en el momento en que tome conciencia de que sus capacidades domésticas no pueden lograr recabar la información más importante que pueden arrojar las pruebas de este tipo”.

“Los análisis científicos de todas las fotos y los videos de las víctimas con vida antes de desaparecer deben dar respuestas certeras sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar [del hecho], y permiten dilucidar las redes de planeadores, ejecutores y encubridores que conllevan estos casos. Deben protegerse de forma tal que no sufran alteraciones que obstaculicen el conocimiento de la verdad”, advirtió Antkowiak.

Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy, organización que también acompaña el caso, reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, a través de sus medidas cautelares y acciones urgentes, exigieron al Estado que investigue la desaparición forzada  de los defensores de forma exhaustiva y cuente con un plan integral de búsqueda, tomando en cuenta el contexto, el trabajo que realizaban cuando sucedió el hecho, y abriendo todas las líneas de investigación pertinentes.

La marcha del pasado 15 de febrero, en la que se exigió la localización de los defensores, recorrió desde la Segob hasta el Paseo de la Reforma. (Oliver Méndez/Obturador MX)

Eligen comisariado comunal

El pasado 20 de septiembre, tras cuatro años de lucha jurídica de Lagunes Gasca y Díaz Valencia para que el TUA y la Procuraduría Agraria (PA) de Michoacán ordenaran la elección del Comisariado de Bienes Comunales, debido a que la anterior directiva no había sido votada de forma legal, se realizó en Aquila la asamblea comunal en la que fue elegido Uriel Gutiérrez de la Cruz como nuevo presidente del comisariado.

En la elección, que se concretó en la segunda convocatoria –después de que la primera, programada para el 10 de septiembre, fuera pospuesta por amenazas, cooptación y compra de votos–, participaron 299 comuneros de los 745 reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional como propietarios de tierras en Aquila, es decir, solo el 40 por ciento. De estos, 175 votaron por la planilla blanca encabezada por Gutiérrez de la Cruz, uno de los comuneros que desayunó con Díaz Valencia y Lagunes Gasca el día de su desaparición.

El comisariado quedó integrado también por Alfredo Analco Manjarrez, como secretario, y Marcelino Vázquez Zapién como tesorero. Mientras que el Consejo de Vigilancia será encabezado por María Guadalupe García Guerrero como presidenta, y Teresa Suárez Mejía, quien fungirá como primera secretaria.

La elección del comisariado se realizó tres meses después de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito de Morelia fallara a favor de los comuneros representados por Díaz Valencia y Lagunes Gasca en el juicio de amparo 449/2019. La sentencia ordenó al TUA y a la PA emitir la convocatoria para la elección del nuevo comisariado, el órgano de representación común y vigilancia que el líder nahua aspiraba a presidir.

El candidato de la otra planilla fue Daniel Magaña Godínez, quien no logró acreditarse como comunero y es integrante del grupo minoritario.

Piden mecanismo a la ONU 

Representantes de las familias de los defensores, como Asesoría y Defensa Legal del Sureste, fundada por Lagunes Gasca, y Global Rights Advocacy, presentaron ante el CED un escrito en el que amplían la información sobre el caso y solicitan que emita una serie de recomendaciones al Estado mexicano.

Durante su participación en la sesión 447 del CED, realizada el 13 de septiembre, los representantes se enfocaron en solicitar al comité que, mediante el trabajo de integrantes de la ONU presentes en México con acceso a las carpetas de investigación y a las acciones de búsqueda, active mecanismos extraordinarios de justicia para el país y lleve a la asamblea general de la ONU las desapariciones forzadas como una práctica sistemática.

En un documento de 14 páginas solicitan que se implemente un mecanismo extraordinario de recuperación humanitaria que utilice tecnología avanzada y recurra a la cooperación internacional para aumentar la posibilidad de hallar a los defensores de forma rápida y efectiva.

Asimismo, pidieron hacer recomendaciones para la protección de defensores, presentar la guía de debida diligencia de las empresas localizadas en zonas de desapariciones, informar ante la asamblea general la situación generalizada de impunidad en México e impulsar una comisión de investigación que atienda las causas estructurales de las desapariciones forzadas y evidencie en qué grado intervienen las autoridades, el crimen organizado y los intereses económicos de las industrias extractivas.

**Foto de portada: Al cumplirse un mes de la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, sus familiares y amigos organizaron una protesta en la Secretaría de Gobernación y reclamaron su presentación con vida. (Oliver Méndez/Obturador MX)

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