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La última foto de los defensores del territorio de Aquila, Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes
La imagen muestra a Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia la mañana del día en que desaparecieron. Aunque el análisis de la fotografía podría contribuir a establecer su paradero e identificar a los culpables del delito, según especialistas, la FGR se niega a integrarla a la investigación y a hacer un peritaje del celular de uno de los detenidos
Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos
Horas antes de su desaparición, el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el profesor y líder comunal Antonio Díaz Valencia fueron fotografiados en Aquila mientras desayunaban. Tres días después, sus familiares vieron por accidente en la pantalla del celular de un funcionario esa imagen, que podría ser la última de los defensores.
La fotografía fue tomada el domingo 15 de enero de 2023, alrededor de las nueve horas, en el comedor de la casa de un comunero. En el desayuno estuvieron también presentes Uriel Gutiérrez de la Cruz, de 37 años, minero de profesión, quien el pasado 20 de septiembre fue elegido presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad michoacana, y Luis Zapién Meraz, de ocupación fontanero, junto con su familia; ambos pertenecían al grupo de comuneros, propietarios de tierras concesionadas a la minera Las Encinas, que lideraba el profesor.
En la imagen es posible observar cómo iban vestidos Lagunes Gasca y Díaz Valencia el día en que fueron interceptados, secuestrados y desaparecidos por un comando armado en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, cuando se dirigían a Colima después de participar en una asamblea comunal en Aquila. Ambos defensores mantenían una lucha social y legal contra la trasnacional Ternium, que opera la mina.
Aunque se desconoce la finalidad con que fue tomada, se presume que la fotografía fue enviada a los perpetradores. “Esa foto fue captada en la mañana del día en que los desaparecieron. Pensamos que era para los halcones, para que los ubicaran”, señala una fuente cercana al caso que, al igual que otras dos personas consultadas para este trabajo, pidieron no ser nombradas por razones de seguridad.
En la foto se ve al abogado vestido con una camisa de rayas rojas y blancas, y una chamarra negra. Está sentado, desayunando. Al fondo se observa inclinado al profesor nahua, vestido con un pantalón gris, camisa clara y sombrero. Ninguno mira hacia la cámara.
La fotografía, que por el ángulo podría haber sido tomada por una persona sentada frente a Lagunes Gasca, estaba en poder del fiscal especializado en Desaparición de Personas de Colima, Héctor Javier Peña Meza, quien no informó sobre su existencia ni la presentó como prueba para incorporarla a la carpeta de investigación.

La foto del líder nahua y el abogado fue tomada la mañana del día en que desaparecieron, cuando desayunaban en la casa de un comunero. (Especial)
“¿Cómo la obtuvo? ¿Quién se la envió? ¿Por qué la tenía? No se sabe nada de eso. Evitó decirlo, solo confirmó que era de ese día y pidió discreción cuando la vieron en su celular”, señala la misma fuente.
Es una pieza crucial para el caso. Pero a más de ocho meses de la desaparición de los defensores, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, se ha negado a integrar la foto a la carpeta de investigación y a solicitar el análisis de los metadatos, que permitirían confirmar la fecha y la hora en que se tomó, con qué teléfono móvil o cámara, el tamaño de la imagen, e incluso si se usó o no zoom. “Se presentó como prueba, pero la fiscalía especializada no la ha querido integrar y no dicen por qué se niegan”, agregó la persona entrevistada.
Esta información fue corroborada con otras dos fuentes cercanas al caso, quienes explicaron que, aunque se interrogó a tres personas que estaban desayunando ese día con los defensores, no ha habido ninguna investigación derivada de la existencia de la fotografía.
“No hay peritajes, no se vislumbran pedidos oficiales de investigación ni se informa qué se ha hecho al respecto. Solo les preguntaron [a las personas] si estaban presentes en el desayuno, y no investigaron más”, señaló una de las fuentes. “Parece ser la foto entregadora que dice ‘así están vestidos, para que no haya errores y agarren a otros’. Hay la sensación de que debería haber una segunda foto, [con] la [imagen] de Antonio más clara, porque está muy atrás”, afirmó la segunda fuente consultada.
Pero las autoridades federales no solo se han negado a investigar e integrar como prueba la fotografía, sino que han dejado fuera del caso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pese a que tiene abierta una carpeta de investigación y desde el 7 de febrero ofrece una recompensa de 500,000 pesos para quien aporte información que permita localizar a los defensores. “El expediente de Michoacán no lo integró la FGR y, por tanto, la investigación no abarca Michoacán. Es un nudo de corrupción entero”, dijo una de las fuentes, quien consideró que estas acciones buscan proteger a la minera, cuyos directivos llegaron a amenazar al abogado y al profesor.
Díaz Valencia y Lagunes Gasca intensificaron en los últimos cinco años su lucha social y legal en contra de Ternium para obligarla a cumplir el pago de regalías de 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que extrae la minera —según datos de 2017— y a saldar un adeudo superior a tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras, en cumplimiento de los convenios firmados en 2012 y 2017. Díaz Valencia lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca.
Desde 2019 también sostenían una lucha legal ante el Tribunal Agrario Unitario (TUA) 38 de Colima contra un grupo de alrededor de 200 pobladores, de quienes solo 40 son comuneros propietarios de las tierras concesionadas. Uno de sus líderes es José Cortés Ramos, alias Cochelo, exedil de Aquila y uno de los dos detenidos por el caso, acusados del delito de desaparición cometida por particulares.
Cortés Ramos, junto con otros comuneros del conocido como grupo minoritario, se ostentaban de manera ilegítima –pues no habían sido elegidos por la asamblea comunal ni cumplían con lo establecido en la Ley Agraria– como representantes de la comunidad con derecho a regalías por parte de la minera.
El grupo mayoritario, encabezado por Díaz Valencia, ha acusado a estos comuneros de alinearse con la empresa e intentar frenar durante años la elección del comisariado por no convenir a sus intereses.
La omisiones en la investigación para conocer el paradero de Lagunes Gasca y Díaz Valencia incluyen también la falta de un plan de búsqueda y de un análisis de contexto por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda; tampoco se han presentado los dictámenes forenses de los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, y las autoridades se han negado a analizar el celular de Cortés Ramos.
Tras su arresto, Cortés Ramos señaló a las autoridades tres predios de Cerro de Ortega, donde posteriormente se localizaron fosas clandestinas y se recuperaron restos humanos. Las familias acudieron a la búsqueda en campo a esa zona, pues se pensaba que podían hallarse los cuerpos de los defensores, pero hasta ahora no les han entregado los dictámenes forenses de los restos encontrados.
Pese a esto, su vehículo no ha sido decomisado, no se han recabado posibles indicios en su casa, y su móvil sigue sin ser analizado por la FGR bajo el argumento de respetar su privacidad y porque no cuentan con el equipo tecnológico ni la capacidad técnica para hacerlo, señaló uno de los entrevistados.
“No han revisado el celular de Cochelo, la fiscalía [FGR] se ha negado, dice respetar su privacidad y que no han podido acceder [al contenido]”, precisó. “En este punto, el temor es que lo dejen libre sin que haya aportado información. Vemos como prioridad tener esa información, nos importa mucho que se abra el teléfono, se conozca con quién hablo, las llamadas, mensajes y las fotografías que tiene, porque eso puede dar pistas para conocer el paradero”.
Además, se tiene conocimiento de que la FGR busca desestimar el delito de desaparición forzada, relacionado con su actividad como defensores, pese al posible involucramiento de agentes del Estado (por acción u omisión) en el hecho, y descartar como línea de investigación la lucha que sostenían contra la empresa Ternium –perteneciente al grupo italoargentino Techint–, para reclasificarlo como desaparición cometida por particulares, lo que alejaría las pesquisas de la minera.
Una pieza clave
Un abogado consultado por este medio sobre la importancia de la fotografía para la investigación, considera que, en el caso del abogado y el profesor, debido a que en su desaparición están implicados intereses de industrias extractivas y grupos criminales –en la zona operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos–, esa imagen representa una prueba crucial para obtener respuestas sobre los autores intelectuales y, sobre todo, conocer el paradero de las víctimas.
“¿Qué significa esa foto? Significa poner una pieza más del rompecabezas del plan. La importancia de la foto es que podría dar muchas líneas [de investigación] hacia el plan de la desaparición. Esa foto puede ser una bisagra, dice mucho no solo por la imagen, sino por los datos que puede aportar. Es una prueba muy importante, todo lo que son fotos o videos de ellos con vida son cruciales; pueden dar la respuesta”.
De acuerdo con el especialista –que por seguridad pidió el anonimato–, la imagen debe analizarse no solo desde que fue captada, sino con una perspectiva amplia que lleve hacia los momentos previos a la desaparición de los defensores; es decir, examinar toda la actividad registrada en el teléfono que se utilizó, antes y después de la desaparición ocurrida el 15 de enero.
“Ese celular con que fue tomada la fotografía se debe mirar hacia atrás, entrecruzar toda la información, llamadas, mensajes. Se tiene que reconstruir todo alrededor de esa foto, incluso la movilidad, las horas y fechas. Es decir, esa foto va a llevar a un celular: ¿de quién es? Ese celular va a llevar a quién se le envió la foto y a cuándo se envía, con quién se habló antes y después de la foto, ¿hubo mensajes?, ¿qué dicen esos mensajes? Es una desaparición que tiene un esquema de planeación y preparación mucho más complejo; se requiere empezar a comprender la complejidad del plan y preguntar: ¿quién se beneficia con la desaparición de los defensores?”.
Explicó que realizar una línea de tiempo de la desaparición a partir de esa fotografía aportaría al caso la comprensión de quién es quién en el rompecabezas de los distintos actores implicados, en qué medida participaron en la desaparición, cuáles son los intereses de cada uno, quién se beneficia y de qué forma de la ausencia de Lagunes Gasca y Díaz Valencia. “Es dirigir una mirada hacia atrás, mínimo de los teléfonos con esa fotografía, y después hacer un gran mapa de correlaciones. Es una foto muy importante para dilucidar más el plan [que hay] detrás. Esa foto da al menos una línea de quiénes ayudaron en la desaparición”.
Consultada sobre el tema, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, que acompaña el caso, consideró que la recolección, protección y análisis de todos los datos que puedan conducir a saber qué pasó, dónde están los defensores, y quiénes son los responsables intelectuales y materiales de su desaparición, debe ser prioritaria.
“Es deber del Estado recuperar de inmediato la mayor cantidad de pruebas videográficas, fotográficas, de aparatos electrónicos, de comunicaciones telefónicas y de mensajería, y cualquier otro indicio que agilice la búsqueda y ayude a localizar a las víctimas de desaparición forzada”, señaló Thomas Antkowiak, director del organismo.
“Cuando se logra recuperar este tipo de material”, agregó, “debe someterse a peritajes serios, con los más altos criterios científicos y técnicos, que ayuden a armar el rompecabezas que supone una desaparición forzada de defensores de derechos humanos como Ricardo y Antonio”.
Por ello, ante la falta de equipo técnico de la FGR, señaló, “el Estado debe recurrir a peritajes técnicos independientes y a la asistencia técnica internacional en el momento en que tome conciencia de que sus capacidades domésticas no pueden lograr recabar la información más importante que pueden arrojar las pruebas de este tipo”.
“Los análisis científicos de todas las fotos y los videos de las víctimas con vida antes de desaparecer deben dar respuestas certeras sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar [del hecho], y permiten dilucidar las redes de planeadores, ejecutores y encubridores que conllevan estos casos. Deben protegerse de forma tal que no sufran alteraciones que obstaculicen el conocimiento de la verdad”, advirtió Antkowiak.
Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy, organización que también acompaña el caso, reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, a través de sus medidas cautelares y acciones urgentes, exigieron al Estado que investigue la desaparición forzada de los defensores de forma exhaustiva y cuente con un plan integral de búsqueda, tomando en cuenta el contexto, el trabajo que realizaban cuando sucedió el hecho, y abriendo todas las líneas de investigación pertinentes.

La marcha del pasado 15 de febrero, en la que se exigió la localización de los defensores, recorrió desde la Segob hasta el Paseo de la Reforma. (Oliver Méndez/Obturador MX)
Eligen comisariado comunal
El pasado 20 de septiembre, tras cuatro años de lucha jurídica de Lagunes Gasca y Díaz Valencia para que el TUA y la Procuraduría Agraria (PA) de Michoacán ordenaran la elección del Comisariado de Bienes Comunales, debido a que la anterior directiva no había sido votada de forma legal, se realizó en Aquila la asamblea comunal en la que fue elegido Uriel Gutiérrez de la Cruz como nuevo presidente del comisariado.
En la elección, que se concretó en la segunda convocatoria –después de que la primera, programada para el 10 de septiembre, fuera pospuesta por amenazas, cooptación y compra de votos–, participaron 299 comuneros de los 745 reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional como propietarios de tierras en Aquila, es decir, solo el 40 por ciento. De estos, 175 votaron por la planilla blanca encabezada por Gutiérrez de la Cruz, uno de los comuneros que desayunó con Díaz Valencia y Lagunes Gasca el día de su desaparición.
El comisariado quedó integrado también por Alfredo Analco Manjarrez, como secretario, y Marcelino Vázquez Zapién como tesorero. Mientras que el Consejo de Vigilancia será encabezado por María Guadalupe García Guerrero como presidenta, y Teresa Suárez Mejía, quien fungirá como primera secretaria.
La elección del comisariado se realizó tres meses después de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito de Morelia fallara a favor de los comuneros representados por Díaz Valencia y Lagunes Gasca en el juicio de amparo 449/2019. La sentencia ordenó al TUA y a la PA emitir la convocatoria para la elección del nuevo comisariado, el órgano de representación común y vigilancia que el líder nahua aspiraba a presidir.
El candidato de la otra planilla fue Daniel Magaña Godínez, quien no logró acreditarse como comunero y es integrante del grupo minoritario.
Piden mecanismo a la ONU
Representantes de las familias de los defensores, como Asesoría y Defensa Legal del Sureste, fundada por Lagunes Gasca, y Global Rights Advocacy, presentaron ante el CED un escrito en el que amplían la información sobre el caso y solicitan que emita una serie de recomendaciones al Estado mexicano.
Durante su participación en la sesión 447 del CED, realizada el 13 de septiembre, los representantes se enfocaron en solicitar al comité que, mediante el trabajo de integrantes de la ONU presentes en México con acceso a las carpetas de investigación y a las acciones de búsqueda, active mecanismos extraordinarios de justicia para el país y lleve a la asamblea general de la ONU las desapariciones forzadas como una práctica sistemática.
En un documento de 14 páginas solicitan que se implemente un mecanismo extraordinario de recuperación humanitaria que utilice tecnología avanzada y recurra a la cooperación internacional para aumentar la posibilidad de hallar a los defensores de forma rápida y efectiva.
Asimismo, pidieron hacer recomendaciones para la protección de defensores, presentar la guía de debida diligencia de las empresas localizadas en zonas de desapariciones, informar ante la asamblea general la situación generalizada de impunidad en México e impulsar una comisión de investigación que atienda las causas estructurales de las desapariciones forzadas y evidencie en qué grado intervienen las autoridades, el crimen organizado y los intereses económicos de las industrias extractivas.
**Foto de portada: Al cumplirse un mes de la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, sus familiares y amigos organizaron una protesta en la Secretaría de Gobernación y reclamaron su presentación con vida. (Oliver Méndez/Obturador MX)
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Es una periodista independiente y fixer, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara. Actualmente forma parte del equipo de investigación periodística del proyecto A dónde van los desaparecidos.
Comunicado de la Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida frente a Conagua
Al CCRI-CG del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A todas las personas del mundo que luchan contra el capitalismo
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Herman@s Tod@s.
Con fundamento en el artículo 4º constitucional, que establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”; y, tomando en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en julio de 2010, adoptó una resolución histórica que reconoce «el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos»; desde la “Asamblea Nacional por el Agua y la Vida”…
ALERTAMOS, QUE EN CONTRASTE CON ESTAS DECLARACIONES, MÉXICO VIVE UNA CRISIS IRREVERSIBLE DEL AGUA Y, RESPONSABILIZAMOS A CONAGUA, POR SER OMISA Y COMPLICE EN EL DESPOJO Y SAQUEO DEL AGUA A NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.
Frente a esta grave situación, y como parte de los acuerdos alcanzado en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, pueblos originarios y comunidades indígenas integrantes del CNI-CIG, así como organizaciones sociales, colectivos, rede e individu@s, anunciamos que el día de hoy 25 de septiembre, arrancamos aquí en la instalaciones de CONAGUA, con una “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida” para denunciar la explotación, el despojo, la represión y el desprecio de la Cuarta Transformación en contra de quienes defendemos el agua, es decir la vida. Así mismo, para exigir un alto total a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Compañer@s, llamamos a realizar una Acción Dislocada en defensa del Agua y la Vida, frente a las oficinas centrales de CONAGUA, para denunciar:
Que, CONAGUA, en la víspera de cumplir 35 años de su nacimiento, ha dejado 115 acuíferos sobreexplotados de los 653 que existen, 99 de ellos tienen la presencia de alguna empresa, particular o asociación acaparadora. Pero no sólo eso, CONAGUA abre la puerta para un mercado internacional del agua otorgando concesiones a bancos como BBVA que tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac cerca de Guadalajara. Banco Azteca, 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Zona Metropolitana, de la cuenca de México.
Que, CONAGUA, ejecuta la Ley de Aguas Nacionales, versus, Ley del robo de Aguas Nacionales, desde su nacimiento, se ha enriquecido una mínima porción de la población equivalente al 1.1% de todos los usuarios del agua, este porcentaje explota más de una quinta parte de toda el agua nacional. Es decir, una quinta parte de toda el agua del país, la acapara un grupo que comprende 966 empresas tanto de energía eléctrica como cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras, que explotan 5 805 hm³/año; 1,537 personas físicas dueñas de concesiones por 2 547 hm³/año de agua y 801 asociaciones civiles que tienen concesionados 4 856 hm³/año. Lo más grave, sin regulación, ni control y gozando de la impunidad gubernamental, una vez que usan agua, la devuelven contaminada a los mares, rios, pueblos y comunidades.
Que, CONAGUA, es responsable de estos ejemplos emblemáticos: La minera Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, que explota un volumen de 50 hm³/año y que ha sido acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas; así como Bebidas Mundiales y Bepensa (del grupo FEMSA) que juntas explotan 21.9 hm³/año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca Cola. Si se suman los demás usuarios que forman parte de la familia Coca Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año. Este grupo ha sido denunciado por sobreexplotar los mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala, y por dejar sin agua a la población.
Que, CONAGUA, permite que estos acaparadores tengan varias concesiones para distintos tipos de usos, que puedan transferirlas a otros, que un mismo usuario pueda tener varias concesiones a través de familiares o prestanombres que puedan evitar pagar cuotas simulando tener otro tipo de concesión y su supuesta negligencia permitió, por ejemplo; que la empresa Bonafont-Danone en la región cholulteca operara por más de 7 años con una concesión vencida.
Que, CONAGUA, es responsable del grave problema de la contaminación del agua que tenemos en México, bajo el lema de “el que contamina paga”, es decir, para CONAGUA contaminar el agua es un negocio, promueve no solamente la descarga de desechos tóxicos a ríos, lagos y áreas de tierra a cielo abierto, también es tierra fértil para la corrupción, compra de funcionarios que hacen inspecciones superficiales, o bien las evitan mientras reciban sus respectivos pagos por debajo del agua. Así mismo, con la Ley de Aguas Nacionales, las empresas se pueden ahorrar un gran porcentaje de los pagos que por contaminar generan, registrando sus concesiones como de diferentes usos, lo cual los exime de pagar la tarifa del uso industrial.
Que, CONAGUA, es la instancia del gobierno federal, donde se se gesta el robo masivo de agua; es la instancia desde donde se institucionaliza el despojo y el saqueo del agua en contra de nuestros pueblos y comunidades, es la instancia desde donde se dicta una política entreguista y subordinada a los interese del gran capital y las transnacionales, por tanto, quienes integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, sostenemos que el despojo del agua, es parte de la guerra capitalista contra nuestros pueblos originarios; es decir, la guerra por el vital liquido, es una cabeza más de la hidra capitalista.
Reiteramos, que son los pueblos originarios y las comunidades indígenas en México, quienes día a día, enfrentan una guerra permanente en la defensa del agua y la vida, los empresarios dan las órdenes y sus empleados los funcionarios de todos los niveles del gobierno, incluyendo al ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, las ejecutan. Así mismo, la presencia generalizada del ejército, la guardia nacional, el crimen organizado y los grupos paramilitares, especialmente asentados en territorio de lo pueblos y comunidades indígenas, habla de una estrategia de guerra en contra de la vida, que desde la cuarta transformación se imponen para garantizar el desarrollo de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos.
Como muestra un botón:
En Tlaxcala diversos colectivos reprueban y condenan la serie de violaciones por parte del gobierno del Estado de Tlaxcala en contra de los pueblos Tlaxcaltecas que luchan por defender su territorio, sus bosques, el agua y sus derechos colectivos. En julio del 2022 defensores y líderes comunitarios de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad y Raymundo Cahuantzi Meléndez, Tiaxca, fueron detenidas arbitrariamente, aduciendo que participaron en un linchamiento, cometiendo varias violaciones a sus derechos humanos desde el momento de la aprehensión, llevan más de un año injustamente presos, reflejando claramente un hecho de criminalización, represión, intimidación y violación a nuestros derechos.
Por otro lado, sufren la imposición de mega proyectos por parte del gobierno estatal y federal violentan sus territorios, generando desmonte, tal como sucede en el monte de “Malpais”, Calpulalpan, donde el bosque de encinos fue destruido para instalar el parque fotovoltaico Nueva Xcala, que entre otras afectaciones está la captación de agua.
De la misma forma poblaciones de municipio de La Magdalena Tlaltelulco nos hemos tenido que enfrentar a situaciones de despojo inmobiliaria, y más peligroso aún, del despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a nuestra comunidad ejidal, poniendo en riesgo nuestra única fuente de subsistencia que es la agricultura, pero también nuestra vida comunitaria con sus dinámicas y formas de organización propias y autónomas. Así mismo, denunciamos que en febrero del presente año, la diputada Marcela González Castillo propuso expedir la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, esta iniciativa tiende a mercantilizar el agua, es inconstitucional, desconoce las formas tradicionales de participación comunitaria para la gestión del agua y criminaliza la protesta social. Nuevamente desconociendo, discriminando y violentando a los 94 pueblos originarios de Tlaxcala, la cual es contraria a los derechos humanos colectivos y que se contrapone directamente a la manera de organizarnos y vivir.
Denunciamos que el Congreso del Estado para privatizar el acceso al agua, no solo a los pueblos originarios, sino a toda la población, simulan foros regionales y consultas ciudadanas impulsadas por ellos mismos, si alzamos la voz, somos violentamente reprimidos por agentes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y policía estatal, mediante helicópteros, bloqueando nuestro andar con granaderos, usando la fuerza física, lanzándonos gases lacrimógenos e incluso detonaciones de armas de fuego. Por estas razones, el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, Colectivo 16 de Octubre, el Colectivo 4 de octubre, el Colectivo en Defensa del Territorio de Tlaltelulco y la comunidad Ejidal de Tlaltelulco, demandamos, un alto a la criminalización, a la represión y saqueo de nuestros bienes naturales y comunitarios, la restitución legal de nuestro territorio, el cese al despojo sistemático de nuestras aguas y nuestra tierra.
En Puebla, en el Municipio de Juan C. Bonilla, el gobierno municipal, encabezado por el ecocida, José Cinto Bernal, ha solapado el tráfico de agua de la empresa Bonafont del corporativo Danone que durante 29 años robó el agua de la región Cholulteca y que el 29 de mayo del 2021 provocó un desastre ambiental que se manifestó en el socavón en Santa María Zacatepec.
De la misma forma, ha provocado una contaminación sin precedentes en las 5 comunidades del municipio de Juan C. Bonilla las cuales comprenden los pueblos de: La colonia José Ángeles, Santa María Zacatepec, San Lucas Nextetelco, San Mateo Cuanalá y San Gabriel Ometoxtla; Los registros del drenaje se han colapsado en su totalidad provocando que los desechos contaminantes se viertan directamente en el río Metlapanapa, afluente del río Atoyac. A su vez, ha construido fosas clandestinas en el ejido de Zacatepec en coordinación con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huejotzingo (SOSAPAHUE) y CONAGUA Puebla, que contaminan los mantos acuíferos y las siembras de maíz en la comunidad, de la misma forma, en el ejido Serrano de San Mateo Cuanalá la Universidad Politécnica de Puebla (UPPUE) desemboca sus desechos en las tierras de cultivo provocando una contaminación en las siembras.
En Puebla, se criminaliza la lucha social para los defensores del agua, el territorio y la vida, prueba de ello, es que en coordinación con pueblos y organizaciones, liberamos a nuestros compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl quienes desde el 2019 fueron perseguidos por defender el Río Metlapanapa, hoy son libres de todos los cargos que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla les fabricó.
En Querétaro, en marzo de 2021 tras evidenciar las múltiples irregularidades en el saqueo del agua ligado a funcionarios públicos, la Comisión Estatal de Aguas, no solamente reprimió la lucha social, sino que violó los derechos de las comunidades indígenas, al otorgar concesiones, favoreciendo empresas privadas en su mayoría inmobiliarias. Gracias a las movilizaciones, se cerraron las carpetas de investigación que criminalizaban a tres defensores del agua después de la represión del 10 de junio del 2022 en el contexto de las protestas contra la Ley que privatizó el agua en Querétaro.
Hoy desde este foro de denuncia, demandamos que CONAGUA,
1.-Cumpla los acuerdos de generar los mecanismos para regresar las concesiones del pozo del barrio cuarto de la comunidad originaria de Santiago Mexquititlan.
2.- Otorgue las copias certificadas, de las mesas de diálogo realizadas entre la CEA, CONAGUA Y EL CONCEJO AUTÓNOMO DE SANTIAGO MEXQUITITLAN antes, durante y posteriores a la fecha en que se aprueba la ley que privatiza los servicios de agua, liquidobextraída en su mayoría de comunidades originarias y favoreciendo a la industria que despoja, contamina y ahora descaradamente está involucrado en los servicios de agua potable,
Los acuerdos se realizaron mediante mesas de trabajo para generar los mecanismos para la restitución del pozo de Barrio Cuarto. Dichos acuerdos fueron incumplidos por la CONAGUA y la Comisión Estatal de Agua de Querétaro.
3.- Solicitamos nos reciban nuevamente por escrito nuestras peticiones.
Exigimos al titular del estado de Querétaro, la abrogación de la ley que otorga los servicios de agua potable a la industria legitimando la fuerza pública para catear domicilios, también mencionamos el incremento de la represión con intentos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura sexual, física y psicológica en Querétaro, como es el caso reciente de madres buscadoras, de Escolásticas , el 10 de junio de 2022 a la REDAVI y en reiteradas ocasiones al concejo autónomo en una protestas pacíficas en las afueras de la CEA y de esta oficina con presencia de millares de granaderos.
Nuestro derecho histórico existente antes que el mismo estado nos ampara para el derecho, al uso, disfrute preferencial del agua y por tanto a su administración en el libre ejercicio de su autonomía y autodeterminación sobre los recursos naturales qué existen en nuestro territorio.
Invitamos a la sociedad civil, estar pendiente de los procesos judiciales de amparo en contra de la Ley clasista, racista y discriminatoria de Querétaro, pues en el entendido de que el estado Mexicano busca proteger el poder económico nacional y trasnacional a costa de la violencia de estado en contra de las comunidades indígenas, es que es necesario acompañen en los resolutivos que los juzgados 1º. y 7º. de Distrito en Querétaro emitan respecto a los derechos de las comunidades indígenas, el pozo de agua potable y en contra de la ley que privilegia y concesiona los servicios de agua en Querétaro. Por tanto, demandamos por último exigimos a la CONAGUA, entregue mediante oficio, a nuestra comunidad, el número de concesiones otorgados en Querétaro en los últimos tres años (2021, 2022 y 2023).
En la Ciudad de México, el Sistema de Aguas (Sacmex) es la instancia responsable de utilizar estrategias de despojo, privilegiando a las inmobiliarias y centros comerciales. También, se ha encargado de omitir consultas a los pueblos para la realización de obras, ocultando información y actuando en contubernio con los gobiernos de las alcaldías. En Xochimilco y Atlapulco, Sacmex realiza ‘obras sorpresa’ sobre las líneas de agua potable, tratada o residual, sin rendir informes a los habitantes.
En caso de inconformidad, se hace uso de la policía, los granaderos y otras fuerzas públicas para reprimir a la gente. Así lo demostró el gobierno con la represión del 2 de diciembre de 2022 contra el pueblo de Atlapulco, mandando cerca de mil granaderos para imponer una obra de infraestructura hidráulica sin consulta ni información transparente.
Los pueblos del Anáhuac, exigimos al Congreso Local de la CDMX, deje sin efecto su famoso Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), que no es otra cosa que ensalzar el comercio inmobiliario contra el suelo de conservación, el cual es importantísimo porque es el territorio de donde emana la vida a través de la recarga de los mantos freáticos.
En San Gregorio Atlapulco, existe un problema de salud pública, de empobrecimiento a causa de la contaminación en Zona Patrimonio de la Humanidad ya que recibimos aguas residuales desde hace más de 30 años de los pueblos de la alcaldía Milpa Alta. A pesar de haber solicitado a las más altas autoridades de la CDMX la instalación de plantas tratadoras en los pueblos de esa Alcaldía hemos sido ignorados y han impuesto un proyecto lesivo para Atlapulco por eso una vez más,
EXIGIMOS:
A más de un mes sin agua, abastecimiento inmediato de agua potable para el pueblo.
La instalación de plantas tratadoras de las aguas residuales en los pueblos de la Alcaldía Milpa Alta.
Alto a la contaminación de las aguas pluviales con aguas residuales.
Basta de contaminación de aguas residuales y sus consecuencias en los habitantes del pueblo.
Aprovechar las aguas pluviales de las barrancas de Texcolli y Texcalatlaco para verterlas en nuestras chinampas.
No más recubrimiento con asfalto y cemento en nuestro suelo, si a los materiales permeables.
Recarga de los mantos freáticos con agua limpia.
La Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, en la víspera de cumplir tres años de haber tomado las instalaciones de lo que fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, condena que a casi 1095 días de la Toma del INPI, se encuentran como el primer día; es decir, las autoridades del Gobierno de la CDMX, siguen sin escucharl@s, sin verl@s y sin hablarles. Siguen sin resolver sus de mandas de educación, trabajo, salud, alimentación y principalmente, vivienda.
Peor aún, hay un constante hostigamiento policiaco en la inmediaciones de la Casa de los Pueblos, les suspenden el suministros de la corriente eléctrico y, en diversas ocasiones, han suspendido el suministro de agua potable, violentando con ello, su derecho humanos al agua.
Finalmente queremos decir, que al mismo tiempo que estamos llevando a cabo esta ación dislocada en CONAGUA, en distintos calendarios y geografías del país, también se están llevando a cabo otras actividades, por lo que hacemos un llamado a todos los pueblos, comunidades, organizaciones, redes y colectivos, a sumarse con acciones a esta campaña para hacer eco a la exigencia del alto a la guerra en contra de los pueblos zapatistas, alto al despojo y saqueo del agua, y un alto al exterminio de la vida.
Para sumarte y registrar tus actividades y propuestas a realizar durante esta “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida”, disponemos el correo asambleanacionalporelagua@gmail.com
Porque para los pueblos originarios el agua no será guerra sino unión por la vida.
Aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos los pueblos y comunidades por el agua y la vida.
ATENTAMENTE
No nos rendimos, No nos vendemos y No Claudicamos.
Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Nunca más un México sin Nosotrxs
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas
Zapata Vive, la Lucha Sigue
Samir Vive la Lucha Sigue
Viva el EZLN
Viva el CNI-CIG
Hasta que la Dignidad y la Justicia se haga costumbre
Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
No al Tren Maya
No al Proyecto Integral Morelos
No al Corredor Interoceánico
No al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía
Nuestros sueños no caben en sus urnas,
tampoco nuestras pesadillas y tampoco nuetrxs muertxs
El agua no se vende, se ama y se defiende
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y POR LA VIDA
Ciudad de México a 25 de septiembre de 2023