Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{Foto de portada: Bienvenido Velasco}

Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.

Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.

La respuesta gubernamental, documentada por organizaciones sociales y medios independientes locales, ha sido detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y represión a las movilizaciones.

Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.

En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).

El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.

Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.

Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.

“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.

Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.

¿Acuerdo o intervención?

El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.

“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.

Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.

A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.

La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.

Reactivación minera

A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.

Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.

El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.

“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.

Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Las comunidades campesinas de los andes de Lima se organizan ante la aprobación de minería aurífera en el nevado Llongote, donde nace el río Yauyos-Cañete.

Esta cuenca recorre dos provincias agrícolas de la capital del Perú, Cañete (a 100 kilómetros al sur de Lima metropolitana) y Yauyos (a 220 kilómetros al suroeste de Lima metropolitana).

Yauyos se localiza en la sierra limeña, en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. En sus alturas se encuentra la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, apreciada por la belleza de sus lagunas. Las poblaciones temen que este ecosistema sea contaminado.

En Catahuasi, distrito de la provincia Yauyos, este domingo 19 de enero representantes de algunas de las 60 comunidades campesinas provinciales discutieron la creación de un frente de defensa que se posicione contra la explotación de oro en el nevado Llongote, ubicado a 13 kilómetros del centro de Yauyos.^{Nobel Rodríguez Parra, presidente de la comunidad campesina Huangáscar, durante asamblea de comunidades el 19 de enero, en Catahuasi}

Las autoridades comunales coinciden en proteger la cabecera de cuenca y la vida de sus valles, donde se cultivan variedades de frutas que se distribuyen en la capital. La ganadería ovina y de camélidos -en las pampas más altas- es la otra actividad económica vital en la provincia. En su parte baja, el caudal riega el territorio de Cañete, provincia de alta producción de frutas para la agroexportación.

“Hemos decidido activar nuestras rondas campesinas, no dejaremos que pase la minería, que ingresen a nuestras tierras, no vamos a dejar que se posesionen. Sabemos que las empresas mineras van a atacar, intentarán dividirnos, comprarnos, atacarnos, estamos preparados para defender el agua con nuestra vida”, expresó el presidente de la comunidad campesina Huangáscar, Nobel Rodríguez Parra.

Comunidades campesinas en abandono

Un mensaje repetido por los comuneros es el olvido por parte del gobierno central, la falta de infraestructura y servicios básicos en comparación con otras provincias de Lima y localidades del país.

En Yauyos hay más de 60 comunidades campesinas en cuyos orígenes convergen culturas ancestrales andinas, como la kauki, aimara y quechua.

“¿Cómo en una cabecera de cuenca se va a permitir una concesión minera? Las comunidades campesinas de Yauyos, como las de toda Lima, se encuentran abandonadas. Para solucionar los problemas ambientales debemos empezar por solucionar la situación de las comunidades”, señala el economista Juan Romero, dirigente de la provincia de la sierra limeña.

El nevado de Llongote se ubica en el área de la comunidad Santo Domingo. En la Ley de Comunidades Campesinas se establece como prioridad que el Estado reconozca un área de extensión a las poblaciones campesinas ancestrales. Sin embargo, en Yauyos no están registradas formalmente sus tierras comunitarias ni sus juntas directivas.

A su vez, el concejo de cuenca del río Yauyos-Cañete no está en funcionamiento, advierten desde las comunidades yauyinas. De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, las operaciones mineras que autoriza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben contar con el visto bueno de estos organismos, conformados por instituciones, grupos técnicos y la sociedad civil.

“Las comunidades campesinas son las llamadas a prevalecer la identidad ancestral que tienen los pueblos milenarios”, añade Romero. En comunidades de Yauyos aún se conservan dos lenguas originarias que se resisten a desaparecer: el jaqaru, hablado por menos de 500 personas; y el kauki, hablado por alrededor de 150 personas, según la Base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura.

Extractivismo en la provincia

El 25% del territorio de Yauyos había sido concesionado a mineras hasta el año 2016, de acuerdo a un reporte de Cooperacción.

En la asamblea de las comunidades campesinas, el relato recurrente en torno al avance de la minería apunta a la corrupción de autoridades de las instituciones públicas; al convencimiento de poblaciones campesinas a cambio de favores, como obras e infraestructura; y al soborno de comuneros en forma de bienes y dinero.

Cuando representantes del proyecto Gloria, en diciembre pasado, intentaron convencer a la población de que apruebe la licencia social para la exploración de oro en las montañas, se realizó la primera protesta contra la actividad minera, autorizada en 2020 por el Gobierno Regional de Lima.

La Dirección Regional de Energía y Minas, mediante la resolución 53-2020, otorgó a la empresa nacional Los Chunchos S.A.C. la concesión de más de 130 hectáreas en las alturas de la cadena montañosa. Todavía no está autorizada la fase de exploración y tampoco se ha realizado aún la licencia ambiental.

La compañía, considerada de fondos pequeños y medianos, ya cuenta con otras dos operaciones mineras en 1890 hectáreas de la provincia, para las que el Ministerio de Energía autorizó en 2011 actividades de explotación subterránea. Se teme que una posible extracción de oro en el nevado atraiga a grandes capitales mineros y se derive en un desastre ambiental.

La posición de algunos comuneros ante la gran minería es favorable “si es responsable”. Para el caso del nevado Llongote, es unánime la postura de no aprobar la licencia social, que no es una figura legal, pero resulta determinante para la ejecución de proyectos mineros. En la práctica funciona como el permiso de las comunidades, garantiza que no habrá conflictos sociales.

Al respecto, autoridades municipales respaldan a las comunidades campesinas de su jurisdicción. La Municipalidad de Viñac, donde el Gobierno Regional de Lima ha concesionado 900 hectáreas para la extracción de minerales, se manifestó en contra del proyecto Gloria y pidió a la población no otorgar la licencia social.

A los yauyinos les genera más desconfianza que la concesión se haya aprobado en los primeros meses de la pandemia por coronavirus y la celeridad en la construcción de una carretera en la zona. Actualmente, la empresa ya trasladó maquinaria pesada a la zona

En este encuentro se acordó debatir la conformación de frentes de defensa zonales en una próxima reunión, debido a falta de representatividad. Las distancias entre los pueblos yauyinos complican la organización provincial.

“Lo importante aquí es que este frente de defensa sea conformado por las personas adecuadas, tienen que ser autoridades comunales comprometidas con la defensa de sus pueblos, que no se dejen comprar por las mineras”, resalta Antonio Lázaro, presidente del Comité de Gestión de la Carretera Qhapac Ñan, integrado por dirigentes de las regiones Lima, Junín y Huancavelica. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Acto simbólico realizado en el Río Lempa, donde líderes comunitarios y miembros de la ADES bendijeron al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por la reanudación de la minería. Foto: Rodrigo Sura} 

Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. 

En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.

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Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.

Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.

Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.

Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.

Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.

Resistencias

Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica. 

Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.

Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro”, sostuvo.

En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería” la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.

El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño. 

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Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.}

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre. 

Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial. 

Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador. 

“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó. 

Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

^{En portada: Incendios forestales se multiplican en toda la región amazónica. En el Perú, donde miles de hectáreas han sido destruidas, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal aprobada en enero del 2024. Foto: Aidesep.}

Los incendios forestales en la Amazonía peruana devastaron, entre agosto y septiembre, miles de hectáreas de bosques ante la inacción del Gobierno. La catástrofe ambiental, que deja 20 personas fallecidas, no se explica solo por la sequía y el calentamiento global: detrás hay políticas denunciadas por los pueblos originarios.

En territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia, en conjunto, se perdieron millones de hectáreas en las últimas semanas. Brasil es el mayor afectado, con siete millones de hectáreas quemadas. 

No se trata de quema de pastos fuera de control. La agricultura y la ganadería, principales causas de deforestación de la Amazonía, arrasan con inmensas áreas de selva tropical para plantaciones y pastoreo. El fuego también está consumiendo extensas zonas de vegetación en Paraguay y Argentina. 

De acuerdo a un reporte publicado en julio por el Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP), más de 106 millones de hectáreas de la región, equivalentes al 13% del bioma amazónico, están cubiertas de cultivos. Mientras que el pasto para ganado abarca 76,3 millones de hectáreas, de las cuales Brasil concentra el 92%. La ganadería ocupa el 9% del bioma amazónico. 

En el Perú, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal, aprobada por el Congreso en enero de este año mediante procedimientos irregulares. Los cambios en la norma, propuestos por sectores políticos aliados a empresas extractivistas, permiten el saneamiento de terrenos deforestados. 

Ley antiforestal le llaman las comunidades indígenas y organizaciones sociales movilizadas contra la disposición, pues en la práctica se formaliza la deforestación de bosques amazónicos, favoreciendo a los monocultivos (palma aceitera, cacao, café), la tala, tráfico de terrenos, minería (legal e ilegal) y narcotráfico. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Los siete principales minoristas en España – Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Grupo Dia y Aldi – tienen “compromisos inadecuados” para detener la deforestación vinculada a la soja en la Amazonía y el Cerrado brasileños. Eso porque la soja que se produce en estos biomas, fruto de la deforestación, es utilizada como alimento de ganado con el cual se produce alimentos procesados, como embutidos, jamón, tocino y mortadela, vendidos en las estanterías de sus supermercados en España. 

Los datos fueron revelados por una investigación realizada por la organización Mighty Earth, publicada en julio de 2024. 

Sólo Aldi, Carrefour y Lidl tienen una política que, según las propias cadenas de supermercados, buscan no tener una relación con la deforestación. “Aunque se encontraron pocas pruebas de medidas o esfuerzos prácticos para abordar este riesgo de deforestación”, dice el estudio.

Además, ninguno de las siete empresas publica sus datos sobre su huella global de soja, “a pesar de que los supermercados representan casi el 50% de las ventas de carne procesada en el país”.

España es uno de los principales productores de carne de la Unión Europea, con una cuota de mercado del 18% y una producción total de 7,55 millones de toneladas el año pasado. 

De acuerdo con el estudio, 5 millones de toneladas de soja fueron importadas a España en 2023, con un 74% procedente de Brasil. Tanto el bioma de la Amazonía como el del Cerrado son la fuente de prácticamente toda la soja brasileña utilizada por la industria española de alimentos para ganado, según Trase.

Brasil se convirtió, en 2023, en el mayor exportador de soja a España (58%), cuando tradicionalmente procedía de Argentina. En comparación, en 2022, el 53% de soja importada por España procedía de Argentina y el 39% de Brasil. 

La Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia, en un informe sobre Brasil, señala que en 2021 la soja representaba el 46% de la producción agrícola total del país sudamericano.

Deforestación

En un estudio publicado en marzo de 2024, Mighty Earth, con base en la combinación de alertas de deforestación con imágenes de satélite e investigaciones en el terreno, alertaba sobre la relación entre el cultivo de soja y la deforestación, alcanzando 30 mil hectáreas en la Amazonia y casi 27 mil hectáreas en el Cerrado.

Este estudio relacionó las explotaciones agrícolas que produjeron soja en la cosecha de 2022 con los principales comerciantes mundiales de soja: Amaggi, ADM, ALZ Grãos, Bung, Cargill, COFCO y LDC. 

En un informe anterior publicado en junio de 2023, Mighty Earth descubrió que solamente Bunge estaba directamente vinculada a la deforestación de 11,351 hectáreas en el Cerrado brasileño.

Carne: un alto costo para el planeta

El 90% de la soja del mundo se utiliza para producir alimento para ganado, menciona el estudio, y su expansión está provocando la deforestación de biomas vírgenes en toda América Latina. 

Alerta que la producción de la carne representa el 14% de los Gases de Efecto Invernadero en el mundo. “Una reducción significativa de nuestro consumo de carne será necesaria para cumplir los compromisos climáticos y evitar los peores impactos del cambio climático”. Además, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la carne procesada como “cancerígena para el ser humano”. 

En el caso de España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) estima que el consumo ideal de carne en un máximo de tres raciones semanales (una ración equivale a 100-125g), o unos 15 kg al año, mientras que el consumo medio español supera actualmente los 32 kg por habitante y año. “Para lograr un sistema alimentario sostenible y saludable, parece necesario un cambio hacia una dieta proteica de origen vegetal”, sostiene.

Fuente: Avispa Midia

Por Omar Arach

En portada: El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, el día de la firma del convenio en aguas del río Paraná. Foto: Argentina.gob.ar

El Gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos para que el “Cuerpo de Ingenieros” del Ejército tenga injerencia en el Paraná, río troncal de Argentina y principal vía navegable del modelo agropecuario. Pasado y presente de un grupo de élite muy poderoso, comparado con la CIA y el FBI, que tuvo rol protagónico en guerras, invasiones y desastres humanitarios.

El gobierno nacional dio a conocer, en marzo de 2024, la firma de un memorándum de entendimiento con la embajada de Estados Unidos para que el Cuerpo de Ingenieros del ejército norteamericano colabore con la Administración General de Puertos (AGP) de la Argentina en la gestión del Río Paraná como vía navegable. El comunicado de prensa oficial no dijo mucho, pero sí podemos comentar acerca de quién es el firmante al que se está invitando a la “gestión” del río.

El Cuerpo de Ingenieros es un brazo técnico del ejército estadounidense que acompañó la gesta expansiva del Estado norteamericano desde su fundación. Fue creado oficialmente en 1802, pero su embrión data de 1775, cuando George Washington constituyó su ejército con un ingeniero jefe, que luego sería el ingeniero jefe de su gobierno.

Desde entonces fue una pieza clave en la conquista del Estado norteamericano sobre el territorio autoasignado como propio y también allí donde sus aventuras militares internacionales lo llevaran. Jugó un rol fundamental en el despojo de las poblaciones originarias durante la muy televisiva conquista del oeste y en la guerra contra México, que resultó en la apropiación de la mitad norte de este país, en la franja que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado. 

Las tareas en estos casos estuvieron centradas en trabajos de reconocimiento topográfico, pero también en la construcción de puentes, pontones y puertos para facilitar el despliegue de las tropas. Más ampliamente, el cuerpo de ingenieros fue protagonista principal para la construcción del tendido ferroviario en el país, así como de represas y acueductos, que viabilizó el colonialismo de asentamiento característico de su historia.

En el siglo XX sus incursiones guerreras lo llevaron a participar en las dos guerras mundiales, así como en Corea y Vietnam y, más recientemente, en Iraq, Afganistán y Siria. Con ese conjunto de experiencias también fue ampliando y diversificando sus capacidades en el desarrollo de infraestructura para facilitar procesos de destrucción. Luego de la Primera Guerra Mundial, constituyó el Servicio Químico de Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en el proyecto Manhattan, para la producción de la bomba atómica, el cual es celebrado como uno de los más grandes logros del cuerpo. También participó en la carrera espacial, realizando la plataforma de lanzamiento del Apolo, el cohete espacial que alunizó en 1969.

Así mismo, se ha especializado en la “reconstrucción” de áreas destruidas por la guerra, con proyectos en Iraq, Kuwait, Siria, Libia. Con el tiempo, fue incorporando tareas de conservación y restauración ambiental y, también, de asistencia humanitaria. 

Actualmente se encuentra realizando un puerto flotante en las costas de Gaza, para hacer llegar ayuda a una población civil devastada por el bombardeo del ejército israelí, convenientemente pertrechado con explosivos y municiones provistos por el gobierno norteamericano.

Una de las áreas en las que se ha especializado, en términos de trabajos civiles, ha sido en grandes obras hidráulicas: diques, canales, represas, pólderes. Gran parte de los ríos de Estados Unidos han sido intervenidos por la acción del Cuerpo de Ingenieros. Ha sido también clave en el asesoramiento para la construcción del Canal de Panamá, que habría de transformar la cartografía del comercio internacional en el siglo XX.

El Cuerpo de Ingenieros suele ser presentado como la “elite combatiente de la nación”, y también como una “aristocracia militar” con un gran poder de lobby en el Congreso estadounidense a fin de capturar millonarios contratos asociados a grandes proyectos. El periodista Gene Marine lo definió como “extravagante, destructivo, ebrio de poder, antidemocrático, el Cuerpo de Ingenieros es el imperio más intocable en Estados Unidos, tan poderoso en su campo como el FBI o la CIA”.

Las transformaciones de gran escala que son capaces de pergeñar los ingenieros de este cuerpo va a tono con una monumentalidad característica de la épica norteamericana, que ha contagiado el horizonte civilizatorio de nuestra contemporaneidad. Como señala el historiador Todd Shallat: “El tamaño se convirtió en un estándar de grandeza en el Cuerpo de Ingenieros que fundó Jefferson. Comprometido con lo masivo y monumental, el Cuerpo —una autoridad de planificación, un pionero de las ecuaciones costo-beneficio que justificaban grandes presupuestos— defendió con éxito el vínculo entre un gobierno vigoroso y el crecimiento industrial.

La historia del Cuerpo se lee como un orgulloso cuadro de honor de los logros de la ingeniería. La mayor fortificación costera independiente del mundo. El arco de mampostería más largo del mundo. El faro más alto del país. El Monumento a Washington. La cúpula del Capitolio. El Proyecto Pick-Sloan a lo largo del río Misuri. La presa de Bonneville. La plataforma de lanzamiento Apolo en Cabo Cañaveral. La vía de carga petroquímica a lo largo del río Arkansas hasta Tulsa. La esclusa de 1.200 pies en Sault Ste. Marie”.

El Cuerpo de Ingenieros se constituyó en un modelo de organización para la realización de grandes obras, con su capacidad para movilizar una gran fuerza de trabajo y cuantiosos volúmenes de capital y de materia, así como para cartografiar un territorio a fin de intervenirlo en forma de conquista.

Consecuentemente, también han proliferado voces de protestas levantadas por los innumerables afectados de sus trabajos civiles (las víctimas de sus trabajos militares comparecen en otros espacios). A modo de ejemplo, sin pretensión de exhaustividad, y centrándose sólo en la cuenca del Missisipi, se puede mencionar a los pueblos Arikara, Mandam, Hidatsa y Lakota inundados por la serie de represas sobre el río Misuri. O las víctimas del huracán Katrina, en Nueva Orleans, en el 2007, cuando la ciudad fue inundada debido al colapso del sistema de diques construidos por el Cuerpo de Ingenieros, que costó la vida a 1400 personas.

El proceso de responsabilidades por lo que fue calificado como la catástrofe de ingeniería más grande de las historia de Estados Unidos ha enfrentado al Cuerpo de Ingenieros (quien culpó a la naturaleza y a la imprevisión de los habitantes locales) con un robusto movimiento ciudadano, que documentó tramas de complicidad y corrupción detrás de las fallas de las obras. El proceso judicial aún se encuentra abierto.

Significativamente, es el carácter de administrador de la Hidrovía del Missisipi lo que justifica para el gobierno argentino su inclusión en el acuerdo: “El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América administra la hidrovía del río Misisipi, que comparte muchas características con la vía navegable troncal argentina: son columnas centrales para el comercio internacional, así como para el transporte de las cosechas agroindustriales, y están entre las vías navegables de mayor extensión del planeta”.

El memorándum de entendimiento surge en medio de un “impasse” derivado de la concesión de las obras de dragado y balizamiento a la empresa belga Jan de Nul, que concluyó hace dos años y cuya renovación es motivo de disputa entre distintos grupos de presión político-empresarial de nivel internacional, pero también de movimientos políticos y ambientales que han planteado el problema en términos de soberanía sobre el río. Bueno es entonces remontarse al momento en que se asignaron las obras a la empresa belga.

En 1991 los cinco gobiernos de la cuenca del plata lanzaron el plan de hacer una hidrovía industrial, promocionada como “la Hidrovía del Mercosur”. Financiado por el BID, y administrado por un Comité Interjurisdiccional. Este megaproyecto pretendía convertir el eje Paraguay-Paraná en una vía de navegación que pudiera funcionar las 24 horas de los 365 días del año. Entre las obras previstas se consideraban la rectificación de meandros y la voladura del lecho rocoso en el río Paraguay, aguas arriba de Asunción, algo que habría de afectar a los humedales, especialmente el Pantanal, considerado el humedal más grande del mundo.

Ese proyecto fue resistido por múltiples organizaciones, entre las que se destaca una coalición de organizaciones, la Coalición Ríos Vivos, de los cinco países. Aunque la obra se desactivó en términos de megaproyecto de los cinco países, continuó desarrollándose en los tramos nacionales, como obras propias de cada nación, pero articuladas en un mismo plan. En los años 2000, la Hidrovía Paraguay-Paraná pasaría a ser definida como un eje de integración y desarrollo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), ahora llamado Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) y su área de influencia como parte de las “repúblicas unidas de la soja”, según rezaba una muy comentada publicidad de la empresa Syngenta.

El estado argentino avanzó en la desregulación de la actividad portuaria, con la disolución de la Junta Nacional de Granos y el desarrollo de puertos de exportación privados. Comenzó una nueva etapa, con la expansión de un nuevo complejo agroportuario, esta vez en manos de corporaciones multinacionales ligadas al comercio de granos, en el marco de una profunda metamorfosis ambiental en la cuenca derivada de la difusión del nuevo modelo de agronegocios. Actualmente, en el Gran Rosario se encuentran 29 terminales portuarias que conforman el complejo oleaginoso más importante a nivel mundial, si se considera el grado de concentración de fábricas y terminales portuarias en una región determinada. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario saluda que en el año 2016 se superó en volumen exportado al puerto de Nueva Orleans.

Las elites celebran la proyección del aumento del tonelaje transportado por la Hidrovía. En términos de profundidad media se pasó de 22 a 34 pies entre 1993 y 2017, esperando llegar a los 36 pies en 2027 (medida en Puerto San Martín). Para el mismo período se aumentó de 16 a 64 millones de toneladas embarcadas, esperando alcanzar los 90 millones en 2027.

El movimiento que se opuso a la Hidrovía en los años 90 articuló una respuesta que implicó también una contraposición de representaciones, que prefiguran horizontes de acción contrapuestos, entre una hidrovía industrial y un corredor de humedales (el corredor de humedales más grande del mundo) que nace en el Pantanal y termina en el estuario del Río de La Plata. El eje Paraguay-Paraná es entendido como el “valle central de la cuenca del plata”, un gran colector de agua de una cuenca transnacional, que es espacio de vida de múltiples pueblos y comunidades.

En ese marco surgió la consigna que todavía tiene una gran actualidad: adaptar los barcos al río, y no al revés. Un presupuesto sencillo y que, sin embargo, parece utópico, a juzgar por el entusiasmo con que las elites celebran su esfuerzo por convertirlo en una canaleta para que circulen embarcaciones de ultramar. Para estas elites, nada mejor que un cuerpo de ingenieros que encarna aquello que el filósofo Ernst Bloch definió como el ethos característico de la técnica moderna: estar en la naturaleza como un ejército en territorio enemigo.

^{*Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Publicado originariamente en El zorro y el erizo de la UNR con el título “Un cuerpo en territorio enemigo”.}

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F