Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

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La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

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Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.

^{En portada: Entre junio de 2020 y noviembre de 2021, periodistas de El Faro fueron víctimas de espionaje telefónico a través del software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group.}

El pasado miércoles (30), un grupo de 15 periodistas miembros de El Faro, periódico digital salvadoreño, presentó una demanda ante un tribunal federal de los EEUU contra NSO Group, empresa israelí creadora del programa de vigilancia malicioso conocido como Pegasus.

Representados por el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, los periodistas señalan que, durante junio del 2020 y noviembre del 2021, mediante dicho programa se realizaron infiltraciones a sus dispositivos móviles con el objetivo de rastrear sus conversaciones y movimientos de forma secreta.

Mediante comunicado de prensa, el instituto destacó que este caso es el primero presentado por periodistas contra NSO Group en los tribunales de Estados Unidos. En su comunicación, también detallan que, en los últimos años, el programa espía de la empresa israelí se ha utilizado en regímenes autoritarios y de vulneración de derechos de todo el mundo para atacar a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.

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Para Carlos Dada, cofundador y director de El Faro, estos ataques fueron un intento para disuadirlos de realizar sus labores periodísticas. “Presentamos esta demanda para defender nuestro derecho a investigar e informar, y para proteger a los periodistas de todo el mundo en su búsqueda de la verdad”, declaró el periodista salvadoreño.

Pegasus es capaz de infiltrarse en teléfonos inteligentes sin ser detectado y tras ello brinda información a los operadores del programa espía sobre las listas de contactos, información de calendario, mensajes de texto, correos electrónicos, historiales de búsqueda, geolocalización, etc.

Acorde a la demanda, los ataques con el programa espía contra El Faro son parte de una acción mayor en contra de otros medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en la que se contabilizan, al menos, infiltraciones a los dispositivos de 35 personas y nueve organizaciones.

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El periódico digital, con sede en El Salvador, destaca por su trabajo de periodismo de investigación sobre temas de derechos humanos, desigualdad, violencia y corrupción gubernamental. Por su parte, NSO Group, con sede en Israel, desarrolla programas espía que comercializa con gobiernos a nivel mundial, incluidos aquellos que han estado implicados en graves abusos de derechos humanos.

La demanda argumenta que, con sus acciones, NSO Group violó diferentes leyes estadounidenses como la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley Integral de Fraude y Acceso a Datos Informáticos de California.

En la demanda se detalla que, para que NSO Group pudiera desarrollar Pegasus, sus miembros accedieron a servidores propiedad de empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Apple Inc, ubicada en Cupertino, California. “Los acusados accedieron a los servidores de Apple para identificar y explotar vulnerabilidades en el software y los servicios de Apple, para permitir la entrega de Pegasus a los iPhones de los objetivos”, se lee en la documentación que integra la demanda.

Cabe recordar que, en noviembre de 2021, Apple demandó a los desarrolladores de Pegasus desde EEUU, afirmando que, a través del desarrollo y despliegue del software espía, habían explotado el software y los servicios de Apple, dañado su negocio y buena voluntad, y perjudicado a sus usuarios.

“El uso de programas espía para vigilar e intimidar a periodistas representa una amenaza en verdad urgente para la libertad de prensa”, sostuvo la abogada Carrie DeCell. La litigante del Knight First Amendment Institute también exigió a los tribunales estadounidenses cumplir con su deber en garantizar que los desarrolladores de programas espía rindan cuentas de sus acciones cuando estas violen la legislación de los Estados Unidos, como argumenta que ocurrió en las infiltraciones contra los miembros de El Faro.

La demanda presentada por los periodistas exige que NSO Group identifique, devuelva y borre toda la información obtenida mediante estos ataques; la prohibición a la empresa israelí para utilizar Pegasus de nuevo contra los demandantes, así como la identificación del cliente que ordenó las infiltraciones contra el medio digital.

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“NSO Group y otros desarrolladores mercenarios de programas espía están suministrando a los gobiernos autoritarios las herramientas para sofocar la disidencia y aplastar la libertad de prensa”, señaló Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight Institute.

Por su parte, Ron Deibert, profesor de Ciencias Políticas y director del Citizen Lab, organismo que identificó 226 infecciones de Pegasus en los dispositivos utilizados por los empleados de El Faro, declaró que este tipo de litigio puede contribuir a “disuadir este desprecio insensible por los derechos humanos tanto por parte de NSO Group como de todas las empresas de la industria mercenaria de programas espía”.

El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.

Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.

La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).

En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.

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Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.

La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.

Presión

La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.

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“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.

Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.

En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.

Agresiones

Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.

Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.

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Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.

Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.

^{En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021}

“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.

Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.

La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.

Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.

Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.

En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.

Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.

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“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.

En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.

Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.

En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.

Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.

A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.

La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.

“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.

“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.

Justificación para el intervencionismo

El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.

En el documento Cambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.

“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.

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Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.

El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.

Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.

Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.

Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudio Aproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.

Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.

¿Quién gana con el militarismo verde?

De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.

La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.

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Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.

En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.

Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.

Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.

Afectación a las estructuras militares

Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.

Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.

La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.

El lunes (7), elementos de la Policía Nacional acompañados de militares hondureños ejecutaron un violento desalojo contra la comunidad de Punta Gorda, población garífuna establecida hace más de 225 años en la isla de Roatán, caribe hondureño.

Habitantes de la comunidad registraron el accionar violento de los elementos de seguridad y militares, quienes golpearon a los garífunas que se manifestaron contra el desalojo. Según el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, el saldo del operativo fue de 50 garífunas con heridas considerables y 15 heridos de gravedad.

También se registró la detención de seis personas, integrantes del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda. Estas son Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Luis Moisés Dolmo, Richard Martínez, Keyder Tishany González y Abad Gómez.

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En testimonio recogido por el medio Contracorriente, la defensora Melisa Martínez, también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras y destacó que uno de ellos se encuentra herido de gravedad.

El operativo, señalaron los habitantes, responde a denuncias contra la comunidad de Punta Gorda por el supuesto delito de usurpación de tierras en el departamento de Islas de la Bahía.

No obstante, el Comité calificó el desalojo de “ilegal, violento, cobarde y racista”, debido a que, en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Pueblo Garifuna es titular de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que ha ocupado ancestralmente y, por tanto, tiene derechos a ser reconocidos juridicamente como los dueños legitimos de su territorio, constituyendo con ello ilegal y racista cualquier desalojo forzoso”.

Mediante comunicado, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda reiteró que los habitantes de dicha comunidad no son invasores, ni usurpadores de tierras, sino son los dueños legítimos del territorio ancestral garífuna.

Desalojos

El violento desalojo también fue calificado como ilegal por la Ofraneh. Miriam Miranda, coordinadora de dicha organización, reiteró que existen antecedentes jurídicos establecidos por la CIDH en los cuales condena las usurpaciones territoriales padecidas por el pueblo garífuna, quien se estableció principalmente en la costa atlántica de Honduras antes de la creación de dicho Estado centroamericano.

Mediante redes, la Ofraneh destacó que Punta Gorda es una comunidad garífuna que carece de título comunitario, por lo cual no es la primera vez que acontece un intento de desalojo contra su población. En abril de 2011, un grupo de 60 policías realizaron el desalojo de 12 familias de la localidad. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el desalojo, basado en el uso de la fuerza, fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.

Durante el actual desalojo, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda condenó la “actitud servil de los representantes departamentales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes, en vez de ponerse del lado de las víctimas, aprovechando el ‘jalón’ de la Policia Nacional, respaldaron y legitimaron este violento desalojo”.

En cuanto a la situación de los integrantes presos del Comité, Miriam Miranda difundió este martes (8) por la mañana, que las seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Roatán, “para ser sometidos a un juicio totalmente ilegal, ante un sistema judicial, racista y espurio”. Ante esta situación, el Comité demandó la liberación inmediata de sus integrantes, por lo cual convocó a una asamblea general de urgencia en las tierras recuperadas por la comunidad de Punta Gorda.

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“Si no liberan a nuestros compañeros y compañeras cerraremos el acceso a cualquier tercero que pretenda pasar por la calle principal de nuestra comunidad, incluidos trabajadores, turistas, buses, carros particulares o cualquier otro transporte hasta que liberen a nuestras hermanas y restituyan nuestro territorio ancestral”, sostuvieron los garífunas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó la violencia contra las poblaciones que defienden legítimamente sus territorios ancestrales. También se posicionó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras contra los “elementos de violencia institucional del gobierno de Xiomara Castro para atacar a la comunidad garífuna más antigua de este territorio.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) se solidarizó con los habitantes de Punta Gorda. Así mismo repudió las acciones del Poder Judicial hondureño y exigió se investiguen “las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Leras de Islas de La Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también condenó la detención y las agresiones cometidas este lunes (7).

Experimento

La isla de Roatán se encuentra en la mira del proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)  bajo la construcción del proyecto Próspera, iniciativa puesta en marcha desde mayo del 2020, el cual pretende la consolidación de la primera ciudad modelo de Honduras.

Próspera Economic Development Platform promueve el proyecto para el desarrollo de la ciudad con enfoque en turismo médico, educación superior, viviendas sostenibles y la diversificación de la economía de la isla. Entre las principales atracciones del proyecto se encuentra la oferta de exenciones de impuestos sobre ingresos extranjeros, maniobra para atraer inversiones internacionales.

Sin embargo, la iniciativa de las ZEDES, apoyada por la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, recibió un revés en abril del 2022 cuando el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica que les dio sustento legal. La acción de los congresistas fue resultado de la movilización social que criticó el proyecto por considerar que se cedían territorios a inversores extranjeros.

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Recientemente, el pasado jueves (3), Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, informó que la ZEDE Próspera está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras tras la derogación de la Ley.

Al mismo tiempo, el pueblo garífuna espera la visita de una misión de la CIDH a finales de noviembre, quien harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades en conflicto por su territorio, pues situaciones similares a lo que acontece en Punta Gorda suceden en territorios garífunas de Tela, en comunidades de San Juan y Triunfo de la Cruz.

Pese a que desde el año 2015 existen sentencias de la CIDH que obligan al Estado de Honduras a resarcir el daño resultado de la violación de derechos al territorio de comunidades garífunas, fue hasta abril de este 2022 que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, difundió su interés por comenzar a cumplir dichas sentencias favorables a las comunidades afroindígenas.

Para la Ofraneh, el incumplimiento de estas sentencias ha derivado en el incremento de la violencia contra las poblaciones garífunas, quienes durante los últimos años han reportado asesinatos y desapariciones de defensores de sus territorios ancestrales.

^{En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.}

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.