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FrayBa

Nuevos desplazamientos por violencia en Pantelhó

• La omisión del Estado mexicano favorece el miedo y terror contra las comunidades en la zona

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información sobre el desplazamiento de al menos 90 personas originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal del municipio de Pantelhó; en su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), esto debido a la tensión política que se vive en el municipio de Pantelhó.

Según información recibida por autoridades comunitarias de Pantelhó y Chenalhó, en los próximos días el número de desplazados aumentaría debido al miedo a que se desate la violencia el próximo 1 de octubre: “Hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo lleguen, que hagan bloqueos y haya enfrentamientos, por eso la gente ahora tiene miedo, muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron, se han ido a San Cristóbal de Las Casas y a otros municipios”.

La violencia ha ido incrementando, después de las declaraciones realizadas por el señor Raquel Trujillo, Presidente Municipal electo en el municipio de Pantelhó, de tomar posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Sus declaraciones ha impactado y generado temor a la población provocando nuevos desplazamientos. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno adoptando las medidas que sean necesarias, además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que tales hechos no se repitan.

La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades tsotsiles y tseltales de los municipios de Chenalhó y Pantelhó, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Además el desplazamiento forzado interno vulnera el derecho a la libre circulación y residencia, afecta el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, incremento de pérdida del acceso a la propiedad, inseguridad alimentaria y desarticulación social.

El Frayba se une al llamado de Paz y a la preocupación expresada por la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir de Chenalhó y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, frente a la espiral de violencia que hay en la región. Por último exigimos al gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integridad personal de la población en la región de los Altos Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
28 de septiembre de 2021
Boletín No. 12

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Regeneraciòn Radio

Lo que el zapatismo cosechó

Por Sandra Suaste y Luis Suaste
Ciudad de México, 24 de septiembre.

Entre la gente se escuchan algunos murmullos anecdóticos sobre el zapatismo. Dentro de esta manifestación de centenares de personas surgen muchas respuestas. Aunque nadie hizo ninguna pregunta específica, pero las historias de vida suenan, como un murmullo alterno al mitin frente a la Secretaría de Gobernación. En colectivo, las voces bajitas dan respuesta a esto: ¿Qué significa estar ahí?

Todas las personas llevan en su memoria algún acontecimiento: el levantamiento armado de 1994; las caravanas de ayuda humanitaria de 1998; la marcha de los 1111 zapatistas; la marcha del color de la tierra; La otra campaña, el festival de La digna rabia, el estruendoso silencio de 2012 con la marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la Escuelita Zapatista, los festivales de ConCiencia y CompArte; el Encuentro de mujeres y ahora, la Gira en Europa.

¿Y tú cuál llevas en tu corazón? Es algo que -si eres simpatizante- seguramente ya te respondiste.

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Colectivo Grieta

Acciones dislocadas para exigir el alto a la guerra paramilitar en diversas ciudades del país

Colectivo Grieta

Ayer, 24 de septiembre del 2021, colectivos, organizaciones e individuos de abajo y a la izquierda salieron a las calles a exigir se detenga la guerra paramilitar en contra de las comunidades zapatistas.

En un comunicado del 19 de septiembre, a nombre del CCRI-CG del EZLN, el Subcomandante Insurgente Galeano informó del secuestro de dos compañeros autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, a manos de la organización paramilitar ORCAO, que actúa bajo la protección del desgobierno de Rutilio Escandón. Después de 8 días de secuestro, los compañeros Sebastián Núñez Pérez y Jose Antonio Sánchez Juárez fueron liberados gracias a la intervención de los párrocos de San Cristóbal de las Casas y Oxchuc, quienes evitaron que el conflicto escalara hasta llegar a una tragedia, según informó el Subcomandante Galeano en dicho comunicado. El grupo paramilitar también dispara armas de fuego todas las noches en contra de la comunidad Moisés y Gandhi.

En respuesta al llamado realizado hacia el final del comunicado para manifestarse en embajadas, consulados y en las casas del gobierno de Chiapas, diversas organizaciones, colectivos e individuos se movilizaron para repudiar los ataques paramilitares de la ORCAO y exigir que se abandone el culto a la muerte que profesan el gobierno, sus funcionarios y criminales a sueldo.

Morelia, Michoacán.

En punto de las 11 am colectivos simpatizantes al  Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos zapatistas en lucha, se manifestaron en contra de la guerra paramilitar hacia las  comunidades zapatistas en Chiapas.

Miembros de la Red de Rebeldía y Resistencia de Morelia,  realizaron una manifestación frente a palacio de gobierno del estado de Michoacán con carteles y mantas  para manifestar su solidaridad con las comunidades zapatistas, y su repudio a las agresiones del grupo paramilitar ORCAO.

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CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

CIPOG-EZ se suma al llamado del EZLN, para exigir el alto a las provocaciones y que se abandone el culto a la muerte que los malos gobiernos profesan

CIPOG-EZ se suma al llamado del EZLN, para exigir el alto a las provocaciones y que se abandone el culto a la muerte que los malos gobiernos profesan

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LAS REDES DE REBELDÍA Y RESISTENCIA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

20 de septiembre de 2021

Ante el llamado que hacen los hermanos, hermanas y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional:

“A LA EUROPA DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA Y A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL A MANIFESTARSE FRENTE A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE MÉXICO, Y EN LAS CASAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EXIGIRLES QUE SE DEJEN YA DE PROVOCACIONES Y ABANDONEN EL CULTO A LA MUERTE QUE PROFESAN”

Las comunidades que conformamos el CIPOG-EZ y que somos parte del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), nos sumamos a la acción internacional para demandar el ¡ALTO A LA GUERRA Y HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DEL EZLN! Para decirle al mal gobierno que sabemos lo que pasa con nuestros hermanos, hermanas, hermanoas de EZLN, por muchos cercos que imponga el mal gobierno, por mas silencio que pague a los medios de comunicación para que no se sepa nada de lo que ocurre en Chiapas.

Desde la Montaña Baja de Guerrero, vemos con preocupación cómo el hostigamiento en contra del EZLN no sólo se ha mantenido desde su surgimiento en 1994, sino que se agudiza, pues los grupos paramilitares se han reactivado con todo el respaldo y silencio de los malos gobiernos. En las comunidades que conformamos al CIPOG-EZ, sentimos en lo más profundo su llamado, pues la muerte, los secuestros, encarcelamientos, la complicidad de los grupos narco-paramilitares con los malos gobiernos, son cosas que vivimos y sufrimos, pero que no normalizamos y por eso luchamos y resistimos: para vivir.

Saludamos la iniciativa del EZLN y nos llena el corazón de saber que la Travesía Por La Vida está en marcha. Sepan que ustedes son un referente para nosotros y nosotras aquí en las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, que seguimos sus pasos, pues la autonomía de las comunidades es el reto que tenemos quienes aspiramos a la construcción del mundo que queremos y en eso ustedes son nuestro ejemplo.

Llamamos a las y los compañeros solidarios, de México y del mundo, a dar seguimiento a nuestras hermanas, hermanos y hermanoas que andan por el mundo en la Travesía Por la Vida y a quienes se quedan en el territorio zapatista en el estado de Chiapas. Llamamos a movilizarnos de manera conjunta, aunque cada quien en sus geografías, el día viernes 24 de septiembre de 2021.

Llamamos a los medios de comunicación a que vengan a la comunidad de Alcozacán el 24 de septiembre, día en el que nos movilizaremos. En este sentido, responsabilizamos a Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero, al fiscal y demás encargados de la seguridad del estado de cualquier cosa que pueda sucedernos, pues al igual que el gobernador de la 4T del estado de Chiapas Rutilio Escandón, las autoridades del estado de Guerrero, han demostrado que la vida de quienes habitamos el territorio no les interesa.

ATENTAMENTE:

CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

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FrayBa

La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades de Aldama y Santa Marta

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

22 de septiembre del 2021

Boletín No. 11

 

  • La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades mayas tsotsiles de Aldama y Santa Marta.
  • La implementación de las Medidas Cautelares 284-18 dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de familias Tsotsiles de las comunidades de Aldama, no impidió la muerte de Domingo Santíz Jiménez.
  • El Frayba solicita a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), adopte Medidas Provisionales frente a la extrema gravedad, urgencia y perjuicio irreparable que viven las comunidades.

 

El 28 de marzo de 2018 las familias tsotsiles de las comunidades de Aldama presentaron ante la CIDH solicitud de Medidas Cautelares (MC), frente al riesgo a la vida e integridad física y psicológica por los constantes ataques de arma de fuego que estaban – y continúan – recibiendo por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que ocasiona desplazamiento de personas.

Tres años después de la solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por parte del Frayba y del Estado mexicano, el día 23 de abril de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la resolución 35/2021 decidió otorgar medidas, registradas con en numero MC-284-18.

A partir de la adopción de las MC, hoy en día suman un total de 121 agresiones por disparos de arma de fuego que han ocasionado la pérdida de la vida de 7 personas[1] y por lo menos han resultado heridas otras 22[2] como resultado del ataque con armas de fuego del grupo armado ilegal que actúa desde Chenalhó, Chiapas.

La más reciente violencia y terror sufrida por los pobladores de las comunidades de Aldama fue perpetrada el 15 de septiembre de 2021; narran los 115 comuneros del lugar que Domingo Sántiz Jiménez, acompañado de otras personas, venían de regreso del municipio de San Andrés Larráinzar, lugar en el que habían realizado compras de mercancías para surtir su tienda abordo de un vehículo de redilas marca Nissan, para posteriormente dirigirse a la comunidad de Xuxch’en municipio de Aldama. Mientras iban pasando el camino, a la altura de la Escuela de Tabak los empezaron a agredir con disparos de armas de fuego en ráfagas, desde los puntos Volcán, Telemax y Tok’oy del sector Santa Martha. Al llegar a la altura del puente Tabak, el vehículo fue alcanzado del lado del copiloto por las múltiples disparos de armas de fuego, aunado a esto por el mal tiempo y los trabajos que se está realizando para la construcción de los 2 km de pavimentación y la destrucción y construcción de un nuevo puente de tabak, por el lodazal que existe, al momento de cruzar el río del puente Tabak, el vehículo quedó atascado en medio del río, los tripulantes descienden del vehículo para resguardarse de los disparos de armas de fuego dirigidos hacia ellos. Al mismo tiempo que el nivel del agua del río subía y por su fuerza arrastro al vehículo unos metros logrando algunos de sus tripulantes salvar su vida con ayuda de habitantes del lugar. Domingo Santíz Jiménez no corrió con la misma suerte, ya que por querer rescatar a sus compañeros fue alcanzado por una bala, cayó y fue arrastrado por el río. Su cuerpo fue localizado el 16 de septiembre del 2021.

Las agresiones armadas han ocasionado desplazamientos forzados de por lo menos 4399, quienes se refugian en las montañas para proteger su vida y que permanecen en un constante estado de angustia y alerta por las agresiones que les hace desplazarse de manera intermitente, sin que se les haya reparado los daños y perjuicios individuales, y comunitarios. Todos estos hechos han sido informados oportunamente a la CIDH.

Por estos hechos y frente a la extrema Gravedad, Urgencia y Perjuicio irreparable que viven los beneficiarios de las comunidades de Aldama, el Frayba ha solicitado a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adopte Medidas Provisionales a favor de las 12 comunidades beneficiarias de Aldama dentro de la Medida Cautelar 284-18, a fin de garantizar su vida, su seguridad e integridad física.

La Corte IDH en el caso Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II ha establecido: Que en asuntos como el presente la extrema gravedad de la amenaza se debe evaluar en función del contexto específico, siendo evidente que si derechos fundamentales como la vida y la integridad física se encuentran sujetos a dicho tipo de amenaza se está, en principio, ante un contexto que amerita considerar medidas provisionales.[3]

Así también en el caso de Juan Almonte Herrera refiere que: La información presentada por la Comisión demuestra, prima facie, que las personas indicadas en su solicitud de medidas provisionales y en la Resolución del Presidente de 24 de marzo de 2010 se encontrarían en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.[4]

Desde este Centro de Derechos Humanos no nos cansaremos de denunciar a los gobiernos del estado de Chiapas y Federal que no cumplen con respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos y la consideración más elemental que los pueblos de Aldama y Santa Martha vivan en paz.

 

[1] Manuel Gómez Pérez, Alonso Gómez Hernández, Isidro Gómez Hernández y/o José Antonio Gómez Hernández (11 años de edad), Martín Ruiz Sántiz, Filiberto Pérez Pérez, Pedro Lunes Pérez y Domingo Sántiz Jiménez.

[2] Carlos Sántiz Ruiz, José Hernández Sántiz, Juan de Jesús Sántiz Pérez, Emiliano Sántiz Hernández, Alonso “N” Jiménez Gómez, Ignacio Pérez Jiménez, Pascual Pérez  Pérez, Apolonia Santiz López, Marcos Gómez López, Rosa Hernández Ruiz,  Santos Armando Ruiz Hernández (3 años de edad en el momento de los hechos), José Guadalupe Sántiz Jimenez, Juan Lunes Sántiz,  María Luciana Lunes Sántiz (13 años en el momento de los hechos),  Mario Pérez Gutiérrez, Juan Pérez Gutiérrez. Andrés Ruiz Sántiz, Raymundo Pérez Sántiz, Armando Pérez Sántiz, Artemio Pérez Pérez, María Isabel Hernández (Religiosa de la iglesia católica, cuando iba a entregar ayuda humanitaria), y  Andrés Jiménez Pérez de las comunidades de Aldama, Chiapas.

[3] Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008.

[4] Asunto Juan Almonte Herrera y otros respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 25 de mayo de 2010.

 

 

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Las Abejas de Acteal

Nos atrevemos a gritar “Viva la Independencia de México”, mientras en México se violan derechos fundamentales, desaparecen y asesinan a defensoras y defensores de derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Parroquia de San Juan Evangelista de C’ancuc

A las mujeres y hombres luchadores del campo y la ciudad

A las y los defensores de los derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra

A los medios Libres y Alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Queremos empezar nuestra palabra saludando al Comité de Promotores de Derechos Humanos en Defensa de la Vida y la Casa Común de esta Parroquia de San Juan Evangelista, C’ancuc, que amablemente nos invitaron a compartir este día tan importante de la celebración y agradecimiento de sus 5 años de caminar en la defensa y cuidado de la Madre Tierra y, también reflexionar brevemente la “Independencia de México”, de hace 211 años, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerreo, Agustín de Iturbide y entre otras y otros insurgentes.

En la historia oficial de México, nos cuenta que, nuestras abuelas y abuelos son los que más derramaron sangre en la lucha por la Independencia de México, siempre somos ignorados, simplemente somos un número para quienes escriben las historias oficiales o en el peor de los casos, nos señalan como salvajes e ignorantes, ese es el pensamiento de quienes les molesta y avergüenza nuestra memoria digna y verdadera.

Pero, no sólo es indignante que no nombren a nuestras abuelas y abuelos por su valentía y sacrificio en la lucha por la Independencia de México, sino, porque los mismos malos gobiernos de México la han traicionado junto con sus amigos los ricos y poderosos para así robar y saquear las riquezas de nuestro país.

En el calendario oficial, marca que hoy se dará el “grito del inicio de la Independencia de México”, pero, preguntamos:

¿Existe “Independencia de México”, mientras el mal gobierno en turno sigue entregando nuestras tierras y territorios a los ricos y poderosos para construir el mal llamado “Tren Maya”, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y otros megaproyectos de muerte?

¿Nos atrevemos a gritar “Viva la Independencia de México”, mientras en México se violan derechos fundamentales, desaparecen y asesinan a defensoras y defensores de derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra?

No, no vamos a gritar “Viva la Independencia de México”, porque para prestarse a esa farsa, se tiene que tener muy poca memoria.

¿Y por qué no hacemos otra forma de celebrar este día? ¿Por qué no damos Vivas de los nombres de nuestras hermanas y hermanos defensores de derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra que han sido desaparecidos y asesinados cruelmente por los paramilitares, por los sicarios, por los policías, por la Guardia Nacional y por el Ejército Mexicano?

Ante la traición de la “Independencia de México”, pensamos que ahora somos nosotros los pueblos organizados y en resistencia, las organizaciones y activistas sociales del campo y de la ciudad, las y los defensores de los derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra, y las y los que se sumen, para que, de nueva cuenta en México exista Independencia, para que en nuestras comunidades y pueblos se respeten nuestras autonomías, para que en el campo y en la ciudad vivamos libres y sean respetados nuestros derechos humanos.

Hermanas y hermanos de este pueblo tseltal de C’ancuc y en especial al Comité de Promotores de Derechos Humanos en Defensa de la Vida y la Casa Común, les deseamos mucha fuerza en su caminar y en su lucha, que no sólo cumplan 5 años de organización, sino, que hasta donde sea necesario por el bien de su comunidad y pueblo. Y les agradecemos enormemente su invitación, su respeto y su hermandad, que nuestra Madre de Guadalupe las guíe siempre y les conceda mucha sabiduría y bendiciones.

Antes de terminar, rechazamos categóricamente el secuestro de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 Floreciendo la semilla rebelde, por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Nos sumamos a la exigencia de aparición con vida de los compañeros: José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez (https://www.redajmaq.org/es/desaparicion-de-dos-integrantes-de-la-junta-de-buen-gobierno-patria-nueva-del-caracol-10?fbclid=IwAR0mrM5Dv1gjX6o5vNMPpCUGprQENXxXqIHWcfSsfFi4Bl1u-p2xnCvnAMU)

A continuación, les invitamos a gritar juntas y juntos estas Vivas:

Vivan las mujeres y hombres de pueblos originarios quienes lucharon con el Cura Hidalgo.

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Agustín de Iturbide!

¡Viva la Memoria Viva de los Pueblos Organizados!

¡Vivan las y los defensores de los derechos humanos!

¡Vivan las y los defensores de la Vida y de la Madre Tierra!

¡Viva el Comité de Promotores de la Defensa de la Vida y de la Casa Común de la Parroquia de San Juan C’ancuc!

¡Viva la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal!

¡Viva Simón Pedro Pérez López!

¡Viva San Pedro Chenalhó!

¡Viva Cristo Rey!

¡Viva la Virgen de Guadalupe!

 

Desde San Juan C’ancuc, Chiapas, México; a 15 de septiembre de 2021.

 Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                               Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                               Secretario

 

Manuel Ortiz Gutiérrez                                  Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                       sub Presidente

 

Sebastián Guzmán Sántiz

sub Tesorero

 

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Avispa Midia

Empresas alemanas en “tren maya” refuerzan despojo y militarización

Por Aldo Santiago

El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.

El informe Tren Maya made in Germany. La Deutsche Bahn y el tren de la destrucción, destaca la participación de empresas alemanas que a primera vista no tienen nada que ver con el sector de infraestructura.

“Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas”, enfatiza el reporte elaborado por la red Ya Basta Netz.

Protesta en Chiapas contra la imposición del “tren maya” y sus proyectos asociados

Por ejemplo, las fuerzas armadas obtienen gran parte de sus armas del fabricante alemán Heckler & Koch o SIG Sauer GmbH & Co. KG. Incluso, las armas utilizadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 eran fusiles de asalto G36, las cuales Heckler & Koch había vendido ilegalmente a México.

“A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas”, detalla el documento.

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El reporte también contextualiza las consecuencias de la imposición del megaproyecto en torno a la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de los pueblos indígenas de la región, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una creciente militarización en una de las regiones más conflictivas del país.

Inversiones

“El mayor error es ver el Tren Maya sólo como un tren”, enfatiza el Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), consultado por la red Ya Basta Netz para la elaboración de la investigación.

El “tren maya” consta de una nueva ruta de más de 1,500 kilómetros, la cual busca conectar cinco estados, desde Palenque hasta Cancún, entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña en el estado de Chiapas. “La serpiente de asfalto entre Cancún y Mérida se va a prolongar en el transcurso de las obras del Tren Maya y atravesará la selva junto con la línea de tren.

Representantes de las comunidades tzeltales e integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio reiteraron su rechazo al proyecto carretero en Chiapas

Algunas de las empresas con inversiones en el “tren maya” son:

La filial de DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas.

“De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto “Tren Maya”. (…) El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros”, es una de las declaraciones del secretario del Estado Alemán, Enak Ferlemann, quien confirma las inversiones del país europeo en el sureste mexicano.

Por su involucramiento en el megaproyecto, la investigación cuestiona el silencio de la DB sobre las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del “tren maya”, pues considera que no encajan en absoluto con la imagen respetuosa con el medio ambiente que proyecta la empresa en Europa.

Publicidad de DB como empresa respetuosa del medio ambiente.

“Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el ‘carbón de sangre’. Cuando DB utiliza ‘oficialmente’ electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB”, denuncia el documento.

Por otra parte, la empresa SIEMENS ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del “tren maya”, en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes.

En consonancia, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar, incluso antes de contar con planes o estudios concretos, sobre todo de aquellos que abordan los problemas medioambientales que producirá el megaproyecto. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el “tren maya” son similares a las de DB o SIEMENS.

La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo declaró en 2018 que dicha corporación podría participar, desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra.

Sureste, el objetivo

En el reporte es de especial preocupación los efectos del megaproyecto en la militarización del sureste del país, debido a que el ejército mexicano administrará gran parte del proyecto y también recibirá los beneficios del mismo.

“Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de ‘baja intensidad’ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: ‘Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‘barrera de migrantes’ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, comparte el Dr. Sergio Prieto Díaz.

Aunado a ello, el documento remarca que, en el tema medioambiental, estudios concluyen que el “tren maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas.

La destrucción de la selva le abre el camino al Tren Maya – solo para el “tramo 1” se van a talar 800 hectáreas.

“Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados”.

Pese a todos estos efectos, y aún con la realización de una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias, el costo del megaproyecto, que asciende a los 150 mil millones de pesos, demuestra el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal.

Además, la investigación denuncia que, para iniciar el proceso de construcción, el Estado mexicano no consultó a la población indígena de la región.

“El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”, destaca el documento de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Al mismo tiempo, también resalta la información del Comité contra de la Discriminación de la ONU sobre que, con frecuencia, las consultas son llevadas a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.

“Al mismo tiempo, lxs activistas que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders”, añade el reporte.

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En contraste, el valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente, lo que promueve el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes.

“La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común”, concluye la investigación.

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Avispa Midia

CODEDI denuncia nuevas agresiones: policía y narcotráfico coludidos

Por Vanessa García Navarro

En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro

Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.

Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.

Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los  llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.

En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.

Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.

También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.

Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.

Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.

Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.

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Avispa Midia

Pico de Oro: una isla cercada por agua y palma de aceite en Petén

Por Avispa

Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria

En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera

La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.

Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.

Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.

A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.

La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.

Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera

En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.

Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.

Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.

Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.

Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.

“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.

Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.

En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.

Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera

“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.

Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.

Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.

“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.

Diálogo de sordos con los palmeros

Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.

La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.

Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.

Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.

La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.

Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera

Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.

Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.

“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.

Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.

“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.

“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.

Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.

La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.

A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.

“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.

La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.

Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.

Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.

Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.

A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.

Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera

Tan lejos del Estado

Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.

Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.

El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.

“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.

“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.

El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.

Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.

“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.

La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.

Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.

El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.

Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.

En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.

Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera

La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.

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Pronunciamiento conjunto – Preocupación por seguridad del Padre Marcelo Pérez Párroco de Simojovel y defensor de derechos humanos

Pronunciamiento conjunto
Preocupación por seguridad del Padre Marcelo Pérez
Párroco de Simojovel y defensor de derechos humanos

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México), manifestamos nuestra preocupación por los actos de criminalización hacia el Padre Marcelo Pérez Pérez, por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

El Padre Marcelo Pérez Pérez es un reconocido defensor de derechos humanos que como párroco de Simojovel y Coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha realizado innumerables acciones de defensa de derechos humanos.

En este sentido, ha venido trabajando con los pueblos tsotsiles, tseltales, zoques y mestizos, acompañando procesos de defensa de la tierra y territorio, mediando en conflictos y acompañando comunidades desplazadas.  A su vez, el Padre acompaña a personas migrantes, así como a personas defensoras que han sido criminalizadas por su trabajo de defensa de derechos humanos.

Por su actividad de defensa de derechos humanos, el Padre Marcelo ha sido víctima de deslegitimaciones, difamaciones y descredito constante; desde el inicio de este año las agresiones se han intensificado, prueba de ello son las declaraciones y señalamientos que ha realizado un funcionario público municipal recientemente electo.

La situación de riesgo del Padre Marcelo por su actividad de defensa de derechos humanos se ve reflejada en el otorgamiento de las medidas cautelares número MC-506-14 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016; dichas medidas siguen vigentes actualmente, siendo imprescindibles, aunque no suficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro.

En efecto, la propia CIDH ha afirmado que las declaraciones públicas que deslegitiman y desacreditan el trabajo de personas defensoras de derechos humanos, como el Padre Marcelo, los hace más vulnerables y es obligación del Estado reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos es un acto legítimo.

El Frayba y SweFOR México deseamos llamar la atención al gobierno mexicano sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y solicitamos reconozcan la labor de defensa de derechos humanos y construcción de paz en Chiapas del Padre Marcelo Pérez Pérez, solicitamos que se evite cualquier acto de autoridad que ponga en riesgo a su persona y a las que él acompaña.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Movimiento Sueco por la Reconciliación – México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de julio de 2021

Lee el pronunciamiento completo dando clic aquí.

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