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Autoconsulta maya decidirá sobre industria porcícola en Yucatán

Por Aldo Santiago

En portada: Asamblea informativa realizada en Celestún el pasado 15 de julio. Foto de Equipo Indignación

Pueblos mayas de Kinchil, Celestún y San Fernando participaron en distintas asambleas informativas como parte de un proceso de autoconsulta que efectúan para decidir si aceptan o no la operación de granjas porcícolas en sus territorios.

Estas reuniones fueron realizadas los pasados 15 y 16 de julio y se enmarcan en una convocatoria realizada por Consejos mayas “para ejercer el derecho al consentimiento previo de la libre autodeterminación”.

Tras la realización de las asambleas, la autoconsulta pasará a la fase consultiva, a realizarse de manera simultánea en los tres pueblos mayas el próximo domingo (25).

“Ya es hora que el Estado empiece a tomarnos en serio, no somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestro derecho a manifestar nuestra decisión como pueblo, por eso le decimos, que nunca más sin nuestro permiso”, enfatizaron organizaciones indígenas mayas mediante convocatoria titulada “Aquí manda el pueblo”.

Entre los convocantes se encuentran los Consejos Mayas del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil y Chik’in Ja’ – Celestún, así como el Colectivo de atención comunitaria U yutzil kaj. Además, cuentan con el acompañamiento de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. para la observación de derechos humanos.

De acuerdo a la convocatoria, las comunidades no sólo buscan defender a sus pueblos de la contaminación por la operación de granjas porcinas, “sino sobre todo buscan cambiar la relación con el Estado, la cual enfatizaron, sigue siendo racista, tutelar y colonial”.

Según las organizaciones convocantes, el proceso actual de consulta es consecuencia de la omisión del Estado mexicano, pues en sus tres niveles de gobierno otorga permisos a proyectos extractivistas, cuya principal industria en Yucatán es la producción porcícola.

Acorde a datos de Greenpeace, el consorcio porcícola posee mas de 257 granjas de cerdos la región del sureste mexicano. 43 de ellas están ubicadas en zonas de riesgo ambiental y 36 más están dentro del llamado Anillo de Cenotes, lo cual aumenta el riesgo de contaminación de las fuentes de agua.

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“Es debido al silencio del gobierno, las empresas y las autoridades que no hablan de las afectaciones, de los riesgos y de las consecuencias que traen consigo estos proyectos de desarrollo por lo cual nosotros estamos organizando la consulta, con todas las fases que marcan los estándares internacionales”, señalaron en la convocatoria.

Los comités mayas también denunciaron que la omisión de parte del Estado es una clara violación al derecho a la autonomía, así como a la libre autodeterminación que tienen como pueblos indígenas.

Asambleas

Los pueblos mayas llevaron a cabo las asambleas informativas pese a la ausencia, tanto de las autoridades estatales y federales. Tampoco se hicieron presentes, ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ni de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuyas oficinas se otorgan los permisos para la operación de las granjas sin consultar a los pueblos involucrados.

Kekén, la principal empresa porcícola de la región, tampoco asistió a las asambleas y mediante comunicado, descalificó la consulta realizada por los pueblos mayas, pues argumentó que “no cumple con los requerimientos establecidos en la ley”.

En tanto, el ejercicio inédito también contó la compartición de experiencias en la defensa del agua por parte de representantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes). Dicha organización encabezó durante cuatro años la resistencia contra la operación de una mega granja de 49 mil cerdos en la comunidad maya de Homún, ubicada apenas 55 kilómetros al sureste de Mérida.

Como resultado de su organización, apenas el pasado 19 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de manera definitiva la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), subsidiaria de Kekén.

Comunidades defendiéndose

Por otra parte, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán admitió una demanda de amparo del pueblo maya de Sitilpech, pues han sido afectados sus derechos al medio ambiente sano, al agua y a su libre autodeterminación por la instalación y operación de una megagranja porcícola en su territorio sin haberles consultado y sin contar con los permisos necesarios.

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Kancabchen II es el nombre de la mega granja porcícola que mantiene actividades desde hace dos años, a una distancia de casi 700 metros de la población, y que preocupa a l@s pobladores debido a la contaminación que genera en suelo, agua y aire.

“Más de 100 habitantes de Sitilpech, entre los que se encuentran niños, niñas y personas adultas mayores, han presentado esta demanda de amparo porque han percibido en mayor intensidad los malos olores y el aumento de los mosquitos transmisores de enfermedades, así como por la preocupación por la contaminación del agua de sus cenotes y pozos en su territorio”, señala la organización Kanan Derechos Humanos sobre la estrategia legal interpuesta contra la granja porcina.

El amparo admitido está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal.

A dichas instituciones se les reclama por el incumplimiento en las labores de fiscalización, inspección, vigilancia y sanción a la mega granja Kancabchen II.

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Avispa Midia

Pico de Oro: una isla cercada por agua y palma de aceite en Petén

Por Avispa

Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria

En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera

La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.

Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.

Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.

A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.

La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.

Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera

En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.

Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.

Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.

Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.

Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.

“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.

Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.

En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.

Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera

“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.

Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.

Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.

“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.

Diálogo de sordos con los palmeros

Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.

La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.

Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.

Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.

La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.

Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera

Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.

Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.

“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.

Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.

“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.

“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.

Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.

La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.

A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.

“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.

La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.

Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.

Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.

Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.

A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.

Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera

Tan lejos del Estado

Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.

Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.

El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.

“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.

“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.

El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.

Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.

“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.

La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.

Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.

El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.

Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.

En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.

Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera

La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.

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Pronunciamiento Conjunto. Sobre la situación de violencia generalizada en Pantelhó y la crisis de desplazamiento forzado interno


 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 15 de julio de 2021

 

 

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.

Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.

La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.

A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.

Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.

Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.

Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.

Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.

Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.

También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades.  Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.

Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.

Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.

Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Médicos del Mundo Suiza

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)

Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)

Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

PDF del Pronunciamiento conjunto aquí!!!

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Avispa Midia

Defensoras ambientales exigen cese del modelo extractivo en Chiapas

Por Aldo Santiago

“Las mujeres nos organizamos, somos el corazón de los movimientos de defensa ambiental en San Cristóbal de Las Casas y a lo largo de muchos territorios”, señalaron defensoras del agua y los humedales desde dicha ciudad en los Altos de Chiapas.

Mediante pronunciamiento, las defensoras expresaron que se reunieron para examinar los efectos económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas que se ejecutan en sus territorios.

Entre sus trabajos, analizaron la problemática y consecuencias de distintos proyectos extractivistas de la ciudad, tales como la extracción de grava y arena que destruyen los cerros y humedales; la tala de árboles; la invasión y el crecimiento inmobiliario en zonas de humedales; la contaminación generada por el exceso de basura; el avance de las empresas refresqueras y cerveceras, como la Coca-Cola FEMSA, así como de tiendas comerciales tales como Oxxo, Walt Mart, Chedraui, Soriana, Bodegas Aurrerá.

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En las sesiones participaron un total de 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y colonias de San Cristobal de Las Casas, quienes también debatieron sobre la invasión de áreas naturales para la construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.

Según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: el sexenio de la impunidad”, México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio y la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas.

Cuerpo-Territorio

En el pronunciamiento, las mujeres defensoras ambientales de San Cristóbal de Las Casas enfatizan que “los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres niñas y niños que compartimos estos territorios, además de que generan más violencia y despojo, coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de a quienes se nos obliga a sostener este sistema”.

Las defensoras denunciaron también que estos proyectos son promocionados como desarrollo económico e impulsados por los tres niveles de gobierno, lo cual repercute en la generación de pobreza, violencia y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres.

“Además, intensifican la violencia machista y los feminicidios, que se han incrementado a pesar de los 5 años de la implementación de la Alerta  de Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas”, denuncian las defensoras.

Otro punto que destacan es la discriminación y criminalización de su “ejercicio político de participación ciudadana, no solo por el gobierno, sino también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas.

Finalmente, las defensoras ambientales exigen “el cese del modelo de extractivo que destruye todos nuestros bienes naturales y nuestras formas de vida y que nos niega la posibilidad de existir en nuestros propios territorios”.

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Avispa Midia

En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico

Por Ñaní Pinto

En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.

“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.

L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.

En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.

Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

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Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.

“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.

Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.

Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.

Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.

¿Diálogo o represión?

“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.

Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.

Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.

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“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.

“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.

Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.

“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.

Negocios con delincuentes

Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.

“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.

Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.

“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.

Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.

A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Avispa Midia

En México, 56 activistas asesinados en tres años

Por Ñaní Pinto

En portada: Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Fue asesinado el 5 de julio pasado por su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Foto de Luis Enrique Aguilar

Durante la primera mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 56 asesinatos de activistas en México. Entre las víctimas se encuentran defensor@s del medioambiente, el territorio, los derechos de la comunidad LGTBI+ y pueblos indígenas.

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De acuerdo a registros de la organización Frontline Defenders, durante el año 2019 el saldo fue de 24 defensor@s de derechos humanos asesinad@s y durante el 2020 se suscitaron otros 20 homicidios.

Estos casos se suman al registro de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que contabiliza 12 activistas asesinados durante los primeros seis meses del año en curso.

No obstante, los homicidios del 2021 podrían ser mayores. Registros de organizaciones no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la plataforma de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional arrojan un saldo de 19 víctimas mortales en lo que va del año.

“Hoy en día México es uno de los países mas letales para la defensa de los derechos humanos”, señaló Sandra Patargo, representante en México de la organización Frontline Defenders, para entrevista a medios nacionales.

Por su parte, la misma organización, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) señalaron que existen casos que no han sido denunciados ni a las autoridades, ni públicamente debido al riesgo que implica para otr@s defensor@s de los derechos humanos.

Los asesinatos de este 2021 ocurrieron en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima.

Otros organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) han documentado que las agresiones ocurridas en los años 2019-2020 fueron ejecutadas principalmente por agentes del Estado, empresas y crimen organizados, estos últimos en colusión con las autoridades de diferentes niveles.

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Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento del CNI – CIG en solidaridad con Mexicali Resiste

Al Colectivo Mexicali Resiste

Al pueblo de Baja California

Al pueblo de México

A la Sexta Nacional e Internacional

A los medios de comunicación

 

Hoy, nos declaramos en alerta ante la amenaza a la libertad de las y los compañer@s del colectivo Mexicali Resiste, en el estado de Baja California, que luego librar varias batallas en contra del robo del agua, que los malos gobiernos en todos sus niveles, decidieron entregar a la empresa trasnacional Constelation Brands, en contra de todo el pueblo del estado de Baja California, enfrentan una nueva amenaza a su libertad.

 

El partido Morena, que domina el congreso estatal, impugnó la resolución en el Número Único de Caso (NUC) 02/2017/42577, del juzgado 4º.  del Sistema Penal en Baja California, en el cual la fiscalía estatal había determinado que no existen los elementos para ejercer acción penal alguna en contra de las y los compañeros, quienes no solo han ejercido sus derechos constitucionales de organización y manifestación, sino defendido el derecho al agua, o sea a la vida, de miles y miles de personas que resultarían afectadas por dicha acción neoliberal.

 

El día de hoy, 8 de julio de 2021, se celebra la audiencia constitucional como parte del amañado proceso en el que se pretende callar las voces de dignidad y esperanza, por lo que advertimos que no permaneceremos inmóviles ante cualquier acción de los malos gobiernos y responderemos en colectivo.

 

Las y los compas de Mexicali Resiste, se opusieron a la corrupción que el mal gobierno federal dice combatir, se opusieron al crimen que es despojar del agua a miles de familias, se opusieron al violento embate neoliberal, que es encabezado por el mal gobierno de la 4T, que pregona mentiras, mientras que con ambición y corrupción entrega el país a los ricos del mundo.

 

Estamos al tanto de la represión que han sufrido nuestr@s compañeros y compañeras, quienes han sido criminalizados por defender lo que es de todos, que al ser un recurso vital como es el agua, no puede ser tratado como una mercancía al servicio del gran capital.

 

Por lo que llamamos a la sociedad de Baja California y del país, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos en lucha, a las redes de resistencia y rebeldía y a la Sexta Nacional e Internacional, a que estemos atentas y atentos a la integridad de las y los compas del colectivo Mexicali Resiste, que no se han rendido, no han claudicado ni se han vendido, pero también de las acciones que la 23 legislatura de Baja California, el gobierno estatal y el gobierno federal, pretendan tomar para privatizar y robar el agua, que en nombre del dinero y la corrupción, decidieron entregar de manera descarada a los dueños del poder.

 

Le decimos a los gobiernos, que sabemos que su intento de represión no es casual, ni tampoco inocente, por lo que responderemos en consecuencia ante cualquier intento despojo y represión.

Atentamente

A 8 de julio de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO MAYA MÚUCH XÍINBAL

POSICIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO MAYA MÚUCH XÍINBAL ANTE EL VIOLENTO E ILEGAL AVANCE DEL MAL LLAMADO TREN MAYA

A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Las comunidades que integramos la asamblea maya Múuch’ Xíinbal manifestamos nuestra
preocupación ante la invasión y destrucción de nuestro territorio, provocado por la construcción del mal llamado tren maya en la Península de Yucatán, Tabasco y Chiapas; levantamos la voz para exigir que nuestra vida sea respetada.

La asamblea maya Múuch’ Xíinbal MANIFIESTA PÚBLICAMENTE que se han encontrado más de 10,000 vestigios arqueológicos en la ruta donde se construyen las vías del tren, denunciamos la opacidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en cuanto al manejo de las piezas encontradas en los 5 tramos donde se está construyendo el mal llamado tren maya, este manejo poco transparente del destino de las piezas que nos han dejado nuestros antepasados, nos recuerda la quema y destrucción de más de 5,000 piezas pertenecientes a nuestra cultura ocurrido en el convento de Maní en el año de 1562, como castigo a los mayas rebeldes que no aceptaron al nuevo Dios; el despojo y la destrucción continúa ahora con un tren que nosotros los mayas no solicitamos, por lo tanto, no lo aceptamos; la historia se repite y el despojo que lleva más de 500 años continúa, ahora solo se moderniza.

MANIFESTAMOS así mismo y responsabilizamos al gobierno federal presidido por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y a su titular el Arquitecto Rogelio Jiménez Pons por las amenazas vertidas recientemente de manera directa al Colectivo Tres Barrios de Campeche, para que los habitantes afectados por la construcción de las vías del tren acepten de manera forzada la “relocalización consensuada” y retiren las demandas de amparo que interpusieron en su legítima defensa ante la decisión de no aceptar la reubicación de sus casas propuesta por ONU – HABITAT, que ha sido contratada por el FONATUR para hacer el trabajo sucio a favor del mal llamado tren maya, por la cantidad de 5 millones de dólares; condenable el vergonzoso actuar de esta oficina internacional al servicio del capitalismo y de las empresas, que se mueve al ritmo de los dólares que les pagan para hacer su “trabajo humanitario
de despojo”.

DENUNCIAMOS la cooptación que el FONATUR está realizando a los grupos y organizaciones que impulsan el turismo comunitario con la intención de arraigar la idea de desarrollo, que las comunidades acepten el proyecto mal llamado tren maya. El pasado 17 de junio en Temozón Yucatán se firmó la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario (APTC) y con el gobierno mexicano, 24 cooperativas algunas de las cuales llevan trabajando el turismo comunitario desde hace muchos años. Según el testimonio de uno de los firmantes de la Alianza que mencionó que “FIRMAMOS DE BUENA FE” porque no entendimos lo que dice el convenio ni las cláusulas del mismo, solo nos dijeron que vamos a poder vender nuestras artesanías en las estaciones del mal llamado tren maya.
Como puede verse en la página web de la Alianza las instituciones involucradas en este monumental engaño a las comunidades mayas son el PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), el FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), institución académica de renombre con reconocimiento a nivel nacional e internacional como una de las mejores universidades, pero ahora forma parte de la servidumbre del FONATUR.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, le recuerda al Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de este doloroso e injusto país llamado México, quien ha repetido en múltiples ocasiones en su ejercicio de adoctrinamiento masivo que llama “mañanera”, que nadie puede estar sobre la ley ni el estado de derecho en este país; le recordamos que él tampoco. El mal llamado tren maya se está realizando por encima de la legalidad, pues hay que recordar que, a pesar de existir cuando menos 4 suspensiones dictadas por Jueces Federales en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el tramo 3, los trabajos han continuado, lo que evidencia un desafío frontal de FONATUR y el gobierno federal a las determinaciones del Poder Judicial Federal.

Desde la perspectiva de los derechos de los pueblos, nuevamente se parte de un esquema tutelar en donde el gobierno federal sin consultar ni dialogar con los pueblos impone esquemas y modalidades de comercio con el aval de instituciones internacionales que legitiman este actuar.

Reiteramos que la raíz de todo este problema, está en que el proyecto del mal llamado tren maya, con todas sus líneas de acción nunca fue consultado ni dialogado con las comunidades afectadas quienes carecen de la información completa y oportuna para tomar decisiones en torno a este proyecto que está siendo impuesto bajo un manto de democracia inexistente, a todas luces, ilegal.

Por todo lo anterior, las comunidades que integramos la Asamblea Múuch’ Xíinbal y las demás organizaciones firmantes:

EXIGIMOS al gobierno federal que respete nuestro territorio y los recursos naturales que lo integran, que no se continúe con la destrucción de las selvas desplazando animales de su hábitat con el pretexto de desarrollar el sur del país, un falso desarrollo que nos quieren vender como bienestar y justicia social, pero que solo traerá destrucción y más pobreza en las comunidades mayas, ya que este megaproyecto insignia del presente sexenio incluye la construcción de 19 polos de desarrollo, que utilizará grandes cantidades de tierras ejidales y que ya está generando problemas entre los habitantes de las comunidades, ya que utilizan la estrategia de dividir y enfrentar a los ejidatarios entre sí, para facilitar el despojo legal.

EXIGIMOS al gobierno federal y al INAH cuyo titular es el antropólogo Diego Prieto Hernández, que el proceso de hallazgo, documentación y recuperación del patrimonio arqueológico sea transparente con informes cualitativos y cuantitativos de los monumentos y piezas encontradas, que todo este proceso no esté supeditado a los intereses empresariales, EXIGIMOS que las piezas prehispánicas recuperadas sean conservadas en las comunidades y sean regresadas a los dueños y herederos legítimos, que el INAH no se convierta en una agencia de compra venta de piezas arqueológicas del Estado; que estos hallazgos sean suficientes para la cancelación del proyecto mal llamado tren maya, priorizar la vida y la cultura y no los intereses económicos de un grupo de
empresarios, el INAH tiene la oportunidad histórica de reivindicarse para lo que originalmente fue creada, tal como puede leerse en la misión que aparece en su página web: “El Instituto Nacional de Antropología e Historia investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta”.

EXIGIMOS al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con el mandato de la carta magna y las leyes que de ella emanan, ya que a la fecha hay suspensiones definitivas del proyecto mal llamado tren maya en favor de las comunidades, dictaminadas por juzgados federales y que no están siendo respetadas por el poder ejecutivo.

EXIGIMOS al gobierno federal y al FONATUR que cesen las agresiones y amenazas a los colectivos y personas que no estamos de acuerdo con el proyecto mal llamado tren maya o que se resisten a la “relocalización consensuada”, RESPONSABILIZAMOS al gobierno federal, ONU – HABITAT, a FONATUR y las empresas contratadas para negociar el pago de los terrenos como Barrientos y asociados S.A de C.V. de las agresiones y amenazas que sufren las comunidades donde existe resistencia a la construcción del mal llamado tren maya.

EXIGIMOS al gobierno federal y al FONATUR que transparenten la información y cesen los engaños a las comunidades para manipular la aceptación del proyecto tren maya, que dejen de engañar a la gente con una falsa idea de justicia social y bienestar, ya que los 19 polos de desarrollo que se tienen programados no incluyen la participación de las comunidades mayas mas que para despojarlos de sus tierras.

EXIGIMOS que se cancele el proyecto mal llamado tren maya, ya que la especulación inmobiliaria y la desinformación origina afectaciones directas que se traducen en conflictos ejidales, tal es el caso de la comisaría de San Antonio Chun que corresponde al municipio de Umán en Yucatán, en donde los que se oponen a la venta de la totalidad de su ejido han recibido insultos y amenazas.

EXIGIMOS que se cancele el proyecto mal llamado tren maya y que el presupuesto aprobado que es alrededor de 170 mil millones de pesos se destine a la construcción de hospitales y compra de medicamentos para atender la pandemia de COVID-19, priorizar la vida y no los intereses de un grupo de empresas extranjeras. El presupuesto destinado a turismo y al mal llamado tren maya tuvo un incremento del 700% en comparación con el 2020, mientras que el sector salud tuvo un incremento del 9.1 % en comparación con el año pasado; así de lamentable es la austeridad republicana que limita el acceso a la salud como un derecho consagrado en el artículo  constitucional, pero da rienda suelta con el presupuesto en beneficio de empresas y consorcios que construyen su tren que le han mal llamado maya.

LA TIERRA MAYA NO SE VENDE NI SE RENTA.
ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO MAYA MÚUCH XÍINBAL
YUCATAN, MEXICO, 23 DE JUNIO DE 2021.
Adhesiones de organizaciones y personas
Articulación Yucatán
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
Aventura Telá
CNI Yucatán
Magdalena Gómez
Violeta Nuñez
Ana Esther Ceceña
Jaime Quintana Guerrero, periodista Radio educación.

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Asamblea de resistencias y rebeldías de Oaxaca en la comunidad El Rebollero | Congreso Nacional Indígena

Pronunciamiento del encuentro de resistencias y rebeldías en Oaxaca

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Escuadrón 421
A los medios libres e independientes

Reunidos y reunidas en las tierras en resistencia del Rebollero, del municipio de Cuatro Venados, Oaxaca, pueblos, organizaciones, colectivos e individualidades, les saludamos y compartimos nuestros sentires.

Preocupados por el escenario que ha provocado la pandemia de la Covid-19, como las limitaciones para ejercer nuestras asambleas, el avance silencioso de los proyectos del gran capital y la reorganización de nuestra movilidad y de nuestros territorios, nos pronunciamos.

Presentes este 19 de junio, reafirmamos nuestro rechazo tajante ante el avance de los proyectos mineros en todo el estado de Oaxaca, sabiendo que son al menos 355 concesiones emitidas hasta este año 2021. Por ello, desde estas tierras, dónde se han identificado al menos tres concesiones para extraer oro y plata, que abarcan más de 6 mil hectáreas, hacemos un llamado a todos los pueblos para estar atentos. En San Pablo Cuatro Venados de igual manera se denuncian las agresiones constantes de grupos armados, que han detonado armas de alto poder, y que mediante actos de violencia pretenden despojarnos de nuestro territorio y dar paso a la fase de explotación de las tres concesiones mineras.

También en la comunidad de San José del Progreso y comunidades aledañas avanza el proceso de explotación de oro y plata de la compañía minera Cuzcatlán quien tiene en su poder 31 concesiones que abarcan 64 mil hectáreas. De la misma forma, la Asamblea del pueblo Chontal, denuncia la concesión Minera Zapotitlan1, que viene amenazando toda la región. También en la Sierra Sur están concesionadas más de 120 mil hectáreas a la empresa Altos Hornos de México, en un área compuesta por diversas comunidades, considerada el segundo yacimiento de hierro más grande del mundo.

Además de las concesiones mineras también se suma la llamada “energía limpia” que viene dejando tras de sí muerte y destrucción, como los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reyna”, en la Sierra Sur y en el Río Cajonos, en la región Chinantla, donde se tienen proyectadas seis presas hidroeléctricas y nueve en el Río La Lana.

Otras comunidades están corriendo con la misma suerte, con otros proyectos, como las exploraciones y la biopiratería practicada por equipos multidisciplinarios que llegan a las comunidades para apropiarse del conocimiento milenario. Este es el caso de la Sierra Mazateca, dónde diversos grupos extranjeros han hecho acto de presencia. También, esta región se encuentra en alerta máxima por la presencia de organizaciones paramilitares que funcionan como brazo armado de ciertos intereses partidistas en la región.

Nos pronunciamos también porque todo el estado de Oaxaca y todo el país está sufriendo un proceso de reorganización territorial mediante programas de regularización de la tierra como PROCEDE, FANAR, RAJA, así como las áreas naturales protegidas y de conservación donde muchas veces nuestros estatutos comunales quedan invalidados.

En el caso del Istmo de Tehuantepec varias comunidades, que en un primer momento aceptaron los proyectos eólicos han sido orilladas a conflictos agrarios. En esta región el gran capital avanza a marcha forzada. El Tren Interoceánico, que conecta los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, es tan solo una parte, detrás de ello, se tienen proyectados, al menos, 10 parques industriales, más parques eólicos y una reorganización de nuestras comunidades para que caminen a la velocidad del mercado y el capital. Desde este espacio denunciamos que se han liberado al menos cuatro ordenes de aprehensión, para cuatro compañeros que han resistido a la imposición de un parque industrial en la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa. Por ello, exigimos, que se cancelen estas órdenes y cese el hostigamiento hacia otros hermanos que resisten a la imposición de megaproyectos en Oaxaca y el resto del país.

Quienes participamos y compartimos nuestros dolores y resistencias pertenecientes a las lenguas: Chatino, Chinanteco, Chontal, Mazateco, Mixteco, Triqui, Zapoteco del Valle y Zapoteco del Istmo, nos sumamos al proceso de resistencia que sostienen los pueblos originarios de México y el mundo y saludamos la gran travesía que han emprendido nuestras hermanas y hermanos zapatistas en la Europa de abajo, quienes llevan nuestra palabra y nuestro corazón. Repudiamos el racismo y desprecio institucional de quienes han negado el pasaporte a nuestros hermanos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena.

¡Libertad a los presos políticos!
¡Libertad a Fidencio Aldama y Freddie García!
¡Alto a la militarización y paramilitarización de los pueblos originarios!

Nunca más un México sin nosotros

Asamblea de resistencias y rebeldías de Oaxaca en la comunidad El Rebollero

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