En febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara zona de reserva minera de litio la superficie de 234,855.1980 hectáreas, ubicada en los municipios de Arivechi, Bacadéhuachi, Huásabas, Divisadero, Granados, Sahuaripa y Nácori Chico, en el estado de Sonora. Las reservas mexicanas de litio serán otorgadas a la Secretaría de Energía (Sener).
El decreto está respaldado por la reforma a la Ley Minera, llevada a cabo en abril de 2022, que “reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.
López Obrador, en la ocasión de la firma del decreto, señaló que así como el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) recuperó el petróleo con la expropiación petrolera, “ahora lo que estamos haciendo, guardada las proporciones, es nacionalizar el litio”.
La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio “quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables”.
Para eso se creó la empresa estatal,Litio para México (LitioMx), operada por la Secretaría de Energía. La paraestatal fue constituida formalmente en agosto de 2022 tras un decreto firmado por López Obrador.
A pesar del discurso manejado por el gobierno, sobre la nacionalización del litio en México, para Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canadá, “falta un análisis crítico” de este discurso. Según ella, se ha llamado nacionalización del litio “de forma errónea”.
Dicho discurso supone la necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial y que este extractivismo integra un proyecto para fortalece la soberanía nacional, resume. “En realidad esta ola extractivista está dinamizada por una política neoliberal del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá). Lo que avanza es un proyecto vinculado al capital privado de alto riesgo al erario público”, explica la coordinadora de Mining Watch quieng, juntamente con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), publicó el informeExplotación de litio en México, ¿interés público oextractivismo transnacional?
De acuerdo al informe, lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son “modificaciones minúsculas a la ley” que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. “Muy por el contrario, busca legitimar y posibilitar la apertura a un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras”.
La empresa pública LitioMx tendrá exclusividad en la administración de estas actividades, sin embargo, podrá asociarse con capitales, nacionales o extranjeros.
El Artículo 5 del decreto de agosto del 2022, garantiza que para “administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio”, la empresa estatal “podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas”. Así, “lo que se instrumenta es un modelo idéntico al esquema neoliberal que en el sector de los hidrocarburos opera desde las reformas calderonistas de 2008”, sostienen las organizaciones en el informe.
El propio López Obrador, en ocasión de la creación de la empresa pública, sostuvo que la inversión privada será necesaria. “No nos alcanzaría para que fuese sólo pública, se requiere de bastante inversión”, dijo en su conferencia de prensa, en agosto de 2022.
Las organizaciones alertan que considerar el litio como un mineral de utilidad pública y estratégico, faculta al Estado a promover acciones impositivas para llevar a cabo estos proyectos.
Los proyectos que ya son prioritarios del gobierno, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, “nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos y las licencias necesarias, el ocultamiento de la información, la desinformación, la manipulación y la imposición para fabricar la aceptación social del proyecto; el linchamiento mediático y político de quienes se oponen a estos proyectos, la criminalización y uso de la fuerza pública, que se suma a la violencia que ya ocurre en los territorios con participación de crimen organizado en contubernio con diferentes niveles del Estado”.
Carros eléctricos para los EEUU
La nueva ola minera es promovida para sostener lo que llaman la transición energética, recalca Isabel Velázquez Quesada, integrante de la REMA y de GeoComunes. Es decir, las nuevas tecnologías necesarias para la transición energética demandan el aumento de la explotación minera.
“Bajo esta idea ha generado cierto consenso sobre una afirmación abrumadora: para salvar el mundo, entre 2011 y 2060, se quiere aumentar 111% la extracción de minerales, es decir, quieren salvar el mundo promoviendo, para ello, una de las actividades más violentas y dañinas como es la minería”, analiza Quesada.
En este escenario el litio saltó a la escena mundial y, en México, por el lugar que dicho mineral tiene en el proceso de producción de baterías. “Si bien se ocupa en las baterías de muchos aparatos que la industria electrónica produce, el sector que ha impulsado esta ola extractivista en torno a los depósitos de litio es la industria de los automóviles”, sostiene. La demanda global para el litio responde en un 80% al mercado para vehículos eléctricos. Es más, “es al calor de la expansión y acomodo geopolítico del sector automotriz en América del Norte que esta fiebre minera toca tierra en México”.
Mining Watch y REMA advierten que esta nueva ola extractivista está siendo dinamizada por el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente al dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos, armonizando así la región con los nuevos requisitos de valor de contenido regional pactados en el T-MEC.
Con la entrada en vigencia del T-MEC, el 1 de julio de 2020 ,“se imprimió un significativo sello regional en la fabricación de automóviles a través de los estímulos para fomentar el uso de insumos procedentes dentro de la misma región”, dice el informe.
Así, para poder calificar un vehículo para la exportación libre de impuestos en el 2023 en la zona de libre comercio, 75% de sus componentes llamados esenciales tendrán que ser de origen norteamericano, lo cual incluye, entre otras partes, las baterías de litio.
Ante este cambio, la industria en los tres países se está ajustando para cumplir con este nuevo estándar. Con el dominio de países asiáticos en la producción de baterías de iones de litio, el T-MEC está impulsando para que se hagan nuevas inversiones en la extracción y procesamiento de litio y la fabricación de baterías dentro de los tres países que pertenece al T-MEC.
Proyectos
En un informe anterior, las organizaciones señalaron que existían 36 proyectos mineros de litio en manos de 10 empresas, todas de capital extranjero, pero que sólo tres de éstas tenían algún nivel de avance de sus proyectos.
El resto, eran proyectos de mera especulación financiera, útiles para el enriquecimiento de las llamadas empresas “juniors”, esto es, empresas de bajo capital enfocadas en las fases
de prospección y exploración.
El único proyecto de litio avanzado en el país es el proyecto Bacanora en el estado
de Sonora, cuyo principal inversionista es la empresa china Ganfeng Lithium Co.
Las declaraciones públicas del presidente han indicado que es poco probable que se actúe para expropiar proyectos privados. En junio de 2022 declaró: “En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general […] Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla, y hay proyectos de exploración y de producción, se van a respetar”.
Las organizaciones llaman la atención hacia el hecho de que, según la información más reciente del Servicio Geológico Mexicano (SGM), la mayor parte de los depósitos económicamente viables de litio en México son en arcillas. “Un tipo de depósito que no tiene antecedente de explotación comercial, por lo que incrementa la incertidumbre sobre las implicaciones económicas y ambientales, a pesar de que podemos tener certeza que los impactos ambientales y a la salud de su explotación no distarían mucho de otros proyectos mineros”.
Agua
Las organizaciones también hicieron un estudio sobre la disponibilidad del agua en las regiones donde están los proyectos de litio. Encontraron que casi un cuarto de los proyectos de litio – sumando los privados y los sitios de prospección del SGM – está en zonas de riesgo hídrico extremadamente alto, principalmente los proyectos situados en Chihuahua y en la zona fronteriza entre San Luis Potosí y Zacatecas. Mientras que más de un tercio del conjunto de los proyectos se encuentran en zonas de riesgo hídrico alto.
Las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que “nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a los pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos”.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
15 de marzo de 2023
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Obstaculización del acceso a la justicia en el caso del asesinato del defensor de derechos humanos del pueblo maya tsotsil Simón Pedro
Quienes firmamos este pronunciamiento reconocemos que Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), fue un defensor de derechos humanos, indígena tsotsil, catequista e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), asesinado el 5 de julio del 2021, en el municipio de Simojovel, Chiapas.
Reconocemos la persistente lucha por la Memoria, Verdad y Justicia de los familiares de Simón Pedro y Las Abejas de Acteal, y su acción que ha evidenciado las fallas y obstáculos en el caso, como la falta de líneas de investigación y la vinculación con su trabajo como defensor de derechos humanos. Chiapas es uno de los estados más peligrosos para el ejercicio de defensa y promoción de los derechos humanos, en medio de una violencia e inseguridad generalizada, lo que hace que aumente el riesgo a la vida, seguridad e integridad de las personas defensoras, no solo por la actuación de grupos de la delincuencia y sus vínculos con las autoridades estatales, sino por la constante impunidad que permite que estos actos de violencia se cometan.
Expresamos nuestra profunda preocupación por la insistente cancelación de la audiencia del juicio oral en el caso del asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López. Se ha dilatado la verdad y la justicia. El pasado 10 de marzo la audiencia de juicio fue suspendida, debido a que el acusado no fue trasladado y en la sala del Juzgado de control de Pichucalco tampoco se encontraba su defensor, este hecho se da por tercera ocasión, por lo que fue reprogramada para el jueves 16 de marzo de 2023, a las 12:30 hrs.
Presenciamos un proceso legal desgastante, el juez no muestra preocupación porque se cumplan los elementos mínimos para llevarse a cabo las audiencias. Hay una falta preocupante e irrisoria de capacidades técnicas y profesionales por parte la Fiscalía del Estado, desde lo más básico, como confundir el nombre de Simón Pedro con el de quien está imputado por su asesinato.
Denunciamos al Estado mexicano de implementar una estrategia de desgaste físico, emocional y económico en contra de Las Abejas de Acteal, Frayba y peritos independientes. Además de la revictimización de los familiares, de la comunidad y la obstaculización del acceso a la justicia en el presente caso. Exigimos abrir líneas de investigación sobre la labor de Simón Pedro como persona defensora de derechos humanos que realizaba en la región de los Altos de Chiapas, en un contexto de violencia y control de grupos criminales a quienes denunció, incorporando una perspectiva culturalmente adecuada.
Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional estar atentos y manifestar su solidaridad en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en el caso del asesinato de Simón Pedro Pérez López.
Firmantes:
Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
Indigenous Peoples Rights International IPRI en México
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
Con la Observación Internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR
En el presente informe hacemos énfasis en que los hechos que privaron de la vida a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), ocurridos el pasado 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, van más allá de un acontecimiento aislado. Sostenemos que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con la actividad de defensa de derechos humanos que realizaba desde su pertenencia a La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) en medio de un ambiente de continuidad en las acciones de contrainsurgencia traducidas en la proliferación de grupos armados ilegales que buscan el control territorial, así como esfuerzos constantes por acabar con la organización de carácter pacifista instalada en el municipio de Chenalhó.
Hay que sumarle a su trabajo político, social y organizativo, el eclesial que realizaba desde la Parroquia de Santa Catarina, en Pantelhó. Caminar que se encontró en medio de una violencia desbordada en la región de Los Altos de Chiapas y el control territorial ejercido por grupos armados criminales durante los últimos años, junto a una violencia estructural que se vive en el estado la cual ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen como objetivo hacer frente al contexto de injusticia histórica.
Antes del asesinato de Simón Pedro, él junto con autoridades comunitarias de Pantelhó se reunieron para denunciar formalmente ante la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas la situación que vivían las comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, debido al asedio de grupos armados vinculados al crimen organizado que controlaban la región y que habían cometido ya una serie de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamiento de personas.
UNA VIDA AL SERVICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS
La vida social de Simón Pedro, se desarrolló en su entorno comunitario, en la vida ejidal, así como en las actividades como integrante de Las Abejas de Acteal y en las actividades religiosas, muy involucrado en el proceso del III Sínodo dioce-sano, en el que llegó a ser nombrado coordinador general del Sínodo de niños de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Gran parte del desarrollo de Simón Pedro fue participar en actividades religiosas, compartiendo la palabra de Dios y las experiencias de lo que históricamente ha sucedido en su región, como la masacre de Acteal que fue un hecho que impactó a él y a su familia y que lo llevó a replantearse su vida y el trabajo por la solidaridad, la justicia y la paz. Por su palabra certera y su testimonio de vida como una persona defensora de los derechos humanos; por su compromiso en orientar a Las Abejas de Acteal en las tomas de decisiones, fue nombrado en 2014 integrante de la Mesa Directiva y en el 2020 Presidente de la organización. Ser integrante de la Mesa Directiva es un cargo muy importante que la asamblea le confiere a personas de calidad moral, para ejercer los trabajos que se desempeñan.
El acompañamiento a las comunidades que vivían en medio de la violencia en Pantelhó consistía en animarlas, predicar la palabra de Dios; se involucró en buscar caminos y rutas de solución, trabajando para que ya no hubiera más asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, drogas, alcohol y armas.
El 5 de julio de 2021, en Simojovel de Allende, Simón Pedro fue asesinado con un disparo en la cabeza, horas antes había sido seguido y vigilado por su presunto asesino. Ese día, organizaciones de todo el país y de diversas partes del mundo, se pronunciaron para condenar su asesinato. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron un llamamiento a las autoridades del Estado mexicano para investigar el hecho de forma profunda, incluyendo también y considerando, su actividad de persona defensora de los derechos humanos como principal móvil del asesinato, con el fin de sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
IMPACTOS PSICOSOCIALES
El asesinato de Simón Pedro, por la naturaleza violenta del hecho, generó un impacto emocional muy fuerte para toda la familia, desestructurando su proyecto de vida a nivel familiar y modificando profundamente su funcionamiento, su rutina diaria; y, alterando su dinámica económica y productiva, generando graves consecuencias a nivel de su familia núcleo, como de su familia de origen.
A pesar del tiempo transcurrido, la familia se encuentra aún en etapa de duelo, ya que, debido a la forma de la muerte de Simón Pedro, ésta se vuelve más difícil de superar, al tratarse de una muerte violenta, con la intencionalidad de generar daño directo a Simón Pedro. El sentimiento de miedo es real, así como la alteración de las creencias básicas anteriores al asesinato. El asesinato ha despertado en la familia una sensación constante de alerta, la cual puede asociarse a un cuadro clínico de estrés postraumático que, desde la cosmovisión comunitaria e indígena tsotsil, le llaman “susto”.
Para Las Abejas de Acteal Simón Pedro tenía una cualidad especial que le permitía ejercer un liderazgo en su organi-zación; perder a un integrante con esas características fue muy doloroso para sus integrantes. El asesinato de Simón Pedro representa una injusticia más en la lista de los múltiples hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos que la organización ha vivido desde su fundación, como son los múltiples desplazamientos forzados, la masacre en el año 1997, entre otras agresiones que, cabe señalar, la mayoría de ellas han quedado impunes.
NotyFrayba
Noticias con perspectiva desde
los Derechos Humanos
Simón Pedro y la lucha por la vida en medio de una oscura realidad
Tras el asesinato, la comunidad de Nuevo Israelita vivió una situación de incertidumbre y de miedo colectivo; fue un hecho traumático de carácter colectivo, que supuso un impacto vital a todas las familias de la comunidad y que se hizo extensivo a otras comunidades que se sintieron amenazadas, lo que trajo consigo un cuestionamiento en la sensación de sus creencias de seguridad comunitaria, de su espacio vital y de su sentido de ver el mundo; es decir, se trastocó una parte medular del entorno común.
MEDIDAS DE AFRONTAMIENTO
Una estrategia para romper el miedo es la comunidad como apoyo de lucha; las redes de apoyo familiar, religiosa, comunitaria y organizacional han sido fundamentales para afrontar los impactos psicosociales ante el hecho traumático. Desde su dolor, la familia y Las Abejas de Acteal han decidido compartir su historia, sus fuerzas y sus esperanzas como parte de su proceso de búsqueda de la justicia; la familia ha decidido reestructurar su vida, sin negar el hecho traumático, el contexto de violencia y así proyectar un futuro inmediato.
La parte religiosa ha sido fundamental para afrontar este hecho violento y les ha impulsado a continuar su trabajo como servidores de la iglesia, buscando la paz y la reconciliación comunitaria.
La ausencia del Estado, y su falta de atención ante el aumento de la violencia en la región de Los Altos de Chiapas, hace que los pueblos vean a las autoridades como parte del problema, más que como una solución; esto, aunado a los altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. En este sentido, es importante destacar que, para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible, es fundamental la voluntad y el compromiso real de las autoridades, junto a los diversos actores involucrados.
Descarga el informe completo: Bienaventurados los que trabajan por la justicia…
Si en estos momentos nos remontamos al siglo XVI, época en que Carlos V le encomienda a sus exploradores (colonizadores) encontrar el mejor paso entre el Atlántico y el Pacífico. Ubicaremos él —quizá— primer momento, en esta larga historia, de interés —para los conquistadores— por construir un paso interoceánico que atravesará el Istmo de Tehuantepec y en ese sentido poder unir ambos océanos. Con esta mirada a un pasado lejano, podemos percatarnos en que la necesidad de abrir rutas de acceso sea atravesando el cuerpo entero de países o continentes, es una constante en esta larga historia llamada colonialismo.
Esta percepción iniciada hace cinco siglos, ha perdurado bajo las mismas necesidades de potenciar el comercio, condición imprescindible del modo de producción capitalista, a la que no han renunciado los grandes conglomerados internacionales. El megaproyecto que hoy con bombo y platillo es aceptado, tiene como se ha dicho, una larga prehistoria: con Juárez se conoció como el Tratado McLein-Ocampo; durante las administraciones de López Portillo y de la Madrid, se presentó como el Plan Alfa-Omega; con Ernesto Zedillo, fue impulsado como el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec; Vicente Fox, retomando las anteriores proyecciones lo incluyo en el denominado Plan Puebla Panamá; Felipe Calderón, insistiendo en la iniciativa de sus antecesores lo inserto dentro del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica; Peña Nieto, nuevamente lo promociona dentro de las Zonas Económicas Especiales. Y ¡sorpresa!, la necesidad histórica de amputar el Istmo de Tehuantepec, vuelve a ser ahora si impulsado, bajo el nombre de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Del siglo XVI a estos momentos, la dominación y subordinación de un mundo interconectado y geográficamente disperso, ha visto el nacimiento de nuevos imperios que han tomado como escenario de sus intereses la redondez de la tierra. O sea, eso que llaman geopolítica ha cambiado de actores a lo largo de estos cinco siglos. ¿Exageramos cuándo décimos qué el megaproyecto amputará al Istmo de Tehuantepec? La verdad es que no, los únicos que exageran aquí, son quienes no ven la continuidad colonial de este Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Solamente miremos un poco más hacia el sur desde donde estamos nosotros, hacia el Canal comercial más cercano a nuestro país, Panamá. Amputada en el siglo XIX de Colombia, para ser convertido en un país indefenso y despoblado (bajo la lógica comercial), lo cual permitió a Estados Unidos el establecimiento de acuerdos desventajosos para la administración a perpetuidad, del Canal Interoceánico erigido en el Istmo panameño. Este país, erigido bajo el lema “Para beneficio del mundo”, es hoy una de las economías más dinámicas de Latinoamérica, como una de las mayores en donde impera la desigualdad social (a decir de los organismos financieros internacionales).
¡Ya vienen los gringos al Istmo de Tehuantepec! O más bien ya están acá, y al parecer a nadie le molesta, o el Estado los ha cegado tanto, que todos están aplaudiendo la aventura neocolonial de los imperios Estadounidense (principalmente) y Chino (buscando posicionarse) para administrar bajo sus intereses de expansión geoeconómica y geopolítica, esta región del Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo le explicarán a sus antepasados que defendieron este territorio de diversas invasiones extranjeras? O bajo qué argumentos justificarán qué aceptaron, sumisamente y aplaudiendo la entrada del Imperio gringo, a devorarse completamente esta región.
Hasta el propio Ejecutivo Federal, se los ha gritado a los oídos a través de su matutina, de que los gringos vienen con bastante intereses por esta región geoestratégica para el comercio y manufactura mundial. Ken Salazar lo ha reiterado en diversas ocasiones al declarar que:
Aquí, en este Istmo, un lugar tan estratégico que lo vieron hace más de 100 años, pero no se había desarrollado. Por eso esta mirada al sur, podemos hacer unas cosas grandísimas, en las problemáticas, si se está uno allí nomas no sale, ustedes lo saben en sus vidas personales, en sus gobiernos. Hay que ver en donde podemos ir con optimismo, pero también con una acción inmediata para hacer unos esfuerzos que van a tener impacto. Entonces nosotros como el gobierno de los Estados Unidos vemos oportunidad, vemos optimismo, vemos que con este proyecto y otros esfuerzos que vamos a estar haciendo en Centroamérica, que esta región de las Américas allí es donde está el futuro de la economía, también de la democracia. Y es que los valores de nosotros para todos, como lo dice el presidente Biden, es para que se levante todo el pueblo (palabras dichas por Ken Salazar, en San Juan de Ulúa Veracruz, el 22 de abril del 2022).
Laura Richardson, la nueva Titular del Comando Sur de Estados Unidos, también ha reiterado el interés de ese país, en plena disputa por la hegemonía mundial entre EEUU & China, por el litio y el agua de América Latina, ya que como reitero la Titular del Comando Sur, los recursos naturales de este hemisferio “Tienen mucho que ver con la seguridad nacional (de Estados Unidos) y tenemos que empezar nuestro juego” (https://cutt.ly/k8CyAup). La American Chamber of Commerce, que es la mayor organización empresarial del mundo y el mayor grupo de presión de Estados Unidos, mediante su vocero en México, han reiterado que este megaproyecto posibilitara que los “recursos naturales, ubicación geográfica, industrias estratégicas y tratados comerciales, aceleren la integración de las cadenas de suministro globales” (palabras dichas por la AmCham, en San Juan de Ulúa Veracruz, el 22 de abril del 2022) y convertir al Istmo de Tehuantepec en un polo de desarrollo bajo el control de los de arriba.
Si con esto aún no logran ver, que esta cruzada neocolonial sobre el Istmo de Tehuantepec, viene por todo y por todos. Del 19 al 21 de marzo de este año (2023), vendrán a reconocer el territorio algunos de los futuros administradores de esta región. Para esas fechas, el Ejecutivo Federal ha invitado, para ofertarles la región, a legisladores de Estados Unidos, de entre quienes han sido anunciados públicamente está John Forbes Kerry, exmilitar de su país y actual enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima.
Si todas estas declaraciones que hoy públicamente manifiesta, Estados Unidos, sobre su intencionalidad en el Istmo, hubieran sido dichas en el pasado, y un pasado no muy lejano. Sabemos que los habitantes de esta región y del conjunto de este territorio dominado por el Estado mexicano, acertadamente hubieran referido y llevado a la discusión pública la inminente entrega de este territorio a intereses extranjeros, o en otras palabras, la amenaza de nuestra soberanía. Pero en estos momentos no es así, ¿por qué? Como lo recalcamos antes, hoy el peligro se vistió de izquierda y desde su podium convence a sus seguidores a entregarse como instrumentos de réplica de la sumisión, siendo la desmemoria una de sus principales cualidades.
Para ir finalizando, es pertinente nunca olvidar que un país es y será dominado por los capitales que en él hayan invertido. En esta tónica, Ken Salazar, la AmCham y John Kerry, no vienen solos. En esta cruzada colonialista que se aferra al Istmo de Tehuantepec, se viene una relocalización de conglomerados capitalistas que están reubicando sus cadenas de suministros globales, hacia su socio más cercano y potencial, Estados Unidos. En un escenario de perturbaciones bélicas, pandémicas y comerciales, que obliga al capitalismo a una nueva reorganización debido a las alteraciones que este mismo provoca. El Istmo de Tehuantepec se posiciona, nuevamente y con una creciente militarización y mecanismo punitivos dirigidos a las comunidades indígenas, como el corazón de las relocalizaciones. Al no ser un megaproyecto sólo para la conexión y distribución de mercancías a EUA, Asia, Europa y Centroamérica, permitirá que se inserten empresas para regionalizar las cadenas globales de valor y propiciar el desarrollo de actividades productivas que generen grandes cantidades de mercancías que suministren el mercado inmediato, EUA, o internacional. A costa de la depredación medioambiental, territorial, simbólica y política, de todo lo que constituye la totalidad de esta región.
¿Exageramos? Ojalá fuera así. Constellation Brands, es la empresa que definitivamente se ha anunciado se instalara en una de las 10 poligonales que ha ofertado el Estado. Esta cervecera se instalará en una de las PODEBI ubicadas en Veracruz, por tal motivo al conglomerado cervecero se le han dado 17 concesiones para extraer 3,972,355 metros cúbicos de agua. Ya que para su funcionamiento esta empresa requiere anualmente 20 millones de metros cúbicos de agua. Y no, no será con agua reutilizada, por qué el Ejecutivo Federal ha dicho que lo que sobra en el Istmo de Tehuantepec, es agua; y quién mejor para aprovechar este recurso que una multinacional.
Pero esta empresa, con base en New York, no es la única que acompaña al Estado mayor estadounidense, en esta cruzada por el Istmo. Se ha anunciado la relocalización de un total de 400 empresas del país asiático, interesados en reubicarse en el país. De entre los cuales, varios han anunciado interés en llegar al Istmo de Tehuantepec, destacamos a: Caxxor Group, Hyundai Motor Company, Amazon Inc., CARGILL, General Motors, VISTEON, SHELL y NESTLE, entre otros varios que se aglutinan tanto en la AmCham como en el Consejo de Empresas Globales, esto últimos, a quienes recientemente Raquel Buenrostro, les oferto la región.
Volvamos con John Kerry, a decir del Ejecutivo Federal la vista del legislador estadounidense, se debe a que Estados Unidos será el principal inversor de los cuatro Parques Eólicos que serán instalados junto a los PODEBI. A decir del Presidente de la República, Estados Unidos entregará recursos para que la CFE, sea la dueña de estos parques eólicos. Lo que no han dicho es que también vienen conglomerados capitalistas enfocados en el sector eólico, tales como: Applied Energy Services (AES corporation); EDP Renewables; Sempra Infraestructure; TC Energy; INVENERGY; y nuevamente SHELL. Y ¿en serio creen que ahora será para beneficio de la población?
La Neocolonización que encabeza Estados Unidos sobre el Istmo de Tehuantepec, implicará la mercantilización, especulación y desaparición de todo lo que constituye el territorio, bajo montañas de ceniza y de chatarra vomitadas por los Polos de Desarrollo para el Bienestar. El dominio estadounidense y probablemente asiático, fin principal de la cruzada que emprenden los conglomerados capitalistas, posibilitará un perfeccionamiento casi milagroso de los instrumentos de producción y al mismo tiempo una dislocación catastrófica de la vida de los 12 pueblos indígenas que habitamos esta región ístmica.
Y como recalcamos antes, hoy nuevamente el Istmo de Tehuantepec y nosotras/os/es, que somos parte orgánica de ella, debemos estar alertas, ya que el nuevo finquero que ocupa la silla presidencial quiere amputar nuestro territorio para entregarlo a los capataces, a los que realmente representa. Porque si los dejamos avanzar, ellos vendrán a despojarnos de la tierra, la memoria, cerrarnos los oídos y el corazón para no escuchar las voces que como presagio nos advierten: es hora de caminar con mucho cuidado, y defender como en el pasado lo hicieron quienes nos antecedieron, este vasto territorio que nos pertenece a nosotras y nosotros, quienes hacemos los mundos y las sinfonías, frente a los gringos que vienen a repartirse este territorio convulso pero bello.
A cinco días del recorrido estadounidense por nuestro territorio, les decimos que: Aquí los estaremos esperando, con dignidad y sin dar un paso atrás. Por la defensa de la vida y nuestros territorios.
Sin duda son más las venas que nos unen, que las grietas que es nos dividen.
Desde el Istmo de Tehuantepec esta es nuestra palabra como a la vez nuestro llamado a estar ALERTAS.
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT
Noticias de abajo 9 de marzo de 2023 #Noticiero #Radio #Podcast #MediosLibres
–MUNDO: Reporte del 8 de marzo Día de la lucha por la liberación de las mujeres por Krista.
–GLOBAL: Convocan a Jornada global contra el saqueo del agua y en defensa de la vida
–WALLMAPU CHILE: Protestas de comuneros mapuche tras el robo de cosecha y destrucción del trabajo en tierras recuperadas. Llaman a la resistencia.
Presos Políticos Mapuche se solidarizan frente a escalada represiva del gobierno. Por Radio Kurruf
–CULTURA POPULAR: El brinco del Chinelo en Huitzizilapan Estado de México como forma de resistencia. Vocesmesoamericanas
–MÉXICO: Congreso Nacional Indígena refuerza su resistencia y organización ante la creciente violencia del narcoestado para la imposición de megaproyectos en territorios indígenas. Noticias de abajo
–OAXACA: Continúan los ataques de militares y grupos de choque en el istmo contra comunidades que estan enfrentando las afectaciones del corredor interoceánico. Más de 10 días de plantón en ejidos de Matías Romero en continuo acoso. Fuente de Ucizoni.
–MUJER MÉXICO: ¡No queremos ser legitimadas en piedra, sino con justicia! Hablan mujeres mazatecas sobre el intento del gobierno de imponer la estatua en la Glorieta de las mujeres que luchan. Plantón por la Libertad de los presos de Eloxochitlan
–CHIAPAS: Demandan la Libertad para Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo Zapatista quien lleva 2 años y 3 meses Privado Arbitrariamente de su Libertad es originario del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Ricardo Flores Magón en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Fuente: Frayba
–SONORA Mensaje a la Asamblea del CNI del preso político indígena de la Tribu Yaqui, Fidencio Aldama.
En portada: Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del CSIM derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.
Persecución, criminalización, detenciones y asesinatos. Distintos rostros de la violencia arrecian en múltiples geografías de México, a la par del avance de megaproyectos de infraestructura: trenes para el despojo, gasoductos, minería, deforestación y muchas otras amenazas que se ciernen, sobre todo, contra comunidades indígenas de todo el país.
Es en ese contexto que, durante los días 4 y 5 de marzo, la red de pueblos, naciones, tribus, barrios y colectivos que convergen en el Congreso Nacional Indígena (CNI), reunidos en Tehuacán, Puebla, retomaron los trabajos de la Asamblea Nacional para compartir la palabra, analizar las realidades y proponer estrategias para hacer frente a lo que, sostienen, son diferentes mecanismos de violencia de parte del narcoestado mexicano y las empresas.
Más de 400 asistentes, miembros de 25 pueblos originarios procedentes de una veintena de Estados de la república, se dieron cita para conversar sobre la violencia institucional, del crimen organizado, la relación entre ambos actores y su confluencia con la implementación de los proyectos capitalistas.
Durante las próximas semanas, presentaremos una serie de ocho entrevistas y diálogos con participantes de la reciente Asamblea. Con esto, pretendemos esbozar un pequeño vistazo de las distintas realidades que se espejean a lo largo y ancho del territorio mexicano y que resisten a las violencias en sus distintas expresiones.
En esta primera entrega, compartimos la experiencia de las comunidades indígenas aglutinadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes mantienen la lucha por construcción de autonomía, a la par del aumento en la violencia del crimen organizado, el avance de monocultivos y la implementación de estrategias de cooptación del Estado.
El largo camino en la construcción de autonomía
El arribo de una comisión bastante nutrida, integrada por más 40 personas, fue la respuesta, desde el CSIM, a la convocatoria realizada por el CNI para participar de los trabajos de la Asamblea Nacional.
El CSIM es una organización en la cual convergen representaciones y autoridades de más de 65 comunidades originarias de distintos pueblos: purépechas, nahuas, otomís y mazahuas de la región occidente del país.
Entre los asistentes, dialogamos con Alejandro Cortés, oriundo de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, quien resalta que el proceso actual del CSIM es un paso más en la larga historia de lucha en la región por la construcción de la autonomía de las comunidades indígenas.
Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del CSIM derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.
“Nosotros entendemos la autonomía como un proceso que lleva varias etapas (…) el principal objetivo es lograr la autonomía y libre determinación”, asevera Cortés desde el inicio de la entrevista.
Para contextualizar, apunta que el Consejo Supremo es producto de un esfuerzo organizativo que tiene sus orígenes en la década de 1970, inspirado en diferentes movimientos rurales y campesinos que nacieron con la meta de defender los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios.
Alejandro Cortés detalla que el objetivo compartido entre las comunidades del CSIM es fortalecer la vida comunal, “en donde la Asamblea es la máxima autoridad y es la que toma las decisiones (…) para poder lograr lo que nosotros llamamos una vida mejor, una vida comunal de justicia plena”.
Frente al despojo
La lucha de las comunidades de la región purépecha se enfrenta a diversas amenazas. Entre ellas destaca el proceso de expansión de la agroindustria mediante la voracidad de monocultivos como el aguacate y las bayas (popularmente conocidos como berries: arándanos, frambuesas y zarzamora), sobre todo, para la exportación a Estados Unidos.
De acuerdo a cifras del sector agroindustrial, estos productos ocupan el segundo y tercer lugar de exportaciones mexicanas, lo cual, en conjunto, solo en el año de 2020, alcanzó un valor de más de 6 mil millones de dólares.
En el caso particular de las bayas, un estudio para el mapeo de la expansión de la agroindustria en tierra ejidales de Michoacán, publicado en octubre de 2022, encontró que dicha producción, la cual depende cada vez más de los sistemas de invernadero, ha transformado las áreas agrícolas para satisfacer la demanda extranjera alterando los patrones locales de uso de la tierra y los recursos hídricos.
“Principalmente es el aguacate, pero también están los berries, son los que han ocasionado también desplazamiento. Incluso de mucha gente que vive o que trabaja en condiciones de esclavitud. Son jornadas largas y no les pagan lo que deberían, trabajan en condiciones muy precarias”, complementa Cortés sobre el escenario del despojo por la agroindustria.
El integrante del CISM enfatiza que esta es una realidad compartida entre las poblaciones que integran el Consejo. Otro ejemplo de ello es el caso de su comunidad, Santa Fe de la Laguna, donde denuncia la invasión de tierras por parte de pequeños propietarios, “particulares del municipio de Quiroga”, a quienes señala como responsables del cambio de uso de suelo, la deforestación y la transformación de tierras para la producción agrícola intensiva.
Esto ha generado conflictos que han desembocado en violencia contra las comunidades. Así lo muestra el caso del asesinato de Jesús Miguel Gerónimo, quien se desempeñaba como Jefe de Tenencia en la comunidad de Ichán, en la región conocida como la Cañada de los Once Pueblos.
Cortés no duda en señalar a la agroindustria como la responsable del crimen, debido a que “él se opuso a que las parcelas se siguieran rentando a las empresas agroindustriales, y pues ahí es donde plantan los berries. Entonces es otro problema, el asesinato de líderes, comuneros que defienden la tierra”, lamenta.
Pedro Pascual Cruz, coordinador de la Ronda Comunal de Ocumicho, Michoacán, fue asesinado el sábado 10 de diciembre del 2022. La comunidad purépecha se ha movilizado para exigir justicia por el crimen.
El caso más reciente es el de Alfredo Cisneros, miembro de la comunidad de Sicuicho, quien fue asesinado debido a las denuncias que interpuso, como Comisariado de Bienes Comunales, ante el avance de la deforestación en los territorios purépechas.
Lamentablemente, la respuesta de las empresas fue la violencia, pues “es una zona aguacatera. Ahí hay varios grupos del crimen organizado, grupos paramilitares que actúan con total libertad”, denuncia Cortés.
Seguridad, comunitaria
Debido al incremento de la violencia en la región, las comunidades indígenas promueven la gestión de armas, armamento y otras herramientas para equipar a sus órganos de seguridad comunitarios, donde destaca la figura de la ronda comunal.
Según Cortés, la ronda es una agrupación ancestral, es la manera tradicional de resguardar la seguridad y, en pocas comunidades, como la suya, en Santa Fe de la Laguna, prevalece hasta la actualidad.
Una de las características de este cuerpo de seguridad es que, a diferencia de los elementos policiacos, quienes la integran son personas pertenecientes a la comunidad y no perciben ningún salario, sino ejercen un trabajo voluntario para resguardar a la población indígena. Sin embargo, actualmente, los miembros de la ronda comunal no cuentan con el reconocimiento de las autoridades estatales, lo cual implica que no se les permite la portación de armas y están expuestos a detenciones de otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional.
Miembros del CSIM bloquean diversos puntos carreteros en Michoacán para exigir respeto a sus procesos organizativos y justicia por los asesinatos de tres de sus integrantes. Febrero, 2023.
Alejandro Cortés señala su preocupación debido al avance del crimen organizado y, a la par, por la entrada en vigor, en 2022, de las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, impulsada por el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla.
Cortés reclama que las comunidades no fueron consultadas respecto a dichas reformas, a pesar de que ahora el Estado les presiona para contar con su anuencia en la implementación. “En esencia, el Estado asume el control total de la seguridad y relega al último término a la Asamblea General de la Comunidad. O sea, las decisiones ya no las toma, en la cuestión de seguridad, las asambleas generales, las toma el gobierno del Estado con los mandos policiacos que tienen, la Secretaría de Seguridad”, detalla.
“Es la única forma que se pueden defender y como pueden garantizar la seguridad de las comunidades”, refiere Cortés sobre la importancia de sus instituciones comunitarias. “Es la única garantía que tenemos de una defensa comunal real, porque las otras organizaciones son fáciles de cooptar”, argumenta.
Cortés asevera que las reformas impuestas representan “un obstáculo para el proceso en búsqueda de autonomía”, esto debido a que, argumenta, lo que está en juego es la seguridad de las comunidades ante el avasallamiento de las empresas y el crimen organizado.
¿Autonomías?
El miembro del CSIM asevera que, actualmente, un frente en disputa que se gesta ante el Estado mexicano es el que corresponde al derecho que tienen las comunidades indígenas a recibir y gestionar, de manera directa y sin injerencia del gobierno, los recursos públicos contemplados en el presupuesto local.
“El presupuesto directo entendido como un medio para lograr esta autonomía, no como un fin”, ataja Cortés. La razón de ello, argumenta, es que de esta manera, con los recursos que les corresponden, las comunidades puedan fortalecer las instituciones comunales emanadas de la organización de cada población indígena. Entre estas figuras destacan los Consejos de Gobierno Comunal, jueces tradicionales, además de los responsables por resguardar el territorio de las comunidades, tales como los comisariados de bienes comunales y las rondas comunitarias; todas, órganos independientes de la estructura del Estado mexicano.
Integrantes del CSIM se manifiestan en la Ciudad de México en defensa de las autonomías indígenas y contra la criminalización de sus procesos organizativos. Septiembre, 2022.
Cabe resaltar que, pese a que en marzo de 2021 se publicó la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, donde el legislativo local prometió el reconocimiento legal al ejercicio del derecho al presupuesto directo de las comunidades indígenas, en los recovecos de la norma se encuentran candados como el que enuncia explícitamente el artículo 116, donde establece que solo “podrán ser reconocidas las autoridades indígenas, de aquellas comunidades previstas en el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)”.
Para Cortés, esto evidencia una estrategia de control de parte del Estado. “Ahorita vemos que hay, para el gobierno, procesos de autonomía ‘buenos’ y ‘malos’. Nosotros somos los malos, porque no estamos recibiendo línea del gobierno del Estado, porque no estamos dentro de la agenda del gobierno federal, ni del gobierno estatal y porque no nos pueden controlar”, argumenta.
Al mismo tiempo, enuncia otras acciones por parte de actores locales para frenar el proceso organizativo del CSIM. Por ejemplo, lo que sucede en municipios como Erongarícuaro y Ciudad Hidalgo, donde los ediles, pertenecientes al partido Morena, el mismo que controla los gobiernos estatal y federal, han interpuesto demandas de amparo para evitar a las comunidades indígenas el acceso al presupuesto directo.
“Vamos en contra de cualquier partido político”, enfatiza Cortés sobre el carácter apartidista de las comunidades que integran el Consejo. Al mismo tiempo, denuncia que la respuesta del Estado es la promoción de grupos que, bajo el discurso de la construcción de autonomía, están proponiendo una alternativa que es del lado del gobierno.
Cortés se refiere al trabajo del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, organización que promovió la Ley Orgánica Municipal de Michoacán. Dicha agrupación también remitió sus observaciones a la reforma de la ley de seguridad estatal, como evidencia la exposición de motivos de la iniciativa. “Están obstaculizando el trabajo, porque llegan a las comunidades a dividir (…), descalificar el trabajo que nosotros estamos haciendo, pretenden aislar a nuestro movimiento”, acusa Cortés.
Ante ello, el indígena purépecha señala que las comunidades integrantes del CSIM continuarán implementando movilizaciones, como la toma de carreteras y marchas para exigir el cumplimiento de sus demandas, así como un alto a la violencia y justicia por los asesinatos de sus autoridades.
Es el caso del crimen contra Alfredo Cisneros, donde a petición de la comunidad de Sicuicho, se realizarán protestas para exigir la investigación y justicia en el homicidio. “Nosotros no hacemos nada sin que las autoridades sean las que promuevan y eso es parte de la autonomía, la democracia comunal, comunalicracia le llamamos nosotros”, asevera.
Mientras las mujeres indígenas se movilizaron este día, en nuestra región para exigir respeto a sus derechos y demandarle al presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador, el cese de los despojos y la salida de los elementos de la Secretaria de Marina, unos 20 elementos de esa dependencia al mando del vicealmirante Juan Carlos Vera y del capitan Jorge Bremon Zamorano volvieron a presentarse de manera intimidatoria, en el plantón que tienen establecido los y las campesinas mixes en el tramo del ferrocarril, Mogoñe Viejo-Vixidu. Este Plantón cumple el día de hoy 10 días.
El dia de ayer una comisión de campesinos fue recibida por el gobernador del estado Salomón Jara quien se comprometió a instalar una mesa de diálogo para atender los reclamos de los y las ejidatarias afectadas. UCIZONI condena el uso de fuerza militar para imponer un megaproyecto, violando los derechos históricos de los Pueblos originarios.
Puebla, México; Los días 4 y 5 de marzo del 2023 se dio cita la Asamblea del Congreso Nacional Indígena con el tema central de analizar la violencia y la guerra contra los pueblos y comunidades originarias para imponer los proyectos capitalistas. En sus palabras se construye un mapa de un país golpeado por la violencia institucional y la de los grupos criminales que nacen de la corrupción, negligencia y complicidad de los malos gobiernos. Con más de 400 asistentes de más de 20 estados de la república y con organizaciones solidarias, se respondieron la pregunta de ¿Cómo estamos?, ¿Y qué sigue?. En las instalaciones del Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla, se reunieron para analizar los avances de una preocupante militarización y del crimen organizado en los territorios indígenas, en esta asamblea también llegaron organizaciones invitadas para caminar en el proceso de lo que llamaron, «el gran nosotros que somos» para vincularse con las resistencias organizadas solidarias del campo y la ciudad.
La Asamblea se llevó a cabo en mesas de trabajo, se analizó la administración actual, del partido MORENA que ha mantenido una constante y creciente violencia ejercida contra los territorios indígenas. En la palabra de las y los delegados se narró una extensa lista de afectaciones por parte del llamado crimen organizado: asesinatos, desapariciones forzadas, trata de personas, robo de ganado y cultivo, invasión de tierras, tala clandestina y ecocida, siembra ilegal de monocultivos, venta de drogas (sobre todo para el control de los más jóvenes), control de sindicatos de construcción, control de bancos de materiales, entre muchas otras agresiones que fracturan las comunidades, elevan los niveles de inseguridad y generan un clima propicio para la intervención de las fuerzas armadas con la justificación de pacificar la región.
Nahuas, Otomies, Yoremes, Mayos, Purepechas, Zapotecos, Mayas, Kiumiai, Cholultecas, Zoques, Mazatecos, Coca, Biniza, Tsotziles y Tsetzales, Popolucas entre otros pueblos y comunidades que comentaron como la militarización trae consigo consecuencias negativas para las comunidades y sus territorios, principalmente por el hecho de que las fuerzas represivas colaboran de manera informal con los grupos del crimen organizado y formalmente con los intereses de las empresas capitalistas para asegurar que los megaproyectos no enfrenten ninguna resistencia para su instalación. La violencia que se ejerce por parte de las instituciones del Estado mexicano ha creado una narrativa distorsionada para impulsar la agenda de estado, a través del INPI y los planes de justicia se ha intentado imponer una identidad ajena a las comunidades indígenas y con el objetivo de dividir a las comunidades e identificar a los opositores para su persecución y agresión. Las autoridades de los tres niveles, al igual que la procuraduría agraria, también ejercen violencia contra las comunidades, suplantando la representación, invalidando títulos de propiedad, cambiando el uso de suelo a dominio pleno, todo esto sin asamblea o con una asamblea a modo de manera ilegal.
El abrazo colectivo de todos los miembros de la Asamblea del CNI dejo ver que a pesar de este panorama se están haciendo grandes cosas y se sigue avanzando por un plan colectivo, del plan de acción acordado rescatamos las siguientes fechas para movilizarse:
8 de marzo Movilización del día internacional de las mujeres
21 de marzo Acciones de solidaridad con el Istmo ante agresiones a comunidades. En Cdmx será en frente a la embajada de Estados Unidos a las 11 am.
22 de marzo Sumarse a la Acción Global Dislocada de la 2a. ANAVI
10 abril Marcha por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata
27 de abril Aniversario luctuoso a 13 años del asesinato de Bety Cariño
25 de abril al 5 de mayo Caravana Sur resiste para evidenciar violaciones
5 y 6 de mayo Encuentro Internacional en el Caracol Jacinto Canek de San Cristobal Chiapas.
10 Junio Actividades a un año de la represión a la REDAVI en Querétaro.
12 y 13 de Agosto Participar en la 3a Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en Xochimilco CdMx.
12 Octubre Jornada Global contra el colonialismo y por la resistencia indígena en América
17 de noviembre Actividades para conmemorar los 40 años de la fundación del EZLN y 30 de su levantamiento.
También se acordó, realizar reuniones regionales del CNI, realizar una campaña por las y los presos políticos, desaparecidos y perseguidos, realizar mapeos comunitarios con estos temas de violencia, represión y megaproyectos, promover y apoyar las iniciativas diversas de escuelas autónomas que se están llevando a cabo y diseñando en varias regiones del país.
El ánimo de resistir se leía en las caras de los asistentes, que a pesar de las adversidades y violencia que enfrentan, también saben que caminar con otras y con otros hacen el camino menos adverso para estas comunidades, pueblos, tribus y naciones originarias que tienen de común la resistencia y la dignidad.
Buenos días, mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Una persona integrante de la etnia de la tribu Yaqui perteneciente al pueblo de Loma de Bácum, municipio de Bácum del estado de Sonora: uno de los 8 pueblos de la nación de la tribu yaqui que se mantiene firme en la lucha y resistencia. Llevo en mi sangre, en mi carne, en mi piel toda esta gran historia de lucha como nación que durante siglos sigue luchando ante el exterminio, la violencia y despojo de su territorio.
Hoy más que siempre he abrazado las palabras del juramento de la tribu yaqui, de estas escrituras que han quedado plasmadas en mi pecho, en mi sangre. Esa lucha e historia es la esencia de mi resistencia y mi rebeldía, que es autónoma, con sus reivindicaciones ancestrales de educación, seguridad, justicia y espiritualidad.
De su autodefensa tiene su autogobierno porque soy de la tribu yaqui, porque el capitalismo nació de la sangre de nuestros pueblos. Colectivamente construimos, defendemos y ejercemos los acuerdos de los pobres como la constitución de nuestros pueblos sigue existiendo como pueblos que somos en nuestro derecho a la libre determinación y autonomía de decidir sobre nuestros territorios la forma de organizarnos y en la forma en la que queremos construir nuestro futuro que se rige en seguir, en servir y no servirse, que se basa para construir y no destruir, y como siempre lo he dicho: yo no ataco, sino más bien defiendo lo que es nuestro, lo que nos han dejado nuestros antepasados ancestrales, así como lo es la cultura, tradiciones, sus raíces, sus usos y costumbres y que nos han enseñado a respetar pero la intervención del hombre blanco ha venido a hacer la división. Esas personas aliadas del dinero, pero aun así existimos personas leales a nuestra nación como tribu yaqui que no se desvanece ante una cantidad millonaria porque llevamos en nuestro corazón el juramento yaqui.
Sigo aquí como defensor del territorio de la tribu yaqui aún a pesar de estar excluido de mis tradiciones, usos y costumbres dentro de un penal en ciudad Obregón, Sonora no desisto de mi lucha, sino más bien sigo resistiendo porque mi libertad no es a cambio de un valor sino más bien de mi inocencia.
Les mando un cordial saludo a todo el Congreso Nacional Indígena para que sigan colaborando también junto a mí que me dan ese apoyo, esa fuerza para seguir adelante y de antemano quedo agradecido con todos ustedes con ese apoyo de solidaridad.
Por Darío Aranda. Foto de portada: Gerónimo Molina / Subcoop
Dos de cada tres niños del país son pobres. La inflación llega al 95 por ciento anual. Argentina es el primer país del mundo en comer pan transgénico (y con agrotóxicos). Y, en un año de elecciones, los partidos mayoritarios tienen una sola receta: más extractivismo, basado en actividades que violan los derechos humanos. A cuatro décadas de la recuperación democrática se hacen evidentes las falsas opciones y la deuda interna que ningún Gobierno quiere saldar.
Unicef informó que el 66 por ciento de los niños y niñas de Argentina es pobre. Se trata de 8.8 millones de chicos. Quizá no se note en Puerto Madero, Barrio Norte o Nordelta, lugares donde transitan y viven los políticos que administran (o aspiran a administrar) las estructuras del Estado. Quizá por eso no hablen de este drama los principales políticos del país.
El escándalo tampoco fue tapa de diarios ni noticia principal de canales y radios. Además de los intereses económicos para silenciar la realidad, aplica (tanto para dueños/jefes de los medios como para políticos) la frase popular: “La cabeza piensa según donde caminen los pies”. O como resume la canción: “Desde lejos no se ve”.
Foto: Olmo Calvo / Subcoop
Mientras el peronismo gobernante y la Propuesta Republicana-Unión Cívica Radical (PRO-UCR) se pelean por la Casa Rosada, en un país que se autodefine como “proveedor de alimentos al mundo”: éstos no llegan a amplios sectores de la población. La carne vacuna se volvió un bien cada vez más lejano. Y el 87 por ciento de las familias de barrios populares tiene complicaciones para acceder a comida. En los comedores populares abundan los fideos y la polenta; escasean las verduras, las frutas y los alimentos saludables. Como bien definió, hace ya veinte años, el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo: “El hambre es un crimen”.
En 2019 el presidente Alberto Fernández lanzó desde Puerto Madero y en tono épico la “mesa contra el hambre”. Afirmó que sería una “política de Estado acabar con este flagelo”. Estuvo rodeado de personalidades, empresarios y famosos: Marcelo Tinelli, Antonio Aracre (Syngenta), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Martín Caparrós y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), entre otros. Al frente de la iniciativa fue designada Victoria Tolosa Paz (esposa del millonario empresario Enrique Albistur).
La “mesa contra el hambre” no funciona más y no cumplió ninguno de sus objetivos. Tolosa Paz fue designada al frente del Ministerio de Desarrollo Social, donde —con una clásica política neoliberal— comenzó un ajuste vía eliminación de la ayuda social. Antonio Aracre (máximo directivo local de la multinacional Syngenta) fue nombrado como jefe de asesores del Gobierno.
Foto: Télam
Discursos y realidades
El presidente Alberto Fernández, que llegó con apoyo de muchas organizaciones y movimientos sociales, dio su discurso de inicio de sesiones en el Congreso Nacional el 1° de marzo. Como antes Mauricio Macri y antaño Cristina Fernández de Kirchner, entabló un relato sesgado, alejado de lo que vive y padece la mayor parte de la población de Argentina.
Sus propuestas para salir de la crisis fueron las mismas que en 2022: más megaminería, más agronegocio (proyecto de ley agroindustrial), más explotación petrolera y de litio. Como desde hace 200 años, la principal idea de los gobernantes locales es ser proveedor de materias primas, que es justamente una de las principales causas de la pobreza y la dependencia.
¿Las autoridades políticas (y los candidatos a serlo) no conocen historia y el lugar asignado a los países como Argentina en la división internacional del trabajo (ser proveedor de materias primas y dependiente)? Claro que lo saben, pero los gobiernos no piensan en la próxima generación, sino en la próxima elección. De ahí que prioricen la magaminería y no el agua, que apoyen los transgénicos y no la salud de las poblaciones fumigadas.
El trasfondo del impulso al extractivismo son los dólares que necesita el Gobierno. Divisas que no se destinan para la construcción de escuelas ni hospitales, sino para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), una deuda que contrajo la alianza Cambiemos y que el peronismo gobernante acordó pagar.
Derechos humanos selectivos
En su discurso del miércoles pasado (1), enmarcado en los 40 años de la recuperación democrática, el Presidente reivindicó la lucha de Madres y Abuelas de Plazo de Mayo. Coincide en ese punto con el kirchnerismo: recorta la vigencia de los derechos humanos a los crímenes de la última dictadura cívico-militar. El extractivismo, que azota territorios y poblaciones de norte a sur, viola sistemáticamente los derechos humanos. No es casual que en Andalgalá y Jáchal se defina la situación como “dictadura minera”.
Policias durante un desalojo en Lugano. Foto: Sebastián Hacher / Subcoop
En una parábola del destino, el silencioso ministro de Ambiente (Juan Cabandié) es hijo de desaparecidos y, retóricamente, suele hablar solo de derechos humanos de cuatro décadas atrás. Nunca hace mención a las actuales represiones ejecutadas para imponer la megaminería, el fracking o el agronegocio. Otro botón de muestra de cómo el peronismo gobernante entiende los derechos humanos es el hoy ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, uno de los responsables del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda.
En una semana con ola de calor (donde el desmonte tiene su gran incidencia), y apagón de medio país, el combo tóxico lo completó la empresa Bioceres, la “Monsanto argentina”, que celebró que su cuestionado trigo transgénico ya se utiliza en los molinos harineros y, sin ninguna forma de saberlo, las familias argentinas son las primeras del mundo en comer pan, pizza y empanadas con transgénicos. Y con un agregado: el peligroso agrotóxico glufosinato de amonio (más nocivo que el glifosato). La autorización final para que esto sea posible fue del actual Gobierno (en 2022, cuando estaba al frente del Ministerio de Agricultura Julián Domínguez). Ni Mauricio Macri se había animado a tanto.
El Poder Judicial también hace su parte. Es el más conservador (y casi vitalicio) de los tres poderes del Estado. Y también ayuda (al extractivismo). La última semana, con una insólita medida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuó a pedir del agronegocio y del gobierno de Entre Ríos. Luego de cuatro años de demora, el máximo tribunal se negó a tratar un recurso de queja presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio). Las organizaciones habían obtenido fallos judiciales que alejaban las fumigaciones de las escuelas rurales (1000 metros para aspersiones terrestres y 3000 metros para las aéreas). El gobernador Gustavo Bordet, por decreto, decidió una distancia de solo 150 metros. La Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda— se negó a dar tratamiento a la causa y dejó vigente los 150 metros determinados por decreto.
“Estamos ante derechos humanos y ante niñas y niños que deambulaban por pasillos de hospitales públicos para paliar sus cánceres y leucemias, niños y niñas a los que les pesan sus dolores y sufrimientos por el hecho de haber sido expuestos a sustancias químicas cuando acudían a la escuela”, denunció la Coordinadora Basta es Basta, impulsora de la causa judicial.
Casa de Gobierno de Chubut en diciembre de 2021. Foto: Luan Colectiva
En la misma Corte Suprema duermen causas emblemáticas de los conflictos que genera el modelo extractivo: la contaminación de la empresa de bioetanol Porta Hermanos (de Córdoba) y también la definición sobre la constitucionalidad de la ordenanza 029/16 que protege la cuenca alta del río Andalgalá (Catamarca) —la decisión del máximo tribunal tendrá incidencia directa en el avance o freno del proyecto minero MARA, ubicado en la naciente del río—.
Los territorios
Alejado del micromundo de los palacios (de tribunales y casas de gobierno), el Pueblo Qom del Impenetrable chaqueño se organiza, lucha y produce miles de kilos de miel orgánica. Pero explica que no se trata solo elaborar un alimento sano, sino también que se trata de una concepción de la vida: “Lo económico debe servir a la vida y no a la inversa. Los bienes naturales del planeta son finitos y las necesidades humanas también. La economía debe estar en armonía con la naturaleza reduciendo al mínimo la contaminación y la depredación. La economía tiene que ser incluyente con principios de reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad y sustentabilidad”.
A 1,300 kilómetros del Chaco, en Mendoza, este fin de semana se desarrolla el 35 encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), donde confluyen organizaciones socioambientales de decenas de provincias. No solo cuestionan el modelo político y económico reflejado en el extractivismo, también proponen otros caminos: agroecología, comercio justo, cuidado del agua, real defensa de los derechos humanos, aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y, lo más difícil de entender para sectores políticos, democracia participativa, donde se priorice la opinión y decisión de las poblaciones que viven en los territorios.
Una de las principales formas de lograr esos objetivos es ocupar la calle, el espacio público. Así lo demuestran desde hace cinco años en Paraná con sus “rondas de los martes” (frente a la Casa de Gobierno), desde 2015 con una carpa permanente en la plaza de Jáchal y desde hace 683 sábados las caminatas del pueblo de Andalgalá.
También desde las calles y rutas de Mendoza, en diciembre de 2019, el pueblo movilizado logró proteger el agua y frenar el extractivismo. En 2021 (a veinte años del 19 y 20 de diciembre), fue el turno del pueblo de Chubut, que hizo retroceder al gobierno provincial y a la multinacional minera Pan American Silver. Justamente en esa provincia, puntualmente en Esquel, el día 4 de cada mes se movilizan en memoria (y vigencia) de la histórica votación de 2003, cuando el sufragio popular dijo “no a la mina”. El próximo 23 de marzo, a veinte años de esa gesta, se realizará una masiva movilización bajo el lema “veinte años de pie”, donde se reafirmará que “el agua vale más que oro”.
Esquel será espacio de encuentro, organización y futuro. Porque ese pueblo iluminó luchas en los 5000 kilómetros de cordillera y demostró que se podía vencer al poder.
Esquel (como Malvinas Argentinas en Córdoba y Loncopué en Neuquén —entre tantos otros pueblos—) son capítulos de una lección marcada en la historia: la defensa del territorio y de los derechos humanos se logra en las calles.
