Radio Zapatista

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El miércoles (8) se realizó la última audiencia del proceso de amparo contra el plan de extracción subterránea de cobre y zinc en el área del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín, donde se capta el agua que abastece a más de 11 millones de personas en la capital del Perú, Lima, y la provincia del Callao.

Southern Peaks Mining (SPM), empresa formada en sociedad con el Global Natural Resource Investments, un fondo de inversión británico, es la responsable del proyecto que fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas. 

El sistema hídrico de Marcapomacocha, ubicado a 100 kilómetros de Lima, dentro del terreno de la comunidad campesina Santiago de Carampoma, consiste en un conjunto de 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que, a través de un túnel, se trasvasan desde la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac, que es el que provee de agua a la capital. 

La minera planea depositar relaves tóxicos en una zona altamente sísmica, a 500 metros de la entrada principal del túnel de captación.

Durante la temporada seca, el sistema hidráulico aporta el 62% del agua para las dos zonas metropolitanas más pobladas del Perú, de alto estrés hídrico. El país es el tercero más afectado por este problema en América Latina y el Caribe. Y Lima es la región peruana en mayor riesgo de crisis hídrica. 

En el libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito, editado por Cooperacción en 2023, se reportan 390 pasivos ambientales que ya generan contaminación en en la cuenca del río Rímac. 

Omisión en estudio de impacto ambiental

El fallo del juez dirimente, a emitirse en los próximos días, dejará un precedente para la gestión minera en torno a las fuentes de agua. 

En la anterior audiencia, en enero de 2023, una jueza del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó la suspensión de Ariana y la realización de estudios hidrogeológicos. 

Las partes demandantes del proceso señalan una omisión grave en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto: la falta de una evaluación profunda de los posibles efectos en el sistema hídrico

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas defiende la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar la inocuidad del proyecto, sin embargo este organismo, en su evaluación inicial, no analizó el impacto en el sistema hídrico.

A pesar de que el propio Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) advierte los peligros de contaminación, el Ministerio de Energía y Minas ha obviado sus recomendaciones. Entre las observaciones, Sedapal indica que el uso de dinamita alteraría el cauce de las aguas.

Debido a que la minera cercó parte del área de influencia de Marcapomacocha, no se puede examinar los niveles de contaminación en las lagunas.  

Si de beneficios económicos se trata, Sedapal, con el agua de este sistema hidráulico, ha generado mayores ingresos de los que estima el proyecto Ariana. 

La industria del cobre es de las más cotizadas en el Perú, el segundo productor mundial de cobre, mineral de alta demanda para la transición energética en el norte global. Asimismo, en 2023 ocupó el segundo lugar en producción de zinc, empleado principalmente en el sector de la construcción. 

Historial de contaminación

Southern Peaks Mining tiene antecedentes de falta de responsabilidad ambiental. Cuando fue propietaria de la mina Quiruvilca (región La Libertad), entre 2012 y 2015, el Organismo de Fiscalización Ambiental la sancionó por incumplimiento de acuerdos de manejo de aguas de drenaje de desmontes y relaves. Tras vender la operación minera en 2015, la zona fue declarada en emergencia ambiental debido a impactos graves en el río Moche. 

La compañía opera en el Perú la mina Condestable, al sur de Lima, en la que produce 23,000 toneladas de cobre por año. 

Con respecto a la mina Ariana, la empresa ha manifestado que las actualizaciones de los estudios que realizó serán presentados a las autoridades cuando lo requieran, “sin perjuicio de la continuidad o avance del proyecto”. 

La empresa sostiene un mensaje de producción con energías limpias, de acuerdo a la llamada transición energética en los países de capitales extractivistas, a costa de zonas de sacrificio. La industria del cobre es la causa de dos de los conflictos socioambientales más violentos en el Perú: el del proyecto Tía María (región Arequipa) y el de la mina Las Bambas (Apurímac).

Lo inusual del caso del proyecto Ariana es que el posible impacto sea en la capital de un país donde la minería contamina y amenaza fuentes de agua en los territorios de las provincias, habituada a ver a distancia estos peligros.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Acto simbólico realizado en el Río Lempa, donde líderes comunitarios y miembros de la ADES bendijeron al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por la reanudación de la minería. Foto: Rodrigo Sura} 

Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. 

En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.

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Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.

Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.

Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.

Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.

Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.

Resistencias

Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica. 

Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.

Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro”, sostuvo.

En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería” la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.

El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño. 

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Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 

Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.  

A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero. 

Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo. 

La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield. 

Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.

“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.

Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo. 

Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.  

Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”. 

“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene. 

Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas. 

“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.

Preocupación internacional 

El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.

Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.

En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante. 

En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.

Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.

Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan. 

Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho. 

A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.

De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción. 

Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. 

Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.

Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días. 

Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

31 AÑOS

Palabras del Subcomandante Insurgente Moisés

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Diversas comunidades Mayas entregaron un informe a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, durante el foro del Plan Nacional de Desarrollo sobre Desarrollo Sustentable 2025-2030, celebrado en Mérida el pasado jueves (9), detallando los desafíos y conflictos socioambientales que enfrentan los pueblos originarios de la Península de Yucatán. 

En su intervención, José Argamiro Cobá Cocom, Comisario Ejidal de Ixil en Yucatán, subrayó que el modelo de “desarrollo” impuesto en la región ha generado despojo, deforestación y contaminación, con impactos devastadores sobre los ecosistemas esenciales de la región, como la selva y los manglares. “Nos están despojando de nuestra tierra, y con ella, de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro derecho a vivir dignamente”, afirmó el campesino, quien destacó que la lucha de los pueblos mayas no es solo por la tierra, sino por la preservación de una cosmovisión ancestral.

Las comunidades denuncian que los proyectos de desarrollo, principalmente del sector inmobiliario, vienen invadiendo tierras comunales, alterando los ecosistemas y amenazan con destruir el patrimonio arqueológico maya. “En Ixil, por ejemplo, se están llevando a cabo proyectos inmobiliarios en 5,300 hectáreas de tierras, sin tomar en cuenta los vestigios arqueológicos ni la biodiversidad que habitan en ese territorio”, que pretenden convertir en zonas turísticas y residenciales resaltaron.

Cobá Cocom señaló que, en los 106 municipios del estado de Yucatán, aún se conserva la cultura de los mayas. “En nuestro territorio se encuentra el reservorio del pensamiento mágico de los mayas. Si se despoja vendrá la total desaparición de los pueblos originarios, de nuestras costumbres, formas de vida y cultura”.

Otra comunidad de Yucatán que corre con el mismo destino es Kinchil, otro territorio invadido por el sector inmobiliario con fines de urbanización. Aquí habitan más de 200 familias y hoy están siendo vulneradas por el riesgo de perderlo todo “frente a especuladores con poder político. La situación se agrava aún más con el creciente desinterés por parte de las autoridades, que han permitido que se registren tierras como ‘propiedad privada’ sin el consentimiento de las comunidades afectadas”, afirman los representantes de esta comunidad.

Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, puntualizó que “están vendiendo nuestras tierras en internet, sin documentos legales; ya hay personas que se consideran dueñas de nuestros territorios, y el gobierno no hace nada”.

La industria 

Otro de los problemas abordados en el informe es la expansión de las megagranjas porcícolas y avícolas en la región. Estos proyectos industriales, señalan las comunidades, vienen provocando “afectaciones ambientales, de salud pública, sobre el tejido social y la calidad de vida, plenamente conocidas por el Gobierno Federal”.

Para ello toman el ejemplo de otra comunidad de la Península, Santa María Chi, de unos 500 habitantes, una zona donde se estableció una granja de 72 naves y más de 60 mil cerdos, que está ubicada a 100 metros del pueblo. “Lleva 40 años contaminando el agua, causando enfermedades respiratorias y estomacales, y alterando la armonía, la cohesión social y la vida interna de la comunidad”. 

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Los habitantes denuncian que la vida ya no es viable en esta región debido a la peste insoportable, así como la acumulación de excrementos, moscas, incluso, argumentan, “por el ruido que día y noche generan las instalaciones y los transportes de cerdos”.

Esta mega granja, según los indígenas Maya, pertenece a la familia del empresario y periodista Loret de Mola, la cual “no cuenta con permisos, registros ni autorizaciones a nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada para clausurarla”, expresan las comunidades ante Semarnat.

Wilberth Nahuat Puc, Comisario Municipal de Santa María Chi, denunció la impunidad con la que operan estas empresas afirmando que, “el gobierno nunca nos ha escuchado. Nos tratan como delincuentes por defender nuestra tierra y nuestra salud”, expresó. 

Las comunidades denuncian en su informe que Semarnat se limitó a colocar un sello de clausura sin folio pero que la empresa siguió funcionando y que “nunca llegaron inspectores federales a investigar”. 

Tras las diversas protestas de estos pueblos, “la granja está hostigando judicial y policialmente a las autoridades comunitarias, y ha imputado a Wilberth Alfonso Nahuat Puc por delitos fabricados, prohibiéndosele acercarse a menos de 300 metros de lote catastral en que se ubica la granja, situado a 30 metros de su casa”, destaca la denuncia de las comunidades.

Agudización de la crisis climática

Además, el escenario cambiante por la crisis climática ya ha comenzado a impactar estas comunidades y las condiciones se agudizan con las políticas aceleradas de desarrollo, por su flexibilidad con la falta del cuidado del medio ambiente y el tejido comunitario. A ello se suman las sequías prolongadas, las lluvias irregulares y el calor extremo que están afectando la producción agrícola, base tradicional de subsistencia en la región.

Las comunidades mayas han solicitado medidas para mitigar estos efectos, como el fomento a la energía renovable local y la restauración de ecosistemas clave para la agricultura, como los manglares.

Peregrina Cutz Tec, del Consejo Comunitario de Ixil, expresó que “el cambio climático ya no es algo lejano, lo vivimos a diario. La falta de lluvia y el aumento de las temperaturas están afectando nuestra tierra y nuestras costumbres. Necesitamos que el gobierno federal atienda nuestras propuestas para adaptarnos sin destruir nuestro territorio”, ha puntualizado.

Frente a esta situación, las comunidades mayas han propuesto una serie de medidas urgentes para revertir los efectos del modelo de desarrollo actual. Entre ellas, destacan la creación de una mesa de trabajo con la participación activa de las comunidades mayas y organizaciones sociales y ambientales para diseñar un modelo de desarrollo sustentable basado en los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos originarios.

En respuesta a las demandas, la secretaria Alicia Bárcenas se comprometió a organizar una reunión con las comunidades mayas de la región en febrero de 2025, en Ixil, donde se discutirán con más detalle las propuestas presentadas. 

Mientras tanto, las comunidades mayas reafirman que su lucha no solo es por la defensa del territorio, sino por la supervivencia de su cultura y sus tradiciones. 

Leydi Eloína Cocom Valencia, del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, concluyó: “No solo estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir en armonía con la naturaleza. Si perdemos nuestra tierra, perdemos todo lo que somos”.

Fuente: Avispa

^{Por Mariángeles Guerrero, Gioia Claro, Roxana Sposaro, Celeste Vientos y Mariana Aquino / Agencia Tierra Viva}

^{Foto de portada: Roxana Sposaro}

El desalojo a la comunidad mapuche Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces (Esquel, Chubut) había sido anunciado con mucho énfasis. A las 8 de la mañana de este jueves comenzaron a llegar por la ruta 71 más de 30 móviles de la Policía Federal y de Gendarmería, camionetas y colectivos, y personal de Parques Nacionales. La magnitud del operativo para excluir a unas pocas familias de sus tierras se condice con el discurso racista del gobierno provincial y nacional; y se basa en una disposición del Poder Judicial Federal de Esquel. Pero la Lof resolvió retirarse previamente, de forma pacífica, por lo que los agentes no encontraron a ninguna persona en el lugar.

En la zona habitada por la Lof quedaron algunos carteles dispuestos en lo que eran las casas de la comunidad. En ellos se lee: “Las fuerzas del territorio les están observando”. “Aquí se gestó y parió a una persona de modo libre, en armonía con el territorio ancestral. No hay desalojo que despoje esa memoria”.

«Sabíamos que esto iba a suceder, así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, hallaron casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos los integrantes de la Lof no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno», aseguró la weychafe Moira Millán, que acompaña el reclamo de Pailako por su derecho al territorio.

La Lof reivindica su presencia en una zona del Parque Nacional Los Alerces (a 35 kilómetros de Esquel). Este proceso, espiritual e identitario, comenzó en 2020. Actualmente, una veintena de personas viven allí: familias con niños y niñas. En el lugar funciona un centro educativo. De haberse concretado tal como lo anunció el Gobierno durante los últimos días, iba a ser el primer desalojo tras la derogación de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La intención de echar a las familias mapuche de sus tierras tenía un efecto aleccionador, en el marco de las persecuciones que vienen sufriendo los pueblos indígenas en el gobierno de Javier Milei. Otras situaciones, como la vivida en octubre pasado por la comunidad wichí Guerrero, de Jujuy, replican este panorama.

A nivel institucional, primero se vació el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA). Luego se disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya función era inscribir a los pueblos preexistentes en un relevamiento nacional. La frutilla del postre fue la derogación (por decreto) del decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena, el 10 de diciembre.

Sólo 20 días después, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, arremetió contra la comunidad Pailako. “Arremetió”, porque las amenazas de desalojo y la violencia institucional comenzaron cuando las familias decidieron habitar el territorio en el que crecieron sus abuelos.

Un show anunciado y frustrado

El desalojo fue un show anunciado por el gobierno nacional y provincial, el Poder Judicial y muchos medios de comunicación. En el lugar estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó en helicóptero cerca del mediodía. La Ministra también había ocupado ese cargo durante los operativos militares que culminaron con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, en 2017. Otro funcionario que también dijo presente fue el titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz. La conferencia de prensa prometida desde el Gobierno nunca se hizo.

La orden del juez federal Otranto (conocido por su participación en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado), se basa en la Ley 22.351. Esta normativa fue sancionada en la última dictadura militar: criminaliza a los “intrusos” que utilicen las instalaciones de los Parques Nacionales y autoriza su desalojo.

Sin sentencia firme

Las acciones llevadas a cabo durante este jueves se realizaron sin una sentencia judicial firme y sin que se hayan agotado las presentaciones realizadas por la organización Gremial de Abogados, en representación de la comunidad Pailako, ante el Poder Judicial.

Ante estos atropellos, la comunidad resiste. “Siempre somos vistos de mala manera. Nuestra intención es preservar este monte, poder criar a nuestros hijos y las infancias que están aquí”, afirmaba días antes del desalojo Belén Salina, integrante de la Lof. Pese a haber evitado una situación de violencia contra las familias, la comunidad se vio obligada a dejar sus viviendas, su tierra y sus animales en el Parque.

El 8 de enero, la Lof, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de los presos políticos Mapuche en Puelmapu brindaron una conferencia de prensa en Esquel.

En representación del Comité, Millán apuntó contra el Gobierno: “Hoy vemos a estos mentores de la muerte venir a nuestros territorios y hacer de la narrativa de las políticas criminales la normalidad. Ellos reivindican el proceso militar. Y durante el proceso militar se eliminó un ecosistema prístino para hacer una de las represas más grandes de la Patagonia, que hoy abastece a una empresa privada. Esa lógica es la que está siendo reivindicada, no sólo los desaparecidos sino también el saqueo”. Al respecto, aseguró: “Quieren privatizar áreas de los Parques Nacionales y la piedra en el zapato somos los pueblos originarios”.

La represa a la que aludió Millán es Futaleufú, que se construyó dentro del Parque Los Alerces y fue puesta en funcionamiento en 1978 para el abastecimiento energético de la empresa de aluminio Aluar. Bajo la lupa de las comunidades indígenas están también los incendios intencionales. La Lof Pailako aseguró en un comunicado que “queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo negocios extractivos”. Al desalojo se suma el despido reciente de cien brigadistas forestales que trabajaban en el Parque.

En la conferencia, Millán señaló la responsabilidad de los gobiernos anteriores por no haber regularizado la situación territorial de los pueblos indígenas. Finalmente, llamó a hacer un “boicot” a los parques nacionales del país, evitando pagar las entradas respectivas.

Solidaridad con Pailako en Nahuelpan

Mientras Bullrich hacía un despliegue desmedido de las fuerzas de seguridad, a 40 kilómetros de ahí, en el Lof Nahuelpan, un grupo de Pu Lamien autoconvocadas y desde una red de acompañamiento a Lof Pailako, realizaron una acción para visibilizar, conversar e informar a quienes llegan al tren turístico La Trochita sobre lo que pasaba en Los Alerces y la estigmatización hacia las comunidades indígenas.

Por un rato se cortaron las vías, se colocó una bandera, se repartieron volantes y se conversó con quienes iban a abordar el tren. Hubo momentos de tensión cuando llegaron las fuerzas policiales, pero nadie cedió a las provocaciones y los micros pedidos por el municipio se encargaron de trasladar a las y los turistas.

”Vinimos de manera pacífica para romper con ese imaginario social que nos crean desde los medios de comunicación hegemónicos y la misma sociedad racista, donde nos tratan de violentos, cuando nosotros solamente queremos informar. Lamentablemente, la ignorancia y la desinformación es un virus, es una enfermedad que nos atraviesa hoy como sociedad. Vinimos de forma pacífica y llegó la policía a amedrentarnos, a violentar a la gente y a empujar”, dijo Zamira Tacuman.

Con todas las fuerzas represivas a disposición, esta pequeña acción de resistencia y solidaridad pudo realizarse pacíficamente, en un sitio emblemático para las protestas. Fue un modo de abrazar la lucha de la Lof Pailako y de todas las comunidades indígenas criminalizadas por el gobierno provincial y nacional.

En noviembre, en la Asamblea de la ONU, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución contra los derechos de los pueblos originarios

La batalla judicial y desigual: cómo se llegó al desalojo

La comunidad recuperó su territorio ancestral en 2020, reafirmando su arraigo cultural y espiritual en la Mapu (tierra). Allí siembran, crían animales y cuidan a sus hijas e hijos. Desde entonces, enfrentan amenazas y hostigamientos. Quienes allí viven son descendientes de pobladoras y pobladores mapuche en lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, creado por el Estado argentino en el marco de las políticas de expulsión de las comunidades indígenas de la Patagonia.

“Para nosotros ‘pailako’ significa ‘arroyo tranquilo’”, explicó Lemu Cruz Cárdenas, en una nota brindada a la Agencia Presentes. “El arroyo que da nombre a la comunidad se arma entre varias corrientes de agua, arroyos más pequeños, que bajan del cerro y forman uno más grande. Vivíamos a la orilla de ese arroyo”, recordó Cárdenas. Hoy, él y María Belén Salina (integrantes de la comunidad) están imputados por presunta participación en incendios forestales ocurridos en el Parque. No hay una sola prueba en su contra.

Como respuesta a la recuperación territorial iniciada en 2020, Parques Nacionales realizó una presentación ante el juez Otranto para pedir el desalojo de la comunidad. En primera instancia, el magistrado habilitó el ingreso a la Lof para identificar a las personas que habitan allí. Fue un paso previo al desalojo.

El juez Otranto emitió entonces la orden para la expulsión, pero fue suspendida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Ante la apelación de Parques Nacionales, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón al organismo nacional y la amenaza del desalojo volvió a estar vigente.

Resulta llamativo en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones el argumento del juez Javier Leal de Ibarra: “Queda debidamente expuesto que Cruz Cárdenas y María Belén Salinas (NdR: nótese la mala escritura del apellido Salina, familia tradicional de la zona) adscribieron a una comunidad mapuche que ocupó la zona denominada ex Población Felidor Salina a partir de enero del año 2020. […] y que si bien descienden de pobladores que contaban con permisos para ocupar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, ningún permiso precario les ha sido conferido sobre la zona que específicamente pretenden”. Felidor Salina era el tatarabuelo de Belén Salina, integrante de la Lof Pailako. Como a tantos pobladores de la zona, en 1940 le entregaron un “permiso precario” para pastaje y ocupación.

El 30 de diciembre, días después de la derogación de la prórroga de la Ley 26.160, Otranto habilitó nuevamente el desalojo sin que exista una sentencia firme sobre el caso y antes de haberse agotado los recursos legales presentados por la comunidad. Desde la APDH también presentaron un hábeas corpus preventivo, que fue desestimado por el juez.

El 2 de enero, un oficial de justicia, acompañado por fuerzas federales, notificó a la comunidad sobre el desalojo. Dio un plazo de cinco días hábiles (hasta el 9 de enero) para abandonar el territorio. En la notificación se advirtió que se iba a disponer del uso de la fuerza pública y del allanamiento de domicilios en caso de «ser necesarios». La información fue presentada junto a Danilo Hernández Otaño (intendente del Parque Nacional Los Alerces) y Laura Fenoglio, personal de Parques Nacionales.

El argumento que sostienen desde Parques Nacionales para el desalojo es preservar el área protegida. Sin embargo, la ONU destacó en 2023 que “gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria”.

El Parque Los Alerces

La Reserva Nacional Los Alerces se fundó en 1937. En 1945 se declaró como Parque Nacional, con una extensión de más de 280.000 hectáreas. Fue a través del despojo y el desalojo violento de las comunidades que allí habitaban que se crearon estas áreas “protegidas”.

“El juicio civil, en el que se podrían dirimir los derechos ancestrales de los integrantes de la lof, duerme en un cajón de la Justicia argentina, sin dar la posibilidad entonces de sacar a la luz la ocupación tradicional de este espacio territorial por algunos de sus miembros que son la quinta generación de las familias que allí vivían, mucho antes de la creación de Parques Nacionales”, expresa un documento firmado por decenas de comunidades mapuche y asambleas socioambientales.

En el mismo texto, denuncian que la zona “es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos”.

Un Estado que reivindica su racismo

En diciembre pasado, el gobernador de Chubut aseguró: «Este gobierno (provincial) va a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes toman un bien que no es propio y que vayan presos. Hay que separar lo que son nuestros pueblos originarios […] de estos delincuentes que levantan falsas banderas para cometer delitos. Para hacerse de tierras privadas. O, por ejemplo, tomar el Parque Nacional Los Alerces».

En la misma línea, el 8 de enero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Vicejefatura de Gabinete y la Administración de Parques Nacionales, emitió un comunicado afirmando que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces». Y anunciaron que el operativo se llevaría a cabo con Fuerzas Federales.

También aludieron al «derecho a la propiedad del Estado Nacional» y a supuestos ataques verbales y físicos por parte de la comunidad. Y refirieron a la Ley 26.160: «Una legislación impulsada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos». Una forma de desconocer los derechos de los pueblos indígenas que rigen en Argentina.

La identidad es un derecho

Nora Rodríguez y Raúl Mazzone, integrantes de la APDH presentes en la conferencia de prensa, expresaron: “Es horrible ver el rostro racista, colonial, cada vez más inquisidor que habilita métodos que estaban prohibidos desde la dictadura, de investigación como si hubiera enemigos internos. Es una faceta horrible del Estado. Pero a la vez vemos en las comunidades procesos de identidad, que son un derecho. Despojarlas de sus territorios es muy doloroso. Vemos el daño que esto causa en personas de distintos géneros, edades, a infancias que van a sufrir esto de una forma significativa en su proceso de vida. La identidad es un derecho, quizás al Estado en su formato actual no le guste reconocerlo”.

A su turno, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresaró: “¿Para qué elegimos un gobierno democrático? Tenemos derecho a cuestionar a ese gobierno, ningún gobierno es absoluto. La gestión actual ¿no debe respetar la Constitución argentina? Hoy vemos a un Estado que fomenta la discriminación”.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) manifestó mediante un comunicado: “El desalojo de la comunidad nos recuerda oscuros episodios recientes en los que perdieron la vida quienes formaban parte de reivindicaciones territoriales. Es posible construir un diálogo intercultural en el que todas las culturas y pueblos sean respetados, pero no ocurrirá si la respuesta estatal es la violencia, la discriminación y la falta de respeto a los derechos colectivos de las comunidades preexistentes”.

^{Cobertura colaborativa de Infoterritorial, Revista Cítrica, Agencia Presentes y Agencia Tierra Viva}

^{Edición: María Eugenia Ludueña}

^{Edición de Fotografía: Nicolás Pousthomis}

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Trabajadores de Tesla en Suecia iniciaron una huelga durante el invierno del 2023 que se extendió a toda la región escandinavia.}

La denominada transición energética aún va comenzando y ya se perfilan las ventajas comparativas de cada país, donde unos avanzan y otros se quedan satelizando la nueva economía. Entre las ventas totales de tecnologías a base de energías limpias destaca la producción de vehículos con motores eléctricos y sus baterías, ya que según la Agencia Internacional de Energía (EIA) casi 14 millones de unidades fueron producidas en 2023. Este mercadose mantiene concentrado en un 85% por China, la Unión Europea y Estados Unidos en conjunto, mientras que los países emergentes o en vías de desarrollo se enfocan al extractivismo de minerales y producción de energía limpia. 

El 65% del mercado global de tecnologías limpias está cubierto por la venta de coches eléctricos y baterías que vienen demandado de forma acelerada más minerales críticos. Solo en 2023 el aumento de la demanda de litio subió el 30%, el níquel, cobalto, grafito y elementos de tierras raras oscilaron entre el 8% y el 15%. “Las ventas de coches eléctricos se acercaron a los 14 millones en 2023, un aumento interanual del 35%, y se prevé un crecimiento acelerado a medida que avancen los principales mercados y aumente la adopción en las economías emergentes”, resalta el informe de AIE llamado Perspectivas mundiales de los minerales críticos 2024.

El economista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Willebaldo Gómez Zuppa, argumenta que, si el modelo de desarrollo que se quiere vender al mundo es el de China, Estados Unidos y la Unión Europea, “el mundo lo vamos a terminar de devastar en un par de décadas. Porque, un ejemplo es China, que ha crecido muchísimo desarrollando una buena técnica de producción, pero es mucho más contaminante en términos ambientales, además de su proceso de súper explotación de la fuerza de trabajo que le ha permitido tener altas tasas de rentabilidad al tiempo que reduce costos de venta”.   

El profesor de la UNAM sostiene tajantemente que lo que está haciendo el capitalismo verde “es una falacia, ya que, el consumidor piensa que deja de contaminar al comprar un auto de este tipo; lo que sucede es que la contaminación deja de ser visible”. Solo el proceso para producir baterías viene “provocando una devastación muy importante en los lugares de donde se están extrayendo los minerales necesarios como el litio; casi el 40% del peso del auto es por sus baterías y esto el consumidor no lo sabe”, dijo para Avispa Mídia el economista Gómez.

La carrera por dominar el mercado de las nuevas tecnologías depende en gran medida del suministro de minerales convencionales, así como los que son críticos por su escasez y las tierras raras, entre ellos figura el: iridio, plomo, magnesio, molibdeno, niobio, metales del grupo del platino, selenio, silicio, plata, tantalio, telurio, estaño, titanio, wolframio, vanadio, zinc, cobre y aluminio. “Desde África hasta Indonesia y la República Popular China, el aumento de la nueva oferta (de minerales) ha superado el crecimiento de la demanda en los dos últimos años”, resalta el informe de la AIE presentado a finales del 2024.

De acuerdo con la EIA se espera que la demanda, solo de litio, aumente cuatro veces hacia 2040 mediante las políticas presentadas en posibles escenarios: Escenario de Políticas Establecidas (STEPS, por sus siglas en inglés), el Escenario de Compromisos Anunciados (APS) y el Escenario de Emisiones Netas (NZE), alcanzando casi 40 millones de toneladas solo de litio para atender la producción de 58 millones de automóviles proyectados para ese año pico.

Según el informe de la EIA, los “beneficios de la expansión del mercado de las energías limpias y de automóviles se reparten entre las distintas regiones”, sobre todo en relación a la minería. “América Latina acapara la mayor cantidad de valor de mercado para la producción minera, con alrededor de 120.000 millones de USD para 2030. Indonesia registra el crecimiento más rápido, duplicando su valor de mercado para 2030 debido a su floreciente producción de níquel. África registra un aumento del 65% en valor de mercado para 2030. Casi el 50% del valor de mercado del refinado se concentrará en China en 2030”, sostiene el documento.

Las tecnologías y el poder

El profesor de la UNAM, especialista en la industria automotriz, anuncia que lo que se perfila con el nuevo esquema de producción es un nuevo paradigma de poder, donde no solo se posicionan las economías avanzadas, sino que, también, las corporaciones que tienen en sus manos la cadena productiva. “Hoy quien detenta la articulación de estas tecnologías, empieza a situarse como un elemento de poder. Sobre cualquier proceso, no solo productivo, político, sino también social”.  

Por un lado, señala el economista, se observa una fuerte competencia del lado asiático con China a la cabeza y por otro lado están los Estados Unidos y Rusia en las nuevas áreas tecnológicas que, incluso, se expanden o desprenden del complejo industrial militar.  “Ahí vamos a ver el ascenso de algunas empresas vinculadas a los grandes aparatos corporativos financieros que van a tener un ascenso vertiginoso y que van a poder dominar muchísimas áreas y regiones a escala planetaria. Estamos en una fase de ver quien acumula más poder”, dice el profesor. 

En esta carrera por el dominio del mercado de la nueva matriz tecnológica, de la producción de automóviles eléctricos, microchips, el control de los minerales y todas las cadenas productivas, “observamos una rivalidad entre estas potencias y nuevamente vamos observar países dependientes que no lograrán desarrollar sus propias bases tecnológicas y que estarán bajo la egida de estos entes de poder”, acrecienta el investigador.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía afirma, en su documento llamado Perspectivas Tecnológicas de la Energía 2024, que los países en vías de desarrollo cuentan con oportunidades. “Más allá de la minería y el procesamiento de minerales críticos, los países de África, América Latina y el Sudeste Asiático tienen perspectivas de impulsar sus ventajas competitivas y ascender en la cadena de valor”, sostiene el informe. Para ello se plantea la creación de más infraestructura de energías limpias, tendidos eléctricos de alta tensión, puertos y gasoductos.

La lógica de la AIE es que, a través de esta infraestructura, los países emergentes puedan colocarse en algún eslabón de las cadenas productivas, sobre todo con más exportaciones de componentes, como Brasil, quien “está dotado de abundantes recursos energéticos renovables, que constituyen una buena base para las exportaciones de amoníaco, hierro y acero con emisiones próximas a cero a mercados en los que la producción de estas materias primas es más costosa, como Europa y Japón”.

Para establecer las ensambladoras de autos se pretende que sea en países con salarios bajos, con acceso a minerales, agua y demás recursos necesarios, como el norte de África, donde se va establecer “un centro de fabricación de vehículos eléctricos. La inversión ya está en marcha y, si la región es capaz de alcanzar su potencial en consonancia con la consecución de cero emisiones netas en 2050 a escala mundial, el norte de África exportará en 2035 casi la mitad de los 3,7 millones de vehículos eléctricos que produzca para entonces, en su mayoría a la Unión Europea”, anuncia el documento de la AIE.

África al igual que China, Canadá y Brasil concentran grandes yacimientos de espodumeno (mineral que contiene litio, aluminio y silicio, y es una fuente de materiales cerámicos) los cuales según la Agencia de Energía “también están en condiciones de registrar un fuerte crecimiento”, además de otros yacimientos que solo contienen litio en Argentina, Australia y China.  

Más allá del dióxido de carbono

Está claro que la narrativa sobre la crisis climática se ha centrado en las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO₂) pero, dice el investigador de la UNAM, tenemos que ver más allá y poner atención en lo que implica la aceleración del extractivismo justificado para la economía verde. “Solo el uso de agua que requiere la extracción de los minerales para los michochips son monstruosos. Es por ello que están establecidos en Corea del Sur y en California, porque son los que tienen agua disponible. Entonces cuando nos venden la alternativa con el automóvil eléctrico nos están vendiendo una gran mentira, porque siguen afectado el metabolismo de la naturaleza”. 

Además, agrega el profesor, “sumamos los componentes de polímero, derivados de los hidrocarburos. La contaminación va quedando en la cadena de valor, en los procesos previos. Ahí hay que colocar el acento”.

En el fondo “la economía verde busca una tasa de ganancia cada vez más alta. Y un producto novedoso, con el plus de la no contaminación, esto está generando grandes ganancias, pero sigue siendo contaminante. Ya no vamos a ver el humo, pero veremos más geografías devastadas”.

Es así que el problema de la crisis climática se está atendiendo con la venta de nuevas tecnologías y nuevas cadenas productivas, en especial, la del automóvil eléctrico particular, cuando tal vez se debería atender las alternativas de transporte colectivo. “Es importante cobrar conciencia de este modo de vida y de consumo, porque es insostenible para la naturaleza y tenemos que pensar en otra forma de vida”, concluye el economista.

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Fragmentos del Programa Cultural del Encuentro de Resistencia y Rebeldía

Material de Tejemedios (https://tejemedios.yanapak.org) y Tercios Compas
Edición: Tercios Compas

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

La Tormenta y el Día Después. Teatro Zapatista

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MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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EL CAPITALISMO: CRUEL, INHUMANO Y CRIMINAL
OBRAS DE TEATRO

Escena 1 DESCARGAR VIDEO

Cientos de jóvenes zapatistas realizaron una obra de teatro presentada en dos partes, el 31 de diciembre se presentaron las primeras seis capítulos, el día 1 de enero presentarían la segunda y última parte donde comparten la idea que tienen del mundo, sus preocupaciones y las ideas que les guían para el futuro. Las y los zapatistas siendo ejemplo y semilla con sus años de caminar en la autonomía y escuchándose y escuchando a otres.

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”.
Obra de Teatro en 12 escenas con jóvenes y jóvenas zapatistas de los 12 caracoles.
Festival cultural del 31 aniversario del levantamiento zapatista. Oventic, Chiapas, México, 2025.
Cámara y edición: Noticias de abajo y Del Barrio News.

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Parte I

Parte II

Puedes descargarlos aquí:

PARTE 1 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/985151073464768

PARTE 2 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/588930103747496

PARTE 1

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte1_obrazapatista

PARTE 2

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