Mundo
Oaxaca: A través de Jornada de Solidaridad con el pueblo Palestino, exigen un alto al genocidio en Gaza
Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
Foto de portada: Santiago Navarro F
La biblioteca Henestrosa fue el espacio donde este viernes 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde, dio inicio la Jornada de Solidaridad con el pueblo Palestino, que culminará el próximo 26 de julio. Organizada por el Colectivo Oaxaca en Solidaridad con Palestina, esta jornada de actividades ha sido planeada para “alzar la voz frente a una de las mayores tragedias de nuestro tiempo: el genocidio y el despojo de décadas que vive y resiste el pueblo palestino en manos del sionismo y el fascismo”, expresaron en su comunicado las y los integrantes de dicha colectividad.
Apenas caía la tarde del sábado 30 de mayo al interior de la biblioteca Henestrosa, cuando su inmenso patio comenzaba a concurrirse con la presencia de un público diverso, que llegaba principalmente por dos motivos: informarse y apoyar la causa de alto al genocidio estadounidense-israelí contra una población de 2.3 millones de palestinos y palestinas en Gaza.
Al costado derecho de la biblioteca, sobre los muros de una de sus salas el público admiraba y fotografiaba las decenas de carteles pro Palestina libre: una mamá explicándole con entusiasmo la composición de un cartel a su pequeño; un señor de la tercera edad tomándole fotos, con cierta dificultad, a uno de los carteles ubicado en la parte superior de la exposición; una pareja de jóvenes tomados de la mano admirando con total concentración las obras, fueron algunas de las escenas de ternura sincronizadas con la calurosa energía del espacio.
De pronto, una joven irrumpió el murmullo colectivo para hacer un llamado de atención a la conferencia de prensa que dio inicio con la lectura de un posicionamiento redactado por el colectivo organizador: “somos un esfuerzo colectivo, autónomo e independiente de cualquier partido político, organismo no gubernamental, empresa privada u organización formal”.
Desde la formación de esta red en mayo del 2024, las y los integrantes han alzado la voz “frente a una de las mayores tragedias de nuestro tiempo: el genocidio y el despojo de décadas que vive y resiste el pueblo palestino en manos del sionismo y el fascismo”, compartieron en su comunicado. También, han organizado más de una veintena de actividades (presenciales y virtuales) como: la recaudación de fondos para el comedor comunitario Gaza Soup Kitchen y la recolección de firmas para exigir al gobierno mexicano que corte relaciones con el gobierno de Israel.
En torno a Gaza Soup Kitchen, Charlynne Curiel docente universitaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), comparte en entrevista para Avispa Mídia que “es uno de los pocos proyectos a los que se les puede enviar dinero para que puedan comprar y gestionar alimentación, que es una gota en un mar, pero es algo, entonces, desde que inicio Oaxaca con Palestina enviamos lo poco que podemos recaudar a este proyecto”.
Así mismo, la profesora y activista puntualiza que “desde el 7 de octubre del 2023 [cuando inició el genocidio actual] el gobierno de Netanyahu decidió entorpecer el aprovisionamiento de alimentos, de electricidad, de agua, de gasolina, de medicamentos y en los últimos tres meses, es decir, desde el 6 de marzo se cerraron todas las fronteras a la ayuda humanitaria, entonces la gente está en riesgo de inanición: se están muriendo de hambre”, declaró.
Para el día en que dio inicio esta Jornada solidaria, es decir el 30 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que Gaza se ha convertido “en el lugar con más hambre del planeta y donde el 100% de la gente está en riesgo de hambruna”, una crisis posible debido al bloqueo de ayuda humanitaria referido por Curiel.
En el arranque de esta jornada, pocas personas se animaron a compartir su opinión en el micrófono, no obstante, fue muy emotiva la participación de un abuelo que se puso de pie para dirigirse a la juventud presente y decirles: “¡están del lado correcto de la historia!”.
Rato después al término de la conferencia, una joven dio lectura a un conmovedor texto donde rememora que: “en 1946 Palestina fue ocupada, sobre ella instalaron lo que hoy denominan Israel que desde entonces ha fungido como colonia de los Estados Unidos para el control geopolítico de Oriente Medio, eso con la ayuda y financiamiento de Europa, a esta invasión se le conoce en árabe como la “nakba” (catástrofe)”.
Luego, continuó con un llamado a la empatía lanzando líneas que decían algo así: “imagina buscar una y otra vez a tus familiares bajo tierra porque el misil hecho en Estados Unidos cayó justo ahí donde se refugiaban, sólo encuentras partes de sus cuerpos y aullando de dolor recoges de los escombros un pie, una mano, una cabeza” … para culminar diciendo: “Y si aún con tu último aliento intentas defenderte o sobrevivir, te dirán terrorista”.
En un inconsciente intento por contener las emociones generadas en torno a la lectura ya mencionada, tocó la participación de un joven conocido en la escena local como “Flores” que –entre otras cosas—se dedica a componer e interpretar corridos contra el Poder y la tiranía. En compañía de su guitarra y con la animada actitud que lo caracterizan, Flores interpretó poco menos de diez temas entre los que se encontró el ya afamado entre las colectividades en rebeldía Demolición, canción con la que Los Saicos –una agrupación punk peruana— puso a bailar a toda una generación a finales de los sesentas.
Boicot
Detrás de ese escenario ya animado con la música de este joven al que es imposible definir en un género musical específico, Eugenia Islas, integrante del Colectivo organizador, comunicóloga y maestrante de Acción Social en Oaxaca, accedía a una entrevista para Avispa Mídia. Al preguntarle sobre qué acciones serían necesarias para frenar de manera efectiva el genocidio, ella apunta hacia el boicot: “si todos los pueblos del mundo nos organizáramos y boicoteáramos y exigiéramos romper relaciones con Israel, Israel estaría aislado, tendría este castigo internacional de aislamiento”.
La estudiante Islas complementa argumentando que, “hay una organización que se llama BDS [Boicot, Desinversión y Sanciones] y en todo el planeta promueve el boicot económico, que las personas no consumamos productos que vienen de Estados Unidos o Israel. El boicot, la desinversión, las sanciones: Israel no puede tener toda esa tecnología de punta para bombardear a todo un pueblo y que nadie haga nada”.
De acuerdo con el movimiento BDS, algunas de las marcas y empresas en complicidad con Israel que operan en México son: HP, Disney, DELL, Amazon, Google, HSBC, Coca-cola, Domino´s, Burger King y Airbnb, entre muchas más.
En la misma sintonía que Eugenia, la profesora Charlynne Curiel –quien también accedió a una entrevista—señala a la economía como una pieza central en la vitalidad del Estado israelí, una economía vinculada a la industria bélica: “los intereses del capital son muy poderosos de lo que nos estamos dando cuenta después de esto es que la complicidad que Occidente ha tenido con Israel ha tenido una estructura de dominación y de poder y de intereses donde el sionismo está detrás de todo: del cine, del arte, la educación, el petróleo, el agua, el gas, de la industria armamentista”.
Charlynne agrega que “además porque estamos en un momento de la historia en que se están organizando las fuerzas neofascistas, que implican o tienen en su entraña una agenda bélica, armamentista, le están apostando a la venta de armas y mientras haya guerra ellos ganan”.
Respecto a esta necesidad de cortar todo tipo de relación con Israel, encontramos la iniciativa ciudadana de recolección de firmas para exigir el rompimiento del gobierno de México con Israel, acción que surge en Guadalajara y que posteriormente retoman en otras ciudades como es el caso de Oaxaca, donde el Colectivo está trabajando duro para juntar las 130 mil firmas requeridas.
En Opinión de Charlynne: “Es una iniciativa ciudadana, es un acto simbólico, es un acto político, no sabemos lo que va a pasar porque la presidenta Claudia Sheimbaun ha tenido una posición muy tibia respecto al genocidio pero es importante que sepa que un porcentaje de la población estamos reprobando lo que está pasando, que reprobamos que nuestra representante mantenga relaciones con un gobierno criminal y genocida como el de Israel”.
¿Mañana quién?
Otro punto en común que Curiel e Islas sostienen es que Palestina es un experimento de Estados Unidos y Europa, para después continuar con una lógica expansionista sobre aquellos pueblos del mundo cuyo nivel de devastación dependerá de los recursos naturales que posean: “Los occidentales van por todo, Estados Unidos e Inglaterra están pensado en Jordania, en Siria, en Irán, en Líbano, es la expansión hacía el mundo árabe, es la expansión hacía esos territorios que tienen gas, que tienen una ruta comercial, es una zona que ha sido muy codiciada por Occidente. Palestina es sólo la puerta para empezar a ir por todo y siempre fue esa la idea del Estado de Israel”, comparte Charlynne.
La joven que rato antes leía ese desgarrador llamado a la empatía, era Eugenia quien en uno de los fragmentos compartió: “Palestina hoy: ¿mañana quién?”, una polémica pregunta que genera temor al hacernos pensar que el próximo blanco podría ser México. Fernando Isaí quien también integra el Colectivo, compartió durante el comunicado de prensa que en las geografías mexico-sureñas, las personas viven un desplazamiento forzado –al igual que en Gaza—, pues no van al Norte Global porque así lo quieran sino porque hay condiciones económicas que las arrojan a esa alternativa.
Otra similitud de despojo que las y los integrantes del Colectivo ubican entre México y el territorio palestino, es el saqueo y control de recursos naturales: “en Oaxaca está la crisis del agua y allá en Gaza se está utilizando el acceso al agua como arma de guerra, entonces, empezar a normalizar las cosas que están pasando allá va a ser que a nosotros también nos empiecen a aplicar esto: el agua como un arma de guerra y lo vamos a ver muy normal y entonces la dignidad planetaria va a ser algo muy fácil de controlar”. Ante ello, Isaí afirma: “hasta que Palestina sea libre lo serán todos los pueblos del mundo”.
La Jornada solidaria Oaxaca con Palestina tendrá una duración de dos meses, culminando el 26 de julio, tiempo en que se realizarán diariamente diversas actividades artísticas, políticas y culturales tales como talleres, mesas de diálogo, cine-debates y la recolección de firmas entre otras de carácter público.
En un informe titulado “Los muertos en Gaza por la ofensiva israelí superan los 54.000” y publicado en el sitio web de la ONU, el pasado martes 27 de mayo se informó –con base en el Ministerio de Sanidad gazatí— que “más de 54.000 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023”, esto sin que haya un cese en los desplazamientos masivos pues “desde el 18 de marzo, cuando terminó el alto el fuego, al menos 616.000 personas se han visto forzadas a huir, 180.000 de ellas solo entre el 15 y el 25 de mayo”.
Es una decisión individual querer mirar o no a la devastación actual, pero es una obligación colectiva plantearnos aquella pregunta contenida en uno de los textos leídos durante el inicio de la Jornada solidaria: “Palestina hoy: ¿mañana quién?”
ONGs al servicio del saqueo de los territorios: el caso de la Fundación Earthworm
Fuente: Avispa Midia
por Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países.
Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo se asocian con ONGs y entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.
Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.
¿Qué es la Fundación Earthworm?
Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países.
Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía”. Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.
Las empresas y la Fundación Earthworm
En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista. En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.
De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023.
En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma: “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?
¿Qué hace la Fundación Earthworm?
Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.
Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.
La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales
Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. En África Occidental y Central, en particular, el proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades.
Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.
La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.
Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia
Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.
Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa.
En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se ‘reconoce’ que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.
En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”.
Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”.
Otro ejemplo nos llega desde Liberia. Tras 7 años de asociación, Socfin y Earthworm no consiguieron resolver los conflictos con las comunidades, lo que llevó a la empresa a vender una de sus plantaciones en el país en 2024. Pero, ¿por qué, si se estaban ‘haciendo progresos’?
La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.
Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras.
Earthworm y Agropalma en Brasil
Agroapalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.
Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargil y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.
La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.
Voces desde los territorios
Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas.
De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.
WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?
ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma.
En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización.
En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna.
Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa.
Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas.
Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022. La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergia Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunitty Agro y Dentauá S.A.).
SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam.
Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.
Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.
Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.
WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?
ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.
SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré].
Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.
WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023. Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?
SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe, incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.
El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes.
Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación.
WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?
ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas.
Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.
WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?
ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma.
WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?
SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.
Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.
Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades.
En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.
WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?
ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas.
SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.
WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?
SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance.
ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho “divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades.
Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.
Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva, Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonía e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonía.
