La asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, localizado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, denuncia que el retiro ilegal de la bauxita, por hombres armados, sin el permiso de la comunidad, continúa.
La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.
La minera había pedido permiso al ejido Nueva Morelia para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia, señaló uno de los habitantes de la comunidad para Avispa Mídia. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.
El ejido Nueva Morelia es controlado por hombres armados desde el pasado sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el objetivo es la retirada de la bauxita almacenada en este ejido. Las entradas y salidas del pueblo fueron bloqueadas por integrantes de esta agrupación.
La toma del ejido por paramilitares dio inicio días antes del inicio de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en la región de la Frontera Comalapa, extendiéndose hasta Chicomuselo, causando varias muertes desde el 25 de mayo, secuestros, bloqueos carreteros y de caminos, expulsión de comunidades y reclutamiento forzado de hombres jóvenes.
Como parte de los acuerdos de la asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, realizada el 1 de junio, los habitantes emitieron un documento direccionado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República, en el cual solicitan que Sedena y GN “realicen labores de vigilancia en los caminos que conducen de Chicomuselo al ejido Grecia, para mantener el orden y la seguridad y, si fuera el caso, procedan a las detenciones de personas armadas y las remitan a las autoridades competentes”.
Piden que la intervención sea apegada “de manera estricta al respeto de los derechos humanos señalados en el Pacto Federal, absteniéndose de atentar contra los pobladores, hombres, niños, niñas, mujeres, ancianos y ancianas de nuestro Ejido”, señalan.
Esto porque “los pobladores tememos que los soldados y guardias del Ejército y GN, se metan sin permiso a nuestras casas, o quieran tomar posesión de nuestros bienes, o hacer lo que quieran porque tienen la fuerza y las armas; ya que, por desgracia, sabemos por las noticias que, en otros lugares y parte de la república mexicana, el Ejército no tiene buena reputación, y hay quejas contra elementos de esa corporación por abusar de su poder”.
Como reveló Avispa Mídia, ya el 18 de mayo se había solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por medio de un oficio, la “inmediata intervención de las instituciones correspondientes de impartir justicia para activar protocolos de protección para las personas defensoras, así como el resguardo inmediato por parte de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del estado y municipio, para salvaguardar y proteger a las personas quienes están siendo directamente amenazadas, así como para quienes han sido hostigados por dicho grupo”, se sostiene en el documento.
El oficio fue enviado a la CNDH por el Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), un día después que hombres armados se presentaron en el ejido Nueva Morelia para “avisar” que iban a intervenir en el territorio de la comunidad para retirar los materiales mineros.
“No se presentaron pidiendo permiso, como otros habían hecho antes, sino que ahora dijeron: <entramos porque entramos, si se meten con nosotros pues ya saben lo que les va a pasar>”, relató un habitante del ejido.
Hasta el momento no hubo ninguna intervención por parte de instituciones estatales ni federales.
«Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.»
A nuestras hermanas naciones indígenas nahuas, poqomanes, chortís, lencas, xincas y chorotegas,
que forman parte del actual Estado Plurinacional de El Salvador.
A las comunidades zapatistas.
A los pueblos indígenas de Abya Yala y Cemanáhuac.
A los pueblos del mundo.
Desde el corazón del territorio indígena Kushkatan queremos expresar nuestra solidaridad, a nombre del Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), con las comunidades indígenas de Chiapas, por lo que endosamos las exigencias presentadas por el Congreso Nacional
Indígena de México, que son las siguientes:
1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.
2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.
3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.
4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.
¡Qué vivan los Pueblos Indígenas!
¡Qué vivan quienes luchan por la vida!
Kushkatan, 3 de junio de 2023.
Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón
La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.
El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.
La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.
Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.
Como miembro activo de la asamblea comunitaria y opositor a la influencia del caciquismo en Eloxochitlán, Miguel Peralta se vio envuelto en la ola de represión. Peralta fue detenido el 30 de abril de 2015 en la Ciudad de México, casi cinco meses después del ataque de diciembre de 2014. Estuvo incomunicado durante 20 horas antes de ser ingresado a la prisión en Tlaxiaco, Oaxaca, acusado de homicidio y tentativa de homicidio. De Tlaxiaco fue trasladado a la cárcel en Cuicatlán, Oaxaca.
El 26 de octubre de 2018, después de más de tres años en prisión a la espera de una sentencia, Miguel Peralta fue condenado a cincuenta años, treinta por homicidio y veinte por tentativa de homicidio. La sentencia fue dictada por el Juez Juan León Montiel del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en lo que el grupo de apoyo a Miguel Peralta argumentó ser un claro caso de corrupción judicial. Fue el primero de los treinta y cinco acusados de Eloxochitlán en recibir una sentencia condenatoria.
Tras una apelación de sus abogados, esa sentencia de cincuenta años fue recovado, ya que a Peralta no se le concedió el derecho a estar presente en su audiencia final. La segunda audiencia final de Peralta se celebró el 19 de septiembre de 2019. Ese día hizo público un comunicado en el que iniciaba una huelga de hambre exigiendo su libertad:“Una vez más okupo mi cuerpo como un arma de lucha contra la injusticia. A partir de hoy…dejaré de consumir alimentos. Huelga de hambre: menú. Mi desayuno serán los bocadillos de la paciencia. Mi comida el buffet de la resistencia. Mi merienda el plato fuerte de la solidaridad. Mi cena el postre de la libertad”
Foto: Una manifestación en frente del Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez durante la audiencia final de Miguel Peralta, 19 de septiembre de 2019.
El 14 de octubre de 2019, tras mucho movimiento en las calles y casi un mes en huelga de hambre, Peralta fue absuelto de ambos cargos y liberado de la cárcel de Cuicatlán. Había pasado poco más de cuatro años y cuatro meses en prisión.
Más de dos años después, tras una apelación de la parte acusadora, el 4 de marzo de 2022 se revocó de nuevo la libertad de Peralta y se giró una orden de reaprehensión por la misma sentencia de cincuenta años. Su libertad había sido revocada en la Tercera Sala Penal, por los Magistrados Humberto Nicolás Vázquez, Sonia Luz Ireta Jiménez y Sofía Altamirano Rueda.
El 25 de agosto de 2022, sus abogados interpusieron un amparo a esta última resolución. Al principio, el 1 de marzo de 2023, el amparo fue asignado a la magistrada Elizabeth Franco Cervantes en el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Oaxaca. El 26 de mayo de 2023, un nuevo magistrado fue nombrado al caso, el C. Victor Hugo Cortes Sibaja. De acuerdo con la ley, el magistrado tiene 90 días hábiles para resolver el caso, lo que pone el plazo legal en los siguientes meses.
Cacique-partido político-Estado
El caso de Eloxochitlán y Miguel Peralta ejemplifica los vínculos inequívocos entre los caciques locales, los partidos políticos y el poder estatal. La familia Zepeda, incluyendo a Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, han sido la columna vertebral de estas fuerzas.
A principios de 2010, con el respaldo del partido político Convergencia, Manuel Zepeda lanzó una campaña para presidente municipal, comprando votos y haciendo alianzas políticas para capturar el poder. En las elecciones de noviembre de 2010, Zepeda ganó la presidencia municipal con un tercio de los votos. Contrario a la costumbre en la comunidad, Zepeda rechazó la integración del cabildo con los candidatos del segundo y tercer lugar, buscando el poder supremo en la comunidad.
En el transcurso de su mandato de tres años, Manuel Zepeda llevó a cabo una campaña de represión contra los integrantes de la asamblea comunitaria, buscando desarticular la organización comunitaria que amenazaba su control del poder. También Zepeda estuvo involucrado en la extracción de arena, grava y rocas del río local para beneficiar a sus empresas, junto con las de sus aliados. Además, fue citado para declarar sobre una cuenta pública de recursos municipales de mas de 20 millones de pesos.
El 24 de noviembre de 2014, Manuel Zepeda y su grupo ocuparon el palacio municipal, corriendo al recién electo presidente municipal y estableciéndose en el poder de la comunidad. Su principal intención era evitar rendir cuentas por el desvió de fondos municipales. La ocupación del palacio municipal condujo directamente a los hechos del 14 de diciembre de 2014.
Después del ataque, y aprovechando la persecución política contra los integrantes de la asamblea comunitaria, junto con la desarticulación del tejido comunitario como consecuencia de la represión, Elisa Zepeda Lagunas, hija de Manuel Zepeda Cortés, se abrió paso hacia el poder. En una elección comunitaria completamente ajena a las formas tradicionales de toma de decisiones en la comunidad, Zepeda fue electa en abril de 2016 como presidenta municipal, asumiendo el poder en 2017.
Sin embargo, en una clara señal de que su intención no era servir a la comunidad de Eloxochitlán, sino utilizar el cargo público como trampolín político, Zepeda se postuló al congreso del estado como diputada local por el partido político MORENA, ganando la elección en julio de 2018, y tomando el poder en noviembre del mismo año.
Durante sus tres años en el cargo, Zepeda también fungió como presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Como sugiere el abogado de Miguel Peralta, “en ese cargo, Elisa se relacionaba con el Fiscal, con los Ministerios Públicos, con jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado.” Se codeaba con los mismos que anularían la libertad de Miguel poco después.
Grafiti en la ciudad de Oaxaca. Noticias de Abajo ML
Tras la derrota en su intento de reelección en junio de 2021, Zepeda ya había consolidado su posición en el aparato del partido político MORENA. Fue nombrada Secretaria de Mujeres del gobierno de Salomón Jara que tomó el poder en Oaxaca el 1 de diciembre de 2022. Desde estos diversos cargos públicos, Elisa Zepeda ha ejercido su poder político y sus conexiones judiciales para mantener la represión y la persecución en contra de los integrantes de la asamblea comunitaria.
La continua represión y persecución de los integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón ejemplifica no sólo la corrupción de ciertos funcionarios públicos, sino una hostilidad general del Estado-nación mexicano hacia las comunidades indígenas. A través de los caciques locales, el poder del Estado es capaz de desarticular la organización comunitaria, las luchas por la autodeterminación y la defensa del territorio. Y a través del poder estatal, los caciques adquieren los recursos económicos y políticos para dominar sus comunidades y escalar la estructura del poder estatal. En este caso, todas estas fuerzas se entrecruzan en la figura de Elisa Zepeda, y el partido político MORENA.
¡Ni condenadxs! ¡Ni perseguidxs! Acciones por la libertad
En abril de 2023, el Grupo de Apoyo por la Libertad de Miguel Peralta lanzó la campaña solidaria “Ni condenadxs, ni perseguidxs: acciones por la libertad”, exigiendo la revocación de la sentencia de cincuenta años contra Miguel Peralta y una sentencia de libertad firme.
La campaña también busca solidaridad y apoyo para los ocho presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, junto con otras luchas contra las cárceles y la represión del Estado en México y todo el mundo.
Atendiendo al llamamiento a la solidaridad, el preso político indígena yaqui Fidencio Aldama compartió un audio desde la prisión de Ciudad Obregón, Sonora, en la que expresaba su solidaridad con Miguel Peralta. Aldama, que está condenado a catorce años de prisión por resistirse a la construcción de un gasoducto en territorio yaqui, relaciona su caso con el de Miguel Peralta:
“Ante esta condena y persecución política, me hago solidario a este caso, haciendo un llamado en contra la injusticia que está apareciendo a mi compañero Miguel Peralta. Un caso similar al mío. Porque defendemos nuestro territorio y nuestra autodeterminación, y nuestros usos y costumbres, nos encarcelen injustamente por la intervención del poderío y ligado con ello la participación de corrupción, para intimidarnos para así ellos los aliados de dinero salir y cumplir con su objetivo”.
Grupos de apoyo a presxs políticxs y proyectos de medios independientes están organizando un cadenazo radial el 3 de junio de 2023, con la intención de arrojar luz sobre el caso de Miguel, y articular diferentes luchas contra la represión y la persecución política. Ese mismo día, el grupo de apoyo a Miguel Peralta está convocando a acciones de solidaridad. Su mensaje es claro: ¡Revocación de la condena de cincuenta años! ¡Libertad absoluta para Miguel Peralta!
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A l@s compañer@s Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A la sociedad civil
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, Guardianes del río Metlapanapa y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala denunciamos que:
En medio de la guerra mundial que padecemos en contra de la Madre Tierra y de los pueblos originarios generada por el capitalismo y fortalecida por los malos gobiernos federales, estatales y municipales, las comunidades seguimos siendo perseguidas por defender el territorio, la vida y la construcción de autonomía.
En el estado de Chiapas, en medio de una crisis de seguridad que está a punto de detonar una guerra civil, el mal gobierno federal, a través de la Organización regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), desata una guerra contra las comunidades zapatistas, lo que ha ocasionado heridos de gravedad como el caso del compañero Gilberto López Sántiz, la detención injusta del compañero Manuel Gómez Vázquez y diversas agresiones y perdidas materiales con la finalidad de seguir el hostigamiento hacia las Comunidades Bases de Apoyo Zapatistas.
En el estado de Puebla, el día de hoy, viernes 2 de junio de 2023, el mal gobierno estatal de MORENA encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el fiscal del estado Gilberto Higuera Bernal, el gobierno municipal de Juan Crisóstomo Bonilla encabezado por José Cinto Bernal, continúan con la persecución contra los compañeros defensores del territorio y la región Cholulteca. Al punto de las once de la mañana en el pueblo de Santa María Zacatepec la Fiscalía del estado se hizo presente a bordo de dos vehículos, un auto tipo Cámaro color gris y un Jetta color azul rey vestidos de civil preguntando por la ubicación y el domicilio del compañero Alejandro Torres Chocolatl. Después, a la 1:30 PM el vehículo gris fue a preguntar a la cabina de radio Zacatepec por el compañero Alejandro Torres Chocolatl. Es importante señalar que Alejandro Torres vive un proceso jurídico en su contra encabezado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS-PUE) a raíz de la oposición que las comunidades Cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa.
Este acto de persecución e intimidación se desarrolla en el marco del proceso jurídico que se lleva a cabo con el compañero Miguel López Vega que fue perseguido durante 3 años por la misma defensa del río Metlapanapa y en el marco de las acciones globales para exigir el cese a la guerra que se vive en territorio zapatista.
Exigimos el alto a la guerra de exterminio que se vive en los pueblos originarios y el cese a la violencia sistemática que el capital ejerce en contra de las comunidades que se organizan por la vida y el territorio.
El compañero Alejandro Torres Chocolatl es comunicador popular de la radio Comunitaria Zacatepec, integrante del Concejo Indígena de Gobierno- Congreso Nacional Indígena y defensor de la vida y la autonomía del territorio cholulteca.
Autonomía, tierra y libertad
A 2 de junio de 2023
Región Cholulteca, Puebla México
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Guardianes del río Metlapanapa
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
Pueblos y organizaciones sociales y de trabajadores de Perú han anunciado que van a reanudar las protestas en los próximos meses de junio y julio. Una muestra fue que el 30 de mayo hubo una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidente Dina Boluarte en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.
Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas donde miles de personas salieron a protestar a las calles desde aquel momento y hasta marzo de 2023.
Las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. De acuerdo con el informe de la Amnistía Internacional Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.
Según el informe, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.
Las comunidades aimaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que ni la policía ni los militares enarbolen la bandera nacional. Informaron que se ha acordado de manera unánime que las comunidades portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte.
Pueblos y organizaciones al sur del país, donde se encuentra mayoría indígena, anunciaron que el 19 y 20 de junio habrá un paro de 48 horas, y reiteraron la ‘Tercera toma de Lima’ para realizarse en julio.
Mientras tanto, el gobierno de Perú dio a conocer que autorizó el ingreso a su territorio de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reportó Telesur.
La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).
Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.
Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.
Los militares estadounidenses llegarán al país en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida.
Racismo letal
El estudio de Amnistía Internacional fue realizado en las localidades de
Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno) y Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), las regiones con el mayor número de protestas sociales y muertes. Uno de los hallazgos es que “hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”.
De acuerdo con el informe, aunque estas regiones sólo representan el 13% de la población total de Perú, tienen un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.
Es decir, hubo una “sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”, señala el informe.
Otro punto destacado por Amnistía Internacional es que la presidenta de la República y la presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.
Además, denuncia que “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.
Cientos de pensadores, artistas, activistas y organizaciones indígenas, de derechos humanos y medios libres de muchas partes del mundo se manifestaron en un Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, llevada a cabo por el grupo paramilitar Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO) el pasado 22 de mayo, y advirtieron que Chiapas está al borde de la guerra.
En conferencia de prensa en las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México, se planteó que la situación actual en Chiapas está al borde de un estallido, gracias a la combinación del paramilitarismo, el crimen organizado y la complicidad del gobierno estatal y federal, así como la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia desplegadas desde la década de 1990, ahora con nuevos actores y nuevas características.
En la conferencia, participaron Víctor López (Red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos), Carlos González García (Congreso Nacional Indígena), Daniel Giménez Cacho (actor), Gerardo Meza (Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente), Confederación General del Trabajo del Estado Español, y el pensador Gilberto López y Rivas. Además, se manifestaron en solidaridad el actor Joaquín Cosío, la activista María Herrero Magdaleno (Familiares en búsqueda), Don Bernabé Abrajam Gaspar (Comité de Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa) y María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez (vocera del Consejo Indígena de Gobierno).
A continuación, las palabras de lxs participantes.
Víctor López, Red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (pedimos disculpas por la calidad del audio, que quedó comprometido debido a fallas en la transmisión): (Descarga aquí)
Carlos González, Congreso Nacional Indígena:
Video: Radio Zapatista
El 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces más bravos.
En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).
Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.
Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.
Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.
La guerra de despojo que viven los pueblos en el mundo recién empieza y va a durar mucho tiempo. La alerta fue lanzada por el escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, Raúl Zibechi, durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas. “Por más que ha avanzado (el capital), todavía hay mucha tierra que no controla, por eso digo que el despojo va para largo”.
En los países donde se han hecho estudios sobre la propiedad de la tierra, comenta, se ha revelado que el 40%, es decir 4 de cada 10 hectáreas, aún no está en las manos ni de la oligarquía, ni de las corporaciones, ni del gran capital.
Un caso es el de Brasil. Existen análisis bastante rigurosos, sostiene, los cuales revelan que el 40% de las tierras en el país son tierras de reforma agraria, de los pueblos negros e indígenas, tierras que son reservadas por el Estado como parques naturales o reservas de conservación, aquellas tierras que son de los pequeños campesinos, además de tierras donde están los pescadores tradicionales.
Hay países que sobrepasan el 40%. Un ejemplo es Colombia. “Los pueblos originarios tienen un tercio de las tierras reconocidas por la Constitución, además de las tierras donde están los pueblos negros, las reservas naturales. Probablemente en Colombia sea más de 50%”, analiza.
Las guerras de despojo son estructurales del capitalismo. “Hoy el capitalismo no puede vivir sin estas guerras. Hoy el capitalismo no puede actuar sin violencia contra los pueblos. Hay que despojar, hay que matar, hay que asesinar; y, por lo tanto, el militarismo llegó para quedarse”.
En la izquierda siempre “habíamos desconfiado de los militares, pero ahora los progresistas de América Latina defienden a las fuerzas armadas”. México es el paradigma más brutal de la militarización, sostiene, cuando les da a las fuerzas armadas la construcción de las grandes obras.
Y eso está pasando en Argentina también. “Las Fuerzas Armadas no podían salir en público porque cometieron un genocidio durante la dictadura, y ahora el gobierno progresista argentino decreta que ocho grandes emprendimientos extractivos se militarizan, algo que ningún gobierno, ni la derecha, ha podido hacer”.
En Colombia, donde hay un nuevo progresismo con el gobierno de Gustavo Petro, ya se hizo una alianza con las Fuerzas Armadas de EEUU para “defender” la Amazonía.
El narcotráfico hoy también es sistémico, analiza. “Estamos ante un período en el cual hay un entrelazamiento entre el narco y el capital. El narco y el Estado. El narco y las Fuerzas Armadas. A tal punto que sería muy difícil establecer una línea, dibujar una frontera y decir esto es narco, esto es burguesía”.
Entonces el diagnóstico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la Cuarta Guerra Mundial, que se ha hecho hace más de dos décadas, “nos parece totalmente acertado y totalmente correcto; se vive una guerra de despojo contra los pueblos para ‘limpiar’ el territorio, y remodelarlo a imagen y semejanza de los intereses del capital”.
Sostén de la lucha
Zibechi ha entendido en toda su vida que la base de la autonomía de los pueblos era las tierras en común. “Y, por supuesto, las tierras comunales son bien importantes, son fundamentales para que pueda haber pueblos en resistencia”, sostiene.
Pero hoy entendió, cuenta, que la base de la tierra comunal y de las autonomías es la espiritualidad de los pueblos. “La espiritualidad es lo que nos permite sostenernos en el tiempo largo; la principal victoria es que llevamos 500 años. Y es capaz que haya que estar otros 500 más”.
Hay un cuento que lo escribe el Subcomandante Marcos, un diálogo con el viejo Antonio, que dice que la lucha es como un círculo. “Empieza en un lugar pero nunca termina. Y esto ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Si la lucha nunca termina, quiere decir que no hay un objetivo final, la toma del palacio. No hay una victoria final. No hay un triunfo final”.
La idea de triunfo final, señala, es una idea muy católica, muy cristiana, incorporada a la lucha social. “Si la lucha es un círculo que nunca termina, la espiritualidad es lo que nos sostiene en este tiempo largo”.
La Internacional Comunista habla de la lucha final. “La lucha final es entrar en el palacio, tomar el poder. Y se considera que tomar el poder es sinónimo de hacer la revolución. Gracias a los pueblos originarios y gracias a los aportes de los compañeros del EZLN hoy sabemos que no hay una lucha final, sino un círculo”.
El escritor sostiene que es necesario superar la idea del cálculo político de costo-beneficio, el pragmatismo político. “Porque sino siempre vamos a estar volviendo a esta ideología capitalista, a estos valores capitalistas, que son centrales en la dominación”.
Zibechi cita como ejemplo las guerras de Guatemala y El Salvador. “Vemos como a la lucha de los pueblos originarios se le montó encima un aparato de vanguardia y este aparato de vanguardia – de varones blancos, académicos – actuó de una manera, como solemos decir, pragmática. En cierto momento, hizo un cálculo de costos y beneficios, como el capitalismo lo hace. Y lo hicieron y negociaron, en una situación deplorable, porque no cambió nada”.
Para superar la lógica del pragmatismo, la espiritualidad de los pueblos es central, defiende. “Si queremos ser verdaderamente rebeldes, luchar por cambios de fondo, tenemos que superar esta lógica del cálculo, que es siempre individual”. Continúa: “La espiritualidad nos coloca en otro lugar, no material, profundamente humano para poder ir más allá de las contradicciones materiales”.
Todo lo que “vemos hoy es que viene una enorme tormenta, que ya está en marcha, un terremoto infernal sobre nosotros. No podemos construir barreras materiales contra eso (…) podemos unirnos y darnos los brazos y entregarnos a la vida ya a la madre tierra, con la esperanza de que ella nos indique el camino”.
Desde el año pasado el gobierno de la Ciudad de México optó por implementar prácticas del silencio, donde se abstiene de brindar información o seguimiento a los intereses de la población sobre lo qué pasará en nuestro territorio. No obstante, pese al ocultismo que vivimos, nos enteramos de decretos, iniciativas y proyectos que aparecen dentro del campo legislativo de un día para otro y ponen a oferta el suelo y el agua de la ciudad. Tenemos como ejemplo el paquete de facilidades administrativas para los desarrolladores inmobiliarios y el último albazo del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Mientras no dicen nada a la población sobre cómo se concibe para el gobierno de la CDMX la negociación de los bienes y servicios de la ciudad, vemos que el acercamiento a los capitales inmobiliarios se da bajo un discurso de las inversiones para el bienestar. Aquí les decimos ¿Qué tipo de beneficios sociales trae el apoyo a proyectos extractivistas? ¿Qué beneficios obtendremos con el acaparamiento de agua y el hundimiento del suelo? El gobierno de la ciudad afirma que gracias a su intervención Televisa recapacitó y ahora hará un proyecto más amable con los pueblos y colonias aledañas. Qué significa eso, si no hay ningún impedimento para que se detenga el saqueo del agua, y el desplazamiento de los que aquí habitamos.
El Modelo de Ciudad que nos convoca a manifestarnos se sigue reforzando con políticas que atraen inversiones millonarias las cuales utilizan el suelo para la especulación y dejan a las y los habitantes a merced de un mercado que solo piensa en la Ciudad como una Mercancía. Así, el pasado 22 de mayo, el GOBCDMX presentó los nuevos documentos para la planeación territorial bajo el discurso de consenso con la población y negando las protestas de diciembre de 2022 que obligaron a la Jefa de Gobierno a declarar la reposición del proceso de consulta para dichos textos.
Bajo este característico silencio, pasamos meses sin saber si la planeación de la Ciudad sería algo que se publicara en esta administración. Pero, como por arte de magia, después de que la Asamblea de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) anunciara su 19 Edición de Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show para el pasado 24 de mayo, el día lunes 22 de mayo se anunció—en un evento cerrado y sin haber sido publicitado a medios—la presentación del PGD y el PGOT. Dicho evento formal, al cual no asistió la Jefa de Gobierno a pesar de estar contemplada en el programa, manifestó que después de las críticas se había sistematizado la información y las propuestas de la ciudadanía se veían reflejadas en los sucintos documentos de no más de 60 cuartillas. Curiosamente ninguna de las propuestas de respetar la vocación de uso de suelo aparece en estos nuevos documentos, mucho menos la solicitud de realizar una planeación desde abajo que permita identificar las necesidades de conservación para las distintas áreas que preservan la Cuenca del Valle de México.
A la luz de diversas organizaciones y comunidad académica, lo presentado el día lunes 22 de mayo es un resumen ejecutivo de un programa de gobierno, que difícilmente puede hacerse pasar por un instrumento de planeación. Las políticas señaladas en ejes estratégicos no contemplan mecanismos de uso de suelo que puedan ser sujetos a indicadores para el desarrollo, lo cual permite una flexibilidad mayor para la intervención de grandes inmobiliarios—como la ADI—en la construcción de una ciudad rentable para los inversionistas y omisa para los derechos humanos.
Uno de los grandes riesgos que aparece en este nuevo Programa de Ordenamiento Territorial, es la relevancia que se le da a las Alcaldías, haciendo pasar a estos instrumentos de política pública como los agentes de planeación. De llevarse a cabo esta dinámica, se haría una coordinación de programas y no un programa general que manifieste la relevancia de las áreas de conservación antes de pensar en una zonificación parcial. Además, las alcaldías han demostrado ser entidades cuya forma de sostenibilidad financiera implica el desarrollo de construcciones, permitir que este nivel de gobierno haga la planeación de la ciudad es dar mayor campo de acción para la construcción desordenada y caótica.
Todo este panorama—aunado a la presencia de la Jefa de Gobierno en los premios de la ADI, mas no en la presentación del PGOT y el PGD—señala que no es de relevancia contemplar el futuro de la ciudad para sus habitantes, sino dar una certeza a las inversiones de grandes desarrollos como el planteado en el Estadio Azteca para 2026. A pesar de que se hizo un espectáculo el pasado 22 de mayo con actores que manifestaron su interés en generar documentos para el ordenamiento territorial, los hechos que se muestran en la coyuntura electoral nos obligan a pensar que se trata de un discurso que manifieste que para grupos como FIBRA UNO, FIBRA DANHOS, Televisa, la ADI, entre otros empresarios, no habrá oposición para que puedan seguir utilizando el suelo de la capital como su activo financiero para generar ganancias comerciales acosta del derecho a vivir en un territorio sano.
Desde las asambleas del sur de la Ciudad, donde ahora nos enfrentamos a la transformación urbana proyectada para un mundial de futbol en 2026, hacemos un amplio llamado a romper los pactos del capital inmobiliario que nos piensa como clientes antes que, como habitantes, y que nos despojan de los territorios de vida para construir una ciudad mercancía.
No aceptaremos una planeación que asegure el crecimiento económico para los mismos que saquean los territorios, mucho menos seremos parte del espectáculo de decir que ahora hay un consenso para que la capital del país sea intervenida por los mercados globales. Si la idea de planeación del GOBCDMX es publicar un documento de buenas intenciones, que este no sea un programa de gobierno que pretenda calmar las aguas ante las críticas sobre quién se está apoderando de la ciudad. Queremos una planeación que piense primero en la vida antes que, en la mercancía, y para ello necesitamos que las y los habitantes participen, se manifiesten y se visibilicen ante la imposición de un desarrollo que atropella la posibilidad de construir un futuro.
Lograr nuestra meta no es a través de eventos publicitarios o discursos de consolidación de acuerdos que esconden imposiciones. Nuestra meta se logra evidenciando la realidad ambiental de la Cuenca del Valle de México y construyendo un ordenamiento participativo que permita proteger la vida.
Defendemos Territorios para la Vida.
Pueblo de Santa Úrsula Coapa
Pueblo de San Lorenzo Huipulco
Asamblea Tlalpan-Coyoacán contra las Megaconstrucciones.
