^{En portada: Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto:Aldo Santiago}

Un día antes de terminar su mandato en el caso Ayotzinapa, el jueves (29 de septiembre), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014.

El grupo de expertos consolidó, con nuevas pruebas, la vinculación del crimen organizado con las fuerzas públicas mexicanas, el Ejército, las policías Estatal y Federal, así como funcionarios de la administración del Estado Mexicano en el ataque, detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes.

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“Tenemos muchos más elementos en las manos, más documentación que muestran esta relación de una forma estrecha. No se trata solamente de declaraciones, sino que se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de la Sedena [Secretaria de Defensa Nacional], archivos de diferentes corporaciones del propio Estado”, sostuvo Carlos Martin Beristain, integrante del GIEI.

El informe muestra que el Ejército y las policías Federal y Estatal hacían seguimiento en tiempo real a todas las actividades de los normalistas. “Tenemos toda la documentación que prueba los seguimientos que se hacía a los jóvenes, desde hacia mucho tiempo, pero también los seguimientos en el día 26 de septiembre de 2014. Tenían claridad de los autobuses, de las placas, de las marcas, para qué iban tomar autobuses, todo eso estaba perfectamente documentado. Nosotros hemos tenido acceso [a estos documentos]”, revela Beristain.

El Ejército recibió información en tiempo real mediante interceptación telefónica. “Sin embargo, ninguna de estas informaciones llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes, ni en la investigación del caso. Nos enteramos de estas interceptaciones el año pasado cuando pudimos revisar los archivos de Sedena”, dijo el experto independiente.

Intercepciones telefónicas en los archivos de Sedena, revelan conversaciones en las cuales hablan sobre “dónde había que mandar a los jóvenes”. Algunas de ellas son del 4 de octubre, es decir, varios días después de la desaparición. “Estas comunicaciones mostrarían que una parte de estos jóvenes estarían vivos en estos días”, dijo Beristain.

Los expertos también pudieron corroborar, con el acceso a los archivos de Sedena, que el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la escuela, quien daba información en tiempo real sobre las actividades que se hacia en la escuela, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.

Algunos integrantes del Ejército, al menos dos, tuvieron procesos disciplinarios, hechos por el propio Ejército, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre. “Se negó por mucho tiempo. Pero tenemos las pruebas, aunque no sabemos el contenido de estos procesos disciplinarios. Eso falta por saber y hemos pedido acceso a esta información”.

De acuerdo con otra integrante del GIEI, Ángela María Buitrago, el Ejército ha negado que haya posibilidad de hacer monitoreo, interceptaciones y “niegan que ellos hallan realizado, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de las informaciones que recuperamos”.

Los expertos revelaron también parte del contenido logrado por medio de un testigo protegido quien señala que los jóvenes fueron separados en tres grupos y que habían sido llevados a diferentes lugares bajo la custodia militar, de la policía estatal y grupos criminales. Señaló también “que habían sido asesinados”, dijo Beristain.

Además, el informe muestra que el 5 de octubre se montó una coordinación de los altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue llamada War Room (habitación de guerra), que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido se desconoce. “Consideramos que eso es algo que se tiene que aclarar”, sostiene Beristain.

Pegasus

Sedena utilizó el software espía Pegasus para monitorear teléfonos desde 2014, especialmente a partir de septiembre. Miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, familiares de los estudiantes, miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad fueron espiados. “Pegasus fue utilizado de forma indiscriminada”, dijo Buitrago.

Centro de Inteligencia Militar en Iguala

Los expertos de GIEI revelaron la existencia del Centro Regional de Inteligencia Militar denominado zona norte Iguala, que hacia actividad de seguimiento y monitoreo y, en algunos casos, interceptación de comunicaciones.

La Sedena ha negado que este Centro existía en 2014. “Nos han negado la existencia de este Centro en el año 2014, nos dicen que nasce en el año 2015, lo cual ya sabemos no es cierto”, dijo Buitrago. Eso porque GIEI tuvo acceso a informes provenientes de este Centro que atestiguan actividades de monitoreo en los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Para la experta, el contenido de los informes generado por este centro es fundamental para saber lo que pasó en aquella noche. “Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia: es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar”.

Los expertos saben que los archivos generados por este Centro “están todavía en las instalaciones de Sedena”.

Basurero de Cocula

Una pieza fundamental de la llamada “verdad histórica” – una versión dada a conocer en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de lo que habría ocurrido con los estudiantes – fue el basurero de Cocula.

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Dicha versión considera que los agentes de la policía de Iguala entregaron a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos a los estudiantes porque, supuestamente, harían parte de Los Rojos, grupo contrario. Los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero.

En sus investigaciones los expertos corroboraron, por medio de documentos, que esta versión no procede. “No solamente tenemos las declaraciones de testigo que estuvieron el día 27 de septiembre en el basurero y que señalan que ahí no pasaba nada”, dijo Beristain.

“Sabemos que desde el día 4 y 5 de octubre la policía Estatal y Ejercito custodiaban el basurero de Cocula. Hay reportes oficiales que muestran, que el día 12 de octubre hay una inspección del basurero por parte de una patrulla del Ejército, que señalan que no hay nada extraño en el basurero. Quince días después de este informe aparecen unos restos que se señala que eran restos de los jóvenes”, explica.

El día 25 de octubre, supuestamente se descubre por una llamada anónima que habían tirado restos de los jóvenes en el basurero. “Ahora sabemos que esta llamada jamás existió, no es cierta. Sabemos que la persona que hizo eso se retractó y contó por qué lo hizo. Contó cuál fue la presión que sufrió para hacerlo”, relató el experto.

Quinto autobús

Otro elemento clave para entender lo que pasó en la noche del 26 de septiembre de 2014 es la existencia de un quinto autobús tomado por los estudiantes, que “había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades, tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, dijo Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI.

Los expertos reafirman, basados en imágenes de cámaras, que este quinto camión salió por la parte de atrás de la central camionera con los estudiantes.

En relación a este vehículo “se ha tratado de rodear de una serie de pruebas que permite decir que la intención clara es seguir ocultando [su existencia, además], fue escoltado por policías federales en la noche de 26 de septiembre”, analizó Buitrago.

De acuerdo con el informe de GIEI, desde su primer documento, los expertos señalan que “debía indagarse si en ese autobús se trasladaban drogas, lo que podría haber actuado como desencadenante de las agresiones, explicar la intensidad del ataque”.

Desde por lo menos abril de 2014, la FGR tenía conocimiento del trasiego de drogas a través de autobuses de Guerrero hacia Estados Unidos, debido a investigaciones realizadas por autoridades de este país.

¿Hasta dónde va la voluntad de la 4T?

En abril de 2016, el GIEI concluyó su mandato en México, después de nueve meses de investigaciones, con la denuncia de que los obstáculosa su trabajo bloquearon la posibilidad de cumplir con su tarea central que era ubicar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

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En 2020, los expertos regresan al caso. En la presentación de su tercer y último informe, son muy claros al afirmar que solamente lograron acceder a importantes archivos, por ejemplo, los de Sedena, porque hubo autorización expresa de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a lo largo de toda la presentación los expertos mencionaron que no les fue dado acceso a documentos, que saben que existen, y que son clave para entender lo que pasó en aquella noche.

“Cuando contemos con el texto completo de estas comunicaciones sin lugar a duda podremos saber mas sobre la operación, los presuntos responsables, el paradero de los estudiantes y la forma cómo fueron trasladados”, dijo Buitrago.

Seguimiento en la busca de la verdad

El GIEI ha pedido una prórroga de un mes para que puedan concluir su trabajo. Sin embargo, sostienen que, después de eso, se tendrá que poner en marcha un mecanismo de seguimiento a su trabajo; fortalecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; y establecer una mejor comunicación entre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y los padres de las víctimas, de manera a lograr esclarecer lo que pasó en la noche del 26 de noviembre de 2014.

^{Cosecha de maíz colectivo en la comunidad de San Pedro Tlanixco, Edo. de México. Foto por Santiago Navarro F.}

El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, comunicó el martes (27) a los medios de comunicación de este país que podría recurrir al pacto comercial T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) para inhibir la decisión de México, prevista por un decreto presidencial de finales de 2020, de eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2024.

La presión de los Estados Unidos no es de hoy, sin embargo, como se acerca la fecha de la prohibición, Vilsack sostuvo que 2023 será el año para aclarar el tema entre los países.

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Sostuvo que continuará hablando con funcionarios en México sobre la inminente prohibición. “Necesitamos presionar sobre el tema y este año [2023] tomaremos las medidas necesarias y apropiadas para plantear este problema en uno o dos puntos a medida que nos acercamos a 2024″, dijo el funcionario.

Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo. De acuerdo con datos de la campaña Sin Maíz no Hay País, EUA posee un volumen de producción de 384,777,890 toneladas por año. En el mundo la producción es de 1,060,247,727.

México es uno de sus principales compradores del maíz producido en EUA. Este maíz es “sobre todo maíz forrajero, es para alimentos de animales, genéticamente modificado, con su carga de glifosato”, sostiene Mercedes López Martínez, de la Campaña Sin Maíz no hay País.

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Presión

La presión es ejercida más allá de los funcionarios del gobierno norteamericano. Viene también de las grandes empresas, principalmente alemanas y norteamericanas, del mercado de semilla y del agrotóxico.

Las empresas Monsanto (EUA) fusionada con Bayer (Alemania), la Syngenta (Suiza) fusionada con la ChemChina, la Dupont (EEUU) fusionada con la Dow Chemical (EUA), y la Basf (Alemania) son las principales. Ellas se han fusionado, generando “oligopolios entrelazados que operan en todo lo largo de las cadenas de suministro agroalimentarias”, expresó Martínez.

Solamente contra la Bayer-Monsanto existen más de 125 mil demandas en el mundo por causar cáncer por el uso de glifosato.

En México, desde 2013, se ha llevado a cabo un juicio contra estas empresas que busca frenar la siembra del maíz transgénico. “Hicimos una demanda colectiva civil de acción difusa contra la siembra de maíces genéticamente modificados ante el poder judicial”, explicó Martínez, una de las representantes de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado.

Han existido diversas impugnaciones contra el cultivo de transgénico, sin embargo, el juicio principal, que demanda que se deniegue permanentemente los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz en México, continúa.

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Otra interpretación del T-MEC

La presión viene también de organizaciones vinculadas a la industria de semillas genéticamente modificadas. Un ejemplo es la declaración en el Senado de los EUA de la presidenta de la Organización de Innovación Biotecnológica, Michelle McMurray-Heath.

México debe “rescindir inmediatamente su decreto que prohíbe la importación de maíz biotecnológico y comenzar a crear un marco de edición genética que se ajuste a las normas internacionales y a los compromisos de los acuerdos comerciales”, dijo.

A pesar de la presión ejercida bajo el argumento de que los acuerdos internacionales respaldan la venta del maíz transgénicos de EUA en México, la investigadora Karen Hansen-Kuhn, del Institute for Agriculture & Trade Policy, sostiene que el decreto presidencial de México tiene “viabilidad legal en el marco del T-MEC”, el primer tratado de libre comercio de Estados Unidos que incluye disposiciones sobre biotecnología agrícola.

De acuerdo con un artículo del mismo instituto, firmado por Sharon Anglin Treat, no cabe duda de que los proponentes del acuerdo esperaban ampliar el uso de la biotecnología en la agricultura, en parte atando las manos de los reguladores gubernamentales mediante disciplinas comerciales. Sin embargo, “el texto final del tratado no restringe las opciones de la política nacional de la manera que la agroindustria y sus aliados desearían”.

Las investigadoras rescatan algunos de los artículos del tratado para justificar su argumentación. Primero, el artículo 24.3.1 del capítulo de medio ambiente reconoce el “derecho soberano de cada Parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental”.

Segundo, el capítulo 24.15 sobre comercio y biodiversidad establece que cada parte “promoverá y fomentará la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, de conformidad con su ordenamiento jurídico o político” y reconoce “la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

El artículo hace mención a una carta conjunta del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, y del miembro de mayor rango, Mike Crapo, en la cual piden que Estados Unidos “‘tome medidas de aplicación si es necesario’ en el marco del T-MEC porque, según afirman, ‘México no ha considerado ni aprobado adecuadamente las solicitudes de productos biotecnológicos innovadores de Estados Unidos’”, para la comercialización de su maíz en México.

Sin embargo, la sección de biotecnologia agrícola de T-MEC “preserva el derecho de México de decir ‘no’ a los transgénicos”, sostiene Hansen-Kuhn.

Eso porque, sostiene Anglin Treat en su trabajo, mientras que el párrafo introductorio del artículo 3.14 de dicha sección afirma, “las Partes confirman la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola”, esta declaración exhortatoria va seguida inmediatamente por la afirmación inequívoca y sin ambigüedades: “Esta Sección no obliga a una Parte a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado.”

Presión por la no interferencia 

La presión de los Estados Unidos y de los diversos actores vinculados a la industria de semillas genéticamente modificadas y del glifosato ha generado reacciones por parte de organizaciones norteamericanas.

Por lo menos 80 organizaciones de agricultores, trabajadores, consumidores, de salud pública, agricultura sostenible de investigación y defensa de los sistemas alimentarios estadounidenses han expresado preocupación con respecto a la interferencia continua de multinacionales de plaguicidas que buscan socavar las decisiones de México.

“Nos oponemos firmemente a cualquier interferencia de funcionarios del gobierno de los EUA o de los intereses del agronegocio en el derecho de un Estado soberano a promulgar medidas políticas para proteger la salud y el bienestar de su pueblo”, manifestaron en un comunicado.

En México, el Senado de la República pospuso, el miércoles (21), la votación que amplia el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.

En 2019, el Congreso de la Unión había decidido otorgar a las Fuerzas Armadas la legitimidad para actuar en los pueblos, carreteras, municipios y Estados hasta marzo de 2024.

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Los senadores regresaron a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el dictamen de reforma al artículo 5º transitorio del decreto constitucional, ya aprobado por la Cámara de Diputados el pasado martes (13).

La maniobra fue realizada bajo el aval del Movimiento de Regeneración Nacional

(Morena) que buscará reunir los votos que aún le faltan para completar la mayoría calificada necesaria, por tratarse de una reforma constitucional.

Las comisiones tienen un plazo de diez días hábiles para aprobar el nuevo dictamen y enviarlo a la mesa directiva.

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Este plazo debería “servir para discutir cómo mejorar la seguridad sin profundizar la militarización carente de controles y no para presionar a lxs senadorxs que votarían en contra”, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), en sus redes sociales.

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Selva, Costa y Altos de Chiapas – de los pueblos Zoque, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y mestizas de México y Argentina – se reunieron durante el último fin de semana e hicieron público, por medio de un comunicado, que los procesos de militarización de sus territorios y el reordenamiento territorial, en consecuencia de los megaproyectos, han afectado principalmente a las mujeres, al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenas.

“Coincidimos que en todos nuestros territorios está el crimen organizado gobernando, vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”, sostienen.

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Las mujeres de la zona Norte-Palenque denunciaron que la construcción del llamado Tren Maya ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua, el despojo y desplazamiento de comunidades. “Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración. Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”, afirmaron en el comunicado.

A las mujeres de la zona Costa amenaza la construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que pasará por toda la Costa pacífico hasta Guatemala. Además, de la construcción de una mega-autopista que conecta la región con el Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos mineros y venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros.

Las mujeres de la zona Zoque están siendo amenazadas por los megaproyectos relacionados con minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos. “Estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos”. Un ejemplo es el poblado el Platanar como “territorio de sacrificio” donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, provocando el desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable.

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En la zona Altos Tsotsil las mujeres relataron un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas, armas y constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. En el Valle de Jobel, por ejemplo, se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas.

Sin embargo, frente a esta situación, “estamos contentas por ver mujeres jóvenas participando en esta Asamblea. Es un momento de oportunidad de caminar y abrir un rumbo diferente desde y para las jóvenas y niñas. Nos comprometemos a ir fortaleciendo sus procesos de dignificación para y por la vida de manera colectiva y organizada”.

Participaron del encuentro las organizaciones Defensoras de Nasakobajk, Tsijilba Bij, Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Antsetik Tz’unun, mujeres organizadas de Acteal, mujeres del Colectivo Jomenäs, Mujeres Productoras, mujeres del Colectivo Kallpolli y mujeres a título individual.