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Radio Zapote | Medios Libres | Grupo de monitoreo desde las resistencias

Las madres y padres de Ayotzinapa anunciaron que no levantarían el plantón en el Zócalo

Movilización mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores de parte del Comité de Madres y Padres de los 43.

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En el evento madres y padres anunciaron que no levantarían el plantón en el Zócalo a pesar de que las autoridades les “solicitaron” que para el primero de Marzo tendrían que quitarse para dar paso al evento de inauguración de la campaña de Claudia Sheinbaum

Durante su participación el Defensor de los Derechos Humanos Vidulfo Rosales declaro:

“De los gobiernos priistas por lo menos salía una comisión a recibirte, hoy en día este presidente y este gobierno, por que creen que tienen los consensos políticos, por que sienten que tienen el triunfo electoral en las manos, por que saben que van a ganar, se dan el lujo de tener la prepotencia de mirar con desprecio a las víctimas. Tienen la prepotencia y esa insensibilidad para no recoger el clamor de justicia de las víctimas en uno de las violaciones más graves a los derechos a manos de la historia reciente de nuestro país”

“Están seguros de su triunfo electoral, y mientras eso suceda, qué les importa los 43, qué les importa el caso Ayotzinapa. Hoy están preocupados por que mañana tendrán su gran concentración en el Zócalo, de manera fastuosa están gastando millones de pesos en esa megaestructura que colocaron ahí, pantallas que cuestan miles de pesos, para abrir una campaña de un gobierno que se precia que la columna vertebral de su política es la austeridad. Ellos le apuestan a eso, están preocupando por ese evento que van a tener el día de mañana, mientras tratan de invisibilizar a nuestro movimiento que se encuentra en el zócalo. Por eso les decimos compañeras y compañeros: No nos vamos a levantar, el plantón ahí va a continuar mañana. No nos vamos a mover hasta que haya respuesta. Estamos solicitando que haya una fecha para audiencia.”

Luego de no ser recibidos por ningún funcionario otra vez, Madres y Padres de Padres Y Madres De Ayotzinapa y estudiantes normalistas concluyeron el mitin cantando el himno “Venceremos”. Al finalizar los comités de lucha estudiantiles realizaron pintas y colocaron artefactos explosivos en la entrada de la Secretaria de Relaciones Exteriores. La demanda fundamental ante la SRE es la extradición de Tomás Zerón quien ha sido protegido por la entidad sionista “Israel”.

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Avispa Midia

México: Semarnat dice que no dará permisos para explotar oro en Los Chimalapas

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.

El pasado 21 de febrero, en una sesión de cabildo celebrada en el Municipio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, se declaró el territorio municipal zoque “libre de minería”.

De esta asamblea derivó el llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para que “nieguen la autorización de manifestación de impacto ambiental” para la empresa canadiense Minaurum Gold, quien pretende explotar oro y cobre en esta región.

En Contexto: Minera canadiense avanza silenciosamente para explotar oro en Los Chimalapas

Días después de esta declaratoria, la titular de Semarnat respondió a la determinación de las autoridades municipales de San Miguel Chimalapa, expresando su reconocimiento a la decisión de este pueblo indígena zoque.

En un oficio dirigido al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Albores González afirmó que “el Gobierno de México celebra y respalda la decisión de declarar el territorio ancestral zoque libre de minería”.

Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.

Reafirmó el compromiso del gobierno de México de no autorizar ningún proyecto de minería en el territorio de San Miguel Chimalapa y destacó que la determinación del municipio representa un acto de defensa de sus espacios y fuente de vida, así como de protección a las personas, familias y comunidades.

La realidad

A pesar de la declaración de las autoridades ambientales, las dos concesiones mineras que comprenden el proyecto minero Santa Marta, perteneciente a la empresa Minaurum Gold, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, se encuentran vigentes ante la Secretaría de Economía.

Estas concesiones están establecidas en el lote minero Jackita y Mar de Cobre según los títulos, las cuales tienen una vigencia hasta 2055 y 2058 cada una, así lo establecen los documentos emitidos por la Secretaría de Economía.

Ver también: Aún con resistencia, México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas

Además de ello, Minaurum Gold, Inc. especula con sus acciones en la bolsa de varores, donde contempla, en su cartera, a los proyectos Álamos, Aurifer, Adelita, Aurena, Vuelcos del Destino, Biricu, Taviche y Santa Marta.

Darrell Rader, el presidente y CEO de Minaurum Gold, ha anunciado el pasado 14 de febrero a sus inverionistas, que sus principales descubrimientos están en México. “Tenemos lo que llamamos un modelo generador de descubrimientos y el objetivo es adquirir, avanzar y, en última instancia, monetizar proyectos a escala de distrito en México”, señaló el representate de la empresa.

Además, Darrell Rader ha agregado que tienen, “un historial de haber descubierto más de 16 millones de onzas de oro y 300 millones de onzas de plata en México hasta ahora. Y, por primera vez, Minaurum ha reunido a todo su equipo para hacer un nuevo descubrimiento”, sin detallar cual es el nuevo descubrimiento.

A esto se suma que las dos concesiones mineras están ubicadas en dos municipios, San Miguel Chimalpa y Santo Domingo Zanatepec, el segundo municipio no ha emitido declaración alguna.

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El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras, ha advertido que están en litigio con Zanatepec, por un problema de límites, de un aproximado de 13 mil 480 hectáreas. En esa extensión se encuentran las minas. “Hubo una sentencia en 2001 y otra en 2017 a favor de Zanatepec. Entonces, actualmente, hay un nuevo proceso con un recurso de revisión que interpusimos que, hasta el momento, sigue en el tribunal”, señala la autoridad agraria.

Así que la situación “aún no está resuelta y están latentes las diversas estrategias que ha usado la empresa [para lograr los permisos], entonces estamos a la expectativa”, advierte.

Contreras está consiente de que las concesiones mineras tienen una vigencia de 50 años y que la empresa ha buscado diversas estrategias para poder avanzar con la exploración minera. “Es seguro que en algún momento vuelvan a intentar entrar a nuestras comunidades. Pero lo que nos urge es resolver el límite de tierras y después buscar hacer conciencia con el muncipio vecino para que de ninguna forma se de entrada a la minera”, dijo el comisariado.

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Avispa Midia

Estrategias de geoterror: Estado, crimen y empresas actúan vinculados para el despojo de territorios en México

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Fuga de petróleo en un pozo al norte de Veracruz donde las instalaciones para la extracción de hidrocarburos en la zona se encuentran abandonadas. El derrame afecta tierras y fuentes de agua de las comunidades circundantes. Foto: Regina López.

Son diversos los casos en México que dan cuenta de un incremento de la violencia desplegada en contra de poblaciones campesinas e indígenas para dar paso a la imposición de megaproyectos. Es en este escenario donde se inserta el análisis que comparten habitantes del norte de Veracruz, en la región del Totonacapan, sobre la vinculación que existe entre tres actores que consideran fundamentales para el despojo de los territorios: empresas, Estado y crimen.

En voz de Óscar Espino, activista y defensor de derechos humanos en Veracruz, acompañante de colectivos de personas buscadoras e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), la denuncia señala la lógica de terror impuesta por parte de estos actores, con la intención de inmovilizar a la población y, así, evitar la organización y resistencias comunitarias.

Según la reflexión de las comunidades del Totonacapan, la violencia de estos tres actores promueve el vaciamiento de sentido de los territorios para el despojo multidimensional: el territorial, económico, organizativo y político, entre otros, para con ello catalogarlos meramente como zonas de extracción.

“No puedes luchar con una lógica de terror impuesta sobre tu territorio, por ahí está la lógica de geoterror”, sostiene Espino y lo ejemplifica con el caso del norte de Veracruz, una región sumida en actos violentos como las ejecuciones y desapariciones, enmarcada como una zona prioritaria, histórica y actualmente, para la extracción de hidrocarburos.

Para Óscar Espino, la finalidad de las estrategias de geoterror es quitar del camino a las comunidades, quienes “estorban” ante los planes para imponer megaproyectos de “desarrollo”.

La región del norte de Veracruz es atravesada por múltiples megaproyectos que buscan explotar fuentes de agua, como el Proyecto Trasvase de Pánuco que pretende extraer el líquido con destino a estados del norte como Tamaulipas y Nuevo León.

También pretende dar continuidad con la extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales, como la fractura hidráulica, dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG). De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en esta región se han fracturado 3,358 pozos.

Foto: Regina López

A esto se añade las afectaciones en los ecosistemas del Golfo de México por el paso del gasoducto Puerta al sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con infraestructura al sur de Texas, para la exportación de gas natural proveniente de EEUU y Canadá.

Acorde al testimonio de Espino, la actuación de las empresas, Estado y crimen tiene como objetivo transformar la vida del campesino, al cual necesitan como cuidador, promotor y sometido al megaproyecto. De acuerdo al análisis, esto lo consiguen no solo mediante la violencia. “Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo”, subraya el activista sobre las condiciones que limitan la articulación y organización comunitaria para la defensa de los territorios en esta zona del país.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI realizada en Puebla durante el 2023. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos de resistencia en la Sierra MazatecaSonora, el Istmo de TehuantepecMichoacán y Quintana Roo. A continuación, presentamos extractos de la conversación con Óscar Espino.


Avispa Mídia (AM): Durante las reuniones con delegados del CNI compartiste algunos elementos de la reflexión que realizan desde el norte de Veracruz sobre lo que llaman estrategias de geoterror, ¿podrías platicarnos más acerca de ello?

Óscar Espino (OE): El análisis lo hemos hecho de manera colectiva, entre los pueblos y las comunidades, las organizaciones de ahí en el Totonacapan. Primero no nos dábamos cuenta cuáles eran los mecanismos que tenían, tanto el Estado, como las empresas, como el crimen organizado para actuar en nuestros territorios, pero de estos tres actores veíamos que había una lógica de meter miedo a las comunidades.

Nosotros los veíamos aislados, como el crimen organizado haciendo su propia chamba, diciendo que ellos se dedicaban a la cuestión del narco; a las empresas haciendo sus planes de megaproyectos de hidrocarburos y al Estado haciendo las leyes y las cuestiones de hostigamiento y de represión, o señalamiento de las comunidades.

Pero cuando empezamos a profundizar en el análisis, pues nos dimos cuenta que, más bien, hay una sinergia, un maridaje entre estos tres actores y otros actores de poder en la región, como cacicazgos locales que están enquistados en las comunidades campesinas e indígenas que funcionan también como mecanismo de aglutinamiento de estos tres actores que meten terror y miedo a las comunidades.

AM: ¿Cuáles son los efectos en los territorios del Totonacapan derivados de estas estrategias de geoterror?

OE: Para las comunidades ha sido muy difícil ver cómo se empieza a renombrar su territorio. Deja de ser el Totonacapan para convertirse, por ejemplo, en territorio Zeta; en campo estratégico de extracción de hidrocarburos como el “Aceite Terciario del Golfo”; en zonas de amortiguamiento para un proyecto estratégico, en rondas de exploraciones y extracción de hidrocarburos. Nombrar el territorio de un modo, también da sentido para vivir en él. Ese renombrarse es también un especie de vaciamiento del territorio. Lo que nosotros decimos es que hay una sinergia de estos actores, tanto del Estado, como del crimen organizado, como de las empresas, de vaciar el territorio del corazón y del pensamiento. La cosa no es que no estemos en el territorio, sino que estamos perdiendo vínculo con él y ese vínculo se está perdiendo por esa lógica del terror.

Nosotros vemos otros pueblos que se levantan y luchan, pero no es lo mismo una comunidad, a la que ahorita le llega la minera, con toda la información que tiene y que puede plantarse frente a la minera, al Totonacapan que tiene 120 años de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que significa es que habemos generaciones, hay incluso abuelos, bisabuelos que nacieron ya con pozos en sus comunidades, con un despojo de inicio, de no sentirse dueños, porque los primeros que estaban fueron desplazados y a ellos se les ha relegado a vivir en espacios de convivencia o de conflicto permanente con la exploración y extracción de hidrocarburos.

Te estoy hablando que los primeros pozos fueron a inicios del siglo pasado. Estamos hablando de más de 100 años de exploración y extracción de hidrocarburos, pero además de una lógica económica asociada a la vida de los hidrocarburos. Los abuelos veían las chapopoteras, como brotaba naturalmente el hidrocarburo, pero no imaginaban nunca la devastación. Salían a la calle, fascinados de ver las máquinas que llegaban, pero empezaron a ver la destrucción cuando debajo de sus casas o donde pretendían hacer su parcela, o su milpa, empezaron a ver una red de ductos. De manera que se empezó a limitar el control territorial y la decisión que los pueblos tienen sobre su territorio.

La cuestión aquí es cómo sus vidas se vieron amenazadas por la propia permanencia de los ductos de las empresas de Petróleo Mexicanos (PEMEX), en un principio, pero además del riesgo permanente.

Hay comunidades que tienen, por ejemplo, centrales de turbinas con un ruido ensordecedor, de manera que en toda la comunidad, para poderse hablar de tú a tú, se tenían que gritar. Es un sistema de privaciones y de riesgos que empieza por la salud misma.

Gente con problemas de salud muy fuertes por el gas venteado en la zona que no tiene regulación y que el Estado simula diciendo que está en los parámetros controlados de emisión de gases a la atmósfera, cuando es totalmente falso. Eso, asociado a una red de ductos de infraestructura para la extracción de hidrocarburos que implica el uso del agua. Por ejemplo, comunidades que no tenían agua y entonces Pemex llegó y les metió el agua; pues decían, “qué chingón”, pero eso ha precarizado tanto, de manera que ahorita ya no tienen, porque el agua se usa para las instalaciones de hidrocarburos.

Pozo de agua contaminado por fugas de petróleo en el norte de Veracruz. Foto: Regina López.

Y todo un sistema de control también asociado al territorio. Primero, la depreciación de la vida campesina y, por otro lado, el alza de los precios de sus territorios. Entonces dicen ellos, “¿a ver, cómo?, no sirve mi territorio para sembrar, pero luego ¿llegan las empresas privadas?”.

Porque empezó a llegar gente de fuera, contratada por Pemex y otras empresas para hacer recorridos por las montañas, los valles y los territorios de los pueblos para ubicar zonas de exploración.

Nosotros supimos, desde un centro de derechos humanos, que drogaban a las personas para que aguantaran las jornadas infrahumanas, a un calor de más de 40 grados en el Totonacapan, y que fueran a ubicar los pozos. Después de eso, el trabajo que les dieron a los compas no es el trabajo de ingenieros y de petroleros, es limpiar los lodos, que es el trabajo más insalubre y depredador de la salud de los pueblos.

AM: Platicabas acerca de los métodos violentos para el despojo de los territorios, pero tambien acerca de otras estrategias que no implicaban el uso de la fuerza, ¿podrías darnos algunos ejemplos?

OE: Los pueblos implican una amenaza para la lógica del megaproyecto. A esta lógica, no solo estorba la relación del campesino con el territorio, sino el campesino siendo campesino. Necesitan al campesino siendo otra cosa, siendo cuidador de su megaproyecto, siendo promotor del megaproyecto, siendo súbdito del megaproyecto, siendo sometido al megaproyecto. Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo. Se impone una hegemonía, le llaman “suave”, una hegemonía impuesta sobre los pueblos de manera que les convencen, desde la precariedad de la vida campesina, indígena, abandonada por el sistema de Estado, y entonces llegaban las empresas y decían “¿cuál es la necesidad más grande que tienen ustedes aquí ahorita?”.

Y se inventaron un programa que se llama Programa de apoyo a la comunidad y el medio ambiente (Pacma), ¡imagina!, la depredación hablando de apoyo a la comunidad y del medio ambiente. Pues con ese programa, ofrecían obras. Entonces llegaba un compañero defensor de derechos humanos y decía a las personas de los pueblos “no, compañeros, los están engañando”, pero eran solo palabras. Mientras los del programa llegaban y decían “aquí está” el recurso para la obra.

Eso metió la lógica de las empresas a las comunidades, ya no el conflicto fuerte, en donde las comunidades se plantaban frente a los pozos, porque las que se plantaban empezaron a ser criminalizadas. La negociación era inducida y sometida, ni siquiera era negociación, era un sometimiento.

Esa lógica empezó a meter el terror en la comunidad, el miedo de vivir en su territorio pensando que el día siguiente serían sacados o que el día siguiente iban a explotar, o que al día siguiente iba a haber un derrame, o que al día siguiente iba a haber un incendio, o que al día siguiente, al ir a su pozo, en vez de agua, irian sacar natas de crudo, o que iban a ver uno de sus animales muertos, porque en el arroyo donde estaba consumiendo agua, hubo un derrame. Es el miedo permanente a morir.

AM: ¿Cómo se da la participación del capital privado en este entramado para imponer la lógica del terror?

OE: Empezaron a aparecer los gestores de las empresas privadas, que eran contratadas por Pemex, por contratos de subrogación de actividades que Pemex no podía hacer. Esta transición fue cambiando de manera que, primero, veías solo a Pemex y después empezamos a contar hasta más de 40 empresas privadas. Los que llevan los ductos, los que llevan los líquidos, los que llevan los químicos, los que hacen la exploración, los que meten los fierros, los que lo quitan; cada empresa dentro de su propia lógica y cada uno deslindándose de la responsabilidad. Ya no sabías con quien pelearte.

Empezó a haber seguridad privada de las empresas y, después de eso, empezamos a ver cómo, a la par de que empezaban a introducir el megaproyecto, se empezaba a introducir la droga y el crimen organizado. Lo que no sabíamos es que el objetivo era desplazar a familias completas, desplazar a comunidades completas, desplazar a actores concretos de las comunidades, meter miedo, para imponer una lógica de terror.

No entendíamos si estaba vinculado al megaproyecto. ¿De qué nos defendemos? ¿del crimen organizado que empieza a llegar a nuestro territorio?, ¿nos defendemos del megaproyecto?, o ¿de la empresa que nos está jodiendo?, o ¿saneamos nuestro arroyo?, ¿nos cuidamos del gas que está venteándose?, o ¿sanamos nuestros oídos?. Esa es la lógica del terror.

AM: ¿En que circunstancias atestiguaron la vinculación del crimen con el Estado?

OE: Cuando empezamos a relacionarnos con otros colectivos de familias defensoras y buscadoras (de desaparecidos), empezamos a encontrar lógicas muy raras, porque nosotros andamos defendiendo el territorio para pedir que los pozos no dañaran y ellas andaban (buscando) entre los pozos.

Porque de estos miles de pozos que hay en el Totonacapan, la mayoría está en desuso. Son pozos viejos, de yacimientos que ya fueron explorados o ya fueron explotados y que tienen poco (hidrocarburos) y no les es redituable hasta que metan para hacer fracking, pero ahí está la infraestructura petrolera.

Por ejemplo, había uno que parecía un hotel. El crimen organizado ahí hacia sus reuniones. No se lo dieron a la comunidad que lo pidio para que hiciera su bachillerato, pero sí dejaron que el crimen organizado ocupara su territorio. Entonces, decíamos, “esto no es lógico”, ¿cómo el crimen organizado llega y hace una cocina?, -así le llaman a un centro de exterminio-, en una de las zonas de Pemex, y Pemex tiene seguridad y las empresas tienen seguridad y no pasa nada.

La gente de la comunidad nos decía, años después, veían que dejaron de ocuparlo, llegaban a barrerlo y hacían montones de tierra. Aventaban todo y ahí iban restos de carros, de cosas que se robaban y restos humanos, los botes con los hoyos donde ahí deshacían los cuerpos. Es una lógica perversa.

AM: Mencionaste que el despojo no es solo del territorio, ¿cuáles son esas otras expresiones? 

OE: Hay un despojo económico con el modo de depreciar la vida campesina y, al mismo tiempo, especular sobre ella, del endeudamiento de la gente, del préstamo.

Infraestructura para la extracción de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz. Foto: Regina López

Hay un despojo organizativo a la hora de quitarle la fuerza a la Asamblea y a sus autoridades. Un despojo político porque ya la gente ahorita no puede decidir sobre su propio territorio. Si hay un ducto y lo primero que te encuentras en tu parcela es un anuncio de “no cavar”, entonces, ¿cómo le hago?, y en la siguiente parte de tu parcela, el derrame de crudo que no puedes tú limpiar, ¿cómo lo limpias?.

AM: ¿Cómo las empresas se articulan para el despojo de los territorios con otros actores?

OE: Las universidades públicas estaban haciendo alianzas con las empresas y con Pemex para hacer contratos de colaboración para el despojo. Si quiere seguirse llamando universidad pública debe hacer investigación contra el despojo y debe declararse libre de fracking, así como nos declaramos las comunidades con nuestras asambleas, la universidad pública tiene que declararse libre de fracking. Pero lo primero que hicieron fue, “nueva oferta educativa: Ingeniería Petrolera”, o sea ingeniería para el despojo.


Óscar Espino hace énfasis en compartir el análisis de las y los habitantes del Norte de Veracruz, “a manera de espejo, como nos ha enseñado el CNI”, para, con ello, colaborar con otras comunidades y procesos de resistencia e identificar de manera previa a los actores y la lógica en que se mueven para la imposición de megaproyectos.

“A veces no imaginamos esta lógica perversa de terror impuesta sobre nuestras comunidades, y nos toma mucho tiempo descubrirla”, sostiene Espino sobre la importancia de analizar el poder de las empresas, su vinculación con el crimen y la anuencia de funcionarios para hacer frente a los “proyectos de supuesto ‘desarrollo’”.

“Hay ejemplos maravillosos de las comunidades campesinas e indígenas luchando contra estos proyectos, pero creemos que este ejercicio de espejear la realidad dolorosa de algunos puede ayudarnos a sanar la propia antes de que llegue ese dolor”, finaliza.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

29 años las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas. Un movimiento de construcción de la Paz

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

28 de febrero de 2024

Boletín No. 06

 

Hemos visto muchos caminos de autonomía…

También hemos visto cómo se conecta la memoria y el dolor.

Brigadista Civil de Observación

 

29 años las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas.

Un movimiento de construcción de la Paz

  • Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de derechos humanos que se vive en Chiapas.

 

Tras el ¡Ya Basta! del 1 de enero de 1994, la reacción del Estado fue la violencia militar y paramilitar. Desde 1995, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94[1], cuyo objetivo fue acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), creando paramilitares. Las consecuencias de este plan, dirigidas principalmente en contra de poblaciones civiles fueron desastrosas, originando acciones de violencia y terror que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos.

El 28 de febrero de 1995, el Obispo Samuel Ruiz García, hizo un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para detener la guerra contra las comunidades zapatistas. Su llamado dio origen a los Campamentos Civiles por la Paz y más tarde, en junio de 1998, se crearon las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), que a 29 años se mantienen como una muestra de solidaridad del mundo hacia Chiapas. Siguen siendo un mecanismo que desde abajo ha logrado un contrapeso a la violencia ejercida contra los pueblos que resisten en Chiapas; rompen el cerco de la desinformación, documentan de primera mano y disuaden agresiones.

Desde su creación han participado más de 11.000 personas de 73 nacionalidades; el Frayba ha sido apoyado por 760 colectivos solidarios que promovieron el proyecto y prepararon a las personas observadoras; 146 campamentos fueron instalados en comunidades de Chiapas con una duración desde un año, hasta más de 2 décadas, como es el caso del que está actualmente en la comunidad de Acteal.

En el último año y medio, han participado 128 brigadistas muy diversas, como en años anteriores hay más participación de mujeres y cada año se suman más personas trans o no binarias: las edades van desde los 20 hasta los 69 años.

Actualmente la espiral de violencia nacida con el paramilitarismo se ha profundizado y complejizado. Los grupos armados se diversificaron y su categorización se vuelve cada vez más difícil de definir por la opacidad en la que se desarrolla su actuar. Frente a ello el Estado sigue siendo omiso, cuando no promotor o parte de dicha violencia.

En este contexto, se mantienen 3 campamentos: se mantiene el de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, sede de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ubicado en el municipio de Chenalhó -región Altos de Chiapas-, un segundo en Casa Betania Santa Martha, municipio de Salto de Agua, y el campamento 4 de agosto instalado en la Comunidad de Agua Clara, Palenque -ambos en la región Norte del estado-. En ellos las BriCO mantienen la observación y documentación de la situación de los derechos humanos en la región.

El trabajo realizado desde el proyecto BriCO forma parte inherente de la acción de defensa y promoción integral de los derechos humanos y de los pueblos originarios, por ello hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de violencia y derechos humanos que se vive en Chiapas, y seguir fortaleciendo la lucha de los pueblos por la vida con el mismo respeto que a lo largo de 29 años se ha conservado. Hoy mas que nunca su solidaridad nos sostiene.

 

*-*

 

[1]    Disponible en: https://www.frayba.org.mx/conoce-el-plan-de-campana-chiapas-94-0

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ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Convocatoria 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

¡LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y LA DEFENSA DE LA VIDA

NO SON UN CRIMEN!

AL CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN

A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL

A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ

A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena, CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios

que nunca fueron conquistados

A los 60 municipios de Tlaxcala

A las y los habitantes de las comunidades tlaxcaltecas nahuas y yuhmüs

A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida

A las autoridades comunitarias que defienden su organización autónoma

A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Nonelhuayo

Nonelhuayo huitz canin in mahuan oquichihuiliaya in tepetatl

canic timonapaloah ican in tzotzonaliz xochitlahtoltzin

canic in tlacatzintli, tlaoltzintli mopatla

canic in tonalmeh mopatla ilhuitzintli

canic in cocemalotl motlahquiti ipan telal

canic in auhhyaliztl tlaxcalmeh ihza in apiztl

canic in tepemeh techtlahpaloa ica in mixmeh huan quiahuitl

canic in citlallimeh quimachilia in tlanequiliztli

canic in tocayotl noicnimeh moihcuilo ica in atl

ica in xochitl teotl

ica in teotlac

ica in tezcatl ameztli

ica in tlapalmeh cemanahuac

ica netzahualla

ica in xopantla

Ica in patlanil in cuauhtli

Ica in cahualiztli

Ica in cuamaitl

Ica in yoloxochitl

Ica in cocoliztl

Ica in tlanextzin

Canic nicahtehua, noxochitlahtoltzin patlani inahuac in papalotzitzin.

Mis raíces

Mis raíces vienen de aquellas manos que moldearon el barro,

donde te abrazan con la música de la poesía,

donde el hombre, es maíz

donde los días son fiesta,

donde el arcoíris se teje en la urdimbre,

donde el aroma de la tortilla despierta el hambre,

donde los cerros te saludan con las nubes y la lluvia,

donde las estrellas tocan los sueños,

donde los nombres de mis hermanos se escriben con el agua,

con la flor de dios,

con el atardecer,

con el espejo de la luna,

con el ayuno,

con los colores del universo,

con la primavera,

con el vuelo del águila,

con la nostalgia,

con las ramas de los árboles,

con el corazón de la flor,

con el dolor,

con el crepúsculo,

donde dejo volar mis palabras con las mariposas.

Ethel Xochitiotzin Pérez

Herman@s Tod@s

Reafirmando. Que el 1º de enero de 2021, miles de rabias, resistencia y rebeldías, desde distintos rincones del Planeta Tierra, junto con nuestr@s herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, suscribimos “UNA DECLARACIÓN… POR LA VIDA” y, declaramos que “…hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza.”; así mismo, asumimos el “… compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno-, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. …”. Nuestra lucha es por la Vida, es decir, por el Agua.

Recordando. Que el 27 y 28 de agosto de 2022 se llevó a cabo la primer Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla. Ahí reunidos, pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de distintos estados del país nos dimos cita para visibilizar y enlazar las luchas en defensa del agua a lo ancho y largo del territorio nacional. En estas mismas tierras, un año y medio antes, los pueblos nahuas de la región Cholulteca liberaron el vital líquido con el que la empresa Bonafont-Danone lucraba, ocasionando sequía y daños ambientales irreparables al auspicio de los gobiernos municipales, estatales y federales, quienes operan con toda impunidad. La empresa Bonafont-Danone con sede en San Mateo Cuanalá, Puebla, permanece cerrada y desde el 22 de marzo del 2021 no ha podido robar ni una gota más del vital líquido, generando con ello que los pueblos nahuas de la región cholulteca recuperaran el agua de sus pozos, ríos y ameyales, como resultado de la resistencia, organización y solidaridad de los pueblos.

Recordando. Que en febrero del 2023, en Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, territorio Hñöhñö, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. En esta asamblea hicimos eco a la denuncia contra el saqueo del agua, el despojo del territorio, las desapariciones forzadas, la criminalización contra de los pueblos originarios y el asesinato de los defensores de la Madres Tierra. La resistencia y organización del pueblo Otomí contra el despojo del agua, determinó que desde el día 31 de marzo del 2021, se mantenga la toma del pozo de agua en Barrio 4°, con ello, se detuvo completamente el saqueo del agua orquestado por CONAGUA y CEA Querétaro en beneficio de la iniciativa privada y particulares, como resultado de dicha acción, la laguna de Barrio 4° se ha recuperado completamente.

Recordando. Que los días 12 y 13 de agosto del 2023 en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX, se llevó a cabo la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. En esta ocasión, unimos nuestras voces para exigir un alto total a la guerra contra los pueblos y comunidades zapatistas; así mismo, contra la represión y hostigamiento que existe contra todos los pueblos originarios y comunidades indígenas del país. San Gregorio Atlapulco, con la movilización y resistencia, logró cancelar la obra hidráulica con la que pretendían despojar del agua a las comunidades de Xochimilco, y pese a usar la represión, los pueblos organizados lograron parar un proyecto de muerte en su territorio. En el marco de estas acciones, el pasado 27 de octubre de 2023, el pueblo de San Gregorio tomó las instalaciones de la Biblioteca de la Comunidad, para darle un verdadero uso comunitario y la renombró, la “Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco”, en ella se llevan a cabo, diversas actividades para fortalecer la autonomía, la cultura e identidad del Pueblo de San Gregorio Atlapulco.

Recordando. Que después de dos días de trabajo en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y, habiendo llegado a distintos acuerdos en defensa del agua, el territorio y la vida, la plenaria acordó la realización de una Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, los días 23 y 24 de marzo en el digno territorio de La Magdalena, Tlaltelulco, Tlaxcala y…

CONSIDERANDO

Primero. Que el día 22 de marzo, como cada año lo hace, la Organización de la Naciones Unidas, ONU convoca a “celebrar” en todo el mundo, el Día Mundial del Agua, declarando como lema y campaña, “AGUA PARA LA PAZ”, y señala, además, que “El agua puede crear paz o desencadenar conflictos.”. Esta declaración y lema de la ONU, no solamente es propagandística; sino que busca negar, que el despojo del territorio y por ende el saqueo del agua contra los pueblos originarios y comunidades indígenas no solo en México, sino en todo el mundo, prácticamente, es ya, una guerra capitalista por el derecho al agua, es decir por el derecho a la vida.

Segundo. Que el Agua es un elemento esencial para la vida, pero disponible sólo para unos cuantos millonarios. En contraste, la CONAGUA informó hace unos días que la sequía y la falta de agua en todo el territorio nacional se debe a dos factores, la falta de lluvia y el aumento de la temperatura. Incluso adelantó que el “Día Cero” en la Zona Metropolitana del Valle de México llegará el 26 de junio del presente año (que oportuno, justo pasando las elecciones). Por otro lado la iniciativa privada exige, que para garantizar la demanda futura del agua, el Estado mexicano requiere “actualizar” los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país; el capataz de la Cuarta transformación obediente al capital financiero, el pasado 5 de febrero, en el marco de la Reforma Constitucional, entre otras, envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua.

Tercero. En esta guerra por el agua, CONAGUA no solamente opera con impunidad y complicidad en beneficios de la iniciativa privada, las transnacionales y al gran capital financiero; una reciente investigación realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana indica que un reducido grupo de políticos y empresas son responsables del saqueo y despojo del agua entre los que destacan: la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con un despojo de agua de 143.7 mil millones de litros al año, Mexicana del Cobre, con un despojo de agua de 445 mil millones de litros al año y Compañía Industrial Minera, con un despojo de agua de 8 mil millones de litros al año. También se sabe que las empresas de productos chatarra extraen (roban) 133 mil millones de litros de agua al año, con solamente Coca Cola robando 55 mil millones de litros de agua al año. Según la propia Conagua, Danone extrae 15 mil millones de litros de agua al año y Nestlé 10 mil millones de litros de agua al año. Y así, sigue la lista, con Bimbo, Bachoco – empresa de pollo, Walmart, empresas inmobiliarias, y muchas más recibiendo toda el agua que quieran, mientras muchas personas y familias no tienen.

Cuarto. Que desde el ámbito gubernamental y legislativo, se pretende legitimar e institucionalizar el despojo del agua, por ejemplo, en Querétaro, Tlaxcala y Puebla la privatización del agua pretende hacerse Ley a través iniciativas como: la Ley para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de Tlaxcala y sus municipios; Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla y, Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro. Por otro lado, en todo el país se vive un reordenamiento acelerado que implica la transformación y destrucción total de los territorios, como lo vemos con los megaproyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación: El tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos. En Querétaro, CDMX, Tlaxcala y Puebla, el reordenamiento se nombra: Tren México-Querétaro, Programa General de Ordenamiento Territorial, Programa Metropolitano de Puebla-Tlaxcala respectivamente. Estos planes y programas son diseñados y orquestados por un puñado de personas que pretenden decidir sobre la vida de pueblos completos, para satisfacer su ambición y atender las demandas de los grandes inversionistas diseñando la muerte y la destrucción de nuestras comunidades.

Quinto. Existe una guerra abierta contra todos los pueblos, como ocurre con nuestras hermanas y hermanos palestinos víctimas de genocidio orquestado por el Estado asesino de Israel, la máxima expresión de la criminalidad del sanguinario sistema capitalista.

En México, la organización y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas son objeto de ataques letales por parte del Narco-Estado capitalistas prueba de ello, son las ejecuciones de nuestro hermano Samir Flores Soberanes en Amilcingo, Morelos en el año 2019; de los compañeros Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano Juan Medina, y Lorenzo Froylán de la Cruz, de Santa María Ostula, Michoacán, comunidad que continúa bajo ataque del CJNG con la venia y complicidad del mal gobierno; el asesinato del compañero, integrante del Congreso Nacional Indígena, Carmen López Lugo del Ejido de Tila en Chiapas y la desaparición forzada y sin avances en la investigación de nuestros compañeros Antonio Díaz y Ricardo Lagunes en la comunidad de Aquila, Michoacán.

Por otro lado, la defensa del agua, el territorio y la vida es criminalizada, perseguida y encarcelada, como ocurre con los compañeros Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón del pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón que continúan presos desde hace 9 años aunado a las carpetas de investigación abiertas contra diez pobladores que son acusados de los mismos cargos que los compañeros mencionados, la cárcel y persecución forman parte de los múltiples ataques a la autodeterminación de este pueblo mazateco orquestados por el gobierno de Oaxaca a cargo de Salomón Jara y Eliza Zepeda actual representante del Instituto de la mujer en Oaxaca. En julio del 2022 defensores y líderes comunitarios de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad y Raymundo Cahuantzi Meléndez, Tiaxca, fueron detenidos arbitrariamente, aduciendo que participaron en un linchamiento, cometiendo varias violaciones a sus derechos humanos desde el momento de la aprehensión, llevan más de un año injustamente presos, reflejando claramente un hecho de criminalización, represión, intimidación y violación a nuestros derechos. En enero del 2023 el compañero David Hernández Salazar fue detenido por oponerse al Polo de Desarrollo industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en su comunidad, Puente Madera, Oaxaca, recientemente recibió una sentencia de 46 años por defender la vida y el territorio.

Sexto. El actual gobierno de Tlaxcala pretende consolidar (ejecutar) proyectos empresariales que se han venido gestando desde años atrás. El discurso ha cambiado en apariencia, con un supuesto interés por proteger los “recursos naturales” mediante el aprovechamiento sustentable, con estrategias elaboradas, el mapeo de nuestros pueblos, la disposición de las dependencias ambientales de trabajar en conjunto con los interesados, las consultas públicas simuladas y las firmas a puerta cerrada de presidentes municipales cediendo derechos de intervención al gobierno según sus intereses, los planes y legislación para el manejo y concesión de los bienes comunes, dicen que están trabajando por el medio ambiente y en favor de la población, pero sabemos de sus intenciones empresariales de lucrar con nuestro territorio, con el agua, la vida y el bienestar de nuestras comunidades. No es casualidad que el mismo gobierno que utiliza conceptos como mercado o inversión al tratar temas ambientales responda a la protesta social y a la organización con represión y criminalización.

En las comunidades de Tlaxcala se vive la sobreexplotación de pozos de agua a través de la instalación de industrias, los ejidos de cultivo son vendidos a bajo costo con empresas inmobiliarias que no tienen ningún tipo de regulación, las empresas transnacionales con sus energías verdes llegan a privar a la población de las lluvias y el agua para las cosechas, estos proyectos de “desarrollo” contaminan el suelo, el aire y las aguas que llegan a ríos y lagos, dañan la salud de las y los pobladores; empresarios y familiares de los gobernantes, invierten en el turismo, en torneos de voleibol, y los mal llamados pueblos mágicos, que lo único que hacen es desplazar a los habitantes originarios, estableciendo hoteles que acaparan el agua, las tradiciones y costumbres de sus pobladores que se convierten en mercancías de turistas.

La modernización, los programas de desarrollo del gobierno y el capital, llevan siglos queriendo romper nuestra organización, pero es la organización y autonomía de nuestras comunidades la que ha cuidado de nuestros bosques, montes, ríos y lagos, nuestra forma no es lenta, ni antigua, es el conocimiento vivo de nuestros antepasados para cuidar nuestro territorio y todas las formas de vida.

Séptimo. En el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, la población se ha tenido que enfrentar a situaciones de despojo por parte de empresas inmobiliarias, y más peligroso aún, del despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a la comunidad ejidal, poniendo en riesgo su única fuente de subsistencia que es la agricultura, pero también la vida comunitaria con sus dinámicas y formas de organización propias y autónomas.

La imposición de mega proyectos por parte del gobierno estatal y federal violenta nuestros territorios, generando desmonte, tal como sucede en el monte de “Malpais”, Calpulalpan, donde el bosque de encinos fue destruido para instalar el parque fotovoltaico Nueva Xcala, que entre otras afectaciones está la captación de agua.

En San Francisco Tetlanohcan, el bosque de la Malinche ha sido afectado severamente desde la década de 1990, por la tala clandestina y la extracción de arena y piedra. A partir de la introducción de motosierras, camionetas de carga y sobre todo el respaldo de presidentes municipales a los taladores, ha provocado que se convierta en una situación incontrolable, sobrepasando a la organización de los propietarios legítimos.

El papel del Estado a partir de la declaración del territorio de la Malinche como Área Natural Protegida ha sido el de obstaculizar el cuidado y el manejo del bosque por los propietarios y pobladores; disputándose entre dependencias, taladores y personajes políticos de la comunidad los bienes comunes, lo que afecta al territorio local y su ecosistema, los mantos acuíferos que alimenta esta montaña y a los pozos de agua de las poblaciones cercanas.

En suma, los montes y bosques de Tlaxcala, representan para nosotrxs, sus habitantes, el lugar donde nacen nuestras raíces, que se alimentan de su agua, en el que coexistimos con plantas, animales, hongos, árboles, un complejo enramado de vida, por eso lo defendemos de las motosierras, de los carros que se llevan la piedra y tierra, de los técnicos e ingenieros del gobierno y sus malas prácticas, de los caciques formados por los partidos políticos, de las empresas madereras y constructoras, de las inmobiliarias y gasolineras; de las empresas transnacionales, que ven como mercancías a nuestras ramas y raíces; lagos, manantiales y ríos; a nuestra tierra, y a nuestra vida.

Octavo: Los territorios que habitamos resisten ante las dinámicas de despojo capitalistas desde el cuerpo-territorio, entendiendo que el territorio que habitamos sostiene nuestra vida y encarnamos en nosotras mismas la violencia extractivista del estado y el capital privado. Nos posicionamos como mujeres racializadas frente a las lógicas patriarcales que condicionan nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos y que restringen nuestra participación en la lucha colectiva; contra las lógicas heterosexuales que dicen que la disidencia sexual no existe en las comunidades. Luchamos, defendemos y resistimos desde nuestra misma existencia y nos sostenemos en la construcción de cuidados colectivos en la búsqueda de la autonomía de nuestros cuerpos-territorios tejiendo redes comunitarias por la defensa de la vida.

Noveno. El México actual ya no es el mismo, antes y después de la Pandemia, vivimos una crisis estructural consecuencia del reacomodo del sistema capitalista; las organizaciones y el movimiento social después de la pandemia quedaron desarticuladas; la crisis económica y desempleo siguen sin recuperarse; la inseguridad pública cobró un mayor auge en todos los sectores de abajo; el crecimiento del crimen organizado, así como la proliferación de grupos paramilitares, se incrementaron al amparo de la clase política y el gobierno en turno; el objetivo, contener la resistencia y organización de los pueblos. Así mismo, en medio de esta crisis global, el gobierno de la Cuarta Transformación, decidió militarizar el país para imponer sus megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, El Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y el Proyecto Integral Morelos, entre muchos otros. La militarización, los ataques paramilitares y el papel que juega el crimen organizado para socavar la organización y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas zapatistas, es parte de una guerra contrainsurgente declarada desde la 4ª Transformación en contra del EZLN y las bases de apoyo. Así lo vemos con la reciente inauguración de la fábrica de armas llamada Complejo Industrial Militar en el municipio de Oriental, Puebla. La antesala de la represión para imponer los programas de despojo-reordenamiento territorial.

Décimo. El pasado 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, acudimos a territorio zapatista a celebrar con nuestr@s herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 40 Aniversario de la Fundación del EZLN y el 30 Aniversario del Inicio de la Guerra contra el Olvido; ahí fuimos testigos e invitados a conocer la nueva etapa que han decidido las comunidades zapatistas, “El Común y la No Propiedad”, y que para llegar a esa propuesta, “Señalaban al trabajo colectivo como la tierra fértil para ese cambio. Es decir, el trabajo organizado que no tenía como destino el bienestar individual, sino el del grupo. Para “El Común”, dice el Subcomandante Insurgente Moisés, que “Tal vez alguien de ustedes pueda valorar el sentido profundamente rebelde y subversivo de esto en lo que, para no variar, nos jugamos la existencia.” Finalmente nos preguntan, ¿LE ENTRAS O NO LE ENTRAS?

Por todo lo anteriormente expuesto y porque desde su nacimiento la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se declaró anticapitalista, antipatriarcal y antipartidista, autónoma y autogestiva y, reprobamos cualquier acto de violencia, discriminación, racismo y/o proselitismo; quienes la integramos y participamos en ella, suscribimos estos principios. Por lo tanto y en el marco de la solidaridad entre nuestros pueblos para derrotar al sistema capitalista, hacemos pública la siguiente…

CONVOCATORIA

4ª ASAMBALEA NACIONAL por el AGUA Y LA VIDA

23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

¡LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y LA DEFENSA DE LA VIDA

NO SON UN CRIMEN!

Que se llevará a cabo bajo el siguiente:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 23 Marzo 2024

7:00-9:00 Hrs. Registro y desayuno

9:00-10:00 Hrs. Ceremonia ritual

10:00-11:00 Hrs. Plenaria Inaugural y participación de Invitados

– Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (CODITET)

–Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

–Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de GobiernoConsejo Indígena de Gobierno

11:00-11:15 Hrs. Indicaciones y presentación de dinámica en mesas de Trabajo

11:15-14:00 Hrs. Mesas de trabajo

1. Militarización, crimen organizado y violencia de Estado-empresas contra defensor@s del territorio

2. La participación y resistencia de las Mujeres en la Defensa del Agua y la Vida

3. Autonomía y autodeterminación de los pueblos frente a políticas gubernamentales contra el despojo del agua

4. Los bosques y montes como forma de vida amenazada

5. Ordenamiento territorial, proyectos de urbanización y turismo como mecanismos de despojo

6. Frente a la Guerra Capitalista construyamos “EL COMÚN”

14:00-15:00 Hrs. Comida

15:00-17:30 Hrs. Continuidad de las seis Mesas de Trabajo

17:30-18:30 Hrs. Actividades Culturales

18:45-21:00 Hrs. Cena

21:15 Hrs. Descanso

Domingo 24 de Marzo 2024

07:00-09:00 Hrs. Desayuno

09:00-11:00 Hrs. Redacción de relatoría y conclusiones por mesas.

11:00-13:30 Hrs. Plenaria:

– Presentación de trabajos de las infancias

– Conclusiones y Acuerdos

– Propuestas organizativas para la 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

13:30-14:00 Hrs. Clausura de los Trabajos de la 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

14:00-15:00 Hrs. Comida

Nota:

Durante toda la asamblea, habrá espacio destinado para tianguis-trueque, así como actividades para las infancias.

Inscríbete en el Formularios de Registro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel1_HYoyDDQ-CzSCYROJI3a39zWiurGyRIPsKwrXDYe9_Ocw/viewform

Indicaciones generales: llevar plato, vaso, cuchara, bolsa y/o cobija para dormir, casa de campaña, lámpara y se recomienda el uso de cubrebocas.

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos

Un Nosotrxs sin Estado

Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas

Zapata Vive, la Lucha Sigue

Samir Vive la Lucha Sigue

Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre

Presxs políticxs, Libertad

Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos

No al Tren Maya

No al Proyecto Integral Morelos

No al Corredor Interoceánico

Viva el EZLN

Viva el CNI-CIG

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno/ Comité de Defensores de la Identidad y Territorio de Tlaxcala (CODITET)/ Colectivo 16 de Octubre, Calpulalpan / Yoloaltepetl / Colectivo de saneamiento y restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRM) / Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena / Colectivo 4 de Octubre / Colectivo en defensa del territorio de Tlaltelulco / Comunidades en defensa de la Matlalcueyetl / Ollin Teatro/ Brigada “San Pedrito” por la Matlalcueitl / Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán / Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes / Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre / Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Puebla, Morelos y Tlaxcala / Guardianes del Río Metlapanapa / Radio Comunitaria Santa María Zacatepec / Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco / Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac / Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco / Resistencia Chinampera / Colectivo Chicuarotes Icnohuan / Radio Chikuarote / #YoProtejoElHumedal / OIT-UNITONA de Huehuetla / Consejo Tiyat Tlali / Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG: Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México / Café “Zapata Vive” / UPREZ Benito Juárez / SUTIEMS (Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México) / Laboratorio Popular de Medios Libres / Regeneración Radio / Noticias de Abajo / Brigada de Salud Zapatista Pantitlán / Escuelita Autónoma Otomí / Individu@s: Roxana Bolio, Roberto Rodríguez Contreras “Gato”, John Pablo Almaráz (cantautor), Marcos Ik (Poeta) y 33 / IMDEC / Geo-grafías Comunitarias / Consejo Regional Totonaco / Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG Puerto de Veracruz / Red en Defensa del Agua y la Vida-REDAVI/ NODHO de Derechos Humanos / Mazatecas por la Libertad / Un salto de Vida, Jalisco / Taller por la defensa de los territorios / Unificación de pueblos y colonias contra la minería en Morelos / Organización Campesina de la Sierra del Sur Tepetixtla O.C.S.S / Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente/ Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC) Tlaxcala/ Colectivo de L@s Hij@s del Maíz Tlaxcala/ Tejiendo Voces / Mujeres y la Sexta – Abya Yala / Red Universitaria Anticapitalista (RUA) / Red de Apoyo Iztapalapa Sexta / Red Movimiento y Corazón Zapatista

radio
Avispa Midia

Minera canadiense avanza silenciosamente para explotar oro en Los Chimalapas

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Campesinos en el campo los vieron pasar con sus equipos, era el año 2021. Pusieron atención porque era gente que no es común en esta zona. No le dieron mucha importancia en un primer momento, pero, eran ingenieros y técnicos que estaban haciendo exploración minera en los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, una de las mayores zonas selváticas de México. Los mineros confirmaron que, en las entrañas de estas montañas, se encuentra un gran yacimiento de oro y cobre.

Un poco antes de internarse en esta región donde habita el pueblo Zoque, la empresa canadiense Minera Minaurum Gold S.A. de C.V., en el año 2021, había vendido 23 mil acciones en Canadá, de donde pudo recabar 9,2 millones de dólares canadienses para continuar con sus procesos de exploración y lo que consideran fines generales de explotación de sus proyectos mineros en México. Uno de ellos es el proyecto bautizado con el nombre de Santa Marta.

El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapas, Vicente Contreras, dijo para Avispa Mídia que los habían visto pasar en 2021. “Decidimos armar unas brigadas para recorrer el territorio y encontramos que en algunos lugares habían removido la tierra. Entonces nos movilizamos porque no queremos minería en nuestro territorio”, señaló.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Plataforma de Transparencia, las solicitudes de los permisos de Santa Marta, habían sido desechados mediante el acuerdo establecido en el oficio UGA-0687-2021, dictamen que fue notificado a la empresa el 25 de junio de 2021, vía correo postal certificado.

Un mes después del supuesto dictamen de Semarnat, en julio del mismo año, Minaurum, para dar certeza a sus accionistas, anunció que veía “más oportunidades desbloqueadas en algunos de los proyectos de exploración menos avanzados de la empresa, en particular Santa Marta, un proyecto de sulfuro masivo volcanogénico (de cobre y oro) potencialmente muy grande”.

Incluso, el anuncio de la empresa se daba con bombo y platillo argumentando que uno de sus inversionistas más importantes, la empresa de activos Crescat Capital, equiparó Santa Marta con el yacimiento de oro y cobre de categoría mundial Hod Maden en Turquía, un proyecto que concentra reservas minerales de 8 mil 696 toneladas de oro y cobre.

Aunque Semarnat sostiene en respuesta a las peticiones de información que los permisos de Santa Marta habían sido desechados en junio de 2021, oficialmente en su plataforma el proceso continuó hasta el 17 de agosto del 2021 sin haber hecho público los resolutivos. Por el contrario, en las peticiones de información sostiene que es información “reservada o confidencial”.

Minaurum solicitaba un permiso de exploración por un periodo de 12 meses. Si esto hubiera surtido efecto, entraría en vigor en agosto del 2021 hasta agosto del 2022, justo en las fechas cuando vieron pasar a los mineros por la región.

En el portal de la empresa hay fotos de sus recorridos por este lugar, aunque no mencionan las fechas.

Geólogos de Minaurum en la mina Santa Marta

La novedad es que la empresa sostiene en un informe de este año 2024, que el muestreo de roca histórico realizado “ha arrojado valores de cobre que oscilan entre 1% y 3,7% de cobre y valores de oro que alcanzan los 3 g/t (gramos por tonelada en bruto de roca)”, según su informe llamado “Perspectivas de Exploración 2024”.

Es así que la empresa Minaurum ha avanzado con el proyecto Santa Marta y anuncia que ha actualizado sus actividades de exploración para 2024, incluyendo un nuevo trámite presentado para una solicitud de permiso de 3 mil metros de perforación, lo que implica una nueva MIA y un nuevo proceso que tiene que aprobar Semarnat. Mientras tanto, Minaurum está obligada a dar avances a sus inversionistas que han invertido los 9,2 millones dólares canadienses.

Brigadas que recorren el territorio de San Miguel Chimalapa

La estrategia

El proyecto Santa Marta abarca dos concesiones que se ubican entre los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, los mismos que tienen conflictos legales en cuanto a sus limítrofes de las tierras. “El problema de límites comprenden más de 13 mil hectáreas y es ahí donde está este proyecto”, dijo el comisariado de San Miguel Chimalpa.

Lo interesante es que a Minaurun, a la hora de solicitar sus permisos de exploración en 2021, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada por Asesores en Impacto Ambiental y Seguridad, S.C., presentó una copia de resolución del conflicto legal de linderos entre San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec. Pero el comisariado sostiene que “el problema agrario aún no se ha resuelto. Porque hemos metido un recurso de revisión que aun está en los tribunales, entonces el conflicto no está resuelto”.

En el año 2019 Semarnat ya le había negado una autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa según el oficio SEMARNAT-SGPA-UGA-0021-2019, con la cual solicitaba autorización para la realización de obras y actividades en los dos lotes del proyecto.

Ver también: Aún con resistencia, México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas

Pero cuando Minaurum volvió a solicitar la aprobación de una nueva MIA y los permisos de exploración, en 2021, el apoderado legal de la empresa, el Maestro Daniel Jesús Ventura Uribe, presentó más documentos, pero ahora solo para hacer exploración en el lote Jackita. Complementando con una copia certificada de notario público con el permiso de la comunidad La Cristalina, perteneciente a San Miguel Chimalapa.

Es ya sabido que las empresas mineras en México recurren a diversas estrategias para poder proceder con la exploración y explotación de los minerales, una de ellas es dividir a las comunidades y recargarse en un grupo. “Es lo que pasó con la comunidad de La Cristalina, quien supuestamente les dio el permiso para ingresar a nuestro territorio para hacer exploración”, lamenta el comisariado Contreras, quien lleva dos años con el cargo.

Para el Comisariado esto es totalmente ilegal, ya que pasaron por alto a la máxima autoridad. “Aquí ninguna comunidad está facultada para dar este permiso, ni si quiera yo como comisariado. Porque el propio estatuto comunal establece que la última palabra la tiene que dar la asamblea general, donde participan todos y todas las comuneras. Por ello, La Cristalina no está facultada para dar este permiso. Esto es una ilegalidad”, puntualiza el representante agrario de la comunidad.

Los dos lotes mineros Reducción Mar de Cobre y Jackita, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, suman la exorbitante dimensión de más de 6 mil 400 hectáreas, casi el equivalente a nueve veces lo que comprende a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente esta empresa, a través de su filial Minera Zalamera, S.A. de C.V., cuenta con 9 concesiones vigentes en el estado de Oaxaca en fase de exploración que suman más de 27 mil hectáreas. También tiene una concesión en Puebla, una en Morelos, dos en Guerrero y tres proyectos en Sonora.

Dependencia del agua

El resguardo de región de Los Chimapalas es de ámbito internacional, ya que es esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Por la región cruza la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa. Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapas, así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas.

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El comisariado de San Miguel Chimalapas destaca que la mayoría de las personas en estas comunidades se dedica al campo y dependen del agua. “Que vamos hacer si se contaminan los mantos acuíferos. Chimalapas alimenta a una gran cantidad de comunidades, por eso nos preocupa, porque no vamos a comer oro, vivimos del campo. Dependemos del agua”, alerta.

Ni la empresa ni el Estado les ha dado información hasta el momento de lo que implica la exploración y posible explotación de estos lotes mineros. “La única información que hemos obtenido es a través de foros que han organizado los propios jóvenes de la comunidad”, dice Contreras, representante agrario de esta comunidad.El comisariado sostiene que las comunidades son tajantes en no permitir el extractivismo. “En distintas asambleas hemos acordado no permitir la explotación minera en nuestro territorio. Vamos a defender nuestras tierras”, remarca el indígena Zoque.

Foros informativos realizados por jóvenes de san Miguel Chimalapa

radio
Avispa Midia

Quinto aniversario de un Amilcingo sin Samir Flores

Fuente: Avispa Midia

Texto: Camila Plá
Fotografías: Esthel Vogrig

Durante la mañana del 20 de febrero en Amilcingo, estado de Morelos, México, muchas mujeres y hombres fueron llegando poco a poco a la casa de la familia Flores Velazquez, la mayoría iba con un ramo  de nube blanca bajo el brazo y, como es costumbre en la región, un jarro de barro para colocarlas. Con rostro solemne se sentaron a escuchar a los padres y la seminarista que comenzaron la misa en honor a Samir Flores.

Mientras tanto, Liliana Velázquez, quien fue su esposa, corría de un lado a otro sin que los pendientes le dieran tregua, sus hijas se encontraron con sus amigas y entraron a su casa a jugar, los vecinos se saludaron con un rápido apretón de manos y un colibrí picotea las flores que adornaban la mesa donde se encontraban los retratos del difunto.

Este martes 20 se cumplieron 5 años del asesinato a Samir, es aniversario de cuando un grupo armado tocó su puerta y le dio dos balazos, cambiando su historia, la de su familia y de toda la comunidad. Hace ya 5 años que no hay justicia.

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Ha pasado tanto tiempo, pero a la vez, parece que fuera ayer que él estaba caminando por el pueblo, saludando a todos sus vecinos y compartiendo las noticias en la radio. En Amilcingo se siente cerca su presencia, su nombre sigue vivo. Y es que su vida y muerte marcaron la historia de la comunidad porque Samir fue asesinado por defender el territorio en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto de muerte que surca tres estados de la República: Morelos, Puebla y Tlaxcala y que cruza el territorio de la comunidad de Amilcingo.

El megaproyecto implicó la construcción de un acueducto, una termoeléctrica de ciclo combinado y un gasoducto, este último es el que cruza el pueblo natal de Samir. Fueron tres los gobiernos implicados en su construcción e imposición; muchos de los primeros impulsores del megaproyecto siguen formando parte del actual gobierno, aunque el color que gobierna cambie con las elecciones. Las formas en que han operado y los usos discursivos han cambiado al mismo tiempo que los sexenios, pero en los tres casos los pueblos han resistido y han demostrado su inconformidad con el PIM.

Los padres que llevan la misa recuerdan que la historia de Samir es de lucha por la defensa del territorio, la tierra, el campesinado y el agua. Y es que el PIM es un riesgo en la crisis hídrica que actualmente se vive en gran parte del país y sobre todo en la zona central donde se encuentra Amilcingo.

Los habitantes de la comunidad tienen muy claras las implicaciones de los megaproyectos, y es que el PIM no es la primera lucha que ha llevado a cabo el pueblo, sino la última de una larga historia de organización popular. Se remonta hasta la Revolución cuando sus habitantes se unieron al Ejército Zapatista, la División del Sur, para luchar por tierra y libertad, los mayores en la comunidad todavía cuentan las hazañas de sus padres y madres, manteniendo viva la memoria del zapatismo.

Posteriormente muchos de sus habitantes se volvieron jaramillistas y en la década de los setenta se llevó a cabo una organización popular por la autonomía de los pueblos frente a los terratenientes del municipio. Dicha lucha resultó en la conformación del municipio de Temoac- actual municipio de la comunidad- y desembocó en la defensa de las normales rurales, la cual fue liderada por el normalista y luchador social Vinh Flores Laureano.

Vinh fue asesinado junto a dos de sus compañeros antes de que se fundara la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo, pero el pueblo lo sigue recordando con cariño y dolor, tanto que la calle donde vivió Samir lleva su nombre. Curiosamente, Vinh fue tío de Samir.

Al terminar la misa, las personas asistentes comenzaron una caminata hacia el panteón del pueblo. En procesión, la familia y los amigos cercanos encabezaron a les caminantes, les niñes de la Escuela Primaria se unieron con carteles y pancartas con el nombre de quien años atrás fue su maestro de agricultura orgánica.

La primera parada fue frente a la radio comunitaria donde Samir era locutor en dos programas, además de que fue quien la fundó. En la radio esperaba La comparsa, grupo  con máscaras, que con música guapachosa y de protesta recibió a la procesión. La radio es la vivienda de una familia que hace ya diez años prestó su casa como sede. El muro que da a la calle está pintado con un mural con diversos rostros, referentes de la lucha popular, se encuentra Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el Sub, una Adelita y desde hace menos de cinco años también está el rostro de Samir.

La segunda parada fue en la Escuela Primaria que actualmente lleva su nombre. Que exista la escuela se debe a que la comunidad impidió que, tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, el Estado demoliera la primaria que históricamente había sido la única del pueblo. La intención estatal era tirarla para dividir a la comunidad y obligar a reubicarlos en una escuela construída con fondos del gasoducto a las afueras de la comunidad.

Durante casi dos años, la escuela no tuvo reconocimiento oficial, sin embargo la comunidad se organizó para continuar impartiendo clases de forma autónoma. Fue entonces que Samir entró como maestro de agricultura orgánica. En marzo del 2019, el pueblo consiguió el reconocimiento oficial de la escuela y cambió su nombre a Escuela Primaria Samir Flores Soberanes. La directora habló sobre la vida de Samir y los responsables de su asesinato y tras las presentaciones de les niñes, se continuó con la caminata hacia el panteón, donde actualmente descansa Samir junto a los antepasados del pueblo.

Desde que fue asesinado, el nombre de Samir ha resonado en varias geografías, surcando territorios que en vida no llegó a conocer, siendo nombrado y respetado por personas que quizá nunca conoció ni le conocieron. Pero su nombre, vida y lucha es ahora un referente al hablar de la defensa del territorio y del agua. Recordar su nombre y seguir exigiendo justicia es también un acto de resistencia frente a la guerra contra los pueblos originarios.

Durante estos cinco años, la memoria ha resultado indispensable para los habitantes de Amilcingo. Recordar no es únicamente un acto de resistencia, sino que es una herramienta para la construcción de alternativas. Es desde la remembranza de lo que fue que se puede vislumbrar y construir una alternativa al despojo. Como explica Jorge Velázquez del Frente de Pueblos: “nosotros seguiremos resistiendo, continuaremos con lo que nos enseñaron nuestros abuelos”.

A tu memoria, compañero.

radio
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Hoy, de nuevo los sobrevivientes de la Masacre de Acteal y demás miembros de nuestra organización, amanecimos ayer con la zozobra de escuchar numerosos disparos de armas de uso exclusivo del ejército en las inmediaciones de esta Tierra Sagrada

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

22 de febrero del 2024

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Hoy nos encontramos conmemorando, una vez más, los terribles acontecimientos que sucedieron en esta tierra hace 26 años y dos meses, donde les fuera arrancada la vida, del modo más cruel, a nuestras 45 hermanas y hermanos mártires, y a los 4 bebés a quienes violentaron aún dentro del vientre de sus madres, en un operativo ejecutado por paramilitares priístas y cardenistas de Chenalhó; planeado, financiado, protegido y encubierto con la coordinación contrainsurgente de los tres niveles del gobierno criminal y cuyos responsables siguen en la total impunidad.

Hoy, de nuevo los sobrevivientes de la Masacre de Acteal y demás miembros de nuestra organización, amanecimos ayer con la zozobra de escuchar numerosos disparos de armas de uso exclusivo del ejército en las inmediaciones de esta Tierra Sagrada. Hoy, de nuevo vimos los patrullajes por tierra y aire de los militares que no resuelven ni intervienen para parar la violencia.

Sólo que esta vez no se trata del Plan de contrainsurgencia Chiapas 1994. Esta vez, se debe a los enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado que se disputan el control de nuestra región, así como desde 2021 grupos parecidos imponen su ley en la zona fronteriza con Guatemala, como documentan nuestras compañeras y compañeros de la Red TDT (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes”) en un valioso informe que presentaron este mes, cuyo nombre describe también perfectamente lo que estamos viviendo hoy en Chenalhó y Pantelhó: el “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”.

Como si no valiera el sufrimiento de los ya 10,000 desplazados que han tenido que huir de la violencia en Chiapas desde que iniciaran las peleas por la plaza entre distintos grupos del crimen organizado en 2021, el gobierno no hace justicia sino que se alegra cuando los pueblos nos enfrentamos entre nosotros mismos, garantizando que se haga mayor la violencia y sigan impunes todas las ejecuciones, masacres, feminicidios, desplazamientos forzados, torturas, cobros de derechos de piso, amenazas, violaciones, desapariciones, persecución a los periodistas que dicen la verdad y a las organizaciones de derechos humanos. Y con su remilitarización de Chiapas, sólo ha aumentado la violencia, la violación a los derechos humanos de los hermanos migrantes centroamericanos, la prostitución y el consumo de droga y alcohol alrededor de los puestos militares.

En nuestros municipios de Chenalhó, Pantelhó y Simojovel hay muchísimas armas. Están las armas de los paramilitares de fines de los años noventa, que hoy se encuentran libres y nunca fueron desarmados, sino al contrario, fueron premiados y siguieron siendo pagados por el gobierno. Además, se han formado en muchos casos, nuevos grupos de apoyo armado con el dinero de candidatos y funcionarios de los partidos políticos activos en nuestras comunidades. Y también hay nuevas armas que han entrado a las comunidades, financiadas por distintos cárteles de narcotraficantes. Y es con la ayuda de todas estas armas que hoy seguimos acumulando el número de personas ejecutadas, asesinadas por balas perdidas, y resguardando desplazados, en un despliegue diario de terror y miedo, que las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los mexicanos están aprovechando en Chiapas y el resto del país, para imponer sus megaproyectos y hacer sus negocios, muchas veces aliados a los narcos y sicarios, deshaciéndose así de las defensoras y defensores de la tierra, el territorio y la Vida.

Es así que hoy, más que nunca, entendemos y nos hacemos eco de las exigencias de nuestras compañeras y compañeros de la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula (fundadores del CNI) que siguen repeliendo ataques de comandos armados como el que sufrieron el pasado primero de febrero, mientras que la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado de Michoacán solapan y protegen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pero criminalizan a la Guardia Comunal de Ostula.

Es por eso que todas Las Abejas hoy le mandamos nuestro aliento a todas y todos los que están sufriendo por estas tremendas injusticias, como los hermanos y hermanas zapatistas de la región autónoma de Moisés y Gandhi (del Caracol Patria Nueva, ubicado en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas) que el pasado 11 de febrero resistieron más de cien disparos de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), provenientes de las comunidades 7 de febrero y San Antonio Las Flores, a una distancia de 150 metros del poblado, donde de por sí se encuentran desplazadas, desde el pasado 19 de enero, 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyas casas y pertenencias fueron destruidas y forzadas a huir de su comunidad La Resistencia, atacadas por un grupo de más de 40 integrantes de la ORCAO, quienes portaban armas de fuego, machetes y palos y permanecen protegidos por el gobierno, impunes por causar este despojo y desplazamiento forzado. Exigimos el cese de estos ataques armados a nuestros hermanas y hermanos zapatistas y justicia para las familias desplazadas.

También queremos seguir enviando ánimo y apoyo a nuestras hermanas y hermanos desplazados de Frontera Comalapa y Chicomuselo, así como a todos los familiares de las personas ejecutadas y desaparecidas en esta guerra cruel.

Y también recordamos especialmente a los familiares y compañeros de nuestro maestro, hermano defensor y comunicador comunitario Samir Flores, en el Quinto Aniversario de su asesinato que también sigue impune. Nosotros sabemos que la única línea de investigación que no ha querido seguir el gobierno, la que involucra su papel de defensor de la tierra y el agua de los pueblos contra la imposición del Proyecto Integral Morelos, es la verdadera causa de que lo hayan eliminado, precisamente en vísperas de la amañada consulta que organizó López Obrador para aprobar la construcción del gasoducto en su tierra.

Y es la misma razón por la que el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos originarios de México, de nueva cuenta es mutilado de la propuesta de ley indígena que acaba de enviar el Presidente al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, con la que Andrés Manuel López Obrador quiere aparentar que hace justicia a los pueblos indígenas y afro-mexicanos reconociéndonos como sujetos de derecho, después de la traición que nos hicieron los tres poderes de gobierno, que en el año 2001 garantizaron que no se llevara a la Constitución lo que se había pactado en la Mesa de Diálogo sobre Derechos y Cultura Indígena con el EZLN y los Pueblos Indígenas de toda la república mexicana. La nueva iniciativa de ley es engañosa y mañosa porque está llena de mentiras y falsedades. Por un lado nos quieren dar y reconocer el derecho a ser sujetos, titulares de los derechos, pero por otro lado, el gobierno federal nos quiere seguir quitando legalmente nuestras tierras, que nos pertenecen, incluso antes de que la corona española otorgara a nuestros pueblos la cedula real de posesión y devolución de las tierras que les quitaron a nuestras abuelas y abuelas. Así mismo, en la iniciativa de la nueva ley, el Presidente de la República quiere lavarse las manos como Herodes, diciendo que las empresas o particulares son las responsables de hacer las consultas a nuestros pueblos. El señor Presidente está siendo incongruente con sus discursos. No está a favor de nuestros pueblos, nada de que primero los pobres, “devolverle al pueblo lo robado” encubre el verdadero interés que es entregar al gran capital lo poco que nos queda de nuestras tierras y territorios. Le recordamos al gobierno que con ley o sin ella, reconocidos o no en la Constitución como sujetos de derecho, seguiremos siendo sujetos de nuestras historias, haciendo ejercicio de nuestra ley interna comunitaria mal llamada por el poderoso como “Usos y costumbres”. Nuestra autonomía y libre determinación la seguiremos ejerciendo como lo hemos hecho antes y después que llegaron los españoles.

En días pasados se cumplieron exactamente 28 años de que se firmaron los acuerdos de San Andrés, de donde salió la propuesta de la entonces Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), que contenía las reformas mínimas a la Constitución Mexicana con las que estuvieron de acuerdo el EZLN y numerosas organizaciones indígenas independientes del gobierno, que luego nos conformamos como Congreso Nacional Indígena (CNI), para reglamentar el acceso de los Pueblos Indígenas a los derechos que ya se nos reconocían internacionalmente en el Convenio 169 de la OIT, que aunque México ha firmado, han sido violados sistemáticamente en nuestro país con todas las reformas estructurales neoliberales y aún peor en el sexenio de López Obrador. Pues como sabemos, AMLO ha sacado adelante, cueste lo que cueste, los Megaproyectos del Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Proyecto Integral Morelos, destruyendo irreversiblemente reservas de la biósfera, despojando bienes comunales y ejidos a su paso, reordenando los territorios de nuestros pueblos a la lógica de los grandes capitales, criminalizando o eliminando a todos los que se oponen a estos planes.

Prueba de ello es que sólo en este mes de febrero, se sostuvieran las órdenes de aprensión contra 17 habitantes de la localidad de Puerto Madera, Oaxaca y se condenó a 46 años de prisión, una multa y pago millonarios al defensor oaxaqueño David Hernández Salazar por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal. Exigimos que se revoque esta absurda sentencia y que se desistan de la causa penal 446/2022 para devolver la tranquilidad a los compañeros que tienen órdenes de aprensión, cuyo único delito ha sido defender sus tierras para que no sean despojados por el Parque Industrial y el Megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que en total lleva ya 52 hermanos indígenas ayuuk y binniza imputados penalmente.

Es el colmo que, además de rasurar la Ley Cocopa, el gobierno de López Obrador, quitando toda mención al derecho de los pueblos indígenas a propiedad, la gestión y cuidado de sus tierras colectivas y territorios, además quiere que le agradezcamos que le entregue en charola de plata a las empresas que quieren despojar y contaminar nuestro territorio, el financiamiento y la organización de las consultas necesarias para obtener el consentimiento de los pueblos en la entrega de sus recursos. De la misma manera como hace años organizó un “ritual para pedirle permiso a la Madre Tierra” para ultrajarla adecuadamente en la construcción del Tren Maya. Exigimos que, si se aprueban estas reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, por lo menos se garantice el derecho a una verdadera consulta a los pueblos, de acuerdo a lo que estipula la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y no de la forma mañosa como se han organizado este tipo de consultas para el consentimiento del despojo a los indígenas y campesinos que hemos visto en este sexenio.

Pedimos especialmente por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que han sido víctimas nuevamente del hostigamiento y el desprecio del gobierno federal, que, como hizo con nosotros, intenta dividirlos, teniendo ahora como interlocutores a un pequeño grupo de cuatro familiares, que fueron convencidos para favorecer los intereses de la familia Abarca y la banda delictiva Guerreros Unidos, si quieren dar con el paradero de sus hijos. Le pedimos al Dios de la vida que siga sosteniendo su digna lucha por encontrar a sus hijos y encontrar y castigar a los verdaderos responsables de su desaparición, caiga quien caiga.

Y con las fuerzas que nos quedan, nutridas de la gracia que nos regalan nuestros Mártires, para resistir en estos tiempos de tribulación, seguiremos denunciando todos los esfuerzos que sigue haciendo el mal gobierno para dividir a las organizaciones en resistencia contra la injusticia, la mentira y la impunidad y pidiendo a nuestro Dios Creador, Formador, Padre-Madre que nos fortalezca en nuestra lucha por la verdadera justicia y la construcción de nuestra autonomía y el ejercicio de nuestra libre determinación como pueblo tsotsil, desde nuestra forma de vida y de lucha que es la No-violencia.

Por eso les pedimos a quienes nos han apoyado y acompañado de distintas maneras durante todos estos años a seguir exigiendo con nosotras Las Abejas de Acteal que se publique ya el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como vía para iniciar la rectificación del río de impunidad en el que tenemos tantos años teniendo que navegar. Que la CIDH se desista ya de las posibles dudas que tiene o que el Estado mexicano le ha sembrado por sus falsos argumentos y acciones falsas y engañosas.

¡Alto a la violencia! ¡Cese al fuego entre grupos criminales rivales en nuestros pueblos!

¡Justicia para nuestro hermano Samir Flores Soberanes de Amilcingo, Morelos y todos los ejecutados y desaparecidos por defender la tierra y la paz!

¡Alto a los ataques armados contra el pueblo organizado y la sociedad civil!

¡No más desplazamientos forzados, justicia para todas las familias desplazadas de Chiapas!

¡Alto a la criminalización de los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y la Vida!

¡Garantía constitucional a una verdadera consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos en cualquier asunto que los afecte!

¡Alto a la guerra contra el pueblo Palestino!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, que evite futuras masacres en Chiapas, México y el mundo!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

 

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

 

Por la Mesa Directiva:

 

 

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Victorio Pérez Paciencia Oscar Hernández Gómez
Presidente Secretario
   
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Alfredo Jiménez Pérez Juan Pérez Sántiz
Sub-Presidente Tesorero





 

 

radio
Avispa Midia

Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro

Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.

Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.

Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.

A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.

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En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.

El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.

Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.

Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjunto albergan una población de más de 400 mil habitantes.

Macrocriminalidad

Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.

Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).

Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.

“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.

Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.

Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.

El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.

Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.

Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.

A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.

En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.

Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.

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La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.

“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.

Militarizacion, otro frente contra la población

Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.

Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.

Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.

El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.

Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades

Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.

Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.

Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento del estado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.

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Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.

Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.

Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.

Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.

Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.

Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.

Alertas, ignoradas

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.

Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.

Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.

“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.

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“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.

Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.

Puedes consultar y descargar el informe completo aquí

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Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala

Comunicado FPDTA-MPT A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran pero no se tocan

20 de febrero de 2024

Comunicado FPDTA-MPT
A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran pero no se tocan

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A la Europa Insumisa
A los firmantes de la Declaración por la vida
A los pueblos, organizaciones, colectivos, organismos civiles de derechos humanos y personas rebeldes de México y el mundo
Al pueblo en general
Al mal gobierno

Cinco años se han cumplido del artero asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes sin que exista verdad y justicia de los motivos de su asesinato y castigo a los responsables por parte de las instituciones obligadas a procurar justicia.
Tomando piezas de un rompecabezas para mostrar una imagen, acompañamos este comunicado con un pequeño mapa de actores y mensajes que han salido a la luz pública en torno al asesinato de Samir Flores Soberanes. Este cuadro cada quien lo puede leer a su entender, lo presentamos para que lo vean y nos digan que ven; y es que, aunque está ahí la imagen, las conexiones, los motivos, los contextos, los mensajes, para algunos las piezas del rompecabezas muestran relaciones evidentes, pero para otros (como la Fiscalía), ni siquiera las ven.
En el mapa se señalan 4 colores que son las líneas de investigación principales que el Fiscal de Morelos planteó sobre el asesinato de Samir en 2019. En rojo, se encuentra la línea de investigación del crimen organizado, que lo mató el Comando Tlahuica por “puto chismoso”, lo que decía la cartulina del fiscal (“que se perdió”); otra línea de investigación es azul y es la que podría ser por un juicio laboral que Samir ganó junto con otros extrabajadores del Ayuntamiento de Temoac que fueron despedidos injustamente hace 20 años aproximadamente, lo que generó una deuda importante para el municipio, poniendo como principal sospechoso al Presidente de Temoac Valentín N; la tercera línea de investigación en morado está relacionada al conflicto sobre un predio destinado para escuela primaria que es del ejido de Amilcingo, en el predio se llevaron a cabo construcciones, sin consentimiento del ejido, por parte de la CFE como parte de las obras sociales impuestas a Amilcingo por la instalación del Gasoducto Morelos, en dicho conflicto resalta Humberto N, el principal líder del grupo de choque contra la resistencia que Samir impulsaba en su comunidad contra el Gasoducto. Y como cuarta y quinta línea de investigación que tenía la Fiscalía, era por motivos de la labor de Samir como comunicador indígena y opositor al Proyecto Integral Morelos, esa como ustedes pueden ver esta en línea amarilla y podría continuar de manera cíclica por casi todo el mapa, pero no es así, porque la Fiscalía no ve nada de eso, y no ha caminado nada de lo que ahí se ve.
Pareciera que las líneas de investigación sobre el crimen organizado, demanda laboral y conflicto de la escuela primaria fueron las más trabajadas por la Fiscalía de Morelos e incluso hay un detenido, Javier “N”. Pero en la teoría del caso de la Fiscalía de Morelos, las 4 personas que probablemente son responsables de la ejecución material de Samir no forman parte del Comando Tlahuica; incluso, dos son de un grupo criminal y el detenido es de otro grupo diferente. La Fiscalía de Morelos presentó a estas cuatro personas, pero sin decir los motivos porque asesinaron a Samir, los cuales entonces, están propensos a relacionarse a cualquier línea de investigación.
La línea de investigación del asesinato de Samir por su oposición al PIM y su labor de comunicador no fue explorada por 4 años y medio por la Fiscalía de Morelos. En agosto de 2023, la presión de los pueblos concretó la atracción del caso hacia la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), parte de la Procuraduria General de la República. Eso implica que se perseguirá la línea de investigación ignorada por la Fiscalía de Morelos, la participación de Samir en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y su labor como comunicador indígena. Nosotrxs añadiríamos: en el contexto de una consulta ilegal impuesta por el Presidente de la República en donde la opinión pública de la región era importante y Samir era clave en la información y opinión pública que la gente pudiera tener al momento de emitir su voto sobre el megaproyecto e incluso organizarse.
Hay un hilo muy grande, claro y lleno de aristas en torno al Proyecto Integral Morelos y el asesinato de Samir, ustedes pinten a discreción el mapa como les parezca y unan las líneas de los colores que consideren y dígannos: ¿Quién mandó matar a Samir? ¿Por qué no avanzan las investigaciones?
Seis meses lleva el caso de Samir con la FEADLE y no se ha celebrado a la fecha audiencia para continuar con las investigaciones y el proceso. Así que, ante tanto silencio de la autoridad, ponemos a disposición pública de la FEADLE este mapa de actores y mensajes que se encuentran en torno al asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, para que agilice sus investigaciones y teja los hilos que tenga que tejer.
De cualquier forma en este mapa ustedes podrán ver claramente que el crimen organizado y la imposición de un megaproyecto como el Proyecto Integral Morelos, están directamente relacionados, así como también sucede en el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, la minería a cielo abierto, la disputa del territorio en Santa María Ostula y cientos de lugares más en nuestro país.
En algunos lugares ocupan grupos delictivos, en otros grupos de choque, en otros casos criminalización, intimidación, difamación, militarización, todo esto ha sucedido desde 2012 a la fecha en la lucha contra el PIM y sus proyectos conexos.
Es por ello que a 5 años del asesinato de Samir, denunciamos lo que el poder judicial no ha querido ver, ni investigar y exigimos haga su trabajo, porque aunque no creemos más en este sistema de gobierno capitalista, exigimos y seguiremos exigiendo castigo a los responsables del asesinato de Samir, porque mientras estén en el poder o no, deben responder por lo que hicieron, sabemos que no van a querer responder, pero por eso debemos obligarlos a responder de manera civil y pacífica y una herramienta es la denuncia. Denunciar lo que es evidente y el gobierno no quiere ver, denunciar las innumerables violaciones a los derechos humanos causadas por el PIM. Exigir alto a la impunidad.
Por lo que, ANUNCIAMOS que, en la búsqueda y construcción de la justicia, a 5 años del asesinato de Samir, en próximas fechas estaremos presentando un informe de violaciones a los derechos humanos que ha causado el PIM, para el que pedimos su difusión, cobertura y apoyo.
Seguiremos luchando en la construcción y reconstrucción de la autonomía de nuestros pueblos frente a la defensa de la vida que tenemos que realizar en nuestros territorios ante innumerables problemas causados por el capitalismo depredador.

… aquí estamos Samir y aquí seguiremos.

T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi
Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala

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