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Se cae el teatro montado por Uriel Carmona sobre el asesinato de Samir: Juez federal reconoce las inconsistencias en la carpeta de investigación sobre el asesinato
A CASI 4 AÑOS DEL INICIO DE ESTE JUICIO, DA ABSOLUCIÓN AL ÚNICO DETENIDO COMO PRESUNTO CULPABLE DEL ASESINATO DE SAMIR FLORES
El día de ayer 13 de marzo del 2026, el juez federal emitió sentencia sobre el único detenido como presunto culpable del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Por un lado, el juez reconoció que quedó demostrado en el presente juicio, que existió un móvil para asesinar a SAMIR: su activismo social ante el Proyecto Integral Morelos y por sus denuncias como comunicador comunitario.
Por otro lado, el juez federal dió la absolución a Javier “N” al calificar de deficientes e inverosímiles las entrevistas de los principales testigos de la teoría del caso, al concluir que la forma en que la Fiscalía de Morelos (que en ese entonces estaba encabezada por Uriel Carmona) incorporó estos testimonios en la carpeta de investigación denotando muchas inconsistencias y que “pareciera que la Fiscalía buscaba ocultar algo más grande”.
Se lo venimos diciendo a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libre Expresión (FEADLE) desde hace 3 años, cuando supimos que continuaría con el mismo guión de Carmona. La investigación sobre el asesinato de Samir era un montaje mal hecho de la Fiscalía de Morelos para distraer y encubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes y a pesar de ello, insistió en continuar con esta acusación, en vez de evidenciar las anomalías en la integración de la carpeta y enfocar sus esfuerzos a desarrollar su propia investigación.
Y a pesar de ello, citó a declarar a la familia de Samir y a compañeras y compañeros de lucha, someterlos a un proceso desgastante por casi 4 años, los testimonios por más cuidado que quiso poner la FEADLE, fueron revictimizantes, dolorosos e innecesarios. Solo fueron utilizados para tener más elementos alrededor que presentar y querer tapar o suplantar las deficiencias de la acusación y la construcción de verdad de Uriel Carmona.
Al continuar con el guión construido por la Fiscalía de Morelos se le cayó la teoría del caso a la FEADLE, la cual era una imagen clara de a quién perseguir, pero imposible de reproducir en el juicio y de ser creíble los testimonios ocurridos.
Con respecto a los pueblos y a los que buscamos justicia para Samir, le demostramos a la federación que teníamos razón, Uriel Carmona construyó una carpeta de investigación a modo en el caso de Samir y, alrededor de esa construcción hay una serie de posibles delitos que se cometieron, como lo son la construcción de testimonios y testigos, la desaparición forzada de testigos, el asesinato de testigos, posibles declaraciones bajo tortura, golpes o tratos crueles e inhumanos, declaración de hechos falsos ante el juez, ocultamiento y desaparición de carpetas de investigación, entre otros. Pues a pesar de que los testigos antes de su asesinato y desaparición manifestaron temer por sus vidas, la Fiscalía de Morelos no dió protección a los testigos.
La FEADLE tendrá que ser humilde y aceptar que se equivocó en concentrar todos sus esfuerzos en un caso que perdió desde el inicio, porque no tenía consistencia la investigación de Uriel Carmona, pero tampoco empieza desde cero. Si realmente está interesada en dar con los culpables del asesinato de Samir, tiene que investigar y llamar a declarar a Lopez Obrador, Uriel Carmona, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores, Valentín Lavin, Angelina N y Humberto Sandoval, y ahora, también a los policías ministeriales que pudieron incurrir en delitos cometidos como funcionarios públicos en la procuración de justicia al rendir declaraciones falsas en el juicio sobre los principales testigos que dan cuenta quienes mataron a Samir, pues hay que preguntarles por que declararon con falsedad, antes de que huyan o los maten, que no se le desea a nadie, pero es desgraciadamente el patrón que ha llevado la investigación de quién asesino a Samir.
Además se debe investigar toda la cadena de mando en la Fiscalía de Morelos, desde el ministerio publico hasta el ex Fiscal Uriel Carmona. Con lo desahogado y demostrado en el juicio (mala actuación y posible encubrimiento de la fiscalía de Morelos) preguntamos: ¿Por qué le interesaba encubrir el asesinato de Samir o construir testimonios sobre el asesinato de Samir? ¿A quién quería proteger Uriel Carmona? Quienes verdaderamente saben quién mandó matar a Samir son los de arriba. Por eso se cubren entre ellos mismos, se enrollan como serpientes y se esconden para ocultar las cabezas de los culpables, se niegan a citarlos a declarar, se niegan a investigarlos, se niegan a mirar lo que esta frente a sus ojos, lo que es evidente. Nos preguntamos ¿la FEADLE continuará con esta metodología novelesca de inventarse nuevos personajes, testimonios y guiones absurdos? O realmente ¿hará una investigación seria, comprometida y ética para dar con los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero?
Con la resolución del juicio se caen los principales elementos de la investigación sobre los autores materiales del asesinato de Samir, pero se abre una nueva línea de investigación: ¿por qué la Fiscalía de Morelos fabricó pruebas en el asesinato de Samir? Pues quien distrae y fabrica pruebas tiene un interés y participación en el asunto.
Una vez más, insistimos en que se cite a declarar e investigue a Lopez Obrador, Uriel Carmona, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores, Valentín Lavin (presidente municipal de Temoac) Angelina N y Humberto Sandoval. En la investigación del asesinato de Samir se deben de usar los entornos, las referencias, los señalamientos directos e indirectos en un contexto de hostigamiento contra una persona defensora de derechos humanos, se debe de entender la complejidad contextual y material que se observa para llegar a la verdad de los hechos que acontecieron el 20 de febrero de 2019, entre las 5 y 6 de la mañana en la comunidad de Amilcingo, en la puerta de su casa, donde fue asesinado el locutor de la Radio Comunitaria Amiltzinko, luchador social y líder en su comunidad e integrante del FPDTA-MPT, Samir Flores Soberanes, quien pago con su propia vida el defender sus ideales y los derechos de su pueblo, 3 días antes de la consulta nacional sobre el destino del Proyecto Integral Morelos.
¡Basta de simulación!
T’neki tlalle una atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero.
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA


Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
27 de febrero de 2026
Boletín No. 02
Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
- Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
- Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad.
A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.
El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.
La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.
El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.
Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.
A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.
Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.
Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.
El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.
Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos.
Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.
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