San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 11 de Julio de 2024
Boletín No. 16
El Estado mexicano mantiene como rehén a Base de Apoyo del EZLN
Con dilación judicial culmina el desahogo de pruebas en juicio de José Díaz.
Advertimos una investigación deficiente y sucia para criminalizar al Base de Apoyo y a cuatro más de sus compañeros zapatistas.
Finalizó el proceso de desahogo de pruebas después de 1 mes y 4 días, en contra de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). La apertura a Juicio inició el 4 de junio para culminar el 8 de Julio del presente año, fijándose el próximo 6 de agosto a las 17:00 horas para llevarse a cabo la audiencia de alegatos de clausura, que da pie para el pronunciamiento de la sentencia. En este contexto, José Díaz permanecerá 1 año y 9 meses como rehén del Estado mexicano y sujeto a criminalización por un delito que no cuenta con sustento probatorio para condenarlo.
Durante el desahogo de 4 pruebas, el Fiscal del Ministerio Público del Distrito Selva pretendió vincular la participación del delito de robo ejecutado con violencia en contra del BAEZLN. Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público no cumplió con los requerimientos de ser objetiva, ni logró acreditar la teoría del caso, además existió deficiencia e insuficiencia probatoria.
Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Desde contradicciones en el modo, lugar y tiempo del supuesto delito, hasta la falta de pruebas sustanciales como la acreditación de la preexistencia del delito y la experiencia del perito contable, cada detalle revela una investigación deficiente con injusticia en el proceso judicial.
La posibilidad de que José Díaz y otros cuatro BAEZLN con órdenes de aprehensión sean sentenciados injustamente es alarmante, dado el cúmulo de irregularidades y falta de fundamentos sólidos en su contra.
El juez al emitir su sentencia además de considerar el estándar del delito de robo, deberá tomar en cuenta que se trata de una criminalización por motivos políticos en medio de un patrón de fabricación de culpables en contra de personas defensoras indígenas, además de considerar el contexto en el que se lleva a cabo el supuesto robo, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean este caso y que demuestran que la fiscalía no realizó una investigación legal, científica y objetiva.
Así también, el Juez debe dictar sentencia absolutoria atendiendo a los numerales 20 inciso A fracción I de la Constitución, que ordena proteger al inocente, 20 inciso B fracción I que establece el principio de presunción de inocencia, relacionado con el numeral 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de duda razonable establecido en los numerales 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios pro persona e indubio pro reo.
Por lo anterior exigimos al gobierno Estatal y Federal, y en particular al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de José Díaz Gómez con una sentencia absolutoria.
Agradecemos e insistimos en el llamado a todas las personas, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, a continuar solidarizándose y seguir exigiendo la libertad inmediata de José Díaz Gómez y que cancele las órdenes de aprehensión en contra de las 4 BAEZLN. Así como estar pendientes de las acciones en el marco del dictamen de sentencia la semana del 29 de julio al 6 de agosto.
Durante dos años, Promedios de Comunicación Comunitaria y Habitar La Escucha trabajaron en un nuevo proyecto de producción radiofónica llamado El Fogón de las Palabras. Laboratorio de historias comunitarias, que contará con un podcast mensual. Este nuevo proyecto se presentó este pasado 6 de julio de 2024 en el espacio Sendas, en San Cristóbal de Las Casas. Allí se compartió el primer podcast, con historias creadas y narradas por distintas comunidades de Chiapas y Guatemala, y contó con la participación de compañeras y compañeros de estas organizaciones y colectivos, quienes compartieron su palabra.
Animales que protegen la tierra; el agua como fuente de vida y cuidadora de la comunidad; un meteorito, la luna y las personas que trabajan y defienden su territorio; son algunos de los personajes en los relatos creados en el Laboratorio de Historias Comunitarias que nos narran la vida y trabajo, las luchas y esperanzas de los y las integrantes del “Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García” del municipio de Chicomuselo, Chiapas
El fogón de las palabras es un proyecto interdisciplinario que busca abrir espacios de encuentro y escuchaa través de la comunicación popular y el arte comunitario, donde las personas puedan crear y narrar sus propias historias, basadas en sus experiencias cotidianas y el contexto de resistencia en el que viven, así como en los relatos, mitos y leyendas que les conforman como comunidad.
Se busca que los grupos participantes puedan generar otros contenidos -desde sus propias voces y su visión del mundo- para difundir su labor, defender su lucha, denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos y construir alternativas de vida desde la esperanza. El anhelo es ser un megáfono de estas historias, fortalecer los vínculos entre los colectivos y organizaciones participantes y alimentar la red de difusión de radios comunitarias y medios libres a nivel regional, nacional e internacional.
Palabra pública por la liberación inmediata e incondicional de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del EZLN, Defensor del Territorio de Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas
06 de Julio de 2024
Demandamos que el juzgado de Catazajá Chiapas cumpla con su deber de impartir justicia verdadera a nuestro hermano José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), Defensor de la vida y el Territorio, originario de Ranchería el Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas acusado injustamente, que desde el 25 de noviembre de 2022 fue secuestrado y rehén por el gobierno del Estado de Chiapas, donde le fabricaron un delito de robo ejecutado con violencia, estrategia del Gobierno para encarcelar a los más indefensos.
En el marco de la apertura del juicio oral que dio inicio el 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, solo han llevado a la larga su proceso penal, estamos sabedores que el 8 de julio de 2024, se dará continuidad a su proceso, para posteriormente dictarse una sentencia, nos preocupa que el Juez vaya a dictar una sentencia de condena a nuestro compañero sin prueba alguna que justifique su encarcelamiento y criminalización. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José Díaz, al tratarse de un delito fabricado.
Repudiamos la actitud de las autoridades por el maltrato a nuestro hermano José Díaz Gómez al ser víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, víctima de tortura, desaparecido e incomunicado por la policía especializada de la fiscalía del Distrito Selva, estratégicamente le hicieron firmar y poner su huella en varios papeles en blanco y no le facilitaron un traductor de su lengua materna Ch´ol , ni por un abogado, lo que es una grave violación a sus derechos humanos.
Nos unimos a la voz de todos aquellos que claman justicia desde las cárceles:
EXIGIMOS:
• La liberación inmediata e incondicional de nuestro hermano Defensor de la vida y el Territorio José Díaz Gómez BAEZLN y de otros cuatro hermanos de Base de Apoyo Zapatista, que tenemos conocimiento que cuentan con órdenes de aprehensión. • Respeto a nuestros derechos humanos indígenas. • Respeto a nuestras autonomías comunitarias. • Basta de los trabajos sucios e ineptos de los jueces y la fiscalía del Estado. • Basta de la corrupción de las autoridades que ponen en riesgo la vida de los más indefensos. • Basta del encarcelamiento y criminalización injustificado de los más indefensos.
ATENTAMENTE CONCEJO DEL GOBIERNO COMUNITARIO Chilón, Chiapas.
El falso rostro de la justicia. A tres años del asesinato del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López
El día de hoy se cumplen tres años de que le arrebataron la vida al defensor de derechos humanos, maya tsotsil, Simón Pedro Pérez López en el mercado municipal de Simojovel, Chiapas. El 31 de marzo pasado se cumplió un año de que fue condenado el autor material del hecho; esta sentencia es insuficiente para garantizar la verdad y reparación integral, sin embargo, el Estado cierra los caminos para una justicia cabal.
Pese a que la familia de Simón, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y acompañantes exigimos que se investigara su asesinato como represalia por su labor de defensa de los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas fue omisa al respecto y sólo se dedicó a probar la responsabilidad del autor material. Con ello la verdad se alejó, pues no se investigó el móvil ni a los autores intelectuales.
Días después del asesinato de Simón Pedro, en esta comunidad de Nuevo Israelita, se encontraron artefactos y detonadores que pusieron en peligro a todas las personas del lugar. Para su desactivación tuvieron que acudir elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional a casas de habitantes vinculados con la Delincuencia Organizada; la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República sin que a la fecha se conozca algún avance.
Simón Pedro fue un servidor comunitario en distintas esferas, catequista, luchador social y defensor de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Es así como lo recordamos, como un constructor de vida.
Sostenemos que la causa de su asesinato fue por su trabajo por la paz y su compromiso con la no violencia, espíritu que caracteriza a la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a la cual pertenecía, así como por la labor de denuncia de las injusticias y de las violaciones a derechos humanos que vivían y siguen viviendo las comunidades.
Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos agravian no sólo a sus familias, también transgreden a sus comunidades y a la sociedad en general. Las agresiones y la impunidad incitan a nuevas agresiones y envían un mensaje intimidatorio a quienes luchan por una vida digna.
Animamos a las familias, comunidades y pueblos a que se sigan organizando para defender sus derechos colectivos, sus tierras y territorios, así como a denunciar las violaciones a derechos humanos que actualmente sufren los pueblos y comunidades quienes se encuentran en medio de un contexto de violencia aguda y control territorial por parte de grupos criminales.
Exigimos al Estado mexicano que reconozca que Simón Pedro fue asesinado por su labor como persona defensora de los derechos humanos y que la Fiscalía de Justicia indígena abra nuevas líneas de investigación para dar con los autores intelectuales. Que la impunidad no se convierta en una forma de tolerancia que alimente la violencia.
ANTE LA REPRESIÓN Y CRIMENES DEL ESTADO, LA SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS
Al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos que luchan y resisten
A los medios de comunicación
A solamente 19 días de la Farsa electoral, en la que se hace oficial la imposición de Claudia Sheinbaum como responsable de continuar el proyecto de muerte llamado cuarta transformación, y para hacer alarde de su caracter violento, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con represión, sangre y secuestro estatal a pueblos que defienden su territorio y ejercen sus derechos a la autodeterminación, a la protesta, la libertad de expresión y a un medio ambiente sano. El satíricamente llamado «segundo piso» de la cuarta transformación se inaugura con violencia sangrienta. Es la cruenta guerra por el agua y contra los pueblos, es la defensa del gran capital con el uso de toda la fuerza militar, policiaca y paramilitar. Es la guerra contra la vida.
Con rabia e indignación, los pueblos, organizaciones, colectivos e individu@s que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida denunciamos públicamente el recrudecimiento de la violencia de Estado contra los pueblos y todos aquellos que defienden los derechos al agua, a la tierra, al trabajo, a la vida.
-Corte de luz e intimidación a la Comunidad Otomí
Alrededor de las 12:00 hrs del 20 de junio del presente año, la Comisión Federal de Electricidad realizó, una vez más, el corte de energía eléctrica a la Casa de los pueblos donde habitan bebés, niños, jóvenes con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres, con lo cual se suspende también la disponibilidad de agua y drenaje afectando directamente la salud y bienestar de las familias que integran la Comunidad Otomí Residente en la CDMX originarios de Santiago Mexquititlan.
Al rededor de las 18:45 hrs aumenta la presencia policiaca en las inmediaciones de la Casa de los pueblos anunciando una posible represión. Hasta el momento de la publicación del presente comunicado no se ha restablecido la energía eléctrica.
Ante la imposibilidad de resolver las demandas de la Comunidad en mesas de diálogo, la salida que el gobierno plantea para «resolver» el conflicto es la violencia que culminaría en el desalojo de la comunidad otomí de la Casa de los Pueblos, aunado a la criminalización en contra de los miembros de la comunidad y del compañero Diego García de UPREZ Benito Juárez.
-Amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a compañeros
Tras el anuncio de la orden por parte de un juez federal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de la recolocación de los sellos de clausura en el basurero de San Pedro Cholula por incumplimiento de las normas de funcionamiento, el secretario de gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, declaró que existe un litigio por parte de la empresa Profaj Hidro Limpieza para que se ejecute un desalojo del plantón contra el basurero usando la fuerza represiva del Estado. Esto aunado a las reiteradas declaraciones del mismo en torno a cuatro órdenes de aprehensión en contra de pobladores que luchan contra el basurero. Por otra parte, Juan Carlos Valerio, pseudoperiodista de IMAGEN TV, servil a los intereses del gobierno y el capital, promueve en televisión la represión a los pueblos cholultecas señalando que son solo un grupo reducido de personas y que el basurero no contamina. Denunciamos también los ataques cibernéticos dirigidos a los medios comunitarios de los pueblos cholultecas lo cual violenta su derecho a la libertad de expresión.
-Represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental
El 20 de junio policía de Veracruz reprimió con uso de armas de fuego al Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental de Puebla y Veracruz, para desalojar el plantón que instaló este miércoles frente a Granjas Carroll. La exigencia de los campesinos es que se deje de acaparar y contaminar el agua lo cual ha traído graves afectaciones al campo.
Los elementos de la policía dispararon contra los compañeros, provocando la muerte de dos de ellos. A otros los golpearon brutalmente y posteriormente cercaron al pueblo de Totalco persiguiendo a los habitantes con la finalidad de detenerlos y reprimirlos. Esta agresión por parte de la policía se dio después de haberse comunicado con Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, funcionario del gobierno federal, y con Rafael Mendoza, delegado federal en Veracruz con quienes se buscó un acuerdo para el diálogo, el cual no se llevó a cabo.
Esta región también es afectada por las empresas Driscoll y Audi que bombardean las nubes para evitar la lluvia.
-Agresiones a chinamper@s de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco
El día 19 de junio, Columba Jazmín López Gutiérrez (exdirectora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural) y Juan Abel Vera Martínez(Coordinador del Centro de Innovación e integración Comunitaria No. 4) agredieron física y verbalmente a Frida Rocha y Sócrates Galicia, representante del paraje de San Sebastián Tlacoapa. Ambos documentaban junto a otros compañer@s, a través de sus dispositivos móviles, el recorrido exigido a CORENADR y SACMEX por la zona chinampera, con el objetivo de denunciar la falta de agua en los canales. Asimismo, Abel Vera mandó a traer a sus empleados que laboran como Técnicos, jefes de cuadrillas y cuadrillas de trabajo para intimidar a los asistentes al recorrido, bajo la consigna de que habrían golpes. Por su parte, Columba López buscó censurar la transmisión en vivo de medios libres como Resistencia Chinampera, atropellando el derecho constitucional a grabar y documentar (arts. 6 y 7), y utilizando a sus empleados para hostigar, hacer comentarios pasivo-agresivos, y tomar fotos de los rostros de los compañer@s. Estos actos forman parte de una serie de agresiones continuas en contra de representaciones y autoridades tradicionales del pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, a quienes el estado menosprecia y busca no reconocer como interlocutores legítimos.
-Encarcelamiento de María Cruz Paz.
El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida. Fue detenida arbitrariamente sin explicación alguna. Su detención está relacionada estrechamente a su actividad comprometida con la defensa del territorio, el bosque y la cultura p’urhépecha.
-Violencia en el Ejido Tila
El 4 de junio, el grupo delicuencial «Karma» agredieron a la población con armas de alto calibre provocando terror y desplazamiento forzado en el Ejido Tila, dicho grupo, apoyado por el Ayuntamiento Municipal es responsable del asesinato de Carmen López Lugo el 12 de enero del presente año y de Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, dicho crimen continúa en la impunidad mientras en el Ejido Tila se mantiene una tensión y amenaza constante por el grupo armado. Este grupo paramilitar tiene el objetivo claro de acabar con la autonomía que durante años han construido en este territorio Ch’ol.
-Aplazamiento de la audiencia de José Díaz: El juez no garantizó el derecho a un intérprete,de la lengua materna de José, para poder realizar la audiencia programada el pasado 19 de junio,por lo cual se pospuso, negando una vez más el derecho a un debido proceso y a la defensa adecuada. Lo mismo sucedió en noviembre del 2022, cuando José fue detenido arbitrariamente y no fue asistido por un interprete en lengua ch´ol, ni un abogado,peor aún,la fiscalía le obligó a poner su huella y firmar varios papeles en blanco. No sólo se trata de discriminación y racismo por ser de un pueblo originario,José Díaz es rehén de estado por su adherencia zapatista,ha sido torturado,desaparecido e incomunicado por la policía y ahora se encuentra secuestrado en condiciones carcelarias de tortura, (hacinamiento e insalubridad) bajo la medida de «prisión preventiva oficiosa», con faltas al debido proceso y múltiples violaciones a derechos humanos.
Ante la guerra los pueblos respondemos con rebeldía, solidaridad y organización.
EXIGIMOS
Reconexión de energía eléctrica (luz), alto a la intimidación a la Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México y cumplimiento cabal de sus demandas de vivienda digna.
Cierre definitivo del basurero tóxico de San Pedro Cholula y alto a las amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a la Unión de pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero.
Alto a la represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental, justicia y castigo a los culpables, cese al fuego del estado en contra de la comunidad que defiende su agua.
Alto a las agresiones, actitudes racistas y clasistas contra chinamper@s en Xochimilco
Alto a la violencia paramilitar en el Ejido Tila.
Alto a la censura de los medios libres y comunitarios.
Libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz, del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
Libertad inmediata e incondicional a José Díaz Gómez Base de apoyo Zapatista
Hacemos un llamado a las organizaciones, colectivos e individ@s solidarios a sumarse a las exigencias de Alto a la guerra contra los pueblos a través de acciones y presencia en los espacios en riesgo.
Donde los de arriba destruyen los de abajo reconstruimos.
PALABRA PÚBLICA POR LA LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL
DE JOSÉ DÍAZ GÓMEZ
19 de junio 2024
Demandamos que el juzgado cumpla con su deber de impartir justicia verdadera, a José Díaz Gómez Base de Apoyo del EZLN, del pueblo originario Ch’ol, campesino de 45 años, rehén del Gobierno del estado de Chiapas, está secuestrado desde el 25 de noviembre de 2022, en el CERSS No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia.
En el marco de la apertura de juicio oral que dio inicio este 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, investigación deficiente y pruebas sin el mínimo rigor científico. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José, al tratarse de un delito fabricado. Este miércoles 19 de junio se llevará a cabo su tercera sesión de audiencia de apertura de juicio oral a las 2:00 pm, estaremos atentos y realizaremos acciones en caso de no ser absolutoria la sentencia.
Denunciamos que José Díaz ha sido víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva, en la fiscalía le obligaron a poner su huella, firmar varios papeles en blanco y no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado. Los jueces y fiscales han alargado el proceso y la prisión preventiva oficiosa, al negarle tres veces medidas cautelares, en consecuencia, ha estado viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sólo duerme 3 horas y comparte celda con 18 personas en un espacio de tres por tres metros, es decir vive en condiciones de TORTURA, provocándole enfermedad y daños psicosociales a él, a su familia y a la comunidad en resistencia de la que es parte.
Repudiamos todas estas violaciones los derechos humanos en contra de José, lo cual evidencia el patrón característico de la fabricación de culpables para criminalizar a defensores de la tierra y el territorio, a grupos y comunidades que resisten con dignidad a la destrucción de sus formas propias de vida como pueblos originarios.
El derecho a la libre determinación, aunque reconocido constitucional e internacionalmente, es constantemente violado y pisoteadas las libertades de los pueblos por parte del mal gobierno y sus instituciones, apoyándose en la impunidad y el racismo característico del sistema de impartición de (in) justicia mexicano. José ha sido criminalizado por su adherencia zapatista como parte de la estrategia de Guerra Integral de desgaste emprendida por los diferentes gobiernos incluido el actual, que se autonombra de la Cuarta Transformación. Sin embargo, las personas que nos indignamos frente a la injusticia y el despojo, porque nuestro corazón late abajo y a la izquierda, seguiremos luchando hasta ganar la libertad de nuestro compañero José Díaz y la libertad de nuestras comunidades.
Por todo esto, exigimos:
La cancelación de las cuatro órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro Bases de Apoyo del EZLN por el mismo delito fabricado en contra de José Díaz
El cese de la criminalización a los miembros del Congreso Nacional Indígena.
La libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz Zamora presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio.
Libertad a los cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc Chipas; Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.
Alto al hostigamiento en contra de: la comunidad Otomí residente en CDMX, del compañero Diego García Bautista y la Unión de Pueblos y fraccionamiento contra el basurero y en defensa del agua en Puebla.
¡Libertad inmediata e incondicional para José Díaz Gómez base de apoyo zapatista!
¡Alto a la Guerra contra las comunidades Zapatistas!
¡Alto a la Guerra contra los pueblos!
¡Viva la autonomía!
A T E N T A M E N T E
Jornadas contra la Criminalización y por la libertad
En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.
En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.
Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.
Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas.
Despojo
Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila.
El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.
En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.
Fotos: Agencia Subversiones
La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.
Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.
En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.
Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.
Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.
La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.
Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.
En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.
Paramilitares y crimen
Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario.
Pobladores del ejido Tila durante el primer aniversario de la expulsión del ayuntamiento y el ejercicio de la autonomía indígena. Foto: Agencia Subversiones.
En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.
Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994.
Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.
En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.
La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.
Autoridades ejidales durante el segundo aniversario de la expulsión del ayuntamiento. Foto: Agencia Subversiones.
Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.
“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.
Violencia en incremento, omisión de autoridades
Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.
El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.
Jóvenes indígenas, integrantes de la Guardia Ejidal de Tila durante el segundo aniversario de la expulsión del ayuntamiento. Foto: Regina López.
Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido.
Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.
A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.
Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.
Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.
Desplazamiento
Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.
Asamblea de familias desplazadas realizada en Yajalón. Foto: Orsetta Bellani.
De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.
Ante el terror desatado en Tila los últimos días, los medios de comunicación se han enfocado en culpar a un presunto grupo delincuencial que denominan “los autónomos”, sorprendentemente, sin ofrecer ningún contexto histórico ni mencionar la creciente violencia que se ha vivido en Tila los últimos años. En esas coberturas, no se hace ninguna mención de la larga lucha de los ejidatarios para recuperar las 130 hectáreas ocupadas ilegalmente por el ayuntamiento; la ya largamente denunciada complicidad de dicho ayuntamiento con el grupo del crimen organizado “Karma” y el vínculo del mismo con el brutal grupo paramilitar “Paz y Justicia”, que en la década de 1990 causó tanta muerte; las múltiples agresiones por parte de dicho grupo en tiempos recientes, que culminaron con el asesinato de dos ex autoridades del ejido, Carmen López Lugo y Domingo Lugo Ramírez, miembros del Congreso Nacional Indígena, en enero y marzo de este año.
Dichas coberturas abonan a la destrucción de la autonomía, tan cuidadosamente construida, y el retorno ilegal del ayuntamiento, vinculado tanto al paramilitarismo de los 1990 como a su versión contemporánea narcoparamilitar por medio del grupo “Karma”. Las palabras del presidente López Obrador en su conferencia mañanera, que afirma que se trata de disputa entre los mismos pobladores “que no se han podido armonizar”, levanta la sospecha de complicidad por parte del gobierno federal con el ayuntamiento y sus vínculos con el crimen organizado, y su determinación de destruir cualquier intento de autonomía por parte de los pueblos organizados.
Ante tal avalancha de desinformación, los ejidatarios adherentes al Congreso Nacional Indígena publicaron un comunicado, que reproducimos abajo.
El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno
Ejido Tila, Chiapas a 11 de junio del 2024
A la opinión publica A las organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales A los medios de comunicación nacional e internacional A los pueblos originarios en defensa de la tierra, el territorio y la vida Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno
Reciban un saludo de parte de las familias ejidatarias organizadas que formamos parte del Congreso Nacional Indígena. Queremos alzar la voz para denunciar lo que se encuentra sucediendo en nuestro Ejido Tila porque hemos venido denunciando el grupo delincuencial Karma, que es apoyado por el Ayuntamiento Municipal y ha venido actuando impunemente porque han estado matando a ejidatarios, entre ellos a nuestros compañeros Carmen López Lugo el 12 de enero y Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, a quienes primero los señalaron y luego los ejecutaron con toda impunidad.
Por eso el martes 4 de junio pasado el grupo delincuencial Karma se presentaron armados detonando armas de alto calibre y provocaron que quienes están actualmente como autoridades ejidales ya no pudieran mantener la paz ya y la gente respondió a todo lo que han estado ocasionando.
Estas últimas semanas han sido de dolor y terror en el Ejido Tila. Luego de que se denunciara insistentemente la entrada del crimen organizado a nuestro territorio, los asesinatos de compañeros y las amenazas; ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol. (Ver también: Saucedo, Dante. “Paramilitarismo y crimen organizado: la guerra contra el Ejido Tila“, Este País, 25 de enero de 2024).
Queremos hacer un pronunciamiento enérgico en reconocimiento de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que han hecho diversas personas del Ejido Tila. En esta comunicación resaltamos y reconocemos la labor de defensa de los derechos de los pueblos indígenas que a lo largo de muchos años han realizado dichos compañeros.
La lucha de estos compañeros se ha desarrollado principalmente por la vía pacífica y jurídica. Varios de ellos han tenido cargos ejidales, algunos han mantenido liderazgos históricos que han guiado el camino del Ejido Tila; siempre nos han enseñado la defensa jurídica y política de los derechos a la libre determinación y autonomía, al territorio y al acceso pleno a la justicia.
Aclaramos que quienes pertenecemos al CNI que habíamos sido autoridades ejidales desde 2008 siempre mantuvimos la calma a la asamblea para no caer en las provocaciones, aunque fueron muchas las provocaciones. Somos defensores de derechos humanos de nuestra tierra y territorio y asì fuimos construyendo la autonomia ejidal desde el 16 de diciembre en que se expulsó al ayuntamiento del territorio ejidal porque tenemos el amparo ganado y su inejecución ganada en la Suprema Corte de Justicia. Por eso seguimos exigiendo la plena restitución de las 130 hectáreas que no son cabecera ejidal y ya fue determinado.
Todos estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querìan ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal.
Denucniamos la cobertura mediática que se habla de “los autónomos” como criminales, pues la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal.
Todas las autoridades que recientemente han intervenido en el territorio que ocupa el Ejido deben conocer esta información y evitar cualquier daño a su seguridad, libertad, integridad personal e incluso a su vida.
Atentamente
Adherentes al Congreso Nacional Indígena Tierra y Libertad Ejido Tila Chiapas
En portada: Niños y jóvenes, bases de apoyo del EZLN, durante su participación por el 30 aniversario del levantamiento armado. Las generaciones más jóvenes del zapatismo viven en territorios libres de violencia, en un Chiapas donde actualmente grupos criminales controlan cada vez más territorios. 31 diciembre, 2023. Foto: Aldo Santiago
En medio de toda la vorágine de violencia que se padece en Chiapas, también se vive en estos días el periodo de campañas electorales. El próximo 2 de junio, además de la Presidencia de la República, se renuevan todas las alcaldías del estado, el Congreso local, el Congreso Federal y también el Gobierno estatal.
Eduardo Ramírez Aguilar, quien militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por más de una década, es el candidato del partido oficialista Morena, que hoy gobierna en la entidad y que seguramente retendrá el poder. Ramírez Aguilar fue presidente municipal de Comitán de Domínguez del periodo 2008 al 2010; fue diputado federal entre 2012 y 2013, y diputado local entre 2015 y 2018. En 2015, en los mítines del PVEM, Eduardo Ramírez gritaba: “¡López Obrador es un mentiroso!”. Ya para 2018, afiliado a Morena, alcanzó una senaduría con este partido y de su fobia contra López Obrador nada quedó. El Partido Verde fue aliado del PAN en las elecciones de 2000 y de 2006; para 2012 hizo alianza con el PRI y en 2018 se alió con Morena, con los que hoy cogobierna tanto a nivel federal como estatal.
Cuando el hoy candidato al Gobierno estatal de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue alcalde de Comitán se le relacionó con Gilberto Rivera Amarillas, alias El Tío Gil. De hecho, fue durante ese periodo que Rivera Amarillas logró asentarse en ese municipio en los límites con Guatemala y en toda la zona fronteriza. Periodistas chiapanecos le cuestionaban frecuentemente su relación con el jefe de plaza de Ismael Zambada, a lo que él siempre respondió que era “completamente falso. Es un personaje visible en Chiapas, pero de eso a tener yo una relación”.
En medio de todo esto el EZLN advertía a quienes quisieran acompañarlos a su 30 aniversario que se llevaría a cabo entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, que la situación en la zona no era la más idónea. El subcomandante Moisés firmaba un comunicado donde aseguraba que “las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos”, y decía que las presidencias municipales están ocupadas por “sicarios legales o crimen desorganizado”.
Subcomandate Insurgente Moisés observa el despliegue de milicianos durante los festejos por el 30 aniversario del levantamiento zapatista. Caracol VIII Dolores Hidalgo, 1 enero 2024.
El líder zapatista hablaba de lo que hoy en día se ha vuelto parte de lo cotidiano en la entidad: los bloqueos, los asaltos, la ola de secuestros, el cobro de piso, el reclutamiento forzado y las balaceras. Y acusaba al Gobierno del “padrinazgo” que tenía con las organizaciones criminales, cuando se estaban ya disputando las primeras candidaturas para las elecciones de junio de 2024. El subcomandante sostenía que “no son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”.
En Chiapas, los grandes caciques siempre han tenido grupos armados a su disposición; los han usado para desplazar a los indígenas de sus comunidades y para tomar posesión de sus tierras. Aunado a esto, desde julio de 2021 y tras el asesinato de Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, pobladores de Pantelhó formaron un grupo de “autodefensas” para hacer frente a los grupos criminales de otros estados, los cárteles, y defenderse de estos grupos paramilitares que forman los caciques.
Mario Ortega, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), lo explica de la siguiente forma: “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”. De tal forma que el embate que padecen las comunidades es cada vez más letal y más difícil de poder erradicar. Fue precisamente por esto que los zapatistas anunciaron en una serie de comunicados el año pasado, que harían una reorganización de su estructura. Ya no sólo enfrentan a los grupos de siempre, sino que ahora los cárteles, mucho más peligrosos, son el enemigo más visible.
Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos, explica que “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde ahí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública” y considera que el objetivo principal de estos es apoderarse de cada territorio, controlarlo y finalmente poner a su propia gente en cada presidencia municipal.
Elecciones y crimen organizado
Los procesos electorales en México, sobre todo en los últimos tres sexenios, siempre se realizan bajo la sospecha de la intervención de la delincuencia organizada, sobre todo en el ámbito municipal, pero desgraciadamente esta influencia ha escalado en la jerarquía gubernamental y hoy no es extraño que los candidatos a gobernadores de los estados sean ligados a los diferentes cárteles en todo el país. Como ejemplo de esta connivencia entre candidatos y gobiernos con crimen organizado, basta recordar el terrible caso de Ayotzinapa y la elección federal y estatal de 2021.
En 2014 cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las primeras investigaciones llegaron hasta el entonces alcalde del municipio de Iguala —donde ocurrió la desaparición de los estudiantes—, José Luis Abarca, quien fue ligado al Cártel Beltrán Leyva y se supo que operaba para ellos desde hace años. Fue de hecho este cártel quien apoyó su proyecto político y lo llevó a la alcaldía. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, junto con sus hermanos, eran aliados de Arturo Beltrán Leyva, líder de dicha organización criminal.
Más recientemente, en 2021, se votó para renovar el Congreso Federal (diputados y senadores), así como 15 gubernaturas estatales. En Sinaloa se renovaban alcaldías, diputados locales y Gobierno del estado. Hoy se sabe que al actual gobernador por el partido oficialista Morena lo financiaron y apoyaron en toda la campaña, hasta llevarlo a la gubernatura, las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos (hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, hoy sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos) e Ismael “El Mayo Zambada”.
Pero no son los únicos casos, son simples ejemplos. En las últimas semanas una investigación realizada por el medio digital Código Magenta, con base en fuentes de autoridades de Estados Unidos, reveló que en esa misma elección de 2021, no sólo hubo apoyo a candidatos de Morena en Sinaloa, sino que esto ocurrió por lo menos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche y Tamaulipas. Es decir, las elecciones en México, en todos los niveles, no se pueden analizar el día de hoy sin tener el contexto de que siempre habrá un cártel que esté dispuesto a apoyar a candidatos de cualquier partido o incluso a todos los candidatos.
Sabiendo esto y observando la ubicación geográfica de Chiapas, clave para los negocios ilícitos de las organizaciones criminales, no es difícil deducir que los delincuentes buscarán cooptar a los candidatos de los diferentes partidos y distintos cargos en disputa en cualquier elección. Hacerlo les garantiza que podrán operar con total impunidad y sin temor alguno. ¿Cómo podría actuar una autoridad municipal o estatal contra el Cártel de Sinaloa o el CJNG si los alcaldes, diputados o hasta el gobierno del estado les recibió dinero durante las campañas y con ese dinero llegaron al cargo que aspiraban? Los 124 municipios del estado de Chiapas, pero sobre todo los que hacen frontera con Guatemala, son codiciados por los delincuentes, porque son la puerta de entrada de las sustancias ilegales, como precursores químicos o drogas ya elaboradas, pero también es por ellos por donde ingresan los miles de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos. El tráfico de personas y el tráfico de drogas son negocios multimillonarios que no pueden permitirse desperdiciar.
Familias desplazadas debido a los enfrentamientos entre grupos armados en la región fronteriza con Guatemala.
Los zapatistas saben de esto, lo conocen de primera mano y en la efervescencia de las recientes campañas intuían que la situación podía salirse de control, tal y como ha ocurrido. Muchos de los territorios son compartidos por zapatistas y gente no afín al zapatismo, por lo que la defensa de sus pueblos era apremiante ante semejantes circunstancias actuales. El control territorial del EZLN ha servido por décadas como una barrera de contención que impedía que pudieran asentarse en ellos grupos delincuenciales, pero a lo largo de los años el desgaste se ha notado y los zapatistas tuvieron que proponer una reorganización para poder seguir siendo esa barrera. Si bien hasta el momento no se han registrado ataques directos por parte de los cárteles a las comunidades zapatistas, esto no está lejos de poder suceder. El EZLN en sus comunidades tiene prohibida la siembra y venta de estupefacientes, lo que choca directamente con planes de expansión territorial de las organizaciones criminales.
Marta Durán De Huerta, socióloga, periodista y profesora universitaria, cree que las décadas de llevar a la práctica la autonomía zapatista, pueden ser la base para que su nueva autonomía tenga éxito. “Se levantaron en armas para hacer un llamado de atención y ellos mismos crearon sus instituciones para impartición de justicia, para salud, es algo muy sencillo, diría, hasta artesanal, pero lo han hecho”, dice la autora del libro Conversación en la Montaña, publicado recientemente en enero de 2024. Y aunque admite que la situación actual es nueva y muy distinta, por la crisis de violencia que se vive en todo Chiapas, resalta que la coherencia y la firmeza con que se ha manejado el zapatismo, actuaría en su beneficio en este nuevo escenario: “EZLN fue un movimiento estabilizador de algunas regiones, porque ellos nunca pactaron con el narco ni permitieron el financiamiento mediante acciones ilícitas, a pesar de estar siempre asolados por grupos paramilitares”.
Aumenta la violencia en las campañas electorales
Este 28 de mayo durante la conferencia matutina de López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los datos oficiales sobre los candidatos asesinados en este periodo electoral. Según el gobierno, las cifras registradas por las autoridades electorales, contaban 22 personas candidatas, precandidatas o que aspiraban a algún puesto de elección popular asesinadas en todo el país. Enfatizaba que “a la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial“.
Lo más chocante de esta forma de minimizar los asesinatos políticos, fue lo que dijo López Obrador durante la misma conferencia mañanera al responder a la periodista Helena Lozano, del medio NTN24, que citando a la Consultora Integralia, cuestionaba por el asesinato de 34 candidatos a cargos de elección popular. El presidente aseguró que esto se debe en gran medida a que “los medios de manipulación” difunden estas cifras que no corresponden a los datos oficiales. Y al ser cuestionado sobre si había posibilidad de que alguno de los asesinatos no haya sido registrado, López Obrador aseguró que no y que “no hay cifra negra”. “Quisieran que hubiesen muchos homicidios, parece mentira. pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras”, remató.
Y es que dependiendo de la fuente y de las fechas desde que se realice este conteo, los asesinatos a aspirantes, precandidatos, candidatos o familiares de ellos, podría elevarse hasta los 70 o más. Nada menos en Chiapas, el último caso fue el de la joven candidata de 26 años del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López, que aspiraba a la alcaldía de La Concordia. La candidata fue acribillada el pasado jueves 16 de mayo cuando se trasladaba de un acto de campaña a otro. Junto a ella fueron asesinadas otras cinco personas que le acompañaban, incluida una menor de edad. Esta es sin duda ya, la elección más violenta en la historia de México. Desde el mes de abril se rebasaron las cifras de agresiones, secuestros y asesinatos de participantes en la contienda electoral, que ya de por sí era enorme en 2021. Nosotros nos quedamos pendientes y con los ojos puestos en Chiapas, atentos para denunciar y hacer visible la violencia sin precedentes que se vive en el sur del país. Creemos que los zapatistas saldrán adelante, que podrán con esto y que nos mostrarán una vez más que “Otro mundo es posible”.
*Una versión de este texto se publicó originalmente en El Salto diario.
ANTE LOS HECHOS VIOLENTOS ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN DÍAS PASADOS Y EL DIA DE HOY.
“Dios preguntó a Caín: «¿Dónde está tu hermano?» Respondió: «No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?» Entonces Dios le dijo: «¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra” (Gn. 4,9-10)
Hermanas y Hermanos. El día jueves 23 de mayo, peregrinamos para que haya paz en nuestro País, nuestro Estado y nuestro pueblo de Simojovel. Hicimos oración porque queremos vivir en paz y que todos los procesos sociales y políticos transcurran en paz. Sin embargo, la violencia no deja de hacerse presente en la vida de nuestra comunidad: Asesinatos, disparos, intimidaciones, amenazas, etc. Sabemos que NO es esta la vida que nuestro Dios y Padre quiere para nosotros. Sabemos que NO son estos los caminos por los que el progreso y el desarrollo de un pueblo pueda lograrse. Un pueblo que vive en violencia se encamina al fracaso y a la miseria.
En días pasados y, hoy mismo, en nuestro municipio, y ante la cercanía de las elecciones, se han suscitado actos violentos que han cobrado la vida de DOS personas (muertes suscitadas en diferentes hechos violentos), además de otros que han resultado heridos en estas agresiones. Como Iglesia Católica nunca estaremos de acuerdo con la violencia, nunca estaremos de acuerdo con cualquier acto de provocación, intimidación y agresión verbal o física que hagan unos en contra de otros, sea cual sea condición social, política o religiosa. Es por ello que, como Iglesia Católica:
CONDENAMOS ROTUNDAMENTE TODO ACTO DE VIOLENCIA, AGRESIÓN, INTIMACIÓN Y MUERTE QUE SE REALICE EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA SIN IMPORTAR SU IDEOLOGIA POLITICA.
EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SIMOJOVEL DESDE ESTE MOMENTO Y PARA EL PROXIMO 2 DE JUNIO, PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA EJERCER SU DERECHO AL VOTO DE MANERA LIBRE Y DEMOCRÁTICA.
EXIGIMOS AL GOBIERNO MUNICIPAL APORTAR LO QUE LE CORRESPONDE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VELAR PARA QUE LAS PROXIMAS ELECCIONES SE REALICEN DE MANERA PACÍFICA.
HACEMOS UN LLAMADO A QUIENES PARTICIPAN DE MANERA DIRECTA EN LOS PROCESOS ELECTORALES A MANTENER LA CORDURA Y LA SENSATEZ; Y PRIORIZAR, POR ENCIMA DE INTERESES PERSONALES, EL BIEN DEL PUEBLO DE SIMOJOVEL Y SUS COMUNIDADES.
Estamos orando a Dios nuestro Padre para que la paz reine en Simojovel ahora y siempre; le pedimos a nuestro hermano mayor San Antonio de Padua que eleve sus suplicas a Jesucristo, príncipe de la paz, para que todo lo bueno que soñamos para nuestro pueblo y sus comunidades, sea pronto una realidad.
“Santa María de Guadalupe, Reyna de la paz, Ruega por nosotros”.
Simojovel de Allende, Chiapas. México. A 28 días del mes de mayo de año 2024.
ATENTAMENTE
PUEBLO CREYENTE DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA.
