Cientos de jóvenes zapatistas realizaron una obra de teatro presentada en dos partes, el 31 de diciembre se presentaron las primeras seis capítulos, el día 1 de enero presentarían la segunda y última parte donde comparten la idea que tienen del mundo, sus preocupaciones y las ideas que les guían para el futuro. Las y los zapatistas siendo ejemplo y semilla con sus años de caminar en la autonomía y escuchándose y escuchando a otres.

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”.
Obra de Teatro en 12 escenas con jóvenes y jóvenas zapatistas de los 12 caracoles.
Festival cultural del 31 aniversario del levantamiento zapatista. Oventic, Chiapas, México, 2025.
Cámara y edición: Noticias de abajo y Del Barrio News.

https://wp.me/p6BKO7-3CQ

Parte I

Parte II

Puedes descargarlos aquí:

PARTE 1 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/985151073464768

PARTE 2 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/588930103747496

PARTE 1

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte1_obrazapatista

PARTE 2

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte2_obrazapatista

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”. Obra de Teatro Zapatista

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”. Obra de Teatro Zapatista

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters}

Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”. 

El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.

La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.  

Irineo Mujica de Pueblos Sin Frontera advierte que el documento se entrega de manera informal a los integrantes de las caravanas, incluso lo llenan con tinta, “al aparecer no se está creando ninguna base de datos”, en el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (Setram), para que tenga validez. Sin esto, son propensos a abusos y si les rompen o roban el documento no hay forma de saber que tienen permiso de estar en México.

Para algunas personas migrantes, el permiso puede ser aprovechado para llegar a la Ciudad de México y solicitar una cita con las autoridades migratorias a través de la aplicación móvil CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). 

La CBP One es una aplicación que se descarga en el teléfono móvil y solo funciona si la persona se ubica en entidades del norte, centro del país, y del sur solo en Tabasco o Chiapas. La app fue creada para programar citas en los puertos de entrada terrestres de Estados Unidos.

Pero los migrantes contactados en Chiapas señalan que no logran concluir el proceso por fallas en la app, porque no carga o se satura. Esta situación, sumado a que no pueden salir del sur de México, les orilla a integrarse en caravanas. 

“Bienvenidos a México”

Decenas de personas que esperan trámites migratorios viven en condiciones de precariedad en las calles de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Han estado varados por meses, por lo que muchos consideran avanzar caminando al norte del país.

Transcurren los primeros días de 2025 en alguna ciudad chiapaneca y Nico se preocupa porque no ha podido hacer la cita en CBP One y el INM tampoco les permite avanzar al norte del país.

Abandonó su país Venezuela, junto a su hermana y tres sobrinos menores de edad. Muchas veces se arrepiente en silencio de su decisión, pero el sentimiento no tiene la intensidad para hacerlo volver. “Es duro”, dice mientras sirve chicha en un pequeño vaso de plástico.

Juntó un poco de dinero para el viaje, hizo préstamos y vendió algunas pertenencias. “No quedó de otra”. La ruta ha sido larga, le ha tocado caminar y a veces en transporte, pero la selva del Darién la cruzaron a pie, “no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, lamenta Nico, como le dicen, pues su nombre es Nicolás. 

“Estuvimos tres días en la selva, la comida se la llevó el río, pasamos muchas necesidades y fue horrible. En el camino nos ha pasado de todo, nos asaltaron, nos secuestraron y nos extorsionaron; en la frontera de Guatemala con México también caímos en las manos de un cártel y pagamos para poder salir”.

Al llegar al río Suchiate, del lado de Tecún Uman, San Marcos, Guatemala, los balseros les dijeron que a unos metros los esperaría un guía para indicarles la mejor vía para llegar a Tapachula, Chiapas. “Fue una mentira, nos metieron a un cuarto que parecía una cárcel, nos dijeron ‘bienvenidos a México’, nos pidieron dinero y tuvimos que pagar 50 dólares por persona para poder salir”. 

De acuerdo a la experiencia de Nico, los migrantes menores a 3 años de edad pagan la mitad (25 dólares), pero de 7 años en adelante el costo es parejo y quienes no pagan tienen la “opción de servirle al cártel durante algunos meses”.  

Hace cinco meses que Nico, su hermana y sobrinos no pueden abandonar Chiapas y dice sentirse cansado. “Hemos buscado trabajo y no nos dan, por eso pensamos y dijimos: nos podemos defender. Yo vendo chicha y mi hermana empanadas venezolanas, las originales. Gracias a Dios nos va bien”. 

Nico vende en 25 pesos el vaso con la tradicional bebida a base de maíz, ofrece agregar cereal y un poco de canela. No se queda en un lugar, va y viene para esconderse de la autoridad municipal que le exige la compra de un permiso para poder vender.

Por todo el contexto, hace unos días consideraron alcanzar a la caravana que se mueve por la carretera costera. “Al menos para salir de Chiapas, porque no hay precisión sobre los procesos que tenemos que seguir, hay confusión. Vamos a recoger un poquito de dinero y seguir”. 

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, de enero a octubre de 2024, se registraron 31 denuncias por secuestro. Es el delito con más denuncias ante las autoridades, seguido de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas con otros fines, explotación sexual de adultos y secuestro de menores. 

Luis García Villagrán, agrega que el 50% de personas que cruzan el río Suchiate (frontera de México con Guatemala) son víctimas de secuestro, “el delito también se ha vuelto cotidiano en el tramo de Pijijiapan a Arriaga y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca”.

“Ahora si hablamos de las personas que han salido en las últimas caravanas unas 7,000 vivieron secuestro y la mayoría fueros extorsionadas de diferentes maneras, en algunos casos de manera coercitiva, incluso por la Marina, Sedena y no se diga de los agentes del INM. Da mucha pena”, dice el abogado.

“Me arrepiento”

La familia de Cleyber de 26 años y de Leo de 17 años consiguió un poco de dinero para que ambos se fueran de Venezuela.  

Cleyber estuvo activo en las protestas en Venezuela. Relata que fue detenido durante seis meses y acusado de terrorismo. Durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió tortura y cuando lo dejaron salir fue víctima de persecución, hostigamiento y vigilancia, incluso en sus redes sociales. 

En octubre llegaron a Tapachula, desde entonces Cleyber recorre las calles para buscar trabajo y comprar comida. Su hermano no puede apoyarlo debido a que padece una discapacidad intelectual. “Ha sido muy complicado, yo me arrepiento de haberme ido, pero no puedo volver porque me meten preso”. 

“Aquí donde estoy tengo mucho miedo hasta de la migración que nos tuvo presos varios días en Tuxtla, no nos dieron comida, ni sábanas ni medicamento, aquí en Tapachula también me detuvieron en el Viva México”. 

Cleyber recuerda que agentes del INM le ofrecieron trasladarlo de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez y le pidieron dinero para agilizar un trámite que es gratuito. “Ofrecen llevarte más lejos, pero en su lugar nos retroceden. Me siento impotente, triste y me siento culpable de traer a mi hermano y no poder avanzar porque no tenemos dinero”. 

Por lo pronto, comparten un pequeño cuarto con ocho adultos y dos niños. Aunque no se siente seguro de la decisión, considera que lo mejor será integrarse a las caravanas, pues la falta de empleo le preocupa y la responsabilidad de viajar con hermano. “Avanzar un poco por lo menos acompañados”.

Las caravanas que han salido desde el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, están integradas por personas de 20 nacionalidades, aunque hay grupos constituidos casi en su totalidad por originarios de Venezuela. 

Según la Unidad de Política Migratoria, de enero a agosto de 2024 se registraron 925,085 presentaciones de migrantes en situación irregular, lo que corresponde a detenciones. En el desglose se reportaron 266,846 personas originarias de Venezuela, de Ecuador 92,487, Honduras 74,220, Guatemala 67,486, Colombia 59,434, El Salvador 56,300, entre otros países con menor número de detenidos. 

Villagrán recuerda la diversidad en la migración y que son, precisamente, las personas que viajan sin presupuesto y en caravanas quienes son mayormente hostigadas, extorsionadas o detenidas por las autoridades con atribuciones de control migratorio.  

Mientras esto sucede en la frontera sur, Claudia Sheinbaum ratificó a Francisco Garduño para continuar como Comisionado del INM por algunos meses a pesar del proceso judicial que tiene por el incendio en el que murieron 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se desconoce si Sergio Salomón Céspedes Peregrina será el siguiente Comisionado como se había anunciado desde octubre de 2024.

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Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Participación Zapatista: Audios y Videos para Descargar
Para firmantes de la Declaración por la Vida, compas zapatistas y herman@s partidistas

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SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024
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Presentación

Capitán Insurgente Marcos
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SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024
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La Cofa del Vigía: Un largavista hacia el ayer

Capitán Insurgente Marcos
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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte I. Genealogía del Común Zapatista

Subcomandante Insurgente Moisés y Miembros del CCRI-CG del EZLN

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Subcomandante Insurgente Moisés
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Subcomandante Insurgente Moisés
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DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024 
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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte II. Mujeres

Comandantas del CCRI-CG del EZLN y autoridades de Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. 

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DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024 
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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte III. Los primeros pasos del Común Zapatista

Subcomandante Insurgente Moisés y Miembros del CCRI-CG del EZLN 

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Promotoras y promotores del Sistema de Salud Autónoma Zapatista

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El árbol, la piedra y el mañana

Capitán Insurgente Marcos
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LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024
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Genealogía del Común Zapatista

Subcomandante Insurgente Moisés
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La Cofa del Vigía: Señales al mañana

Capitán Insurgente Marcos
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Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Asistencia: ¿algunas partes del todo?

Personas registradas hasta el 2 de enero del 2025:

.- 1079 asistentes firmantes de la Declaración por la Vida.

.- 245 grupos, colectivos, movimientos u organizaciones.

.- 35 medios libres, autónomos, independientes, o como se llamen.

.- Procedencia:

          .- 31 estados de la República Mexicana (todos menos Campeche)

          .- 46 países o geografías del mundo.

Alemania Argentina Australia Austria Bélgica Bolivia Brasil Canadá Cataluña Chile Colombia Corea del Sur Costa Rica Cuba El Salvador Eslovaquia Eslovenia Estado Español EUA Francia Grecia Guatemala Haití

Holanda Inglaterra Irán Irlanda Israel Italia Kenia Líbano Lituania México Nicaragua País Vasco Palestina Perú Portugal Puerto Rico República Dominicana Suecia Suiza Trinidad y Tobago Ucrania Uruguay Venezuela

.- Más 900 zapatistas asistentes a las mesas en CIDECI los días 28-29 y 30 de diciembre del 2024. Autoridades autónomas, promotores de salud, de educación y de como mujeres que somos, bases de apoyo, milicianos, milicianas, mandos político-organizativos.

Es todo.

Equipos de Apoyo de la Comisión Sexta Zapatista.
Enero del 2025.

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Inversores de la empresa Helax durante reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre del 2024. En la junta también participaron miembros de la Secretaría de la Marina quienes coordinan el CIIT.}

En este mes de enero debe arrancar la consulta indígena relacionada con el proyecto de producción de hidrógeno “verde”, de la empresa Helax Istmo, subsidiaria de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el municipio de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que servirá principalmente de combustible para el sector naval. 

Después de la fase informativa, que debe extenderse hasta mayo, siguen la consultiva y deliberativa. Para diciembre está prevista la última fase, de seguimiento de acuerdos.

El proyecto hace parte de uno de los diez Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), previstos para construirse en Veracruz y Oaxaca como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Para ello serán utilizadas 413 hectáreas expropiadas a los bienes comunales de Ciudad Ixtepec, en febrero de 2023. 

La Secretaría de Energía (Sener), responsable por la consulta, identificó al menos 9 municipios y 10 localidades que deberán participar del proceso por estar en la zona de impacto del proyecto, entre ellos, Santiago Ixtaltepec, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Santa Rosa, El Morrito, Chivela, El Mezquite, Mena. 

Las informaciones fueron obtenidas por medio de la Plataforma Nacional de Información (folio 332459924000194), que volvió público el documento oficial de la CIIT en el cual se presenta el proyecto a las autoridades municipales y agrarias de comunidades que serán impactadas, en septiembre de 2024. Estuvieron presentes la Sener, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina y representantes del CIIT.

De acuerdo con el Colectivo GeoComunes, existe poca información oficial de acceso público. Los únicos documentos oficiales del proyecto, sostienen, han sido los presentados de manera directa por la empresa a las autoridades municipales y agrarias de los pueblos afectados, “sin que hasta la fecha dichos documentos estén disponibles en algún sitio para consulta pública”, critican en un informe divulgado a finales de diciembre.

Advierten que las autoridades buscan iniciar la consulta sin que Helax Istmo haya obtenido las licencias sociales y ambientales necesarias para la realización del proyecto. La empresa ha ingresado ante la Sener una Evaluación de Impacto Social (EVIS) que sigue en evaluación. En el cronograma presentado en el documento del CIIT, se menciona que la presentación y evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se hará hasta el segundo semestre de 2025 y el primero del 2026.

Dicho documento de la CIIT también menciona un cronograma para el proceso de “regularización de tierras” que serán utilizadas en el proyecto, que se pretende llevar a cabo en el segundo semestre del 2025, y un proceso de registro de contratos, a realizar durante el primer semestre de 2026. 

En el mismo documento, se incluye un listado de permisos que serán necesarios pero sólo se mencionan los permisos otorgados por los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, “omitiendo grotescamente todos los permisos que deben dar los propietarios de la tierra (en este caso, ejidos y comunidades agrarias) y pueblos originarios”, observa el informe de GeoComunes. Continúa: “Lo que este documento deja fuera son los permisos que para todo proyecto deben también dar las y los dueños de la tierra, en este caso, a través de las asambleas ejidales y comunales en caso de aceptar la renta o venta de sus tierras”.

Proyecto complejo

Las tierras que serán utilizadas por la planta de hidrógeno en Ixtepec son apenas una parte de las tierras y recursos que serán necesarios para la producción del hidrógeno “verde”. Serán necesarios por lo menos tierras para dos parques eólicos, un parque solar, para una planta desalinizadora, agua y la construcción de miles de kilómetros de ductos que transportarán el hidrógeno y el agua.

Para generar el hidrógeno (H₂) se utiliza un proceso llamado electrólisis, que consiste, según el documento del CIIT, en aplicar energía eléctrica al agua (H₂O) para separarla en sus elementos Hidrógeno (H₂) y Oxígeno (O₂). “Esta energía eléctrica procederá de la energía del viento y del sol, obteniendo de esta manera hidrógeno verde y liberando oxígeno al ambiente”, dice el documento.

El hidrógeno no es el producto final que será vendido a otros países del norte global, será el Amoniaco. “El hidrógeno verde es combinado con el nitrógeno que existe en el aire del ambiente, para producir Amoniaco Verde”, describe el mismo documento.

Para ello, Helax proyecta la instalación de una planta de producción de amoniaco al noroeste del puerto de Salina Cruz, entre las comunidades de Palo Grande y de Rincón Moreno, en las tierras ejidales de Salina Cruz.

Para poner toda esta operación en práctica se requerirá, describe GeoComunes, la construcción y operación de un ducto de agua que salga de Salina Cruz hacia Ciudad Ixtepec, con el cual llevarán el agua desalinizada hacia la planta de hidrógeno.

Una vez ahí, y habiendo realizado la electrólisis, otro ducto conducirá el hidrógeno hacia la planta de producción de amoniaco en Salina Cruz para, posteriormente, introducir el amoniaco en un tercer ducto que lo transportará hacia el puerto de Salina Cruz, para ser exportado hacia otras regiones del mundo.

Esos ductos de agua, hidrógeno y amoniaco pasarán al lado de los pueblos de Palo Grande, Rincón Moreno, Santa María Mixtequilla, San Pedro Comitancillo y Magdalena Tlacotepec.

GeoComunes advierte que producir y transportar cantidades industriales de hidrógeno y amoniaco representa un riesgo para el medio ambiente y las comunidades cercanas a las plantas de producción y a los ductos. Comparado con la gasolina o el metano, sostienen, el hidrógeno tiene asociado un mayor riesgo potencial para provocar un incendio o una explosión, debido a su amplio rango de inflamabilidad. 

Además, sostienen, el hecho de que el hidrógeno en condiciones ambientales sea incoloro, inodoro e insípido, así como que las llamas de su combustión sean casi imperceptibles para el ojo humano y emiten poco calor, lo vuelve difícil para detectar fugas.

Observan que el amoniaco es un gas con características venenosas, corrosivas y tóxicas muy potentes. “Ante esto, y siendo el Istmo una zona de alto riesgo sísmico, es importante valorar el riesgo que representaría la concentración de esos ductos y tanques de almacenamiento de hidrógeno y amoniaco para la población aledaña”.

Más energía

Para ser considerado “verde”, el hidrógeno debe ser producido con energía considerada “verde”. Por eso Helax prevé instalar en tierras de Ciudad Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec 190 aerogeneradores, en 25 mil hectáreas.

La empresa también anunció la construcción de un mega parque solar para sostener su producción de hidrógeno. A principios de 2024, sus representantes indicaron a autoridades de San Pedro Comitancillo que el objetivo era instalar el parque en sus tierras. En documentos de la empresa, presentados a las autoridades ejidales, el proyecto establece que sería construido en 3,075 hectáreas, en las tierras más productivas de la comunidad.

Un mes después de que Avispa Mídia publicara el acoso realizado por representantes de la empresa a los ejidatarios de Comitancillo, Helax Istmo hizo público que “el establecimiento de una planta solar en San Pedro Comitancillo no es parte de su diseño actual”. 

Frente a cuestionamientos y resistencia presentada por Comitancillo, Helax Istmo empezó a promover el mismo proyecto fotovoltaico en otros lugares. De acuerdo con el documento de la CIIT, obtenido por transparencia, se confirma que el proyecto debe ser realizado en Asunción Ixtaltepec, a 500 metros de las zonas urbanas de Asunción Ixtaltepec y San Pedro Comitancillo, en una extensión de 5 mil hectáreas. 

De acuerdo con el documento de la CIIT, la construcción del proyecto está prevista para iniciar en 2026. El inicio de operaciones se espera para el año 2030, con una duración total de proyecto de 30 años.

Falsas soluciones

En el documento presentado a las autoridades municipales y agrarias en septiembre de 2024, las autoridades federales utilizan como argumento para justificar el proyecto el compromiso asumido por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas (COP 28), a incrementar las metas de reducción de gases de efecto invernadero, yendo de 36% a 40% al 2030. El objetivo es “unirse al compromiso mundial que busca triplicar la capacidad de energía renovable a nivel global hasta 11,000 GW”, dice.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de cooperativas campesinas que reivindican la recuperación de tierras en el Bajo Aguán realizan manifestaciones para exigir la desarticulación de grupos armados que operan en la región.}

Cooperativas agrícolas del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, se movilizaron la mañana de este lunes (6) para bloquear la Carretera Centroamericana (CA-13) que atraviesa el país hacia Guatemala, con el fin de exigir a las autoridades el desarme de grupos criminales a quienes señalan como responsables por asesinatos y desplazamiento forzado de familias campesinas. En esta región, desde los años 70s se destinaron las tierras para un reparto agrario, pero fueron despojadas para dar paso a monocultivos de palma aceitera.

Esta movilización es la más reciente en una serie de protestas derivadas por las últimas agresiones violentas. La noche del pasado 24 de diciembre del 2024, hombres armados atacaron a los integrantes de la Cooperativa Camarones quienes se vieron forzados a abandonar las 656 hectáreas de tierras recuperadas que habitaban y cultivaban para el sostenimiento de 150 familias campesinas.

El pasado jueves (2), Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, organización campesina que mantiene una recuperación de tierras desde hace dos años, fue asesinado. “Cuatro hombres armados que se conducían en motocicletas interceptaron el vehículo y lo bajaron por la fuerza, expresándole que querían hablar con él, posteriormente ordenaron al conductor del vehículo a seguir su marcha, minutos después fue ejecutado”, detalla en comunicado el movimiento campesino articulado en la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

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Durante los últimos meses, la Cooperativa Brisas del Aguán ha recibido amenazas y hostigamientos por parte de grupos crimininales e, incluso, el 18 de octubre del 2024 fue asesinado Selvin Noe García, también miembro de la asociación campesina. Ambos homidicios permanecen en impunidad al igual que las mas recientes agresiones violentas.

Por su parte, y acorde a denuncias de la Plataforma y COPA, las familias de la Cooperativa Agropecuaria Camarones han sido objeto de ataques armados por parte de un grupo criminal denominado Los cachos, “quien es coordinado por Juan Carlos Lizama y que mantiene una estrecha relación con la empresa agroindustrial Dinant”, sostienen las organizaciones en un comunicado difundido el pasado viernes (3).

Según los testimonios del movimiento campesino, dicho grupo criminal opera en la comunidad Quebrada de Arena, ubicada a solo 15 km de distancia de la ciudad de Tocoa, y dentro de la misma región donde se encuentran otras cooperativas campesinas, tales como “El Chile” y “Tranvío”, quienes también han recibido agresiones por reivindicar la recuperación de estas tierras, arrebatadas hace tres décadas por la agroindustria de la palma aceitera.

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La Plataforma Agraria asevera que, pese a la identificación de los agresores, estos operan en la región con total impunidad. Entre otros responsables señalan a “Filemón Escobar (alias Cola), Pedro Flores (alias Cucaracha), Dilcia Mileny Lizama y otros líderes de los grupos criminales y supuestos ganaderos”, denuncia.

Por lo menos desde hace siete meses el movimiento campesino del Bajo Aguán ha denunciado el actuar violento de este grupo criminal, el cual trabaja para realizar desalojos violentos contra las recuperaciones campesinas, señala el movimiento.    

En entrevista a Avispa Mídia, Yoni Rivas, integrante de la Plataforma Agraria, asevera que ya presentaron denuncias ante el Ministerio Público por amenazas, desplazamiento forzado y robo. Las acusaciones actuales contra la estructura criminal se suman a las realizadas por el movimiento campesino desde el 11 de enero de 2023, cuya cantidad suman cinco querellas que no han presentado avances por parte de las autoridades.

El desplazamiento forzado contra la Cooperativa Camarones sucede a casi tres años de la firma de un convenio entre el movimiento campesino del Bajo Aguán y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En éste, el Estado de Honduras se compromete a ejercer las acciones necesarias y urgentes para que se respete la posesión, uso y goce de las tierras de Reforma Agraria para las familias quienes recientemente fueron desalojadas mediante ataques armados.

“Las bases campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y COPA firmamos un convenio el 22 de febrero del 2022 en el cual los acuerdos han sido incumplidos”, remarcaron las organizaciones el pasado sábado (4) durante una toma pacífica de la carretera CA-13.

Por su parte, en entrevista con Wendy Castro, también integrante de la Plataforma, señala que actualmente las familias desplazadas de la Cooperativa Camarones se encuentran refugiadas en un área de tierra otorgada por la Cooperativa Tranvío, asociación campesina que desde hace tres años mantiene una recuperación de tierras campesinas en las inmediaciones.

Desalojos ilegales

En el caso de la Cooperativa Camarones, integrantes de la Plataforma Agraria indican que el impacto de la tormenta tropical Sara, sucedida a mediados de noviembre pasado, inundó y afectó severamente las tierras y equipamento de la asociación campesina, provocando el desplazamiento de varias familias. Debido a ello, los grupos criminales aprovecharon el contexto de devastación para consumar el desalojo violento de toda la comunidad el pasado 24 de diciembre.

Las denuncias recabadas por la Plataforma Agraria indican que la operación extrajudicial contó con la participación de más grupos criminales, quienes realizaron emboscadas y utilizaron armas de grueso calibre como rifles AK47 y fusiles R15 contra los campesinos.

“Esta situación pone en un alto riesgo la vida de las familias, pero también representa un claro mensaje hacia las autoridades quedando evidenciado que los grupos criminales en esta región están sobre las autoridades policiales y de Xatruch”, señala la Plataforma en referencia a la operación criminal impune, a pesar de la presencia en la región de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch (formación militar de las Fuerzas Armadas de Honduras).

En los últimos días del 2024, el movimiento campesino expresó su indignación debido a la versión oficial difundida por el Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, de que la situación en el Bajo Aguán se debe a un conflicto entre dos grupos sociales. “Así pareciera que las autoridades policiales están parcializadas a favor de los grupos delictivos que atacaron a la cooperativa Camarones”, acusó la Plataforma Agraria en comunicado difundido el 30 de diciembre del 2024.

“La caracterización de estos crímenes como conflicto entre grupos sociales que hace el Ministro de Seguridad replica discursos falsos promovidos en medios sociales de Tocoa que son conocidos por ser pagados por la Familia Facussé y Lenir Pérez, el grupo económico impulsor de pobreza que intenta mantener control total sobre el Bajo Aguán mediante corrupción y alianzas con el crimen organizado”, sostiene el movimiento campesino.

Castro detalla que las familias de la Cooperativa Camarones son firmantes de los acuerdos del 22 de febrero del 2022. Además, recalca que de la misma manera son parte de la investigación realizada en la Comisión Agraria (derivada del acuerdo) y también son parte de un equipo técnico junto al Instituto Nacional Agrario que supervisa la administración de la cooperativa. Aunado a ello, 25 miembros de la asociación campesina son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, lo que significa que el Estado reconoce que la cooperativa es defensora de derechos humanos.

Rivas complementa que las familias de la Cooperativa Camarones son parte de una demanda en proceso contra el Estado de Honduras, la cual se encuentra en el proceso de transición de la Comisión Interamericana hacia la Corte Interamericana de Derechos humanos. “Es un desplazamiento forzado lo que ha ocurrido contra la Cooperativa Camarones por parte de un grupo criminal armado que trabaja al servicio de los agroindustriales, en este caso, al servicio de Corporación Dinant”, sostiene.

Agroindustria de la palma aceitera involucrada

Durante las protestas del pasado sábado (4), la Plataforma Agraria y COPA reiteraron que existen vínculos entre quienes lideran los grupos criminales y la Corporación Dinant, una de las mayores productoras de aceite de palma en Honduras. “Sin embargo, las autoridades han sido inoperantes en poner en marcha acciones efectivas que conlleven a una verdadera investigación, captura y castigo para los responsables de los asesinatos, persecución, violencia y el desplazamiento forzado contra los defensores de la tierra”, acusaron.

Acorde a Rivas, desde abril del año 2022, el jefe de seguridad de la Corporación Dinant negoció con Juan Carlos Lizama (líder del grupo criminal Los cachos) para cederle una parte del terreno que corresponde a la Cooperativa El Chile. La maniobra tenía como objetivo que el grupo criminal evitara que los miembros de la asociación campesina, que estaban en proceso de documentación, recuperaran las tierras. 

No obstante, en enero del 2023, más de 200 familias campesinas retomaron las casi 500 hectáreas que le corresponden de acuerdo su Título Definitivo de Propiedad. Según los testimonios, el 9 de enero del 2023, miembros de la seguridad privada de la Corporación Dinant atacaron a las familias campesinas, en coordinación con el crupo criminal de Los cachos.

Actualmente, enfatiza Rivas, la seguridad de Dinant realiza sobrevuelos con drones para vigilar a las familias de las cooperativas Tranvío y El Chile. “Pero no sobrevuelan drones donde está el grupo criminal que lidera Juan Carlos Lizama en el área de Cooperativa Camarones”, sostiene.

El miembro de la Plataforma relata que son diversos los motivos por los que han identificado la confabulación de la empresa Dinant con los grupos criminales, con el objetivo de “hacer desplazamiento forzado a quienes estamos haciendo luchas pacíficas y luchas legales para recuperar tierras de Reforma Agraria”. 

Mientras que continúan las protestas campesinas, Wendy Castro señala que la estructura criminal está realizando amenazas de muerte a los miembros de la junta directiva de la Cooperativa Camarones, así como a integrantes de las otras asociaciones campesinas que apoyan la recuperación de tierras campesinas.

Por ello, la Plataforma y COPA exigen que instituciones del Estado como la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia “realicen un trabajo efectivo para desarticular los grupos criminales que colocan en un alto riesgo la vida de los y las defensoras de la tierra en la región”.

Al cierre de esta edición, la movilización de campesinos reportaba al menos 25 heridos por parte de supuestos miembros de la comunidad Quebrada de Arena, quienes atacaron de forma violenta con piedras, palos y arma blanca a los miembros de la Plataforma Agraria que protestaban pacíficamente. 

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

El pasado 27 de noviembre la revista digital Rolling Stone publicó un reportaje controversial que llamó la atención de diversos analistas en México y Estados Unidos, relacionada con una posible intervención militar estadounidense a territorio mexicano para contrarrestar a los cárteles de las drogas. La revista de espectáculos que, aunque no cita la fuente, señala que un destacado miembro del presidente electo, Donald Trump, cuestiona “¿hasta qué punto deberíamos invadir México?”.  

De acuerdo con Rolling Stone, el equipo de transición de Trump está discutiendo abiertamente la viabilidad de atacar a los cárteles mediante operaciones militares, incluso, otra vía que debaten, es lo que llaman una “invasión suave” de México donde grupos de élite podrían ingresar al territorio mexicano de forma encubierta, cuyo objetivo, afirma la revista es “asesinar a los líderes de los cárteles”.

Esta descabellada idea, promesa de campaña de Trump, no está fuera de la realidad, ya que la doctrina militar de los Estados Unidos viene implementando diversas estrategias para ingresar, intervenir e invadir diversos países. Desde el año 2017, en el primer mandato de Trump, a través del Comando Sur, dirigido en ese momento por el Almirante Kurt Walter Tidd, se actualizaron diversas incitativas militares a nivel Latinoamérica, para ser ejecutadas hasta el año 2027, llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.

El Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) es uno de los 11 comandos​ militares unificados pertenecientes a Estados Unidos, con influencia en Centro y Sudamérica, incluyendo el Caribe.

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Jóvenes gitxsan y simpatizantes protestan contra proyecto de gasoducto en la Columbia Británica que afecta territorios de poblaciones originarias en Canadá. Foto de Mike Graeme}

La nación Gitxsan es un pueblo originario que vive en el noreste de la Columbia Británica, provincia localizada al oeste de Canadá, entre el mar Pacífico y una cadena de montañas. Las comunidades del pueblo Gitxsan viven principalmente en las orillas de los ríos del abundante sistema fluvial de su territorio, entre ellos los ríos Skeena y Kispiox. Estos ríos son conocidos por ser el lugar donde habita el salmón. 

Tan importante es la existencia de este pescado en la región que “nos llamamos gente del salmón”, comparte para Avispa Mídia Jesse Stoeppler, de la nación Gitxsan, miembro de la comunidad Hagwilget Village, formada por aproximadamente 350 personas. “Al igual que nuestros pueblos vecinos – como los Tsimshian y los Nisga’a -, dependemos de la salud de la población de los salmones. Nuestra cultura depende del salmón, nuestra alimentación depende del salmón, nuestros bosques dependen del salmón. El ADN del salmón se encuentra en los árboles y en las plantas”.

El pueblo de Gwii Lok – como es conocido Stoeppler en la lengua de los Gitxsan -, así como otros pueblos de la región, ha entablado desde por lo menos una década una lucha para defender su territorio de los gasoductos proyectados para transportar gas metano, que es extraído en la misma provincia, hacia regiones del mar Pacífico. Ahí, pasa por un proceso de licuefacción para ser exportado vía navíos principalmente a Europa y Asia.   

La técnica utilizada para la extracción del gas es la fractura hidráulica (fracking). “Las empresas utilizan millones y millones de litros de agua. Nuestra región, donde hay agricultores, bosques y salmones, está en sequía extrema. Ya no hay suficiente agua en nuestros ríos para que viva el salmón. Nuestros lagos son cada vez más pequeños. La mayoría de nuestras comunidades carecen de agua potable. Los pozos están envenenados”, cuenta Gwii Lok.

Por el territorio de los Gitxsan, conformado por 33 mil kilómetros cuadrados, cruza el gasoducto Coastal GasLink, de la empresa TransCanadá Energy (TC Energy), finalizado en 2023, y que ha enfrentado fuerte resistencia por parte de los pueblos Wet’suwet’en y Gitxsan que sufrieron, por años, la violencia policial, acoso por parte de la empresa y la vigilancia de sus defensores de la tierra. 

Por lo menos otros ocho proyectos, según Gwii Lok, están en camino, siendo que uno de ellos, de 900 kilómetros de extensión, empezó a ser construido en agosto de 2024, cuando empezó la tala forestal en el trazado del proyecto. Es el gasoducto Prince Rupert Gas Transmission (PRGT), que fue vendido en mediados de 2024 por la empresa TC Energy a la nación Nisga’a y a la empresa Western LNG LLC, con sede en Texas. En abril, mientras se construía el acuerdo de venta del gasoducto PRGT, otro de los gasoductos de TC Energy explotó en la provincia de Alberta, provocando un incendio forestal y contaminando el medio ambiente.

El gasoducto PRGT debe llevar gas metano desde Hudson’s Hope, en el noreste de la Columbia Británica, hasta una instalación de exportación de ese gas, en el noroeste de ésta provincia, cuya ubicación exacta aún no se ha confirmado, para pasar por el proceso de licuefacción.

Las centenas de kilómetros de ducto atravesarán diversos territorios de pueblos originarios, más de mil arroyos, ríos, lagos y fiordos, según un informe de Amnistía Internacional de Canadá, que da seguimiento al caso desde hace años.

Ahora los pueblos viven un momento decisivo. El destino del gasoducto PRGT está incierto, después de que su certificado de evaluación medioambiental expiró en noviembre de 2024.

En 2014, el gobierno aprobó el certificado “pese a que éste concluía que el proyecto tendría importantes efectos adversos y aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero”, sostiene Amnistía Internacional.

Ahora, la Ministra de Medio Ambiente y Parques de la Columbia Británica, Tamara Davidson, decidirá si hace permanente ese certificado y permite que el megaproyecto siga adelante, o si exige una nueva evaluación ambiental que ralentizaría la continuación del proyecto dos o tres años, pero no le pondría fin definitivamente. Esa decisión se espera para marzo de 2025. 

Una de las preocupaciones de Amnistía Internacional es que la construcción del gasoducto fue iniciada sin que haya un punto de final aprobado. “El actual certificado de impacto ambiental se basa en el trazado del gasoducto con final en la isla de Lelu [donde hubo resistencia por parte de los pueblos y que acabó siendo cancelado]. Puesto que esto ya no es así, y el trazado del gasoducto probablemente se modificará si el proyecto sigue adelante, es más necesaria que nunca una nueva evaluación de impacto ambiental”, sostiene Amnistía Internacional.

Organizaciones nacionales e internacionales, como Peace Brigades International –Canada, instan a que el gobierno garantice que se lleve a cabo una nueva evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto de PRGT. “Las circunstancias han cambiado considerablemente desde 2014. Las condiciones económicas y medioambientales no son ya las mismas, y el cambio climático va en aumento. Los ríos locales son más cálidos y menos caudalosos, la población de salmón y otros peces y fauna corre mayor peligro, y la mayor frecuencia de los incendios tiene un impacto cada vez más fuerte en la región”, sostienen en una llamada internacional de acción contra el gasoducto.

Exigen que se emprenda de “forma urgente y transparente un proceso de consulta con los pueblos indígenas por los que pasa el trazado del gasoducto, un proceso que sea conforme con el derecho y las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Además, apuntan que, como emisor histórico de gas carbónico, Canadá tiene un mayor deber de detener la concesión de licencias de nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles. Desde 2021, alegan, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido que los nuevos proyectos de combustibles fósiles mantendrían el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero e incumplirían el requisito de lograr cero emisiones netas en todo el mundo para 2050. 

A lo largo de los años los Gitxsan y sus aliados han realizado acciones de protestas, han montado bloqueos y campamientos en las orillas del trazado propuesto del gasoducto y han presentado denuncias judiciales contra el proyecto. En 2016, durante los primeros intentos de construcción, se levantó el campamento Madii Lii, que se mantiene hasta hoy, para bloquear el acceso al derecho de paso del gasoducto en el valle de Suskwa. 

La resistencia al megaproyecto continúa mientras se espera una decisión por parte de las autoridades ambientales canadienses. “Si se construye el gasoducto cruzando nuestro territorio, después que todas las máquinas sean retiradas, es nuestra gente la que quedará con la destrucción, nos quedará familias rotas, y perderemos mucho de nuestro territorio”, dice Gwii Lok. 

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Avispa Mídia platicó con Gwii Lok durante el encuentro continental  Construyendo una Alianza contra Gasoductos y Otros Megaproyectos en Defensa de los Territorios de los Pueblos Originarios, realizado en Matías Romero, en el Istmo Tehuantepec, en Oaxaca.

En lo que sigue, destacamos partes de la entrevista en las que el Gitxsan constata la destrucción histórica de sus territorios, promocionada por el Estado canadiense, pero también partes en las cuales resalta estrategias y los detonantes de la resistencia. “El dinero no conoce fronteras, pero nosotros tampoco las conocemos”, dice.

En Canadá, la colonización continúa

Hemos vivido en nuestras tierras desde hace miles de años. De hecho, ayudamos a los colonos cuando llegaron. Sin embargo, no hemos recibido la misma cortesía. Tras el contacto, perdimos a muchos, muchos de nuestros hijos, por ejemplo, en internados y escuelas residenciales.

La desaparición de nuestros hijos afectó a las generaciones sucesivas. Estas escuelas no tenían un patio de recreo. Estas escuelas tenían un cementerio adjunto. El último internado se cerró en 1996. Cada persona de nuestra comunidad y de nuestras comunidades vecinas tiene a alguien en su familia que no regresó a casa de estas escuelas. 

Las amenazas y muertes continúan. Nos amenazan, amenazan a nuestras mujeres y niños, entran por la puerta de nuestras casas con motosierras. La industria en Canadá creó toda una nueva división de policía militarizada sólo para nosotros. Esto ocurre en un momento en que nuestro país, Canadá, habla de reconciliación con los pueblos indígenas. Nos enfrentamos a la reconciliación a punta de pistola. Nos vemos obligados a ver cómo se destruyen nuestras tierras. Hay gente que está siendo asesinada. Canadá tiene una larga historia al respecto.

Las mismas estrategias

Las mismas estrategias utilizadas por empresas y gobierno contra nosotros en nuestros territorios son utilizadas en territorios de pueblos en otros países. Deseo pedir perdón ante ustedes [dirigiéndose a los pueblos presentes en el encuentro intercontinental]. Disculpas porque muchas de estas operaciones son de empresas canadienses. Así como nos tratan, así tratan a los demás pueblos indígenas en el mundo. Toman nuestros recursos, toman nuestros territorios, toman nuestros niños, nos matan. Pero no tenemos miedo, hemos resistido por generaciones. Creemos en lo que hacemos y en lo que somos. Y esta es la manera por la cual hemos sobrevivido por miles de años. Y esta es la paz que los gobiernos electos de Canadá no entienden. No entienden que algunas personas no pueden ser compradas. 

Hacerse visibles

La Nación Gitxsan y la Nación Wet’suwet’en han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus territorios ante el Tribunal Supremo de Canadá y finalmente ganaron las acciones legales y recibieron el reconocimiento de que nuestros territorios nunca han sido cedidos, nunca hemos renunciado a la titularidad.

Infelizmente tenemos que ir a la Corte para demostrar que existimos. Primero hay que hacernos visibles para poder tener derechos. Y esta estrategia ha sido usada en diversas partes de América Latina. No estamos robando a nadie como pueblos indígenas, solo queremos conservar lo que es nuestro.

También estamos intentando recurrir a tribunales internacionales. Hemos emprendido acciones legales contra Canadá una y otra vez. Estamos recibiendo ayuda de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales. Pero nada es tan fuerte como la unidad con nuestros parientes y otros pueblos indígenas de todo el mundo.

Conocer el territorio

Es muy importante conocer el estado de su tierra y su territorio. Lo que quiero decir es que, antes de que tus tierras se vean afectadas por la industria y los megaproyectos, en los casos en que no se logra detenerlos, tienes que conocer la salud de tu medio ambiente para poder demostrar que las empresas lo han envenenado. Tener elementos para probarlo es muy importante.

Fortaleza

Nuestra ventaja más fuerte en esta lucha contra nuestros propios gobiernos e industria es la unidad dentro de nuestras naciones, la unidad con nuestras naciones vecinas, la unidad entre Gitxsan y Wet’suwet’en por un objetivo común.

Además, es cada vez más fuerte y eficaz el uso y la ocupación cotidiana de nuestras tierras. Ya no vivimos en las ciudades, vivimos en nuestra propia tierra. Nunca olvides quién eres, tu herencia, tu lengua, tu cultura, tu tradición. Todo eso define quién eres y te fortalece. 

Futuras generaciones

Nosotros recibimos una canasta. La tenemos que pasar a la siguiente generación. Y esta nueva generación recibirá lo que yo deje en esta canasta. Es mi obligación no disminuirla; yo debo dejarla como la recibí. En esto se basa todas mis tomas de decisiones.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

El panel constituido conforme el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) falló, el 20 de diciembre, a favor de Estados Unidos al considerar que elementos del decreto presidencial de México, firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2023, que prohíbe el glifosato y maíz genéticamente modificado, no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”. 

El panel de controversias fue solicitado por Estados Unidos luego de que México prohibió la importación de maíz genéticamente modificado (GM). El gobierno mexicano dijo no compartir la determinación del panel, pero la respetará.

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La campaña nacional “Sin maíz no hay país” sostiene que el panel comercial no tiene la legitimidad ni la capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país, destinadas a proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Nuestro, México cuenta con 64 razas de maíz, de las cuales 59 pueden considerarse nativas. En 2021 la producción del grano fue de más de 27 millones de toneladas y es tan importante que se cultiva en los 32 estados del país. 

“Por ello, bajo ninguna circunstancia un tratado comercial puede estar por encima de la soberanía de México”, sostienen las redes, organizaciones y personas que integran la campaña nacional.

Para asegurar y fortalecer la posición de México, mencionan la importancia de elevar a rango constitucional la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado y su consumo como alimento básico. 

Al respecto, hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su conferencia que para protección del grano se puede elevar a rango constitucional el decreto presidencial. La iniciativa fue presentada en el paquete de reformas presentado a inicios del 2024 por López Obrador, algunos meses antes de dejar la presidencia. 

La reforma a los artículos 4° y 27° se enfoca, entre otros asuntos, en declarar a México país libre de maíz genéticamente modificado (GM) para la siembra y consumo humano, y por el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional, sin la intromisión mercantil. 

La iniciativa habla de la modificación del párrafo tercero del artículo 4° constitucional que declara al maíz elemento de identidad nacional, libre de modificaciones genéticas transgénicas; mientras el quinto párrafo se establece la obligación estatal de asegurar la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad nacional. 

En la fracción XX del artículo 27, se establece la obligación del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral y garantizar el “óptimo uso de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificado”.

En agosto de este año, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales. En la página oficial de los legisladores mencionan que a partir del decreto, el ingreso al país de maíces genéticamente modificados únicamente debe permitirse en la modalidad de maíz quebrado, grano fragmentado, de manera que carezca de capacidad para germinar a menos que se cuente con una evaluación de los riesgos a la salud que tenga en cuenta las prácticas de consumo, diversificación, resguardo, comercialización, industrialización y distribución que puedan provocar la mezcla con maíces libres de esta tecnología. 

Por otro lado, en el informe final sobre la controversia, en respuesta a la pregunta del panel respecto de si el decreto de 2023 podría modificarse, México respondió que es extremadamente difícil responder en ausencia de constataciones y razonamientos específicos. 

México recordó en las controversias que, si se viera obligado a modificar el decreto de 2023, “estaría retirando medidas consideradas necesarias para cumplir con las obligaciones legales de México con los pueblos indígenas”. En este caso el panel no tuvo comentarios. 

Controversias

Con la instalación del panel, desde el 2023 inició el proceso en el que ambos países presentaron argumentos escritos para emitir una resolución el 14 de diciembre. Pero el fallo ocurrió seis días después, el 20 de diciembre.  

El panel estuvo integrado por Christian Häberli, de Suiza, presidente del panel; además de los panelistas Hugo Perezcano Díaz, de México; y Jean E. Kalicki, de Estados Unidos. Además, de expertos en comercio internacional y aspectos legales vinculados con procesos comerciales. 

“Sin maíz no hay país” señala que no son científicos, ni especialistas en salud pública o ambiental.  Su labor se limita a resolver la controversia administrativa presentada por Estados Unidos contra México, sin considerar los posibles impactos del maíz genéticamente modificado en la salud, la biodiversidad o el medio ambiente del país. 

En un contexto de 30 años México ha documentado los efectos del uso de la biotecnología en los alimentos y en la biodiversidad de cultivos. El gobierno de México presentó ante el panel la recopilación de artículos científicos y dictaminados por pares. 

Estados Unidos presentó investigaciones financiadas por la propia industria e incluso panfletos publicitarios, que no comprueban que el maíz genéticamente modificado es inocuo para la población mexicana.  

Para la campaña nacional ‘sin maíz no hay país’ desde hace nueve años la agroindustria tiene la posibilidad de realizar todos los estudios científicos para evaluar los efectos a la salud y al medio ambiente por la siembra de maíz GM en México, bajo supervisión judicial y de la colectividad demandante, pero “al día de hoy se ha rehusado a realizar cualquier estudio en México”. 

“El gobierno mexicano ofreció a EUA realizar una evaluación de riesgos conjunta que cubriera las necesidades de ambas poblaciones, lo que EUA se negó a realizar por considerarla innecesaria. [La decisión del panel] evidencia los riesgos que representa que los alimentos básicos sean parte de los tratados comerciales y sean considerados como una mercancía y no como un bien prioritario para la humanidad”, enfatiza un comunicado de la campaña nacional. 

La representación de EUA también reiteró que el decreto presidencial de México obstaculiza el libre comercio, pero a decir de las organizaciones, el argumento carece de fundamentos, pues las importaciones de maíz han crecido en los últimos años, concentrándose principalmente en grano destinado al consumo animal, con base en las cifras oficiales de importación. 

“Es esencial que sigamos exigiendo al gobierno de México que mantenga su postura firme en contra del maíz GM ante los intereses transnacionales. Este debate ha evidenciado deficiencias en los sistemas internacionales de evaluación de organismos genéticamente modificados y sus riesgos para la salud humana y ambiental”, enfatiza. En el panel tampoco evaluaron las implicaciones en la diversidad del maíz que es fundamental para contender contra los fenómenos derivados del cambio climático. 

La raíz 

México es centro de origen, domesticación y diversidad del maíz, y tiene el acervo genético más grande del mundo, de acuerdo al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), resultado del mejoramiento a manos de campesinos desde hace 10 mil años. 

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se emitieron dos decretos presidenciales que prohíben la importación del maíz genéticamente modificado (GM) para siembras agrícolas, para evitar los riesgos en la biodiversidad de los maíces nativos y la salud humana. 

En el primer decreto, publicado en 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se hace el planteamiento sobre restricción general al maíz genéticamente modificado, pero la disposición carecía de claridad. 

Para febrero de 2023 se publicó un nuevo decreto que sustituye al previo y que, además, de la prohibición de este maíz para consumo humano, prevé la sustitución gradual y especifica, por ejemplo, que ya no pueda ser importado el maíz genéticamente modificado, que no se otorguen permisos para la siembra, no debe existir este maíz en el alimento de la población mexicana (en la industria de la masa y la tortilla) y que gradualmente ese maíz tampoco deberá estar presente en la industria pecuaria y otros usos industriales alimentarios.

Partiendo de que la exportación estadounidense de maíz a México es un negocio de 5 mil millones de dólares, es decir, es enorme, destaca Tania Monserrat Tellez de ‘sin maíz no hay país’, “entonces EEUU para presionar a México, y que nosotros quitáramos esas disposiciones, comenzó a activar algunos artículos del Tratado Comercial”. 

Tras la publicación del decreto en el DOF, en agosto de 2023, Estados Unidos solicitó un panel de controversias con México sobre la biotecnología agrícola, en específico del maíz genéticamente modificado y se amparó en el Artículo 31 del T-MEC. 

El Artículo 31 establece que cuando un país considera que otro está incumpliendo con el acuerdo se pueden realizar consultas técnicas, esto permite los cuestionamientos de EEUU a México respecto a las regulaciones que adoptó.

“Desde que inició el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), en la sociedad mexicana hubo voces muy críticas respecto de la inclusión de granos básicos, entre ellos el maíz desde 1994. Ahora, este es resultado justamente de esa entrega de nuestro país, del mercado, de nuestra alimentación a partir de la firma”, lamenta Tellez. 

“Hay que aclarar que lo que se cuestiona en el panel no es si los transgénicos hacen daño o no, lo que está en cuestionamiento en el panel es una cuestión de procedimiento de si México cumplió con el proceso que establece el T-MEC para establecer una disposición como el decreto”, explica. 

La sociedad civil de México, Estados Unidos y Canadá participó en el panel y se pronunció contra la presión de EEUU a México que hace a través del T-MEC. Las organizaciones de México buscaron ampliar la discusión dentro del panel con más elementos.

Aportaron en la figura de Opiniones Técnicas que consiste en que cualquier entidad no gubernamental puede solicitar ante el panel el envío de una opinión técnica y, en términos generales, se aceptaron las emitidas por las organizaciones de México y de EEUU algunas fueron desechadas.

“Las de Canadá fueron rechazados porque es un país tercero interesado y argumentaron que no era parte de la controversia”, explica la representante de ‘sin maíz no hay país’. Pero, dentro de todos los argumentos de la sociedad civil, solo uno no era favor de México.

En marzo de 2024 se presentaron opiniones escritas de manera formal ante el panel y, en ellas, las organizaciones buscaron incorporar distintos elementos como el impacto a la gran diversidad de maíces en México como centro de origen y diversificación del cultivo; los impactos al patrimonio biocultural, al derecho a la salud y para apelar a una medida precautoria ante la inexistencia de pruebas sobre las industrias que dedican a su creación y distribución. 

Pero el proceso del panel de controversias siguió sin la participación formal de las organizaciones porque no hay otro mecanismo contemplado dentro del panel para que la sociedad participe. “Lo que hicimos fue organizar una campaña de difusión de lo que estaba pasando en el panel, en redes sociales fundamentalmente”, señala Tellez.

Entre otras acciones, llamaron a firmar una carta que enviaron a los panelistas invitando a resolver en favor de la salud de las y los mexicanos, del patrimonio cultural y de los derechos medioambientales y culturales, en el contexto de una sesión presencial entre los países y los panelistas realizada en la Ciudad de México. 

En ese tenor también se presentaron los resultados de la campaña de divulgación, así como las 125 mil firmas que lograron reunir contra el maíz genéticamente modificado. 

Tras el fallo negativo a México, Tellez señala que no hay ninguna figura para la cual las organizaciones de la sociedad civil puedan apelar. “Nosotros creemos que el panel es un procedimiento que responde a una estructura que está hecha para que el libre comercio gane sin tomar en cuenta los daños que puede ocasionar, en este caso los derechos que afecta el que llegue el maíz transgénico a nuestro país”, sostiene. 

EEUU no puede demostrar inocuidad del maíz

“Las empresas (de EEUU) han tenido la oportunidad de hacer solicitudes para siembra de maíz transgénico, pero no lo han hecho porque no quieren cumplir con el procedimiento de demostración de la inocuidad de esos maíces. Entonces, en todos estos años y fuera del marco de la demanda, ni la industria estadounidense ni el gobierno han desarrollado alguna evidencia para demostrar que el maíz es inocuo para la población. Consumimos once veces más maíz que en EEUU”, informa Téllez.

Ella señala que tampoco han demostrado lo propio en términos del medio ambiente, tan es así que no han solicitado permisos para sembrar, “podrían hacerlo en el marco de la demanda”, pero, en realidad, no quieren ser sometidos a esas pruebas, “entonces no hay evidencia”.  

“Nosotros cuestionamos: ¿Por qué quien compra tiene que demostrar que un producto que alguien está vendiendo hace daño? Es absurdo, en ninguna circunstancia un consumidor le demuestra al vendedor que lo que va comprar no hace daño. Estados Unidos debería probarlo y no lo ha hecho”.

La campaña nacional ‘sin maíz no hay país’ apela a la medida precautoria, al ser una figura jurídica en donde, ante la existencia de duda de daños de las citadas tecnologías, se deben tomar medidas de precaución, “y es lo que México está haciendo”. 

En el panel de controversias, el gobierno mexicano nutrió su defensa con los argumentos de Conahcyt, Semarnat, Cofepris. La Secretaría de Economía mantuvo un equipo jurídico que llevaba a cabo la defensa. 

Contaminación comprobada

De acuerdo al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), de enero a noviembre de 2023, a México entraron más de 18 millones de toneladas de maíz genéticamente modificado. Aunque, la exportación de este grano tiene una historia muy larga, desde los 90’s con el TLCAN hubo un crecimiento mayor de la importación. 

En el 2001 se presentaron los primeros reportes sobre la presencia de transgenes provenientes de organismos genéticamente modificados (OGM) en granos nativos de la Sierra de Oaxaca.  El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) realizó un análisis por técnicas moleculares de 5,304 muestras de maíz nativo en México en el periodo de 2000 a 2023.

Lo anterior es parte de la Evaluación de la Presencia de Secuencias Genéticamente Modificadas en el Maíz Nativo de México, que también destaca que de 2009 al 2023, el porcentaje de presencia de transgenes a nivel nacional aumentó de un 1% a un 33%.

En cuanto a las 5,304 muestras analizadas, Conahcyt demostró que el 12 %, es decir, 644 presentaron secuencias genéticamente modificadas. La mayoría se concentra en ocho de las 32 entidades del país, es decir el 26% del territorio.

La región sur del país se presentan una mayor cantidad de datos y estudios, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas, aunque laCiudad de México y Puebla son los territorios donde se encontraron los valores más altos de la presencia de secuencia GM, de 35 % y 27 % respectivamente. 

“Se observó que después de la etapa de liberación de maíces genéticamente modificados en el país (2005 al 2012) hubo un notable incremento en la presencia de transgenes en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sinaloa”, señala el estudio.

A través de estos resultados,el Consejo urgió la necesidad de desarrollar estrategias a corto plazo para mitigar la propagación de transgenes en el maíz nativo;propuso la divulgación del problema ambiental y cómo afecta en el acervo genético de México y a los productores. 

Así también habla sobre el diseño e implementación de estrategias de bioseguridad para la protección de sus maíces nativos, que sean acordes a los conocimientos agrícolas tradicionales, sus creencias y su bioculturalidad para cada una de las regiones del país. Estos argumentos fueron presentados en el panel como parte de la estrategia de México en las controversias con Estados Unidos.