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Alerta glaciar: La tramitación de la ley, de mal en peor
La coordinación de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a través de una declaración publica lo nefasto de la tramitación de la ley para la protección de los glaciares.
Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran minería a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron dañados criminalmente por la corporación Barrick Gold. Fue la presión de organizaciones sociales que venció y logró detener después de años de lucha con este delito contra el medio ambiente.
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Autor: José Cárdenas
LA COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:
ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACIÓN DE LA LEY, DE MAL EN PEOR
El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile.
Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.
La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política
como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que
las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos
haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley
que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.
La jornada partió con una impresentable jugada del oficialismo. El Gobierno y sus senadores presentaron un informe vergonzoso que da cuenta de gran cantidad de faenas mineras medianas y pequeñas, tanto en ambiente periglaciar como permafrost. Dicho informe revela que estas faenas son más destructivas de estos ambientes que las grandes empresas. Cabe destacar que esta Coordinación maneja la información de que hay por lo menos 34 proyectos mineros e hidroeléctricos ubicados en glaciares, mientras que en el cuadro comparativo de Sernageomin solo da cuenta de 14.
Sin embargo, los objetivos de esta sucia jugada fue sensibilizar y asustar a estos productores, azuzándolos contra la ley de glaciares para, con ello, contar con argumentos que sigan fortaleciendo la postura de la indefensión del ambiente periglaciar y permafrost, totalmente distinto a lo que proponía el proyecto original – símil a la iniciativa de Argentina–presentada por Girardi.
Interesante es constatar que Sernageomin y el Estado conocen todos los lugares donde hay zona periglaciar y
permafrost. Esto revela lo falaz del argumento que usan para dilatar su protección, según el cual para resguardarlos es
necesario conocer y delimitar sus ubicaciones. Gino Casassa, director del Departamento de Glaciología y Nieves y acérrimo detractor de una ley de glaciares y de su protección, se dio cuenta rápidamente del error político, objetó el informe y solicitó su revisión con datos de la DGA. Cuando la información se necesita para sus intereses, aparece.
Un segundo momento tuvo a Girardi como protagonista. En un monólogo vergonzoso se desdijo de todos los argumentos sostenidos en reuniones previas en defensa de su proyecto, llegando a decir que el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA) sí protege los glaciares. Esto pese a que previamente coincidía con el análisis de las
comunidades respecto a que es una falacia y que el Proyecto Pascua Lama es el ejemplo más claro: se permitió dicho
proyecto con la condición de no afectar los glaciares, sin embargo, estos fueron afectados. Pero lo más grave de esta
sesión fue que dejó su postura al descubierto: “Nosotros no vamos a establecer una protección absoluta al periglaciar y permafrost, como teníamos originalmente, y no va a ser la misma protección absoluta que tiene el glaciar tanto blanco como de roca, y establecimos un mecanismo de protección mediante el sistema de impacto
ambiental”. “(…) los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, ha habido una flexibilidad basada en evidencia científica”.
Como coordinación venimos denunciando hace meses “una cocina” y la vuelta de chaqueta de Girardi y los senadores
de oposición, quienes han sucumbido a las presiones de la minería como ha sucedido históricamente, desestimando la
defensa de un proyecto que proteja realmente los glaciares en un contexto global y nacional donde urge hacerlo más
que nunca.
Desoladora fue la primera intervención de la Senadora Allende, recién llegada a la Comisión en reemplazo de Elizalde.
Su declaración de preocupación por los glaciares fue vacía y lo que realmente le inquieta son las consecuencias de la
ley para la minería: “Entendiendo la importancia que tiene la protección para una región como Valparaíso, también
necesito saber si los proyectos que son de mediano y largo plazo, digamos, quedan afectados o no afectados. Una cosa
es prohibir y otra es obligarlos a una evaluación de impacto ambiental. (…)Tanto en la Región Metropolitana (Andina) como Valparaíso (CODELCO), existen proyectos en curso y ambos, minería pública y privada, tienen proyectos
bastantes estratégicos. (…) Yo no sé si el Ministro de minería puede ayudarme.”
A lo que el ministro en sintonía contestó: “Hay que velar porque no sea una prohibición absoluta, y eso es un poco la
gradualidad (…), es decir en los glaciares no se puede hacer nada, salvo actividades digamos científicas, o deportivas,
etc. Y en el ambiente periglaciar y el permafrost hay que ir al Sistema de Evaluación Ambiental, eso es, en resumen”.
Sincerando por fin lo que Piñera ha intentado ocultar todo este tiempo: ESTE GOBIERNO NO QUIERE PROTEGER LOS
GLACIARES.
Por su parte, la Senadora Provoste, actual Presidenta del Senado, reiteró la defensa de su última indicación.
Recordemos que esta comisión tuvo un escándalo a mitad de enero con Girardi como actor principal. Él se asesoró por
el experto en glaciares Francisco Ferrando, y los senadores confiaron en que las indicaciones que ingresaron en
conjunto en noviembre 2020 estaban visadas por él, pero no fue así. Ferrando nunca aprobó la permisividad de
actividades en zona periglaciar y permafrost y Girardi ingresó las indicaciones con esas catastróficas flexibilidades.
Provoste retomó el espíritu de las indicaciones de Ferrando y optó por proponer una “protección zonificada”, donde la
intervención está prohibida en zonas de escasez hídrica, particularmente en Atacama: “…Queremos insistir en la
necesidad de establecer un criterio de diferenciación en aquellos territorios, como particularmente en el caso de la
región de Atacama, que exista una prohibición respecto de proyectos de inversión en el ambiente periglaciar,
definiendo a este como desde el punto vista espacialmente, desde los límites de la cuenca glaciar que era algo que el
profesor Ferrando también había señalado, salvo en caso de corredores trasnacionales, los cuales deberán presentar
por cierto los correspondientes estudios de impacto ambiental. (…) es fundamental que exista una protección clara y que estén prohibidos los proyectos de inversión en el ambiente periglaciar en regiones como la nuestra”.
Este miércoles 14 de abril, se retomó la discusión sin mayor avance, quedándose en revisar como superar lo referido a
ambiente glaciar y permafrost, se intento avanzar en las sanciones, que desde ya parecen insuficientes.
Como Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares afirmamos que la única alternativa es defender la
protección de todos los glaciares y sus ambientes a nivel nacional. Si el área periglacial y permafrost no se protegen no se protegerán los glaciares ya que son parte de complejos ecosistemas interconectados. No podemos apoyar que unos
territorios sí logren protección y otros no. La sequía avanza cada día hacia el sur. Un botón de muestra es el reciente
decreto de escasez para las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno. Necesitamos políticas que prevean el futuro, no
que lleguen tarde. Finalmente, debe haber sanciones claras y concretas.
Estos antecedentes son una pésima señal de lo que podría pasar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado,
donde el proyecto seguirá su discusión. Compuesta por Girardi y Allende –la supuesta oposición–, resulta difícil
esperar un mejor panorama para las comunidades y los ecosistemas glaciares dependientes. Ponemos en alerta sobre esta situación a las comunidades hermanas, los pueblos y la ciudadanía de lo que pase con esta ley y a no permitir su
avance si ese es el panorama. SIN GLACIARES NO HAY VIDA. No permitamos que los senadores se salgan con la suya,
no política en la medida de lo posible. Exijamos un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza.
Video de sesión en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-energia/comision-de-mineria-energia/2021-03-30/224753.html
Pedro Castillo y el Perú: lo nuevo viene de lejos
Por Gozalo Armúa y Lautaro Rivara
La mayoría de los análisis recientes sobre la coyuntura electoral en el Perú coinciden en un punto: la extrañeza, la novedad y la improbabilidad de que un personaje “desconocido” como Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, haya accedido al balotage que el día 6 de junio lo enfrentará a la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori en la disputa por la presidencia del país.
Pero más que de una realidad caprichosa, este desconcierto habla del desconocimiento propio sobre el proceso político y social en la nación andina, de “los ríos profundos” que corren en el país olvidado pero viviente, rezagado pero protagónico, de las serranías peruanas. Como reza el dicho: existen la ficción, la realidad y el Perú. Adentrémonos en él.
Las elecciones
El proceso político de los últimos años ha sido sinuoso. El Perú llegó a estas elecciones bajo un gobierno de emergencia, tras la destitución de Martín Vizcarra el 9 de noviembre del año 2020. Este, a su vez, había llegado a la máxima instancia ejecutiva tras la caída del también destituido Pedro Pablo Kuczynski (más conocido como PKK).
En los comicios se presentaron 18 candidaturas presidenciales, de las cuales se estimaba que al menos seis tenían posibilidades de superar la magra barrera del 10 por ciento de los votos. Verónika Mendoza asomaba como la candidata con mayores posibilidades en el campo del progresismo y la izquierda, dado que en las elecciones del año 2016 había quedado a poco más de dos puntos porcentuales de acceder a la segunda vuelta. Por su parte, las opciones de derecha más competitivas se dirimían entre dos variantes fujimoristas: la representada por el economista neoliberal Hernando de Soto -asesor económico de Alberto Fujimori e ideólogo del brutal programa de austeridad conocido como el “fujishock”- y aquella expresada en la figura de Keiko Fujimori, hija del dictador que, al menos para los y las peruanas, no necesita de mayores presentaciones.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a Pedro Castillo de Perú Libre un claro primer lugar, con 19 por ciento de los votos, y a Keiko Fujimori de Fuerza Popular un 13,35 por ciento. La diferencia, irremontable, dejaría por fuera de la segunda vuelta a De Soto. La contienda entre Castillo y Fujimori expresa, por tanto, el más polarizado de los escenarios posibles, al menos en lo que concierne a la elección presidencial.
Pero además Castillo ganaría en 16 de las 26 circunscripciones electorales, y su partido, en un hecho inédito, obtendría casi 30 escaños en el Parlamento, convirtiéndose en la fuerza más votada del país. Aun así, el escenario parlamentario se presenta muy fragmentado entre una variopinta paleta de colores y fuerzas políticas, que van desde la derecha de tintes fascistas hasta la izquierda radical, con variantes progresistas, confesionales, antivacunas, neoliberales y progresistas, en combinaciones no siempre esperadas.
La historia reciente
Perú atraviesa una crisis profunda en todos sus niveles, que es expresión del colapso del modelo liberal instaurado a sangre y fuego por el fujimorismo en los años ‘90, y justificado a través de la “estabilización” del país con la práctica desarticulación de Sendero Luminoso.
Ese espiral de descomposición tiene en particular una dimensión política, que se evidencia en las disputas intestinas entre distintas fracciones de los sectores dominantes. Estas luchas facciosas han generado en los últimos años la destitución de varios presidentes, el cierre del Congreso, el enfrentamiento frontal entre el Ejecutivo y el Legislativo, la renuncia de numerosos jueces y de magistrados de la Corte Suprema, el procesamiento y encarcelamiento de varios ex presidentes por el Caso Odebrecht y hasta el suicidio del ex mandatario Alan García, por nombrar algunos de los hechos más notorios.
Entre los golpes palaciegos, la corrupción endémica y el total distanciamiento del Estado respecto de las necesidades populares, en los últimos años han emergido distintos procesos de movilización social que tienen como principales protagonistas a las comunidades enfrentadas contra los proyectos megamineros y a la lucha reivindicativa de los y las docentes. La capital, Lima, también se ha movilizado, quizás con más notoriedad internacional, contra la crisis política, el desgobierno y los recurrentes escándalos de corrupción.
Perú, como otros países del eje Pacífico, alberga una enorme fragmentación territorial y fuertes regionalismos. Allí conviven universos prácticamente diferenciados como los de la Costa, la Sierra y la Selva, diversos en sus economías, sus culturas, sus modos de vida y sus formas de articulación al modo de acumulación dominante. La región costera concentra las mayores riquezas del país y ha hegemonizado la idea misma de la peruanidad: cosmopolita, occidental y decididamente neoliberal.
En la Sierra, en los últimos años, las industrias extractivas se han abierto paso sobre la economía rural y campesina, lo que ha generado una convivencia -por lo general conflictiva- entre enclaves neoliberales hiper desiguales con una cosmovisión indígena y comunitaria de fuertes reminiscencias incaicas. Tanto en estas ciudades extractivistas como en el ámbito rural, los sectores populares tienen que hacer frente al racismo y al colonialismo interno de las clases dominantes criollas. La Selva, por su parte, aislada geográfica y económicamente, ha sido el teatro de operaciones de organizaciones guerrilleras desde los años ‘70, y ha sufrido de lleno las consecuencias de la “guerra sucia” del ejército peruano en los años ‘90 y también “la guerra contra las drogas” orquestada por la DEA y los Estados Unidos.
Es en estas regiones periféricas, alejadas del centro moderno y desigual que es Lima, en los contornos de una de las repúblicas más centralistas de todo nuestro continente que, una vez desarticulada la guerrilla Sendero Luminoso y finalizada la dictadura de Fujimori, empezaron a emerger porfiadamente nuevas formas organizativas campesinas, comunitarias y populares. Las luchas antimineras, en particular, han tenido una gran relevancia en lo que va del siglo XXI, y de su acción organizativa han emergido liderazgos indígenas y populares que incluso han accedido a gobiernos locales y regionales.
Así, por ejemplo, en el 2018 el referente ecologista aymara Walter Aduviri conquistó la gobernación de Puno; Zenón Cuevas hizo lo propio en el Departamento de Moquegua; mientras que Vladimir Cerrón -del mismo partido que Castillo- también se alzó con la gobernación de Junín. Además, las fuerzas populares accedieron al poder en varias provincias -circunscripciones locales, equivalentes a los municipios- a través de fuerzas políticas desconocidas en Lima y la Costa pero con una fuerte raigambre en los territorios.
Cabe destacar que en la zona selvática los docentes rurales han tenido una presencia única desde los años ‘60, y muchos de ellos aparecen como los referentes naturales de sus comunidades. En uno de los episodios de lawfare menos conocidos en la región, varios de estos liderazgos han sido perseguidos, encarcelados y/o inhabilitados para ejercer cargos públicos. Es el caso de Walter Aduviri, hoy encarcelado, y también el de Vladimir Cerrón, suspendido en su gobernación e imposibilitado de presentarse como candidato presidencial por su partido, Perú Libre.
La campaña
La victoria de Castillo, sorprendente pero no por eso azarosa, reconoce entonces tres factores principales. En primer lugar el proceso histórico que acabamos de describir, que explica el surgimiento de nuevas luchas, nuevas organizaciones y nuevos liderazgos en las zonas rurales del Perú. En segundo lugar, el dominio de una estructura con anclaje territorial, presencia institucional y recursos locales, que desbarata el estereotipo de una fuerza política precaria e improvisada. En tercer lugar, la irrupción de una suerte de oustsider de izquierda, identificado con e identificable por las masas indígenas, campesinas y populares. Un docente rural, mestizo, provinciano, alejado del centro institucional y del discurso liberal-urbano y políticamente correcto, capaz de interpelar y representar el hastío frente a la corrupción, la casta política y los poderes fácticos.
Por su mismo origen periférico, Perú Libre es un partido de escasos vínculos internacionales -si lo comparamos, por ejemplo, con Juntos por el Perú de Verónika Mendoza- y prácticamente desconocido hasta ayer para el conjunto de la opinión pública, de las corporaciones de prensa y hasta para parte de los movimientos y partidos progresistas y de izquierda del continente. Valga como como botón de muestra lo que sucedió en la cadena CNN, quien durante la cobertura del día domingo no contaba siquiera con una imagen de archivo para presentar al candidato que encabezaba el proceso electoral. Perú Libre, insistimos, es una fuerza militante, cohesionada, con arraigo territorial, y con presencia en gobiernos locales y regionales.
Es esta base logística y organizativa la que ha permitido el despliegue de una campaña, austera en apariencia, pero que ha asignado de forma eficiente sus recursos, por fuera de los circuitos “obligatorios” de la gran prensa y las redes sociales -quizás no tan obligatorios considerando que, por ejemplo, el 60 por ciento de los y las peruanas no tienen acceso a internet-. Perú Libre apostó, en cambio, por las radios comunitarias, los recorridos pueblo a pueblo, los eventos culturares y la incidencia en los medios locales.
Castillo, en Twitter, no tiene más de 3 mil seguidores, ni mayor presencia en las otras redes sociales. Fue omitido por la mayoría de los grandes medios hegemónicos, hasta que en la recta final algunos de ellos decidieron darle visibilidad para desbancar del balotage a Verónika Mendoza. Aunque esto no explica la cosecha electoral de Perú Libre, es evidente que el tiro les salió por la culata.
El candidato
Pedro Castillo es uno de los ocho candidatos presidenciales en Perú que no tiene ningún proceso judicial abierto. Los otros diez tienen o tuvieron procesos por corrupción, delitos electorales o irregularidades financieras.
Si bien no es una figura desconocida, el nivel de apoyo a su candidatura ha rebasado las expectativas de propios y extraños. Castillo es maestro rural, que ha marchado extensamente por los pueblos olvidados del Perú profundo, sin contar con que ha sido alcalde distrital de su pueblo en Cajamarca. También fue miembro activo de las Rondas Campesinas. Los “Ronderos” son una organización campesina y comunitaria con miles de integrantes y con presencia en gran parte del sur del Perú. Se la considera la organización con mayor capacidad de movilización de todo el país, aunque sus demostraciones de fuerza, lejanas a Lima, suelen pasar desapercibidas. La organización rondera ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años y se vincula con distintas fuerzas políticas populares y de izquierda. Pese a que recientemente han creado su propia herramienta política, para estos comicios decidieron brindar su apoyo a Castillo y a Perú Libre.
Además, Castillo es referente de un sector de oposición en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) actualmente dirigido por el Partido Comunista del Perú-Patria Roja. La base más activa del sindicalista está asociada con profesores de extracción popular-campesina, y tiene gran ascendencia sobre sectores evangélicos de dentro y fuera del magisterio.
En el año 2017 ganó protagonismo nacional por su liderazgo en la gran huelga y movilización docente de aquel año, aunque luego terminó disputando la conducción del sindicato en un frente común con sectores conservadores.
Las bases de apoyo de Castillo dentro del mundo docente se componen de sectores populares y empobrecidos, con referencias políticas ideológicas diferenciadas y contradictorias: izquierdistas, conservadoras, laicas o confesionales. De ahí las posiciones esperpénticas que combinan propuestas soberanistas, latinoamericanistas, constituyentes y de transformación económica radical, en simultáneo con declaraciones conservadoras en lo social -incluso homófobas- aunque no de forma orgánica ni programática.
En declaraciones recientes, Castillo anunció que de llegar a la presidencia terminaría con el encarcelamiento a Antauro Humala, militar revolucionario del Movimiento Etnocacerista que encabezó el Levantamiento de Locumba contra la dictadura de Alberto Fujimori, y más tarde el “Andahuaylazo”, asonada militar que intentó forzar la renuncia del presidente neoliberal Alejandro Toledo. Antauro Humala cumplió su pena de prisión por este último hecho, pero sigue encerrado debido a una decisión política. El Movimiento Etnocacerista cuenta con una base popular y una militancia bien disciplinadas que fueron interpeladas por este gesto de Castillo.
Esta singular figura de a caballo -lo vimos ir a votar montado en una yegua encabritada- podrá parecer ridícula o retrógrada a ojos vista de las clases medias limeñas, los sectores pudientes y las fuerzas políticas de inspiración liberal, pero empalma de forma indudable con las aspiraciones de buena parte de las masas más postergadas del Perú.
La organización
El partido Perú Libre fue fundado en 2007, se amplió por la sumatoria de otras fuerzas políticas regionales en 2012, y es actualmente conducido por el dos veces gobernador de Junín -electo en 2010 y en 2018- Vladimir Cerrón, quien ocupa el cargo de Secretario General Nacional.
En su plataforma política se afirma que “Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista (…) y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguistas son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial.”
Hay que destacar que, tanto Perú Libre como su referente Vladimir Cerrón, sostienen una concepción latinoamericanista, cultivan estrechos vínculos con Evo Morales, y no han cesado en su reivindicación de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana de Venezuela. Algunos de los principales ejes de su programa de gobierno son: asamblea constituyente y nueva constitución, economía popular, Estado fuerte regulador, integración del Perú a la UNASUR y abandono de la OEA, nacionalización y estatización de recursos estratégicos, salud y educación pública. En su estatuto se promueve también “la participación de las mujeres en los espacios de decisión política” y el “aportar a la agenda de género e inclusión social de la mujer (…) para que cada mujer peruana tenga una participación activa en la construcción de la Patria”.
El balotage
La segunda vuelta electoral tendrá lugar el 6 de junio y será un choque de galaxias. Mientras el fujimorismo destila el odio de una prédica autoritaria, anticomunista, antichavista y antifeminista, caracteriza y criminaliza como “terruco” -terrorista- a las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, populares y comunitarias que luchan por transformar el Perú. Mientras tanto, Castillo no oculta su origen humilde y su identidad de izquierda, y enfatiza un discurso anti-dictatorial y anti-corrupción. Sin embargo, ambos candidatos, pese a estar en las antípodas ideológicas, cuentan con amplias bases populares. Las únicas figuras impávidas, expectantes, parecen ser las élites blancas limeñas, cultoras de los buenos modales y los valores liberales.
Para el progresismo peruano, la disyuntiva puede o arrojarlo al encuentro con las masas populares del Perú, para iniciar allí un mutuo proceso de educación y re-educación política, o condenarlo al ostracismo y liquidarlo como fuerza política. O se alía con Castillo y llama a votar por él -siquiera de forma crítica-, y se desprende de los sectores más liberales y colonizados de entre sus filas; o se posiciona por el voto nulo, ante la imperdonable posibilidad de allanar el terreno para que el trágico apellido Fujimori vuelva a gobernar con mano de hierro el Perú, desbaratando la primera posibilidad real de conquistar un gobierno popular desde la presidencia del militar nacionalista Velasco Alvarado.
Castillo tiene el desafío, en el plano nacional, de lograr coagular a los diferentes sectores sociales y democráticos que rechazan al fujimorismo pero aún ven con recelo su candidatura radical. Y en el plano internacional, el desafío de ampliar su marco de alianzas, para lograr blindarse contra las operaciones de los aparatos mediáticos, diplomáticos y judiciales que ya le han declarado la guerra. Y también para ponerse a resguardo de los sectores liberales que ya empiezan a agitar la peligrosa tesis de que en el Perú se enfrentan “dos conservadurismos”, poniendo en la misma bolsa a banqueros y ronderos, a oligarcas y maestros rurales, a dictadores en ciernes y a líderes antineoliberales.