justicia
COMUNICADO DE LA COMUNIDAD WIXARIKA Y TEPEHUANA DE AZQUELTÁN – MOVILIZACIÓN ANTE DESPOJOS Y AMENAZAS.
Al Congreso Nacional Indígena
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación
La comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, damos a conocer que por acuerdo de la asamblea general de comuneros del 13 de octubre de 2019, se determinó proteger la posesión de terrenos comunales en la localidad de Izolta, que estaban siendo cercadas por Favio Flores, alias La Polla, quien con amenazas de muerte a los comuneros busca posesionarse de cerca de 2mil hectáreas en un paraje donde la comunidad realiza la cosecha de pitaya, orégano y pesca en el río, que son las principales actividades económicas para el sustento comunitario durante todo el año y que impiden con su invasión y constante hostigamiento.
Así mismo, según el acuerdo de nuestra asamblea, el alambre decomisado será resguardado por la comunidad, hasta en tanto el propietario acuda por ellos o los reclame por los medios legales y pacíficos apropiados.
Denunciamos también que el pasado día 24 de octubre, cuando una comisión de la comunidad se encontraba realizando una inspección en la parte alta de los terrenos comunales en el paraje Agua Zarca, se encontró con que el campamento que manteníamos en el sitio, en el cual se había construido una casa de madera, y una cocina, se encontraba totalmente quemado, acción por la cual responsabilizamos a los caciques que con apoyo de los gobiernos intentan a toda costa quedarse con nuestras tierras.
Reiteramos que la tierra comunal de Azqueltán no está en venta, pues está amparada por nuestro título virreinal, así como por el procedimiento de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales en curso en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 16. Nos amparan los derechos señalados en la constitución mexicana, los convenios internacionales la ley agraria y jurisprudencias que definen las comunidades de hecho o de derecho, así como las facultades que tiene nuestra asamblea general.
Por lo anterior, responsabilizamos de cualquier agresión o ataque a los comuneros de San Lorenzo de Azqueltán a Favio Flores, alias La Polla, quien ha buscado sembrar la violencia para despojarnos de nuestro territorio ancestral, al cual cuidaremos y defenderemos.
ATENTAMENTE
A 29 de octubre de 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA WIXÁRIKA Y TEPEHUANA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN
Pronunciamiento internacional por justicia para niñas masacradas en el Hogar Seguro, en Guatemala.
Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro
22 de octubre de 2019
Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.
El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.
Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.
Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.
Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).
El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).
En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.
