Ciudad de México, 19 de enero, 2020. Texto: RZ. Foto: Restauradoras con Glitter.

Tras dos meses en paro de labores como acto organizado de protesta frente a la violencia misógina, alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tuvieron un encuentro con personal de la dirección de la Facultad y de la Rectoría el miércoles 15 de enero en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México. En su página Mujeres Organizadas de la FFyL, las alumnas publicaron una tabla con los once “compromisos y límites que la dirección de la Facultad y la Rectoría tienen que cumplir para la entrega de las instalaciones”. Reproducimos el contenido completo de dicha tabla.

DEMANDA

1.- Modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM para reconocer la violencia de género como una falta grave.

RESPUESTA

Se comprometieron a subir la propuesta al Consejo Universitario para que el pleno del Consejo modifique los artículos y que hará pública la propuesta.

¿QUÉ IMPLICA?

1.- Ya hubo una junta de Consejo Técnico donde se supone que se terminó la propuesta.
2.- Falta convocar a una sesión de C.T. para aprobarla y mandarla al Consejo Universitario.

COMPROMISOS A LARGO PLAZO Y LÍMITES PARA LA ENTREGA DE LA FAC

Límites:

– Sesionar y aprobar la propuesta de la Unidad de Género para la reforma de los artículos.
– Que el Consejo Universitario apruebe la modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General.

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ROMPIENDO FRONTERAS

CHILE WALLMAPU: -Inician proceso para un Congreso Anarquista en Chile radiokurruf. –colombiainforma-Chile. El gobierno a través de la Ley de Seguridad de Estado inicia la cacería de Víctor Chanfreau y otros 33 estudiantes kaosenlared 11 de enero. Actividad en apoyo a lxs presxs de la revuelta Coordinadora18deoctubre

MEDIO ORIENTE IRAN – EUA: Iran ataca bases militares estadounidenses en Irak, Trump responde con amenazas economicas. news-front Contra todas las guerras, contra todos los gobierno Comprendiendo la guerra Estados Unidos-Irán crimethinc

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Chiapas, México. 24 de diciembre. “Este mes la pasamos tristes sin estar al lado de nuestras familias y amigxs. Me han privado de mi libertad, llevo 15 años sin festejar la Navidad con mis familiares. Hago hincapié que el gobierno estatal y junto con sus funcionarios públicos me tiene privado de mi libertad, aunque ya alcanzo mi libertad por mis días laborados”, comparte Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, en el penal cinco de San Cristóbal de las Casas.

“Los compas de la organización La Voz Verdadera del Amate: Germán López Montejo y Abraham López Montejo, de igual manera pasan triste Navidad sin la presencia de sus hij@s y de sus esposas. La Navidad la pasamos tristes”, abundan los indígenas injustamente presos en una carta publicada el pasado día 22. “El gobierno de Chiapas nos mantiene secuestrado mientras él y sus funcionarios públicos festejan la Navidad a lado de sus familiares y salen de vacaciones mientras que hay presos inocentes que luchan por su libertad, se ve claramente que no les interesa nuestro bienestar. Son insensibles y crueles”, denuncian los originarios de los altos de Chiapas.

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Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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En el marco del 51 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, miles de personas marcharon de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo de la Ciudad de México.

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EN EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJON ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MÉXICO. A 13 DE SEPTIEMBRE 2019.

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Juntas de Buen Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A l@s adherentes a la Sexta Declaración de México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
A los defensores de derechos humanos honestos e independientes
Al pueblo de México y el mundo

Jmololabex ants winiketik icha spatil a wotanik ta pisilik machatik nokol skoltabel te lum kinalik te yuun ta skuenta te nokol spojbel te chopol ajwalil.

Compañeros y compañeras reciban un saludo combativo para sus organizaciones y pueblos en resistencia de parte de los adherentes a la Sexta Declaración del ejido San Sebastián Bachajón.

En este medio, damos a conocer y aclarar los hechos que denunciamos anteriormente en relación a la detención de un compañero, MANUEL MORENO JIMÉNEZ, del ejido bachajon, derivado de esta detención le fue fabricado el delito de robo con violencia, lo cual nunca cometió, actualmente le fabrican otro delito, delito de abigeato, todo esto es fabricado con tal de que quedara preso.

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