^{Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã}

Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.

Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.

“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.

Fuego

Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.

Este patrón se ejemplifica con los testimonios recopilados del pueblo Apurinã, quienes reconocen prácticas habituales realizadas por quienes invaden sus territorios, ubicados en la ciudad de Boca do Acre, en el estado de Amazonas.

“Primero vienen los madereros y cortan las maderas duras para venderlas. Al año siguiente, en verano, prenden fuego a la zona talada. Cuando llega el invierno, el agricultor viene y utiliza aviones para sembrar la maleza”, denuncian los autores Ivanilda dos Santos y Antonia Silva en el artículo “Territorio Apurinã de Valparaíso: sin acceso a los derechos territoriales”.

“El último paso es cercar y poner ganado”, testificó también el cacique Antonio José de la TI Valaparaíso: “Así todos los años hay tala, robo de madera, quema y formación de pastos y granjas”.

Cabe destacar que estos sucesos criminales han aumentado desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro en el año 2019, e inclusive continuaron ocurriendo a pesar de la pandemia por la Covid-19 que azotó particularmente en Brasil.

La Articulación El Agro es el fuego seconstituyó como una reacción a los incendios forestales que asolaron a Brasil en los dos años recientes. Esta red integra una treintena de movimientos sociales y organizaciones sociales y pastorales quienes trabajan desde hace décadas en la defensa de los territorios en la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal.

El último informe publicado representa la segunda fase de análisis y denuncia sobre el uso criminal de los fuegos, lo cual se describe en siete artículos con el mismo número de casos territoriales.

En crecimiento: hambre y agronegocio

De acuerdo al análisis del informe, el crecimiento del hambre en Brasil, situación que ya afecta a 19 millones de personas, es proporcional a la expansión del agronegocio.

“En todo el país aumenta el hambre y la inseguridad alimentaria, mientras la agroindustria bate récords de cosecha. Los productos de la soja se concentran intensamente en el Cerrado y sus zonas de transición, desplazando las áreas de pastoreo hacia la Amazonía y avanzando sobre las áreas donde se cultivan importantes alimentos para la mesa de la población brasileña en varias regiones del país”, resumen Sílvio Isoppo Porto y Diana Aguiar, autores de uno de los artículos del informe.

Esta situación se ejemplifica con el hecho de que la soja y el maíz representan el 88% de la última cosecha de cereales. En contraste, alimentos presentes en la vida cotidiana de la población, tales como el arroz, trigo y frijoles, suman sólo el 8% de la producción nacional de granos, pues vieron reducidas las superficies plantadas en la última década para dar paso a los monocultivos de soja.

Para Isoppo y Aguiar, “los paisajes de monocultivo dominantes en la región podrían considerarse verdaderos ‘desiertos alimentarios’, y subrayan que, a pesar de las amenazas constantes, así como la falta de apoyo, los sistemas tradicionales de la agricultura familiar y campesina “es lo que todavía garantiza lo que queda de variedad y calidad de los alimentos, además de la agrobiodiversidad y el abastecimiento de los mercados locales o regionales”.

Pantanal arde

El Pantanal es la mayor zona inundable continua del mundo, una región que comprende parte de Bolivia, Paraguay y tiene su mayor extensión en Brasil por los estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur.

En este ecosistema, los incendios registrados de enero a octubre del año 2020 afectaron a 4.1 millones de hectáreas, lo que representa el 26% de su superficie. Si estos datos se comparan con los incendios del 2019, existe un aumento de casi tres veces en la superficie quemada.

Según un informe del Ministerio Público de Mato Grosso y Mato Grosso del sur, cerca del 60% de los focos de incendio en el Pantanal en 2020 fueron causados por la acción humana. En Mato Grosso del Sur, las imágenes de satélite sugieren que las llamas comenzaron en cuatro propiedades rurales.

El medio Repórter Brasil develó que los incendios en el Pantanal iniciaron en fincas que venden ganado a empresas de la familia Maggi (Amaggi y Bom Futuro), propiedad del ex ministro y ex senador Blairo Maggi, y al grupo Bom Futuro, propiedad de Eraí Maggi, uno de los mayores productores de soja del planeta. Ambas corporaciones a su vez son proveedoras de gigantes del agronegocio como JBS, Marfrig y Minerva.

Minería

El informe también destaca que la industria minera está por detrás de los incendios y refiere los casos en que han sido atacados los pueblos Yanomami y Munduruku.

Pese a que la minería es considerada una actividad ilegal dentro de los territorios indígenas, para noviembre del año 2020, la Agencia Nacional de Minería (ANM) tenía una cantidad mayor a 3,000 solicitudes activas para la exploración o explotación minera en las tierras de los pueblos originarios. De estos trámites, 58 ya habían sido aprobados.

De acuerdo al artículo firmado por Luis Ventura Fernández, integrante del Consejo Indígena Misionero (Cimi), 13 de los requerimientos mineros aprobados afectan a la Tierra Indígena Sawré Muybu perteneciente al pueblo Munduruku, ubicado en la parte media del río Tapajós.  Ahí se concedió a la Cooperativa de Extração Mineral del Valle del Tapajós el derecho a explotar la casiterita hasta julio de 2022.

Sólo en 2020, se presentaron ante la ANM 145 nuevas solicitudes de autorización con superposición de tierras indígenas. Se trata del mayor volumen de solicitudes desde 1996.

En este contexto, también destaca la promoción del proyecto de ley 191/2020, propuesto por el gobierno de Bolsonaro y a punto de ser votado, el cual pretende regular la minería y la exploración de hidrocarburos en tierras indígenas.

Con respecto al proyecto de ley, Fernández destaca la relación en dos direcciones respecto a la solicitud de extracción minera y su regulación. “La expectativa de regulación alienta al mercado minero y, al mismo tiempo, el aumento de las solicitudes del mercado alimenta la narrativa de ‘legitimidad y urgencia’ de la iniciativa de regularización política”, ante lo cual “automáticamente, el mercado se calienta y el número de solicitudes aumenta considerablemente, incluso antes de que se produzca la regularización”.

Este proceso de regularización, aún en curso, no impide que la minería avance. Datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) revelan que el 72% de toda la minería realizada en la Amazonía entre enero y abril del año 2020 tuvo lugar dentro de áreas protegidas.

A su vez, una encuesta realizada por la Universidad Federal de Minas Gerais y el Ministerio Público Federal estimó que entre 2019 y 2020 se utilizó un volumen de 100 toneladas de mercurio en la minería ilegal en territorios de la Amazonía.

Cicatrices

Los artículos de la plataforma El Agro es el fuego muestran la dimensión de las cicatrices dejadas en los territorios donde el uso criminal del fuego impacta contra la naturaleza y la vida de quienes habitan estos territorios. También recoge un apartado para visibilizar las acciones de resistencia y los anuncios de esperanza de los pueblos y comunidades tradicionales.

Con el material compartido por la articulación, compuesto por datos y testimonios concretos, el informe enfatiza que los incendios no son eventos aislados, sino que son parte de un proyecto político y económico que continúa la devastación del medio ambiente y los hogares de los pueblos originarios y comunidades tradicionales.

Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

Las estrategias de defensa

El escenario que vive la comunidad de Silvia es parecido al contexto de los demás pueblos originarios que habitan el estado de Oaxaca, uno de los estados de México que cuenta con más del 80% de su territorio como propiedad social, principalmente, territorio indígena, bajo el régimen de ejido y comunidades agrarias. Sobre este territorio, la Secretaría de Economía ha emitido más de 300 concesiones mineras. “En nuestras comunidades, fue la minería que nos orilló, como mujeres, a asumir una doble lucha, por la defensa de nuestro territorio y por el reconocimiento como mujeres que somos en la toma de decisiones”, agrega Silvia.

La Secretaría de Economía ha argumentado que solo se ha concesionado el subsuelo y no el territorio indígena. Se basa en el articulo 27 constitucional mexicano, que dice que los bienes del subsuelo, entre ellos minerales y el petróleo, son de interés social y “corresponde a la Nación el dominio directo”.

Desde 2018, al menos 16 comunidades chontales demandaron a esta y otras instancias de gobierno como parte de una estrategia jurídica que decidieron emprender. En ese mismo año, lograron, primero, que todas las actividades, en relación a la mina, se dejaran como estaban, bajo un termino jurídico conocido como “Suspensión de Plano”, es decir, la empresa no tenía posibilidad de hacer nada en este territorio.

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Apegados a marcos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este pueblo originario apeló a su autonomía y a su autodeterminación y alegó sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía y no haberles informado ni consultado.

Además, alegó sobre la inconstitucionalidad de la ley minera. En febrero del año 2020, el juez 4º de distrito de Oaxaca concedió el amparo, no solo para las comunidades demandadas sino “para el pueblo Chontal, contra la concesión minera”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la Organización Civil Tequio Jurídico.

La determinación del juez “de proteger a todo el pueblo Chontal es inédita”, remarca la abogada. Sin embargo, “al mismo tiempo, protege a la Ley Minera, al considerar que no viola derechos. Además, ordena un proceso de consulta para el pueblo Chontal”.

Esto derivó a que las comunidades dieran un siguiente paso, abriendo un proceso de revisión del caso (42/2021) contra la Ley Minera, donde exigen que se respete la autonomía y autodeterminación del pueblo Chontal, porque “ya se decidió, mediante actas de territorio prohibido para la minería, que no quiere minería en su región. Por tanto, no hay nada que consultar”, agrega Olivos.

También las instancias de gobierno interpusieron su propio recurso de revisión (43/2021) y el juez del 2º Tribunal “defendió la constitucionalidad y la legalidad de la ley minera. Pero es una ley que históricamente se ha reclamado como inconstitucional por no proteger los derechos de los pueblos originarios”, puntualiza la abogada para Avispa Midia.

Por su parte, “la Secretaría de Economía ataca la sentencia diciendo que no se debió proteger el pueblo Chontal en su conjunto y que esas concesiones se otorgaron legalmente”, agrega Olivos.

Además, la empresa minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. “La empresa, mañosamente, se desistió de la concesión un mes antes de que dictara la sentencia, sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio. Porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía que, al ver que van perdiendo el juicio, se desisten para sobreseer el caso.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad Me’Phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio. “La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas  litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, sostiene la aboga Olivos.

En el caso de la región Chontal, los abogados y la comunidad tienen que mostrar elementos al Tribunal Colegiado para no dejar sin materia el juicio. “El 12 de noviembre hubo una sesión y el tribunal nos hizo saber su propuesta. Si el juicio se sobresellara, se quedaría sin materia, porque la empresa ya había desistido”, agrega Olivos.

“Sin embargo”, afirma la abogada, “una comisión del pueblo Chontal tuvo participación en esta sesión y presentó nuevos elementos y el caso continúa abierto. Lo que toca es esperar”.

Continuar con la resistencia

Mientras que la comisión del pueblo Chontal llevaba a cabo la tarea titánica que le han dejado en sus manos, las mujeres de diversas comunidades se reunieron, los días 13 y 14 de noviembre, en la comunidad de Santa María Candelaria donde realizaron el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Entre música y las flores bordadas de los huipiles tradicionales que portaban las mujeres, pintaron de fiesta un espacio de lucha. Compartieron risas, reflexiones en las mesas del intercambio de la palabra. Resaltaron la importancia de la participación política de las mujeres y presentaron su comité regional de mujeres chontales. Visionaron los nuevos caminos con su radio comunitaria como nueva herramienta en la resistencia y se pronunciaron contra el proyecto minero Zapotitlán 1, nombre que lleva el título de la concesión minera.

“Mujeres y hombres seguiremos fortaleciendo la participación política comunitaria de las mujeres, la defensa del territorio, nuestras instituciones comunitarias, los procesos organizativos, la defensa legal, la articulación con otros pueblos y el rescate de nuestra identidad comunitaria”, leyó Silvia en el comunicado de su pueblo.

En el comunicado las comunidades exigen al décimo tercer circuito en materia civil y administrativa que, “resuelva el recurso de revisión que ha interpuesto la Asamblea del pueblo Chontal conforme a los derechos indígenas reconocidos en el marco convencional y constitucional en materia de tierra, autonomía y libre determinación”.

Aunque Silvia comparte animada que, “no tenemos que esperar nada del gobierno. Está en nuestras manos defender nuestro territorio cuerpo, el bosque, las plantas, la dignidad y llegar hasta las últimas consecuencias. Recurriremos a todas las formas posibles y no dejaremos que entren. Vamos a defender nuestro territorio”.

Lo que le sobra a Silvia es coraje y determinación, su cargo como concejala casi concluye, pero ha identificado que la participación de las mujeres es determinante hoy más que nunca. “Tenemos que recurrir a la solidaridad, no solo entre nosotras las mujeres Chontales, también con otras mujeres indígenas que están resintiendo y luchando por el territorio. Solo entre nosotras podemos reconocer lo que hemos vivido y también sabemos como cuidar nuestro territorio”, finaliza.

La concejala Silvia ha inspirado a más mujeres chontales a seguir participando en las asambleas y en la defensa de su territorio. También es una voz que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG), pueblos que vienen resistiendo al despojo de los territorios ancestrales.

^{Foto: Santiago Navarro F.}

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

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Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

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“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

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“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta instancias del gobierno federal se han manifestado en los últimos tres días en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, como es el caso del Corredor Transístmico y el Tren Maya. La norma administrativa ya está en vigencia.

“El Acuerdo resulta problemático (…) ya que genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, sostienen en un comunicado diversas organizaciones sociales como el Artículo 19 México y Centroamérica,  Centro de Derechos Humanos – Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

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De acuerdo con estos organismos, es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional”. Bajo este sello, el gobierno puede reservar indiscriminadamente las informaciones relacionadas con los proyectos.

La medida “genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional”, sostienen. Sin embargo, la restricción debería “llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.

En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras en un plazo de cinco días de la solicitud. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, dice el acuerdo.

Dicha autorización tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo para que se emita la autorización definitiva. Con ello, se eliminan las “obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir (…) tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, dicen.

Las organizaciones denuncian que, al establecer como de interés público estos proyectos – es decir, pasan a tener carácter preferente frente a cualquier otro uso del territorio -, el gobierno federal contraviene también el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, “pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”.

Reacciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció en el mismo día de la publicación del acuerdo que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo.

El órgano sostuvo que “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Las organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales”.