presos políticos
Carta de Preocupación de organizaciones internacionales por la deslegitimación del CDH Frayba
Fuente: SweFOR
26 de abril de 2024
Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos, la deslegitimación y la estigmatización en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que restringen significativamente su espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, exponiendo la organización y a sus integrantes a graves riesgos en el desempeño de su labor.
En su conferencia de prensa matutina del 22 de abril de 2024, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de estar “buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que [desde el Frayba] están registrando”. Asimismo, señala a la organización de “estar magnificando las cosas”,[1] en referencia a las recientes denuncias del Frayba sobre la situación de violencia que está atravesando el estado de Chiapas desde mediados de 2021, cuando estalló la disputa entre grupos del crimen organizado por el control territorial.[2] Los mismos mensajes fueron reiterados en la conferencia de prensa matutina del día 23 de abril[3], mientras que unas semanas antes, el 3 de abril de 2024, el presidente acusó al Frayba de mentir,[4] por una divergencia sobre las cifras de personas fallecidas en el marco de un enfrentamiento ocurrido el 31 de marzo de 2024 en el municipio de La Concordia (Chiapas) entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo del crimen organizado.[5]
Ambas declaraciones son muestras del patrón de señalamientos por medio de los cuales el ejecutivo deslegitima la labor de defensa de derechos humanos llevada a cabo por centros de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como por periodistas, quienes documentan y denuncian la violencia territorial y las violaciones a derechos humanos, evidenciando la negligencia de las autoridades de los tres niveles del Estado mexicano.[6] Esta tendencia no es exclusiva del gobierno actual, sino que refleja una problemática histórica que concierne tanto a México como a otros países de América Latina, lo que ha contribuido a que la región se posicione como una de las más peligrosas a nivel mundial para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo.[7]
Como bien lo señala el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben garantizar la libertad de expresión “de quienes coinciden o tienen identidad con el gobierno, pero también, sobre todo, de aquellas personas que tienen opiniones divergentes”, recordando que “la estigmatización puede ser permisiva o generar un ambiente permisivo a que ocurran agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas”.[8] Señalar públicamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes, como parte de su labor, vigilan y auditan la actuación estatal en relación a la atención de violaciones de derechos humanos, aumenta su exposición a posibles agresiones y ataques violentos, y a la vez restringe el espacio democrático y de defensa de derechos humanos de la ciudadanía.
En este sentido, los estándares internacionales en materia de derechos humanos no sólo disponen el respeto de la labor de defensa de los derechos humanos,[9] sino que también exhortan “a los Estados a que reconozcan, por medio de declaraciones públicas, políticas, programas o leyes, la importante y legítima función que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la promoción de todos los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho como elementos fundamentales para garantizar su protección, entre otras cosas respetando la independencia de sus organizaciones y evitando estigmatizar su labor”.[10]
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas lleva 35 años en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Chiapas, habiendo acompañado en su trayectoria a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su lucha por la justicia, así como a comunidades y pueblos que defienden su autonomía y libre determinación. Gracias a su ética, rigor y compromiso hacia los derechos humanos se ha consolidado como una de las organizaciones de la sociedad civil más reconocidas en el país, contribuyendo a diario a visibilizar las injusticias y las violencias vividas por las poblaciones más vulnerables del estado. En línea con su misión, el Frayba, en conjunto con otros actores de la sociedad civil mexicana, ha documentado y denunciado la escalada de violencia que ha inundado Chiapas en los últimos tres años, y sus impactos sobre la población civil. La actual coyuntura expone a altos niveles de riesgo a quienes, como el Frayba, acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos en su búsqueda de justicia y reparación, y torna imprescindible el reconocimiento de su labor, así como su protección, por parte de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes llamamos a que cesen los señalamientos en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México, y se reconozca públicamente la labor fundamental que desempeñan en favor de la justicia, de la protección y promoción de los derechos humanos y de la construcción de paz. Finalmente, solicitamos que se fortalezca el marco legal, así como los mecanismos diseñados para brindar protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.
Amnistía Internacional | CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) | FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | IM-Defensoras (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos) | Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Protection International | SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz) SweFOR (Movimiento Sueco por la Reconciliación) | Taula per Mèxic
Peor de lo que puedas imaginar
Fuente: www.craigmurray.org.uk
Traducción: Radio Zapatista
Los gobiernos no pueden tomar grandes decisiones con extrema rapidez excepto en las circunstancias más extremas. En todos los Estados existen mecanismos que consideran las decisiones políticas, las sopesan, involucran a los distintos departamentos del Estado cuyas actividades se ven afectadas por esa decisión y llegan a una conclusión, aunque no necesariamente buena.
La decisión de suspender la financiación de la ayuda a la UNRWA no fue tomada por numerosos Estados occidentales en un solo día.
En el Reino Unido, varios ministerios gubernamentales diferentes tuvieron que coordinarse. Incluso dentro de un solo ministerio, el FCDO, las opiniones tendrían que coordinarse mediante comunicaciones escritas y reuniones interdepartamentales entre los departamentos que se ocupan de Oriente Medio, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Europa y luego, por supuesto, entre los departamentos diplomáticos. y alas de desarrollo del ministerio.
Ese proceso incluiría buscar las opiniones de los embajadores británicos en Tel Aviv, Doha, El Cairo, Riad, Estambul y Washington y ante las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York.
No es necesariamente un proceso largo, pero no es un día de trabajo, ni tendría por qué serlo. No hubo ningún impacto práctico en hacer el anuncio de recortar la financiación de la UNRWA un día antes o un día después.
Consideremos que el proceso paralelo tuvo que completarse en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y todas las demás potencias occidentales que contribuyeron a la hambruna en Gaza al recortar la ayuda a la UNRWA.
Todos estos países tuvieron que seguir sus procedimientos, y sólo mediante una coordinación previa –con semanas de antelación– entre estos Estados anunciaron todos el mismo día la destrucción del sistema de soporte vital para los palestinos, entonces absolutamente necesitado.
Y luego considere que ahora sabemos con certeza que los israelíes no habían presentado prueba alguna de la complicidad de la UNRWA en la resistencia de Hamas, en la que supuestamente se basaron estas decisiones en todos esos Estados.
No tengo ninguna duda de que la élite política occidental, herramientas pagadas de la maquinaria sionista, es cómplice del genocidio de los palestinos y de la limpieza étnica de Gaza a un nivel mucho más profundo de lo que el pueblo ha comprendido hasta ahora. La negativa de Starmer y Sunak a contemplar la posibilidad de poner fin a la venta de armas y al apoyo militar a Israel no se debe a inercia ni a preocupación por la industria armamentística. Es que apoyan activamente la destrucción de los palestinos.
La decisión coordinada de las naciones occidentales de acelerar la hambruna deteniendo la financiación de la UNRWA se anunció dentro de una hora, tras el fallo de la CIJ de que los habitantes de Gaza estaban en riesgo inmediato de genocidio, y expulsó de los titulares de los medios el fallo adverso contra Israel.
Esto envió la señal más clara en respuesta de que el derecho o las instituciones internacionales no impedirían que las potencias occidentales cometieran genocidio.
Las potencias occidentales no dan un comino por los 16.000 niños palestinos masacrados. Ninguna evidencia de fosas comunes en los hospitales los moverá. Sabían que se estaba produciendo un genocidio y continuaron armándolo e instigándolo activamente.
Este genocidio es el objetivo deseado de Occidente. Ninguna otra explicación es remotamente plausible.