Informe acusa a Israel de desmantelar todos los aspectos de la vida de los palestinos en Cisjordania
La organización israelí de derechos humanos B’tselem acaba de publicar un importante informe en el que acusa al Estado de Israel de destruir sistemáticamente las condiciones que permiten la vida de los palestinos en Cisjordania. Según el informe:
Desde la formación del Gobierno a finales de 2022, y aún más desde octubre de 2023, Israel ha intensificado drásticamente el daño que inflige a todos los aspectos de la vida palestina en Cisjordania. La posibilidad de ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, asistir a la universidad, acceder a atención médica, visitar a familiares y amigos, cultivar la tierra y realizar los cientos de actividades cotidianas que conforman la vida diaria está bajo un ataque israelí implacable y, en ocasiones, se ve negada por completo. Mientras tanto, la amenaza a la vida y la integridad física es constante. En cualquier momento, una persona palestina puede verse expuesta a la violencia de soldados o milicias armadas de colonos, verse arrestada y encarcelada, sometida a abusos y humillaciones, y, en ocasiones, asesinada. Este ataque combinado, dirigido contra los palestinos tanto a nivel individual como colectivo, ha convertido la vida de unos 3,5 millones de personas en una lucha constante contra la opresión y el despojo impuestos por el régimen israelí.
Si bien la documentación sobre derechos humanos y el debate público en torno a esta cuestión suelen centrarse en hechos concretos y violaciones específicas, este informe examina esas distintas violaciones de manera conjunta y entendiéndolas como partes de un mecanismo complejo que responde a una lógica común y es aplicado mediante diversas prácticas por distintos actores israelíes. Esta perspectiva subraya que las acciones de Israel en Cisjordania no constituyen simplemente una serie de violaciones aisladas de derechos individuales y colectivos, sino que forman parte de un mecanismo general de eliminación.
En este contexto, el término “eliminación” se refiere al daño sostenido a las condiciones materiales, sociales y políticas que permiten a los palestinos y a las palestinas existir como un colectivo – tierras, instituciones, idioma, cultura, vínculos sociales, liderazgo, memoria e historia compartida–, así como el daño a la posibilidad de imaginar y sostener un futuro común. El proyecto de eliminación que Israel lleva a cabo en Cisjordania busca reorganizar el espacio y las condiciones de vida en este territorio de manera que el control y la presencia israelíes se vuelvan contiguos, institucionalizados y permanentes. Al mismo tiempo, la existencia palestina se vuelve cada vez más fragmentada, vulnerable y dependiente.
Este informe muestra cómo el mecanismo israelí de eliminación se desarrolla a través de cinco ámbitos centrales de actuación: violencia e intimidación; restricciones a la circulación; asfixia económica; destrucción social y política; y limpieza étnica y apropiación territorial.
Lee el resumen ejecutivo del reporte aquí.
El informe “Proyecto de Eliminación” se basa en más de 2 mil testimonios de palestinos recopilados por B’Tselem desde octubre de 2023, y en más de tres décadas de documentación de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen israelí en Cisjordania. El informe analiza la realidad actual no como una colección de incidentes aislados o de daños específicos, sino como parte de un mecanismo integral de eliminación que opera para desmantelar las condiciones necesarias para la continuidad de la existencia palestina en Cisjordania, al tiempo que profundiza de manera irreversible el control y la supremacía judíos.
Un examen de la realidad actual en Cisjordania revela que el proyecto de eliminación se está implementando ahora de manera más abierta, directa y violenta que antes, y que depende cada vez más de la cooperación entre las autoridades oficiales del Estado y las milicias de colonos que operan en Cisjordania con el respaldo y apoyo del Estado.
Pronunciamiento de la comunidad mazateca de San Agustín Zaragoza, Huautla de Jimenez, con respecto a la supuesta consulta y la «Propuesta General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos»
A nuestros hermanas y hermanos Mazatecos
A los pueblos originarios de México
A el Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas
A las autoridades correspondientes
A la opinión pública
La comunidad de San Agustín Zaragoza perteneciente al pueblo originario Mazateco, convocados y reunidos a través de sus autoridades tradicionales, con motivo de analizar el cuadernillo para la «Propuesta general de derechos de los pueblos Indígenas y Afromexicanos» y la consulta de la misma, promovido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el día 13 de Julio del presente año de la cual se emite el siguiente:
PRONUNCIAMIENTO
1. Antecedentes
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de septiembre de 2024 busca modificar la relación Estado y Pueblos Indigenas y Afrodescendientes. En cumplimiento de ese mandato constitucional, el Gobierno de México publicó el 29 de junio de 2026 la Convocatoria al Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, proceso coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El proceso de elaboración de la iniciativa estuvo encabezado por el INPl y la Consejería Juridica del Ejecutivo Federal, a partir de 148 reuniones de trabajo con dependencias gubernamentales, especialistas y «representantes» de pueblos y comunidades. Sin embargo, el diseño y conducción institucional del proceso coloca al INPI como principal mediador entre el Estado y las comunidades, lo que limita la posibilidad de un trabajo directo y sostenido con los pueblos en sus propios territorios.
Sin embargo, de acuerdo a la Declaración de Los Derechos de Los Pueblos Indígenas, en el artículo 19 establece que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre e informado, por otro lado el convenio 169 de OIT establece que la consulta es obligatoria a todos los pueblos originarios y se deberá consultar a los pueblos originarios, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas.
2. Irregularidades de la consulta
Basándonos en estos convenios a los que el Estado Mexicano accedió firmar, el ejercicio de la consulta, en el caso particular de la Sierra Mazateca y en específico de la agencia de San Agustín Zaragoza y sus congregaciones el Encinal y la Providencia, observamos diversas irregularidades por parte del INPI. Hemos observado que los servidores públicos al presentarse ante algunas autoridades solo llevan un juego de cuadernillos para tres comunidades y se deslinda de la responsabilidad de informar con toda claridad a las otras congregaciones, las cuales también ejercen formas propias de gobierno de decisiones y acuerdos. También se menciona las bondades de aprobar la iniciativa de ley, pero no se estudia ni analiza a profundidad los impactos que tiene en nuestras comunidades, sobre todo al proceso jurídico que implica y sobre los límites de la competencia de las autoridades comunitarias y el Estado, también consideramos que los cuadernillos de trabajo al tener un lenguaje especializado con tecnicismos jurídicos, obstaculiza generar una participación incluyente e imparcial.
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