
Chiapas: la espiral de violencia y la inacción del Estado
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
Un nuevo informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registra la continuación de la crisis humanitaria en Chiapas, caracterizada por la violencia armada y criminal en un contexto de inacción del Estado, que permite la sucesión de desplazamientos forzados, desapariciones y ataques contra defensores de derechos humanos.
El documento titulado “Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal”, presentado la tarde de este miércoles (19) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existen regiones enteras del Estado que se han convertido en un sitio donde el crimen organizado ha consolidado el control sobre el territorio, las poblaciones e, incluso, estructuras políticas.
Para las y los miembros del Frayba, el caso en el sureste mexicano no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia nacional en la que, al menos, 19 de los 32 estados que conforman el país se encuentran en medio de la violencia criminal generada por la delincuencia organizada.

No obstante, destacan que “en Chiapas, la situación se agrava debido a la colusión entre estructuras estatales y criminales, la falta de acceso a la justicia y la militarización como una estrategia fallida para contener la violencia”.
La organización de derechos humanos sostiene que el caso de Chiapas demuestra la crisis de derechos humanos y violencia que vive el país, donde no hay ningun actor ni institución que detenga la “situación de terror” en la que viven pueblos y comunidades enteras.
Paz simulada
El documento, elaborado por el Frayba a partir de datos documentales provenientes de fuentes directas en los territorios, tiene el objetivo de constatar la urgencia de reconocer las atrocidades que ocurren en el periodo reciente chiapaneco.
Sostienen que la respuesta del Estado, mediante la militarización, consituye una “estrategia fallida, una tragedia con resultados sumamente desproporcionados”.
Frayba argumenta que, lejos de ser una solución, la militarización en Chiapas ha exacerbado la violencia. “La Guardia Nacional y el Ejército no han disminuido los niveles de criminalidad, sino que han generado un clima de desconfianza y complicidad”, dice en el informe.
Según casos documentados por el centro de derechos humanos, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, tiene responsabilidad directa en crímenes como la desaparición de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad.
En ese contexto, se ha registrado un incremento en las quejas por violaciones a los derehos humanos. Según los datos presentados desde el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el periodo entre 2019 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acumula 2, 284 reclamos por violaciones a derechos; le sigue la Guardia Nacional (cuerpo de seguridad militar bajo el mando de Sedena), con 1,917 expedientes; mientras la Secretaría de la Marina (Semar) suma 599.

El Frayba asevera que en Chiapas existe una ausencia total de gobernabilidad donde se afecta la protección y garantía de los derechos humanos, debido a que estos territorios son controladas por lo que denomina “un cuarteto del mal” integrado por la DO, empresas nacionales e internacionales, gobiernos de los tres niveles cuyos funcionarios, instituciones y estructuras “trabajan para que fluyan los negocios criminales” y, actualmente, organizaciones corporativas que, entrelazados, actúan con total impunidad.
“Todas estas circunstancias están ampliamente documentadas por el Frayba, ahora con el impulso de un discurso gubernamental basada en una paz simulada y usurpación de narrativas de la sociedad civil que constituye un gobierno sustentado en la mercadotecnia y una práctica cosmética en la administración gubernamental”, denuncia el informe.
Más que cifras
En el marco de su 36 aniversario en la labor de defensa de derechos humanos, el informe elaborado por el Frayba recopila datos y cifras que dan un panorama sobre el ambiente de terror criminal que se vive en Chiapas. Por ejemplo, el documento destaca el desplazamiento forzado de miles de personas sin acceso a refugio o apoyo humanitario.
Sólo entre enero del 2023 y junio del 2024, el centro de derechos humanos registró 20 eventos que afectaron a un aproximado de 15,780 personas, resaltando que varias regiones como los Altos, Frontera y Sierra, además de la Selva fueron las más afectadas, entre ellos los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas y Ocosingo. Destaca el caso de la Frontera y Sierra donde 8,190 personas fueron desplazadas debido a la violencia armada y criminal.

Otro de los aspectos más alarmantes que muestra el informe es el referente al incremento de las desapariciones en Chiapas, particularmente de mujeres y adolescentes, en un contexto donde no se realizan denuncias oficiales ante el temor de las familias a las represalias por parte del crimen y los funcionarios involucrados quienes operan con total impunidad.
“Considerando las desapariciones que el gobierno de Chiapas ha colocado en el RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), el 45% de estos reportes son de niños, niñas y adolescentes, lo que posicionaba a Chiapas en el cuarto lugar nacional de menores de 18 años desaparecidos”, dice el informe.

Los municipios con mayor incidencia son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.
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A lo anterior, el Frayba señala que, a pesar de un discurso público “progresista” y favorable a la justicia desde la gubernatura de Chiapas, y a nivel nacional con la autodenominada “Cuarta Transformación”, el Estado ha sido incapaz de garantizar los derechos humanos y, al mismo tiempo, de proteger a las personas defensoras.
Registros de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT) señalan la violencia en la región sur de México donde los estados de Oaxaca y Chiapas evidencian los mayores números de casos de ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos sucedidas entre el 1 de diciembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2023.
A su vez, destacan que en Chiapas, “el sector minero ejemplifica la colusión entre grandes intereses económicos y políticos, y cómo estos vulneran el derecho a defender la vida”, al señalar su implicación en la masacre ocurrida en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de abril de 2024, en contra de 11 personas (seis hombres y cinco mujeres) quienes se habian opuesto públicamente a la violencia criminal en el contexto de explotación ilegal de barita.
Como enfatiza la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en un comunicado posterior a los hechos, la región se encuentra arrasada “por la violencia generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera por grupos criminales que han operado en total impunidad”.
Minera Equinox Gold intensifica agresiones contra Carrizalillo ante vencimiento de contrato
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
La comunidad ejidal de Carrizalillo, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, resiste ante una fuerte campaña de agresiones provenientes de la empresa minera Equinox Gold, dueña del complejo minero Los Filos. Este escenario de violencia se ha agudizado en los últimos meses ya que el vencimiento del convenio de ocupación temporal de las tierras de los ejidatarios finaliza el próximo 31 de marzo.
De acuerdo con denuncias de los ejidatarios, la empresa ha empleado diversas estrategias para que la comunidad renueve el contrato que ha permitido la extracción de 607 mil 259 onzas de oro solo entre los años 2021 y 2024, con un valor aproximado de 1,765 dólares por onza.
En un boletín de prensa lanzado este 16 de marzo, los ejidatarios de Carrizalillo denuncian que la canadiense “Equinox incrementa su campaña de agresiones sistemáticas en contra de nosotros”, señalando a uno de los actores, al ingeniero Hugo Vergara, a quien acusan de fabricar un conflicto entre la comunidad de Carrizalillo, La Mezcala y Xixhilapa.
Entre las represalias de la empresa a los ejidatarios está el despido del 90% de los trabajadores locales, mujeres y hombres de Carrizarillo. “Representa un acto de agresión y presión contra nuestra comunidad”, sostienen los inconformes.
Incluso, la comunidad de Carrizalillo advierte que la campaña se ha expandido hacia la difamación a través de las redes sociales de la empresa.
A ello se suma que la empresa ha actuado de forma acelerada para remover sus materiales, insumos y equipo del lugar de operaciones, provocando la violación de sus propios protocolos de seguridad. “Asimismo, han contratado personal de forma precipitada que no cumple con la capacitación adecuada, poniendo en riesgo al resto de los trabajadores. Tal como sucedió el 12 de marzo, con la volcadura de una grúa en la cual el operador, al ser liberado antes de concluir con su capacitación, recibió una asignación precipitada que terminó en una cirugía de su pierna”, detallan los ejidatarios de Carrizalillo.
Los ejidatarios de Carrizalillo sostienen que el 100% de las tierras de cultivo y 95% de las tierras de uso común de la comunidad están ocupadas por la mina Los Filos desde 2007.

Amenazas
Desde febrero de 2025, más de una docena de líderes comunitarios, familiares y asesores han recibido amenazas de muerte. Estas intimidaciones, enviadas a través de medios electrónicos y paquetes de mensajería, han sido atribuidas por los ejidatarios a operadores de Equinox Gold, específicamente al gerente de responsabilidad social de Los Filos, Hugo Vergara.
El 1 de marzo, altos funcionarios de la empresa, incluidos el gerente general André Souza de Amorín y el vicepresidente senior Armando Fausto Ortega, llegaron a Carrizalillo sin previo aviso para presionar a la comunidad a firmar el acuerdo. Sin embargo, su intento de convencer a los habitantes con promesas de “progreso” fue rechazado por la mayoría.

El futuro incierto
Con el vencimiento del convenio el 31 de marzo, el futuro de la mina Los Filos y de la comunidad de Carrizalillo pende de un hilo. Si no se llega a un acuerdo, Equinox Gold perderá el derecho a operar en las tierras del ejido, lo que podría significar el cierre de la mina. Sin embargo, los ejidatarios advierten que, en caso de cierre, la empresa deberá cumplir con los convenios de remediación ambiental y compensar los daños causados.
Mientras tanto, casi 100 organizaciones y coaliciones de Canadá, México y otros 12 países, incluyendo la Red Canadiense para la Rendición de Cuentas Empresarial y 66 redes mexicanas, enviaron una carta a Equinox Gold, expresando su profunda preocupación por la escalada de tensiones, amenazas de violencia y persecución legal contra la comunidad de Carrizalillo.
La carta, dirigida al presidente y CEO de Equinox Gold, Greg Smith, con copia a autoridades canadienses y mexicanas, respalda las demandas de Carrizalillo para un proceso de dialogo independiente y respetuoso, denunciando la injerencia de funcionarios de Guerrero en tácticas de presión que vulneran los derechos de la comunidad. Además, exige que, en caso de cierre de la mina, se establezcan diálogos con la comunidad para definir planes de cierre que prioricen sus necesidades.