Radio Zapatista

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: La resistencia en Carrizalillo ha perdurado por dos décadas. Foto: Cristian Leyva}

Mientras el gobierno de Guerrero, México, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará acabo los días 27 y 28 de mayo, la comunidad de Carrizalillo exige la devolución de sus tierras y denuncia abandono de responsabilidades ambientales por parte de la minera canadiense Equinox Gold.

Ver también: Carrizalillo: el pueblo que frena a la minera Equinox Gold en Guerrero, México

Un campamento integrado por 2 mil 800 ejidatarias, ejidatarios y ciudadanos se mantiene en resistencia en las afueras de las instalaciones de la minera canadiense Equinox Gold, en Carrizarillo, Guerrero, desde el 1 de abril de 2025, justo cuando venció el contrato que le permitía el uso del suelo a la minera.

Desde este contexto, la empresa, con respaldo de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, ha intentado renovar los acuerdos por diversas vías y minimizando este proceso organizativo.

Los comunitarios han refutado recientes declaraciones del subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien insinuó que “algunas personas del ejido” aceptarían los acuerdos impuestos por la empresa.

“El subsecretario actúa como vocero de Equinox, no como servidor público”, denunciaron los inconformes a través de sus representantes, constituidos en la llamada Mesa Agraria de Carrizalillo. En un comunicado emitido el 12 de mayo se denuncia al funcionario por intentar ignorar el proceso de resistencia.

Equinox Gold anunció formalmente a sus inversionistas que el 31 de marzo de 2025 se ejecutaba la suspensión indefinida de sus operaciones en su mina Los Filos, tras el vencimiento del acuerdo de acceso a estas tierras que pertenencen a los ejidatarios. No obstante, la comunidad señala que la empresa incumplió obligaciones legales, como la falta de rehabilitación de las tierras contaminadas con residuos tóxicos, exponiendo a la población a riesgos ambientales.

Los inconformes destacan que la empresa les ofreció una fianza irrisoria de $1.58 pesos que recibiría cada ejidatario al mes, en un intento de obtener medidas cautelares. Solo en 2024 la empresa canadiense extrajo 170 mil 369 onzas de oro de estas tierras, lo que equivale a más de 500 millones de dólares , de acuerdo con los costos promedio en el mercado de futuros.

“La empresa decidió irse, pero quiere dejar atrás un pasivo ambiental y social. Exigimos que nos devuelvan las tierras en condiciones habitables”, puntualiza la comunidad en su comunicado.

La otra cara de la moneda

Mientras que el subsecretario Rodríguez Cisneros pide “cordura” a  esta comunidad, el gobierno estatal, al mismo tiempo, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará en Chilpancingo, la capital de esta entidad. Lo más resaltante es que este evento se realiza con respaldo y participación directa de Equinox Gold y otras mineras, para promover la “prosperidad compartida”, comunicó el gobierno de Guerrero.

El evento ha recibido todo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien incluso agradeció la titular de la instancia estatal Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega: “Gracias al respaldo de la gobernadora al sector minero se han logrado importantes acciones conjuntas, en bienestar de las comunidades y pobladores que se dedican a esta actividad económica que genera empleos en la entidad”, dijo la funcionaria.

También te puede interesar: Minera Equinox Gold intensifica agresiones contra Carrizalillo ante vencimiento de contrato

Para el evento, se espera la participación de autoridades a nivel federal, de las cámaras empresariales y hasta de la academia de las Ciencias de la Tierra, vinculada a la industria minera. Además de las transnacionales mineras Torex Gold, Luca Mining y Heliostar Metals y la empresa mexicana Industrias Peñoles. 

También se ha lanzado la convocatoria a la XXXVI Convención Internacional de Minería, que se celebrará entre los días 19 y 22 de noviembre, en esta misma entidad mexicana, donde se presentarán proyectos mineros en diversas etapas. Este evento es promovido por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{Foto de portada: Bienvenido Velasco}

Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.

Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.

La respuesta gubernamental, documentada por organizaciones sociales y medios independientes locales, ha sido detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y represión a las movilizaciones.

Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.

En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).

El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.

Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.

Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.

“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.

Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.

¿Acuerdo o intervención?

El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.

“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.

Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.

A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.

La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.

Reactivación minera

A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.

Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.

El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.

“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.

Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Fotos por Madres en Resistencia

La colectiva Madres en Resistencia solicitó la destitución de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado (FGE) de Chiapas, por la nula atención de los casos de feminicidios, desaparición forzada de personas y por la negligencia en sus declaraciones públicas.

“El fiscal solo demuestra su falta de preparación. Por ejemplo, la fiscalía es la primera que nos violenta, nos dicen ‘sus hijas se suicidaron’. No hacen investigación con la debida diligencia y perspectiva de género”, señaló Adriana Gómez, fundadora de la colectiva Madres en Resistencia.

Hace unos días, la colectiva se pronunció contra las declaraciones de Llaven Abarca que, ante medios de comunicación, calificó como “crimen pasional” el feminicidio de dos adolescentes en San Juan Chamula. La madrugada del pasado 20 de abril, Deysi Guadalupe, de 14 años, y su hermana Rosa Valeria Gómez Méndez, de 18, fueron halladas sin vida en una vía de terracería de la comunidad Cruz Obispo I, luego de dos días desaparecidas.

Las Madres en Resistencia mencionaron los estándares y los protocolos para investigar y procesar casos de feminicidio, como la Sentencia Mariana Lima Buendía que dicta lineamientos específicos en casos de asesinatos de mujeres, como que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.

Otro de los puntos de la sentencia especifica que la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, y los responsables deben ser sancionados. “¿Para qué existen esos tratados si Llaven Abarca hace lo que le da la gana? Para nosotras es una ofensa lo que dijo y exigimos su destitución”, insistió Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, adolescente asesinada al interior del Instituto del Deporte el 14 de enero de 2022; caso que Llaven Abarca resolvió como suicidio.

“Desafortunadamente tenemos fiscales que no saben qué es la perspectiva de género y la debida diligencia. Estando muertas hablan de ellas. Ya no están para defenderse, pero nosotras estamos aquí alzando la voz, porque estamos hartas de tener este tipo de autoridades”, precisó Adriana Gómez.

Para las familias de la colectiva, integrada en su mayoría por mujeres, Llaven Abarca habló desde su ideología machista y como parte del sistema patriarcal, y con su actitud solo busca dar carpetazo y cerrar el caso de un doble feminicidio de adolescentes.

“La Fiscalía es autónoma, pero cuando les conviene, porque cuando llegamos al edificio nos recibe un letrero que dice ‘Gobierno de Chiapas’. Y el gobernador nos dice que no tiene compromisos con nadie solo con la población, ¿entonces qué sucede?”, cuestionó la madre de Jade Yuing.

Encuentros y desencuentros

Jorge Luis Llaven Abarca aceptó reunirse con las Madres en Resistencia cuando protestaron con una huelga de hambre en Palacio de Gobierno, durante las primeras semanas de administración del gobernador Eduardo Ramírez (en diciembre de 2024). En ese encuentro se comprometió a atender cada uno de los casos y a reunirse de manera periódica con ellas, pero no sucedió así.

Hace un mes, la colectiva viajó a la Ciudad de México, tocó puertas en el Senado de la República y, desde ahí, dio una rueda de prensa, en la que proporcionaron detalles de sus casos. Poco después, el Fiscal General les pidió reunirse el 1 de abril. Las Madres en Resistencia acudieron y expusieron sus preocupaciones, pero percibieron que en todo momento el funcionario minimizó sus palabras, no lograron avanzar en los puntos solicitados y acordó verlas, de nuevo, el 4 de mayo, pero no llegó a la cita. “Llaven Abarca acude a las reuniones sólo cuando nos quejamos con la secretaria de Gobierno”, señaló Isabel Torres.

La junta fue dirigida por Armando Pérez Narváez, Fiscal de Coordinación y mano derecha del Fiscal; también estuvo José Zetina Sánchez, director General de Servicios Periciales; Cynthia Velázquez Sánchez, de la Fiscalía Contra el Feminicidio; Josefa de la Cruz Núñez de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada; Elizabeth Santiago, de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil; y Lesdy Cecilia Calvo Chacón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) quien en su participación negó el recurso económico para las acciones de búsqueda de la colectiva.

“La directora de la CEEAV se puso prepotente porque le dije que no trabajan, el apoyo psicológico de mi nieto (hijo de Cassandra Arias Torres) lo da la Fiscalía de Derechos Humanos, el médico lo proporciona la CEB y el acompañamiento jurídico la Facultad de Derecho de la UNACH. Si la CEEAV no sirve para nada entonces que la quiten”, dijo Isabel Torres.

Las autoridades acordaron reunirse con las Madres en Resistencia el día siete del próximo mes para planear acciones de búsqueda.

Indispensable la creación del Consejo Ciudadano

Las acciones de las Madres en Resistencia en el Senado de la República tuvieron resonancia el 30 de abril en el Congreso del Estado de Chiapas, con la presentación de la iniciativa en la que piden la conformación inmediata de un organismo especializado dentro del Congreso y el Consejo Estatal Ciudadano, con base en el Capítulo III de la Ley en Materia y Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas. De acuerdo al Artículo 41 de la citada Ley, el Consejo debe estar conformado por tres familiares de víctimas de desaparición; dos especialistas reconocidos y con prestigio en su labor en la protección y defensa de los derechos humanos (ddhh), la búsqueda de personas o investigación; y dos defensores de ddhh con conocimientos en la materia

El Consejo Estatal Ciudadano en Chiapas, previsto en la Ley de Desaparición de Personas, tiene como objetivo vigilar y evaluar las políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, canalizar denuncias y promover la colaboración entre autoridades y sociedad civil, buscando justicia y transparencia en la atención a víctimas y familiares.

“Queremos hacer un llamado de conciencia respecto a un problema que es tan real como nuestro dolor. Desde hace años vivimos en la incesante búsqueda de nuestros desaparecidos forzadamente, prácticamente con nuestros propios recursos y la voluntad inquebrantable para saber dónde están nuestros hijos o al menos conocer qué fue de ellos y menguar la prolongada incertidumbre con la que vivimos desde que se los llevaron”, fueron las palabras de las Madres en Resistencia ante al parlamento legislativo.

Señalaron de injusto que, desde el gobierno federal se minimice o se desacredite a las víctimas de desaparición forzada que tienen rostros, nombres y apellidos. Insistieron en la necesidad de reconocer una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas que siguen afectando profundamente las comunidades del territorio chiapaneco ante la omisión, inacción y negligencia de las autoridades.

“Son acciones urgentes y necesarias, no sólo para fortalecer los procesos de búsqueda, verdad, justicia y reparación, también significa dar un paso para atender las verdaderas problemáticas sociales, comprometerse con los derechos humanos y las demandas legítimas de la ciudadanía. Ahora más que nunca las víctimas de la violencia, necesitamos del acuerpamiento y la sensibilidad institucional para acceder a la verdad, y la justicia por nuestros desaparecidos y el dolor de las familias que buscan arriesgando la vida propia”, enfatizó la colectiva.

Isabel Torres, dio a conocer que luego de entregar la iniciativa le solicitaron una cita a Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente de Mesa Directiva del Congreso, pero, como en muchas otras ocasiones, puso pretextos para no atenderlas.

 “No sabemos por qué pone tantos pretextos si se la pasa detrás de Eduardo Ramírez o de Óscar Aparicio Avendaño (secretario de Seguridad del Pueblo), no entendemos cuál es su función en el Congreso que le facilita estar detrás del gobernador todo el tiempo, pero no para atender a la población”, cuestionó la madre buscadora.

El próximo 10 de mayo, bajo el lema “nuestra lucha de hoy en día es búsqueda, justicia y verdad”, la colectiva Madres en Resistencia convoca a una caminata que comenzará en el retén ubicado en la carretera Chiapa de Corzo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, realizarán un mitin en la Fiscalía General del Estado y concluirán la protesta pacífica en la entrada del Palacio de Gobierno.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Varios palestinos se desplazan en un carro tirado por un burro, este lunes 5 de mayo en Jan Yunis. Foto: Abed Rahim Khatib}

El gabinete de seguridad de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que desplegaría a miles de reservistas bajo la nueva ofensiva, bautizada como Operación Carros de Gedeón, para la ocupación total de Gaza. “Una cosa quedará clara: no habrá entrada y salida”, declaró Netanyahu en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X. “No vamos a entrar y salir del área solo para hacer incursiones. La intención es la opuesta”, anunció abiertamente.

El ministro advitió que desplazaría a la población civil de Gaza hacia el sur, asegurando que los militares entraran pero no volverán, pues mantendrán una presencia indefinida. La operación es calificada por un ministro israelí como un plan de conquista. “Convocaremos a los reservistas para que vengan, mantengan el territorio”, puntualizó.

El plan consiste en desplazar a la mayoría de los 2,4 millones de gazatíes hacia zonas designadas como “estériles” en el sur del enclave. Según el jefe del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, la maniobra tiene como objetivo “proteger a la población civil”, aunque las agencias humanitarias y la ONU han denunciado la medida como una forma de limpieza étnica encubierta.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan al menos un tercio del territorio gazatí, además,  han iniciado con labores de construcción de torres de vigilancia y puestos militares permanentes. Por tanto, la amenaza de Netanyahu, ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal clara de intenciones anexionistas, una posibilidad respaldada por miembros del gabinete como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

“Una vez que conquistemos y nos quedemos, podremos hablar de soberanía”, dijo Smotrich en una conferencia en Jerusalén. “No habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes”, afirmó el Ministro del Finanzas.

Las muertes de civiles continúan

Desde que se rompió la tregua con la nueva fase militar, el 18 de marzo, más de 2 mil 400 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino. La cifra total de muertos va en aumento, desde octubre de 2023 superan las 52 mil personas asesinadas .

Las cocinas comunitarias en Khan Younis y Beit Lahiya se ven desbordadas por miles de personas que esperan porciones mínimas de alimentos. “Estamos muriendo lentamente”, dijo Amira, madre de tres hijos, desde una fila para recibir arroz cocido. “Nos empujan hacia el sur, pero no hay a dónde ir. No hay comida, no hay agua, no hay techo” dice la gazatí.

A nivel internacional, la ONU ha expresado su “profunda alarma” por la nueva embestida de Israel. La Unión Europea, por su parte, ha instado a Israel a mostrar “máxima moderación” y alertó que una expansión militar podría derivar en más víctimas civiles.

Mientras tanto, los gazatíes enfrentan el dilema de desplazarse sin saber si habrá refugio, o permanecer bajo el fuego. Hamás, por su parte, aún tiene 58 rehenes retenidos y ha declarado que no aceptará ningún acuerdo que no incluya un alto el fuego completo, la reconstrucción del enclave y la retirada total de Israel.

El conflicto contabiliza 577 días y, los famliares de los rehenes, han mostrado su descontento hacia el gobierno de Israel  para buscar la liberación de los cautivos, afirmaron en un comunicado que el plan aprobado por el gabinete significaba que Israel estaba eligiendo los territorios en lugar de los rehenes.

Fuente Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú}

La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.

El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).

Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.

En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.

En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.

Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.

Maquinaria de despojo

Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.

Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.

Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.

“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.

Concesiones, tráfico de tierras y elecciones

De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales. 

Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.

Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.

El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.

Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.

Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.

Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.

A los pueblos de México y del mundo

A los Organismos y Colectivos defensores de Derechos Humanos

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Sexta Nacional e Internacional

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

Herman@s Tod@s

Hoy, 5 de mayo, en el marco de la Convocatoria que hiciera el Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG, respecto a “REALIZAR LAS JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE BALDEMAR SÁNTIZ SÁ NTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL MEDIANTE ACCIONES EN CADA UNA DE NUESTRAS GEOGRAFÍAS Y DE ACUERDO A NUESTROS MODOS.” Distintos colectivos, organizaciones, pueblos comunidades e individu@s, nos encontramos frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para EXIGIR Verdad y Justicia para nuestros hermanos zapatistas, pues sabemos que ésta, siempre vendrá desde abajo y a la izquierda. De los malos gobiernos, solo esperamos muerte, mentira y destrucción.

DENUNCIAMOS: Que el Narco-Estado Capitalista de la Cuarta Transformación y su actual Capataz, que encabeza Claudia Sheinbaum, y el gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar son los directamente responsables de la irrupción militar y paramilitar en Territorio Zapatista; son responsables de violar la Autonomía de los Pueblos Zapatistas; son responsables de la detención arbitraria de Baldemar y Andrés; son responsables de la desaparición forzada y secuestro a la que fueron sometidos durante 55 horas y son responsables de su encarcelamiento. Esta acción da cuenta clara de la mentira con que opera la Cuarta Transformación en todo el territorio nacional y, sobre todo, contra los pueblos y comunidades que se organizan y luchan en defensa de la vida, el territorio y su autonomía.

Falsas fueron las acusaciones en contra de nuestros compañeros Baldemar y Andrés, como falsos son los discursos con los que desde el gobierno Federal pretenden negar la desaparición forzada y sistemática que se vive en todo el país; falso es el llamado «bienestar» que esconde el despojo, la entrega del territorio al capital y la precarización de la vida para todos; falsos son también, los mal llamados Planes de Justicia y como falso es también, el anuncio que hoy hiciera la CapatAz de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, respecto a que emitirá un Decreto para restituir 2 mil 471 Hectáreas de tierra al Pueblo Wixárikas; Falsas son las declaraciones gubernamentales de estabilidad ante el clima de violencia que se sufre, crece y agudiza en las comunidades de Santo Domingo Petapa, San Juan Mazatlán, Oaxaca en contra de compañeros de UCIZONI; Falsas son las supuestas intenciones que plantea el mal gobierno del Estado de Puebla para resolver el problema del Basurero en la región cholulteca, Puebla; así como falso es el discurso del mal gobierno ante el combate al narcotráfico pues la constante violencia que se vive en la comunidad de Santa María Ostula, por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación dan cuenta de ello.

Las mentiras del mal gobierno con las que fueron criminalizados los compañeros Baldemar y Andrés fueron desenmascaradas por los compañeros zapatistas, como lo señalan en el comunicado que lleva por nombre, INOCENTES; “Mientras el supremo gobierno jugaba con la vida, libertad y bienes de los dos detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la guía de Verdad y Justicia en común.»

Los compañeros zapatistas secuestrados y encarcelados fueron liberados no por acción y buena voluntad del mal gobierno sino por la acción colectiva de pueblos y organizaciones solidarias nacionales e internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y por la Justicia Autónoma Zapatista que en común abrió paso a la verdad.

Es la verdad la que surge desde las entrañas de la tierra en la acción colectiva de los pueblos zapatistas, de las madres y familias buscadoras, de los pueblos originarios.

Es y será la verdad la que sostenga la memoria y el mañana.

Es la verdad con raíces profundas que se encarna en quienes defienden la vida, en quienes buscan incansablemente y construyen día con día su Autonomía.

En colectivo se arrebató la libertad de los compañeros, pero persiste una gran deuda con la justicia: la intrusión del ejército en territorio zapatista violentando su Autonomía, el robo de vehículos y dinero de bases de apoyo, los cateos ilegales, la desaparición forzada, la imposición de la Guerra, la Contrainsurgencia, la militarización y la criminalización de la lucha social dirigida a los compañeros, son afrentas graves que como Congreso Nacional Indígena repudiamos y responsabilizamos a la Cuarta Transformación y directamente a su CapatÁz.

Hoy desde estas oficinas que siempre han estado cerradas para los pueblos de México exigimos:

-Justicia cabal y devolución íntegra e inmediata de las pertenencias robadas a los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista.

-Alto a los ataques en contra de las comunidades zapatistas.

-Alto a la guerra contra los pueblos originarios de todo el país

-Alto a los ataques dirigidos a las madres y familias buscadoras

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, CNI-CIG

Fuente: Avispa Midia

^{por Xochiquetzal Tlazolteolt}

Después de casi siete meses de su desaparición, la defensora de derechos humanos ayuujk Sandra Estefana Domínguez Martínez fue velada de cuerpo presente el 29 de abril en el velatorio Núñez Banuet, en Oaxaca. Fue una noche larga acompañada entre rezos, flores, velas, cantos de su familia, amistades, comunidad, compañeras y compañeros que han defendido los derechos humanos, especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, esa violencia que nos arrebató a Sandra.

Antes de su desaparición, Sandra denunció a Donato Vargas – funcionario de la administración de Salomón Jara [gobernador del estado de Oaxaca] – por haber creado un chat en donde se compartía material de índole sexual de mujeres ayuujk sin su consentimiento. Antes de su desaparición Sandra recibió varias amenazas e intimidaciones, por haberse atrevido a señalar a violentadores de mujeres del actual gobierno estatal.

El jueves 31 de abril, antes de partir a San Pedro Ixtlahuaca, lugar en donde Sandra fue sepultada, su familia y defensoras de derechos humanos prepararon un programa para honrar su vida y memoria. Su hija, madre, hermanas y quienes las acompañamos estuvimos atentas a las mujeres que, con sus voces entrecortadas, compartieron haber sido cobijadas por Sandra para denunciar violencias ejercidas por sus parejas y/o violencia comunitaria. Para ellas fue un pilar y soporte importante en los procesos de denuncia. También compartieron las alegrías, la fortaleza para continuar exigiendo justicia, tal como ahora su familia lo hace.

En su homenaje Sandra estuvo rodeada de flores coloridas, porque así era como tenían que recibirla, dignificándola, recordándola alegre, con canciones oaxaqueñas como la Zandunga, canción que tiene un especial sentimiento para su familia. Cuando las mujeres terminaron de compartir sus testimonios, otras fueron levantándose para continuar con los abrazos para su familia. Se formó una larga fila y cada una, a su manera, rociando agua sobre la caja repleta de flores, fue una y otra vez despidiéndose de ella.

Al término del homenaje, a las afueras del velatorio, las mujeres feministas y su familia salieron con una manta de “Oaxaca feminicida” y al grito de ¡Sandra, hermana aquí esta tu manada! Carteles morados en donde se leía “Fue el Estado”, ¡sí fue el Estado en su complicidad de continuar sosteniendo a funcionarios claramente señalados por violencia!, ¡Sí, fue el Estado ante la sordera del clamor de la familia que exigía la presentación de Sandra, compañera feminista, madre, hija, hermana!

En otro cartel se lograba leer “Una familia incompleta” ¡sí, una familia incompleta por la torpeza de las autoridades incompetentes para frenar la violencia feminicida en este país! ¡Sí, más de una familia incompleta, porque faltan más Sandras en miles de familias en México, en Oaxaca!

La familia trasladó el cuerpo de Sandra a San Pedro Ixtlahuaca, lugar en donde con rezos estuvo por última vez. De su espacio físico familiar, llegó al panteón. Fue acompañada en una caravana motorizada por su familia, compañeras feministas, por sus paisanas, paisanos. A su llegada al panteón, todo listo para que la madre tierra recibiera a su hija, en un lugar donde ya no hay maldad y ni dolor. Una vez más rezos y cantos, en un momento de profundo dolor para su familia. Su madre la señora Araceli la despedía: “Hija, no tiene nombre lo que te hicieron”, al grito de ¡Sandra vive, hoy y siempre!, ¿qué quiere Sandra? ¡Justicia!

Fuente: Avispa Midia

^{por Violeta Santiago y Edrei Durón / Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV}

El tono de la carta era de urgencia. El 11 de octubre de 2019, María de los Ángeles Escalón, jefa de enfermeras del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Dr. José María Rodríguez de Saltillo, Coahuila, avisó a tres directivos que el fin de semana habría problemas en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos por la falta de insumos para bombas de infusión.

Fue un llamado de atención porque, desde hacía ocho meses, los materiales se habían encargado a la empresa Interacción Biomédica.

La preocupación escaló. Tras recibir la carta, Alma Rosa Sánchez Rico, subdirectora administrativa del hospital, envió un correo a otros directivos: “Nos está afectando demasiado para dar el servicio y atención con calidad y calidez al derechohabiente de nuestra institución”, advirtió.

En marzo de 2019, Interacción Biomédica obtuvo un contrato del ISSSTE por 2.4 millones de pesos para entregar 85 bombas de infusión, equipo de venoclisis –para administrar medicamentos vía intravenosa– y otros suministros a los hospitales de Saltillo y Torreón, y a las clínicas de Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita, Sabinas y San Pedro.

Las bombas de infusión son equipos para transfundir con precisión soluciones o fármacos a pacientes. Para funcionar necesitan  jeringas, catéteres y mangueras especiales.

Entre lo pactado también había insumos para aplicar con las bombas quimioterapias con paclitaxel, tratamiento utilizado contra el cáncer de ovario, mama o pulmón.

Pero el equipo médico nunca se entregó. La empresa ganó la licitación en 2019, a pesar de que dos años antes había sido declarada Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Acorde con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el concurso dejaba claro que las compañías participantes tenían que contar con capacidad material y no estar impedidas por alguna razón legal.

Parte del procedimiento para garantizar estas condiciones es la entrega de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitida por el SAT, un requisito que Interacción Biomédica no formalizó. Por haber estado listada como empresa fantasma o EFOS definitiva, la compañía tendría una opinión negativa de la autoridad fiscal.

Sin embargo, cuatro funcionarios avalaron el fallo a favor de Interacción Biomédica, entre ellos Sebastián Zepeda Contreras, entonces delegado estatal del ISSSTE en Coahuila, y Álvaro Jaime Obregón Flores, que fungía como subdelegado de administración, quienes además firmaron el contrato.

Fundada en 2012, Interacción Biomédica acumulaba contratos públicos por más de mil 600 millones de pesos, de acuerdo con el informe Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, realizado por Impunidad Cero, organización civil que estudia la impunidad en México, y que la expuso como la empresa fantasma que más dinero ha recibido del sector salud en el país.

Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV encontraron que, aun cuando ya había sido declarada EFOS, el ISSSTE siguió contratando a Interacción Biomédica por un total de 22.2 millones de pesos, de los cuales 14.3 millones se otorgaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Como lo han revelado otras entregas de esta investigación, en este caso también se ignoró que la empresa estaba en la lista de EFOS desde el proceso de contratación, mientras que la administración no sancionó a los funcionarios ni investigó los contratos indebidos. Las consecuencias de cerrar tratos con una empresa fantasma fueron para la población.

Falta de insumos

El Hospital General del ISSSTE en Saltillo fue el que más padeció el desabasto de bombas de infusión en 2019. Un intercambio de cartas y correos entre el personal y funcionarios, al que Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV accedieron por medio de solicitudes de Transparencia, revela que los directivos del organismo en Coahuila sabían del incumplimiento de Interacción Biomédica y de las consecuencias para los pacientes por haber contratado una empresa fantasma, pero no suspendieron el convenio.

Los equipos e insumos debían entregarse en abril de 2019. Solo se reportó el suministro de una parte del material a un hospital de Torreón. Las 85 bombas de infusión nunca llegaron. Además del hospital de Saltillo, las clínicas de Piedras Negras, Victoria, Monclova, Nueva Rosita y San Pedro tampoco recibieron los equipos de venoclisis.

Entonces, el personal médico comenzó a alertar a los directivos sobre la falta de cumplimiento del contrato. Marisol Calzoncit Medrano, jefa del almacén del hospital, se sumó a los cuestionamientos, preguntando por correo sobre las bombas de infusión. En el mensaje advertía que no era la primera vez que había problemas con Interacción Biomédica: “Con el mismo proveedor batallamos el año pasado con las entregas”.

Ante la presión, dos de las personas al frente del hospital escribieron a Lois Alemao Molina Toledo, representante legal de la empresa, para preguntarle cuándo recibirían las bombas de infusión e insumos.

“De todo lo anterior no se ha tenido respuesta alguna y es URGENTE el seguimiento correspondiente al Contrato”, se lee en la tercera y última carta dirigida el 12 de junio.

Cada oficio intercambiado llegó a diversos jefes de área, coordinadores y personal directivo, incluidos Sebastián Zepeda y Jaime Obregón, los funcionarios que firmaron el contrato, así como el entonces subdelegado médico en Coahuila, Francisco Elizalde Herrera, uno de los encargados de avalar la selección de Interacción Biomédica en el proceso de contratación.

A los cuestionamientos por escrito de los funcionarios del ISSSTE, la EFOS solo respondió que tenía problemas para facturar.

La falta de equipos de infusión e insumos para su funcionamiento repercutió en áreas críticas del hospital como las unidades de Cuidados Intensivos y de Hemodinamia —en la que se realizan procedimientos como angiografías y coronariografías (radiografías del corazón) o cateterismos (inserción de una sonda en las arterias del corazón)—, explicó personal médico y de enfermería entrevistado para este reportaje, que solicitó el anonimato por temor a represalias laborales.

Una médica que trabajó en el hospital de Saltillo durante el desabasto ocasionado por Interacción Biomédica en 2019 dijo que otra afectación importante fue la suspensión de cirugías por falta de insumos, lo que provocó que algunos pacientes tuvieran que comprarlos para poder operarse.

Según documentos del Departamento de Recursos Materiales y Obras del ISSSTE en Coahuila, el Hospital General de Torreón fue el único al que la facturera entregó insumos. Un oficio firmado por Dalia Margarita Martínez Moreno, directora médica del nosocomio, precisa que en marzo, junio y agosto de 2019 recibieron 675 piezas de equipos de venoclisis para las bombas de infusión, 270 para aplicación de sangre, 225 para apoyo en cirugía, 69 de nutrición parenteral, y 270 para quimioterapias con paclitaxel, aunque no mencionan las 15 bombas que también se esperaban.

Ni el ISSSTE sabe por qué nada más un hospital recibió insumos. El Departamento de Recursos Materiales y Obras respondió que no contaban con pruebas del cumplimiento del convenio ni de su seguimiento  porque en esa área “solamente se elaboran los contratos” y “no se reciben” los insumos.

Los únicos comprobantes de la entrega del material médico son documentos con el logo de Interacción Biomédica, fechados en Saltillo y sellados de recibido —un mes después— por el hospital de Torreón. Martínez Moreno aceptó dar una entrevista, pero posteriormente se negó.

Para demostrar la entrega de materiales en una contratación pública no basta un registro de papel, dice Gerardo Lozano Dubernard, exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Tiene que haber una trazabilidad, un simple papel no es suficiente”, considera el experto. “Cada proceso debe estar debidamente documentado, los formatos tienen que estar foliados, debe haber responsables”.

De acuerdo con las bases de la licitación, si se presentan  atrasos o no se entregan los materiales, el contrato debería cancelarse. Sin embargo, la Delegación del ISSSTE en Coahuila nunca lo rescindió, aun cuando el incumplimiento causó problemas en la atención de los pacientes. En Compranet aparece con estatus de “expirado”, como se clasifican los procesos sin terminación anticipada. Es decir, como si se hubiera concluido en tiempo y forma.

La cicatriz de Interacción Biomédica

Un mes antes de las elecciones de 2012, María Cecilia Guadalupe Parada Martínez y Cecilia Guadalupe Orta Sosa —abuela y nieta— fundaron Interacción Biomédica en el Estado de México. La empresa registró como domicilio fiscal un edificio contiguo a unas oficinas del ISSSTE en la zona conurbada de Toluca.

El SAT comenzó a investigar la firma en 2016, según el resolutivo que declaró EFOS definitiva a Interacción Biomédica, al que accedió este equipo periodístico.

El documento establece que la empresa no tenía activos, personal suficiente ni oficinas para cumplir con las actividades que decía realizar: ingresaba hasta 400 millones de pesos anuales operando con solo seis trabajadores, tres camionetas y dos autos.

Un representante legal de Interacción Biomédica explicó al SAT que únicamente necesitaba personal para atender las licitaciones, ya que solicitaba a los proveedores que se encargaran de entregar los pedidos a las dependencias.

Pero el SAT encontró más pruebas de que la empresa cobraba por trabajos que no podía realizar, como un contrato para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de frío (almacenamiento de vacunas a una temperatura controlada) del Instituto de Salud del Estado de México. Interacción Biomédica cobró más de 800 millones de pesos por este servicio, pero subcontrató a una persona que se encargó de prestarlo.

Para el exauditor Lozano, esta es una práctica habitual de las EFOS, que considera una simulación porque “se quedan con una parte del dinero y contratan a otras empresas para hacer el trabajo”.

Este equipo periodístico trató de contactar a Interacción Biomédica y a la familia Orta Sosa, sin conseguir una respuesta.

Solo de dinero federal, Interacción Biomédica obtuvo más de 40 millones de pesos, la mayor parte del ISSSTE y cuando ya estaba imposibilitada para facturar, de acuerdo con la base elaborada por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de datos de Compranet y del listado de empresas fantasma del SAT.

En casi todos los contratos otorgados por el ISSSTE a Interacción Biomédica durante la administración de Andrés Manuel López Obrador no se comprobó la entrega de insumos.

Por ejemplo, en otro contrato con la Delegación del ISSSTE en Coahuila, el personal médico del Hospital General de Saltillo se quedó esperando 10 esponjas quirúrgicas y 14 tubos de ventilación, utilizados en cirugía para drenar líquidos cerca del tímpano y ayudar —sobre todo a infantes— a oír mejor.

Pese a las afectaciones que provocó la contratación de la EFOS, especialmente a este hospital, no hubo mayores sanciones.

En 2020, la ASF revisó una serie de contratos del ISSSTE con Interacción Biomédica. La delegación de Coahuila aseguró que “se realizó la entrega total de los bienes”, pero “no se liquidó ningún importe”.

El Departamento de Finanzas del ISSSTE en el estado contestó a Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV que la falta de pago se debió a que la empresa nunca envió las facturas.

La ASF inició un procedimiento administrativo a la institución por otorgar contratos a Interacción Biomédica cuando estaba boletinada por el SAT. Sin embargo, vía Transparencia, la Subdelegación de Administración del ISSSTE en Coahuila negó haber tenido sanciones administrativas por contratar a empresas fantasma.

La Delegación del ISSSTE en Coahuila se negó a responder un cuestionario para esta investigación. No obstante, personal administrativo explicó que la mayoría de los directivos que estaban en 2019 ya no trabajaban en la institución y que, durante los cambios de administración, se suele destruir la documentación relativa a las adquisiciones. Tampoco hubo respuesta de parte de la oficina central del ISSSTE.

Se buscó a los dos funcionarios que firmaron los contratos con Interacción Biomédica, Sebastián Zepeda y Jaime Obregón. Actualmente, ninguno labora en el ISSSTE. Aunque se agendó una cita con Zepeda, al final el médico canceló la entrevista. No fue posible localizar a Obregón.

Zepeda fue delegado del ISSSTE en Coahuila durante el gobierno de Rubén Moreira Valdés; estuvo en el cargo cinco años, hasta su renuncia en 2019. Su salida se produjo antes de la reorganización de las oficinas del gobierno federal en los estados, que desapareció la figura de los delegados de la institución.

Tampoco accedió a dar entrevista Francisco Elizalde Herrera, subdelegado médico, quien firmó el acta en la que se establece que Interacción Biomédica es la ganadora de la licitación.

El 1 de abril de 2020, Elizalde fue destituido de su cargo después de una protesta del personal médico y de enfermería de la Clínica de Alta Especialidad. Años atrás, había reconocido que faltaban insumos de curación, lo que atribuyó a licitaciones fallidas.

Parte del personal médico que reportó el desabasto y sus consecuencias ya se jubiló o dejó de laborar en el instituto. Uno de ellos, Pedro Silva Sánchez, exdirectivo del hospital de Saltillo, fue localizado, pero no quiso hablar del tema.

Debido a los contratos con el ISSSTE, se incluyó a Interacción Biomédica en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la entonces Secretaría de la Función Pública, ahora Anticorrupción y de Buen Gobierno. La inhabilitación terminó a finales de 2024, aunque la empresa sigue imposibilitada para facturar por su estatus definitivo como EFOS.

Sin embargo, una de sus fundadoras, María Cecilia Guadalupe Parada, junto con su esposo, tres de sus hijos, su yerno y tres nietos han creado otras 18 empresas que comparten lazos con Interacción Biomédica. No todas son contratistas gubernamentales y algunas ya fueron liquidadas. Pero varias firmas de la red han seguido recibiendo dinero público del ramo de salud.

Por ejemplo, en 2021 Pasteur Health Care vendió al IMSS tiras reactivas para medir el colesterol y, hasta 2023, recibía invitaciones del Gobierno de la Ciudad de México para concursar por contratos; Soluciones Preventivas Fénix hizo tratos en 2023 con los Servicios de Salud de Jalisco, y Prevención y Soluciones K-B recibió en 2024 adjudicaciones directas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y ganó licitaciones del IMSS-Bienestar.

El domicilio de esta última empresa se ubica en la zona industrial de Toluca. Está apenas a 10 minutos caminando de donde Interacción Biomédica tenía sus oficinas.

^{Con información de José Cortez.}

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.

Mayo del 2025.

A quienes firmaron la Declaración por la Vida:
A la Sexta Nacional e Internacional:
Al Congreso Nacional Indígena:
A los pueblos de México y el mundo:

Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos:

Les explicamos lo que pasó con los dos compañeros bases de apoyo zapatistas, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Säntiz Gómez, que fueron detenidos ilegalmente y secuestrados por las fuerzas conjuntas del gobierno federal y el estatal el pasado 26 de abril de este 2025.

Estuvieron en calidad de desaparecidos por 55 horas y sólo fueron presentados ante la autoridad corrupta, gracias a la presión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Fueron acusados de secuestro agravado en contra de Pedro Díaz Gómez.

En la detención, las fuerzas de la Guardia Nacional, el ejército federal y las llamadas Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, aprovecharon y se robaron pertenencias y paga de los afectados y de las comunidades. Robaron un automóvil, una motocicleta y una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

Mientras el supremo gobierno jugaba con la vida, libertad y bienes de los dos detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la guía de Verdad y Justicia en común.

Les recuerdo que, como pueblos organizados que somos en común, tenemos principios y reglamentos. No está permitido atentar contra la vida, libertad y bienes de otras personas, cualquiera que sea su ideología, partido, religión, preferencia sexual, color de piel, raza, lengua, nacionalidad o posición social. En el caso de asesinato, secuestro, asalto, violación, falsificación y robo, estas son faltas graves. Además, están las de no permitir el tráfico de drogas, su producción y su consumo. Así como las borracheras y otras faltas que son determinadas en común.

Cualquier compañero o compañera, sin importar su cargo o rango, que incurra en delitos graves, queda fuera de zapatista.

Conocida la detención y grave acusación en contra de estos dos compañeros, los GALEZ investigaron si es que andan metidos en asuntos de secuestro. La estructura organizativa encargada de investigar llegó a la conclusión de que los dos compañeros son inocentes.

Así se le hizo saber al Frayba.

No conformes con eso, las autoridades autónomas siguieron investigando y llegaron a confirmar la participación en el crimen de otras dos personas. Esos dos criminales fueron detenidos y, con respeto a sus derechos humanos, se pusieron bajo custodia en una de las comunidades zapatistas.

Los dos criminales confesaron el secuestro y asesinato en contra de Pedro Díaz Gómez, y señalaron el lugar preciso donde habían enterrado el cuerpo. Señalaron la complicidad de otras personas.

Así se le hizo saber al Frayba, quien lo comunicó a las autoridades del mal gobierno.

Viendo que quedarían una vez más en ridículo, las autoridades corruptas corrieron a movilizar a sus fuerzas y detuvieron a uno de los señalados que estaba prófugo. Esta persona confirmó lo confesado a las autoridades zapatistas. Fue así como llegaron al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la víctima del delito.

Todo esto lo supo el gobierno en sus tres niveles de gobierno, pero nada hizo. En lugar de liberar inmediatamente a nuestros compañeros inocentes, le dieron largas al asunto y propusieron un intercambio de detenidos. Así podrían sobornar a los medios de comunicación y venderles la historia de que todo había sido mérito de la justicia estatal y federal. Y también podrían quedarse con lo que robaron a los originarios pobres que sufrieron su ataque.

El mal gobierno volvió a mandar a sus fuerzas represivas en búsqueda de un cuarto implicado. Pero no sólo no lo detuvieron, también aprovecharon para seguir robando pertenencias de las comunidades.

Mientras tanto, las autoridades federales y estatales presionaban y amenazaban a los defensores de derechos humanos porque su denuncia los iba a mostrar tal cual son: unos represores de inocentes y fabricantes de culpables.

En la madrugada de este 2 de mayo del 2025 se entregaron a los dos criminales confesos detenidos por los zapatistas al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para que revisaran el estado de salud de los detenidos y certificaran si habían sido violados sus derechos. El Frayba procedió a entregar a los culpables a la autoridad oficialista.

En el transcurso de la mañana de este día 2 de mayo, nuestros compañeros Baldemar y Andrés fueron liberados. Pero los robadores gubernamentales se niegan a devolver todo lo que despojaron.

Los gobiernos de la mal llamada 4T mienten en todo lo que dicen respecto a los pueblos originarios y los movimientos sociales. Son iguales o peores que los gobiernos priístas y panistas anteriores. Esas cantidades que presumen de “detenidos”, para agradar al Trump, son en su mayoría inocentes. En lugar de comprar opiniones favorables en los medios y redes sociales, los malos gobiernos deberían pagarles bien a sus fuerzas represivas para que no tenga que robar a quienes menos o nada tienen.

Lo sucedido no es sólo en nuestros territorios. En toda la geografía llamada “México”, las comunidades originarias, los defensores de la madre tierra, los defensores de los derechos humanos, los movimientos y organizaciones sociales, los migrantes y hasta las personas sencillas, que trabajan día a día para ganarse honestamente el sustento diario, son extorsionadas, agredidas, secuestradas, desaparecidas, encarceladas y asesinadas por un gobierno ansioso por congraciarse con el poder del dinero.

No tienen remedio.

El sistema capitalista nació mal, producto de injusticias, sangre y robo. Así sigue hasta ahora, sin importar las banderas bajo las que se esconda. Su signo es la muerte y así lo llevará hasta el fin de sus días.

Como pueblos zapatistas hemos pensado en una forma de combatir al imperio de la muerte. Nosotros llamamos a ese camino “El Común”.

Y en esta penosa situación pasada, se vio que el Común camina por la verdad y la justicia.

Este logro de la liberación de nuestros dos compañeros inocentes fue fruto de un triple esfuerzo: el de los defensores de los derechos humanos, el de la solidaridad y apoyo nacional e internacional, y el de la justicia autónoma.

Es momento de no olvidar a otros pueblos hermanos, cerca y lejos en geografía, que sufren los ataques mortales del mal sistema. No olvidemos a los pueblos originarios, a los desaparecidos y a quienes les buscan, a los defensores de la madre tierra, a las personas que sólo son un número en las estadísticas del crimen, al pueblo Palestino.

Por la vida: justicia y verdad en Común.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, mayo del 2025.