Radio Zapatista

A los pueblos de México y el mundo,
A las organizaciones sociales, colectivos e individuos solidarios,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los organismos defensores de derechos humanos,
A quienes luchan por la vida y la dignidad:

Como Congreso Nacional Indígena (CNI), convocamos de manera urgente a los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de abajo y a la izquierda de México y del mundo a las JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD DE JESÚS PLÁCIDO GALINDO Y EL ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO- EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ), para que de acuerdo con sus calendarios y geografías realicen acciones de solidaridad, de agitación y denuncia, mítines, pronunciamientos, jornadas informativas, manifestaciones, actividades culturales y todo lo que esté a su alcance para exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, promotor del CIPOG-EZ e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI, hoy secuestrado por el estado mexicano; y para demandar el fin de la guerra de exterminio en contra de los pueblos del CIPOG-EZ.

Asimismo, convocamos a que en el marco de dichas JORNADAS GLOBALES:

El próximo lunes 20 de julio nos movilicemos en Guerrero, México y el mundo y realicemos un mitin frente a la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en punto de las 4 de la tarde.

El próximo jueves 23 de julio nos movilicemos nuevamente en Guerrero, México y el mundo y realicemos una acción concentrada cuya hora y lugar se definirían en los próximos días.

El día 17 de julio de este año, en un aparatoso operativo montado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía del estado de Guerrero, nuestro compañero Jesús Plácido Galindo fue detenido y trasladado en una avioneta de la Fuerza Área Mexicana con rumbo desconocido. Hoy 18 de julio hemos sabido de manera extraoficial, pues quienes tienen detenido a Jesús no han permitido que se comunique con sus familiares y abogados, que al parecer nuestro compañero se encuentra recluido en un penal del Estado de México acusado injustificadamente por el homicidio doloso en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo; y con el absurdo señalamiento por parte de los gobiernos federal y del estado de estar vinculado a los cárteles de Los Tlacos y Los Rojos. No está de más informar que al momento de ser detenido, nuestro compañero se dirigía a una supuesta reunión a la que habría sido citado con insistencia por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de desarrollo político y social en Guerrero y quien ha sido señalado públicamente por su complicidad con diversos cárteles delictivos.

Por más de 10 años las comunidades del CIPOG-EZ han sufrido el acoso y la violencia de diversos cárteles criminales, principalmente Los Rojos y Los Ardillos. Finalmente, durante el mes de mayo las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, todas del municipio de Chilapa, Guerrero, sufrieron violentos ataques y bombardeos por parte de Los Ardillos, mismos que provocaron el desplazamiento de cientos de familias indígenas, la destrucción casi completa del pueblo de Tula y el asesinato de 8 integrantes del CIPOG-EZ, mismos que se suman a los 76 compañeros asesinados y a los 25 que han sido desaparecidos en meses y años anteriores.

Sorprendentemente, a pesar de los cientos de asesinatos y secuestros cometidos por el cártel de Los Ardillos, y a pesar de las numerosas extorsiones que realiza día con día; ni los integrantes de dicho cártel, incluidos sus principales dirigentes, entre los que se encuentran Celso Ortega Jiménez y sus hermanos, ni sus operadores políticos, incluida más de una docena de presidentes municipales, han sido llevados a la justicia. Tampoco el gobernador de facto en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y su hija Evelyn Salgado, han sido investigados por su probable complicidad con diversos cárteles del crimen organizado.

Por el contrario, el CIPOG-EZ y su promotor Jesús Plácido, han sido criminalizados por los gobiernos federal y del estado, siendo acusados de pertenecer a bandas delictivas, e incluso, al segundo recientemente le fueron aseguradas, de manera ridícula, cuentas bancarias que no acumulaban más de 500 pesos.

Lo que ocurre hoy en Guerrero da cuenta de la enorme tragedia que vive México entero, con más de 135 mil personas desaparecidas al día de hoy; da cuenta de la pudrición del estado mexicano, profundamente infiltrado por los cárteles criminales que hoy asolan a nuestro país; y da cuenta de la guerra de exterminio y despojo que viven nuestros pueblos a manos de gobiernos, militares y criminales.

Frente a la guerra capitalista, frente al cinismo descarado de este narcoestado, frente a la desesperanza y el olvido, frente a la injusticia descarnada, es que emitimos esta convocatoria.

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMPAÑERO JESÚS PLÁCIDO GALINDO!
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CIPOG-EZ Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO!

ATENTAMENTE
18 DE JULIO DE 2026

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Firma la petición aquí.

Ciudad de México, 17 de julio de 2026 Acción Urgente 007

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) manifiesta su profunda preocupación por la detención del defensor Jesús Plácido Galindo, coordinador regional del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

De acuerdo con la información recibida, el día de hoy, aproximadamente a las 14:30 horas, Jesús Plácido Galindo fue detenido en un en un retén instalado por elementos del Ejército Mexicano, ubicado en el crucero de Monte Alto, a la altura del municipio de San Marcos, en la región Costa Chica del estado de Guerrero.

Al momento de su detención, el compañero Jesús Plácido se dirigía a una reunión convocada por el Subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, en la que participarían autoridades y representantes comunitarios para atender diversas demandas planteadas por las comunidades indígenas de la región.

Según la información disponible, aproximadamente cuarenta elementos de seguridad -identificados como personal militar, ministerial y policía estatal- participaron en el operativo durante el cual detuvieron a Jesús Plácido Galindo y registraron el vehículo en el que viajaba.  Tras su detención se desconocen algunos datos fundamentales para garantizar su integridad: no se tiene certeza de su paradero, no se ha dado a conocer qué autoridad es responsable de su custodia, así como las razones jurídicas de su privación de libertad y las condiciones en las que se encuentra.

Esta situación genera una grave preocupación por su integridad física y psicológica, así como por el respeto de sus derechos fundamentales.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia sistemática, agresiones y criminalización en contra las comunidades organizadas del CIPOG-EZ y contra personas defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero. La falta de información oficial sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida y la ausencia de comunicación inmediata con sus familiares y representantes legales incrementan el riesgo de violaciones de derechos fundamentales: libertad personal, debido proceso, integridad personal y protección judicial efectiva.

Ante estos hechos, la Red TDT exige a las autoridades federales y estatales:

• Informar de manera inmediata el paradero de Jesús Plácido Galindo
• Garantizar su integridad física y psicológica, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos
• Permitir el acceso inmediato a su defensa jurídica y la comunicación con sus familiares
• Informar públicamente las razones legales de su detención y la autoridad que ordenó y ejecutó el operativo
• Abstenerse de cualquier acto de desaparición forzada, incomunicación, tortura, malos tratos o criminalización por su labor como defensor de derechos humanos e integrante del CIPOG-EZ
• Se respeten los derechos a favor de Jesús Placido a la libertad personal, el debido proceso, la integridad personal y la protección judicial efectiva
• Libertad para Jesús Plácido Galindo

Instancias turnadas:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez Velázquez

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra

Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos

Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Ozuna.

Fiscalía General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán 

Relatora Especial de la ONU, Andrea Bolaños Vargas

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció la detención de Jesús Plácido Galindo, vocero del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ocurrida el 17 de julio de 2026, alrededor de las 14:30 horas. Según el comunicado, fue interceptado en un retén y base militar ubicados en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero, durante un operativo con presencia de elementos del Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal. Posteriormente fue trasladado en una camioneta de la Fiscalía General de la República con rumbo a Acapulco. Hasta el momento de la denuncia, el CNI afirmó que se desconocían tanto su paradero como las razones de su detención.

De acuerdo con la denuncia, Jesús Plácido se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero. Este funcionario ha sido acusado por organizaciones sociales de mantener presuntos vínculos con el grupo criminal Los Ardillos y de minimizar la situación de violencia que enfrentan las comunidades de la región de la Montaña Baja de Guerrero.

El CNI exige la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo, información inmediata sobre su situación jurídica, el respeto a sus derechos humanos y su liberación inmediata e incondicional. Asimismo, demandó a los gobiernos federal y estatal adoptar medidas urgentes para garantizar su integridad física y la de las comunidades que integran el CIPOG-EZ.

El comunicado sostiene que la detención ocurre en un contexto de violencia e impunidad. Afirma que, mientras las autoridades no han logrado frenar la violencia ejercida por el grupo criminal Los Ardillos contra las comunidades de la región, sí han desplegado recursos del Estado contra quienes defienden el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

Además, el CNI considera que este hecho forma parte de un patrón de persecución contra el dirigente indígena. Señala que recientemente fueron congeladas sus cuentas bancarias y recuerda que, hasta la fecha, 76 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados, 25 permanecen desaparecidos y cientos de personas han sido desplazadas forzosamente de sus comunidades.

El Congreso Nacional Indígena hace un llamado a pueblos, organizaciones sociales, colectivos, medios de comunicación y organismos de derechos humanos para mantenerse atentos a la situación, exigir la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo y denunciar cualquier acción que ponga en riesgo su integridad o la de las comunidades del CIPOG-EZ.

Abajo el comunicado completo:

Entre los años de 1974 y 1976, José de Jesús Guzmán Jiménez y cuatro de sus hijos, Amafer, Solón Adenauer, Venustiano y Armando Guzmán Cruz, todos originarios de la comunidad p’urhépecha de Tarejero, fueron detenidos, torturados y posteriormente desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), en el contexto de la llamada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, detenciones que constituyen el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán.

Cuatro de ellos fueron trasladados a la 21ª Zona Militar en Morelia, para posteriormente ser llevados al Campo Militar #1 en la CDMX, por su parte Venustiano Guzmán fue retenido en la 27ª Zona Militar, en la Base Área Militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, siendo estos los últimos lugares donde se tiene registro oficial de ellos.

Desde hace 52 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán han denunciado su desaparición ante instancias locales, estatales, federales e internacionales, durante más de medio siglo, han luchado en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia, han denunciado y documentado ante todas las instancias posibles, algunas de ellas, en el entonces Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien emitió la recomendación 026/2001; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado #FEMOSPP; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso fue presentado ante la CIDH el 20 de octubre de 2006, admitido el 12 de julio de 2013, con audiencias y careos el 7 de julio de 2017 en Lima, Peru y finalmente el 20 de agosto de 2025 notificaron el Informe de Fondo Caso No. 12.918, en el cual se establece que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad en contra de los integrantes de la familia p’urhépecha Guzmán Cruz, estableció que se violaron diversos derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la libertad; la obligación estatal de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, el derecho a la protección a la familia y vulneró el derecho a las garantías judiciales. De igual forma, los hechos denunciados no fueron controvertidos por el Estado mexicano, al contrario, reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de los 5 integrantes de la familia Guzman, pero no reconoció su tortura física y psicológica, ni el hostigamiento posterior que ha sufrido la familia, ni mucho menos su falta de investigación diligente.

El informe concluye realizando las siguientes recomendaciones al Gobierno de México: reparación integral a favor de las víctimas, brindarles tratamiento médico y psicológico, esclarecer la desaparición forzada de los integrantes de la familia Guzmán, disponer de medidas administrativas, disciplinarias o penales para los funcionarios que denegaron justicia, adoptar medidas para evitar la repetición de las desapariciones forzadas e investigar las desapariciones ocurridas durante la “guerra sucia” en la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, a casi un año de la presentación del informe de fondo, el Gobierno de México no ha adoptado ni una sola medida de reparación, investigación, justicia o no repetición.

Por ello, exigimos al Estado mexicano que no obstaculice más tal y como lo ha hecho, presentando sendas prorrogas que lo único que hacen es revictimizar a la familia Guzmán Cruz, por último, declaramos a la CIDH que la justicia que es tardía, no es justicia ¿Cuánto más deben de esperar las víctimas para obtener memoria, verdad y justicia? Exigimos que el caso Amafer Guzman pase ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

Compartimos esta edición de Crónicas desde el otro lado del charco, producido por la KeHuelga Radio.

Esta edición es un programa sobre los 90 años de la revolución social en España, celebrando a los compañeros de la CNT y la FAI que lucharon y siguen luchando por ese nuevo mundo que llevamos dentro de nuestros corazones.

Se discute un poco la historia de la revolución social, dando antecedentes y sus actores. La hipótesis propuesta es que los anarcosindicalistas no destruyen las estructuras estatales pues existían dos problemas. El primero es que pensaron que éstas se disolverían ante la revolución; la segunda es que necesitaban las armas y las estructuras estatales eran las que podían conseguir el armamento necesario para combatir a los fascistas. Una hipótesis lanzada también aquí es que, a pesar de que los anarcosindicalistas tenían de las organizaciones mas grandes y mejor organizadas, éstas siempre fueron eclipsadas por el Partido Comunista Español que, aunque en 1936 era muy pequeño, Stalin sólo le da las armas y el control a los del Partido Comunista. Es así que el Frente Popular se vuelca al Partido Comunista.

Hoy día la historia la cuentan como si los anarquistas hayan sido insignificantes en la resistencia contra el fascismo, olvidando la Revolución Social que llevaron a cabo los compañeros de la CNT- FAI.

Música: Del disco Cancionero Libertario.

• A las Barricadas
• En la plaza de mi pueblo
• Guerra al Burguesia
• A desalambrar
• Joan Baez – Here’s to you
• A las Barricadas (instrumental)

Descarga aquí (1:10 hr).

Por Santiago Navarro F | Avispa Midia

^{En portada: Integrantes del pueblo Yaqui, en Sonora, han resistido al avance de un gasoducto que consideran de alto riesgo para su comunidad. Febrero, 2019. Foto: Santiago Navarro F}

Este año 2026 el gobierno federal presume una inversión acumulada de más de 55 mil millones de pesos destinados a 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional para resarcir una demanda histórica de reparación del Estado mexicano frente al despojo, la discriminación estructural y la exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas del país. Por otro lado, se avanza con 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estas acciones están enmarcadas en lo que compete al artículo 2 de la Constitución mexicana, el cual coloca al Estado como responsable de impulsar el desarrollo para estas comunidades, bajo el reconocimiento de “Sujetos de derecho político” y garantizando “su participación directa en la toma de decisiones en el ejercicio de la libre determinación y autonomía”.

Son cinco nuevos Planes de Justicia y Desarrollo Regional que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa para atender la demanda de los pueblos indígenas y afromexicanos, en relación a sus tierras, territorios, agua, lengua, cultura, gobierno tradicional y bienestar común. Estos nuevos planes se suman a los que ya había encaminado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sumando 21 planes que actualmente se encuentran vigentes. En total se han invertido aproximadamente 55 mil millones de pesos, principalmente a caminos artesanales y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) que son recursos directos destinados a las asambleas de los pueblos.

Entre los cinco nuevos planes de Sheinbaum están: El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha; Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.

Para Mayvelin Flores Villagómez, investigadora y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos Planes de Justicia buscan responder a la demanda histórica de los pueblos, a través de pavimentación de caminos, la creación de escuelas y resolución de linderos, pero políticamente “responden a una estrategia y a un fin, que es retomar la presencia del Estado como un ente mediador y negociador entre los pueblos. Algo que ya estaba agotado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues el Estado era muy mal visto -por los pueblos-”, señala.

Mientras tanto, el INPI, en su comunicado 20/26, puntualiza que estos Planes representan un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2° constitucional. Además se puntualiza que desarrollan bajo un enfoque integral, participativo e intercultural, colocando a las comunidades, sus asambleas y sus formas propias de organización en el centro.

A esta estrategia “hay que agregar otro frente, que son las reformas en materia de derecho indígena y por supuesto, de la tierra”, arremete la investigadora de la UNAM. “Con estas reformas lo que buscan es que el Estado sea quien determine quién es y quien no es indígena, en términos de sujeto de derecho. Es decir, los pueblos dependen del reconocimiento del Estado. Si tú no estás reconocido como pueblo indígena a través del Estado, no puedes interponer recursos legales para ampararte ante cualquier tipo de megaproyecto”, abunda la profesora Flores.

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el 26 de junio de 2026 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó todas las cuentas bancarias de Jesús Plácido Galindo, promotor de la organización e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena.

La organización sostiene que esta medida ocurrió pocas semanas después de un ataque atribuido al grupo criminal Los Ardillos, que dejó ocho integrantes asesinados, alrededor de 2,200 personas desplazadas y la destrucción de la comunidad de Tula. Afirma que Galindo denunció públicamente la presunta complicidad y omisión de autoridades ante estos hechos, lo que permitió visibilizar la crisis humanitaria.

El CIPOG-EZ considera que el bloqueo de las cuentas y la inclusión de Galindo en la Lista de Personas Bloqueadas constituyen un acto de persecución y criminalización por su labor como defensor de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Señala que los recursos congelados provenían de aportaciones solidarias para apoyar el trabajo comunitario.

Asimismo, recuerda que Galindo es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y advierte que estas acciones incrementan el riesgo para su integridad. La organización exige el desbloqueo de sus cuentas, el cese de la criminalización y garantías para su seguridad y la continuidad de su labor, además de responsabilizar a los gobiernos federal y estatal por cualquier agresión en su contra.

Finalmente, el CIPOG-EZ reitera su denuncia de la violencia que enfrentan sus comunidades y llama a detener la guerra y la criminalización contra los pueblos indígenas y sus defensores.

Enseguida, la denuncia completa del CIPOG-EZ:

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL EZLN
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CNI
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A L@S FIRMANTES DE UNA DECLARACIÓN POR LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES
A LA EUROPA INSUMISA, DIGNA Y REBELDE
A LOS ORGANISMOS Y COLECTIVOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MéÉICO Y DEL MUNDO
A LOS MEDIOS LIBRES E INDEPENDIENTES
A LA ACADEMIA CRITICA
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COLECTIVOS Y SOCIEDAD CIVIL

Como Congreso Nacional Indígena en Chiapas denunciamos públicamente la represión a nuestros pueblos y comunidades. La hidra capitalista con la complicidad de los tres niveles de los malos gobiernos municipal, estatal y federal continúa con el despojo de nuestros territorios.

Los hechos del día 12 de febrero de 2026 realizada por Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Tribunal Unitario Agrario contra nuestros compañeros del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva en la comunidad de Jotolá municipio de Chilón ha provocado que 8 familias fueran desplazadas dos de nuestros integrantes detenidos: Francisco Moreno y María de Jesús Sánchez, sus casas fueron destruidas y sus pertenencias robadas.

Nuestros compañeros y compañeras continúan desplazadas, 8 personas tienen órdenes de aprehensión padeciendo situaciones económicas, con enfermedades, sin trabajo, sin vivienda. Francisco Moreno continúa preso en la cárcel de Yajalón, y María de Jesús tiene la medida de firma ante el mal gobierno todos los viernes.

Como CNI denunciamos los hechos que están cometiendo los malos gobiernos contra nuestros hermanos tseltales del CNI que se organizan en el Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, en el municipio de Ocosingo.

Con la complicidad de los malos gobiernos 39 copropietarios, tseltales han venido sufriendo despojo de sus lugares de trabajo, destrucción de locales, construcción de bardas para impedir el acceso a los lugares de trabajo, humillaciones, amenazas, violencia hacia nuestras compañeras, secuestro de compañeros y compañeras incluyendo a niños y niñas, fabricación de delitos ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, hechos que hemos denunciado públicamente.

Le decimos a nuestros demás compañeros y compañas de luchas que nuestros hermanos del Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez “Samir Flores Soberanes” continúan con la defensa del Territorio y su Autonomía no están en venta al gran capital, así como tampoco se negocian, nuestra existencia y la Resistencia de nuestros Pueblos. Exigimos se detenga este despojo legalizado y cualquier otro tipo de acto contrainsurgente contra nuestros 39 compañeros y compañeras.

Igual denunciamos el hostigamiento que están sufriendo 10 familias tseltales de la comunidad de Agua Clara, perteneciente a la zona 5 Roberto Barrios municipio de Salto de Agua, Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena en Chiapas. Nuestros hermanos desde hace 10 años viene luchando en la defensa de su territorio, su autonomía y Libre Determinación.

Manifestamos que con la llegada de los megaproyectos como el mal llamado Tren Maya las amenazas a nuestro territorio se han incrementado. Ahora con la construcción de la súper carretera San Cristóbal Palenque están destruyendo nuestros cerros, cortando los árboles, y eso ha provocado sequías, nuestros ríos han bajado su nivel, la carretera de saca cosecha que pasa dentro de nuestras parcelas ha provocado divisiones comunitarias, nunca fuimos informados de parte de las autoridades ejidales, según es para beneficio de la población, cuando sabemos que es para la entrada del turismo.

Los compañeros del CNI están siendo amenazados de ser despojados y desalojados de sus tierras que han ocupado por años. El día 23 de junio 2026 los partidistas amenazaron que iban a entrar las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakales a desalojarlos de sus parcelas. Estas acciones de represión se hacen en complicidad de los tres niveles de los malos gobiernos.

Estos mismos actos de despojo territorial están sucediendo con nuestros compañeros y compañeras integrantes del Congreso Nacional Indígena zona 11 Tulankao de la comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas. El 24 de marzo del presente año, fueron informados por parte de dos ingeniero del gobierno del estado que por su territorio pasara una carretera de San Cristóbal a Teopisca, por lo que necesitaban 60 metros de ancho. Llegaron con sus mañas y mentiras que las demás comunidades estaban de acuerdo. Decimos públicamente que nuestros hermanos y hermanas de muchas comunidades no están de acuerdo con el paso de esta carretera.

A los Pueblos del Mundo, A las Resistencias y Rebeldías de Abajo y a la Izquierda, A la Opinión Pública Nacional e Internacional:

Dice el Gobierno de la 4T que ¡La pelota vuelve a casa!

Que la ola en el estadio no ahogue el grito de justicia en las calles

NOSOTROS PREGUNTAMOS:

¿Cuándo regresarán nuestros desaparecidxs? ¿Cuándo habrá verdad y justicia integral para las victimas y las familias ante la crisis de desapariciones, la impunidad forense y la violencia sistemática contra los pueblos, las mujeres, la infancias y la disidencias? ¿Cuándo dejarán las autoridades de ser cómplices corruptas y cuándo dejaran de obstruir las investigaciones de los crímenes cometidos? ¿Cuándo dejarán de reprimir y criminalizar la protesta social y la defensa del territorio? ¿Cuándo se frenará el despojo, el extractivismo y la explotación de las megacorporaciones, los carteles inmobiliarios y de especulación financiera y el crimen organizado? ¿Cuándo se reparará el daño ecológico y garantizará el derecho al territorio, a la vivienda y una vida digna para todes? ¿Cuándo se tomarán medidas para detener la destructiva crisis climática que nos acecha?

¿Cuándo romperá el estado mexicano su complicidad con regímenes imperialistas, fascistas, tecnócratas y genocidas, y dejará de usar el deporte, el espectáculo y la seguridad como cortinas de humo para ocultar crímenes de lesa humanidad? ¿Cuándo se acabará con la violencia institucional, policial, paraestatal y empresarial que reproduce el patrón colonial, racista, clasista y patriarcal propio de la necropolítica capitalista? ¿Cuándo, finalmente, la 4T dejará la simulación, la propaganda, la militarización y el purplewashing, y escuchará a los pueblos para desarrollar en conjunto estrategias de lucha contra el capital y su destrucción? y ¿Cuándo servirá al bien común ecológico y no al poder de siempre que vuelve la vida en mercancía, la tierra en propiedad, el dolor en espectáculo, y la resistencia en delito?

Estamos en medio de la tormenta que solo parece empeorar. ¿Qué vamos a hacer?

Caminando hacia la Construcción del Común

Mediante este Encuentro de Resistencias y Rebeldías, desde las colectividades que integramos la Asamblea por el Común y Contra la Guerra invitamos a seguir caminando con nuestrxs ancestrxs y a construir en común.

• La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer cuatro revisiones extraordinarias promovidas por autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito que ordenó la creación de la “Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala” en 2018.
• La Suprema Corte ejerció su facultad de atracción, abriendo la posibilidad de revisar los efectos de una resolución definitiva, poniendo en tensión el principio de cosa juzgada.
• Lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, la atracción implica un nuevo retraso para el cumplimiento de una sentencia firme que reconoció la necesidad de contar con una investigación autónoma y con la participación activa de las víctimas.

Ciudad de México, 7 de julio de 2026. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 331/2026, respecto de cuatro amparos en revisión extraordinarios promovidos contra la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en los amparos en revisión 203/2017 y otros, abriendo así la posibilidad de revisar los efectos de una sentencia definitiva, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica.

La sentencia de 2018 constituye uno de los precedentes judiciales nacionales más relevantes del caso. Cabe recordar que el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa ante las graves irregularidades detectadas, ordenando la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación), como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva.

Entre otros aspectos, el fallo concluyó que la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica” —la versión de que los jóvenes habrían sido privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula— había estado afectada por violaciones graves a derechos humanos, incluida la práctica de tortura. El fallo también destacó que no se exploraron otras líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército, ni se investigó adecuadamente la tortura denunciada; por el contrario, se privilegió el uso de pruebas que apoyaban la mencionada versión oficial.

Los juicios de amparo de los que deriva la resolución fueron directamente iniciados por los acusados. Los padres y las madres de familia de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Por el contrario, uno de los efectos del amparo es que las familias de los estudiantes desaparecidos sean reconocidas como víctimas indirectas en los mismos, razón por la cual son parte ante los recursos atraídos el día de hoy.

Lejos de dar cumplimiento a la sentencia, después de su publicación, diversas autoridades de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron revisiones extraordinarias con el argumento de que debieronhaber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes de trámite durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.

En 2026, la actual Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer las cuatro revisiones extraordinarias, al argumentar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia, al considerar que existía una imposibilidad para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad, sosteniendo esencialmente los mismos argumentos presentados por la administración del Presidente Peña Nieto y que mantuvo el Presidente López Obrador en su momento.

Lamentablemente, en sesión del Pleno y sin una discusión sobre las implicaciones, la Suprema Corte determinó por unanimidad atraer estos recursos extraordinarios. Previo a la votación, la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de conocer del asunto en tanto la investigación penal relacionada con el caso, depende de una Unidad Especial a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la que fue titular.

Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada “verdad histórica” en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas.

Adicionalmente, más allá de este caso, la decisión de atraer estos asuntos plantea serios cuestionamientos en materia de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues permite revisar una sentencia definitiva dictada hace ocho años. Esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo y, en los hechos, implica una revisión de una sentencia firme emitida en un amparo en revisión. Ello genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas.

A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin ser plenamente esclarecido. En ese contexto, la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persisten, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.