Radio Zapatista

Video: Carolina Corral
Fotografía y texto: María González

El pasado domingo 10 de junio organizaciones y colectivas feministas así como personas solidarias e indignadas realizaron una jornada de protesta en Tepoztlán, Morelos, debido a que el jueves 7 de junio apareció en su demarcación territorial el cuerpo calcinado de una mujer de 20 años, estudiante de odontología de una universidad privada ubicada en la salida norte de Cuernavaca, quien fue reportada como desaparecida un día antes a través de redes sociales.

El cuerpo de la joven –de quien su madre pidió no publicar el nombre– fue localizado en un paraje de San Juan Tlacotenco, localidad perteneciente al municipio de Tepoztlán. Éste es el tercer feminicidio en lo que va del 2018 en dicho municipio y el número 33 en el estado. Las manifestantes denunciaron que las instituciones públicas y el gobierno morelense han guardado silencio al respecto de la problemática y han sido omisos en cuanto a su responsabilidad de resolver la crisis de violencia que impera en el estado, la cual se ha incrementado en los últimos años a pesar de que, desde mediados de 2015, y bajo presión de la sociedad civil organizada, se activara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

Con una batucada, mantas, cartulinas con mensajes de conscientización e informativos, y una voz colectiva potente, las colectivas y un nutrido contingente marcharon desde la entrada del pueblo hacia el centro, rodearon la cuadra de la plaza principal para llegar a la plaza en donde leyeron dos pronunciamientos (aquí uno) sobre la indignante situación de violencia que se vive en el estado y las exigencias a los responsables de las instituciones que se supone hacen frente a los problemas de seguridad pública. También se cantó a coro una versión feminista de La llorona y se leyó un poema de denuncia y contestatario ante las violencias feminicidas de que somos objeto y testigxs.

Al haber sido en fin de semana, la movilización tomó por sorpresa a vecinxs y turistas que paseaban o comerciaban en la zona y mucha gente aplaudió y grabó con sus celulares la manifestación que expresaba por todo lo alto el gran dolor y la rabia ante la inacción y la impunidad que han sido las respuestas oficiales alrededor de este grave problema social durante los últimos años.

El Frente Feminista de Morelos reporta 135 desapariciones de mujeres en el estado sólo durante el 2018 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) ha registrado entre los años 2000 y 2017 más de 850 feminicidios en la entidad. Tras casi tres años de haber entregado 15 recomendaciones para prevenir, atender, sancionar, documentar y erradicar la violencia de género, la Comisión acusa una nula rendición de cuentas, que la constante es la revictimización de las mujeres y sus familias, que hay ausencia de justicia, falta de preparación, corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policiacos.

Tras realizar las acciones enlistadas, la manifestación se trasladó a las afueras del Auditorio Ilhuicalli, donde se llavaba a cabo un debate entre candidatxs a la presidencia municipal de Tepoztlán. Mientras afuera continuaban las canciones, la poesía, las pegas de cartulinas, las denuncias y un performance participativo para evocar la presencia de las morelenses asesinadas y desaparecidas a través de los años; adentro, una comisión entregó los pronunciamientos y una carta de exigencia para que lxs candidatxs asumieran públicamente el compromiso de reducir los índices ominosos de las violencias contra las mujeres en sus diferentes formas.

Asimismo, las organizaciones feministas morelenses citaron hoy, jueves 14 de junio, a lxs candidatxs a la gubernatura del estado en la Plaza de Armas de Cuernavaca para que firmaran una carta compromiso con siete puntos para actuar por la vida y la seguridad de las mujeres morelenses. Entre estos puntos destacan el cumplimiento de las medidas emergentes –decretadas anteriormente– para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; que se cumpla lo estipulado en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; que se eleve el presupuesto y la capacitación a las dependencias que hacen frente a la problemática, incluyendo la instrucción a la fiscalía general del estado sobre la revisión e investigación de los expedientes de casos para que entregue avances concretos; así como la realización de mesas de trabajo bimestrales con las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) para dar seguimiento y entregar informes de los avances al respecto. Es decir, que la exigencia a las instituciones, tristemente, sigue siendo que simplemente hagan su trabajo, lo que se supone da razón de su existencia y que, sin embargo, no cumplen, aunque sí gasten el presupuesto público.

A final de cuentas las y los manifestantes se abrazaron y lloraron las pérdidas de más mujeres, unas con otras, reivindicaron la lucha por la verdad y la justicia, también por la alegría; pusieron en acción la memoria colectiva y llamaron a fortalecer los lazos comunitarios para el cuidado mutuo. Ante un estado omiso y feminicida, es imperativo el grito fuerte que sonorice y visibilice los horrores –si no como única acción, claramente una indispensable; y nunca más permitir que prevalezca el silencio. En alto y firme la exigencia y la presión por la justicia, no es una petición, no es un favor que se mendiga. Mientras no haya seguridad para las mujeres, niñxs, hombres y ancianxs en México, seguirán retumbando en las calles de los pueblos y ciudades las voces, los cantos, las memorias de quienes día a día son arrebatadxs por un sistema mortífero; sistema que hay que transformar o derrumbar –según la ideología– para la restitución de condiciones dignas para la vida.

Habría que ponerse en el lugar del magisterio para poder entender la fuerza de su movimiento y para comprender, y sobre todo valorar, la resistencia de su lucha. Desde las grandes jornadas de movilizaciones en el ya lejano 2013, surgidas frente a la imposición de la llamada “Reforma Educativa”, pasando por el prolongado plantón de 124 días en el 2016 y hasta nuestros días, una larga cadena de historias y batallas ha ido forjando el carácter de la resistencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a 38 años de haber nacido en estas tierras del sureste mexicano. La historia, la memoria y la experiencia acumulada en esas casi cuatro décadas han sido, con seguridad, un elemento clave para sostener su resistencia frente a los reiterados, y de diversa naturaleza, ataques de las oligarquías que mueven los hilos del Estado mexicano. Ataques que van desde el desprestigio mediático, la presión económica, la represión policíaca, hasta la infiltración de grupos afines al gobierno al interior del movimiento.

Llegados a este momento histórico del capitalismo, la crisis del valor de este sistema se ha ido expandiendo hacia esos espacios que el capital había dejado relativamente “libres” pero que ahora necesita para valorizarse. Y la educación es uno de esos espacios. Para lograr esa valorización, los intereses económicos de las oligarquías nacionales y extranjeras, de la mano con la clase política nacional, promueven la mercantilización a toda costa de lo que hasta ahora ha permanecido fuera de esa categoría capitalista. La educación y los derechos laborales del magisterio, en tanto bienes comunes -no mercantiles-, son, así, un obstáculo para la acumulación y para librar esos obstáculos se han impuesto las reformas estructurales.

Es, pues, contra esos intereses que amenazan el empleo del maestro, en particular, y a la educación pública, en general, que el magisterio resiste y lucha. Y es también, por esa razón, que la lucha magisterial se agiganta ante nuestra vista porque es el único gremio de la clase trabajadora, a lo largo de la geografía nacional, que de forma organizada y con una estructura consolidada a nivel nacional, ha sido capaz de sostener una lucha contra los tentáculos del capital.

El paro indefinido

El actual paro indefinido de la CNTE vino precedido por marchas y paros nacionales de 24, 48 y 72 horas, en los cuales la Coordinadora salió a las calles en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca para exigir un diálogo con el gobierno. En Chiapas, la Sección 7 mostró una y otra vez la fuerza de su organización con multitudinarias marchas que abarrotaron las principales avenidas de la capital con cientos de miles de trabajadores, estudiantes y organizaciones civiles con la demanda de reinstalar la Mesa Nacional Única de Negociación con la Secretaría de Gobierno (Segob), como principal demanda. Las movilizaciones estatales tuvieron sus réplicas en el corazón político del país donde una comisión negociadora conformada solicitó audiencia en la Segob para reinstalar la mesa de negociación suspendida por el gobierno desde 2016.

Esas movilizaciones fueron, sin embargo, insuficientes, para que la Segob recibiera a la comisión de maestros y, en el colmo del absurdo se negó, incluso, a recibir el pliego petitorio de la Coordinadora. Más allá de lo ofensivo e indignante que esto debe resultar para los maestros, supondría un motivo más para que la indignación fuera generalizada en toda la clase trabajadora puesto que, si una organización de cientos de miles de trabajadores con capacidad de movilización nacional como lo es la CNTE no es atendida después de movilizaciones de carácter nacional, ¿qué se puede esperar para el resto de trabajadores, desorganizados o con organizaciones débiles, que protesten frente a una injusticia? Esta razón tendría que ser un motivo más para mostrar simpatía por el movimiento magisterial.

Una clase política en descomposición

Resulta increíble que esa cerrazón al diálogo y la negociación por parte del gobierno se sostenga en un escenario donde la imagen de la clase política y empresarial del país está más desgastada que nunca. Cabe hacer algunas precisiones:

En la escena electoral, mientras que, por un lado, la división de la derecha se hace patente mediante el intercambio público de acusaciones de delitos graves que desenmascaran lo que tras bambalinas es moneda corriente en el mundo de la clase política, a su vez la izquierda institucional termina por disolver sus fronteras que lo separan de la derecha y se encamina, así desorientada, hacia la silla presidencial. En esta época de crisis generalizada, en la pasarela electoral los políticos del viejo y nuevo régimen se desnudan y sacan a la luz la podredumbre de un sistema político que ya no es sensible a sus formas de más denigrante autohumillación ya que esa sensibilidad se subsume al hambre del poder a toda costa.

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Reportaje y fotografías de José Luis Santillán

I.

En la pasada serie de reportajes “Guerrero, el laboratorio del miedo” analizamos ligeramente algunas aristas de los efectos sociales del miedo provocados por el terrorismo de estado, llamado por los medios masivos de comunicación “fenómeno de la narcoviolencia”. Vimos los terribles efectos que causa en la población, la inminente y necesaria vinculación con el estado-capitalista mexicano, así como el uso contrainsurgente que se despliega por parte de las fuerzas armadas mexicanas.

Esta nueva serie periodística busca ser un puente para comenzar a entender la pobreza y sus efectos sociales, como parte de un entramado complejo de ingeniería del conflicto y el control social que se ejerce en contra de las clases subalternas. En especifico nos dimos a la tarea de ir a Oaxaca, el estado más pobre de México, para poder compartir testimonios reveladores e impactantes de este país donde nuestros gobernantes mienten públicamente, diciéndole al mundo que el rezago social se está abatiendo.

También analizaremos los efectos psicológicos de la pobreza en la población y el uso de estos para incrementar aún más las obscenas ganancias económicas de la reducida elite empresarial mexicana y transnacional. Inherente al control social que significa limitar o direccionar la educación, la economía, la movilidad y la salud de la población, a través de la pobreza y su desmedido incremento, en conjunto con la híper violencia propiciada en el país, son rasgos -que es necesario evidenciar- de una contrainsurgencia cada vez más especializada no sólo en la “neutralización de sus objetivos“ sino también en el “camuflaje social“.

Es fundamental entender el papel de la pobreza en México, no como institucionalmente se utiliza por todos los gobiernos y supuestas tendencias ideologías. Ni siquiera los autoproclamados partidos de izquierda proponen apuntar a la raíz fundamental del problema, porque también viven y se nutren de los pobres, ya sea como eslogan, cuota o “capital social”. Es necesario que desde el pensamiento crítico se puedan analizar y divulgar las más novedosas formas que implementa el terrorismo de Estado para mantener su poder político y económico a nivel global.

Oaxaca, el precio de ser pobre, indígena y mujer.

A partir de la medición en 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el estado de Oaxaca se situó en el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Rezago Social. Este indicador representa cuatro dimensiones asociadas al fenómeno de pobreza en México. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es el estado con más población indígena en el país, lo que representa, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, que en México y especialmente ahí, la población indígena es la más pobre entre los pobres. La misma fuente oficial confirma que no existe más vulnerabilidad que ser mujer, indígena y pobre en este país que esa entidad. Estas características son muy similares en Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Pasar de las fuentes gubernamentales a la realidad es aún más terrible si a todas las carencias  le  sumamos la cuota de violencia desmedida que se centra principalmente en las zonas con más pobreza y marginación del país. Para marzo de este 2018 ya se contabilizaban 143 feminicidios en el gobierno de Alejandro Murat. De acuerdo a las estadísticas oficiales 527 fueron en el periodo de  Gabino Cué, 283 con Ulises Ruiz Ortiz y 429 con José Murat. Es por esto que diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado la urgencia de declarar la alerta de género para la entidad.

Una de las zonas recorridas para este reportaje fue la Selva Chinateca, en la región de la Chinantla. En el municipio de Santiago Jocotepec se encuentra la comunidad de Cerro Caliente. Ahí platicamos con Victoria Jiménez Mendoza, indígena que nació y creció en esta región, donde ahora sus hijos y su familia luchan día a día por sobrevivir y tratar de mejorar sus condiciones de vida. Victoria nos cuenta cómo se vive en este municipio donde el 99,68% de la población es indígena y es considerado alta marginación.

Los paisajes son impresionantes. El agua es abundante, los ríos que vienen desde Veracruz  y prosiguen su paso hacia la costa, son majestuosos. Para llegar a algunas comunidades hay que pasar por los puentes colgantes de hasta 150 metros de longitud. En medio de esta gran belleza de la selva Chinanteca las comunidades indígenas sobreviven entre condiciones lacerantes que distan mucho del Oaxaca que presento el Gobernador Alejandro Murat en su primer informe de gobierno.

Ese Oaxaca moderno del siglo XXI está muy lejos de estos hermosos parajes y no es una lejanía que sólo pueda medirse en kilómetros, hablamos del hambre, desnutrición, muerte por enfermedades curables, condiciones de vida en indigencia y marginación. La entrevista con Victoria es amena. Ella no pierde la sonrisa a pesar de que los temas de los que platicamos no son fáciles, estamos en el patio de la escuela primaria de la comunidad e iniciamos el diálogo sobre tres puntos fundamentales para cualquier población: la salud, el trabajo y la educación.

¿Podrías presentarte y platicarnos cómo se vive en esta región?

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Desde hace años un conjunto de organizaciones se han movilizado en la Argentina para luchar por el derecho de las mujeres a decidir con su cuerpo y su vida. Este miércoles y jueves se vota en el congreso argentino el reconocimiento legal de este derecho sin embargo, partidos, grupos conservadores y sectores reaccionarios de la iglesia busca impedir la aprobación de dicha iniciativa.

Tuvimos la oportunidad de conversar con la compañera Diana, de la colectiva Mala Junta, que nos compartió la situación de las movilizaciones en Argentina y el panorma de las discusiones que se han desarrollado con mayor presencia desde el 2008 a la fecha.

Diana Broggi-Colectiva Mala Junta:

Por su parte, la compañera Lucila nos compartió algunas de las estrategias que están implementando las compañeras en Buenos Aires y en otras provincias en la Argentina para mantener la presencia y la presión para conseguir el reconocimiento de la ley en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Lucila-antropóloga

Estos temas nos parecen fundamentales por el aumento de la violencia
en México se asesina a a 7 mujeres cada 24 horas, según el informe Igualdad de género y empodeamiento de las muejres en México elaborado por la ONU.

Detener la violencia que se ejerce contra las mujeres es una de las demandas más urgentes en nuestro país, el aumento de los feminicidios denunciados por la campaña #Ni una mas nos da cuenta de la dimensión de este problema.

Recuperamos el concepto propuesto por la ONU que establece como feminicidio: la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea
perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.

Entre 2006 y 2013 se reportan 3 mil asesinatos de mujeres y tan solo en los últimos años hubo 591 feminicidios en 2016, 617 en 2017 y en lo que va del 2018 suman mas de 500 feminicidios. Cifras por demás alarmantes y que dan cuenta de la situación de emergencia que se vive en nuestro país.

Texto: Katia Valenzuela | Foto y video: Jerónimo Díaz

Co-publicación entre SubVersiones (México) y Resumen (Chile).

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) es uno de los movimientos sociales más emblemáticos de América Latina y un referente internacional en el cooperativismo de vivienda. Con casi 50 años de trayectoria, FUCVAM federa a 363 cooperativas habitadas, que en conjunto proveen de vivienda a 18 mil familias uruguayas. Esto sin mencionar 90 proyectos en trámite y otros 62 en etapa de construcción. Bajo los principios de ayuda mutua, autogestión, democracia directa y propiedad colectiva, este movimiento reivindica el derecho a la vivienda y a una vida digna, desafiando las reglas de la oferta y la demanda que buscan subsumir todas las esferas de la vida.

¿Cómo nace y se sostiene este monumental proyecto cooperativo? ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Qué aprendizajes de esta experiencia podemos extrapolar a nuestras propias realidades en Chile, México y otros países latinoamericanos? Gracias a las compañeras y compañeros de FUCVAM, que generosamente nos abrieron las puertas de su organización y cooperativas en Montevideo, este breve reportaje busca contribuir a esta reflexión, visibilizando un modelo pionero en la construcción de vivienda digna en América Latina.

Primeras décadas: entre la fuerza del movimiento popular y la amenaza de los de arriba

El nacimiento de la FUCVAM fue posible gracias a la acumulación de fuerzas del movimiento popular en el Uruguay, que durante la década del sesenta resistió la avanzada conservadora y presionó para que se legislara a favor de los derechos sociales de la población. En este contexto, en el año 1968 se aprueba la ley 13.728 que da origen al Plan Nacional de Vivienda. Esta legislación, aún vigente en el Uruguay, permitió la creación de un Fondo Nacional orientado a la construcción de vivienda para la clase trabajadora, y formalizó la figura de las cooperativas de vivienda. Con la nueva institucionalidad, la opción cooperativa tomó fuerza, e influenciadas por el movimiento sindical, estas asociaciones prontamente decidieron articularse. El 24 de mayo de 1970 nace la FUCVAM, como organización de segundo grado que federa a las cooperativas de ayuda mutua, en aumento en el país. Fernando Zerboni, ex secretario general de FUCVAM y actual director de su Escuela Nacional de Formación, explica el origen de la Federación:

En 1970 en el Uruguay había once cooperativas (…). En ese momento se propone la formación de una coordinadora de las once cooperativas a fin de simplificar procesos de compras de materiales y de reivindicación de algunas de sus necesidades. En la medida que las cooperativas estaban integradas fundamentalmente por trabajadores, casi enseguida surgió la idea de constituir una especie de sindicato de las cooperativas, o sea, la Federación.

Desde su nacimiento, el movimiento cooperativo tuvo un crecimiento exponencial, hasta que los días oscuros de la dictadura uruguaya amenazaron su florecer. Entre 1973 y 1985, aunque mantuvo su estatuo legal, la FUCVAM, al igual que el resto del movimiento popular, fue duramente golpeada por el régimen autoritario, negándosele personería y tierras y retrasando la entrega de préstamos. Pero a pesar de la vigilancia y obstáculos interpuestos por el régimen a las cooperativas, éstas buscaron formas creativas de seguir existiendo, convirtiéndose en espacios centrales para la solidaridad popular, rearticulación del movimiento social y resistencia a la dictadura. Así, las cooperativas de vivienda levantaron guarderías, policlínicas, ollas populares y salones comunales, además de sumarse activamente a la lucha por la defensa de las empresas públicas y de rechazar la reforma constitucional que buscaba la legalización de la dictadura.

Uno de los golpes más duros a la organización se dio en el año 1983, con la orden gubernamental de modificar la tenencia de las viviendas y su re-tipificación como «propiedad horizontal». Con esta acción, se buscaba quebrar el poder colectivo del movimiento, su poder reivindicativo, y su visión social de la vivienda. Pero a pesar de la represión y restricción a las libertades individuales y colectivas, las y los cooperativistas resistieron la medida, iniciando un proceso de movilización y recolección de firmas que logró la no aplicación del decreto por parte del régimen. Con el retorno a la democracia en 1985, el cuestionado decreto no fue inmediatamente anulado, por lo que la movilización popular continuó siendo un recurso necesario para las y los cooperativistas de FUCVAM. Gracias a las multitudinarias movilizaciones, tomas de terrenos e interpelación a las nuevas autoridades políticas, FUCVAM logró mantener su modelo popular de acceso a vivienda. Este modelo fue validado por las propias familias cooperativistas, quienes por votación optaron por la continuidad del estatuto de usuarios de las viviendas, en contraste con el de propietarios.

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AED-CNTE Chiapas: Paro magisterial “una lucha digna y necesaria contra la reforma educativa”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 11 de junio. “Este movimiento es de bases, la nefasta reforma educativa en Chiapas no pasará”, aseguraron en un mitin maestros que iniciaron un paro de labores agrupados en la Asamblea Estatal Trilateral (AET), conformada por la Asamblea Estatal Democrática (AED-40), Nivel de Educación Indígena (NEI), y el Consejo Central de Lucha (CCL-7), esto tras una megamarcha del oriente al centro de la capital chiapaneca, acuerpada por estudiantes, jubilados, padres de familia y organizaciones sociales.

Las y los maestros disidentes aseguraron que habrá una respuesta organizada, frente a las políticas “que se tratan de imponer a sangre y fuego”, tanto a nivel nacional como estatal. “La reforma educativa no pasará porque estamos decididos a enfrentar las políticas neoliberales”, aseguraron.

Los docentes disidentes indicaron que se guían bajo los 22 principios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ; “abrazamos las demandas laborales, la reinstalación de maestros cesados, así como la exigencia de justicia para Nochixtlán Oaxaca y Ayotzinapa Guerrero”, expusieron.

El representante de la AED, Armando Falconi, indicó que de igual forma están exigiendo la apertura de una mesa política con el gobierno estatal, para que se resuelvan lo que denominó, “demandas añejas”. “No permitiremos que al magisterio y al pueblo de Chiapas se les siga negando la atención a las demandas populares. ¡Jamás nos rendiremos ni aceptaremos la privatización de la educación pública! ¡No claudicaremos en la defensa de los derechos laborales y sociales de cientos de miles de maestros en el país!”, enfatizó el también luchador social.

El movimiento se realizará “respetando la consulta de las Bases”, aseguraron los voceros de la AET. Por su parte el representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (SUTUNICH), aseguró que esta lucha “es digna y necesaria contra la reforma educativa punitiva”. “Hoy nuevamente se levanta el ánimo y las voces de la base magisterial”, añadió el maestro bilingüe.

Por su parte la representante estatal de padres de familia Guadalupe Coll, indicó que el paro “es parte de la lucha social”, y no de la “política sucia”, en referencia a las elecciones de julio próximo. “El maestro luchando, también está enseñando”, agregó. La vez anterior que las y los maestros chiapanecos realizaron un paro de labores contra la autodenominada “reforma educativa” del ejecutivo federal Peña Nieto, fue en el año 2016 y duró cuatro meses.

Una veintena de compañerxs libertarios acudió a las afueras del reclusorio preventivo varonil norte (ReNo) para esperar la salida de Fernando Bárcenas tras cuatro años y seis meses de encierro; acusado de incendiar un árbol de Navidad de la empresa Coca Cola durante una manifestación contra el alza del transporte (metro). La salida de Fernando se da después de ser notificado (hoy por la tarde) en el juzgado que su proceso se cancelaba y que la carpeta del expediente se iba a eliminar. Cabe señalar que su salida no siguió el protocolo que existe con los demás presos; pues fue el director del penal quien fue por él hasta el auditorio para avisarle que se tenía que ir, pasándolo al área jurídica e inmediatamente liberarlo. Hasta media noche se encuentran reunidos familiares y amigos celebrando la libertad con la quema simbólica del uniforme de preso y gritando consignas contra las prisiones.

Bruno Avendaño Martínez (hermano de Lukas Avendaño) desapareció el 10 de mayo en Tehuantepec, Oaxaca. Hasta la fecha las autoridades no han implementado el protocolo correspondiente para la búsqueda de personas desaparecidas.