
Sin Verdad ni Justicia. Balance a seis meses de la sentencia de la Corte IDH sobre la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez
Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González
Antonio González Méndez es un indígena maya originario de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas, México. Cuando fue desaparecido en 1999 contaba con 32 años de edad. Él y su pareja Zonia López Juárez tenían 3 hijas y un hijo: Ana, Magdalena, Elma Thalía, y Gerardo.
Ante la falta de actuación del Estado mexicano para esclarecer los hechos y localizar a Antonio, su familia, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2000. El 4 de mayo de 2019, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 62/19. Debido a la falta del Estado mexicano al cumplimiento integral de las recomendaciones, el 22 de enero de 2022, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuya sentencia fue publicada el 12/12/2024. En ella, la CoIDH declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio.
(In)cumplimiento de la sentencia a seis meses de su publicación
Lamentamos que a seis meses después de la publicación de la sentencia, México no haya demostrado voluntad política para cumplir con las reparaciones ordenadas. La única medida que implementó a cabalidad fue la reparación económica. Si bien saludamos esta acción, notamos que tanto la investigación como la búsqueda, disposiciones más urgentes para la familia, y que más impacto tienen para la sociedad en su conjunto, no están atendidas con seriedad.
Investigación de los hechos
Un punto crucial es la investigación de la desaparición forzada de Antonio. La Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de Chiapas presentó un primer plan de investigación con graves fallas, y haciendo caso omiso a las demandas de la familia.
En su plan de investigación, queda patente que la Fiscalía desconoce la propia sentencia, pone en duda hasta la presencia de Paz y Justicia en Sabanilla, y la existencia de un motivo para desaparecer a Antonio.
De igual forma, se sugiere indagar sobre el perfil de Antonio para determinar si era susceptible de haber sido blanco de un grupo paramilitar. Es otro grave retroceso; la sentencia deja claro que el motivo de la desaparición de Antonio es su pertenencia a un movimiento político-social que el Estado, a través de una política de contrainsurgencia plasmada en su “Plan de Campaña Chiapas 1994” buscaba “destruir y/o desorganizar”.
Las acciones de investigación propuestas evidencian además una ignorancia de las pruebas e indicios que sostienen la sentencia de la CoIDH, y que fueron aportados no solo por la familia y el Frayba, sino también por el mismo Estado.
El sentimiento que queda al leer el plan de investigación es que no se está tomando en serio el esclarecimiento de los hechos. Pareciera que la Fiscalía no tiene claros ni los hechos más básicos del caso. Además, el documento es de difícil lectura, y es obvio que varios apartados fueron copiados y pegados del anterior plan y/o de otros documentos.
Búsqueda de Antonio González Méndez
Otro de los pilares de la reparación del daño, y el más importante para la familia de Antonio, es la búsqueda. A más de 26 años de su desaparición, y tras la emisión de la sentencia, el Estado por primera vez organizó jornadas de búsqueda en abril 2025. Al menos, así fue presentada esta acción a la familia. Pero más que una búsqueda, fueron acciones de prospección dentro de un perímetro muy importante, en una lógica de reconocimiento del terreno. Esto fue un primer golpe para la familia de Antonio. La invitación a una búsqueda creó importantes expectativas que fueron decepcionadas.
Apareció claramente la falta de coordinación interinstitucional necesaria para desarrollar acciones de esta magnitud. La familia y el Frayba nos pudimos percatar de que la mayoría de los y las funcionarias presentes no tenían conocimiento ni de la sentencia de la CoIDH, ni de los hechos de la desaparición, ni mucho menos del contexto en el cual se dio.
Es preocupante en particular que la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Chiapas en todo momento ignoró a la familia y sus representantes en sus diálogos con las demás autoridades. Pese a ser una acción de reparación fundamental para la familia, en esta primera búsqueda el trato hacia ellas fue irrespetuoso, y no se tomó en cuenta su palabra, quedando clara la falta de voluntad de realizar una búsqueda real y profunda con la plena convicción de hacer todo lo posible por localizar a Antonio.
Otras medidas de reparación
La familia, el Frayba como sus representantes, y el Estado, hemos llegado a varios acuerdos sobre la implementación de la sentencia de la CoIDH. Los espacios de interlocución han sido importantes, sobre todo los que permitieron aterrizar en medidas concretas las exigencias de la CoIDH hacia el Estado. Dichas medidas, además de la investigación y búsqueda, abarcan varios temas, desde la atención de salud para familiares de Antonio, hasta la difusión de la sentencia en redes sociales, y medidas de no-repetición.
Sin embargo, lamentamos la falta de solidez de los compromisos tomados por el Estado en varios ámbitos. En particular, nos preocupa que en la interlocución se llegue a revertir los acuerdos consensuados entre todas las partes.
Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González
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Articulan lucha unificada en defensa de la Madre Tierra en municipio poblano del “oro blanco”
Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
Una red conformada por diversas organizaciones sociales, pueblos originarios, defensores de derechos humanos y académicos convocó, a finales de mayo, al “Foro en defensa de nuestros territorios contra la minería”, en el pueblo indígena inwíba de Zapotitlán, Salinas, Puebla, con el objetivo de construir un plan de acciones contra la extracción de recursos minerales en la región del Valle de Tehuacán y la Mixteca poblana-oaxaqueña, zonas estratégicas debido a la riqueza natural que poseen.
Organizaciones y comunidades denuncian que del Valle de Tehuacán y de la Mixteca poblano-oaxaqueña miles de toneladas de minerales son extraídas y transportadas hacia ciudades industriales como Monterrey. “Nos reunimos para reflexionar y alzar la voz ante las múltiples violencias que amenazan nuestros territorios y denunciar la actual ofensiva extractiva que profundiza el despojo territorial, cultural y espiritual de nuestras comunidades”, explicaron en su declaratoria.
La cantidad de bienes naturales presentes en los territorios que conforman esta red contra el extractivismo va más allá de lo que se puede imaginar. Ejemplo de ello es Zapotitlán, Salinas, que se encuentra ubicado al sur de Tehuacán y es uno de los 217 municipios del estado de Puebla que se sitúa en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán que, a su vez, pertenece a la Sierra Negra donde las lenguas mayormente habladas son el mixteco y el ngiwa (popolaca), con siete grupos étnicos entre los que predominan popolacas y mixtecos.
Zapotitlán, Salinas, es una zona árida que hace millones de años estuvo sumergida en el mar. Con el paso del tiempo el lugar se secó y la sal se solidificó brotando hacia la superficie. Por ello, es el mayor productor de “oro blanco” (como le llaman las y los lugareños) en la región poblana.
Desde hace años, la inversión turística mantiene en la mira a Zapotitlán debido a su diversidad botánica, a las salinas y a los palenques que conforman la ruta de mezcal. Además, se trata de un área natural protegida con el nombramiento de “Bien Mixto de Patrimonio Mundial”. Pero, estas categorías no han sido suficientes para frenar la explotación de cantera, la extracción de Ónix y el saqueo de agave.
José Alberto Barragán Ibarra, educador, apiculturista, integrante del colectivo Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y comunicador popular en la radio “Ecos de la Sal”, explica, en entrevista para Avispa Mídia, que “una forma fácil de obtener litio es a partir de salmueras, por ello, quienes tienen interés en la extracción de este mineral han intentado generar una campaña de desprestigio a la sal de Zapotitlán, con el fin de que los salineros dejen de producir y así intervenir en sus fincas”.
Esta situación que explica Barragán curiosamente hace sentido con que “oro blanco” sea un término también empleado para referirse al litio, un elemento químico que, de acuerdo con el Perfil de Mercado del Litio, elaborado por la Secretaría de Economía en 2018, está presente en “pegmatitas, como en salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos, arcillas e, incluso, en los océanos” y además detallan que “sólo dos procesos de obtención han demostrado ser económicamente factibles: salmueras y pegmatitas”.
La explotación de distintos minerales ha sido negada en Zapotitlán. Tal es el caso de la solicitud del particular Martín Ramírez Hernández quien, en diciembre de 2023, ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una solicitud para explotar una mina de hierro con la que se buscaba extraer anualmente 120 mil toneladas de este material durante 24 años. El 18 de junio del año pasado, la dependencia rechazó la petición debido a que el área a explotar se haya dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC).
En noviembre del 2024, habitantes de este mismo municipio expresaron descontentos frente a la producción de cantera, afirmaron “sufrir serias afectaciones por la extracción de ónix en al menos seis minas cercanas a la cabecera municipal”, pues para extraer este mineral se emplea dinamita que genera polvo, estruendos y devastación en cerros y viviendas.
Respecto al tema de la cantera, Barragán menciona que “es minería a pequeña escala. Hay un aproximado de 200 familias que viven de la explotación de cantera de manera artesanal. Tiene que haber un acuerdo entre canteros y la población para que haya extracción sin generar gran impacto ambiental”. Pero a la fecha se trata de un problema sin resolver.
Un problema en común
El profesor Barragán afirma que “todos los días los pobladores observan cómo salen góndolas cargadas de minerales y no tienen idea de que sus pueblos fueron concesionados”, además cuenta que “en la comunidad de Reyes Metzontla hay extracción de manganeso y barita y en Acatepec se llevaron góndolas de tierras raras pagando 35 pesos por tonelada a los comuneros”.
Barragán no es el único que señala a la manipulación de información como un problema que significa una puerta de entrada para los proyectos extractivos. Nicolás Ome, integrante del colectivo Komunidad Libertaria KOMULLI, que en su comunidad se desempeña como granjero, zootecnista y comerciante, comparte para Avispa Mídia que en las comunidades “sólo se conocen los beneficios efímeros que prometen las empresas y es ahí donde la información es fundamental”.
De la información que KOMULLI ha obtenido por su cuenta, Ome detalla que “en Huajuapan, hay por lo menos 4 concesiones que nos afectan directamente, las concesiones son Miriam, Edith, La Presa y Ayuquililla, con más de 17, 500 hectáreas”.
Otro de los problemas que Ome identifica en su comunidad es el cambio de uso de suelo, cuando de “bienes comunales” la tierra pasa a pequeños propietarios, quienes generalmente son personas externas a la región con el interés de dar paso a mega proyectos, generando así el rompimiento del tejido organizativo en la comunidad.
Debido a la demanda global de minerales estratégicos, los territorios de la mixteca poblano-oaxaqueña han sido asaltados en busca de oro, litio, silicio, manganeso y barita entre otras sustancias. Ante ello, en el Foro expusieron que tales intervenciones han sido realizadas “sin evaluaciones de impacto ambiental y sin respetar nuestros derechos a la libre determinación y a la autonomía”.
Explicaron además que se trata de un entramado de actores que involucra “empresas extractivas, crimen organizado y grupos paramilitares”, quienes han comenzado a controlar sus territorios, sembrando violencia y apropiándose de sus recursos públicos. Actos que son posibles a través de estrategias como “la manipulación de asambleas, la infiltración de actores externos y las divisiones internas generadas a propósito”, mencionaron en su declaratoria.
En ese contexto de riqueza natural y explotación irregular de recursos, el Foro significa una apuesta por fortalecer la organización comunitaria al construir un espacio de diálogo y estrategias entre pueblos originarios y organizaciones sociales centradas en la defensa territorial. “Desde abajo, con dignidad, estamos construyendo respuestas que combinan la memoria, la acción directa y la creación de alternativas”, afirmaron los pueblos originarios presentes.
Por su parte, Ome menciona: “Como dicen las rolas punkis: ‘negras tormentas agitan los aires’ pero se vislumbra un porvenir cuando se comparten los dolores y problemáticas, se vuelve gozoso porque conocemos gente nueva y se da uno cuenta que nuestros territorios siguen estando unidos, pese a la invasión de los europeos la comunidad sigue unida y aún siguen con sus bases organizativas dentro de ellas: la autonomía”.
Resistir organizadamente
Como resultado del Foro, las y los participantes declararon su compromiso con diversas acciones, por ejemplo, con la conformación de una red regional de defensa del territorio, el fortalecimiento a sus formas organizativas internas, el impulso de estrategias jurídicas comunitarias, la realización de un mapeo comunitario participativo y la exigencia al cumplimiento del derecho a la libre determinación y a la autonomía.
Así mismo, hicieron pública la invitación – con fecha por definir – al Tercer Foro Regional en el pueblo Inwíba de Reyes Metzontla, lugar donde señalaron que actualmente operan tres concesiones mineras autorizadas por la Secretaría de Economía, sin manifiesto de impacto ambiental.