Radio Zapatista

En 2022 se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala. Los datos son del registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), organización que articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones en Mesoamérica.

La mayoría de estas agresiones, 500, tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos. Alrededor de 56% de las agresiones se dieron en el espacio público, principalmente en la calle. Una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto.

Los Estados aparecen como los principales agresores de las defensoras, siendo identificados como responsables en más de la mitad de las agresiones (56,1%) a través de fuerzas de seguridad y autoridades públicas de diferentes niveles. Por otro lado, uno de cada cinco perpetradores (20%) es desconocido, ya sea porque no se identifica a la persona que realiza la agresión directa presencial o porque se trata de un usuario virtual desconocido.

Las defensoras y sus organizaciones son quienes acompañan a las víctimas de la violencia machista, quienes denuncian ante las autoridades y la opinión pública, quienes llevan a cabo campañas de prevención y proporcionan albergue y protección para las mujeres y sus hijos, hijas e hijes, entre muchas otras acciones.

Para la IM-Defensoras, reconocer la importancia de su trabajo, así como garantizar que puedan manifestarse en las calles y ejercer su labor sin limitaciones y de manera segura, es urgente y vital en un contexto como el mesoamericano, donde la violencia contra las mujeres está generalizada y normalizada y donde existe una de las tasas de feminicidios y de impunidad más altas del planeta.

En los países

En México, la IM-Defensoras documentó un total de 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones. La mayor parte de las agresiones se dieron en acciones colectivas como las manifestaciones feministas. Adicionalmente se registraron 23 casos de abuso sexual durante acciones colectivas. La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país, 38%.

En Nicaragua, se documentaron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones.  Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por autoridades públicas, 58%. Sólo en 2022, las autoridades de este país cancelaron la identidad jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas.

En Honduras, sedocumentó 70 agresiones contra 15 defensoras. Casi la mitad de las agresiones, 47%, fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora, o el/la abogada o personas que respalda a dicha persona.

En El Salvador, las agresiones documentadas, 14, fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigida a organizaciones. Los usuarios virtuales desconocidos fueron los principales agresores, seguidos de instituciones del Estado.

^{Marcha del movimiento negro contra la violencia policial, celebrada en la ciudad de São Paulo el 24 de agosto, en protesta contra el asesinato de Bernardete Pacífico, lideresa acribillada con 12 tiros en Bahía.}

En Brasil, la difusión de una investigación señala que, entre 2018 y 2022, los asesinatos contra quilombolas se duplicaron con respecto a un estudio previo, el cual había registrado agresiones contra las comunidades afrodescendientes entre 2008 al 2017. En 15 años, 70 quilombolas -descendientes de africanos que se rebelaron y huyeron de la condición de esclavos durante la colonización portuguesa- fueron asesinados en todo el país.

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El estudio titulado Racismo y violencia contra los quilombos en Brasil, difundido el pasado viernes (17), enfatiza que el 70% de los asesinatos sucedieron en territorios no titulados, siendo el estado de Maranhão, al norte del país, el que registró el mayor número de asesinatos.

Elaborada por la Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq) y la organización Terra de Direitos, la investigación señala eventos de violencia contra los quilombos que muestran el recrudecimiento de las desigualdades practicadas históricamente contra las comunidades quilombolas en Brasil.

El estudio analizó 32 asesinatos registrados en 11 estados del país sudamericano y enfatiza que los conflictos por la tierra y la violencia de género están entre las principales causas de los asesinatos de quilombolas en Brasil. “Al menos 13 quilombolas fueron asesinados en el contexto de la lucha por su territorio y la defensa del mismo”, sostienen las organizaciones.

La investigación señala que, a comparación con el estudio previo que registró las agresiones violentas durante un periodo de 10 años, el promedio anual de los últimos cinco años se duplicó, al pasar de 3.8 a 6.4 asesinatos por año. “Se registraron cuatro asesinatos de quilombolas en los años con menor número de violencia en el período analizado. En los años de 2019 a 2021 se registraron picos de 8 asesinatos”, resaltan.

El estudio revela que, al menos, 15 de estos crímenes tuvieron como objetivo a líderes reconocidos por las comunidades.

“El Estado brasileño debe tomar medidas inmediatas para proteger a los líderes de todo Brasil. Es deber del Estado garantizar que haya una investigación rápida y efectiva y que los responsables de los crímenes que han victimado a los líderes de estos Quilombos y a tantos otros rindan cuentas debidamente. Es crucial que se haga justicia, que se conozca la verdad y que se castigue a los responsables. Queremos justicia para honrar la memoria de nuestros líderes que perdemos, pero también para poder decir que, en Brasil, no se tolerarán los actos de violencia contra los quilombolas”, reclamó el coordinador ejecutivo de Conaq, Biko Rodrigues.

Feminicidios, al alza

En el reporte, destaca también el elevado número de feminicidios, pues nueve de los asesinatos fueron contra mujeres. “Los autores de la violencia [fueron] sus parejas actuales o ex parejas. Aunque se refiera al ámbito privado de las relaciones, las organizaciones entienden que la violencia contra las mujeres es un reflejo de la lucha política que llevan a cabo en el quilombo en defensa del territorio y de la supervivencia de las comunidades”, detallan las organizaciones.

La proporción de mujeres quilombolas asesinadas también se ha duplicado en el periodo registrado durante los últimos cinco años, en contraste con el registro de 10 años, entre 2008 a 2017, cuando fueron asesinadas ocho mujeres.

Las organizaciones señalaron que la investigación se inició tres meses después del asesinato de Maria Bernadete Pacífico, acontecido el pasado 17 de agosto. Bernadete, coordinadora de la Conaq, pertenecía a la comunidad de Pitanga dos Palmares Quilombo y era madre de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, otro reconocido líder quilombola, asesinado en 2017 en el contexto de una lucha por el territorio. Acorde a la oficina jurídica de Conaq, las investigaciones sobre el asesinato siguen en curso por parte de la Policía Civil.

Cabe destacar que, pese a que el asesinato de Bernadete no está incluido en el período analizado en la investigación, en lo que va del año 2023 se registra el asesinato de siete quilombolas.

La disputa por tierras

Otro de los hallazgos señala que el 70% de los asesinatos fueron motivados por conflictos de tierras pues sucedieron en territorios que no cuentan con la regularización de sus títulos. Al mismo tiempo, entre 11 quilombos, total o parcialmente titulados, la disputa por el territorio representó el 27% de los asesinatos.

En 10 de las 26 comunidades donde se registraron asesinatos, no hay casos abiertos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización (INCRA), autoridad encargada de la regularización de tierras quilombolas en Brasil.

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Datos de la Fundación Palmares demuestran que existen 1,805 procesos abiertos en el INCRA para la regularización de tierras de territorios quilombolas.

BOX Hallazgos

Algunos de los datos que revela el estudio sobre las agresiones durante el periodo 2018-2022 son los siguientes:

*Se registraron asesinatos en 26 comunidades quilombolas. En las comunidades de Rio dos Macacos (Bahía) y Cedro (Maranhão) hubo 3 asesinatos; en el Quilombo Conceição de Crioulas (Pernambuco) hubo 4.
*En 6 de los 32 asesinatos fue posible identificar la ocurrencia de amenazas anteriores a los asesinatos.
*Maranhão es el Estado con mayor número de asesinatos (09), seguido de Bahia, Pará y Pernambuco, con cuatro casos cada uno.
*El Noreste es la región con el mayor número, con 21 asesinatos registrados, lo que representa el 65,6% de todos los casos. El Norte es la región con el segundo mayor número, con 4 asesinatos mapeados.

^{Bosque a las orillas del Río Acará. Río y bosque son usados por comunidades tradicionales. Foto: Anderson Barbosa}

Indígenas Turiwara, en la Amazonía brasileña, fueron atacados por la seguridad privada de la empresa productora de palma africana, Agropalma, entre los municipios de Acará y Tailândia, en el estado de Pará, el viernes, 10 de noviembre. El indígena identificado como Agnaldo fue asesinado y, al menos dos más, Jonas y José Luis, fueron heridos.

Los indígenas seguían, de acuerdo con informaciones de medios locales, un antiguo camino de tierra en sus motos a través del bosque que la empresa sostiene que es suyo. Los indígenas iban a pescar y cazar para alimentarse.

En un reportaje publicado en mayo de este año por Avispa Mídia, relatamos el conflicto de tierra que involucra comunidades tradicionales y la empresa que, además de las plantaciones de palma, lleva a cabo el Programa REDD+Agropalma en bosques que están bajo su posesión. Estos bosques, que sirven desde siglos atrás para la subsistencia de estas comunidades y que son demandados como sus territorios en órganos administrativos y en los tribunales brasileños, están hoy cercados y bajo vigilancia de esta empresa.

En un segundo reportaje, publicado por Avispa Mídia, se informa que la Asociación Brasileña de Antropología solicitó al Ministerio Público Federal la apertura de un proceso para investigar el contrato de venta de créditos de carbono firmado entre Agropalma y Biofilia Ambipar Ambiental.

De acuerdo con la asociación, parte de las 50 mil 519 hectáreas de bosque amazónico, que Agropalma pretende comercializar en el mercado especulativo de carbono, es un territorio reivindicado en las instancias de justicia por indígenas Turiwara y Tembé del Alto río Acará.

Tras la publicación del reportaje, la asesoría de prensa de Agropalma envió, por correo electrónico, una nota a la redacción sosteniendo que “no hay comunidades indígenas dentro de su área de actuación” y que “todos sus terrenos fueron adquiridos de buena fe de sus legítimos dueños y poseedores”.

Para profundizar la cuestión, Avispa Mídia entrevistó a Ione Nakamura, promotora de justicia del Ministerio Público del Estado de Pará, órgano del Estado brasileño que logró en los tribunales de justicia la cancelación del registro de propiedad de dos haciendas de la empresa, debido a que las áreas adquiridas por Agropalma “poseen vicios”, sostiene la promotora de justicia.

De acuerdo con la promotora, existe un modus operandi de empresas en la Amazonía, que “compran tierra barata, barata porque tiene problemas, tiene vicios, que en Brasil se nombra grilagem”, es decir, en el histórico de compra y venta de la propiedad existe fraude de documentos en la adquisición de la tierra.

La empresa “no puede alegar que compró de buena fe, que no tenía el conocimiento de que las tierras tienen vicio porque, como una empresa con recursos y que conoce la legislación brasileña, tenía que haber investigado mejor las propiedades que adquirió”, sostiene la promotora de justicia.

Desde la decisión judicial, las dos haciendas de Agropalma volvieron a ser tierras públicas. Y son estas tierras que las comunidades, tanto quilombolas como indígenas, sostienen que son suyas.

En la entrevista para Avispa Mídia, realizada antes del asesinato del indígena, la promotora de justicia declaró que, mientras no se resuelva la cuestión de la tierra, “se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando conflictos”.

A continuación reproducimos parte de una larga entrevista realizada con la promotora de justicia Ione Nakamura, quien nos aclara el contexto del conflicto de tierra donde está involucrada Agropalma, ofreciéndonos una perspectiva más amplia de los conflictos en curso en esta parte de la Amazonía.

¿Cómo están los procesos en los tribunales contra la empresa Agropalma?

Existen varios procesos contra Agropalma por haciendas que la empresa adquirió, entre los cuales están incluidas por lo menos tres acciones civiles públicas del Ministerio Público, que se refieren a las haciendas Roda de Fogo, Castanheira y Porto Alto. En los dos primeros casos el Tribunal de Justicia, que corresponde a una segunda instancia de justicia en Brasil, confirmó la cancelación de la matrícula de propiedad de la empresa debido a vicios.

La cancelación de la matrícula de propiedad implica que estas tierras vuelven a ser consideradas públicas. En su sentencia, el juez no impidió a la empresa de buscar los órganos del Estado para comprar estas tierras nuevamente.

[Sin embargo, como estas tierras, que ahora son públicas, son demandadas administrativamente y judicialmente por comunidades quilombolas, estos procesos de tierras colectivas poseen prioridad en relación a la venta para una empresa, como es el caso de Agropalma].

En relación a la hacienda Porto Alto, recientemente Agropalma obtuvo una decisión favorable en un tribunal de segunda instancia y contra nuestro pedido. Nuestra petición había sido acogida por un juez de primera instancia, que había cancelado la matrícula de propiedad. La empresa apeló y logró una decisión favorable.

El Ministerio Público todavía no cuestionó la decisión. Utilizó, primero, un recurso en el cual pide a la desembargadora [lo que corresponde a una jueza] que esclarezca imprecisiones en su decisión, es decir, que esclarezca mejor la decisión que tomó para que nosotros podamos decidir si apelamos o no.

Ahora estamos esperando la aclaración del tribunal en relación a su última decisión favorable a Agropalma.

Si la decisión se mantiene, el caso podrá ser llevado a última instancia en Brasil, en el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa se quedó entonces con la posesión de las tierras, mientras se resuelve la cuestión de la propiedad. Pero ¿cómo queda la licencia ambiental de la plantación, ya que ahora son tierras públicas?

Esta ha sido una cuestión para nosotros. Preguntamos a la Secretaría Estatal de Medio Ambiente cómo había quedado la licencia ambiental. Nos dijeron que dieron la Licencia Ambiental Rural (LAR) a la empresa porque tenían la información de que eran tierras privadas. Entonces les informamos que existe una decisión judicial en relación a las dos haciendas que confirman que son áreas públicas. Y les cuestionamos si iban a rivalidar esta licencia. Todavía no tenemos una respuesta.

Otro argumento utilizado con frecuencia por Agropalma es que no existen comunidades tradicionales en sus tierras. ¿Cómo el Ministerio Público analiza esta argumentación? En las áreas donde ellos plantaron palma africana, inicialmente, cuando adquirieron las tierras, hubo un proceso de expulsión de estas familias de estas áreas. Hubo un proceso de limpieza de la zona.

Eso es relatado por las comunidades. Ellas salieron del área, pero no fue de forma voluntaria. Fue un proceso de violencia o de compra de estas tierras, pero una compra muy desigual, casi una expulsión. Entonces ellos fueron retirados de sus tierras, sin realmente tener alguna asistencia jurídica y de forma violenta. Y hoy ellos requieren las tierras que tradicionalmente ellos ocupaban.

Hoy el derecho está mucho más claro en el sentido de que indica que estas áreas tradicionalmente ocupadas son áreas que pertenecen aún a su territorio y las comunidades utilizan como argumento muy fuerte la existencia de cementerios, de antiguos cementerios, como evidencia material de que ellos ocupaban allí ancestralmente, antes de que la empresa hubiera adquirido estas tierras.

¿Y los proyectos de conservación de la empresa?

Agropalma posee un discurso importante en las redes, en los medios de comunicación sobre sustentabilidad, protección ambiental. Me preocupa mucho ese discurso de conservación que no incluye el ser humano. Como si tuviera que proteger solamente el bosque, como si en el bosque amazónico no hubiera comunidades. Como si las comunidades no hubiesen convivido con el bosque desde hace siglos, sosteniendo este bosque a lo largo de generaciones.

El discurso de conservación de la empresa que excluye la presencia de las comunidades, ahora está pautado en la captación de recursos, en los proyectos de crédito de carbono. Entonces hay, hoy en el mercado, la posibilidad de capitalización, de monetización por la no emisión de carbono de estas áreas.

Lo que vemos en muchos casos es que estas empresas están aprovechando las áreas de reserva legal (bosques que pertenecen a empresas), para captar recursos con proyectos de carbono. Sin embargo, son extensas áreas que poseen vicios en su adquisición. Muchos procesos judiciales nos están mostrando ese vicio.

Entonces, primero ellos ganan con la compra barata de tierras, porque compran tierras con problemas, tierras griladas (con fraudes en el documento de la tierra). Y ahora, además de hacer eso, ellos están ganando también con la aprobación de proyectos de monetización a partir de la manutención de estos bosques, a un costo de excluir y prohibir el uso de estos bosques por parte de las comunidades, quienes tradicionalmente ocupan estos territorios y que necesitan de estas áreas para la subsistencia.

Entonces, cuando las personas son impedidas de pescar o cazar, estas personas están siendo impedidas de obtener su sustento de la naturaleza, una práctica que hace parte de su ancestralidad, de su cultura.

Lo que está pasando es muy grave en términos de violación de derechos humanos, porque ni siquiera consideran que estas personas o comunidades existen. Es una invisibilización deliberada, por parte de las empresas, de la existencia de pueblos y comunidades tradicionales en esta región.

Es necesario, primero, hacer un reconocimiento de la existencia de estos pueblos y de sus derechos, y establecer parámetros de delimitación de sus espacios que permitan la convivencia y la sobrevivencia de estos pueblos y comunidades en esta región.

La falta de definición de estos espacios genera mucho conflicto. Mientras no se resuelve eso, se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando más conflictos.

Un paréntesis sobre el concepto de “delimitación de territorio” utilizado en Brasil para proteger los territorios de las comunidades tradicionales …

Me gustaría abrir un paréntesis sobre esta herramienta jurídica y administrativa que tenemos en Brasil, la delimitación de los territorios de pueblos indígenas y quilombolas. En mi visión, el propio concepto de delimitar territorio ya es una violación. Porque la delimitación del territorio es algo impuesta por las instituciones blancas. Esta noción de cerca, de límite, no pertenece a las culturas indígenas y quilombolas. Ellos siempre tuvieron la naturaleza como algo que puede ser compartida entre todos, como espacio de convivencia y para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia. El límite era la necesidad, la subsistencia.

La delimitación sirve mucho más para el Estado delimitar el derecho, y no para proteger realmente lo que es el territorio, la cultura y el valor de las tierras para estos pueblos.
El valor de la tierra para una comunidad tradicional es un valor cultural, simbólico, de identidad, de vida. Y el valor de la tierra para el Estado y para las empresas es un valor económico.

Tengo esta percepción crítica sobre la demarcación de tierras. Sin embargo, en nuestra legislación es lo que tenemos para proteger los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, es el parámetro que utilizamos.

En el caso específico del Programa REDD +Agropalma, ¿el Ministerio Público está llevando a cabo algún tipo de procedimiento investigativo?

Está en nuestro radar, estamos investigando. En caso de que sí existan pruebas suficientes, es posible que el caso sea judicializado.

¿Ha habido procesos de consulta a las comunidades tradicionales en esta región de la Amazonía para la implementación de proyectos de crédito de carbono?

Algunas empresas han buscado hacer procesos internos de consulta, coordinados por ellas mismas. Sin embargo, de acuerdo con nuestro entendimiento sobre consulta, considerando los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sería el Estado quien debería coordinar estos procesos de consulta, respetando los protocolos internos de cada comunidad, en caso de que tenga un protocolo de cómo hacer una consulta.

Lo que me parece más problemático no es el proceso de consulta en sí, sino el proceso que antecede una consulta.

¿Qué proceso?

Lo que está pasando en la práctica, con la implementación de este mercado de carbono [que todavía no está reglamentado], es una gran disputa entre las empresas por territorios en la Amazonía. Territorios estos generalmente habitados por comunidades.

Hay una disputa similar a la disputa que ocurrió hace 500 años en el proceso de colonización. Quien llega primero en el territorio pone su bandera y, a partir de entonces, este territorio empieza a hacer parte de un proyecto específico.

Entonces hay una disputa de quién llega primero en los territorios, quién lo mapea, y quién ofrece primero su proyecto a las comunidades. Solamente después hay un proceso de consulta interno, pero que, para mí, no es libre. Es viciado.

¿Será que las comunidades tienen asesoría técnica y jurídica para entender lo que significan estos proyectos y los contratos que están firmando?, ¿quién está defendiendo sus intereses en los procesos de negociación con las empresas?

Lo que vemos es que las comunidades no tienen de hecho de libertad para elegir, no tienen tiempo y tampoco elementos suficientes para decidir si quieren mercantilizar o no su bosque.

En esta lógica, lo que preocupa no es solamente la consulta en sí, sino todo el procedimiento. En mi opinión, está viciado desde su origen.

^{En portada: Construcción de la estación de compresión de TC Energy en el municipio de Barrillas, Veracruz.  Foto: Renata Bessi}

La empresa de capital canadiense TC Energy (anteriormente Trans-Canadá) fue señalada en 2019, junto a otras empresas, por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como una de las empresas que habían firmado contratos con “cláusulas leoninas”, de las cuales recibieron millones de dólares de un servicio de transporte de gas que no había brindado. A cuatro años de las declaraciones del presidente, esta empresa ha adjudicado de forma directa, en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la construcción de un gasoducto marino, un proyecto que pone en riesgo una red de ecosistemas de arrecifes en el golfo de México.

Este ducto permitirá a TC Energy tener presencia en los proyectos estratégicos del gobierno actual en México como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. La llave a Puerta al Sureste es un ducto submarino de 715 kilómetros que transportará diariamente más de mil 300 millones de pies cúbicos (MMPCD) de gas natural. A su vez conecta otro gasoducto de 800 km llamado Sur de Texas-Tuxpan, también propiedad de la canadiense, a través del cual se importa gas de los Estados Unidos y Canadá.

En la habitual conferencia matutina del mandatario de México, de enero pasado, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que con esta infraestructura de gas natural la paraestatal se suma a la magna obra del Tren Maya, en la Península de Yucatán. “Se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península”, puntualizó. El complejo llamado Puerta al Sureste tendrá un costo aproximado de 4 mil 500 millones de dólares.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, dividido en dos etapas -zona terrestre y marina-, se tiene proyectado, en su primera fase, la construcción de tres estaciones de compresión en tierra firme, al menos 21 kilómetros de ductos terrestres, necesarias para conectar el ducto marino, así como líneas eléctricas, caminos de acceso y obras provisionales.

Dos estaciones ya están siendo construidas en Veracruz: una en Tuxpan y otra en Coatzacoalcos. La tercera estación está en el Municipio de Paraíso, Tabasco.

El quipo de este reportaje visitó una de las estaciones, la que esta en el municipio de Barrillas, Coatzacoalcos Veracruz. Se pudo constatar que las tierras ya estaban cercadas, con personal de vigilancia y con cámaras de seguridad. La maquinaria pesada ha limpiado toda la vegetación y, desde entonces, las tuberías han comenzado a llegar. Esta construcción está a escasos 500 metros de un cuerpo de agua dulce y un poco más de un kilometro de un complejo habitacional llamado Ciudad Olmeca.

En entrevista para Avispa Mídia, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, destaca: “Hemos estado alertando que en el camino de este gasoducto resalta la opacidad. Las autoridades y la empresa han sido muy opacas en todo el proceso de análisis de impacto ambiental”.

Lo que más preocupa, advierte Ramírez, es que “no hay estudios de las posibles afectaciones a toda una red de ecosistemas arrecifales mesofóticos que existen fuera de áreas protegidas en el Golfo de México, la parte marina del gasoducto”.

Según la reglamentación de las Unidades de Gestión Marina, en su criterio ZGN-01, “con el fin de proteger y preservar las comunidades arrecifales, principalmente las de mayor extensión, y/o riqueza de especies en la zona, y aquellas que representan valores culturales particulares, se recomienda no construir ningún tipo de infraestructura en dichas comunidades”, haciendo referencia a las zonas protegidas marinas.

La MIA presentada por la filial de la canadiense, Transportadora de gas natural de la huasteca S. de R.L. de C.V, asegura que el desarrollo del proyecto “no afectará comunidades arrecifales”, argumentando que se encuentran a un poco más de 550 metros del Área Natural Protegida denominada Sistema Arrecifal de Lobos Tuxpan, y a 2.8 km del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, “con lo que se reitera la no afectación a estas comunidades”, asevera la empresa.

El pasado mes de mayo, científicos expertos en sistemas arrecifales coralinos adscritos a la Universidad Veracruzana, del Colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental (CICADA), conjuntamente con un equipo de Greenpeace, recorrieron la parte centro y norte de Veracruz, por donde cruzará el ducto marino. Constataron que existen arrecifes que están en riesgo por estar fuera del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (APFF SALT).

En la investigación que realizaron los científicos a bordo del barco de Greenpeace Artic Sunrise, identificaron que en la zona centro del área de influencia de ducto existen al menos 366 estructuras de alta complejidad que pueden representar ecosistemas arrecifales mesofóticos, entre las profundidades de los 50 y 80 metros, los cuales no habían sido previamente reportados.

Del mismo modo, en la zona norte en las aguas de Veracruz, donde escanearon, con tecnología de punta una superficie de 10 millones 044 mil 221.6 metros cuadrados, hallaron al menos 69 estructuras de este tipo de ecosistemas de arrecifes mesofóticos, que no habían sido reportados ni estudiados previamente.

Greenpeace utilizó un tipo de dron marino equipado con cámaras y sensores, con capacidad de sumergirse hasta 100 metros de profundidad -vehículo operado de manera remota (ROV, por sus siglas en inglés). Gracias a esta tecnología registraron, a través de fotografías y videos del fondo marino, en el centro y norte del estado de Veracruz, la biodiversidad que habita esta región. “Lo que encontramos es que sí hay arrecifes que se encuentran en una zona somera, es decir, de baja profundidad. Pero este tipo de arrecifes pueden vivir hasta los 150 metros de profundidad”, afirma Ramírez quien fue parte de esta exploración.

El problema, agrega el integrante de la organización, “para poder establecer un ducto marino se requieren actividades como dragados. Incluso los colocan sobre los arrecifes. Entonces con mucha certeza podemos afirmar que estos ecosistemas si están en riesgo”.

Incluso, en la misma MIA se establece una serie de actividades que afectarán a la vida marina en torno al gasoducto: como ahuyentamiento de fauna marina; cruce con terceros y, el tipo de perforación que usarán, llamado direct-pipe, así como zanjeo y soldadura.

Por su parte, TC Energy puntualiza en la MIA que, aunque no afectan a este tipo de comunidades de arrecifes, “sin embargo dada la cercanía que existe con los mismos, se propondrán medidas de compensación dentro del Programa de Protección a la Fauna Marina”.

¿Quién fiscaliza?

El pasado 2 de marzo, fue presentado un informe de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el cual se presume que un equipo de esta agencia y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) realizaron, durante dos días, diversos recorridos de navegación en el área que comprende “la construcción y operación de obras en zona marina”, en Tuxpan, Veracruz, referente al área de influencia del gasoducto marino, según el informe.

“La visita se realizó con la finalidad de verificar las condiciones generales y estado actual que guardan los arrecifes emergentes y sumergidos y las incidencias del trazo del proyecto” relacionadas con el Área Protegida Lobos, enfatiza el documento presentado por el ingeniero Carlos Yegros Díaz, Subdirector de Gestión Industrial de Cambio de Uso de Suelo A.

En el documento se destaca que el personal de Conanp no pudo detectar, con los equipos que llevaba, el límite de las profundidades. No obstante, recurrió a una aplicación digital que alcanzaba los 100 metros de profundidad de la cual no menciona si encontraron no algún tipo de arrecifes y, “para descartar alguna falla con el equipo de medición (la aplicación digital)” enfatiza en el documento, recurrieron a una cuerda de 50 metros lanzada al mar para intentar identificar las profundidades “que tampoco toco fondo por lo que no realizaron inmersiones de los buzos”, sostuvo el funcionario de la ASEA.

Con este informe se concluye que la MIA regional de la Etapa 1, presentada por la filial de la canadiense TC Energy, “es congruente”, determinan en el documento, dando por hecho que no de identificaron especies de coral.

Para seguir un procedimiento del análisis ambiental de la obra, la empresa presentó en dos etapas sus MIAs y esto, “es una falta al procedimiento, era suficiente para que la ASEA lo desechara. Pero no se desechó, sino que se ha estado avanzado de una manera opaca y de una manera no pública, con argumentos de que la información es de seguridad nacional. La ASEA es la responsable principal de haber aprobado este proyecto”, advierte el integrante de la ONG.

^{Fotos tomadas por el equipo de Greenpeace}

El festejo y las alianzas

TC Energy ha anunciado oficialmente, en su cartera de proyectos, que Puerta al Sureste es 100% de su “propiedad efectiva”. Por otra parte, Bartlett Díaz ha anunciado que la CFE tendrá una participación en las acciones del 15% en total de esta sociedad y, “a partir de 2026 irá aumentado su participación”, señaló el director general de la paraestatal mexicana. Se pretende que el ducto comience a funcionar en 2025.

Tras el convenio, pactado en agosto del 2022, François Poirier, presidente y consejero delegado de TC Energy, enfatizó que les “complace haber sido seleccionados por la CFE como su socio y forjar esta estratégica e importante alianza público-privada, la primera de este tipo en los 85 años de historia de la CFE”.

El festejo oficial de este pacto se realizó el pasado mes de junio de este año 2023 en el Club de Banqueros, rememorando que es el primer aniversario de este acuerdo. Bartlett Díaz destacó en este evento que, “la alianza es valiosa para ambos países. Representa la cooperación y la voluntad para realizar proyectos que beneficiarán a México y Canadá”.

El festejo no es para menos, con este nuevo gasoducto, TC Energy ya tendrá desplegados al menos 3 mil 900 kilómetros de tuberías en distintas partes de México. Puerta al Sureste, además de suministrar gas al complejo denominado tren maya y a la Península de Yucatán, también conectará con el ducto Jáltipan- Salina Cruz y a su vez, con la planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en Salina Cruz, desde donde se pretende exportar gas principalmente a Europa y Asia. De la misma forma se suministrará gas al menos a 10 parques industriales que se establecerán en la región conocida como Corredor Interoceánico.

Desde 2021, la CFE ha anunciado entre sus acuerdos que la empresa estadounidense Sempra Energy, mediante su subsidiaria mexicana Sempra Infraestructura -socia de TC Energy -, está incluida en el “desarrollo de una terminal de gas natural licuado en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”, la misma terminal de donde se exportará gas al continente europeo y asiático.

De esta forma, TC Energy entra a ocupar un papel estratégico en la reorganización económica del sur-sureste de México, ya que podrá mercar su gas explotado en Alberta y Toronto, en Canadá, por medio del método conocido como fracking. Posteriormente conecta con procesos de explotación en Charleston, en Estados Unidos. El camino que recorre este energético es a través de ductos que pertenecen a TC Energy, hasta llegar a su terminal en Houston, Texas. Posteriormente conecta con el gasoducto Valley Crossing, un ducto interestatal estadounidense de 257 kilómetros, diseñado especialmente para exportar gas a México.

Al final de este pequeño puente intermedio, TC Energy vuelve a conectar su gas con el primer ducto marino edificado en territorio mexicano llamado Sur de Texas-Tuxpan, el cual también es de su propiedad en sociedad con la estadounidense Sempra Energy, a través de la empres Infraestructura Marina del Golfo (IMG).

Así, Puerta al Sureste, terminará conectado vía terrestre en la Estación de Regulación y Medición Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, con dos nuevas centrales de generación de energía CC Mérida y CC Riviera Maya (Valladolid) de la CFE, posteriormente continua con el gasoducto terrestre Mayakan.

Las empresas leoninas

TC Energy y Sempra Energy han trabajado de forma estrecha en el comercio de este energético, el cual consideran como “energía limpia” y un “puente para la transición energética”. En 2019, el mandatario mexicano les había amenazado con demandarlas en cortes internacionales de Londres y París por haber establecido contratos “ventajosos y leoninos” con el gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto.

Estas empresas son: Carso, del multimillonario Carlos Slim; TransCanadá (hoy TC Energy) y la empresa IEnova (hoy Sempra Infraestructura), ya que, según López Obrador, son las propietarias de siete gasoductos distribuidos en diversos estados de México, los cuales no estaban brindando el servicio pero que estaban recibiendo el pago como si lo estuviera haciendo, porque así lo estipulaban los contratos.

En una investigación lanzada por Connectas y Avispa Mídia llamada Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México revelamos  que el pago que había realizado el gobierno de México, por causas de “fuerza mayor”, ascendió los 16 millones de dólares por estos gasoductos que no funcionaban. Entre los proyectos que estaban cobrando este servicio figuraba el Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, el cual es propiedad de Sempra Energy y TC Energy.

Las empresas fueron perdonadas y llegaron a nuevos acuerdos con el presidente de México y con la paraestatal CFE que son los proyectos que hoy continúan. En su momento, dijo el presidente de TC Energía en México, Robert Jones: “Reconocemos y agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su participación directa y por su liderazgo, facilitando las conversaciones y estableciendo el rumbo que condujo a una resolución positiva. También agradecemos a la CFE por su ayuda en facilitar el acuerdo”.