Desde el Congreso Nacional Indígena seguimos denunciando, tantas veces como sea necesario, la guerra contra nuestras compañeras y compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata en la Montaña Baja de Guerrero.
Desde el pasado 6 de mayo no han cesado los ataques directos perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos. Frente a ello, ha comenzado a circular la versión de que se trata de un conflicto entre grupos criminales. Rechazamos tajantemente estas versiones, pues forman parte de la criminalización que históricamente los gobiernos y los grupos de poder han construido contra los pueblos que resisten y defienden la vida, el territorio y la autonomía.
Llamamos a denunciar esta guerra y a no dejar de exigir garantías de protección para las comunidades afectadas. Para que las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ puedan continuar resistiendo y permaneciendo en su territorio, es indispensable fortalecer la solidaridad económica.
Convocamos a colectar y aportar lo mucho o lo poco que esté en nuestras posibilidades, para sostener la resistencia de las comunidades del CIPOG-EZ.
Quienes deseen sumarse a esta campaña pueden realizar depósitos o transferencias a la cuenta de finanzas del Congreso Nacional Indígena con los siguientes datos:
Banco: BBVA México
Número de cuenta: 0113643034
CLABE: 012540001136430347
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM
Sucursal: 1769
Nombre: CIENCIA SOCIAL AL SERVICIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Debido a que actualmente también se encuentra en marcha la campaña de solidaridad económica rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, les pedimos enviar un correo a cnicomunicacion@gmail.com notificando sus depósitos o transferencias y especificando que el motivo del apoyo es: CIPOG.
Atentamente
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
15 de mayo de 2026.
Sin haberse repuesto este país de la pesadilla que han significado los bombardeos del grupo criminal los ardillos sobre comunidades nahuas del municipio de Chilapa, Guerrero; y de la complicidad y omisiones exhibidos por el gobierno en todos sus niveles; ahora nos enteramos con azoro que la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero, ha sido atacada por dicho grupo criminal con armas de alto poder, drones y bombas desde hace 22 días, lo que ha provocado el asesinato de dos de sus habitantes, la destrucción de una gran cantidad de viviendas y el desplazamiento de cientos de personas hacia los cerros.
Esta despiadada destrucción se ha dado con la complicidad del presidente municipal de Atlixtac, GUILLERMO MATÍAS MARRÓN, integrante de los ardillos, pertenencia criminal que se da en la mayor parte, sino es que la totalidad, de los presidentes municipales de la Montaña Baja y la Montaña Alta de Guerrero; con la actitud omisa de la gobernadora del estado, EVELYN SALGADO PINEDA; y con la actuación criminal de FRANCISCO RODRIGUEZ CISNEROS, subsecretario de desarrollo político y social en el estado, quien en todo momento se ha dedicado a minimizar la situación o a decir que “no pasa nada”, a desinformar al gobierno federal y a acusar falsamente a la comunidad de estar coludida con grupos criminales para generar la apariencia de que se trata de un “pleito entre grupos criminales, entre ardillos y tlacos” y de este modo ocultar lo que en realidad está aconteciendo en los municipios de Atlixtac, Chilapa y buena parte de la Montaña: una violenta guerra en contra de las comunidades indígenas para desplazarlas de sus territorios, forzar su control social y despojarlas.
La comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula ha resistido por años a los ardillos, esa es la razón de tanta violencia en su contra. El 27 de octubre de 2024 tuvo lugar una asamblea de comuneros en la que una gran mayoría rechazó ingresar a la “policía comunitaria” CRAC-PC de San Juan Escalerillas, municipio de Zapotitlán Tablas, en realidad una fachada del grupo los ardillos que ha sido desconocida por todas las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero.
En dicha asamblea la comunidad exigió la presentación con vida de dos jóvenes que habían sido desaparecidos por la “policía comunitaria” de los ardillos, misma que era apoyada por CARLOS PACHECO BELLO, en ese entonces comisario de la comunidad. Durante el desarrollo de la asamblea la confrontación escaló y la policía comunitaria de los ardillos asesinó a dos comuneros; finalmente, la asamblea concluyó con la expulsión de los ardillos y de CARLOS PACHECO BELLO.
Pero, las cosas no pararon ahí: el 27 de febrero de 2025 la “policía comunitaria” de los ardillos realizó una incursión armada en la comunidad, misma que duró 10 días y que concluyó en el levantón y descuartizamiento de un campesino de la comunidad. Una nueva incursión armada se dio el 31 de diciembre de 2025 con un saldo de 2 campesinos emboscados.
El 14 de abril de 2026 los criminales realizaron una tercera incursión armada y, por primera vez, usaron drones cargados con bombas que usaron para bombardear a la comunidad durante 3 días.
Desde el 23 de abril de este año los ardillos iniciaron un cuarto ataque en contra de la comunidad, mismo que hasta el día de hoy duró 22 días, fecha en que se presentaron policías estatales y elementos de la Guardia Nacional obligados por un video realizado por la propia comunidad que se viralizó en redes. En dicho lapso murieron asesinados dos comuneros y tres más resultaron gravemente heridos, sumándose a los 19 habitantes asesinados por la “policía comunitaria” de los ardillos desde el 27 de octubre de 2024.
Actualmente las principales exigencias de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula son las siguientes:
Desarticulación del cartel de los ardillos y de la denominada “policía comunitaria” CRAC-PC de San Juan Escalerillas.
Castigo para los culpables del asesinato de 21 comuneros desde el 27 de octubre de 2024 a la fecha.
Establecimiento permanente de una base de operaciones interinstitucionales cerca del pueblo, con personal suficiente y en la que participe el Ejército Mexicano.
Creación de garantías de seguridad para el tránsito libre hacía Zapotitlán, Tlapa y Chilapa.
Hacemos responsables a la gobernadora del estado, EVELYN SALGADO PINEDA y al presidente municipal de Atlixtac, GUILLERMO MATÍAS MARRÓN, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de San Pedro Huitzapula.
Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de San Pedro Huitzapula y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los pueblos y comunidades que luchan y resisten
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
Hermanas y hermanos:
Recordando…
Primero. Que la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nace en el año 2022 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena para unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio y que, desde entonces se ha declarado autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.
Ejercer estos principios, que nuestros hermanos y hermanas zapatistas y del CNI nos han enseñado, permite guiar nuestros pasos en la construcción de Autonomía a través de los hechos y posicionarnos con claridad y firmeza ante las estrategias disfrazadas de “participación” y “reconocimiento” de los derechos de los pueblos que desde el Estado se utilizan para legitimar megaproyectos y planes de despojo y destrucción que son favorables para el fortalecimiento de dinámicas capitalistas de mercantilización de la vida y de conquista de territorios.
Segundo. Que seis territorios dignos y rebeldes han recibido a la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio: la Región Cholulteca, Puebla; Santiago Mexquititlán, Querétaro; San Gregorio Atlapulco, Xochimilco/Ciudad de México; La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala; Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, Ciudad de México; Loma de Bácum, Sonora; en este último territorio emanó el acuerdo de que la siguiente sede sería consultada entre los pueblos pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, dando como resultado la solicitud de que la Séptima Asamblea se realice en el estado de Nayarit, en donde compañeras y compañeros Naayeris, Wixárikas, O´dam y Meshican que defienden el sagrado río San Pedro Mezquital, sus centros ceremoniales, la vida y espiritualidad que como pueblos han cuidado y han hecho florecer junto a la tierra que los sostiene.
Tercero. La Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio se enmarca dentro de las jornadas permanentes rumbo al 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena, la casa de todos los pueblos originarios en la cual nuestras luchas por la vida, el territorio y la autonomía se acompañan y fortalecen.
y considerando…
PRIMERO: Que con el cauce del agua nos encontramos entre pueblos, pues defenderla de la industrialización, explotación y acaparamiento, es la tarea que en colectivo asumimos. La lucha por la libertad del agua nos ha hermanado a lo largo y ancho del país, los ríos, humedales, manantiales, lagunas, mares, cenotes y el agua subterránea, son sagrados para los pueblos, pero para los empresarios y malos gobiernos son mercancía y destino de desechos.
Atrapar el agua a través de presas para generar energía es altamente lucrativo para las instituciones criminales, como ocurre con el caso del Río San Pedro Mezquital en Nayarit, el último río libre en la Sierra Madre Occidental, amenazado por una de las instituciones más ecocidas del país: la CONAGUA, que intenta imponer la presa El Nayar (antes Las cruces) pese a que los pueblos originarios de esta cuenca han logrado frenarla desde hace 15 años. Cambian el nombre al proyecto como si eso borrara el ecocidio que representa. Con la construcción de esta presa no sólo se afectaría el flujo natural del Río San Pedro y todas las formas de vida que sostiene, también se afectaría la pesca y la agricultura que en las comunidades aledañas se desarrolla, así como la destrucción de centros ceremoniales de los pueblos Náayeri, Wixárika, O’dam y Meshican. Como si fuera cualquier cosa, el gobierno propone reubicar a poblaciones y centros de ceremonia en total desconocimiento y violencia hacia los pueblos que con su espiritualidad y sus formas de vida sostienen el equilibrio de la Madre Tierra.
De forma similar ocurre en Zacatecas, con el Río Atenco, los mismos criminales (CONAGUA y Gobierno) pretenden imponer la presa Milpillas, con el siempre falso discurso de que el objetivo es satisfacer la demanda de agua de la población, esconden el verdadero objetivo: satisfacer la demanda de agua de la industria minera y la empresa cervecera Grupo Modelo presentes en la región.
SEGUNDO: La industria y el mal gobierno ven a los ríos como vertedero de muerte. El Río Santiago, con más de 50 años de contaminación industrial y a la fecha más de 3,000 empresas arrojando metales pesados y otras sustancias tóxicas a su cauce, el sostenimiento de la vida de la fauna en el río se vuelve imposible. Estos vertidos intoxican todo el territorio: agua, aire, suelo, tierras de cultivo, y como una de las consecuencias más cruentas de la modernidad, estos tóxicos terminan alojados en los cuerpos de los pobladores y pobladoras. A día de hoy, con toda certeza, denunciamos que el 100% de la población de El Salto y de Juanacatlán, tienen en su sangre metales pesados provenientes de la industria.
Mientras que en el río Sonora, a 12 años del mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México, provocado por la empresa minera criminal Grupo México, el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados compuestos por metales pesados, sin ninguna consecuencia para los responsables ni tampoco una solución seria para atender a la población que día con día desarrolla enfermedades crónicas ocasionadas por la contaminación.
En Puebla, continúa latente la amenaza de contaminar el río Metlapanapa que cruza los pueblos nahuas de Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Texintla, Almoloya, Cuautlancingo y Santa Cruz Analco, las empresas que integran el corredor industrial Ciudad Textil, en Huejotzingo, ahogadas en sus propios desechos tóxicos insisten en deshacerse de ellos a través del cauce del río que finalmente desemboca en el Río Atoyac, uno de los más contaminados del país.
La muerte arrojada a los ríos habita en los cuerpos de las personas que viven alrededor de ellos, se evita la vida, se acaba con ella mientras los dueños del dinero se llenan los bolsillos. Pero no solo los ríos, también los mares y el agua del subsuelo como sucede con el derrame de crudo en la costa de Veracruz, que ha afectado cientos de kilómetros de litorales incluyendo los estados de Tabasco y Campeche, los ecosistemas costeros y el trabajo de pesca ha sido afectado inconmensurablemente. Mientras que los lixiviados producidos en los basureros de Tehuacán, Laureles en El Salto, Ozelonacaxtla, Calpan-Cholula, San Juan Acateno, San José Chiapa, etc. Continúan filtrándose en los mantos acuíferos, llevando la enfermedad y la muerte silenciosa a las poblaciones aledañas.
TERCERO: El mal gobierno ve a los cuerpos de agua como fuente de riqueza para venderla a los empresarios de las inmobiliarias como ocurre en el pueblo de Xoxtla, Puebla donde la empresa Concesiones Integrales-Agua de Puebla, en articulación con el mal gobierno, pretenden perforar pozos profundos para arrebatar el agua a la población y entregarla al cartel inmobiliario de la ciudad de Puebla.
En Santiago Mexquititlán, las instituciones insisten en controlar el agua que el pueblo ñhöñhö liberó tras la toma del pozo en Barrio Cuarto, empresas como Google, Amazon y Microsoft pretenden instalar centros de datos en Querétaro para lo cual requieren abastecimiento ilimitado del vital y sagrado líquido.
En San Gregorio Atlapulco la contaminación de aguas negras provenientes de otra alcaldía que han inundado varias partes del pueblo, la zona cerril, urbana y chinampera afectando gravemente zonas de cultivo, identidad y economía para chinamperos y pobladores de la comunidad. El despojo y la contaminación se imponen con violencia a través de grupos de choque como ocurrió el pasado 14 de abril en que compañeros de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco fueron agredidos, amenazados y perseguidos con la finalidad de frenar la organización en defensa del territorio y de la autodeterminación. A pesar de haber interpuesto y ganado un amparo por la falta de una consulta real por diferentes dependencias, la SEPI se ha dedicado a violentar los procesos de consulta y a romper el tejido social y asegurar que las obras continúen.
En Eloxochitlán de Flores Magón, el río Xangá Ndá Ge continúa siendo despojado de su sostén pétreo (grava y arena) el cual es comercializado por la familia Zepeda Lagunas, caciques del pueblo, quienes, para facilitar el saqueo han mantenido durante más de una década la persecución y criminalización de familias defensoras comunitarias; a pesar del cerco mediático sostenido por los gobiernos estatal y federal para promover las mentiras de Elisa Zepeda, (una narrativa ajena a los procesos penales), las mujeres y hombres mazatecos han arrancado las liberaciones de sus presos políticos, han derribado las recientes 200 órdenes de aprehensión, han declarado el rescate de su río, y, ahora, luchan por la cancelación de las órdenes de aprehensión de 14 exiliados que no han vuelto a Eloxochitlán desde hace doce años; sabemos que volverá la libertad para los hermanos y para el Xangá Ndá Ge.
CUARTO: el despojo en la región occidente de México se presenta de manera sistemática y tiene la finalidad de transformar profundamente los territorios en beneficio de la industria e inversión capitalista. El Estado ha presumido el progreso y la riqueza de esta región sin reconocer que se ha hecho a costa del sacrificio de ríos, arroyos, humedales y pueblos enteros.
El Canal centenario es un proyecto que forma parte del Plan Hídrico del Noroeste (diseñado para los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California), de imponerse, dicho canal ocasionará una amplia destrucción en las poblaciones aledañas y ecosistemas completos; con 60 mil kilómetros de longitud, pretende ser usado para desviar agua de los ríos Acaponeta, San Pedro y Santiago al norte del estado de Nayarit, a los desiertos de Sonora y parte de Estados Unidos. El desvío de agua afectaría directamente a las Marismas Nacionales, ya que se disminuiría el flujo de agua que llega a las mismas ocasionando alteraciones en la salinidad del agua y como consecuencia, la afectación a los ecosistemas de los manglares de la zona.
En Jalisco la imposición de las termoeléctricas “La Charrería” en Juanacatlán y “El Salto 1” entre los pueblos de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, traería consigo el incremento de la ya mortal industrialización en la región y con ello la exacerbación de la contaminación, enfermedades crónicas, desabasto de agua y violencia que azotan a la población.
En San Lorenzo de Azqueltán, el despojo de tierras continúa siendo letal para los compañeros Wixárikas y Tepehuanos que las defienden, el pasado 26 de noviembre fue asesinado el compañero Marcos Aguilar Rojas, el asesinato fue ejecutado por parte de un grupo armado al servicio de caciques que pretenden despojar de las tierras ancestrales a la comunidad de Azqueltán, la cual fue declarada comunidad indígena autónoma desde el año 2013. El ejercicio de la autonomía en Azqueltán permite proteger las tierras de la explotación y despojo, la existencia de grupos armados para atacar a los compañeros está directamente relacionada con ello.
En Michoacán, la Geotermoeléctrica “Los Azufres” en el municipio de Hidalgo lleva 30 años contaminando de manera progresiva el agua, el aire y el suelo, afectando también a los municipios de Zinapécuaro y Maravatío. Las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal se hacen presentes en una parte importante de la población debido a los metales pesados vertidos en el agua que consume para su funcionamiento, los pueblos purépechas qué son parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se han organizado para exigir solución a los graves daños al medio ambiente y a la salud.
QUINTO: La cuarta transformación se define actualmente por una cínica, burlona y criminal estrategia de entregar el territorio a manos de empresas trasnacionales para que lo destruyan todo: bajo un gran proyecto de reorganización del territorio nacional a través del Plan México, cuyo propósito es garantizar las inversiones para la industrialización, el despojo y el saqueo de regiones enteras a lo largo y ancho del país. El plan Hídrico Nacional y los planes regionales son las estrategias gubernamentales que pretenden cimentar el abastecimiento ilimitado de agua y el destinar ríos y otros cuerpos de agua como lugares de descargas tóxicas al servicio de la industria.
El absurdo de presentar al fracking como una opción para la “soberanía energética” y tener el atrevimiento de nombrarlo “sustentable”, es una fuerte amenaza para todas las formas de vida en los territorios donde se pretende imponer.
Los polos de desarrollo como el que pretenden construir en San José Chiapa, Puebla, donde al ecocidio pretenden llamarle economía circular y donde la presidenta Sheimbaum, con cinismo, les dio a escoger a las comunidades de la cuenca Libres- Oriental el tipo de muerte que prefieren: un basurero a cielo abierto o una recicladora.
En Bahía Banderas, Nayarit avanza el proyecto ecocida a cargo de la empresa Montage, consiste en un polo de turismo que incluye viviendas unifamiliares y plurifamiliares, áreas de piscina, hotel y áreas de servicio en una superficie superior a 58 mil metros cuadrados, esto representa la privatización de las playas evitando el acceso a la población, desplazamiento de comunidades y la destrucción de la playa Las Cocinas donde tortugas marinas realizan su proceso de desove.
De manera similar sucede en Mahahual Quintana Roo, donde la empresa Royal Caribbean pretende construir un parque acuático que dañaría manglares y arrecifes así como el despojo de agua a la población y un afluente turístico masivo en la región.
Mientras que, en la Ciudad de México, se padece desde hace meses la estrategia de limpieza social y despojo que representa el mundial de fútbol. El mundial se traduce en los hechos con desalojos forzados, gentrificación, extracción masiva de agua en medio de una escasez del vital líquido en las ciudades, militarización e incremento acelerado del desarrollo inmobiliario, así como un abierto desprecio a las familias que exigen que la búsqueda de sus seres queridos y el alto a las desapariciones en México sea la prioridad y no un evento que beneficia a empresas como Coca-cola, televisa, Airb&b y la industria inmobiliaria.
La destrucción y entrega ilimitada del territorio a la inversión capitalista requiere de una impunidad total para quien negocia con la vida y asegurar la represión en contra de quienes la defienden. El modelo industrialista propio del neoliberalismo, impuesto por el Estado mexicano por más de tres décadas pretende profundizarse por este mal gobierno de la cuarta transformación. Los planes de justicia y los planes de restauración de ríos, pretender crear condiciones de gobernabilidad para seguir garantizando las inversiones y, por lo tanto, profundizando el saqueo.
SEXTO: La exacerbación de la guerra a través del crimen organizado en todo el país se torna más sangrienta y generalizada, los principales objetivos hacia los que apuntan y disparan sus armas son los pueblos organizados y quienes demuestran no solo la incompetencia del Estado sino su estrecha complicidad con los cárteles de la industria y del narcotráfico.
Nuestros hermanos y hermanas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), viven día con día la sangrienta guerra capitalista y de exterminio. Drones, explosivos, armas de alto calibre son usados por el grupo criminal “Los Ardillos”, para desplazar a cientos de familias de las comunidades de la montaña de Guerrero, comunidades organizadas y que construyen autonomía. Las fuerzas armadas del Estado y los representantes del gobierno observan pasivamente la masacre; 800 familias han sido obligadas a abandonar sus hogares los cuales fueron incendiados por el grupo armado, mientras continuaron los ataques a través de drones. En medio de estos ataques fueron asesinados José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla; en abril de este año, a los compañeros Salvador Villalba Rosario, Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán y Ernesto Hilario Ocotlán les fue arrebatada la vida por el mismo grupo criminal, sumando 79 compañeros asesinados y 25 desaparecidos miembros de CIPOG-EZ.
Hoy el territorio de Guerrero sangra por la clara intención del Estado de eliminar la organización en defensa de la vida y la autonomía.
En Chiapas, también se vive la estrategia de despojo contra los pueblos en la que, abiertamente, se coordinan gobierno con paramilitares. El pasado 12 de febrero habitantes del ejido Jotolá, municipio de Chilón, apoyados por agentes de la Guardia Estatal, la Policía Municipal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario, agredieron y provocaron el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), así como la detención de los compañeros Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez a quienes les fabricaron delitos. Actualmente los compañeros siguen privados de su libertad y las treinta familias continúan desplazadas.
El 6 de mayo del presente año, en la comunidad purhépecha Acachuén, Michoacán un grupo armado atacó una reunión de comuneros en la orilla de la carretera federal, que se organizaban para encontrar solución al incremento de inseguridad y acoso por parte de los grupos criminales, como resultado del ataque perdieron la vida dos personas y una más resultó herida, la policía municipal acudió al lugar detonando sus armas en contra de los comuneros, siendo evidente que su labor es atacar la organización de las comunidades.
La barbarie se extiende a lo largo y ancho del país, más de 133 mil desaparecidos y en aumento, las madres y familias buscadoras han encontrado cientos de cuerpos destazados en los alrededores de un estadio que se usará para el espectáculo del mundial en Jalisco, también han encontrado, con sus propios medios y en medio de amenazas y ataques, fosas clandestinas y centros de destrucción de cuerpos usados por los grupos criminales. El dolor permanente en la vida de las familias que buscan incansablemente se incrementa día con día con el desprecio y la violencia del Estado que abandona a su suerte a quienes buscan.
No son números, son personas. Nombramos a Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta ambas buscaban a Miguel Ángel Jáuregui Acosta fueron asesinadas el 10 de mayo del presente año y exigimos justicia.
Mientras tanto, la defensa del Agua se ha convertido en el principal objeto de ataques del Estado, con hostigamiento, criminalización, grupos de choque, estrategias de división, amenazas y agresiones directas busca detener la organización en defensa del vital líquido tanto en comunidades originarias como en las ciudades.
La guerra que padecemos en México es la misma guerra que padecen nuestros hermanos en los territorios dignos de Palestina, Irán, Líbano, Cuba, es el gran negocio de la sangre, el dolor y la muerte.
SÉPTIMO: La Autonomía a través de los hechos y la organización de los pueblos frente a la guerra. A pesar de esta guerra de exterminio, la esperanza busca grietas por las cuales florecer, los cauces del agua encuentran caminos para encontrarse y hermanarse, los pueblos continúan resistiendo y demostrando que la autonomía a través de los hechos devuelve el agua, libera compañeros, construye espacios de vida, preserva especies, alimenta la tierra y abre surcos para el mañana.
Este 2026 celebramos 3 años de la recuperación de la biblioteca comunitaria y construcción de la Tlamachtiloyan en San Gregorio Atlapulco; 5 años del cierre definitivo de la empresa Bonafont – Danone en San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla; 5 años de que se detuvo el saqueo en camiones cisternas y se recuperó la laguna de Barrio cuarto en Santiago Mexquititlán; 6 años de la toma del INPI y construcción de la Casa de los Pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes por la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México; 30 años del nacimiento del Congreso Nacional Indígena; 32 años del levantamiento zapatista; 533 años de resistencia de los pueblos originarios contra la guerra de exterminio. Así nos recordamos que nuestro caminar va en contracorriente contra el criminal y asesino sistema capitalista, así construimos el mañana en Común.
Por lo anterior y con el compromiso de fortalecer nuestra organización en colectivo y con la firme convicción de que solo en común, organizados y juntos podremos derrotar al sistema capitalista, hacemos pública la siguiente…
CONVOCATORIA
SÉPTIMA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
8 Y 9 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE ZITÁCUA EN TEPIC, NAYARIT
POR EL RÍO LIBRE SAN PEDRO MEZQUITAL
Que se llevará a cabo bajo el siguiente programa de actividades:
HORARIO DE NAYARIT
Sábado 8 de agosto
7:00 am/ Registro
8:00 am/ Ceremonia
9:00 am/ Plenaria Inaugural
-Defensa del agua y la vida en Nayarit:
Río San Pedro
Río Santiago
Canal Centenario
Saqueo del agua en la región por industria hotelera
Afectaciones de en centros ceremoniales
Congreso Nacional Indígena
-Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
-Pueblos invitados
12:00 pm/ Inicio de mesas de trabajo
2:00 pm/ Comida
3:00 pm/ Continuación mesas de trabajo
7:00 pm/ Cena y actividades culturales
10:00 pm/ Pernocta/Descanso
Domingo 9 de agosto
7:00 am/ Desayuno
8:00 am/ Plenaria de discusión de propuestas
12:00 pm/ Micrófono abierto para denuncias
1:00 pm/ Lectura de declaratoria final y clausura
2:00 pm Comida
A quienes deseen asistir se les solicita registrarse en el siguiente link
Indispensable acudir con plato, vaso y cuchara, medicamentos si los requiere, y elementos para acampar.
Todas y todos los asistentes deberán atender las indicaciones de las y los compañeros de la comunidad.
Está estrictamente prohibido la portación y consumo de drogas, alcohol y armas.
ATENTAMENTE
Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Nunca más un México sin Nosotrxs
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zap QX 0020atistas
Alto a la Guerra contra las comunidades de CIPOG-EZ
ALTO AL GENOCIDIO EN PALESTINA
Zapata vive, la lucha sigue
Samir vive, la lucha sigue
Hasta que la Dignidad y la Justicia se haga costumbre
Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
No al Tren Maya
No al Proyecto Integral Morelos
No al Corredor Interoceánico
Viva el EZLN
Viva el CNI-CIG
ASAMBLEA NACIONALPOR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
SUSCRIBEN:
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno/ Pueblos Naayeri: Presidio de los Reyes, San Juan Corapan, Huicot, Rancho Viejo, Santa Teresa, Carrizos, Dolores, San Vicente, Guacamayas, Maguey, Santa Cruz, Rosarito/ Pueblos Wixárikas: Colonia Zitákua, Colonia San Andrés, Guadalupe Ocotan, El Buruato/ Red de centros educativos wixarika y naayeris de Nayarit/ Asamblea permanente de pueblos originarios en defensa del río San Pedro-Mezquital/ Universidad popular de movimientos sociales de Nayarit-UPMS/ Agrupación Un Salto de Vida, Jalisco/ Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México/ Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán/ Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes/ Mazatecas por la libertad/ Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco/ UPREZ Benito Juárez/ Café Zapata Vive/ Nodo de Derechos Humanos NODHO/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas/Red Universitaria Anticapitalista/ Unificación de pueblos y colonias contra la minería en Morelos / Organización Campesina de la Sierra del Sur Tepetixtla O.C.S.S/ Geo-grafías Comunitarias / Tejiendo Organización Revolucionaria/ Red de Apoyo Iztapalapa Sexta / Raíces en resistencia/ Comida No Bombas Querétaro/ Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG/ Mujeres y la Sexta/ Brigada Ignacio Martín Baró/ Empalabrando la palabra viva Medio Alternativo/ Empalabrando la palabra viva, Colectivo Querétaro / Comida no bombas Querétaro/ Colectiva Yaocihualt Pedregales
AL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO
Una vez más el 6 de mayo, el grupo delincuencial denominado “los Ardillos”, atacó a comunidades de la montaña baja, organizadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF, policía comunitaria indígena) y en el Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Pobladores de Alcozacán, Acahuehuetlán y Xicotlán fueron agredidos y obligados a dejar sus hogares.
El 9 de mayo la agresión se extendió hacia Alcozacán.
Mas de 1,200 personas huyeron de sus comunidades.
Desde 2015, las agresiones no han parado. Los compañeros de CIPOG-EZ han documentado 81 asesinatos y 25 desapariciones.
Ahora traen drones con explosivos y armas de mayor calibre. Muy superior a la cantidad y calidad de las armas de cacería que tienen la mayoría de policías comunitarias.
Otro intento mas de apropiarse de los recursos naturales, del territorio, del oro, la plata, otros minerales, de los llamados minerales críticos que tanto necesita el imperialismo norteamericano para sus armamentos, sus guerras y otros negocios. Mañana los usarán en México.
Las mineras para obtener sus superganancias han buscado el control, la penetración, la expulsión, la desorganización o el aniquilamiento de las comunidades indígenas. Despojan para acumular más ganancias. Esa ha sido una de las funciones de los grupos de la delincuencia.
¿Son necesarios para atraer inversión extranjera directa? ¿los van a negociar en el T-MEC? Entre la región de La Montaña y la de la Costa Chica, existen 24 concesiones mineras.
Grupos como los ardillos no solo trabajan para los capitalistas, también para los políticos. En todos los partidos, hay políticos que tienen relaciones con este tipo de grupos delincuenciales. Los heredaron, abrieron nuevas relaciones, “jinetean” sus votos y sus recursos económicos, obtenidos en diversos “negocios”.
“COMO LO ASE LA SEÑORA GOBERNADORA Y LA SOMBRA QUE LA MUEVE QUE ES SU PADRE FÉLIX SALGADO, QUE SE HACE LLAMAR EL TORO SIN CERCA ,Y QUE HAN PACTADO TODO GUERRERO POR ESO SIGUE SUMIDO EN LA VIOLENCIA Y NO QUEREMOS SER AVE DE MAL AGÜERO PERO SE PONDRÁ PEOR POR ESO HACEMOS EL LLAMADO A LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE GUERRERO Y TODO MÉXICO, AYA AFUERA HAY MAS LUCHAS DIGNAS QUE NO CAMINAN CON NINGÚN PARTIDO POLÍTICO ENGUSANADOS. ESTA LLEGANDO LA HORA DE BUSCARNOS Y ENCONTRARNOS PARA RESISTIR Y NO MORIR ARRODILLADOS”
La delincuencia ha sido parte del capitalismo y también de la contrainsurgencia. No es nada nuevo. Lo seguimos viendo en distintos lugares, en distintas formas. Sus relaciones no son secretas, las presumen, es parte de su “poder”.
¿Por qué desde el gobierno se pone al CIPOG-EZ como parte de la delincuencia?
Acusar a los que luchan por un mundo mejor, de ser parte de la delincuencia y de otros “grupos” no es nuevo, también ha existido a través de la historia, desde el poder se han usado calificativos como “robavacas”, “asaltantes”, “secuestradores”, “narcotraficantes”, “terroristas”, “ayotzinapos”, “los Atilas del sur” y otros. Tiene el objetivo de descalificar las causas y razones de las organizaciones autogestivas y de justificar las agresiones que se les hacen.
Saben bien que es el CIPOG-EZ y que son “los ardillos”. Y no es cierto que no puedan llegar a los lugares en que hay agresiones, hacerse “pato”, es estrategia. Después se “lamentarán” de los muertos y heridos, y darán alguna “ayuda” solidaria a los familiares dolientes. Con la infaltable foto.
¿Les estorba el que no piensa como ustedes?
Estamos seguros que los compañeros del CIPOG-EZ, seguirán resistiendo, manteniendo su organización comunitaria, sus gobiernos propios, defendiendo su cultura, sus recursos, su territorio. Negándose a vivir nuevas formas de esclavismo y de tiendas de raya.
EXIGIMOS INMEDIATAMENTE QUE SE LE REGRESEN LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE TENIA EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS Y LA MADRE TIERRA EL COMPAÑERO JESÚS PLACIDO GALINDO Y HACEMOS RESPONSABLE A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO POR SU INTEGRIDAD FÍSICA O CUALQUIER COSA QUE LES LLEGUE A PASAR A ,A LOS COMPAS DEL CIPOG-EZ
Nos solidarizamos con las comunidades de la Montaña de Guerrero y todas las comunidades de guerrero agredidas por la delincuencia organizada y narcogobiernnos.
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
14 de mayo de 2026.
La guerra de conquista en contra de los pueblos originarios no deja de crecer en cada una de las geografías de este adolorido país que es México y se expresa en la violencia militar y paramilitar que vivimos cotidianamente. Nuestros pueblos, como nunca, viven privados de sus más elementales derechos, bajo constante asedio del crimen organizado y abandonados del Estado mexicano.
El miércoles 6 de mayo del 2026, de manera paralela a que las comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en el municipio de Chilapa, estado de Guerrero, empezaban a ser bombardeadas por el grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, Michoacán, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida. Los habitantes de Acachuén, unidos y organizados se defendieron de los criminales para repelerlos, pero de manera sorpresiva la policía municipal se presentó en el lugar en el que la comunidad resistía a los delincuentes y atacó a los comuneros para proteger a los criminales.
Este hecho provocó que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se movilizara en apoyo a la comunidad de Acachuén, tomando diversas carreteras el día 11 de mayo del 2026. Sin embargo, una vez más el gobierno actuó en contra de los pueblos organizados y no en contra de los criminales, reprimiendo violentamente, mediante el uso de la policía estatal, a los integrantes del CSIM para desalojarlos de la autopista siglo XXI.
Hasta el momento ningún ámbito de gobierno ha dado la cara, ni con relación a los hechos ocurridos en Acachuén, ni con relación a la cruenta represión en contra del CSIM; y el gobernador del estado ha sido omiso para establecer la mesa de diálogo que la comunidad le exige para atender tan grave problemática, lo que demuestra el contubernio entre las instituciones del Estado mexicano, particularmente del gobierno de Michoacán, y el CJNG.
Hacemos responsables al gobernador del estado de Michoacán, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, a la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Acachuén, a la vez que decimos que no están solos.
Exigimos la remoción inmediata de la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ; el castigo a los policías municipales y funcionarios de gobierno implicados con el CJNG; el castigo a los efectivos y mandos de la policía estatal que reprimieron al CSIM el día 11 de mayo pasado; y la inmediata instalación de la mesa de diálogo demandada por la comunidad de Acachuén con el gobierno del estado y las dependencias federales encargadas de la seguridad a fin de atender la problemática.
Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de Acachuén y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
Ayer, 14 de mayo de 2026, la Global Sumud Flotilla partió de Marmaris, Turquía, donde permaneció varios días tras ser ilegalmente interceptada por el Estado de Israel en aguas internacionales, ejerciendo violencia sexual y física contra los tripulantes y secuestrando, encarcelando y torturando a Saif Abukeshek y Thiago Ávila.
La Flotilla es la mayor misión humanitaria marítima de la historia, con más de mil personas de casi 100 países a bordo de 80 barcos, que, a pesar de los peligros y amenazas por parte de un Estado genocida que no respeta ninguna ley internacional y ha demostrado ser capaz de inconcebible brutalidad, continúan firmes en la determinación de llevar ayuda humanitaria necesitada desesperadamente por la población gazatí y llamar la atención mundial al genocidio en curso.
La violenta represión ejercida por Israel hace dos semanas sólo logró reforzar la convicción de continuar luchando pacíficamente por justicia y por la liberación del pueblo palestino. La tripulante vietnamita Tieu Ngoc Ashley, nieta de un sobreviviente de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, describe lo que la motiva:
Cuando Estados Unidos intentó ocupar Vietnam, imaginaron una guerra rápida para someternos y partir. Pero duró más de 20 años. Y ganamos. Por eso, siento que tengo evidencias históricas, empíricas e incluso ancestrales de que Palestina será libre. Y eso me permite estar aquí y luchar con más fuerza.
Por otro lado, una de las tripulantes de la delegación sudafricana explica que la lucha contra el Apartheid es un faro para la lucha palestina.
Pienso en la lucha de mi propia familia durante el Apartheid, cómo miembros de mi propia familia fueroon presos políticos descritos como terroristas (…) Creo que es por eso que la representación sudafricana en esta misión es tan importante. El Apartheid terminó porque muchos países, organizaciones y fundaciones implementaron sanciones contra el gobierno (…) El poder del pueblo, el poder de todos unidos, es lo que rompe las ocupaciones. Es lo que rompe los sistemas de opresión.
Mientras tanto, el Estado de Israel desplega una campaña de desinformación, acusando a la Flotilla (una misión humanitaria internacional independiente) de ser violenta y afiliada a ciertos gobiernos y partidos políticos. Como denuncia el comunicado que reproducimos abajo, este mismo discurso fue utilizado para justificar el asesinato de 10 activistas a bordo del navío Mavi Marmara en mayo de 2010 por parte de las fuerzas armadas israelíes.
Ante las amenazas, la atención mundial. Ante la inacción de los Estados, la única posibilidad de frenar la brutalidad israelí y defender la Flotilla es la presión internacional de personas, colectivos y organizaciones alrededor del mundo.
Las Abejas de Acteal lanzan campaña internacional por justicia y paz a 29 años de la masacre
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de mayo de 2026.
En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal presentó este miércoles la campaña “Me oy Chapanel, oy jun O’ntonal” (“Si hay justicia, hay paz”), una iniciativa que busca exigir justicia para la Masacre de Acteal y presionar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la emisión del Informe de Fondo del caso 12,790 Manuel Santiz Culebra y otros.
A la conferencia asistieron más de 60 hermanas y hermanos sobrevivientes de la masacre, así como hijos, hijas, nietas y nietos de las víctimas. La jornada comenzó con una oración colectiva “para fortalecer los corazones”, en memoria de las 45 personas asesinadas y los cuatro bebés no nacidos que murieron en el ataque paramilitar ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó.
Durante la lectura del comunicado oficial, Las Abejas denunciaron que, a casi 29 años de los hechos, continúa la impunidad y persiste la falta de justicia tanto para las víctimas como para las comunidades indígenas afectadas por la violencia en Chiapas.
“En Chiapas y en México estamos atravesando una oscuridad, dolor, discriminación, desprecio, burlas y simulaciones de justicia de los gobiernos priístas, panistas y el actual gobierno morenista. Estos gobiernos de cualquier partido han aprovechado la sangre y los dolores de los pueblos organizados para que allá arriba tengan poder para hacer lo que quieran con nuestras vidas”, señalaron en su comunicado.
La organización sostuvo que el retraso de la CIDH en emitir el Informe de Fondo fortalece la continuidad de la violencia en la región y permite que permanezcan impunes diversos crímenes ocurridos en Chiapas.
Las Abejas advirtieron que mientras no exista una resolución internacional sobre el caso Acteal, seguirán creciendo la inseguridad, los desplazamientos forzados y la violencia ejercida por grupos criminales y actores armados en distintas comunidades del estado. Puesto que permitimos a los malos gobiernos seguir ejerciendo la impunidad.
Asimismo, relacionaron esta situación con asesinatos recientes, como el del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López y el padre Marcelo, además del incremento de ataques contra pueblos organizados.
Los jóvenes integrantes de las distintas comisiones de la organización también tomaron la palabra de manera colectiva. Hijas, hijos y nietos de las víctimas exigieron justicia para sus familiares y recordaron que ellos representan la memoria viva de quienes fueron asesinados.
“Nosotros somos el retoño de los cuatro bebés que fueron asesinados dentro del vientre de su madre y de las 45 víctimas”, expresaron durante la conferencia.
La campaña “Me oy Chapanel, oy jun O’ntonal” tendrá una duración de tres meses, del 14 de mayo al 12 de agosto. Durante este periodo se realizarán actividades de difusión mediante textos, imágenes, audios y testimonios de sobrevivientes de Acteal, así como la participación activa de jóvenes descendientes de las víctimas.
Finalmente, Las Abejas de Acteal hicieron un llamado a organizaciones sociales, medios de comunicación, colectivos y personas solidarias a difundir la campaña y acompañar la exigencia de justicia.
“Les invitamos a unir su voz a la nuestra, caminar juntos y exigir justicia para Acteal, porque anhelamos una paz con justicia verdadera”, concluyeron.
Las personas habitantes de San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales y Ocotepec pertenecientes al Estado de Puebla, así como de Cuapiaxtla perteneciente al Estado de Tlaxcala, pueblos campesinos con raíces indígenas nahuas asentados en la Cuenca Libres-Oriental, informamos a la opinión pública nacional e internacional:
Que rechazamos de manera categórica y contundente el proyecto denominado “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, que pretende construir e instalar el Gobierno Federal en el Pueblo Originario de San José Chiapa en una superficie de 40.428 hectáreas.
Este proyecto se publIcó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pasado lunes 02 de marzo de este 2026 en el ACUERDO por el que se emite la “Declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, todo como consecuencia y resultado del rechazo de la población hidalguense de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia al “Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo” (PERH), así como de la solicitud hecha por la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del Estado de Puebla a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que el proyecto rechazado en el Estado de Hidalgo, traslade su ubicación y construcción en el Estado de Puebla.
En este proyecto denominado “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” se pone al frente del mismo una mega recicladora de basura, además de la instalación de empresas como “Motores Limpios S.A.P.I de C.V.” (Zacua) – con una inversión de 730 millones de pesos-, “Peisa Foods S.A de C.V” -con una inversión de 200 millones de pesos-, “Grupo Charrito (Ferreterías El Charrito S.A. de C.V.)” , “Fábrica Tonalli/Estructuras Metálicas”- con una inversión de 300 millones de pesos-, “Grupo Hartmann (Alemania)- productos médicos, sanitarios y de higiene- y Corporación Molpack (Panamá) – empaques de pulpa moldeada y fibra natural- y otras inversiones relacionadas con los semiconductores entre otras.
Este proyecto significa continuar la transformación de nuestro territorio campesino en un cluster o parque industrial sin nuestro consentimiento y sin ningún beneficio para nuestras comunidades, ya que desde hace añosnuestra región de la Cuenca Libres- Oriental padece graves problemas ambientales generados por las industrias instaladas en nuestra región como la empresa porcina “Grupo Carroll México”, la agroindustria “Driscoll”, la cervecera “Heineken” y la automotriz “Audi” perteneciente a la alemana “Volskwagen”.
Estas empresas no han generado beneficios para nuestra región y nuestra población, ya que sólo han llegado para acaparar el agua, contaminar el ambiente y, dar pocos y precarios empleos. Y en cuanto a la parte del proyecto “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” relativo a la mega-recicladora e incineradora de basura o de residuos sólidos nos oponemos tajantemente por las siguientes cuestiones:
-El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido totalmente opaco y falto de transparencia en cuanto al volumen de toneladas de basura o residuos sólidos que quieren depositar diariamente en San José Chiapa. -Asimismo el gobierno federal y el gobierno del estado de Puebla, han ocultado sistemáticamente la información relativa al tipo o clasificación de residuos que quieren o proyectan depositar en San José Chiapa o dan información contradictoria respecto al volumen de toneladas de basura que quieren trasladar a nuestro territorio. -Nunca nos han tomado en cuenta. Nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo o no en volvernos un mega-basurero estatal o interestatal. -El gobierno de Alejandro Armenta ha desatado una campaña de control mediático en el estado de Puebla a partir de la visita de Claudia Sheinbaum el pasado sábado 11 de abril del presente 2026, cuando por “milagro” se acordó de San José Chiapa y fue anunciar la entrega de 240 viviendas del “Bienestar” en la entidad y la región. -El control mediático y la censura en el Estado de Puebla la combatimos por medio de las redes sociales, las radios comunitarias y los medios alternativos de comunicación y este es uno de los motivos por los cuales estamos haciendo esta rueda de prensa aquí en México-Tenochtitlan. Además de eso, Alejandro Armenta ha realizado una campaña de criminalización contra quienes defendemos nuestro territorio, acusándonos de “delincuentes” e incluso como represalia, despidieron a la ciudadana de San José Chiapa, Julisa Contreras Zuñiga de su trabajo en el Poder Judicial del Estado de Puebla.
¿Y cual fue el motivo de su despido injustificado? ¿El protestar con una manta en la visita de Sheinbaum Pardo a San José Chiapa? ¿Acaso ejercer el derecho a la protesta pacífica es un delito? ¿Acaso es una falta de probidad laboral? No. Al contrario, es un acto represivo de un gobierno estatal autoritario.
Asimismo, funcionarios y operadores políticos del gobierno de Puebla han estado visitando continúamente San José Chiapa y los pueblos de esta municipalidad, manipulando asambleas, entregando tractores, juguetes, regalos y promesas de mejoras en los servicios públicos municipales. Es decir quieren convencer al pueblo con espejitos, migajas y promesas de “desarrollo sostenible”.
Todo esto contradice los dichos y afirmaciones de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que nos iban a “consultar” y de que este proyecto se iba a “consensuar”, ya que el interés del gobierno federal con la alianza del gobernador de Puebla, es imponer de manera autoritaria este ““Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” en San José Chiapa.
Y como muestra de que evaden el proceso de consulta indígena establecido en el Convenio 169 de la OIT, es el repudiable hecho del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) no nos catalogó a San José Chiapa y a los Pueblos Originarios de la Cuenca Libres-Oriental como “Pueblos Originarios” o “Pueblos o Comunidades Indígenas” y, por lo tanto estamos fuera de su catálogo respectivo denominado “Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”.
¿Y quién es el INPI para decir que pueblo o comunidad es o no es indígena? ¿Acaso el hecho de que en nuestra región se haya estado perdiendo el náhuatl como nuestra lengua materna nos vuelve extranjeros o no indígenas? ¿Entonces porqué declaran a otros Pueblos Originarios como Pueblos o Comunidades Indígenas en el Estado de Puebla, a pesar de que ya no hablen su lengua originaria como lo son Santiago Miahuatlan o Chapulco? La razón de este acto incongruente y racista del INPI, es allanar la imposición del “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, sin nuestro consentimiento previo, libre e informado.
Asimismo denunciamos que el Estado mexicano y de manera específica el gobierno de Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Alicia Bárcena Ibarra, así como el gobierno de Alejandro Armenta han estado violando sistemáticamente el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” conocido como el “Acuerdo de Escazú”.
¿Y por qué afirmamos que el Estado mexicano ha estado violando el “Acuerdo de Escazú” en nuestro perjuicio y detrimento ambiental? Por lo mismo que hemos denunciado anteriormente, ya que no tenemos la información completa del “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” y la razón de porque no la tenemos, es porque no nos la han dado a conocer y, porque han ocultado toda la información respectiva.
Asimismo, también están violando el “Acuerdo de Escazú”, porque no han cumplido con lo establecido en este Acuerdo en cuanto a la participación ciudadana, ya que todos los actos que ha estado haciendo el gobierno de Alejandro Armenta desde la visita de Claudia Sheinbaum a San José Chiapa el 11 de abril de 2026, no han sido de “participación ciudadana” sino de manipulación, control y coacción ciudadana.
Y también señalamos la absoluta incongruencia de la titular de SEMARNAT, Alicia Barcena Ibarra, ya que ella se desempeñaba como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuando se adoptó el 4 de marzo de 2018 el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o “Acuerdo de Escazu”, mismo que entró en vigor el 22 de abril de 2021.
Es decir, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL que firmó con ese puesto o cargo el “Acuerdo de Escazú” es la misma que ahora lo violenta y desconoce en perjucio ambiental de San José Chiapa y en beneficio del “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” y de la política de Sheinbaum Pardo en favor del capital y en detrimento de nuestros Pueblos Originarios y de nuestro territorio en la Cuenca Libres Oriental en el estado de Puebla. También rechazamos este proyecto “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” , porque además de la mega-recicladora o mega-basurero incluído en el mismo y la ampliación del parque industrial en donde opera “Audi”, se plantea una incineradora de basura, lo cual es un grave y sumamente nocivo problema para la salud de la población y el medio ambiente, como se detallará adelante. Otro asunto que denunciamos es el hecho de que Claudia Sheinbaum Pardo nos quiere llevar al falaz dilema que afirmó en su visita en San José Chiapa, cuando preguntó: ¿Qué prefieren, un basurero a cielo abierto o una recicladora de basura limpia? Y nuestra respuesta es: “Queremos y exigimos que la PROFEPA haga la clausura total y definitiva del relleno sanitario intermunicipal de San José Chiapa por los daños a la salud y al medio ambiente provocados por su mala gestión y operación, que se demostró con el incendio sucedido en dicho basurero en febrero pasado. Y si, estamos de acuerdo en el reciclaje de los residuos o de la basura, pero de la nuestra, no de de la de otros municipios o de otros estados de la República, ya que no estamos de acuerdo en ser el mega-basurero de otros”.
Asimismo queremos denunciar la complicidad del Poder Judicial de la Federación con este proyecto“Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, por los siguientes hechos que demuestran que la independencia de poderes en México es sólo un falso discurso, ya que estamos viendo y viviendo un regreso o retroceso a las prácticas políticas totalitarias en la que los otros dos poderes se subordinan al Ejecutivo y a su Plan Nacional de Desarrollo.
TRIBUNAL COLEGIADO NIEGA LA QUEJA Y DEJA SIN SUSPENSIÓN AL AMPARO CONTRA EL “POLO DE DESARROLLO DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL BIENESTAR PUEBLA (PODECIBI)” QUE SE QUIERE IMPONER EN SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.
1.Presentamos juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales del Sexto Circuito (expediente 597/2026-IV), contra el Acuerdo por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla (PODECIBI), publicado en el DOF el 2 de marzo de 2026, y contra los actos y omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales que lo sostienen.
2.El 27 de abril de 2026, el Juzgado de Distrito negó la suspensión provisional, argumentando que el Acuerdo es un instrumento “programático”que no ordena obras inmediatas y que suspenderlo afectaría el interés social. Esta resolución desconoce que el “Acuerdo de Escazú” obliga al Estado mexicano a garantizar acceso a la información ambiental, participación pública y consulta desde la fase inicial del proceso, derechos sistemáticamente negados a nuestras comunidades 3.Interpusimos recurso de queja el 30 de abril. El 7 de mayo de 2026, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito confirmó la negativa de suspensión, dejando vigentes los efectos del Acuerdo y permitiendo que las autoridades sigan promoviendo el proyecto sin Manifestación de Impacto Ambiental aprobada y sin información pública verificable.
LO QUE EL PODER JUDICIAL OMITIÓ VALORAR
• El propio gobernador Alejandro Armenta confirmó el 13 de abril de 2026 que los residuos “que no tengan uso” serán incinerados. La incineración de residuos genera dioxinas, furanos, plomo, mercurio, cadmio, partículas finas y escorias tóxicas que contaminan aire, suelo, cultivos y agua subterránea, con efectos demostrados de cáncer, daño neurológico y problemas reproductivos.
• La mega-recicladora se ubicaría a aproximadamente 350 metros de viviendas y aun kilómetro de un centro educativo, según mediciones de la propia población.
• La Cuenca Libres-Oriental está en veda desde 1954, ya que su acuífero se encuentra sobreexplotado y la región es clasificada por el propio CONAHCYT como zona de emergencia sanitaria y ambiental, con las tasas de mortalidad por enfermedad renal crónica en jóvenes más altas del país.
• El proyecto contempla concentrar residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos — industriales y biológico-infecciosos— de muchos municipios de Puebla y posiblemente de Tlaxcala e Hidalgo, sin que se haya transparentado el origen, tipo ni cantidad o volumen.
• No se ha realizado consulta a pueblos y comunidades indígenas y campesinas, en violación al artículo 2° constitucional, al Convenio 169 de la OIT y a los artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo de Escazú.
No aceptamos que se nos imponga un nuevo proyecto ecocida con el discurso del “desarrollo sostenible y la economía circular” .
Exigimos la detención del proyecto hasta que se cumpla el “Acuerdo de Escazú”: consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada; y, que el Poder Judicial Federal aplique los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura.
¡No al “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”
¡No queremos ser otra zona de sacrificio del capital y del gobierno federal y estatal de Puebla!
¡No a las prácticas autoritarias y tiranas del marinista Alejandro Armenta Mier!
¡Los Pueblos Originarios no somos su basurero!
¡La defensa del agua, de la tierra y de la vida no es negociable!
Ciudad de México, 13 de mayo de 2026.
Contacto entrevistas: Tel Jorge Octavio Contreras 2761107320
A la Comunidad Indígena y Agraria de Hecho Milpa Alta
A los Pueblos Originarios de la Ciudad de México y el país
Al Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac
A la Asamblea de Representaciones y Autoridades Tradicionales de los Pueblos y Barrios de la Ciudad de México
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos
A la Sociedad Civil
A los medios de comunicación libres e independientes
A la prensa Nacional e Internacional
Al Gobierno Federal
Al Gobierno de la Ciudad de México
Al Pueblo de México
El pasado 11 de marzo de 2026, la asamblea comunitaria del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta fue violentada por funcionarios públicos de la Alcaldía Milpa Alta bajo la instrucción del Alcalde José Octavio Rivero Villaseñor, posterior el 13 de marzo estos mismos funcionarios que ejercían también el cargo de COPACOs de villa Milpa Alta conformaron un “comité de transición” para asumir el proceso del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 destinado para el pueblo de Villa Milpa Alta, con engaños y compra de voluntades, funcionarios públicos, así como beneficiarios de programas sociales y allegados a la Alcaldía llevaron acabo una “asamblea deliberativa” el día 26 de marzo sin convocatoria alguna, ni su publicitación de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, cuartando el derecho a los habitantes del pueblo originario de Villa Milpa Alta a participar y presentar proyectos. En un acto de acarreo y control de seguridad total para su acceso, la Alcaldía Milpa Alta protegió un proceso espurio, mismo que algunos vecinos impugnaron ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y se radico bajo el expediente TECDMX-JLDC-054/2026 mismo que en su sentencia dejo sin efectos los actos realizados en el proceso del 26 de marzo. Ante este proceso el Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta fue requerido ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya que en la sentencia del Tribunal Electoral TECDMX-JLDC-013/2026 y TECDMX-JLDC-037/2026 ha reconocido a este consejo como la Autoridad Tradicional del Pueblo de Villa Milpa Alta, mismas que han quedado firmes sin ninguna impugnación adicional.
Sin embargo la sentencia TECDMX-JLDC-054/2026, que reconoció que había que iniciar con el proceso de elección de presupuestos participativos fue impugnada por funcionarios públicos de la Alcaldía Milpa Alta ante la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral bajo el expediente SCM-JDC-0116/2026 y acumulados, misma que el pasado 07 de mayo de 2026, los magistrados de la Sala Regional, en un acto regresivo destruyeron los sistemas normativos no sólo del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta, sino de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México y el país, argumentando que las decisiones en los pueblos se valen a través de un sistema numérico y no a sus sistemas normativos internos violentando incluso la sentencia SUP-REC-35/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral que abrió la puerta a la elección de presupuestos participativos a los pueblos originarios a través de sus autoridades tradicionales. Esta nueva sentencia de la sala regional cuarto el derecho del pueblo a participar, votar y sobre todo proponer proyectos ante la asamblea convocada por esta Autoridad Tradicional, bajo el argumento de quienes impugnaron que, 750 personas decidieron por unanimidad los presupuestos participativos 2026 y 2027 destinados a proyectos cooptados y empujados por la Alcaldía Milpa Alta. La red hidráulica y mejoramiento de calles, es preciso señalar que estos trabajos son obligación del Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Milpa Alta darles mantenimiento en el ejercicio del presupuesto ordinario.
Ante esta situación, más de 800 originarios del Pueblo de Villa Milpa Alta, este consejo comunal indígena, y dos vecinos más interpusimos tres recursos de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, para no permitir una sentencia regresiva por parte de la Sala Regional, el autoritarismo de la Alcaldía Milpa Alta y su grupo político, esto quiere decir que el presupuesto participativo aún no esta definitivo, del mismo modo el 29 de abril convocamos a asamblea este 13 de mayo de 2026 en el Centro Social y Cultural, Salón Santa Martha, para buscar elegir una alternativa congruente y propuesta desde la fuerza comunitaria del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta.
Es preciso señalar, que el alcalde José Octavio Rivero Villaseñor, en un acto de desesperación ante la organización comunitaria a ordenado a su equipo político generar escenarios de violencia física, verbal, digital, administrativa y psicológica en contra de quienes formamos parte de esta Autoridad Tradicional que busca organizar escenarios distintos en nuestro pueblo, desde abajo y a la izquierda, desde el seno de la comunidad. Mismos actos que hemos denunciado ante los Órganos Internos de Control y que hemos exigido su inhabilitación y sean cesados de sus puestos.
Señalamos al Alcalde de Milpa Alta y lo hacemos responsable de cualquier acto de violencia en contra de la comunidad, de sus habitantes y de esta Autoridad Tradicional, llamamos a la comunidad organizada a sumarse en contra la arbitrariedad y los atropellos de este mal gobierno, llamamos a los pueblos y comunidades hermanas a estar alertas ante cualquier acto de violencia que se genere en el Pueblo Originario de Villa Milpa Alta y puedan pronunciarse ante la escalada de violencia que se vive en nuestro pueblo.
No permitiremos que la Alcaldía Milpa Alta siga saqueando los recursos del pueblo.
Seguiremos peleando por la dignidad de nuestro pueblo.
Seguiremos en pie de lucha, desde abajo y a la izquierda.
No permitiremos la cooptación de los recursos del pueblo parte de grupos políticos partidistas
Desde el Centro Alto de la Ciudad de México, Malacachtepec Momoxco, Pueblo originario de Villa Milpa Alta, a 13 de mayo de 2026.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
Al Gobierno Federal de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Al Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos
A los pueblos originarios de México y del mundo
A los medios libres e independientes, academia crítica, organizaciones sociales y sociedad civil
Desde el Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC),
organizados desde la Sierra Mazateca, Oaxaca, expresamos nuestra profunda indignación, dolor y preocupación ante la violencia que hoy enfrentan las comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la Montaña Baja de Guerrero.
Nos pronunciamos porque no podemos permanecer en silencio mientras comunidades indígenas enteras viven bajo el miedo, el asedio y el desplazamiento. Como pueblos originarios sabemos lo que significa defender la vida comunitaria en medio de amenazas constantes, el miedo y el riesgo permanente de despojo.
De acuerdo con la información compartida por las propias comunidades y organizaciones acompañantes, desde el 6 de mayo se han intensificado los ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, atribuidos al grupo criminal conocido como Los Ardillos. Los ataques, realizados con armas de alto calibre y drones, provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas el pasado 9 de mayo, quienes hoy sobreviven refugiadas en otras comunidades, muchas de ellas también bajo riesgo.
Estos hechos no son aislados. Las comunidades del CIPOG-EZ llevan años denunciando asesinatos, amenazas, hostigamiento y violencia sistemática, sin que las autoridades hayan garantizado condiciones reales de seguridad. Sus denuncias han sido ignoradas o reducidas a supuestos “conflictos entre comunidades”, mientras la violencia se recrudece.
Como pueblos mazatecos, nos preocupa profundamente la integridad física, emocional y espiritual de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Nos duelen las niñas y niños desplazados, las mujeres sosteniendo a sus familias en medio del miedo, las personas mayores obligadas a abandonar su hogar y las autoridades comunitarias que continúan resistiendo bajo amenaza.
No podemos normalizar el desplazamiento forzado ni el terror contra los pueblos indígenas. Cuando un pueblo es obligado a huir, no solo se abandonan casas: se hiere la memoria, la lengua, las formas de vida y el vínculo profundo con el territorio.
Desde la Sierra Mazateca rechazamos toda forma de limpieza social, desplazamiento forzado y etnocidio. Nos preocupa que esta violencia prolongada, tolerada y normalizada termine favoreciendo nuevas formas de despojo territorial y el avance de megaproyectos extractivos, entre ellos los mineros, históricamente impuestos sobre territorios indígenas mediante miedo, fragmentación y violencia.
Los pueblos no son territorios vacíos ni zonas de sacrificio. Los pueblos se cuidan, se respetan y se defienden. La vida de las mujeres, niñeces, abuelos, autoridades comunitarias y hombres indígenas importa. Ningún interés económico o político puede estar por encima de la vida y dignidad de los pueblos.
Denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano frente a esta crisis. A pesar de que desde 2021 existen medidas cautelares emitidas por la CNDH, las agresiones continúan sin garantías reales de protección.
Responsabilizamos al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, al gobierno de Guerrero encabezado por Evelyn Salgado Pineda, así como a autoridades municipales y corporaciones de seguridad, por la omisión y falta de acciones efectivas para proteger a estas comunidades.
Lo que hemos visto hasta ahora son operativos que simulan el cuidado de los pueblos, despliegues institucionales insuficientes que no han detenido los ataques, el miedo ni el desplazamiento de cientos de familias indígenas. No basta con presencia mediática de fuerzas de seguridad mientras las comunidades continúan siendo atacadas.
Por ello exigimos:
1. El cese inmediato de los ataques armados contra las comunidades del CIPOG-EZ.
2. Atención urgente, integral y digna para las más de 800 familias desplazadas. 3. Medidas reales y permanentes de protección para las comunidades indígenas en riesgo, respetando sus formas organizativas.
4. El cumplimiento efectivo de las medidas cautelares emitidas por la CNDH.
5. Investigación y sanción a responsables materiales e intelectuales, así como a funcionarios omisos o cómplices.
6. El reconocimiento de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que viven las comunidades indígenas de Guerrero.
Hacemos un llamado urgente a los pueblos originarios, organizaciones sociales, redes de apoyo, organismos de derechos humanos y sociedad civil a no guardar silencio frente a esta violencia.
Desde la Sierra Mazateca abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del CIPOG-EZ. Nos duele su dolor y nos preocupa profundamente su integridad física, emocional y espiritual.
No aceptamos el desplazamiento forzado como destino de los pueblos indígenas. No aceptamos el etnocidio ni la violencia que busca arrancar a los pueblos de sus territorios. No aceptamos que el miedo sirva para abrir paso al despojo y a los megaproyectos extractivos.
Los pueblos deben ser cuidados y respetados. Defender la vida y el territorio no debe costar la vida.
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE GUERRERO!
¡VERDAD Y JUSTICIA PARA EL CIPOG-EZ!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S!
A T E N T A M E N T E
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