90 años de la Revolución Social en España
Compartimos esta edición de Crónicas desde el otro lado del charco, producido por la KeHuelga Radio.
Esta edición es un programa sobre los 90 años de la revolución social en España, celebrando a los compañeros de la CNT y la FAI que lucharon y siguen luchando por ese nuevo mundo que llevamos dentro de nuestros corazones.
Se discute un poco la historia de la revolución social, dando antecedentes y sus actores. La hipótesis propuesta es que los anarcosindicalistas no destruyen las estructuras estatales pues existían dos problemas. El primero es que pensaron que éstas se disolverían ante la revolución; la segunda es que necesitaban las armas y las estructuras estatales eran las que podían conseguir el armamento necesario para combatir a los fascistas. Una hipótesis lanzada también aquí es que, a pesar de que los anarcosindicalistas tenían de las organizaciones mas grandes y mejor organizadas, éstas siempre fueron eclipsadas por el Partido Comunista Español que, aunque en 1936 era muy pequeño, Stalin sólo le da las armas y el control a los del Partido Comunista. Es así que el Frente Popular se vuelca al Partido Comunista.
Hoy día la historia la cuentan como si los anarquistas hayan sido insignificantes en la resistencia contra el fascismo, olvidando la Revolución Social que llevaron a cabo los compañeros de la CNT- FAI.
Música: Del disco Cancionero Libertario.
- A las Barricadas
- En la plaza de mi pueblo
- Guerra al Burguesia
- A desalambrar
- Joan Baez – Here’s to you
- A las Barricadas (instrumental)
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Destinan 55 mil millones para justicia de los pueblos, mientras avanzan Polos de Desarrollo
Por Santiago Navarro F | Avispa Midia
En portada: Integrantes del pueblo Yaqui, en Sonora, han resistido al avance de un gasoducto que consideran de alto riesgo para su comunidad. Febrero, 2019. Foto: Santiago Navarro F
Este año 2026 el gobierno federal presume una inversión acumulada de más de 55 mil millones de pesos destinados a 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional para resarcir una demanda histórica de reparación del Estado mexicano frente al despojo, la discriminación estructural y la exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas del país. Por otro lado, se avanza con 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).
De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estas acciones están enmarcadas en lo que compete al artículo 2 de la Constitución mexicana, el cual coloca al Estado como responsable de impulsar el desarrollo para estas comunidades, bajo el reconocimiento de “Sujetos de derecho político” y garantizando “su participación directa en la toma de decisiones en el ejercicio de la libre determinación y autonomía”.
Son cinco nuevos Planes de Justicia y Desarrollo Regional que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa para atender la demanda de los pueblos indígenas y afromexicanos, en relación a sus tierras, territorios, agua, lengua, cultura, gobierno tradicional y bienestar común. Estos nuevos planes se suman a los que ya había encaminado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sumando 21 planes que actualmente se encuentran vigentes. En total se han invertido aproximadamente 55 mil millones de pesos, principalmente a caminos artesanales y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) que son recursos directos destinados a las asambleas de los pueblos.
Entre los cinco nuevos planes de Sheinbaum están: El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha; Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.
Para Mayvelin Flores Villagómez, investigadora y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos Planes de Justicia buscan responder a la demanda histórica de los pueblos, a través de pavimentación de caminos, la creación de escuelas y resolución de linderos, pero políticamente “responden a una estrategia y a un fin, que es retomar la presencia del Estado como un ente mediador y negociador entre los pueblos. Algo que ya estaba agotado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues el Estado era muy mal visto -por los pueblos-”, señala.
Mientras tanto, el INPI, en su comunicado 20/26, puntualiza que estos Planes representan un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2° constitucional. Además se puntualiza que desarrollan bajo un enfoque integral, participativo e intercultural, colocando a las comunidades, sus asambleas y sus formas propias de organización en el centro.
A esta estrategia “hay que agregar otro frente, que son las reformas en materia de derecho indígena y por supuesto, de la tierra”, arremete la investigadora de la UNAM. “Con estas reformas lo que buscan es que el Estado sea quien determine quién es y quien no es indígena, en términos de sujeto de derecho. Es decir, los pueblos dependen del reconocimiento del Estado. Si tú no estás reconocido como pueblo indígena a través del Estado, no puedes interponer recursos legales para ampararte ante cualquier tipo de megaproyecto”, abunda la profesora Flores.
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