Radio Zapatista

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

5 de julio de 2026.

Boletín No. 10

Verdad y Justicia para Simón Pedro, maya tsotsil y defensor comunitario

• A cinco años de impunidad, su memoria permanece como un ejemplo de lucha, dignidad y compromiso por la defensa de los derechos de los pueblos

Recordamos a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro) como una persona comprometida con la construcción de la paz, la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos originarios. Desde su servicio comunitario denunció el incremento de la violencia y la presencia de la delincuencia organizada en la región de los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de Pantelhó, frente a la ausencia y complicidad del Estado mexicano en la protección de las comunidades.

Como integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, mantuvo un compromiso permanente con la defensa de la tierra y el territorio, resistiendo de manera pacífica y organizada frente a las múltiples violencias que afectan a los pueblos.

Desde su ejecución extrajudicial, ocurrida el día 5 de julio de 2021, la investigación no ha sido exhaustiva, independiente ni diligente. Además, los autores intelectuales que planificaron y ordenaron el crimen no han sido investigados, lo que alimenta la impunidad como una forma de violencia institucional. Esta situación profundiza el dolor de sus familiares, debilita la confianza en las instituciones del Estado y transmite el mensaje de que quienes atentan contra las personas defensoras pueden actuar sin enfrentar consecuencias.

El asesinato de Simón Pedro representa un ataque hacía la organización comunitaria y los procesos colectivos de defensa de los derechos humanos. Constituye un intento de sembrar miedo para inhibir la defensa del territorio, la libre determinación de los pueblos y el ejercicio legítimo de su autonomía.

En los últimos años diversas organizaciones nacionales e internacionales hemos documentado ejecuciones extrajudiciales, vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, criminalización y persecución judicial contra las personas defensoras en Chiapas. Estas agresiones son impulsadas por actores estatales y grupos de poder con impactos directos en la seguridad, la integridad y la legitimidad de nuestro trabajo.

Tan sólo de enero a abril de 2026, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas registró 41 agresiones. Las personas más afectadas fueron aquellas que luchan por el acceso a la justicia, la defensa de la tierra y el territorio; así como los derechos de las mujeres.¹

El 12 de marzo de 2026, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al Estado mexicano para que adoptara las medidas necesarias a fin de evitar la impunidad. En su respuesta, el Estado mexicano, reafirma que “no obran datos dentro de la Carpeta de Investigación, así como de las diligencias practicadas, indicios, evidencia que arrojen la probable participación de otra u otras personas material o intelectualmente dentro del hecho delictivo”.²

Recordar a Simón Pedro es un acto de memoria desde la resistencia. Es afirmar que la violencia no logrará borrar su palabra ni su ejemplo. Es reconocer que quienes entregan su vida por la paz continúan sembrando esperanza en sus comunidades. Su caminar permanece vivo en la lucha por la dignidad, la justicia y la construcción de una paz verdadera.

Recordarlo también es reafirmar el derecho a defender los derechos humanos y exigir que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger a las personas defensoras; investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que sufran; asimismo, adoptar medidas efectivas para prevenir y contrarrestar su criminalización.

Por ello, el Estado mexicano debe agotar todas las líneas de investigación para identificar y sancionar a los autores intelectuales de la ejecución de Simón Pedro, y cumplir con su obligación de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para su familia y su comunidad. Asimismo, generar mecanismos jurídicos y políticas públicas orientadas a desmantelar las estructuras de impunidad que permiten la continuidad de ataques contra quienes defienden la vida, el territorio y los derechos de los pueblos.

Es urgente reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, reafirmando la relevancia de su papel para la construcción de una sociedad democrática y para la protección de sus comunidades frente al contexto de violencia sistemática y generaliza que persiste en México.

Mientras exista impunidad, la deuda del Estado mexicano con Simón Pedro, con su familia y con los pueblos seguirá abierta. Por ello hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, a fortalecer la solidaridad y el respaldo hacia las personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, la vida y los territorios frente a la impunidad y la violencia. Acompañar su labor es contribuir a la construcción de un país donde la justicia, la paz y la dignidad prevalezcan sobre el miedo.

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1El Observatorio. (2026). Publicaciones en la Biblioteca Digital de El Obse [Base de datos]. Disponible en: https://elobse.org/es/library/?q=(allAggregations:!t,from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,order:desc,sort:metadata.mes,treatAs:number,types:!(%27665e14451e48989e848c7edc%27),unpublished:!f)

2Gobierno de México. (2026). Respuesta a la comunicación conjunta AL MEX 2/2026. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Disponible en:

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Pronunciamiento y denuncia pública

Familias Unidas contra la tortura en Defensa de los Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

26 de junio de 2026.

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Nuestra voz como víctimas y sobrevivientes

La denuncia que hacemos el día de hoy surge de nuestra experiencia directa como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura. Somos hombres y mujeres indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes que hemos sufrido las consecuencias de un sistema que, con frecuencia, privilegia la fabricación de culpables sobre la búsqueda de la verdad.

Como personas fuimos perseguidas por defender nuestros derechos, nuestros territorios o nuestras comunidades. Otras fueron convertidas en “culpables” para mostrar resultados ante la opinión pública. La tortura ha sido utilizada como método de investigación y arrancar confesiones falsas.

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y sustentado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las y los integrantes del Colectivo Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos alzamos nuestra voz para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica sistémica y generalizada vigente en Chiapas y en México.

El Estado mexicano, al ser parte de la Convención contra la Tortura, asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar absolutamente esta práctica, así como garantizar la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Sin embargo, la realidad que vivimos las víctimas, sobrevivientes y familiares demuestra que estos compromisos siguen sin cumplirse plenamente.

Reiteramos nuestro más enérgico repudio a la tortura, considerada por el derecho internacional como un crimen que no admite justificación alguna. Frente a los discursos oficiales que afirman que la tortura ha sido erradicada, las víctimas respondemos con la verdad de nuestra experiencia: la tortura persiste, se oculta, se niega y continúa dejando profundas heridas en cientos de personas y familias.

La tortura en Chiapas: una realidad que no puede ocultarse

En Chiapas persisten denuncias por detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, abuso de autoridad, extorsiones, allanamientos ilegales y actos de tortura cometidos por corporaciones de seguridad. Particular preocupación generan las denuncias que involucran a elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación creada durante la actual administración estatal.

Diversas denuncias públicas, investigaciones periodísticas y procedimientos iniciados por las propias autoridades permiten advertir indicios de un posible patrón de uso excesivo de la fuerza, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre los hechos denunciados destacan:

• Detenciones arbitrarias y agresiones físicas contra población civil, particularmente en comunidades indígenas y rurales.
• Allanamientos sin orden judicial e intimidación a familias y comunidades.
• Golpes, humillaciones y castigos corporales infligidos a personas detenidas o bajo custodia estatal.
• Videos difundidos públicamente en los que se observa a elementos policiales ejerciendo violencia contra personas privadas de la libertad.
• Investigaciones penales iniciadas contra integrantes de corporaciones de seguridad por presuntos actos de tortura y abuso de autoridad.
• Denuncias reiteradas sobre fabricación de delitos, confesiones obtenidas bajo coacción y utilización de la violencia como mecanismo de investigación.

Estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la integridad personal, la prohibición absoluta de la tortura, la libertad personal, el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. Señalamos los sesgos clasistas y racista de Estado que estamos viviendo como pueblos originarios y campesinos empobrecidos.

Casos emblemáticos que evidencian la continuidad de la tortura en el pasado y en la actual administración

Óscar Trinidad Carbajal

Detenido arbitrariamente el 1 de noviembre de 2025 torturado por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal. A pesar de las afectaciones a su salud derivadas de la tortura, se le impuso prisión preventiva. Actualmente permanece en detención domiciliaria con restricciones de comunicación.

Yonny Ronay Chacón

Joven estudiante detenido arbitrariamente el 13 de marzo de 2019 por elementos de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto. Fue torturado para obtener una confesión y posteriormente sentenciado a 31 años y seis meses de prisión, pese a haber denunciado los actos de tortura sufridos.

Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo

Maya tsotsil, detenido el 29 de mayo de 2015. Fue sometido a tortura física y psicológica por elementos policiales. A pesar de las exigencias de justicia, sanción para sus torturadores y reparación integral del daño las instituciones del Estado han actuado con lentitud y omisión.

Pedro Pérez Jiménez

Detenido el 29 de marzo de 2003. Fue torturado y posteriormente encarcelado. Después de más de dos décadas, continúa privado injustamente de su libertad.

Osmán Iván Rubio Bonilla

Ciudadano hondureño detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, durante un operativo realizado por corporaciones policiales estatales y municipales. Fue víctima de detención arbitraria y tortura. Después de quince años de prisión injusta, hoy celebramos su libertad, resultado de años de lucha y resistencia.

Ante esta situación exigimos:

Que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en el caso de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, emitida en favor de Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz y otras personas privadas arbitrariamente de su libertad.

Dicha opinión fue resultado de años de lucha, acompañamiento jurídico y una huelga de hambre iniciada el 15 de marzo de 2019, que se prolongó durante 135 días. Esta acción extrema evidenció el nivel de desesperación al que fueron llevadas las víctimas frente a la impunidad, la tortura, la falta de intérpretes y las graves violaciones al debido proceso.

El Estado mexicano tiene hoy la oportunidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos mediante el cumplimiento efectivo de dicha opinión internacional y la reparación integral de los daños ocasionados.

Asímismo, exigimos la investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial de todos los actos de tortura denunciados en Chiapas.

Se sancione a los responsables materiales e intelectuales conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y garantizar la no repetición.

Reparación integral para las víctimas y sus familias.

Atención médica, psicológica y especializada para todas las personas sobrevivientes de tortura.

Respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Libertad inmediata de Yonny Ronay Chacón, Pedro Pérez Jiménez y Francisco Moreno Hernández, así como el respeto a los derechos procesales de Óscar Trinidad Carbajal.

Erradicación definitiva de la tortura como método de investigación, castigo, intimidación o control social.

Cese de la criminalización contra integrantes del Congreso Nacional Indígena y comunidades organizadas.

Llamado a la sociedad

Convocamos a la sociedad civil, organizaciones sociales, pueblos indígenas, colectivos, academia, iglesias, organismos de derechos humanos y medios de comunicación a no guardar silencio frente a esta realidad.

La tortura prospera en la oscuridad, en el miedo y en la indiferencia. Por ello es indispensable documentar, denunciar y visibilizar cada caso.

Agradecemos profundamente a los medios de comunicación que han acompañado estas luchas y les solicitamos continuar informando sobre estas graves violaciones a los derechos humanos.

Hoy abrazamos a todas las víctimas y sobrevivientes de tortura. Honramos su dignidad, su resistencia y su lucha por la verdad y la justicia.

Porque la tortura no puede normalizarse.

Porque la impunidad no puede seguir gobernando.

Porque la dignidad humana no se negocia.

¡Ni tortura, ni impunidad!

¡Verdad, justicia, reparación y libertad para las víctimas!

Familias Unidas contra la tortura en Defensa de los Derechos Humanos.

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Colectiva Existimos porque resistimos, Morelos

A.Berenice González M.

El 30 de junio de 2026, en el cruce de Calzada de Tlalpan y Ermita, la Ciudad de México volvió a mostrar el rostro más crudo de su historia reciente: el rostro de un Estado que reprime a quienes buscan, que violenta a quienes nombran, que agrede a quienes sostienen la memoria de más de 135 mil personas desaparecidas. Ese día, en ese punto exacto de la ciudad, la violencia institucional dejó de ser discurso y se volvió cuerpo. Se volvió piel. Se volvió respiración cortada.

Desde temprano, las madres y familias buscadoras habían llegado con una intención profundamente humana: visibilizar la crisis de desaparición, recordar que la ausencia no descansa, que la búsqueda es un acto de amor y de supervivencia. La acción era comunitaria, casi tierna en su forma: la cascarita contra el olvido, la pega de fichas de búsqueda, el sonidero que acompaña y abraza, las mantas extendidas con los rostros de quienes faltan. No era una confrontación. Era una jornada para sostener la vida.

Pero en México, incluso la ternura es reprimida.

Comenzaron a llegar policías de la SSC: embozados, sin identificación visible, acompañados por hombres vestidos de civil que actuaban bajo su cobertura. No venían a cuidar. Venían a impedir. Venían a encapsular. Venían a reprimir.

Cuando intentamos desplegar las mantas, esos hombres sin identificación se lanzaron primero. Empujaron, jalonearon, quisieron quitarnos las mantas con los rostros de los desaparecidos como si fueran estorbos. Una persona fue ahorcada por intentar proteger la manta que llevaba consigo. Lo vimos. Y también lo sentimos. Porque a mí, como a todos los acompañantes, madres y familias buscadoras, también me violentaron.

No lo digo desde el protagonismo. Lo digo desde la verdad. Hubo patadas, golpes, manoseos, intento de ahorcamiento. Hubo violencia sexual ejercida directamente por agentes del Estado. Sentimos las manos donde no debían estar, sentimos el peso del cuerpo policial intentando quebrar no solo el bloqueo, sino nuestra dignidad. Sentimos el miedo que tantas madres y familias viven constante por la represión del Estado, ese miedo que se instala en la piel y que no se va aunque una siga caminando.

Varias personas fueron tiradas al piso: madres, acompañantes, periodistas, personas solidarias. Entre ellas cayó Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, mientras intentaba proteger la manta con la fotografía de su hijo un estudiante desaparecido desde 2024. Cayó con la fuerza de quien es empujado no solo por un cuerpo policial, sino por un Estado que insiste en criminalizar la búsqueda.

Y escuché la frase que tantas veces hemos repetido: “No somos delincuentes; somos madres buscadoras. Hacemos lo que no hace el Estado.”

La represión ocurrió horas antes del partido México–Ecuador. Para reprimir, miles de policías. Para buscar, casi nadie. Para la memoria, golpes. Para la exigencia de verdad, encapsulamiento. Esa desproporción no es casual: revela la jerarquía de prioridades del Estado. El fútbol merece protección; las madres que buscan a sus hijos, no. La represión no fue un accidente. Fue una decisión. Fue parte de un patrón que se repite en distintos estados del país: hostilidad, criminalización, violencia física y sexual contra madres buscadoras y acompañantes. Un patrón que intenta quebrar la búsqueda.

Y así como nos encapsularon, violentaron y arrinconaron por minutos que parecieron horas, de pronto retrocedieron. Se formaron en línea, rígidos, esperando órdenes. Después, nuevamente minutos que parecieron horas, en los que no dejábamos de estar alertas, esperando el próximo golpe, el próximo manoseo, la próxima asfixia, comenzaron a retirarse en fila, subiendo a sus motos y alejándose. No del todo: identificamos elementos vestidos de civil que ya estaban ahí desde antes de la represión, observando, registrando, esperando.

Nos costó unos instantes procesar mínimamente la violencia que tocó y atravesó nuestros cuerpos. Nos revisamos entre nosotras, tocándonos los brazos, las espaldas, las caras, preguntando si todas seguíamos bien, si todas seguíamos completas. Y sin más, pusimos nuestras lonas, nuestras fichas de búsqueda, nuestras mantas, y continuamos con lo que tuvo que ser desde el inicio: la cascarita, el sonidero, la pega de fichas y el despliegue de los rostros de las y los desaparecidos. La vida insistiendo, incluso después del golpe.

A las 3:30, las madres y familias ya se habían organizado para dividirse: unas irían al Estadio Azteca, otras a la Glorieta de los Desaparecidos para dar una conferencia y pronunciarse por la represión vivida. Sin embargo, hubo más represión en ambos lugares. En mayor o menor medida, pero la hubo. Nuestra colectiva decidió acompañar a las mamás hacia la Glorieta.

Nos fuimos juntas, con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda. En el camino, la protesta seguía viva. Las calles y el metro se llenaron de las voces de las madres y acompañantes, voces violentadas minutos antes por el Estado, pero que seguían resonando bajo el coro:

“¡Claudia decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!” “¿Dónde están los desaparecidos? ¡Los queremos de vuelta y vivos!” “¡No, no, no, no son hechos aislados: las desapariciones son crímenes de Estado!”

Así avanzamos hasta la entrada de la Glorieta, donde nuevamente la policía intentó impedir el acceso, a pesar, o precisamente porque, sabían que las madres iban a pronunciarse por lo ocurrido. La indignación se alzó bajo una sola voz:

“¡Déjenos pasar, déjenos pasar! ¿Dónde están, dónde están? ¡Nuestros hijos dónde están!”

Nos abrimos camino entre policías que fingían estar de nuestro lado, pero que obstaculizaban la entrada. Al llegar a la Glorieta de los Desaparecidos, las madres y familias narraron a los medios lo sucedido, con una claridad que atravesó el aire y el corazón.

Y cerraron con unas palabras que, en lo personal, me llegaron como un golpe seco desde el amor verdadero:

“Y que quede bien claro: las familias no nos vendemos. Buscamos a nuestros seres queridos.”

Tras esas agresiones, las familias, las colectivas y acompañantes solicitamos una reunión urgente con Clara Brugada, César Cravioto y Pablo Vázquez Camacho, porque visibilizar la crisis de desaparición de los seres queridos, y todas las luchas que nos sostienen y nos abraza,  no tendría que ser motivo de represión. Nombrar a quienes faltan no es un delito. Buscarles no es una provocación. Exigir verdad no es una amenaza.

Las familias señalaron que las agresiones fueron inaceptables y constituyen criminalización y revictimización. No se trató de un exceso aislado, sino de un acto que confirma la hostilidad institucional hacia quienes buscan. Por eso exigieron una investigación diligente, sanciones y reparación integral para todas las personas violentadas.

También denunciaron que la represión forma parte de una narrativa de hostilidad gestada desde el Ejecutivo Federal, una narrativa que estigmatiza, minimiza y se burla del dolor de las familias, y que termina habilitando la violencia de los cuerpos policiacos en las calles.

Las colectivas solicitaron una reunión urgente el 7 de julio, con la Jefa de Gobierno, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Ciudadana y la titular de la Comisión de Derechos Humanos. No para escuchar disculpas vacías, sino para exigir avances concretos: los nombres de los policías agresores, las consecuencias de sus actos, la explicación de por qué estaban sin identificación y las medidas que se implementarán para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Reafirmaron que las familias, las personas solidarias, acompañantes y los medios independientes deben participar en esa reunión, y que los acuerdos alcanzados deben cumplirse en tiempo y forma, sin simulaciones ni evasivas.

Y reiteraron algo que atraviesa todo lo que somos: que la protección de los derechos humanos en la Ciudad de México debe fortalecerse, especialmente para quienes buscan a un ser querido. Porque la búsqueda no se reprime. La memoria no se encapsula. La dignidad no se tira al piso. La verdad no se ahorca.

Ese día, después de los golpes, después del miedo, después del encapsulamiento, las madres volvieron a levantar las mantas. Volvieron a caminar. Volvieron a nombrar. Y ese gesto no es solo por encontrar a quienes faltan, sino también, por defender la vida de quienes buscan.

Y esa vida, la vamos a seguir defendiendo juntas.

Solidaridad con Familias Buscadoras de Personas Desaparecidas en México.

En las últimas semanas, desde distintos medios de comunicación y desde los discursos oficiales del actual régimen, se han venido repitiendo una serie de señalamientos hacia las organizaciones de familias buscadoras de personas desaparecidas. Dichos señalamientos buscan poner en duda la legitimidad de sus demandas y de sus acciones colectivas. Se les ha acusado de “hacerle el juego a la derecha” e incluso se ha advertido que se abrirían investigaciones para conocer sus fuentes de financiamiento. En redes sociales se ha identificado igualmente una narrativa que repite las mismas premisas de criminalización como las utilizadas por el nefasto expresidente Felipe Calderón: “si los desaparecieron es porque en algo malo andaban”.

Estos discursos de estigmatización, revictimización y criminalización son sumamente preocupantes. La situación se agravó con los abiertos hechos de represión policial que estos colectivos vivieron el pasado martes 30 de junio cuando se manifestaron sobre la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, previo al partido entre México vs Ecuador de la Copa del Mundo. Como puede comprobarse en los distintos videos que circulan en medios de comunicación, así como en los testimonios de las personas agredidas, los hechos implicaron la actuación de cuerpos policiacos con el rostro y la cabeza cubiertas con cascos, quienes repartieron golpes, empujones y ofensas a las familias buscadoras y sobre las personas solidarias que acompañaban la movilización, incurriendo en actos de represión y de violación a sus derechos humanos. La agresión llegó a tal punto que, los cuerpos policiacos amarraron a algunas personas con las mismas mantas de sus familiares desaparecidos y tiraron al piso a un padre buscador.   

Quienes firmamos este pronunciamiento, condenamos enérgicamente esta campaña contra las organizaciones de familias buscadoras, así como la represión de la que fueron objeto el pasado 30 de junio. Nos preocupa que ellos y ellas, que día a día se juegan la vida por buscar a sus seres queridos, sean también objeto de violencias por ejercer su derecho a protestar.

A las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en general, les convocamos a estar alertas y a manifestar su solidaridad con las familias buscadoras.

Porque las personas desaparecidas nos faltan a todos y todas.

Atentamente: 

Red Universitaria Anticapitalista 

Regeneración Radio

Radio Zapote

Video de la represión en Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa el martes 30 de junio de 2026

https://www.instagram.com/p/DaQl63uFBxL

COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA.
MÉXICO.

Encuentros de Arte y de Resistencia y Rebeldía.
ResignArte u OrganizArte
Fechas y Sedes.

Junio del 2026.

  Les informamos de las fechas para el Encuentro de Artes y el Encuentro de Resistencias y Rebeldías para este mes de agosto del 2026.

  Ambos encuentros serán simultáneos en fechas y sedes.  Dependiendo del número de participantes, se acomodarán las fechas y horarios para que puedan asistir a ambos eventos.  Aunque los Encuentros son abiertos, recomendamos que se registren, señalen el carácter de su participación y los días en los que estarán presentes.

  El sábado 1 de agosto será la Inauguración en el Semillero Comandanta Ramona, anexo al Caracol de Morelia (mismo lugar donde se realizó el Primer Encuentro de Resistencias y Rebeldías, así como el Primer Encuentro de Mujeres que Luchan).

  Del domingo 2 de agosto al domingo 16 de agosto: participaciones de asistentes y presentaciones de artes.

  Lunes 17 de agosto: traslados a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

  Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, mesas redondas “Las Artes bajo Acoso (Danza, Cine y Teatro)”.  Con la participación, entre otros, de Luis de Tavira, Dolores Heredia, Marina de Tavira, Natalia Beristain, David Gaytán, Argelia Guerrero e Iván Prado.  En el CIDECI.

  Viernes 21 al sábado 29.  Continúan encuentros de Artes, y de Resistencias y Rebeldías en el Caracol de Jacinto Canek (donde se realizó el encuentro de Artes de abril del 2025).

  Domingo 30 de agosto.  Clausura.

  Participantes, escuchas y videntes pueden acudir en las fechas que más les convengan.

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  Aprovechamos para recordarles del semillero del 20 al 25 de julio inclusive, con el tema “Guerra contra la Humanidad.  (Las Poblaciones, la Naturaleza y las Diferencias bajo asedio)”

  Los correos para registrarse son:

semillerojulio2026@proton.me
encuentroryragosto26@gmail.com
encuentroartes2026@gmail.com

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, junio del 2026.

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO

AL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO

Y QUE MIS VENAS NO TERMINAN EN MI SINO EN LA SANGRE UNÁNIME DE LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA, EL AMOR ,LAS COSAS, EL PAISAJE Y EL PAN.

ROQUE DALTON.

MASACRE DE AGUAS BLANCAS

31 AÑOS DE IMPUNIDAD

En enero de 1994 nació la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S).

Para su nacimiento buscamos un lugar donde con calma y sin interrupciones indeseables pudiéramos trabajar sobre ello.

El parto fue en “Las Palmitas”, a unas tres horas caminando desde Tepetixtla en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Bajo frondosos encinos.

Por la experiencia de las luchas contra los abusos de los caciques priistas, políticos, talamontes y los fraudes electorales, conocimos a diferentes personas que nos ofrecieron ayuda para nuestro desarrollo político. De unos ubicamos su actitud de usarnos para sus planes particulares, de otros, reconocimos su actitud solidaria y respetuosa, en estos nos apoyamos.

Desde el 1 de enero nos concentramos. Nueve fuimos convocados para discutir, aprender, enseñar y planificar. Todos éramos de Tepetixtla.

La mayoría ya había estado en otros dos esfuerzos parecidos y otros más pequeños. Para nosotros era una escuela política que nos permitía entender con más claridad lo que en esos días vivíamos. Siempre buscando el desarrollo político, el esclarecimiento de la conciencia. Pero ahora además formaríamos una organización.

Como nos convencimos que también era importante el método, pues discutimos y discutimos, aun a oscuras, hasta tener bien claritas las ideas, los objetivos, los principios, los métodos, las tareas y lo que nos parecía un tanto pomposo cuando lo decíamos, nuestra plataforma política.

Fue muy importante establecer entre nuestros principios la honestidad, la combatividad y la solidaridad.

Todos nos conocíamos de las faenas del campo. De sembrar y cosechar. De tratar de vender lo cosechado, de la búsqueda de semillas y fertilizantes, de resistir la pobreza, las enfermedades, los abusos de los caciques y de las autoridades civiles y militares, de enfrentar juntos diversos problemas de la vida.

Todavía teníamos muy fresco el recuerdo del rechazo al fraude electoral de 1988. Aquellas jornadas en que nos volvimos ríos de combativo esfuerzo, alegría y sudor que bajamos de la sierra en diferentes jornadas de lucha, desafiando a los priistas que siempre habían sido “los de arriba”, los que oprimían, robaban, reprimían, asesinaban impunemente. Cuando marcamos con nuestros huaraches y chanclas, calles, aceras, carreteras pavimentadas o de terracería y oficinas gubernamentales. Pero sobre todo nos atrevimos a tratar de ser hacedores de nuestra historia.

Mas lejano, pero también como un eco importante, resonaban en nuestro corazón y nuestra conciencia otras jornadas de lucha, como la del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Días de represión y de esperanza.

En que fuerzas federales y algunas oficinas gubernamentales repartían prebendas y hasta las semillas de mariguana y amapola para “paliar” la pobreza y restarle base social al maestro Cabañas.

También conocimos de la fundación de la Organización de Colonias y Pueblos del Estado de Guerrero, por Ranferis Hernández, Arnulfo y Lino, a fines de 1992, en los municipios de Chilapa, Citlala y Ahuaucotzingo. Experiencia parecida a la nuestra.

Y ahora que se renovaba la esperanza pues había que abonarla con nuestro esfuerzo y nuestro cuidado. Así, trabajando colectivamente formamos nuestra herramienta política y social y la bautizamos como la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S) y definimos que en lo inmediato había que hacer una reunión con campesinos de otras comunidades de nuestro municipio y de otros municipios. Le llamamos “Encuentro campesino”. Y completamos con invitar en cada pueblo a compañeros y compañeras que creíamos los y las mejores, para que fueran los impulsores de la organización. Y después de ello una conferencia de prensa. Y luchar, luchar y luchar.

Entendimos que el proceso sería largo y nada fácil, pero nos ilusionaba la aspiración de que un día llegaríamos a ser un poder popular en toda la sierra, de los pobres, con los pobres y para los pobres.

A muchos y muchas ya los conocíamos. Habíamos estado juntos en la lucha contra el fraude electoral de 1988. Juntos pasamos de ser electores del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) a ser bases del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Coyuca de Benítez y Atoyac. Y cuando la corrupción desbordó a este último, ya éramos la O.C.S.S, con bases en varios municipios de Guerrero.

Aquellos días de enero también fueron los días del levantamiento Zapatista en Chiapas. Cuanta alegría y zozobra nos provocó escuchar en la radio las noticias sobre lo que pasaba en Chiapas. ¿Quiénes son? Era la pregunta común. ¿Cómo podemos ayudarlos desde acá? Los sentimientos nos decían, hay que apoyarlos ¿hay que ver cómo? ¿Bloquear la carretera, tomar el palacio municipal, un plantón en Acapulco?

Pero cuando terminó nuestro parto, ya había terminado la guerra en Chiapas.

Aquellos nueve, Benigno Guzmán, Ismael Mena, Eugenio Aguirre, Benito Bahena, Salomé Aguirre, Alejandro Aguirre, Marino Sánchez, Telesforo Luna y Gabino Luna, fueron la columna vertebral, el tronco de nuestro aguerrido árbol.

De los días del parto recordamos a las compañeras que se encargaron de hacer la comida, los que apoyaron jalando el agua, la leña, los de las guardias, pues teníamos que cuidarnos de los pistoleros de los caciques y los talamontes.

Así nos queda el recuerdo de Soledad, su hermana, de Heriberta, de Ulises, Agustín, Ramiro, Pedro, el sobrino de Mena, Gabriel.

Cuando dimos la conferencia de prensa para darnos a conocer, incorporamos a Hilario Mesino.

Autocriticamente tenemos que decir que, aunque abundaban las compañeras, nuestro machismo nos llevó a no incorporar más tempranamente a algunas de ellas a la dirección de la organización y a una participación política más activa. El tiempo nos enseñó y llevó a la incorporación de Reina Abelino y Soledad Benítez.

Al mismo tiempo impulsamos la formación de los cuadros medios, las ramas que queríamos que fueran incontables. Y esa infaltable costumbre que adquirimos de reunirnos para tomar decisiones colectivas y las asambleas generales que tantos problemas resolvieron.

Y cuando nos visitó la muerte gubernamental llevándose a Ismael y a Eugenio, aparecieron otros, Tiza, José Asencio.

Gilberto Romero, de San Martin de las Flores en Atoyac, fue el primer compañero desaparecido. Una mañana de junio de 1995, su familia lo vio salir con la alegría y el cariño diario. Nunca volvió. El 28 de junio decidimos movilizarnos para exigir su presentación con vida. El gobierno priista nos respondió con muerte.

La masacre de Aguas Blancas, fue el hecho más fuerte de la ofensiva gubernamental. Ofensiva en la que fueron, amenazando, intimidando, encarcelando, asesinando y desapareciendo compañeros. Después de la masacre, algunos compañeros se fueron. Otros dejaron de buscarnos, evitaron llegar hasta las comunidades del municipio de Coyuca. Algunos tardaron un mes, o más, en atreverse a buscarnos y llegaron brevemente, a la cabecera municipal, sin subir a la sierra, sobre todo a Tepetixtla.

Posteriormente a la detención de Benigno, Hilario y Reina aparecieron nuevos y nuevas dirigentes.

Hoy a 32 años y 6 meses del nacimiento de la O.C.S.S y a 31 años de la masacre de Aguas Blancas, recordamos que de aquellos 9 fundadores tres murieron, dos asesinados (Eugenio e Ismael) y uno por enfermedad (Benigno), otro está desaparecido (Benito), uno más fue preso político (Salomé). Y está el que regresó a relaciones con priistas y sembradores de estupefacientes (hasta hizo una organización); desde que estuvo en la Conasupo ya se le veían mañas y aunque parecía, no cambió sus actitudes.

Hay los que dejaron de luchar, pero por lo menos no son parte de los represores. Otros y otras más, seguimos en la talacha de la lucha.

Ahora que vemos como desde la izquierda electoral se sataniza a maestros de la CNTE, a comunidades originarias de la región de la Montaña de Guerrero (CIPOG-EZ), a agricultores de granos, a transportistas, a familiares de desaparecidos, a ambientalistas (Bahía de OHUIRA), no podemos dejar de recordar a Benigno Guzmán martinez, con su reflexión posterior a la reunión de AMLO con la dirección de la O.C.S.S, donde los invitó a dejar esas formas de lucha inferiores, de las marchas y los plantones y mejor participar con él en las “formas de lucha superiores desde el gobierno del DF”.

Recordamos y atesoramos sus palabras: “Seguiremos con nuestras formas de lucha, quien sabe hacia donde van ellos, pero algunos cada vez se parecen más a los priistas”. Benigno, nació, vivió y murió en la pobreza, pero nos dejó la riqueza de un ejemplo de dignidad.

El problema de las afores no es solo de los maestros. Millones de los jubilados, actuales y futuros son condenados a ganar pensiones menores al salario mínimo.

Afore Azteca de Ricardo Salinas Pliego, es la empresa con el mayor número de cuentas de fondos para el retiro de los trabajadores con 17 millones 545 mil.

Detrás de las agresiones de grupos de la delincuencia contra comunidades indígenas, está el interés de empresas mineras por la tierra, el agua y los minerales.

Desde el discurso de la necesidad del amoniaco y los fertilizantes, de la autosuficiencia alimentaria y energética, de la oportunidad de explotar los minerales críticos, que Estados Unidos necesita para sus planes intervencionistas y guerreristas. Se preparan y se realizan nuevos despojos.

Seguimos siendo uno de los países con la más baja recaudación fiscal. Se sigue protegiendo a los grandes ricos.

Mientras desde el poder se pregona el interés por los más pobres, se defiende el libre mercado, que de libre no tiene nada y solo protege al gran capital.

No dudamos que algunos tienen buenas intenciones, pero la historia ha enseñado que no bastan las buenas intenciones.

Seguimos exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de ayotzinapa.

Alto a la reprecion y discriminación hacia los padres de familia que luchan por saber donde estan sus hijos o algun ser querido desaparecido.

Alto a la guerra de extermino hacia los pueblos indígenas y campesinos de guerrero y todo Mexico.

Seguimos haciendo responzables a los tres niveles de gobierno por lo que le pueda pasar a compañeros del CIPOG-EZ, CNI-CIG ,compas de ostula compañeros del EZLN, y en general a todos aquellos pueblos,colectivos y tribus que resisten a la violencia en sus territorios y llevan una lucha digna alejados de partidos políticos y de la delincuencia organizada.

Nos solidarizamos con las comunidades de la Montaña de Guerrero y todas las comunidades de guerrero agredidas por la delincuencia organizada y narcogobiernnos.

POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDÍGENAS Y CAMPESINOS

ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR 

(TEPETIXTLA, COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO)

O.C.S.S

Santa Ana Zegache, Oaxaca.

La Asamblea General de Ciudadanas y Ciudadanos de Santa Ana Zegache, máxima autoridad de decisión de nuestra comunidad conforme a nuestra asamblea , así como a los principios de libre determinación reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, manifiesta a la opinión pública, a los gobiernos federal y estatal y a la sociedad en general lo siguiente:

Nuestro territorio representa mucho más que una extensión de tierra. Es el espacio donde se desarrolla nuestra vida comunitaria, nuestra historia, nuestra identidad, nuestras actividades agrícolas, nuestros bienes naturales y el legado que habremos de dejar a las futuras generaciones. Su protección constituye un deber colectivo y un derecho irrenunciable.

Ante la intención de construir el proyecto carretero denominado Corredor Vial Zapoteco, anteriormente conocido como Libramiento Sur, expresamos nuestro firme rechazo debido a las afectaciones ambientales, sociales, culturales y patrimoniales que implicaría para nuestra comunidad y para los pueblos de los Valles Centrales.

Durante la Asamblea General convocada legalmente en la comunidad de Santa Ana Zegache, las y los ciudadanos, mediante un proceso de deliberación libre, democrático y comunitario, acordamos de manera expresa no aprobar ni otorgar consentimiento para la ejecución de dicho proyecto dentro del territorio de nuestra comunidad. Este acuerdo representa la voluntad soberana de la Asamblea General y deberá ser respetado por todas las autoridades e instituciones públicas.

Recordamos que el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, a decidir sus formas internas de organización y a ser consultados previamente respecto de cualquier medida administrativa o proyecto susceptible de afectar directamente su territorio.

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano y de observancia obligatoria, establece que toda consulta debe realizarse de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, con el propósito de obtener el consentimiento de los pueblos cuando las decisiones impacten sus tierras, territorios y recursos naturales.

De igual forma, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de los pueblos a conservar, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras y recursos, así como a no ser objeto de decisiones impuestas sin su consentimiento.

También recordamos que el Acuerdo de Escazú, vigente en México, garantiza el derecho de todas las personas a acceder a la información ambiental, participar efectivamente en la toma de decisiones y acceder a la justicia cuando existan afectaciones al medio ambiente y a los derechos colectivos.

En el ámbito nacional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que toda obra de esta naturaleza debe sujetarse a procedimientos rigurosos de evaluación de impacto ambiental, mientras que la Ley General de Cambio Climático obliga a las autoridades a proteger los ecosistemas y promover un desarrollo sustentable que no comprometa el patrimonio natural de las generaciones futuras.

Por ello, advertimos que cualquier intento de imponer este proyecto sin respetar la voluntad de la Asamblea General, sin consulta previa y sin cumplir plenamente con las obligaciones constitucionales y legales, constituiría una violación a nuestros derechos colectivos y a los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Queremos dejar claro que nuestra comunidad no se opone al desarrollo ni al mejoramiento de los servicios públicos. Lo que rechazamos es un modelo de desarrollo que pretenda construirse mediante la imposición, la desinformación, la división comunitaria o el sacrificio de nuestro patrimonio ambiental y cultural.

La defensa del territorio no responde a intereses particulares; responde a la responsabilidad histórica de proteger la tierra que recibimos de nuestros antepasados y que tenemos el deber de conservar para quienes vendrán después de nosotros.

Por ello:

Exigimos al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Oaxaca y a todas las dependencias involucradas:

* El respeto absoluto a los acuerdos legalmente adoptados por la Asamblea General de Santa Ana Zegache.

* Que se abstengan de realizar actos, gestiones o autorizaciones que contravengan la voluntad de la comunidad.

* Garantizar plenamente el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

* La transparencia total respecto de cualquier estudio técnico, ambiental, social o económico relacionado con este proyecto.

* El respeto irrestricto a los derechos territoriales, ambientales y colectivos de nuestra comunidad.

Finalmente, hacemos un llamado respetuoso pero firme a todas las ciudadanas y ciudadanos de Santa Ana Zegache para permanecer informados, organizados y atentos ante cualquier acción que pretenda desconocer o vulnerar los acuerdos tomados por nuestra Asamblea General.

La defensa del territorio requiere unidad, participación y vigilancia permanente. Ninguna decisión externa puede estar por encima de la voluntad legítimamente expresada por nuestro pueblo.

Convocamos también a las comunidades hermanas, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad en general a mantenerse atentos y acompañar la defensa pacífica y legítima de nuestro territorio.

Reiteramos que los acuerdos de la Asamblea General constituyen la máxima expresión de la voluntad comunitaria y exigimos que sean plenamente respetados.

Porque la tierra no se vende, se ama, se cuida y se defiende.

¡Santa Ana Zegache unido en defensa de su territorio, su historia y su futuro!

A los pueblos y gobiernos de México

A la sociedad civil consciente y solidaria

A las organizaciones de derechos humanos

A los medios de comunicación

Denunciamos el clima de máxima tensión que enfrenta nuestra comunidad.

Una persona que se ha dedicado a lucrar mediante la renta y venta de terrenos comunales, de nombre Fabián Reyes Márquez, llegó acompañado de otras personas al predio comunal denominado La Peña Blanca, el cual históricamente ha pertenecido a nuestra comunidad y donde se encontraban trabajando comuneros wixaritari y tepehuanos de Azqueltán.

Durante estos hechos, quienes acompañaban a Fabián Reyes Márquez manifestaron actuar por «indicaciones» del Gobierno del Estado, particularmente de la Dirección de Asuntos Agrarios. En ese contexto, amenazaron a los comuneros diciéndoles que serían llevados a la cárcel «porque ya el Gobierno del Estado había dicho», y que llamarían a la policía «para que los levantaran». Sus amenazas se materializaron el día de ayer, 25 de junio, cuando llegaron las mismas personas a robar postes y alambres de los comuneros, para consolidar el crimen.

Ante estos hechos, y dado que Fabián Reyes Márquez amenazó de manera directa al comunero Flavio Quiñones Aguilar y a quienes trabajaban en el predio, lo hacemos responsable de cualquier acto que atente contra la integridad, la libertad o la vida de las y los comuneros que se encuentren en posesión legítima y legal del predio La Peña Blanca.

Asimismo, responsabilizamos al Gobierno del Estado de Jalisco por la falta de acciones eficaces para prevenir y detener la violencia que enfrenta nuestra comunidad y, por el contrario, promover la confrontación; situación que podría derivar en nuevos hechos de agresión, como los que han ocurrido de manera sistemática debido a la inacción y la impunidad institucional.

No podemos olvidar el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, cometido por integrantes del mismo grupo que hoy pretende despojar a nuestra comunidad del predio La Peña Blanca y que, de manera pública y descarada, incluso en presencia de policías y funcionarios públicos, amenaza con asesinar a los comuneros. Estos hechos fueron constatados por la Misión Civil de Observación realizada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) durante el mes de mayo del presente año.

El día de hoy 26 de junio de 2026, nuestra comunidad retomó el resguardo del predio invadido, donde continuaremos trabajando por acuerdo de nuestra Asamblea General. Por ello, hacemos un llamado a los pueblos originarios, a la sociedad civil consciente y solidaria, a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado para que permanezcan atentos y, en la medida de sus posibilidades, alcen la voz a fin de evitar un nuevo derramamiento de sangre o el despojo de nuestro territorio.

La provocación y la violencia contra nuestra comunidad han escalado aún más. Desde principios del mes de junio, un policía municipal de nombre Efraín Reyes, presuntamente siguiendo órdenes de ejidatarios, colocó una puerta sobre un camino público por el que toda la comunidad accede al pozo de agua conocido como El Tacuache, única fuente de agua para consumo humano de nuestra comunidad.

Con esta acción se vulneran el derecho humano al agua y el derecho al libre tránsito, al impedir el acceso a un bien común ubicado en tierras comunales y accesible únicamente a través de ese camino público.

Se trata de un acto de violencia que no permitiremos, pues constituye un atentado contra la vida comunitaria. Hacemos responsable al Gobierno Municipal de Villa Guerrero, toda vez que es un servidor público de esa institución quien está ejecutando estas acciones, así como de cualquier acto de provocación o agresión que pudiera derivarse de esta situación.

Exigimos, por lo tanto:

1. Que cese toda incitación al despojo y a la violencia, y que el Gobierno del Estado de Jalisco adopte de manera inmediata las acciones necesarias para detener la escalada de violencia antes de que las consecuencias sean irreversibles.
2. El retiro inmediato de la puerta colocada para impedir el acceso al pozo de agua El Tacuache.
3. Que se garantice la seguridad de las y los comuneros mediante la adopción de medidas efectivas de protección, incluida, de ser necesaria, la presencia de fuerza pública con estricto respeto a los derechos humanos y con el único propósito de prevenir nuevas agresiones.
4. Justicia para Marcos Aguilar Rojas y castigo a los autores materiales e intelectuales de su asesinato.
5. Respeto absoluto al territorio comunal de Azqueltán.
6. Exigimos la reparación integral de los daños y robos realizado a nuestra comunidad por Fabián Reyes Márquez

Atentamente

Junio de 2026

¡Nunca Más un México Sin Nosotros!

Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán

Municipio de Villa Guerrero, Jalisco

25 de junio de 2026

Desde el Colectivo Pueblos Unidos por la Vida y por la Tierra enviamos nuestra solidaridad a los Pobladores Soberanos de San Pedro Ecatepec, Atlangatepec, Tlaxcala, frente a la violencia que vivieron el día de ayer 24 de junio de 2026, debida a la intención gubernamental de instalar un Polo de Desarrollo de Economía Circular (PODECIBI) en su territorio.

Condenamos enérgicamente la violencia estatal ejercida por policías armados que lanzaron gases lacrimógenos, golpearon y reprimieron a mujeres, jóvenes y hombres que en su derecho a la libre manifestación y a la libre determinación de cuidar su territorio y decidir sobre el, se organizan para resguardar sus tierras ante las pretensiones del Gobierno de Tlaxcala encabezado por la Morenista Lorena Cuéllar Cisneros de hacer un basurero.

Saludamos su resistencia ante los intentos de imposición de los PODECIBI en diferentes estados, incluido Puebla, de los cuales no existe información sobre su funcionamiento e impacto, y que reproducen la lógica del racismo ambiental de los rellenos sanitarios y tiraderos de basura.Nos mantenemos atentos a la situación, y exigimos el cese a la criminalización de la defensa del territorio y el uso de la violencia estatal.

 Como bien dicen los y las compañeras de San Pedro Ecatepec, “La lucha no es solo de San Pedro Ecatepec, es de todas las comunidades que dependen del Alto Atoyac”, desde los pueblos que integramos el Colectivo Pueblos Unidos por la Vida y por la Tierra enviamos nuestro apoyo y solidaridad reiterando que no están solos y solas en esta lucha contra la basura del capital.

.“Que cada quien se haga responsable de su consumo y de sus desechos”

  ATENTAMENTE

 ¡LOS PUEBLOS NO SOMOS BASUREROS!

Fuente: CDH FrayBa

Denuncia pública

24 de junio de 2026.

A la opinión pública
A las organizaciones de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A los medios de comunicación libres y alternativos
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Al pueblo creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Hermanos y hermanas de México y del mundo, nosotros y nosotras familias pertenecientes al grupo autónomo en resistencia desde 1994 de la Cabecera municipal de San Andrés Sakamch´en, Chiapas, y también creyentes de la parroquia de San Andrés Apóstol, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, denunciamos el corte del servicio de luz eléctrica a 5 familias nuestras por parte de personas pertenecientes a diferentes partidos de la calle Morelos, colonia Centro de la Cabecera municipal, acompañados por la policía municipal y con conocimiento pleno de las autoridades oficiales del municipio. Los hechos surgieron a raíz de nuestra resistencia, quienes desde 1994 nos hemos mantenido en este proceso organizativo, y como tal nos hemos negado al pago de las tarifas de la luz eléctrica ya que es un derecho humano que hemos ejercido, y aunado a que es un bien común, propiedad del pueblo de México.

Hechos

Primero: El día domingo 13 de junio de este año, hubo un fallo en un transformador instalado en la calle Morelos de la Cabecera municipal, los usuarios de la luz eléctrica en dicha calle procedieron a buscar alternativas para solucionarlo. Entre las opciones, plantearon solicitar ante la CFE el arreglo del mismo, y en ese contexto, se obligaron entre todos los usuarios a presentar copia de los recibos de luz para ver si todos estaban al corriente de los pagos. Sin embargo, de todos los usuarios afectados estaban las 5 familias pertenecientes a este grupo autónomo. Les obligaron a presentar copia de sus recibos, pero como no lo tienen les dijeron que si quisieran tener el servicio, les pidieron un pago de $150.00 pesos cada dos meses. Nuestros compañeros se negaron a dicho acuerdo ya que la cooperación no aplica para todos sino solamente a ellos. También les dijeron que si no quieren pagar, mejor instalen su propio transformador o que compren paneles solares.Ante tal situación, el agente municipal autónomo procedió a hablar con el agente municipal del PRI para mediar el asunto; sin embargo, se negaron a abordar el tema, justificando que es un asunto del barrio y de la calle Morelos.

Segundo: El asunto había quedado en suspenso, ya que por acuerdo de todos los usuarios afectados decidieron buscar un técnico para arreglarlo, para ello, cooperaron $100.00 pesos para el pago del mismo. Esa cantidad fue insuficiente, por lo que optaron por juntar $50.00 pesos más por cada usuario afectado. Nuestros compañeros cumplieron en tiempo y forma a dicha cooperación.

Tercero: El día domingo 21 de junio, nuevamente las personas de la calle Morelos pidieron copia del recibo y plantearon que a quién no lo tenga, asumirá las consecuencias. Como nuestros 5 compañeros no lo tienen, les pidieron nuevamente pagar los $150.00 pesos cada 2 meses, como no aceptaron les volvieron a amenazar, incluyendo colgarlos en el árbol, acto seguido, subieron en el poste de luz y les cortaron los bajantes de la luz eléctrica, lo dejaron en varios pedazos para que no pudieran reconectarlo. Durante el corte de servicio estuvo acompañado por la policía municipal.

Cuarto: Después de lo sucedido, las autoridades autónomas solicitaron a las autoridades oficiales del municipio establecer diálogo para solucionarlo y que se reconecte el servicio de luz. En un inicio, las autoridades mostraron voluntad para hacerlo, pero después de varios intentos, solo avisaron que ya no van a intervenir porque no es de su competencia y que se remita a los agentes municipales. En atención a ello, los agentes autónomos volvieron a solicitar una reunión con los agentes oficiales de la Cabecera municipal, a lo cual accedieron; sin embargo, no quisieron dialogar sobre el asunto, solamente les dijeron que no van a reconectar el servicio de luz a las cinco familias y que lo sucedido solo era el comienzo porque irán aplicando barrio por barrio. Las autoridades autónomas buscaron vías alternas para solucionarlo, pero no hubo respuesta positiva. En ese acto arbitrario, participaron personas pertenecientes a diversos partidos políticos, principalmente del PRI, así también de los integrantes del agente oficial de la Cabecera municipal y de personas creyentes de diferentes iglesias, como el C. Francisco Leonardo Hernández Díaz, ministro de la comunión de la parroquia de San Andrés Apóstol.

Quinto: Al no encontrar otra alternativa y por acuerdo del grupo autónomo, se procederá a reconectar el servicio de luz a las 5 familias afectadas con nuestros propios recursos, ya que dicho servicio es un derecho humano y no podrán negarnos, menos a miembros del partido político que se oponen a nuestra resistencia, que también sufren y están en las mismas condiciones económicas adversas que nosotros.

Por lo anterior, hacemos responsable al ayuntamiento municipal de San Andrés Larrainzar y a todas las autoridades oficiales de la Cabecera y del municipio, al gobierno estatal y federal de cualquier agravio a nuestra integridad física que derive de la reconexión de la luz y posterior a ésta.

Asimismo, exigimos:

Primero: La intervención del gobierno estatal y federal para que controle a su gente y a sus instituciones para que no se repitan estos actos violatorios a los derechos humanos y se garantice el ejercicio pleno de nuestro derecho humano a la luz eléctrica.

Segundo: Garantías para que no se vulnere la integridad física a las 5 familias afectadas y a todos los miembros del grupo autónomo en resistencia de San Andrés Sakamch´en, Chiapas.

¡Exigimos el respeto de nuestra autonomía y dignidad como pueblos originarios!
¡Alto al hostigamiento y a las amenazas, porque nosotros no queremos confrontarnos con nuestros propios hermanos!
¡Alto a la exigencia del pago de las tarifas de la luz eléctrica a las comunidades autónomas en resistencia!
¡Alto a la guerra en contra de los pueblos organizados en resistencia!

Atentamente,

Comunidad autónoma en resistencia, Cabecera municipal de San Andrés Sakamch´en, Chiapas

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