Radio Zapatista

Por Ñaní Pinto

Tras cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, este 7 de abril, había iniciado formalmente un juicio contra el ex militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual de este atroz crimen. No obstante, la defensa técnica de Castillo, por cuarta ocasión, presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio.

Los abogados de Castillo pidieron a la Corte que traslade el caso a otro tribunal. Lucía Villars, portavoz de los tribunales, expresó que el juicio no podía proseguir hasta que el Tribunal de Apelaciones resolviera el asunto. Tiene tres días para hacerlo.

El abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, puntualizó que la defensa presentó la recusación “haciendo un alegato forzado mostrando enemistad manifiesta con el Tribunal y ese elemento dice que lo infieren del trato que han recibido del Tribunal”.

La familia de Berta considera que la suspensión del juicio se dio en torno a nuevas pruebas que presentaron los abogados que llevan el caso, sobre un pago de más de 1 millón 200 mil dólares que recibió David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta, por parte de Daniel Átala Sabla, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), principal accionista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cuya construcción está planeada para realizarse sobre el Río Gualcarque.

Aunque la empresa se desvinculó de toda responsabilidad de este crimen, argumentando que “bajo ningún concepto es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato”, la familia de Berta considera lo contrario.

Este pago “lo entendemos también como la vinculación de estos señores. Bueno esto despierta grandes suspicacias, verdad, de que esto se pueda tratar de un pago para la comisión del delito, por las pérdidas que les estaba significando la lucha de Río Blanco, liderada por mi madre”, señaló la hija de la activista asesinada, Berta Isabel Zúñiga

Los abogados del caso Berta Cáceres presentaron, además de la autorización de la transferencia, también correos electrónicos y llamadas telefónicas, un cruce de mensajes y llamadas entre Castillo Mejía y Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA y militar retirado.

Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, agregó que la fiscalía cuenta con más de 55 medios de prueba entre testificales, periciales, pruebas científicas y testimonios para demostrar la culpabilidad de Castillo Mejía.

Por su parte, el abogado Fernández puntualiza, “esperamos que esta semana se agote el procedimiento de la recusación y ojalá en los primeros días de la otra (semana) retomemos el juicio”.

Foto: Darwin Franco

En el quinto conversatorio de la serie Diálogos de saberes en tiempos de pandemia, titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, de la organización Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), fueron abordados los problemas que rodean la vida de las y los habitantes de esta zona geográfica de Jalisco.

Ellas y ellos están sufriendo las afectaciones de un Estado que crea leyes que protegen y amparan a las y los empresarios que deciden instalar sus industrias en sus territorios, que les despojan de sus tierras y enferman sus cuerpos

Samantha Anaya / Zona Docs

«Para Mezcala la tierra es todo»

La historia de Mezcala «se explica con la lucha de su territorio», pues desde hace 500 años sus habitantes trabajan para proteger su territorio, afirmó Rocío Moreno, historiadora y comunera en la comunidad de Mezcala, durante el conversatorio titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago.

Moreno narró que, desde el proceso de conquista por parte de los europeos al llegar a esta zona, el pueblo coca (en donde se encuentra la comunidad de Mezcala) «fue de los más violentados, porque se esclavizó a gran parte de su población». Por esta misma razón, ahora sólo «se encuentran un par de comunidades, y eso tiene que ver con el exterminio y las violaciones contra su territorio y habitantes». 

La comunera expuso, además, que el exterminio de los pueblos originarios generó la pérdida de su lengua, por lo que lo único que les quedó fue refugiarse en su tierra:

“Por eso decíamos que para Mezcala la tierra lo es todo. Nuestros ancestros resistieron a la colonización. Esto nos da orgullo e identidad». 

Por otro lado, en los últimos 15 años los conflictos han sido en contra el «desarrollo» inmobiliario, el cual ha contribuido enormemente a contaminar el agua y el aire, lo que a su vez ha obligado a parte de las y los habitantes a desplazarse:

«El lago está lleno de químicos y desechos. Con forme empezó la contaminación, la gente se ha ido, pues han aumentado los casos de enfermedades renales y respiratorias», declaró Moreno.

Actualmente, la lucha por la defensa de sus tierras está puesta en diversos litigios legales que enfrentan desde hace 20 años en contra de un empresario de Guadalajara, “la comunidad está por recuperar sus tierras. Si Mezcala pierde sus tierras -como perdió su lengua- desaparece nuestra cultura». 

Esta extensión geográfica, que comprende un total de 3 mil 600 hectáreas, es donde las y los habitantes de Mezcala pueden vivir y practicar sus danzas; oficios milenarios; probar y elaborar sus platillos; sus creencias; ritos para la cosecha, para la lluvia; y donde cuentan con un gobierno tradicional. Rocío puntualizó que, tal y como Mezcala, muchas otras comunidades afrontan problemáticas similares,pero esto no es lo único que les une, sino también, y más importante aún, la solidaridad y la empatía.

La indiferencia del Estado mexicano ante los problemas de las comunidades 

Manuel Jacobo, periodista y comunero de Mezcala, denunció que las muertes de algunas y algunos habitantes de las comunidades de la cuenca del río Santiago por enfermedades renales han sido pasadas por alto por las autoridades en más de una ocasión por varios años.

Asimismo, expuso que, en 1995, el doctor Miguel Ángel Ruiz llevó a cabo una investigación, la cual arrojó que: las y los bebés que nacían en esos años morían minutos después de nacer, por lo que, notificó a la Secretaria de Salud y la respuesta que obtuvo el médico, por parte de esta instancia gubernamental, fue «no tienes derecho a investigar esto». Después de dicho suceso «el caso quedó en el olvido, no se hizo nada» comentó Jacobo.

Luego de 15 años, en el año de 2010 acudió a la comunidad una reportera de La Jornada, quien al enterarse y documentar la cantidad de personas que padecían enfermedades renales, en la comunidades aledañas a la cuenca del río, cuestionó y señaló al Secretario de Salud de ese periodo, Alfonso Petersen. Sin embargo, la respuesta de este funcionario fue «que era una ironía las cifras, porque la enfermedad había aumentado en todo el país», relató Manual Jacobo.

En contraste, el comunero compartió que sí, la cifra de padecimientos de enfermedades renales había aumentado también en la comunidad, al punto en que las enfermas y los enfermos “ya eran alguien que yo conocía: mi primo, su hermano, amigos”, comentó.

Otra de las cuestiones que evidenciaban la negligencia de las autoridades para investigar y tratar el problema fueron las edades de las personas que fallecieron, expresó el periodista.

“Casi todos eran niños de entre 5 y 14 años, cuando usualmente quienes padecen este tipo de enfermedades son adultos mayores”.

Después de la intervención de algunas y algunos periodistas, así como de diversos actores de la sociedad civil, la situación se comenzó a difundir, lo que incomodó a los diferentes niveles de gobierno, quienes a su vez “tomaron sus propias acciones”, advirtió durante el conversatorio:

“Realizaron 1,700 pruebas a niñas y niños en Agua Caliente, pero la afección estaba, y sigue estando, en casi todos los pueblos de la Riviera de Chapala. A pesar de que la mayoría resultó positivo en la prueba, no se hizo nada y la gente se seguía muriendo, sin haber recibido la mínima atención”.

Al respeto, Jacobo afirmó que el 29 de marzo de 2016 la Secretaria de Salud declaró ante el Congreso del Estado de Jalisco que no se iban a incorporar los medicamentos para tratar enfermedades renales al Fondo de Protección contra Eventos Catastróficos, ya que el costo era muy alto, decisión que dejó desprotegida a la población en Mezcala que no contaba con seguridad social:

“Esto decía mucho, porque Mezcala, San Pedro y la mayoría de la región está habitada por agricultores y pescadores, por lo que alrededor de 600 enfermos renales no contaban con tratamiento. La situación sigue y no se les otorga medicamento. Ellos mismos deben de buscar la forma de conseguir el medicamento, porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada”.

La hemodiálisis, uno de los tratamientos para las enfermedades renales, tienen un costo que ve desde $4,000 a $5,000 (pesos mexicanos) semanales. Sin embargo, “algunas familias tienen 2 o hasta 3 enfermos renales”, afirmó Jacobo.

En un intento por “tomar acciones para solucionar este problema”, se han aprobado proyectos para destinar recursos para “apoyar” a quienes padecen de esta afección, pero la realidad es que estos recursos “se quedan en las organizaciones, a los enfermos nunca les llega nada” finalizó.

“El dinero se antepone a nuestras vidas”

Por su parte, la licenciada en biología Graciela González expuso la situación que enfrentan las y los habitantes de El Salto en el área industrial alrededor de la cuenca del río. Los altos niveles de contaminación que ha dejado la actividad industrial han desembocado en “una situación irreparable para el territorio y sus habitantes”, afirmó González.

La continua explotación de los recursos naturales, la construcción desmedida de fraccionamientos (contaminación doméstica) y la mala gestión del Estado han provocado una “devastación y muerte sistemática”.

Entre las consecuencias que afectan la salud de las comunidades que viven en esta misma área está el “tener que aguantar olores nauseabundos, deforestaciones masivas y el ver nuestros medios de subsistencia extintos”, sentenció.

La bióloga también refirió que, en la historia de la humanidad, hay cientos de ejemplos de “pueblos devastados por la contaminación, por la extensión”. En este caso, la manera en cómo las y los habitantes de la cuenca en el municipio de El Salto han resistido y luchado por sus derechos humanos es muestra de ello:

“Están haciendo denuncias, expresando nuestro grito de desesperación hacían el Estado que no quiere oírnos; aprendimos a sostener nuestra palabra”.

Al mismo tiempo, González puntualizó que esta lucha por exigir justicia para ellas y ellos no fue un camino fácil y sin obstáculos, pues tuvieron que resistir a la invalidación, ya que cada vez que alguna o alguno de los habitantes interponían una denuncia les exigían presentar pruebas para avalar dicha denuncia:

“Decíamos que no teníamos por qué cargar con evidencia de una situación real y que tiene nombre y apellido. Por ello, tuvimos que politizarnos, aprender de leyes, porque el dinero se antepone nuestras vidas”.

Otras de las consecuencias que ha generado el “progreso” mal entendido, en la vida de cada una de estas personas, es “la pérdida de la esperanza” de un futuro seguro, señaló la bióloga:

“Han convertido un paraíso en un infierno industrial. ¿Para quién se quedó el paraíso? Para los industriales, apoyado por una impunidad corporativa, porque las leyes están hechas a modo y el Estado no tiene intención de cambiarlas”.

¿Cuáles son los capitales que se encuentran en la zona industrial de El Salto?

En tanto, Sofía Encino, integrante de Un Salto de vida, señaló cuáles son algunos de las nacionalidades de las empresas e industrias que cuentan con fábricas  de producción en esta área del municipio.

El Salto pertenece a una región más amplia de corredores industriales en el Occidente de México, lo que le posiciona como el segundo corredor más importante del país. Por ello, los principales capitales que invierten en esta área industrial del país vienen de Estados Unidos, Alemania, Suiza y Japón,principalmente.

De las 700 empresas que se encuentran instaladas en este corredor la gran mayoría, señaló Encino:

“No son de consumo final, sino que son parte de una cadena de producción: hay electrónicas, instruías químicas, muebleras, textil, y de todas estas muchas se dividen en otras empresas pequeñas que se hacen pasar por empresas nacionales, pero muchas se valen de los tratados internacionales para declararse como ‘empresas socialmente responsables’, y usan a las empresa pequeñas para tapar y ocultar todas las violaciones que cometen”.

El Salto es el segundo municipio del estado que más aporta al PIB, pero “también es el más pobre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por eso está perfilado para producir mano de obra barata”, denunció Sofía Encino.

Respecto a las denuncias que ella y su mamá, Graciela González, junto con otras y otros habitantes del área han realizado ante este contexto, resaltó el referente a la termoeléctrica que se tenía planeado instalar en Juanacatlán. Lamentablemente, aunque acudieron con la presidenta municipal de Juanacatlán, Adriana Cortés González, para exponerle el riesgo y las consecuencias ambientales que generaría este megaproyecto para la salud de quienes habitan en esta zona, ella desdeñó y minimizó el riesgo:

“Ella nos dijo que por qué nos quejamos de tener uno o dos enfermos renales en casa, cuando ‘somos’ el motor económico del país, entonces que eso era un sacrificio que valía la pena”.

La lucha de estas comunidades no cesa ni cesará hasta que estos proyectos de “desarrollo” dejen de amenazar la salud y el bienestar de las y los habitantes y del medio ambiente: “en la medida en que entendamos los problemas se podrá hacer algo, pero el capitalismo mata”, finalizó Rocío Moreno.

Por Aldo Santiago

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.

Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.

Corrupción
Sembrando Vida realiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.

De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.

“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.

Así lo registra el estudio Riesgos de corrupción en los programas sociales. Caso del programa Sembrando Vida, elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el cual señala también la simulación, tanto de propiedades para ingresar al programa, así como del trabajo en las parcelas.

“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.

En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.

La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.

Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.

Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.

Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.

Por Milagros Panta TeleSISA

Hoy se cumplen 29 años del autogolpe de Estado ejecutado por Alberto Fujimori, genocida y ex presidente del Perú que el 5 de abril de 1992 por medio de un mensaje presidencial disolvió el Congreso de la Nación para dar inicio a una dictadura que trajo consigo una de las épocas más nefastas de la historia peruana. A pocos días de las elecciones el pueblo peruano pide memoria, verdad y justicia.

Con apoyo militar del Ejército, de la Marina y de la fuerza Aérea intervinieron el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones como los medios de comunicación para tener total control sobre ellas. Ordenó detenciones y persecución a sus opositores, allanamiento a locales partidarios y principales sindicatos. Teniendo el control del Congreso, decretó una nueva constitución la del ’93 que le permitió postular a la re elección e introdujo consigo el modelo neoliberal y la aplicación de políticas que flexibilizaron los derechos laborales que legalizó la explotación, se dio pase libre al extractivismo trayendo consigo una profunda pobreza y desigualdad.

Alberto Fujimori hoy preso por delitos de lesa humanidad y corrupción es responsable de las masacres de La Cancuta, Barrios Altos, Pativilca, entre otras matanzas y de las desapariciones forzadas de cientos de jóvenes, estudiantes, militantes, campensinxs que aún siguen siendo buscados por sus familaires. La dictadura fujimorista también es responsable de las esterilizaciones forzadas, una práctica racista que se implementó entre los años 1996 y 2000 por medio de la creación del “Programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar” que esterilizo contra su voluntad a más de 280 mil mujeres pobres y campesinas que fueron sometidas a la ligaduras de trompas en pésimas condiciones ocasionando daños irreparables a su salud e incluso la muerte.

El régimen fujimorista duró 8 años en el poder y sus consecuencias siguen vigentes hasta el día de hoy, la impunidad y la corrupción sigue siendo un flagelo a combatir. La herencia fujimorista todavía forma parte de estructuras del Estado y están presentes en diferentes fuerzas políticas.

Falta muy poco para que el Perú tenga un nuevo proceso electoral, que será este 11 de abril y las encuestas lxs lideran la hija del genocida, Keiko Fujimori y Hernando de Soto quien fue su asesor en materia política y económica. Es por ello que es importante traer a la memoria, verdad y justicia para que nunca más haya Fujimorismo.

Fotos: Paro Internacional de Mujeres – Perú y Diario La República.

«Mis dibujos, son palabras que me salen del corazón, es solidaridad para las y los demás compañeros que están luchando desde algún lugar del mundo».

El 1 de abril de 2021, el compañero Marcelino Ruíz Gómez indígena del pueblo maya tsotsil, lanzó una exposición grafica virtual llamada “Por la vida y la Libertad”. Marcelino fue detenido arbitrariamente el 5 de febrero del 2002 y actualmente se encuentra preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 10 de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

En entrevista con Radio Pozol, Marcelino menciona que a través de los dibujos da a conocer la palabra que no se puede expresar o lo que no se puede escribir. Comparte que cada dibujo expresa la falta de acceso a la justicia, la discriminación y la violencia que a enfrentado por un delito que no cometió pero por el cual fue sentenciado a más de 30 años de prisión. Hoy día lleva más de 19 años preso y los dibujos «son una manera de liberarme», externa el indígena chiapaneco.

Marcelino expresa su dolor porque «la Madre Tierra esta sufriendo, los poderosos, quienes con el afán de poseer sus riquezas cada día más incrementan el despojo y la destrucción». «Todos somos territorios y los invito a defendernos», dice con voz firme el originario de la zona altos.

Ruíz Gómez, recuerda que cuando lo detuvieron fue esposado y vendado de sus ojos con el objetivo que no viera a donde lo trasladaban. En el lugar donde permaneció detenido fue torturado física y psicológicamente durante tres días, tras sufrir varios golpes entre otras formas de tortura como el permanecer atado a una silla durante esos días, también le rociaron la nariz con tehuacán con chile fue obligado a firmar para autoinculparse, todo ello ha sido documentado y denunciado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

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La labor que ha realizado la organización Artículo 19 en los últimos 15 años en México permite observar los desafios que enfrentan las trabajadoras y trabajadores de medios alternativos, públicos y privados, para ejercer el derecho a comunicar.

En esta ocasión es la propia organización Art 19 quien recibe ataques por el grupo en el poder. Lxs invitamos a conocer su historia y trabajos que realizan.

Entrevista con Mayra López Pineda -Artículo 19:

(Descarga aquí)  

Ver en línea : Artículo 19

Por Sandra Suaste

La Comunidad Indígena Otomí protestó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen verdad y justicia por el asesinato de Maricela Escorza, otomí de 16 años de edad que estuvo en calidad de desaparecida desde el 26 de marzo de 2021, que se emitió la Alerta Amber. En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 realizada en la Agencia del Ministerio Publico CUH-6, las autoridades señalan que fue atropellada en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, de acuerdo con la información emitida en una conferencia de prensa.

La familia tuvo acceso a los videos del sistema C5, con los que corroboraron este hecho. Sin embargo, exigen tener garantía plena de que se trata de Maricela. Debido a las lesiones que se presentan, no existe una certeza. Además denunciaron que los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses fueron inadecuados, pues el reconocimiento solo fue posible a través de una vitrina y desde lejos. En el Hospital General de Iztapalapa, lugar al que fue trasladada, el personal desechó la ropa que ella portaba, lo que representa un obstáculo.

 Por este motivo, la madre de Maricela solicitó una prueba de ADN,  pero la FGJ-CDMX les dijo que ese proceso tardaría de 15 días a un año: “obtener los resultados rápidamente sería una cuestión de suerte”. Durante la protesta se dio a conocer que el cuerpo no había sido entregado y la Comunidad Indígena Otomí está en espera para realizar una ceremonia funeraria de despedida. En entrevista con Regeneración Radio, una de sus familiares manifestó que exigen verdad, pues quieren conocer al responsable de los hechos y que se haga justicia.

La comunidad Indígena Otomí señala que las instancias y los medios de comunicación son parte de un proceso de re-victimización, por el trato deshumanizado y la acción de divulgar información no corroborada o privada.

La familia de Maricela señala que uno de los medios afirmó que el cuerpo fue encontrado en una vecindad y dicen: “Si es verdad, que digan de dónde salió esa información y vengan a declarar en la investigación”.

Reporte Índigo publicó el 29 de marzo: “El pasado 25 de marzo, la menor fue localizada en una vecindad de la zona centro; pero fue hasta este lunes que se entregó el cuerpo a sus familiares.”

Mientras que La silla Rota publicó el 29 de marzo: “En torno a las pesquisas, también se busca asentar si la joven murió al ser atropellada o si se encontraba mal herida sobre la avenida y después fue arrollada”.

La comunidad otomí señaló que la FGJ filtró a los medios de comunicación partes de la carpeta de investigación. Pues el 29 de marzo fueron publicadas noticias con relación al expediente de investigación: “Toda esta información se filtró a Excelsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso”.

Mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco: el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal

Las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.

Si bien, estas cifras documentan en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares, lo cierto es que el componente de género que subyace a estas prácticas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres va más allá del infligirles dolor físico.

Sus corporalidades se convierten en instrumento, método y un fin en sí mismo para sus victimarios y para el Estado, confirmando que esta práctica ejercida en razón de género constituye una herramienta de control y subordinación para las mujeres; pero, además, reafirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y su nulo reconocimiento como sujetas de derechos en medio de un contexto de violencia machista y patriarcal.

Esta investigación da cuenta de las historias de nueve mujeres sobrevivientes de tortura y malos tratos, así como de sus familiares, también mujeres, quienes han vivido directa e indirectamente el sufrimiento que generan estas prácticas perpetradas en contra de sus cuerpos y vidas: Eva, Luz Elena y Esperanza, Erika y Cecilia, Isabel y Romina, y Ericka y Tonantzin.

(Por Dalia Souza y Ximena Torres; Ilustraciones: Fernanda Kovacs)‍

Para leer la investigación completa el enlace al sitio de ZonaDocs: http://zonadocs.mx/especiales/Mujeres-y-tortura-en-Jalisco

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EL PARAÍSO HUELE A SANGRE!!!

Carlos Joaquín La omisión es cómplice de los feminicidios.
Exigimos justicia!!
Este fin de semana, la impunidad se ha llevado dos hermanas más en el Estado de Quintana Roo.
El caso de Tulum a manos de la policía y su abuso de poder.
Y en el caso de Holbox a manos de la impunidad y hermetismo machista que viven en la isla.
En el Estado las autoridades se preocupan más por el turismo que por la seguridad del pueblo.

EL PARAÍSO HUELE A SANGRE!!!
Y QUE SE ENTERE TODO EL MUNDO!!!

En Tulum, Holbox y en el Estado completo constantemente vivimos violentadas por los cuerpos policiales y no es la primera vez q una mujer es víctima de su violencia.

Esta vez se llevaron la vida de una mujer a plena luz del día.
La mujer pidió ayuda en reiteradas oportunidades por no poder respirar y la policía siguió ejerciendo fuerza sobre el cuerpo hasta quitarle la vida.

Victor Mas Tah y Nivardo Mena Villanueva , los hacemos responsable de lo sucedido y exigimos respuestas.

Que los responsables sean nombrados públicamente y eliminados de sus cargos con la pena por los delitos correspondientes y exigimos toda la atención y debida diligencia en la investigación para encontrar a los responsables del asesinato de nuestra hermana.

BASTA DE IMPUNIDAD

(Foto de portada vía Defensoras Digitales Quintana Roo/Comunicado vía https://www.facebook.com/MareaVerdeQuintanaRoo/)