Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Diversas comunidades Mayas entregaron un informe a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, durante el foro del Plan Nacional de Desarrollo sobre Desarrollo Sustentable 2025-2030, celebrado en Mérida el pasado jueves (9), detallando los desafíos y conflictos socioambientales que enfrentan los pueblos originarios de la Península de Yucatán. 

En su intervención, José Argamiro Cobá Cocom, Comisario Ejidal de Ixil en Yucatán, subrayó que el modelo de “desarrollo” impuesto en la región ha generado despojo, deforestación y contaminación, con impactos devastadores sobre los ecosistemas esenciales de la región, como la selva y los manglares. “Nos están despojando de nuestra tierra, y con ella, de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro derecho a vivir dignamente”, afirmó el campesino, quien destacó que la lucha de los pueblos mayas no es solo por la tierra, sino por la preservación de una cosmovisión ancestral.

Las comunidades denuncian que los proyectos de desarrollo, principalmente del sector inmobiliario, vienen invadiendo tierras comunales, alterando los ecosistemas y amenazan con destruir el patrimonio arqueológico maya. “En Ixil, por ejemplo, se están llevando a cabo proyectos inmobiliarios en 5,300 hectáreas de tierras, sin tomar en cuenta los vestigios arqueológicos ni la biodiversidad que habitan en ese territorio”, que pretenden convertir en zonas turísticas y residenciales resaltaron.

Cobá Cocom señaló que, en los 106 municipios del estado de Yucatán, aún se conserva la cultura de los mayas. “En nuestro territorio se encuentra el reservorio del pensamiento mágico de los mayas. Si se despoja vendrá la total desaparición de los pueblos originarios, de nuestras costumbres, formas de vida y cultura”.

Otra comunidad de Yucatán que corre con el mismo destino es Kinchil, otro territorio invadido por el sector inmobiliario con fines de urbanización. Aquí habitan más de 200 familias y hoy están siendo vulneradas por el riesgo de perderlo todo “frente a especuladores con poder político. La situación se agrava aún más con el creciente desinterés por parte de las autoridades, que han permitido que se registren tierras como ‘propiedad privada’ sin el consentimiento de las comunidades afectadas”, afirman los representantes de esta comunidad.

Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, puntualizó que “están vendiendo nuestras tierras en internet, sin documentos legales; ya hay personas que se consideran dueñas de nuestros territorios, y el gobierno no hace nada”.

La industria 

Otro de los problemas abordados en el informe es la expansión de las megagranjas porcícolas y avícolas en la región. Estos proyectos industriales, señalan las comunidades, vienen provocando “afectaciones ambientales, de salud pública, sobre el tejido social y la calidad de vida, plenamente conocidas por el Gobierno Federal”.

Para ello toman el ejemplo de otra comunidad de la Península, Santa María Chi, de unos 500 habitantes, una zona donde se estableció una granja de 72 naves y más de 60 mil cerdos, que está ubicada a 100 metros del pueblo. “Lleva 40 años contaminando el agua, causando enfermedades respiratorias y estomacales, y alterando la armonía, la cohesión social y la vida interna de la comunidad”. 

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Los habitantes denuncian que la vida ya no es viable en esta región debido a la peste insoportable, así como la acumulación de excrementos, moscas, incluso, argumentan, “por el ruido que día y noche generan las instalaciones y los transportes de cerdos”.

Esta mega granja, según los indígenas Maya, pertenece a la familia del empresario y periodista Loret de Mola, la cual “no cuenta con permisos, registros ni autorizaciones a nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada para clausurarla”, expresan las comunidades ante Semarnat.

Wilberth Nahuat Puc, Comisario Municipal de Santa María Chi, denunció la impunidad con la que operan estas empresas afirmando que, “el gobierno nunca nos ha escuchado. Nos tratan como delincuentes por defender nuestra tierra y nuestra salud”, expresó. 

Las comunidades denuncian en su informe que Semarnat se limitó a colocar un sello de clausura sin folio pero que la empresa siguió funcionando y que “nunca llegaron inspectores federales a investigar”. 

Tras las diversas protestas de estos pueblos, “la granja está hostigando judicial y policialmente a las autoridades comunitarias, y ha imputado a Wilberth Alfonso Nahuat Puc por delitos fabricados, prohibiéndosele acercarse a menos de 300 metros de lote catastral en que se ubica la granja, situado a 30 metros de su casa”, destaca la denuncia de las comunidades.

Agudización de la crisis climática

Además, el escenario cambiante por la crisis climática ya ha comenzado a impactar estas comunidades y las condiciones se agudizan con las políticas aceleradas de desarrollo, por su flexibilidad con la falta del cuidado del medio ambiente y el tejido comunitario. A ello se suman las sequías prolongadas, las lluvias irregulares y el calor extremo que están afectando la producción agrícola, base tradicional de subsistencia en la región.

Las comunidades mayas han solicitado medidas para mitigar estos efectos, como el fomento a la energía renovable local y la restauración de ecosistemas clave para la agricultura, como los manglares.

Peregrina Cutz Tec, del Consejo Comunitario de Ixil, expresó que “el cambio climático ya no es algo lejano, lo vivimos a diario. La falta de lluvia y el aumento de las temperaturas están afectando nuestra tierra y nuestras costumbres. Necesitamos que el gobierno federal atienda nuestras propuestas para adaptarnos sin destruir nuestro territorio”, ha puntualizado.

Frente a esta situación, las comunidades mayas han propuesto una serie de medidas urgentes para revertir los efectos del modelo de desarrollo actual. Entre ellas, destacan la creación de una mesa de trabajo con la participación activa de las comunidades mayas y organizaciones sociales y ambientales para diseñar un modelo de desarrollo sustentable basado en los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos originarios.

En respuesta a las demandas, la secretaria Alicia Bárcenas se comprometió a organizar una reunión con las comunidades mayas de la región en febrero de 2025, en Ixil, donde se discutirán con más detalle las propuestas presentadas. 

Mientras tanto, las comunidades mayas reafirman que su lucha no solo es por la defensa del territorio, sino por la supervivencia de su cultura y sus tradiciones. 

Leydi Eloína Cocom Valencia, del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, concluyó: “No solo estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir en armonía con la naturaleza. Si perdemos nuestra tierra, perdemos todo lo que somos”.

Fuente: Avispa

^{Por Mariángeles Guerrero, Gioia Claro, Roxana Sposaro, Celeste Vientos y Mariana Aquino / Agencia Tierra Viva}

^{Foto de portada: Roxana Sposaro}

El desalojo a la comunidad mapuche Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces (Esquel, Chubut) había sido anunciado con mucho énfasis. A las 8 de la mañana de este jueves comenzaron a llegar por la ruta 71 más de 30 móviles de la Policía Federal y de Gendarmería, camionetas y colectivos, y personal de Parques Nacionales. La magnitud del operativo para excluir a unas pocas familias de sus tierras se condice con el discurso racista del gobierno provincial y nacional; y se basa en una disposición del Poder Judicial Federal de Esquel. Pero la Lof resolvió retirarse previamente, de forma pacífica, por lo que los agentes no encontraron a ninguna persona en el lugar.

En la zona habitada por la Lof quedaron algunos carteles dispuestos en lo que eran las casas de la comunidad. En ellos se lee: “Las fuerzas del territorio les están observando”. “Aquí se gestó y parió a una persona de modo libre, en armonía con el territorio ancestral. No hay desalojo que despoje esa memoria”.

«Sabíamos que esto iba a suceder, así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, hallaron casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos los integrantes de la Lof no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno», aseguró la weychafe Moira Millán, que acompaña el reclamo de Pailako por su derecho al territorio.

La Lof reivindica su presencia en una zona del Parque Nacional Los Alerces (a 35 kilómetros de Esquel). Este proceso, espiritual e identitario, comenzó en 2020. Actualmente, una veintena de personas viven allí: familias con niños y niñas. En el lugar funciona un centro educativo. De haberse concretado tal como lo anunció el Gobierno durante los últimos días, iba a ser el primer desalojo tras la derogación de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La intención de echar a las familias mapuche de sus tierras tenía un efecto aleccionador, en el marco de las persecuciones que vienen sufriendo los pueblos indígenas en el gobierno de Javier Milei. Otras situaciones, como la vivida en octubre pasado por la comunidad wichí Guerrero, de Jujuy, replican este panorama.

A nivel institucional, primero se vació el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA). Luego se disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya función era inscribir a los pueblos preexistentes en un relevamiento nacional. La frutilla del postre fue la derogación (por decreto) del decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena, el 10 de diciembre.

Sólo 20 días después, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, arremetió contra la comunidad Pailako. “Arremetió”, porque las amenazas de desalojo y la violencia institucional comenzaron cuando las familias decidieron habitar el territorio en el que crecieron sus abuelos.

Un show anunciado y frustrado

El desalojo fue un show anunciado por el gobierno nacional y provincial, el Poder Judicial y muchos medios de comunicación. En el lugar estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó en helicóptero cerca del mediodía. La Ministra también había ocupado ese cargo durante los operativos militares que culminaron con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, en 2017. Otro funcionario que también dijo presente fue el titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz. La conferencia de prensa prometida desde el Gobierno nunca se hizo.

La orden del juez federal Otranto (conocido por su participación en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado), se basa en la Ley 22.351. Esta normativa fue sancionada en la última dictadura militar: criminaliza a los “intrusos” que utilicen las instalaciones de los Parques Nacionales y autoriza su desalojo.

Sin sentencia firme

Las acciones llevadas a cabo durante este jueves se realizaron sin una sentencia judicial firme y sin que se hayan agotado las presentaciones realizadas por la organización Gremial de Abogados, en representación de la comunidad Pailako, ante el Poder Judicial.

Ante estos atropellos, la comunidad resiste. “Siempre somos vistos de mala manera. Nuestra intención es preservar este monte, poder criar a nuestros hijos y las infancias que están aquí”, afirmaba días antes del desalojo Belén Salina, integrante de la Lof. Pese a haber evitado una situación de violencia contra las familias, la comunidad se vio obligada a dejar sus viviendas, su tierra y sus animales en el Parque.

El 8 de enero, la Lof, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de los presos políticos Mapuche en Puelmapu brindaron una conferencia de prensa en Esquel.

En representación del Comité, Millán apuntó contra el Gobierno: “Hoy vemos a estos mentores de la muerte venir a nuestros territorios y hacer de la narrativa de las políticas criminales la normalidad. Ellos reivindican el proceso militar. Y durante el proceso militar se eliminó un ecosistema prístino para hacer una de las represas más grandes de la Patagonia, que hoy abastece a una empresa privada. Esa lógica es la que está siendo reivindicada, no sólo los desaparecidos sino también el saqueo”. Al respecto, aseguró: “Quieren privatizar áreas de los Parques Nacionales y la piedra en el zapato somos los pueblos originarios”.

La represa a la que aludió Millán es Futaleufú, que se construyó dentro del Parque Los Alerces y fue puesta en funcionamiento en 1978 para el abastecimiento energético de la empresa de aluminio Aluar. Bajo la lupa de las comunidades indígenas están también los incendios intencionales. La Lof Pailako aseguró en un comunicado que “queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo negocios extractivos”. Al desalojo se suma el despido reciente de cien brigadistas forestales que trabajaban en el Parque.

En la conferencia, Millán señaló la responsabilidad de los gobiernos anteriores por no haber regularizado la situación territorial de los pueblos indígenas. Finalmente, llamó a hacer un “boicot” a los parques nacionales del país, evitando pagar las entradas respectivas.

Solidaridad con Pailako en Nahuelpan

Mientras Bullrich hacía un despliegue desmedido de las fuerzas de seguridad, a 40 kilómetros de ahí, en el Lof Nahuelpan, un grupo de Pu Lamien autoconvocadas y desde una red de acompañamiento a Lof Pailako, realizaron una acción para visibilizar, conversar e informar a quienes llegan al tren turístico La Trochita sobre lo que pasaba en Los Alerces y la estigmatización hacia las comunidades indígenas.

Por un rato se cortaron las vías, se colocó una bandera, se repartieron volantes y se conversó con quienes iban a abordar el tren. Hubo momentos de tensión cuando llegaron las fuerzas policiales, pero nadie cedió a las provocaciones y los micros pedidos por el municipio se encargaron de trasladar a las y los turistas.

”Vinimos de manera pacífica para romper con ese imaginario social que nos crean desde los medios de comunicación hegemónicos y la misma sociedad racista, donde nos tratan de violentos, cuando nosotros solamente queremos informar. Lamentablemente, la ignorancia y la desinformación es un virus, es una enfermedad que nos atraviesa hoy como sociedad. Vinimos de forma pacífica y llegó la policía a amedrentarnos, a violentar a la gente y a empujar”, dijo Zamira Tacuman.

Con todas las fuerzas represivas a disposición, esta pequeña acción de resistencia y solidaridad pudo realizarse pacíficamente, en un sitio emblemático para las protestas. Fue un modo de abrazar la lucha de la Lof Pailako y de todas las comunidades indígenas criminalizadas por el gobierno provincial y nacional.

En noviembre, en la Asamblea de la ONU, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución contra los derechos de los pueblos originarios

La batalla judicial y desigual: cómo se llegó al desalojo

La comunidad recuperó su territorio ancestral en 2020, reafirmando su arraigo cultural y espiritual en la Mapu (tierra). Allí siembran, crían animales y cuidan a sus hijas e hijos. Desde entonces, enfrentan amenazas y hostigamientos. Quienes allí viven son descendientes de pobladoras y pobladores mapuche en lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, creado por el Estado argentino en el marco de las políticas de expulsión de las comunidades indígenas de la Patagonia.

“Para nosotros ‘pailako’ significa ‘arroyo tranquilo’”, explicó Lemu Cruz Cárdenas, en una nota brindada a la Agencia Presentes. “El arroyo que da nombre a la comunidad se arma entre varias corrientes de agua, arroyos más pequeños, que bajan del cerro y forman uno más grande. Vivíamos a la orilla de ese arroyo”, recordó Cárdenas. Hoy, él y María Belén Salina (integrantes de la comunidad) están imputados por presunta participación en incendios forestales ocurridos en el Parque. No hay una sola prueba en su contra.

Como respuesta a la recuperación territorial iniciada en 2020, Parques Nacionales realizó una presentación ante el juez Otranto para pedir el desalojo de la comunidad. En primera instancia, el magistrado habilitó el ingreso a la Lof para identificar a las personas que habitan allí. Fue un paso previo al desalojo.

El juez Otranto emitió entonces la orden para la expulsión, pero fue suspendida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Ante la apelación de Parques Nacionales, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón al organismo nacional y la amenaza del desalojo volvió a estar vigente.

Resulta llamativo en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones el argumento del juez Javier Leal de Ibarra: “Queda debidamente expuesto que Cruz Cárdenas y María Belén Salinas (NdR: nótese la mala escritura del apellido Salina, familia tradicional de la zona) adscribieron a una comunidad mapuche que ocupó la zona denominada ex Población Felidor Salina a partir de enero del año 2020. […] y que si bien descienden de pobladores que contaban con permisos para ocupar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, ningún permiso precario les ha sido conferido sobre la zona que específicamente pretenden”. Felidor Salina era el tatarabuelo de Belén Salina, integrante de la Lof Pailako. Como a tantos pobladores de la zona, en 1940 le entregaron un “permiso precario” para pastaje y ocupación.

El 30 de diciembre, días después de la derogación de la prórroga de la Ley 26.160, Otranto habilitó nuevamente el desalojo sin que exista una sentencia firme sobre el caso y antes de haberse agotado los recursos legales presentados por la comunidad. Desde la APDH también presentaron un hábeas corpus preventivo, que fue desestimado por el juez.

El 2 de enero, un oficial de justicia, acompañado por fuerzas federales, notificó a la comunidad sobre el desalojo. Dio un plazo de cinco días hábiles (hasta el 9 de enero) para abandonar el territorio. En la notificación se advirtió que se iba a disponer del uso de la fuerza pública y del allanamiento de domicilios en caso de «ser necesarios». La información fue presentada junto a Danilo Hernández Otaño (intendente del Parque Nacional Los Alerces) y Laura Fenoglio, personal de Parques Nacionales.

El argumento que sostienen desde Parques Nacionales para el desalojo es preservar el área protegida. Sin embargo, la ONU destacó en 2023 que “gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria”.

El Parque Los Alerces

La Reserva Nacional Los Alerces se fundó en 1937. En 1945 se declaró como Parque Nacional, con una extensión de más de 280.000 hectáreas. Fue a través del despojo y el desalojo violento de las comunidades que allí habitaban que se crearon estas áreas “protegidas”.

“El juicio civil, en el que se podrían dirimir los derechos ancestrales de los integrantes de la lof, duerme en un cajón de la Justicia argentina, sin dar la posibilidad entonces de sacar a la luz la ocupación tradicional de este espacio territorial por algunos de sus miembros que son la quinta generación de las familias que allí vivían, mucho antes de la creación de Parques Nacionales”, expresa un documento firmado por decenas de comunidades mapuche y asambleas socioambientales.

En el mismo texto, denuncian que la zona “es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos”.

Un Estado que reivindica su racismo

En diciembre pasado, el gobernador de Chubut aseguró: «Este gobierno (provincial) va a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes toman un bien que no es propio y que vayan presos. Hay que separar lo que son nuestros pueblos originarios […] de estos delincuentes que levantan falsas banderas para cometer delitos. Para hacerse de tierras privadas. O, por ejemplo, tomar el Parque Nacional Los Alerces».

En la misma línea, el 8 de enero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Vicejefatura de Gabinete y la Administración de Parques Nacionales, emitió un comunicado afirmando que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces». Y anunciaron que el operativo se llevaría a cabo con Fuerzas Federales.

También aludieron al «derecho a la propiedad del Estado Nacional» y a supuestos ataques verbales y físicos por parte de la comunidad. Y refirieron a la Ley 26.160: «Una legislación impulsada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos». Una forma de desconocer los derechos de los pueblos indígenas que rigen en Argentina.

La identidad es un derecho

Nora Rodríguez y Raúl Mazzone, integrantes de la APDH presentes en la conferencia de prensa, expresaron: “Es horrible ver el rostro racista, colonial, cada vez más inquisidor que habilita métodos que estaban prohibidos desde la dictadura, de investigación como si hubiera enemigos internos. Es una faceta horrible del Estado. Pero a la vez vemos en las comunidades procesos de identidad, que son un derecho. Despojarlas de sus territorios es muy doloroso. Vemos el daño que esto causa en personas de distintos géneros, edades, a infancias que van a sufrir esto de una forma significativa en su proceso de vida. La identidad es un derecho, quizás al Estado en su formato actual no le guste reconocerlo”.

A su turno, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresaró: “¿Para qué elegimos un gobierno democrático? Tenemos derecho a cuestionar a ese gobierno, ningún gobierno es absoluto. La gestión actual ¿no debe respetar la Constitución argentina? Hoy vemos a un Estado que fomenta la discriminación”.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) manifestó mediante un comunicado: “El desalojo de la comunidad nos recuerda oscuros episodios recientes en los que perdieron la vida quienes formaban parte de reivindicaciones territoriales. Es posible construir un diálogo intercultural en el que todas las culturas y pueblos sean respetados, pero no ocurrirá si la respuesta estatal es la violencia, la discriminación y la falta de respeto a los derechos colectivos de las comunidades preexistentes”.

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^{Cobertura colaborativa de Infoterritorial, Revista Cítrica, Agencia Presentes y Agencia Tierra Viva}

^{Edición: María Eugenia Ludueña}

^{Edición de Fotografía: Nicolás Pousthomis}

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Trabajadores de Tesla en Suecia iniciaron una huelga durante el invierno del 2023 que se extendió a toda la región escandinavia.}

La denominada transición energética aún va comenzando y ya se perfilan las ventajas comparativas de cada país, donde unos avanzan y otros se quedan satelizando la nueva economía. Entre las ventas totales de tecnologías a base de energías limpias destaca la producción de vehículos con motores eléctricos y sus baterías, ya que según la Agencia Internacional de Energía (EIA) casi 14 millones de unidades fueron producidas en 2023. Este mercadose mantiene concentrado en un 85% por China, la Unión Europea y Estados Unidos en conjunto, mientras que los países emergentes o en vías de desarrollo se enfocan al extractivismo de minerales y producción de energía limpia. 

El 65% del mercado global de tecnologías limpias está cubierto por la venta de coches eléctricos y baterías que vienen demandado de forma acelerada más minerales críticos. Solo en 2023 el aumento de la demanda de litio subió el 30%, el níquel, cobalto, grafito y elementos de tierras raras oscilaron entre el 8% y el 15%. “Las ventas de coches eléctricos se acercaron a los 14 millones en 2023, un aumento interanual del 35%, y se prevé un crecimiento acelerado a medida que avancen los principales mercados y aumente la adopción en las economías emergentes”, resalta el informe de AIE llamado Perspectivas mundiales de los minerales críticos 2024.

El economista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Willebaldo Gómez Zuppa, argumenta que, si el modelo de desarrollo que se quiere vender al mundo es el de China, Estados Unidos y la Unión Europea, “el mundo lo vamos a terminar de devastar en un par de décadas. Porque, un ejemplo es China, que ha crecido muchísimo desarrollando una buena técnica de producción, pero es mucho más contaminante en términos ambientales, además de su proceso de súper explotación de la fuerza de trabajo que le ha permitido tener altas tasas de rentabilidad al tiempo que reduce costos de venta”.   

El profesor de la UNAM sostiene tajantemente que lo que está haciendo el capitalismo verde “es una falacia, ya que, el consumidor piensa que deja de contaminar al comprar un auto de este tipo; lo que sucede es que la contaminación deja de ser visible”. Solo el proceso para producir baterías viene “provocando una devastación muy importante en los lugares de donde se están extrayendo los minerales necesarios como el litio; casi el 40% del peso del auto es por sus baterías y esto el consumidor no lo sabe”, dijo para Avispa Mídia el economista Gómez.

La carrera por dominar el mercado de las nuevas tecnologías depende en gran medida del suministro de minerales convencionales, así como los que son críticos por su escasez y las tierras raras, entre ellos figura el: iridio, plomo, magnesio, molibdeno, niobio, metales del grupo del platino, selenio, silicio, plata, tantalio, telurio, estaño, titanio, wolframio, vanadio, zinc, cobre y aluminio. “Desde África hasta Indonesia y la República Popular China, el aumento de la nueva oferta (de minerales) ha superado el crecimiento de la demanda en los dos últimos años”, resalta el informe de la AIE presentado a finales del 2024.

De acuerdo con la EIA se espera que la demanda, solo de litio, aumente cuatro veces hacia 2040 mediante las políticas presentadas en posibles escenarios: Escenario de Políticas Establecidas (STEPS, por sus siglas en inglés), el Escenario de Compromisos Anunciados (APS) y el Escenario de Emisiones Netas (NZE), alcanzando casi 40 millones de toneladas solo de litio para atender la producción de 58 millones de automóviles proyectados para ese año pico.

Según el informe de la EIA, los “beneficios de la expansión del mercado de las energías limpias y de automóviles se reparten entre las distintas regiones”, sobre todo en relación a la minería. “América Latina acapara la mayor cantidad de valor de mercado para la producción minera, con alrededor de 120.000 millones de USD para 2030. Indonesia registra el crecimiento más rápido, duplicando su valor de mercado para 2030 debido a su floreciente producción de níquel. África registra un aumento del 65% en valor de mercado para 2030. Casi el 50% del valor de mercado del refinado se concentrará en China en 2030”, sostiene el documento.

Las tecnologías y el poder

El profesor de la UNAM, especialista en la industria automotriz, anuncia que lo que se perfila con el nuevo esquema de producción es un nuevo paradigma de poder, donde no solo se posicionan las economías avanzadas, sino que, también, las corporaciones que tienen en sus manos la cadena productiva. “Hoy quien detenta la articulación de estas tecnologías, empieza a situarse como un elemento de poder. Sobre cualquier proceso, no solo productivo, político, sino también social”.  

Por un lado, señala el economista, se observa una fuerte competencia del lado asiático con China a la cabeza y por otro lado están los Estados Unidos y Rusia en las nuevas áreas tecnológicas que, incluso, se expanden o desprenden del complejo industrial militar.  “Ahí vamos a ver el ascenso de algunas empresas vinculadas a los grandes aparatos corporativos financieros que van a tener un ascenso vertiginoso y que van a poder dominar muchísimas áreas y regiones a escala planetaria. Estamos en una fase de ver quien acumula más poder”, dice el profesor. 

En esta carrera por el dominio del mercado de la nueva matriz tecnológica, de la producción de automóviles eléctricos, microchips, el control de los minerales y todas las cadenas productivas, “observamos una rivalidad entre estas potencias y nuevamente vamos observar países dependientes que no lograrán desarrollar sus propias bases tecnológicas y que estarán bajo la egida de estos entes de poder”, acrecienta el investigador.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía afirma, en su documento llamado Perspectivas Tecnológicas de la Energía 2024, que los países en vías de desarrollo cuentan con oportunidades. “Más allá de la minería y el procesamiento de minerales críticos, los países de África, América Latina y el Sudeste Asiático tienen perspectivas de impulsar sus ventajas competitivas y ascender en la cadena de valor”, sostiene el informe. Para ello se plantea la creación de más infraestructura de energías limpias, tendidos eléctricos de alta tensión, puertos y gasoductos.

https://avispa.org/europa-avida-de-materias-primas-promueve-el-despojo-a-nivel-global/embed/#?secret=OJFnzYpmp1#?secret=LOAcrSfRu6

La lógica de la AIE es que, a través de esta infraestructura, los países emergentes puedan colocarse en algún eslabón de las cadenas productivas, sobre todo con más exportaciones de componentes, como Brasil, quien “está dotado de abundantes recursos energéticos renovables, que constituyen una buena base para las exportaciones de amoníaco, hierro y acero con emisiones próximas a cero a mercados en los que la producción de estas materias primas es más costosa, como Europa y Japón”.

Para establecer las ensambladoras de autos se pretende que sea en países con salarios bajos, con acceso a minerales, agua y demás recursos necesarios, como el norte de África, donde se va establecer “un centro de fabricación de vehículos eléctricos. La inversión ya está en marcha y, si la región es capaz de alcanzar su potencial en consonancia con la consecución de cero emisiones netas en 2050 a escala mundial, el norte de África exportará en 2035 casi la mitad de los 3,7 millones de vehículos eléctricos que produzca para entonces, en su mayoría a la Unión Europea”, anuncia el documento de la AIE.

África al igual que China, Canadá y Brasil concentran grandes yacimientos de espodumeno (mineral que contiene litio, aluminio y silicio, y es una fuente de materiales cerámicos) los cuales según la Agencia de Energía “también están en condiciones de registrar un fuerte crecimiento”, además de otros yacimientos que solo contienen litio en Argentina, Australia y China.  

Más allá del dióxido de carbono

Está claro que la narrativa sobre la crisis climática se ha centrado en las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO₂) pero, dice el investigador de la UNAM, tenemos que ver más allá y poner atención en lo que implica la aceleración del extractivismo justificado para la economía verde. “Solo el uso de agua que requiere la extracción de los minerales para los michochips son monstruosos. Es por ello que están establecidos en Corea del Sur y en California, porque son los que tienen agua disponible. Entonces cuando nos venden la alternativa con el automóvil eléctrico nos están vendiendo una gran mentira, porque siguen afectado el metabolismo de la naturaleza”. 

Además, agrega el profesor, “sumamos los componentes de polímero, derivados de los hidrocarburos. La contaminación va quedando en la cadena de valor, en los procesos previos. Ahí hay que colocar el acento”.

En el fondo “la economía verde busca una tasa de ganancia cada vez más alta. Y un producto novedoso, con el plus de la no contaminación, esto está generando grandes ganancias, pero sigue siendo contaminante. Ya no vamos a ver el humo, pero veremos más geografías devastadas”.

Es así que el problema de la crisis climática se está atendiendo con la venta de nuevas tecnologías y nuevas cadenas productivas, en especial, la del automóvil eléctrico particular, cuando tal vez se debería atender las alternativas de transporte colectivo. “Es importante cobrar conciencia de este modo de vida y de consumo, porque es insostenible para la naturaleza y tenemos que pensar en otra forma de vida”, concluye el economista.

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters}

Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”. 

El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.

La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.  

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Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Asistencia: ¿algunas partes del todo?

Personas registradas hasta el 2 de enero del 2025:

.- 1079 asistentes firmantes de la Declaración por la Vida.

.- 245 grupos, colectivos, movimientos u organizaciones.

.- 35 medios libres, autónomos, independientes, o como se llamen.

.- Procedencia:

          .- 31 estados de la República Mexicana (todos menos Campeche)

          .- 46 países o geografías del mundo.

Alemania Argentina Australia Austria Bélgica Bolivia Brasil Canadá Cataluña Chile Colombia Corea del Sur Costa Rica Cuba El Salvador Eslovaquia Eslovenia Estado Español EUA Francia Grecia Guatemala Haití

Holanda Inglaterra Irán Irlanda Israel Italia Kenia Líbano Lituania México Nicaragua País Vasco Palestina Perú Portugal Puerto Rico República Dominicana Suecia Suiza Trinidad y Tobago Ucrania Uruguay Venezuela

.- Más 900 zapatistas asistentes a las mesas en CIDECI los días 28-29 y 30 de diciembre del 2024. Autoridades autónomas, promotores de salud, de educación y de como mujeres que somos, bases de apoyo, milicianos, milicianas, mandos político-organizativos.

Es todo.

Equipos de Apoyo de la Comisión Sexta Zapatista.
Enero del 2025.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: Inversores de la empresa Helax durante reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre del 2024. En la junta también participaron miembros de la Secretaría de la Marina quienes coordinan el CIIT.}

En este mes de enero debe arrancar la consulta indígena relacionada con el proyecto de producción de hidrógeno “verde”, de la empresa Helax Istmo, subsidiaria de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el municipio de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que servirá principalmente de combustible para el sector naval. 

Después de la fase informativa, que debe extenderse hasta mayo, siguen la consultiva y deliberativa. Para diciembre está prevista la última fase, de seguimiento de acuerdos.

El proyecto hace parte de uno de los diez Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), previstos para construirse en Veracruz y Oaxaca como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Para ello serán utilizadas 413 hectáreas expropiadas a los bienes comunales de Ciudad Ixtepec, en febrero de 2023. 

La Secretaría de Energía (Sener), responsable por la consulta, identificó al menos 9 municipios y 10 localidades que deberán participar del proceso por estar en la zona de impacto del proyecto, entre ellos, Santiago Ixtaltepec, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Santa Rosa, El Morrito, Chivela, El Mezquite, Mena. 

Las informaciones fueron obtenidas por medio de la Plataforma Nacional de Información (folio 332459924000194), que volvió público el documento oficial de la CIIT en el cual se presenta el proyecto a las autoridades municipales y agrarias de comunidades que serán impactadas, en septiembre de 2024. Estuvieron presentes la Sener, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina y representantes del CIIT.

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Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de cooperativas campesinas que reivindican la recuperación de tierras en el Bajo Aguán realizan manifestaciones para exigir la desarticulación de grupos armados que operan en la región.}

Cooperativas agrícolas del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, se movilizaron la mañana de este lunes (6) para bloquear la Carretera Centroamericana (CA-13) que atraviesa el país hacia Guatemala, con el fin de exigir a las autoridades el desarme de grupos criminales a quienes señalan como responsables por asesinatos y desplazamiento forzado de familias campesinas. En esta región, desde los años 70s se destinaron las tierras para un reparto agrario, pero fueron despojadas para dar paso a monocultivos de palma aceitera.

Esta movilización es la más reciente en una serie de protestas derivadas por las últimas agresiones violentas. La noche del pasado 24 de diciembre del 2024, hombres armados atacaron a los integrantes de la Cooperativa Camarones quienes se vieron forzados a abandonar las 656 hectáreas de tierras recuperadas que habitaban y cultivaban para el sostenimiento de 150 familias campesinas.

El pasado jueves (2), Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, organización campesina que mantiene una recuperación de tierras desde hace dos años, fue asesinado. “Cuatro hombres armados que se conducían en motocicletas interceptaron el vehículo y lo bajaron por la fuerza, expresándole que querían hablar con él, posteriormente ordenaron al conductor del vehículo a seguir su marcha, minutos después fue ejecutado”, detalla en comunicado el movimiento campesino articulado en la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

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Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

El pasado 27 de noviembre la revista digital Rolling Stone publicó un reportaje controversial que llamó la atención de diversos analistas en México y Estados Unidos, relacionada con una posible intervención militar estadounidense a territorio mexicano para contrarrestar a los cárteles de las drogas. La revista de espectáculos que, aunque no cita la fuente, señala que un destacado miembro del presidente electo, Donald Trump, cuestiona “¿hasta qué punto deberíamos invadir México?”.  

De acuerdo con Rolling Stone, el equipo de transición de Trump está discutiendo abiertamente la viabilidad de atacar a los cárteles mediante operaciones militares, incluso, otra vía que debaten, es lo que llaman una “invasión suave” de México donde grupos de élite podrían ingresar al territorio mexicano de forma encubierta, cuyo objetivo, afirma la revista es “asesinar a los líderes de los cárteles”.

Esta descabellada idea, promesa de campaña de Trump, no está fuera de la realidad, ya que la doctrina militar de los Estados Unidos viene implementando diversas estrategias para ingresar, intervenir e invadir diversos países. Desde el año 2017, en el primer mandato de Trump, a través del Comando Sur, dirigido en ese momento por el Almirante Kurt Walter Tidd, se actualizaron diversas incitativas militares a nivel Latinoamérica, para ser ejecutadas hasta el año 2027, llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.

El Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) es uno de los 11 comandos​ militares unificados pertenecientes a Estados Unidos, con influencia en Centro y Sudamérica, incluyendo el Caribe.

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La Cofa del Vigía: Señales al mañana
Capitán Insurgente Marcos
Cideci-Unitierra. SCLC, Chiapas, México
Lunes 30 de diciembre del 2024

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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte III
Los primeros pasos del Común Zapatista
Domingo 29 de diciembre del 2024

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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte II
Mujeres
Domingo 29 de diciembre del 2024

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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte I
Genealogía del Común Zapatista

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Mesa II: La tormenta capítulo México: el crimen, el verdugo y las víctimas
Sábado 28 de diciembre del 2024, 17:00 horas

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Mesa I: La tormenta: el crimen, el verdugo y las víctimas
Sábado 28 de diciembre del 2024, 12:00 horas

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Jóvenes gitxsan y simpatizantes protestan contra proyecto de gasoducto en la Columbia Británica que afecta territorios de poblaciones originarias en Canadá. Foto de Mike Graeme}

La nación Gitxsan es un pueblo originario que vive en el noreste de la Columbia Británica, provincia localizada al oeste de Canadá, entre el mar Pacífico y una cadena de montañas. Las comunidades del pueblo Gitxsan viven principalmente en las orillas de los ríos del abundante sistema fluvial de su territorio, entre ellos los ríos Skeena y Kispiox. Estos ríos son conocidos por ser el lugar donde habita el salmón. 

Tan importante es la existencia de este pescado en la región que “nos llamamos gente del salmón”, comparte para Avispa Mídia Jesse Stoeppler, de la nación Gitxsan, miembro de la comunidad Hagwilget Village, formada por aproximadamente 350 personas. “Al igual que nuestros pueblos vecinos – como los Tsimshian y los Nisga’a -, dependemos de la salud de la población de los salmones. Nuestra cultura depende del salmón, nuestra alimentación depende del salmón, nuestros bosques dependen del salmón. El ADN del salmón se encuentra en los árboles y en las plantas”.

El pueblo de Gwii Lok – como es conocido Stoeppler en la lengua de los Gitxsan -, así como otros pueblos de la región, ha entablado desde por lo menos una década una lucha para defender su territorio de los gasoductos proyectados para transportar gas metano, que es extraído en la misma provincia, hacia regiones del mar Pacífico. Ahí, pasa por un proceso de licuefacción para ser exportado vía navíos principalmente a Europa y Asia.   

La técnica utilizada para la extracción del gas es la fractura hidráulica (fracking). “Las empresas utilizan millones y millones de litros de agua. Nuestra región, donde hay agricultores, bosques y salmones, está en sequía extrema. Ya no hay suficiente agua en nuestros ríos para que viva el salmón. Nuestros lagos son cada vez más pequeños. La mayoría de nuestras comunidades carecen de agua potable. Los pozos están envenenados”, cuenta Gwii Lok.

Por el territorio de los Gitxsan, conformado por 33 mil kilómetros cuadrados, cruza el gasoducto Coastal GasLink, de la empresa TransCanadá Energy (TC Energy), finalizado en 2023, y que ha enfrentado fuerte resistencia por parte de los pueblos Wet’suwet’en y Gitxsan que sufrieron, por años, la violencia policial, acoso por parte de la empresa y la vigilancia de sus defensores de la tierra. 

Por lo menos otros ocho proyectos, según Gwii Lok, están en camino, siendo que uno de ellos, de 900 kilómetros de extensión, empezó a ser construido en agosto de 2024, cuando empezó la tala forestal en el trazado del proyecto. Es el gasoducto Prince Rupert Gas Transmission (PRGT), que fue vendido en mediados de 2024 por la empresa TC Energy a la nación Nisga’a y a la empresa Western LNG LLC, con sede en Texas. En abril, mientras se construía el acuerdo de venta del gasoducto PRGT, otro de los gasoductos de TC Energy explotó en la provincia de Alberta, provocando un incendio forestal y contaminando el medio ambiente.

El gasoducto PRGT debe llevar gas metano desde Hudson’s Hope, en el noreste de la Columbia Británica, hasta una instalación de exportación de ese gas, en el noroeste de ésta provincia, cuya ubicación exacta aún no se ha confirmado, para pasar por el proceso de licuefacción.

Las centenas de kilómetros de ducto atravesarán diversos territorios de pueblos originarios, más de mil arroyos, ríos, lagos y fiordos, según un informe de Amnistía Internacional de Canadá, que da seguimiento al caso desde hace años.

Ahora los pueblos viven un momento decisivo. El destino del gasoducto PRGT está incierto, después de que su certificado de evaluación medioambiental expiró en noviembre de 2024.

En 2014, el gobierno aprobó el certificado “pese a que éste concluía que el proyecto tendría importantes efectos adversos y aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero”, sostiene Amnistía Internacional.

Ahora, la Ministra de Medio Ambiente y Parques de la Columbia Británica, Tamara Davidson, decidirá si hace permanente ese certificado y permite que el megaproyecto siga adelante, o si exige una nueva evaluación ambiental que ralentizaría la continuación del proyecto dos o tres años, pero no le pondría fin definitivamente. Esa decisión se espera para marzo de 2025. 

Una de las preocupaciones de Amnistía Internacional es que la construcción del gasoducto fue iniciada sin que haya un punto de final aprobado. “El actual certificado de impacto ambiental se basa en el trazado del gasoducto con final en la isla de Lelu [donde hubo resistencia por parte de los pueblos y que acabó siendo cancelado]. Puesto que esto ya no es así, y el trazado del gasoducto probablemente se modificará si el proyecto sigue adelante, es más necesaria que nunca una nueva evaluación de impacto ambiental”, sostiene Amnistía Internacional.

Organizaciones nacionales e internacionales, como Peace Brigades International –Canada, instan a que el gobierno garantice que se lleve a cabo una nueva evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto de PRGT. “Las circunstancias han cambiado considerablemente desde 2014. Las condiciones económicas y medioambientales no son ya las mismas, y el cambio climático va en aumento. Los ríos locales son más cálidos y menos caudalosos, la población de salmón y otros peces y fauna corre mayor peligro, y la mayor frecuencia de los incendios tiene un impacto cada vez más fuerte en la región”, sostienen en una llamada internacional de acción contra el gasoducto.

Exigen que se emprenda de “forma urgente y transparente un proceso de consulta con los pueblos indígenas por los que pasa el trazado del gasoducto, un proceso que sea conforme con el derecho y las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Además, apuntan que, como emisor histórico de gas carbónico, Canadá tiene un mayor deber de detener la concesión de licencias de nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles. Desde 2021, alegan, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido que los nuevos proyectos de combustibles fósiles mantendrían el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero e incumplirían el requisito de lograr cero emisiones netas en todo el mundo para 2050. 

A lo largo de los años los Gitxsan y sus aliados han realizado acciones de protestas, han montado bloqueos y campamientos en las orillas del trazado propuesto del gasoducto y han presentado denuncias judiciales contra el proyecto. En 2016, durante los primeros intentos de construcción, se levantó el campamento Madii Lii, que se mantiene hasta hoy, para bloquear el acceso al derecho de paso del gasoducto en el valle de Suskwa. 

La resistencia al megaproyecto continúa mientras se espera una decisión por parte de las autoridades ambientales canadienses. “Si se construye el gasoducto cruzando nuestro territorio, después que todas las máquinas sean retiradas, es nuestra gente la que quedará con la destrucción, nos quedará familias rotas, y perderemos mucho de nuestro territorio”, dice Gwii Lok. 

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Avispa Mídia platicó con Gwii Lok durante el encuentro continental  Construyendo una Alianza contra Gasoductos y Otros Megaproyectos en Defensa de los Territorios de los Pueblos Originarios, realizado en Matías Romero, en el Istmo Tehuantepec, en Oaxaca.

En lo que sigue, destacamos partes de la entrevista en las que el Gitxsan constata la destrucción histórica de sus territorios, promocionada por el Estado canadiense, pero también partes en las cuales resalta estrategias y los detonantes de la resistencia. “El dinero no conoce fronteras, pero nosotros tampoco las conocemos”, dice.

En Canadá, la colonización continúa

Hemos vivido en nuestras tierras desde hace miles de años. De hecho, ayudamos a los colonos cuando llegaron. Sin embargo, no hemos recibido la misma cortesía. Tras el contacto, perdimos a muchos, muchos de nuestros hijos, por ejemplo, en internados y escuelas residenciales.

La desaparición de nuestros hijos afectó a las generaciones sucesivas. Estas escuelas no tenían un patio de recreo. Estas escuelas tenían un cementerio adjunto. El último internado se cerró en 1996. Cada persona de nuestra comunidad y de nuestras comunidades vecinas tiene a alguien en su familia que no regresó a casa de estas escuelas. 

Las amenazas y muertes continúan. Nos amenazan, amenazan a nuestras mujeres y niños, entran por la puerta de nuestras casas con motosierras. La industria en Canadá creó toda una nueva división de policía militarizada sólo para nosotros. Esto ocurre en un momento en que nuestro país, Canadá, habla de reconciliación con los pueblos indígenas. Nos enfrentamos a la reconciliación a punta de pistola. Nos vemos obligados a ver cómo se destruyen nuestras tierras. Hay gente que está siendo asesinada. Canadá tiene una larga historia al respecto.

Las mismas estrategias

Las mismas estrategias utilizadas por empresas y gobierno contra nosotros en nuestros territorios son utilizadas en territorios de pueblos en otros países. Deseo pedir perdón ante ustedes [dirigiéndose a los pueblos presentes en el encuentro intercontinental]. Disculpas porque muchas de estas operaciones son de empresas canadienses. Así como nos tratan, así tratan a los demás pueblos indígenas en el mundo. Toman nuestros recursos, toman nuestros territorios, toman nuestros niños, nos matan. Pero no tenemos miedo, hemos resistido por generaciones. Creemos en lo que hacemos y en lo que somos. Y esta es la manera por la cual hemos sobrevivido por miles de años. Y esta es la paz que los gobiernos electos de Canadá no entienden. No entienden que algunas personas no pueden ser compradas. 

Hacerse visibles

La Nación Gitxsan y la Nación Wet’suwet’en han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus territorios ante el Tribunal Supremo de Canadá y finalmente ganaron las acciones legales y recibieron el reconocimiento de que nuestros territorios nunca han sido cedidos, nunca hemos renunciado a la titularidad.

Infelizmente tenemos que ir a la Corte para demostrar que existimos. Primero hay que hacernos visibles para poder tener derechos. Y esta estrategia ha sido usada en diversas partes de América Latina. No estamos robando a nadie como pueblos indígenas, solo queremos conservar lo que es nuestro.

También estamos intentando recurrir a tribunales internacionales. Hemos emprendido acciones legales contra Canadá una y otra vez. Estamos recibiendo ayuda de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales. Pero nada es tan fuerte como la unidad con nuestros parientes y otros pueblos indígenas de todo el mundo.

Conocer el territorio

Es muy importante conocer el estado de su tierra y su territorio. Lo que quiero decir es que, antes de que tus tierras se vean afectadas por la industria y los megaproyectos, en los casos en que no se logra detenerlos, tienes que conocer la salud de tu medio ambiente para poder demostrar que las empresas lo han envenenado. Tener elementos para probarlo es muy importante.

Fortaleza

Nuestra ventaja más fuerte en esta lucha contra nuestros propios gobiernos e industria es la unidad dentro de nuestras naciones, la unidad con nuestras naciones vecinas, la unidad entre Gitxsan y Wet’suwet’en por un objetivo común.

Además, es cada vez más fuerte y eficaz el uso y la ocupación cotidiana de nuestras tierras. Ya no vivimos en las ciudades, vivimos en nuestra propia tierra. Nunca olvides quién eres, tu herencia, tu lengua, tu cultura, tu tradición. Todo eso define quién eres y te fortalece. 

Futuras generaciones

Nosotros recibimos una canasta. La tenemos que pasar a la siguiente generación. Y esta nueva generación recibirá lo que yo deje en esta canasta. Es mi obligación no disminuirla; yo debo dejarla como la recibí. En esto se basa todas mis tomas de decisiones.