Desde hace 17 años, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) ha luchado contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que esta destruyendo el Lago Nabor Carrillo y su territorio.
La imposición del Nuevo Aeropuerto de CDMX, ha provocado cientos de violaciones a derechos humanos de los pobladores y constantes amenazas e intentos de desplazamiento y despojo de sus tierras.
Uno de estos casos es el de Doña Nieves, madre soltera, que lleva años en resistencia contra el paso de una autopista que forma parte de las obras del NAICM y que de terminarse destruiría su patrimonio.
“Aquí tengo veinte años, mi niña estaba chiquita, creció acá, y para mí en otro lado no va a ser lo mismo, pero aun así seguimos resistiendo”:
Jesús Javier Ramos Arreola, opositor al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), fue asesinado este viernes en su domicilio ubicado en Tlalmanalco, Estado de México. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, informó que el defensor recibió un disparo en la cabeza al atender un llamado en la puerta de su casa.
El activista -de 59 años de edad- era uno de los opositores a la Mina del Tenayo, proyecto que explota el cerro (del mismo nombre) y extrae materiales rocosos como grava y tezontle para transportarlos a la obra del proyecto aéreo.
El CDH Zeferino Ladrillero afirmó que Arreola recibía amenazas constantes, que se intensificaron cuando se adhirió a la Plataforma Organizativa de Pueblos contra el Nuevo Aeropuerto y lo hizo público en una conferencia de prensa.
La comunidad de Tlalmanalco a la que perteneció Ramos Arreola, denunció en diversas ocasiones la sobreexplotación del cerro, la destrucción de vestigios arqueológicos y la desaparición de flora y fauna.
En 2007, la Sociedad Geológica Mexicana dio a conocer en un informe, que la manipulación del cerro del Tenayo implica un importante riesgo para sus habitantes, por ser un terreno propenso a derrumbes; recomendaron evitar más construcciones o modificaciones a la ladera original y limitar el tránsito de vehículos pesados en los caminos. Sin embargo las obras no se impidieron.
El CDH realizó un enérgico llamado para que las autoridades realicen una investigación imparcial y «los responsables materiales e intelectuales reciban las sanciones y condenas correspondientes».
Repudiamos el asesinato del compañero Jesús Javier Ramos Arreola defensor del cerro el #Tenayo en Tlalmanalco. El activista -de 59 años de edad- era uno de los opositores a la Mina del Tenayo, proyecto que explota el cerro (del mismo nombre) y extrae materiales rocosos como grava y tezontle para transportarlos a la obra del proyecto aéreo.
Condenamos estos actos cobardes. El #NAICM ha cobrado muchas muertes #BastaYa
Noticias de abajo 18 septiembre 2018 – Especial: Aeropuerto de Muerte
Programa especial dedicado a la resistencia contra el proyecto del Aeropuerto de Muerte sobre el Lago de Texcoco en México. En esta ocasión nos acompaña Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra FPDT junto a las voces de compañeras y compañeros de la Plataforma contra el NAICM y tesmonios de la resistencia contra el aeropuerto en Nandes, Francia.
A los compañeros de Tlapacoya
A los pueblos organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al pueblo de México
A todo corazón que siente y vibra abajo y a la izquierda
En estos momentos los malos gobiernos de México, Estado de México e Ixtapaluca, sometidos a los intereses del gran capital, están reprimiendo a los pobladores de la comunidad de Tlapacoya, en el municipio mexiquense de Ixtapaluca, por oponerse a que su agua les sea robada para destinarla al megaproyecto de muerte del NAICM. Hasta el momento, se reportan varios compañeros heridos y algunos que ya han sido secuestrados por la policía municipal, y por cuya vida tememos, haciendo responsables de lo que pueda ocurrirles a los tres niveles de gobierno, así como a los empresarios y políticos que, por interés directo, por complicidad o por indiferencia, apoyan el despojo de los recursos de nuestros pueblos y el desarrollo de megaproyectos de muerte, como el del NAICM.
Violando lo previamente acordado, y en lugar de acudir a la cita de diálogo que se tenía prevista con los compañeros de Tlapacoya, este día se presentaron el Lic. Martín Alcalá Jurídico de Odata, Diego Dugarín, Jefe de Proyectos de Ixtapaluca y la Sra. Jenny, antorchista cercana al director de Odapas, Meyer Rodríguez Muñoz y que suele actuar como provocadora. Al llegar, la citada Sra. Jenny comenzó a agredir buscando la confrontación. Cuando se le preguntó al Lic. Martín Alcalá quién había dado la orden de reiniciar las obras, cuando había un acuerdo en sentido opuesto, él respondió que nadie, tras lo cual, los policías G A Martínez y el comndante J M Hernández, entre muchos otros, comenzaron a agredir a los compañeros. Posteriormente llegaron más policías tanto municipales como estatales, escalando la agresión. Como resultado, los policías secuestraron a seis compañeros:
Rita Carreón Salazar
Israel Ponce Leyva
David Ponce Leyva
Ángel Sánchez Arias
Alan Leyva Sosa
Y otro más, cuyos datos ahora no tenemos.
Ellos fueron transportados a bordo de la patrulla 605
Cabe mencionar que dos compañeros más fueron agredidos al interior de su domicilio (estamos en espera de sus datos y el reporte de su estado).
Es de señalar que tanto las agresiones, como las detenciones se realizaron de manera totalmente arbitraria.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a los defensores de Derechos Humanos, a abogados solidarios y al pueblo en general, a estar atentos al desarrollo de esta nueva agresión contra los que abajo estamos y actuar inmediatamente, de acuerdo a los tiempos y formas de cada quien, para apoyar a los compañeros en resistencia de Tlapacoya.
Solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México las medidas cautelares en favor de los compañeros agredidos por el estado criminal.
Como referencia, en Tlapacoya, así como en otras comunidades de la región, el mal gobierno, apoyado por el grupo paramilitar Antorcha Campesina, ha impuesto con engaños proyectos destinados a robarse el agua, pretextando que se trata de proyectos de distribución de la misma entre los habitantes de la zona, quienes padecen por la carencia del vital líquido. Sin embargo, lejos de resolver esas necesidades, han destruido parte de la insuficiente infraestructura, agravando los problemas y están instalando la necesaria para llevarse el agua a la pretendida aerotrópolis, que formará parte del megaproyecto de muerte del NAICM en Texcoco. A quienes se han organizado para denunciar esto, el gobierno del antorchista Carlos Enríquez los hostiga frecuentemente con patrullas y paramilitares que les hacen fotografías y los provocan con agresiones verbales, buscando la confrontación que sirva como pretexto para la represión. Esto es una muestra más de que ese aeropuerto solo trae como consecuencia despojo, destrucción y muerte para los de abajo, mientras que constituye un negocio de inimaginables proporciones para un puñado de ladrones.
Exigimos la presentación inmediata de todos los detenidos, y su liberación. Hacemos responsables directos de esta agresión a Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Carlos Enríquez Santos, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gobernador del Estado de México y presidente municipal de Ixtapaluca, respectivamente, por la integridad física y sicológica de nuestros compañeros, y responsables indirectos a todos los políticos que por acción y omisión promueven o permiten el desarrollo del ilegal y absurdo proyecto aeroportuario en el lago de Texcoco.
Convocamos a todas las organizaciones a difundir estos hechos y apoyar a los compañeros, de acuerdo con los modos y tiempos de cada quien.
¡Libertad inmediata a los presos políticos!
¡No al aeropuerto y demás proyectos de muerte!
¡Muera el mal gobierno!
Mexicanos Unidos
Los compañeros detenidos están en el mp de Ayotla Ixtapaluca
Detenidos:
Ritha carrión Salazar
Israel Ponce Leyva López
Ángel Sánchez Arias
David Ponce Leyva
Alan Leyva López
Con la perspectiva de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo va a apoyar las Zonas Económicas Especiales (ZEE), sino que va a trabajar para hacerlas «más grandes», como dice Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina de la presidencia planeado para el periodo de Obrador, el presente reportaje expone las formas en que se van implementando estos grandes proyectos y los conflictos generados principalmente en territorios indígenas. En esta ocasión abordamos específicamente la comunidad zapoteca de San Pedro Comitancillo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, uno de los puntos clave para la ZEE de Salina Cruz y para el Corredor Transístmico, que conectará en un eje industrial a los océanos Pacífico y Atlántico.
La Garza es un cerro sagrado para el pueblo zapoteca de San Pedro Comitancillo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La imponencia de la montaña está grabada en el imaginario y la cotidianidad de la comunidad, plasmada en manifestaciones artísticas en muros del centro del pueblo.
El carácter sagrado del cerro no es de hoy. También lo era para los antepasados zapotecas que vivieron en la región 1500 años a.C. y fue documentado por antropólogos del Instituto Nacional de Antropología y Historia (INAH). «Encontramos un abrigo rocoso con pintura rupestre, lo que habla de una veneración hacia el Cerro de la Garza como cerro sagrado», revelan los antropólogos Marcus Winter y Roberto Zárate en el documento, obtenido por el equipo de este reportaje, titulado Proyecto de Salvamento Arqueológico.
Winter y Zárate realizaron un trabajo de registro y rescate de sitios arqueológicos a lo largo de los 80km de construcción de la carretera Salina Cruz-La Ventosa, que se inició a finales del 2001. «La meta inmediata del salvamento fue registrar los datos en peligro de desaparición», dice el documento.
El registro permitió identificar diez sitios ubicados en los carriles de la autopista. Uno de ellos, descrito como de «principal interés para el proyecto», fue el sitio Biaza Barranca, localizado entre los cerros La Garza y El Cordón del Indio Dormido, también en Comitancillo, donde se localiza el Río Guiguchuni.
Las laderas y pie de monte del Cerro de la Garza de donde derivan muchos escurrimientos de agua producto de los nacimientos que se ubican en la zona alta del cerro y las planicies situadas entre Tehuantepec y Comitancillo, también fueron zonas habitadas en tiempos prehispánicos. «Las poblaciones se distribuyen en las laderas y en las planicies extremas de los arroyos, como los sitios Nizashoga, La Poza; cercanas a los nacederos, como el sitio Las Pilas, en el Cerro la Garza», evalúan los investigadores.
De acuerdo con los antropólogos, el área donde se construyó la carretera reúne características favorables para el asentamiento humano de tiempos prehispánicos: aluvión para el cultivo, agua dulce de los ríos y manantiales y acceso fácil a las montañas. «Sabemos que hubo ocupación humana continua en el Sur del Istmo desde por lo menos 1500 años antes de Cristo, que la población fue creciendo a través del tiempo y que existían culturas distintas en el área con rasgos culturales propios».
«Varios sitios arqueológicos y algunas montañas sagradas fueron afectados por la construcción de la carretera y por la extracción de material para revestimiento», denuncian los investigadores sobre la construcción de la carretera.
El sitio Biaza Barranca tiene una extensión aproximada de 44,500 metros cuadrads y presenta siete montículos pequeños rodeados de espacios abiertos. Cronológicamente se sitúa en el período Clásico Temprano aunque se han encontrado, de manera escasa, materiales del período Preclásico Superior Tardío. En este sitio, la maquinaria abrió en el terreno un canal de casi un metro de profundidad para construir los carriles de la carretera, dejando al descubierto material cultural en la superficie y en los escombros producto de la remoción. Las excavaciones en Biaza Barranca permitieron intervenir elementos como: entierros, hornos, basureros y unidades domésticas, además de la excavación del Montículo 6. El material recuperado se clasificó como: figurillas, herramienta lítica, ornamentos, silbatos, vasijas, huesos varios y restos óseos de entierros. Se recuperaron un total de 13 entierros. De los materiales representativos de este sitio tenemos las figurillas de barro y las vasijas de cerámica con decoración al negativo. Encontramos que la mayoría de las figurillas representan mujeres, muertas o deificadas, con peinados y vestimentas muy elaboradas, algunos hombres y representaciones de animales. En las vasijas se distinguieron aquellas con decoraciones alusivas a elementos acuáticos, marinos y otros de la naturaleza, así como motivos abstractos que implican una interpretación más profunda.
La carretera, por un lado, dividió el territorio de Comitancillo, dificultando el acceso de la comunidad al Cerro La Garza. «Se limitó el acceso a la principal riqueza de nuestro territorio», sostiene una vecina de la comunidad. Por otro lado, de acuerdo con el punto de vista de los que creen que los megaproyectos traen desarrollo, la obra sacó a Comitancillo del aislamiento con lo que se considera los centros económicos, ya que facilita la conexión con ciudades como Salina Cruz, que se tornó el centro de la Zona Económica Especial (ZEE) en el estado de Oaxaca. «Nos dejó bien ubicados para recibir inversiones», dice una autoridad ejidal de Comitancillo que no será identificada por cuestiones de seguridad.
La construcción de la carretera era así el anuncio previo de la llegada de otros proyectos al territorio de Comitancillo. El municipio es considerado estratégico para los planes de desarrollo económico proyectados para la región del Istmo de Tehuantepec. Uno de estos planes es el Corredor Transístmico, una plataforma logística que se edificara a lo largo de la carretera Salina Cruz-Coatzacoalcos, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.
De acuerdo con el documento «Corredor Transístmico Plataforma Logística Salina Cruz-Coatzacoalcos, elaborado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), el proyecto busca aprovechar la infraestructura existente para que el puerto de Salina Cruz reciba insumos y bienes intermedios de Asia para transformarlos en los parques industriales que acompañen el trayecto de la carretera, desde donde los productos finales serían exportados a Europa o hacia Estados Unidos, vía marítima o ferroviaria.
Por este medio denunciamos la cobarde agresión a pobladores originarios de la comunidad de Acuexcomac, municipio de San Salvador Atenco, en la región texcocana al Oriente del Estado de México por golpeadores paramilitares, que en nuestra zona son los priístas del grupo de choque Antorcha Campesina, sin descartar a los de la CTM y la CNC.
Fue la mañana de hoy 11 de septiembre de 2018, que los agresores lograron filtrarse y entrar al campamento de vigilancia ubicado en el puente de Acuexcomac que colinda con la cabecera municipal de Atenco, desde donde los originarios han venido impidiendo la invasión de sus tierras, donde se pretende imponer el paso de la autopista Tuxpan-México en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco, una de las obras de conectividad del proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto.
No tenemos aún el número exacto ni la identificación de los heridos, que por fortuna ya están siendo atendidos. Sin embargo, pobladores originarios de la comunidad de Nexquipayac, reportan la presencia y concentración de más paramilitares en la zona de la ribera del Lago de Texcoco, lo cual les hace temer una nueva y más numerosa agresión.
Hacemos responsable por la orden de agresión en contra de los compañeros de Acuexcomac al Ingeniero Jorge Lucatero que es una de las cabezas de las empresas contratadas por el Gobierno Federal y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para los trabajos de la autopista; y de esta nueva concentración de golpeadores, a la CTM y al empresario René Martínez Moncayo quien tiene también posesiones e intereses en la introducción de materiales a la zona del lago.
Asimismo, se sabe que hay una coordinación con la policía estatal de Alfredo Del Mazo Maza para agredir a los pobladores, por lo que hacemos un llamado urgente a estar pendientes de lo que suceda y a apoyar difundiendo ampliamente esta información.
¡NO! AL MEGAPROYECTO DE MUERTE MÁS GRANDE y MÁS CORRUPTO DE LATINOAMÉRICA
EL ILEGAL, INVIABLE, INNECESARIO, ECOCIDA E INCOSTEABLE
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)
¡NO A LA EXPANSIÓN DE LA AVIACIÓN!
“Por el Respeto a la Identidad de los Pueblos Originarios”
COORDINADORA DE PUEBLOS y ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA y SU CULTURA
ENCUENTRO EN DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO Y LA VIDA
18 Y 19 DE AGOSTO TLANIXCO, ESTADO DE MÉXICO
Convocatoria
Invitamos a todas las comunidades, pueblos, organizaciones y activistas que defienden el agua y la tierra del despojo, el saqueo y la privatización capitalistas de gobiernos y empresas, a compartir sus experiencias de lucha y organización, así como sus necesidades y dificultades. Buscamos crear un espacio de fraternidad, vinculación y acción que nos permita superar la represión y el aislamiento que tanto le interesa a los que destruyen nuestro país.
El Encuentro en defensa del agua y de la vida, es un esfuerzo que impulsamos diversas organizaciones. Hacemos este llamado con profundo respeto y admiración por todas las luchas que se levantan en el país; su ejemplo y dignidad nos animan a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para aprender de sus batallas.
Con entusiasmo, buscamos reforzar nuestros vínculos solidarios para apoyarnos en todo lo que la lucha nos demande, así como ustedes y miles de personas de forma totalmente desinteresada han levantado el puño cada vez que el Estado ha pretendido golpearnos, encarcelarnos o perseguirnos, queremos impulsar un espacio para ¡entre todos! hacernos más fuertes, más conscientes y más hermanos en esta lucha por un país justo e igualitario. Así respondemos a los golpes del gobierno, con más lucha, más organización, mayor unidad y más consciencia de nuestros derechos.
¿Cómo surge el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca?
Esta iniciativa surge a partir de los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018. En dicho encuentro participamos alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente están enfrentando los embates del modelo extractivista. En dicho encuentro analizamos que es importante empezar a articularnos para fortalecer nuestra defensa, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones.
¿Por qué realizar un juicio popular comunitario?
En las últimas dos décadas el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades. Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.
GeoComunes: geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes
Los diez decretos de reservas de agua de 2018, se basan en una nueva regionalización hidrológica del país decretada en 2016, que reconoce 757 cuencas hidrológicas comprendidas por 37 regiones hidrológicas, frente a las 731 cuencas reconocidas entre 2010 y 2013.
Estos decretos suprimen 30 vedas decretadas sobre 99 cuencas hidrológicas entre 1931 y 1954 (además de una veda de 2012 sobre la Presa La Concordia) pertenecientes a diez regiones hidrológicas, y establecen zonas de reservas de aguas nacionales superficiales sobre 194 cuencas.
Un estudio detallado de estos decretos requiere el análisis por cuenca del volumen de agua considerado como reserva (flujo mínimo ecológico) y el volumen de agua destinado para aprovechamientos y concesiones.
Por lo pronto, este mapa muestra las diez regiones hidrológicas comprendidas por los decretos y las 194 cuencas sobre las que se establecieron las zonas de reservas de agua, en relación con actividades extractivas y productivas y las áreas de influencia de las Zonas Económicas Especiales.
Análisis de Dr. Rodrigo Gutiérrez, IIJ-UNAM:
Análisis sobre los decretos de reserva de agua. Rodrigo Gutiérrez
El 5 de junio de 2018 el presidente de la República firmó 10 decretos con los que se modificó el régimen de veda de 289 cuencas hidrológicas del país. Lo que presentamos es un análisis de la situación jurídica de dichos decretos, así como de algunas posibles consecuencias derivadas de los mismos que han generado preocupación entre la sociedad civil y la academia.
Conviene comenzar señalando que en el país existían miles de millones de metros cúbicos de agua en las 289 cuencas a debate que, antes de que se firmaran los decretos, se encontraban bajo el régimen de veda. Ello implicaba que no podían ser utilizados ni aprovechados por ningún actor en tanto que dicho régimen impedía a la Conagua otorgar concesiones. Por lo tanto, toda esa agua quedaba intocada y era para uso exclusivo de la naturaleza. Las vedas son instrumentos jurídicos que buscan evitar que las actividades humanas afecten bienes comunes que tienen problemas de escasez o sobreexplotación.
Los decretos de la Conagua cambiaron ese régimen restrictivo del agua por uno más laxo, denominado régimen de reserva que, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, permite concesionar y asignar el agua para tres usos distintos: a) uso doméstico o público urbano; b) generación de energía eléctrica para servicio público; c) garantizar flujos mínimos para la protección ecológica.
Los decretos en cuestión fueron firmados el “Día Mundial del Medio Ambiente” y publicitados por parte del gobierno como una medida para garantizarle en el futuro agua a la naturaleza. Ello no deja de ser paradójico si se toma en cuenta que la veda es el instrumento que protege con mayor rotundidad los flujos del líquido para el medio ambiente. También es verdad que otro porcentaje mucho menor del agua se reservó para uso público urbano, bajo el argumento de que la población crecerá en el futuro y requerirá acudir a estos cuerpos de agua. Esto último generó las primeras preocupaciones debido a que bajo el rubro de uso público urbano se podría otorgar agua a actores privados que desarrollan sus actividades en las ciudades.
Sin embargo, lo que más preocupó a la ciudadanía es que el volumen de agua decretado bajo el régimen de reserva es menor que el volumen total liberado. En otras palabras, los decretos liberaron más agua de la que se reservó. Ello significa que un porcentaje del agua liberado de la veda entra en el régimen ordinario de concesiones y, por lo tanto, la Conagua puede entregar enormes volúmenes del líquido a actores privados que lo soliciten.
Por esta razón es que la palabra “privatización” apareció en el debate público. Y si bien es cierto que el decreto en sí mismo no privatiza al agua, sí permite que la Conagua lo entregue a privados que hacen negocio directa o indirectamente con el líquido.
La suspicacia y preocupación que ha manifestado la comunidad académica y la sociedad civil encuentra parte de su explicación en el hecho de que la Conagua es el órgano administrativo que concentra, sin contrapesos ni participación, la mayor capacidad de decisión sobre toda el agua en el territorio nacional. Se trata de una institución altamente centralizada que por ello ha sido fuertemente cuestionada (Sánchez Meza, 2010), incluso por la Auditoría Superior de la Federación que ha subrayado el deficiente funcionamiento de los Consejos de Cuenca que son los únicos espacios formales de participación.
Además de ello, la Ley de Aguas Nacionales reconoce al agua como un bien de seguridad nacional, por lo que toda la información relativa a ella puede ser reservada (como de hecho ocurre).
Ambos elementos dan como resultado una estructura de gestión centralizada y sin transparencia del agua a nivel nacional, lo que es un terreno fértil para la corrupción. Esto último ha sido denunciado desde múltiples espacios, subrayando el otorgamiento privilegiado de concesiones de agua a industrias, embotelladoras, mineras, inmobiliarias y otros grandes usuarios, poniendo en riesgo el derecho humano al agua.
La suspicacia aumenta si se toma en cuenta que el actual gobierno, desde el inicio de su gestión, construyó jurídicamente, a través de las reformas estructurales, importantes acuerdos y alianzas con el sector empresarial nacional y transnacional de los hidrocarburos convencionales y no convencionales (fracking), la electricidad y otros. El Pacto por México, a través del cual se lograron las reformas estructurales, es un acuerdo político para seguir abriendo en México los mercados del petróleo, los minerales, el gas, la electricidad; todo ello requiere millones de metros cúbicos de agua para poder fructificar.
En conclusión, si bien es cierto que los decretos en cuestión son legales y en estricto sentido no privatizan el agua, también es cierto que dicha decisión, que afecta a la mitad de las cuencas en el país, se realizó sin contrapesos, sin consulta, bajo un régimen centralizado, de nula transparencia y que además le permiten a la Conagua disponer de millones de metros cúbicos que podría entregar al actor que ella decida.
Cuetzalan del Progreso, Puebla a 2 de junio de 2018.
Desde julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, con lo que la entidad se ubicó como la segunda del país con más casos de este tipo, solo después del Estado de México donde hubo 10 ataques, según la el informe del Centro Mexicano de DerechoAmbientaldado a conocer en este año.
En lo que va de este año en el país al menos se han registrado el asesinato de 4 defensores de la tierra y el territorio. Guadalupe Campanur, el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, Miguel Vázquez y el pasado miércoles, Adrián Tihuilit.
Ante la insistencia de instancias internacionales de derechos humanos en su preocupación por el papelque ha jugado el estado mexicano en cuanto al trato para con los defensores de derechos humanos, las autoridades mexicanas han sido omisas. No terminan de comprender las autoridades mexicanas en todos los niveles, que el ejercicio de los derechos humanos debe pasar de ser una mera declaración a la posibilidad de proporcionar un ambiente de libertad y de igualdad y cumplir con ellos con principio básico de garantizar la dignidad del ser humano a través de respetar ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a los individuos en su sola condición de seres humanos.
La sierra norte del estado de Puebla es una de las más ricas en cuanto a diversidad bilógica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, igualmente la sierra norte ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras (equivalente al 28% del territorio poblano), proyectos hidroeléctricos (8 con algún tipo de permiso), fracking (10 mil 92 pozos proyectados) y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras, según información de la organización PODER, (www.colaboratorio.org) y Jaime Patiño Ruíz, ex presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (http://www.e-consulta.com/nota/2017-08-24/sociedad/mas-de-10-mil-pozos-planean-perforar-con-fracking-en-puebla-denuncian).
