Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

Las estrategias de defensa

El escenario que vive la comunidad de Silvia es parecido al contexto de los demás pueblos originarios que habitan el estado de Oaxaca, uno de los estados de México que cuenta con más del 80% de su territorio como propiedad social, principalmente, territorio indígena, bajo el régimen de ejido y comunidades agrarias. Sobre este territorio, la Secretaría de Economía ha emitido más de 300 concesiones mineras. “En nuestras comunidades, fue la minería que nos orilló, como mujeres, a asumir una doble lucha, por la defensa de nuestro territorio y por el reconocimiento como mujeres que somos en la toma de decisiones”, agrega Silvia.

La Secretaría de Economía ha argumentado que solo se ha concesionado el subsuelo y no el territorio indígena. Se basa en el articulo 27 constitucional mexicano, que dice que los bienes del subsuelo, entre ellos minerales y el petróleo, son de interés social y “corresponde a la Nación el dominio directo”.

Desde 2018, al menos 16 comunidades chontales demandaron a esta y otras instancias de gobierno como parte de una estrategia jurídica que decidieron emprender. En ese mismo año, lograron, primero, que todas las actividades, en relación a la mina, se dejaran como estaban, bajo un termino jurídico conocido como “Suspensión de Plano”, es decir, la empresa no tenía posibilidad de hacer nada en este territorio.

Te puede interesar → México: Indígenas de Oaxaca demandan al gobierno federal y a 18 autoridades

Apegados a marcos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este pueblo originario apeló a su autonomía y a su autodeterminación y alegó sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía y no haberles informado ni consultado.

Además, alegó sobre la inconstitucionalidad de la ley minera. En febrero del año 2020, el juez 4º de distrito de Oaxaca concedió el amparo, no solo para las comunidades demandadas sino “para el pueblo Chontal, contra la concesión minera”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la Organización Civil Tequio Jurídico.

La determinación del juez “de proteger a todo el pueblo Chontal es inédita”, remarca la abogada. Sin embargo, “al mismo tiempo, protege a la Ley Minera, al considerar que no viola derechos. Además, ordena un proceso de consulta para el pueblo Chontal”.

Esto derivó a que las comunidades dieran un siguiente paso, abriendo un proceso de revisión del caso (42/2021) contra la Ley Minera, donde exigen que se respete la autonomía y autodeterminación del pueblo Chontal, porque “ya se decidió, mediante actas de territorio prohibido para la minería, que no quiere minería en su región. Por tanto, no hay nada que consultar”, agrega Olivos.

También las instancias de gobierno interpusieron su propio recurso de revisión (43/2021) y el juez del 2º Tribunal “defendió la constitucionalidad y la legalidad de la ley minera. Pero es una ley que históricamente se ha reclamado como inconstitucional por no proteger los derechos de los pueblos originarios”, puntualiza la abogada para Avispa Midia.

Por su parte, “la Secretaría de Economía ataca la sentencia diciendo que no se debió proteger el pueblo Chontal en su conjunto y que esas concesiones se otorgaron legalmente”, agrega Olivos.

Además, la empresa minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. “La empresa, mañosamente, se desistió de la concesión un mes antes de que dictara la sentencia, sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio. Porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía que, al ver que van perdiendo el juicio, se desisten para sobreseer el caso.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad Me’Phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio. “La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas  litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, sostiene la aboga Olivos.

En el caso de la región Chontal, los abogados y la comunidad tienen que mostrar elementos al Tribunal Colegiado para no dejar sin materia el juicio. “El 12 de noviembre hubo una sesión y el tribunal nos hizo saber su propuesta. Si el juicio se sobresellara, se quedaría sin materia, porque la empresa ya había desistido”, agrega Olivos.

“Sin embargo”, afirma la abogada, “una comisión del pueblo Chontal tuvo participación en esta sesión y presentó nuevos elementos y el caso continúa abierto. Lo que toca es esperar”.

Continuar con la resistencia

Mientras que la comisión del pueblo Chontal llevaba a cabo la tarea titánica que le han dejado en sus manos, las mujeres de diversas comunidades se reunieron, los días 13 y 14 de noviembre, en la comunidad de Santa María Candelaria donde realizaron el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Entre música y las flores bordadas de los huipiles tradicionales que portaban las mujeres, pintaron de fiesta un espacio de lucha. Compartieron risas, reflexiones en las mesas del intercambio de la palabra. Resaltaron la importancia de la participación política de las mujeres y presentaron su comité regional de mujeres chontales. Visionaron los nuevos caminos con su radio comunitaria como nueva herramienta en la resistencia y se pronunciaron contra el proyecto minero Zapotitlán 1, nombre que lleva el título de la concesión minera.

“Mujeres y hombres seguiremos fortaleciendo la participación política comunitaria de las mujeres, la defensa del territorio, nuestras instituciones comunitarias, los procesos organizativos, la defensa legal, la articulación con otros pueblos y el rescate de nuestra identidad comunitaria”, leyó Silvia en el comunicado de su pueblo.

En el comunicado las comunidades exigen al décimo tercer circuito en materia civil y administrativa que, “resuelva el recurso de revisión que ha interpuesto la Asamblea del pueblo Chontal conforme a los derechos indígenas reconocidos en el marco convencional y constitucional en materia de tierra, autonomía y libre determinación”.

Aunque Silvia comparte animada que, “no tenemos que esperar nada del gobierno. Está en nuestras manos defender nuestro territorio cuerpo, el bosque, las plantas, la dignidad y llegar hasta las últimas consecuencias. Recurriremos a todas las formas posibles y no dejaremos que entren. Vamos a defender nuestro territorio”.

Lo que le sobra a Silvia es coraje y determinación, su cargo como concejala casi concluye, pero ha identificado que la participación de las mujeres es determinante hoy más que nunca. “Tenemos que recurrir a la solidaridad, no solo entre nosotras las mujeres Chontales, también con otras mujeres indígenas que están resintiendo y luchando por el territorio. Solo entre nosotras podemos reconocer lo que hemos vivido y también sabemos como cuidar nuestro territorio”, finaliza.

La concejala Silvia ha inspirado a más mujeres chontales a seguir participando en las asambleas y en la defensa de su territorio. También es una voz que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG), pueblos que vienen resistiendo al despojo de los territorios ancestrales.

^{Foto: Santiago Navarro F.}

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

Te puede interesar – Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar

Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

Te puede interesar – Comunidades se pronuncian contra Minera Cuzcatlán

“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

Te puede interesar – Canadá y Oaxaca simulan hermandad con pueblos indígenas

“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

^{En portada: Celebración de José Antonio Kast, candidato de utraderecha, ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Chile}

El sorprendente triunfo en la primera vuelta presidencial del candidato de ultraderecha José Antonio Kast, por sobre el candidato Gabriel Boric, no solo pone en jaque la posibilidad de un futuro gobierno de corte transformador en Chile, sino que pone en riesgo el mismo proceso constituyente en curso en el país.

Te puede interesar → José Antonio Kast y la República Negacionista de Chile

La verdad es que cuesta mucho entender lo que pasó en Chile aquel día, ya que veíamos el ascenso de la ultraderecha negacionista como una amenaza que no llegaría tan pronto, considerando todo lo que ha pasado en el país y el derrumbe del gobierno de Sebastián Piñera, luego de la revuelta social y la instalación de la Convención Constitucional.

Si bien el porcentaje de votos alcanzado por Kast no es muy alto (27, 91%), el problema mayor es lo poco que sacó el candidato de Apruebo Dignidad (25, 83), el cual obtuvo prácticamente lo mismo que sacó en primarias (sumado a los votos de Daniel Jadue), lo que refleja que su candidatura convocó muy por debajo de lo que se esperaba.

Las causas de la baja votación de Gabriel Boric son seguramente múltiples y responden a distintos factores internos y externos de la campaña, pero lo que está claro, es que para obtener un triunfo en segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, tendrá que inevitablemente ceder mucho de su programa de gobierno antineoliberal y hacer alianzas con sectores de izquierda más conservadores, como es el caso de los partidos de la ex concertación.

Asimismo, pareciera que también tendrá que dar respuesta al discurso impulsado por Kast, centrado en el miedo y en el orden público,  en donde la delincuencia, el narcotráfico y la falta de certeza económica, pareciera que serán los temas que instalarán los grandes medios de información para los próximos debates entre los dos candidatos.

De ahí que Boric, haya entendido que la seguridad sea un tema central para las próximas semanas, y que esté adaptando su discurso de campaña, lo que obviamente es un riesgo, ya que puede ser visto como algo no creíble a estas alturas, pudiendo ser incluso contraproducente.

Por lo mismo, el haber sumado a Eduardo Vergara, como encargado de seguridad en su comando, es un acierto, considerando que no bastará con que hable del tema, en la medida que no plantee un discurso que se diferencie de la ultraderecha, cuestionando así fuertemente el populismo penal y la guerra contra las drogas de Kast, y proponga una alternativa sin complejos desde la izquierda, que vaya mucho más allá de lo punitivo.

Lo mismo con respecto al ámbito económico, el cual debiera volcarse al chileno y chilena promedio, los cuales han sido abandonados por un Estado negligente y abusados por grandes sectores empresariales, haciendo que las familias vivan completamente bancarizadas, a través del crédito, mientras el Estado goza de grandes reservas en el extranjero.

Ante esto, sería interesante incorporar también en el comando al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien mejor que nadie en el país, ha desmontado empíricamente el mito de la llamada clase media, la cual no es otra cosa que una construcción de las elites, que ha permitido instalar un discurso del esfuerzo individual, de la meritocracia y del emprendimiento.

No obstante, más allá de estas estrategias de campaña para la segunda vuelta, lo que más debiera preocuparnos, en el caso de ganar José Antonio Kast la presidencia, no es su gobierno propiamente tal, el cual estará limitado al no tener la mayoría en el congreso, sino en el uso de su cargo para hacer una campaña desde el ejecutivo contra la Convención Constitucional.

El candidato del Partido Republicano ya ha manifestado explícitamente que de ser presidente, y no estar de acuerdo con el texto constitucional que se escriba, lo que seguramente será así, levantará la bandera del rechazo para el plebiscito de salida del año 2022, siendo su gobierno un mero instrumento para una restauración conservadora.

Te puede interesar → Revueltas instituyentes en Chile y en toda América Latina

Un escenario así, de confrontación entre José Antonio Kast y la Convención Constitucional, no solo le haría un daño gigantesco a la democracia del país, sino que podría generar un clima de violencia política de alcances insospechados, trayendo consigo mucha sangre y una fractura total en el país.

En consecuencia, Kast de manera irresponsable estará usando su cargo de presidente para destruir la paz social que tanto dice defender, pasando por encima todo lo que se está intentando construir institucionalmente para el país, dejando en evidencia que más que el bien en Chile, está preocupado de mantener el orden autoritario, haciendo fracasar el proceso constituyente, para mantener a cualquier precio la constitución de 1980.

Frente a todo lo señalado, el triunfo de Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre, es mucho más que el triunfo de un candidato en particular, del Pacto Apruebo Dignidad o de un sector político determinado. Tiene relación con cuidar la convivencia en el país y la defensa de un proceso inédito, que fue llevado por millones de chilenos, que creyeron que se podía hacer una constitución de manera distinta, después de más de 200 años de historia.

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta instancias del gobierno federal se han manifestado en los últimos tres días en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, como es el caso del Corredor Transístmico y el Tren Maya. La norma administrativa ya está en vigencia.

“El Acuerdo resulta problemático (…) ya que genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, sostienen en un comunicado diversas organizaciones sociales como el Artículo 19 México y Centroamérica,  Centro de Derechos Humanos – Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Ver también: Tren transístmico será una bestia que cruzará miles de toneladas cada 17 minutos

De acuerdo con estos organismos, es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional”. Bajo este sello, el gobierno puede reservar indiscriminadamente las informaciones relacionadas con los proyectos.

La medida “genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional”, sostienen. Sin embargo, la restricción debería “llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.

En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras en un plazo de cinco días de la solicitud. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, dice el acuerdo.

Dicha autorización tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo para que se emita la autorización definitiva. Con ello, se eliminan las “obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir (…) tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, dicen.

Las organizaciones denuncian que, al establecer como de interés público estos proyectos – es decir, pasan a tener carácter preferente frente a cualquier otro uso del territorio -, el gobierno federal contraviene también el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, “pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”.

Reacciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció en el mismo día de la publicación del acuerdo que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo.

El órgano sostuvo que “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Las organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales”.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que para concretar la transición energética mundial hacia energías consideradas ‘limpias’, prevista en el Acuerdo de París de 2015, será necesario cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre 2020 y 2040.

Litio, cobre, grafito, cobalto, níquel y tierras raras son los seis minerales claves para la fabricación de tecnologías eólicas, solar, redes eléctricas y vehículos eléctricos que requieren, por ejemplo, seis veces más metales y minerales que un coche convencional.

Los mecanismos para acelerar la extracción de estos minerales están siendo puestos en marcha especialmente por organismos supranacionales. El Banco Mundial, por ejemplo, lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, menciona la institución en un informe.

La inversión inicial prevista por el Banco Mundial es de 50 millones de dólares en un plazo de cinco años. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

^{Te puede interesar: Transición hacia energías renovables demanda mayor explotación minera en el sur global}

Pero, como sostienen empresas mineras, Estados y organismos de financiamiento, ¿los impactos sociales y ambientales de la minería climáticamente inteligente o minería verde, como también es llamada, son menores cuando son comparados a la minería que hasta ahora se realiza?

Un mapeo colaborativo realizado por comunidades afectadas en nueve países de las Américas -Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá- y los equipos del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá revela que no.

“(…) Estos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento de minerales -o sus modos de gestión y relacionamiento comunitaria- que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales ‘tradicionales’ como el oro, la plata o el mismo cobre, que ya han generado graves impactos socioambientales”, revela el estudio, en el cual fueron analizados 25 casos distintos.

Algunos de los proyectos de litio o grafito analizados en el estudio pretenden, por ejemplo, hacerse en depósitos de roca, con minería a cielo abierto. Un ejemplo de ello es la mina Sonora Lithium en México, la cual será a tajo abierto (129 hectáreas) que generará 131 millones de toneladas de residuos durante los 20 años de producción, así como 25 millones de toneladas de relaves húmedos.

Además, las políticas de la transición energética están expandiendo la frontera de extracción hacia ecosistemas frágiles y poco conocidos tales como salares y lagunas altoandinas y aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente sensibles y biodiversas como la Amazonía, bosques húmedos, lagunas, valles y montañas. “Este proceso tiene lugar de forma atropellada, sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios”, dice el estudio.

No importa lo ‘verde’ que se pinte el mineral extraído. “El hecho de extraer litio o grafito, en lugar de oro, plata o carbón, no vuelven esos proyectos más verdes o sustentables. Son proyectos que usan grandes cantidades de agua, materiales y energía y que generan grandes cantidades de residuos mineros. Existe mucha opacidad e incertidumbres sobre la gestión y tratamiento de los residuos mineros, especialmente en el largo plazo. Estos generalmente quedan enterrados como una ‘bomba de tiempo’ por siglos”.

Violencia

Los casos documentados evidencian las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre las comunidades que se oponen al avance de la frontera extractiva en sus territorios.

“Desde la violencia sobre los cuerpos (contaminación del agua), impactos sociales (llegada masiva de trabajadores mineros, aumento de alcoholismo y prostitución, etc.), la falta de reconocimiento de las comunidades y sus cosmovisiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones y denuncias sobre defensoras, así como enjuiciamientos y encarcelamientos con procedimientos legales opacos. Las comunidades también señalan procesos de cooptación, división comunitaria impulsadas desde los sectores promotores de la minería”.

Un patrón recurrente en los proyectos mineros documentados es la poca información que se ofrece a las comunidades, con omisiones en algunos casos, así como la falta de espacios de participación.

¿Dónde están los minerales?

El continente americano, especialmente la región latinoamericana, tiene una posición estratégica para la extracción y las reservas de estos minerales.

De acuerdo con el estudio, en el caso del litio, por ejemplo, Chile (22%), Argentina (7,5%) y Brasil (2,3%) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58% de las reservas estimadas de litio y si se suman las reservas de EEUU, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.

En el caso del cobre, el mineral con mayor demanda estimada, el 40% de la extracción mundial actual está repartida entre Chile y Perú. Si sumamos a estos dos países la extracción en los EEUU, en Canadá y en México, América concentra más de la mitad de la extracción mundial de cobre.

Esos países concentran también casi la mitad de las reservas, principalmente Chile y Perú. Destaca también la presencia de otros metales y minerales en el continente americano. Los EEUU extraen el 15% de las tierras raras en el mundo y Brasil concentra el 17% de sus reservas mundiales.

En el caso del grafito, Brasil extrae el 8,6% y posee el 21,6% de las reservas mundiales. Y para el níquel, Canadá extrae el 6% y Brasil posee el 17% de las reservas. En este sentido cabe destacar que este informe no ha documentado adecuadamente la alta conflictividad minera en Brasil, que sí puede observarse en el mapa interactivo que acompaña este reporte.

Acumulación por descarbonización

La propuesta de transición energética gubernamental y corporativa representa más bien, alerta el estudio, “una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos, diversificando los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de ‘acumulación por descarbonización’”.

Te puede interesar: Peligrosa estafa, así definen 250 organizaciones a las Soluciones Basadas en la Naturaleza

Por otra parte, los pueblos son claros: “No existe justicia climática si es extractivista”.

Aquí puedes checar el mapa interactivo, resultado del trabajo de mapeo, que documenta algunos de los impactos sociales y ambientales de la minería de litio, cobre y grafito en los países estudiados.