PRESENTACIÓN

En los últimos años se han intensificado las acciones por parte de los gobiernos y de las corporaciones transnacionales para apropiarse del territorio de los pueblos nativos, esta nueva colonización ha dado lugar a una creciente resistencia de nuestros pueblos ante la amenaza que significan estos megaproyectos para nuestra misma existencia. Algunos pueblos han logrado frenar esta nueva invasión, y en estas experiencias exitosas hemos encontrado dos factores de mayor importancia: La Resistencia local y las alianzas regionales e internacionales.

Actualmente en México nuestros pueblos vienen enfrentando condiciones muy adversas, diferentes megaproyectos como son:

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos.

Desde el año 2001 hemos mantenido una intensa movilización para contener los impactos de las obras de construcción y modernización de termoeléctricas, parques eólicos, gasoductos, tendidos eléctricos de alta tensión, autopistas, basureros, ferrocarriles y parques industriales.

En estos proyectos están involucradas directamente grandes corporaciones norteamericanas, canadienses, italianas, danesas, francesas, portuguesas, españolas, chinas y taiwanesas.

Enfrentar megaproyectos trasnacionales nos obliga a fortalecer tanto la resistencia local como el construir alianzas con pueblos y organizaciones de los pueblos nativos y de grupos ambientalistas de toda la región también buscar el relanzamiento de la alianza mesoamericana.

ANTECEDENTES

1.- La creciente expansión de las empresas trasnacionales sobre los territorios de los pueblos nativos es un fenómeno mundial significativo en los últimos treinta años.

A este proceso se le ha llamado La Nueva Invasión.

La economía mundial ha crecido de manera acelerada en este período, reclamando más territorios, materias primas, agua, mano de obra barata, energía y consumidores, y para ello han venido impulsando proyectos neo colonizadores, extractivistas de muerte sobre nuestras tierras como pueblos indígenas.

2.- En el área norteamericana, la integración provocada por los tratados de libre comercio: Nafta y Usmca (TLC y TMEC en México), que entraron en vigor en 1994 y 2019 han provocado severos daños hacía la Madre Tierra, privatización y despojos de nuestros territorios, destrucción de economías locales, precarización del empleo y una creciente migración.

En 2005, los Jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y México firmaron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), algunos la llamaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Bis (TLCAN Bis), en la cual se establecieron las bases para la integración energética de los tres países.

En el caso de México, sería una integración subordinada. En 2014 el gobierno mexicano impulsó una reforma energética que abrió las puertas a las corporaciones petroleras transnacionales para explorar, perforar, explotar y comercializar los hidrocarburos (incluyendo el gas mediante el fracking) en las cuencas marinas y en tierra firme del territorio nacional.

Pero esta reforma también permitiría la llegada de gas natural residual proveniente de Canadá y de Estados Unidos mediante gasoductos que recorrerían miles de kilómetros de estos países para llegar a México, con lo cual se crearía la red de ductos de América del Norte.

El gas residual servirá para producir energía eléctrica barata, principalmente para megaproyectos industriales de bienes con alto valor agregado y para megaproyectos extractivistas; y, en menor medida, para uso doméstico.

Uno de estos gasoductos comienza en Texas y corre a lo largo de la costa del Golfo de México, por vía submarina, hasta el puerto de Tuxpan, en el estado de Veracruz, de donde parten dos ramales hacia el interior del país, el primero hasta los estados de San Luis Potosí y Aguascalientes, para alimentar a las industrias automotrices y de diverso tipo; y el otro llega hasta el complejo de Tula, Hidalgo.

De Tuxpan en estos momentos Transcanadian Corporation construye el gasoducto Puerta al Sureste que busca transportar gas hasta los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos. De ahí continuará, a lo largo del Golfo de México, hasta el complejo de Dos Bocas en Tabasco, y hasta la península de Yucatán.

De Jaltipan partirá otro gasoducto a lo largo del Corredor Interoceánico hasta el Puerto de Salina Cruz, y de ahí por la costa del Pacífico hasta Puerto Chiapas para continuar a Centroamérica.

Este proyecto de construir ductos para llevar gas residual al sur de México y los países del Triángulo Norte Centroanmericano (Guatemala, El Salvador y Honduras), está incluido en el Plan de Desarrollo Integral elaborado y presentado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) el 20 de mayo de 2019, a petición de los presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

3.- En los países de Mesoamérica, en los últimos 30 años se ha agudizado el proceso de depredación y saqueo sobre los pueblos indígenas, el cual se ha caracterizado por grandes inversiones de empresas norteamericanas, chinas, canadienses y europeas en maquilas, minería, creación y modernización de infraestructura energética y de comunicaciones (parques fotovoltaicos, solares, eólicos, gasoductos, ferrocarriles, puertos, autopistas, aeropuertos, basureros, represas y tendidos eléctricos de alta tensión). Megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá Son ejemplo de esta nueva ofensiva colonizadora.

4.- Las empresas trasnacionales y los gobiernos en Norteamérica han venido promoviendo intensamente en toda la región, la ejecución de megaproyectos energéticos, que les permitan generar y trasladar la energía necesaria para operar sus plantas industriales, centros comerciales, proyectos inmobiliarios y turísticos.
Además de represas, tendidos eléctricos y parques eólicos, minería de carbón y refinerías, en los últimos años han cobrado gran importancia la construcción de oleoductos y gasoductos. En este mismo sentido se
vienen impulsando por el gran capital trasnacional y por los gobiernos de la región, varios corredores interoceánicos (Colombia, México, Honduras, Nicaragua y el Triángulo Norte.

5.- En Norte y Mesoamérica han surgido importantes movimientos en contra de los megaproyectos.
Algunas luchas lograron articular importantes alianzas como el Foro Mesoamericano de los Pueblos (2001-2012), la amplia red en torno a la resistencia lakota en Dakota del Norte, la lucha en defensa del territorio del pueblo Wet´suweten’ en Canadá, o en México la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala y del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

6.- Actualmente, los gobiernos de los Estados Unidos y México en relación Con corporaciones europeas, norteamericanas y taiwanesas vienen impulsando la realización de varios megaproyectos en el centro y en el
sur-sureste de México. Desde el año 2019 se inició en esta región, la ejecución de tres megaproyectos que responden a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales. Entre estos megaproyectos encontramos
la Refinería Olmeca o Dos Bocas, el mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; conectado a estos tres proyectos, se suma el gasoducto Puerta al Sureste y se le dio continuidad al Proyecto Integral Morelos.

Todos estos megaproyectos se han venido ejecutando de tal forma que se han violentando los derechos de las
poblaciones locales, en muchos casos pertenecientes a pueblos originarios y ocasionando graves afectaciones al
medio ambiente, despojando tierras y agua.

A pesar de la abierta violación al marco normativo y a la inconformidad expresada por las comunidades locales, estos megaproyectos han venido avanzando de manera acelerada.

7.- En México, en diferentes regiones del país se vienen creando Zonas parques industriales y se vienen construyendo, infraestructura de comunicaciones, gasoductos y oleoductos, los cuales se construyen sin el consentimiento informado de las comunidades, por ello fueron convocados al Encuentro Nacional de las Resistencias realizado en Santa María Petapa, Oaxaca del 4 al 6 de diciembre de 2021 y el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos, los días 15 y 16 de enero de 2022, en el municipio de Juan C. Bonilla del estado de Puebla.

8.- Los pueblos originarios de Norteamérica y Mesoamérica estamos luchando en defensa de nuestros territorios; sin embargo, muchas de nuestras luchas ocurren de manera aislada, siendo ello una debilidad.

POR LO ANTERIOR:

CONVOCAMOS AL ENCUENTRO CONTINENTAL CONTRA GASODUCTOS Y EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Los días 10, 11 y 12 de octubre del 2024 en el Centro Yajxonax, Tierra Bonita, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.

OBJETIVOS

• Crear espacios de encuentro entre organizaciones de México, Canadá y los Estados Unidos, que nos permitan intercambiar información sobre nuestras luchas y compartir experiencias sobre la defensa de nuestros territorios.

• Construir una agenda común y un plan de acción que nos permita enfrentar de manera conjunta la amenaza que significan la construcción de ductos y otros proyectos de muerte en nuestros territorios terrestres y marítimos.

• Fortalecer la resistencia de los pueblos de Norteamérica, Sudamérica y Mesoamérica ante los proyectos de muerte.

• Reencontrarnos con las resistencias que en Mesoamérica y Colombia enfrentan los megaproyectos asociados con los Corredores Interoceánicos.

FRATERNALMENTE

•Centro de Derechos Humanos Bety Cariño (Sur de Veracruz)

•Union de Comunidades Indigenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) (Oaxaca)

•Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) (Puebla-Oaxaca)

•Congreso Nacional Indígena (CNI)

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpuhil (CRIPX) (Campeche)

• Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal (ADTMMX) (Península de Yucatán)

• Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMOT)

• Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo (CRPODTPH)

• Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN)

•Servicios para la Educación Alternativa (EDUCA)

•Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO)

• Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS)

•Territorios Diversos para la Vida, A. C. (TerraVida)

• Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari, A. C. (Nuiwari) (Nayarit)

•Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

• Seminario Permenente de Estudios Chicanos y de Fronteras (SPEChF)

•Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (GT FRG CLACSO)

• Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)

• Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)

• Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)(Honduras)

• Instituto Ambientalista Natura (|AN) (Perú)

•Colectivo de Derechos Humanos Empodérate (CDHE) (Bolivia)

• Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA) (Brasil)

•Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

INFORMES:9515472098

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), por sus siglas en inglés), Laura Richardson, apeló durante el Foro de Seguridad de Aspen 2024 que su país debería enfocarse a un nuevo “Plan Marshall” si los países del hemisferio occidental quieren recuperarse de la pandemia del COVID-19 y para mantener a raya la influencia de Rusia y, especialmente, de China.

El ‘Plan Marshall’ fue un ambicioso programa que implementó Estados Unidos (EEUU) para la reconstrucción económica de Europa en 1948, tras la segunda guerra mundial.

Durante 15º Foro anual del denominado Aspen 2024, celebrado en Colorado, entre el martes 16 al viernes 19 de julio, participaron altos funcionarios gubernamentales y militares de los Estados Unidos, así como sus homólogos de todo el mundo, altos ejecutivos de empresas, destacados académicos, periodistas, entre otros más. El tema central fue relacionado con seguridad nacional y política exterior.

Bajo esa línea, Richardson advirtió que tal vez algunos países hayan superado los efectos de la pandemia, pero, la mayoría se encuentra en una “grave recesión económica”, que supuestamente está siendo aprovechada por las inversiones de Rusia y China en la región.

Ver también:  Aumento de inversión China en América Latina preocupa al Comando Sur de EEUU

“Y nosotros no tenemos ese tipo de herramientas en nuestra maleta. ¿Cómo podemos ayudar? Creo firmemente que necesitamos un Plan Marshall para la región, o lo que es lo mismo, una ley de recuperación económica como la de 1948, pero en 2024, 2025”, puntualizó la General Richardson.

Durante el evento, la vocera del Southcom también dio su respaldó a Ley de Comercio e Inversión de las Américas (Ley de las Américas), presentada a principios de este año por los senadores Bill Cassidy (republicano de Los Ángeles) y Michael Bennet (demócrata de Colorado) y los representantes María Salazar (republicana de Florida) y Adriano Espaillat (demócrata de Nueva York).  

Esta ley está enfocada principalmente al fortalecimiento de la seguridad económica de este país. Insta a los Estados Unidos a renovar su política hacia América Latina con un enfoque integral, y a ampliar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) hacia otros países del hemisferio accidental. Así mismo, insta a las empresas estadounidenses a una relocalización, con el objetivo de debilitar sustancialmente la presencia de Rusia y China.

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“En nuestra estrategia de seguridad hablamos de cómo el hemisferio [occidental] está inextricablemente ligado a la seguridad de nuestra patria”, complementó la vocera del Southcom en el Foro. El Comando Sur es uno de los nueve comandos militares pertenecientes a Estados Unidos y que cubre el área relativa al sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida

Avance de China y Rusia

La comandante mencionó el avance demoledor de las inversiones de China y Rusia en su área de operaciones y mostró su preocupación por no poder contenerlas, advirtiendo que podrían dar un giro y ser usadas para operaciones militares. “Me he reunido con al menos dos tercios de los presidentes de mi región, pero no ven lo que el Team USA (Equipo de EEUU) está aportando a los países (…) todo lo que ven son las grúas chinas (…) y los proyectos de la Iniciativa [china] Belt and Road”, señaló la general.

Mientras las piezas geopolíticas se mueven en la región, EEUU parece no tener la suficiente capacidad de repuesta, “no podemos movernos con la suficiente rapidez”, dijo la representante del Comando Sur quien hizo un llamado a los países aliados para que permitan la visita de sus tropas los países aliados.

Ayuda humanitaria

Mientras tanto, EEUU sigue utilizando su vieja estrategia de “ayuda humanitaria” para tener presencia en el continente americano. Es así que, previo al Foro Aspen 2024, la armada de este país desplegó, en el mes de junio, a más de cien militares a Jamaica, Costa Rica, Honduras, Colombia y Panamá, bajo el lema “Forward Together”.

“Este es nuestro vecindario común”, declaró Jim Aiken, comandante de la IV Flota y del Mando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, al momento de iniciar el despliegue, el cual ya cumple con su 14ª edición.

De acuerdo con el Comando Sur ésta es una misión cuyo objetivo es fomentar la “amistad y la solidaridad con socios y aliados en el Caribe y América Central y del Sur”. Es parte de la estrategia que vienen implementado y renovando desde el año 2007, con la llamada “Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos Amistad y Cooperación por las Américas”. 

Ver también: La nueva estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos en Latinoamérica

En el Foro Aspen, Richardson aseguró que el Comando Sur trabaja de forma estrecha, en cada país, con los embajadores estadounidenses, con el Departamento de Comercio, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la NASA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Cámaras de Comercio estadounidenses, la Corporación Internacional de Estados Unidos para la Financiación del Desarrollo y organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales. 

“Realmente creo que la seguridad económica y la seguridad nacional van de la mano aquí en este hemisferio, y tenemos que trabajar ambas juntas muy, muy rápidamente”, declaró la comandante Richardson.

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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional}

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.}

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.

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Fuente: Avispa Midia

Pueblos indígenas de Perú que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han declarado en estado de emergencia permanente luego del trágico asesinato de Mariano Isacama Feliciano, considerado líder del pueblo Kakataibo. 

Esta acción la han tomado al percibir una total inacción del gobierno frente a la creciente violencia que enfrentan al proteger sus territorios ancestrales, declara Aidesep.

Isacama era originario de la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia del Manu, Madre de Dios, en la Amazonia peruana, y fue encontrado sin vida en la ribera del río Yúrac después de 24 días de no saber su paradero. 

El líder indígena había alertado a la comunidad y a organizaciones de derechos humanos sobre amenazas previas a su desaparición. De acuerdo con el certificado de necropsia, su muerte fue causada por un impacto de bala de un arma de fuego, además presentaba signos de tortura. 

Al lado de las comunidades que forman parte de la Aidesep, había sostenía un activismo férreo por la defensa de la Amazonía y contra actividades ilegales como la minería y la tala clandestina en la región. 

La Aidesep es una organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus nueve organizaciones regionales de base, quienes han expresado un profundo descontento por la falta de justicia para las víctimas y la continua impunidad que rodea estos crímenes.

Las comunidades indígenas amazónicas han anunciado que, al ver la falta de justicia y la seguridad que debía brindar el Estado, se preparan para tomar otras medidas. Alertaron que se ven obligados a ejercer su derecho a la legítima defensa y “utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan”, dejando caer toda la responsabilidad “al gobierno por las consecuencias”, dice el comunicado.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo advierte, asimismo, que una nueva modalidad del crimen organizado en la zona es dejar que se descompongan los cuerpos, con el fin de desaparecer las evidencias, para lo que requieren retrasar las búsquedas y trabajos de las fuerzas de seguridad públicas.

Con este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra 25defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados desde el 2020. Cinco de las víctimas eran del pueblo kakataibo. En 2021 desaparecieron dos miembros de la comunidad cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La violencia contra los pueblos originarios se expande en los últimos años en las regiones amazónicas Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín.

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Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

18 de julio de 2024

Hermanos y hermanas de México y del mundo: alrededor de las 8:49 a. m., del día de hoy, 18 de julio de 2024, el grupo narco-paramilitar los ardillos, asesinó a dos de nuestros hermanos cuando éstos llegaban al municipio de Chilapa. María de Jesús Pasado Margarito de 43 años y Alberto Verales Tepetitla de 32, de las comunidades de Alcozacán y Buenavista respectivamente, ambas pertenecientes al CIPOG-EZ.

Luego de que, apenas el pasado martes 15 de julio se lanzaran amenazas en contra de integrantes de nuestra organización, las amenazas se vuelven en realidad, en dolor y muerte para nuestras comunidades. Avisamos a las autoridades del estado de Guerrero de las amenazas, señalamos a los agresores y también la vinculación de éstos con las autoridades del estado. Nuevamente recibimos su indiferencia, su silencio y aquí están los resultados: los ardillos vuelven a asesinar a dos de nuestros hermanos ¿a caso nuestras vidas no les interesan? ¿no es responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero velar, al menos por la seguridad de quienes habitamos el territorio? ¿O es que para las autoridades Federales y del estado, Guerrero sólo es Acapulco y los sitios turísticos? ¿Por qué tanto desprecio a nuestros territorios, a nuestras vidas?

Queremos destacar que donde fueron asesinados nuestra hermana María de Jesús y Alberto Verales, es un lugar en el que hay presencia de la Guardia Nacional así como del la Secretaría de la Defensa Nacional; evidentemente también hay policías municipales, estatales y ministeriales, pero eso es igual a nada, pues muchos de éstos elementos trabaja para la delincuencia, por eso decimos que las autoridades municipales y estatales, están vinculadas a quienes asesinan y siembran el terror en el estado de Guerrero. Existe entonces la presencia de autoridades Federales: En Colotepec-Tula hay un filtro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la entrada del Jaguey-Quechultenango hay otro filtro de la SEDENA, en el Ajo, entrada a Chilapa, para entrar al municipio, hay Guardia Nacional (GN) y miembros del ejército (SEDENA); luego entonces, decimos con mucha claridad que si hay ejecuciones en el estado de Guerrero, éstas ocurren con el beneplácito y el silencio cómplice de las autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Queremos dejar claro que estamos solos, solas, que el ESTADO nos ha abandonado a nuestra suerte, que nos deja en manos de la delincuencia, tal como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Oaxaca, Estado de México y en prácticamente todo el país. Es por eso que llamamos a los distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones, colectivos, de México y del mundo, a denunciar lo que ocurre en nuestro estado, en nuestro país; porque el gobierno actual, el de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dice que no pasa nada, que exageramos, que queremos manchar su gobierno, que las cosas están cambiando, así de fácil quiere borrar la sangre de nuestros muertos, de nuestras muertas; no sabemos si mantendría esa postura si los asesinatos fueran de algún gobernador o gobernadora, de sus hijos, de sus nietas, de su esposa o de él mismo; si la bala que nos mata fuera para alguno de sus seres queridos, estamos seguros y seguras que quien disparara esa bala, hubiera sido detenido inmediatamente ¿y por qué para nosotros y nosotras no hay justicia? ¿a caso nuestras vidas valen menos que las suyas?

Seguimos haciendo responsables de estas muertes y de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas y días al presidente municipal de Chilapa, a Evelyn Salgado gobernadora del estado de Guerrero y al gobierno federal encabezado por Morena. Nos mantenemos en alerta máxima frente a estos ataques; aquí seguimos con nuestra historia de resistencia y nos mantendremos firmes, por la vida de nuestras comunidades.

Atentamente:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

¡NO HABRÁ PAZ, VIDA Y FUTURO SIN AGUA!

Al CCRI CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL
A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ
A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar…

LA TORMENTA…

…la que está

Nacerá del choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene… así será…

LA PROFECÍA…

…la que está

Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. 

Selva Lacandona, agosto de 1992., y  publicado en Enlace Zapatista el 27 de enero de 1994.

Recordando: 

Primero. Que la Asamblea Nacional por el Agua y la vida tuvo su primera sesión en agosto del año 2022 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno para unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio y que, desde su nacimiento se ha declarado autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.

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Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

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¡Exigimos acción inmediata de los gobiernos estatal y federal para desarticular los grupos criminales que atentan contra la comunidad nahua de Santa María Ostula (Michoacán, México)!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

En los primeros días del mes de julio de 2024 la comunidad originaria de Santa María Ostula localizada en el estado mexicano de Michoacán (México), una vez más, sufrió la brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron y han puesto en grave riesgo a la población civil. Como siempre, la comunidad respondió con ejemplar resistencia y ha exigido que las autoridades estatal y federal detengan esos ataques, pero no ha sido atendida.

Estas acciones de violencia se dan en el contexto de la disputa por los bienes naturales en la sierra costa michoacana: minerales, maderas preciosas y las playas para fines turísticos. Sobre el territorio nahua existen concesiones mineras de oro, plata y hierro. La comunidad de Ostula ha logrado resguardar y defender su territorio de la incursión de una de las compañías mineras más grandes del mundo; la Ternium, que en la comunidad vecina de Aquila ha generado un clima de violencia, por su voraz explotación de sus recursos minerales.

Las violencias narco-capitalistas y las omisiones estatales a estos hechos aparecen hoy como la normal normalidad. Como lo hemos vivido en diferentes paises azotados por las guerras-narco, especialmente, Colombia, Ecuador y México, las redes de violencias contra los pueblos de la tierra son una de las estrategias para el despojo; siembran terror, fragmentan a las comunidades, las destierran y, finalmente, gracias a ellas entran negocios ilícitos de todo tipo a territorios indígenas.

Como miembros del Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios, Resistencias (GT Cuter) nos sumamos a las múltiples voces que exigen la acción inmediata para desarticular los grupos criminales y para que se respete la libre determinación y autonomía de esa comunidad bajo brutal asedio.

¡Respeto a sus formas comunales de seguridad! ¡Ostula no está sola!

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8 de julio de 2024
Planeta Tierra
Grupo de Trabajo CLACSO
Cuerpos, territorios, resistencias

Foto de portada: Cuartoscuro