^{En portada: Frans Timmermans en reunión con el secretario de relaciones exteriores de México.}

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, realizó una visita de tres días a México, del 28 al 30 de enero, después de haber visitado Colombia y Brasil. El objetivo fue discutir la “transición verde” de México y “oportunidades para impulsar la cooperación” entre México y la Unión Europea (UE), según informó Timmermans en sus redes sociales.

El bloque europeo es el segundo mayor inversionista en México. Las relaciones bilaterales se rigen por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, que entró en vigor en el año 2000. “El Acuerdo Global es una base sólida de nuestra relación económica”, manifestó el enviado de la UE, quien lidera las negociaciones climática internacionales de la UE.

Sin embargo, apuntó, “podemos expandir más para el desarrollo sostenible, la eletromovilidad, energías limpias, protección ambiental”. De acuerdo con Timmermans, las empresas de la UE ya son las principales inversoras en el sector mexicano de las energías renovables.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien mantuvo reuniones con el representante europeo, reveló que en las discusiones estuvo la posible “modernización del Acuerdo Comercial”.

En un artículo publicado en El Economista, anterior a la visita, Timmerman dijo que estaba ansioso para conocer los planes de México para instalar 40 gigavatios adicionales de capacidad eléctrica renovable, capturar las emisiones de metano, ampliar las áreas naturales protegidas y reforestar amplias zonas del país. “En todos estos ámbitos, la Unión Europea está dispuesta a colaborar con México”.

Según él, la inversión en energías renovables está creciendo de forma exponencial. “Rápidamente, se está desarrollando una economía global del hidrógeno y México, con su gran potencial solar y eólico, puede beneficiarse ampliamente de ello”.

Timmermans se reunió también con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Brasil

En su visita a Brasil, el representante europeo declaró que pretende que el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE sea ratificado a mediados de este año. El acuerdo ha sido criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil y gremios de trabajadores porque consideran que es abusivo y reproduce las relaciones coloniales de siglos. Por ejemplo, la agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos.

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Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.

Pacto Verde

La Unión Europea anunció su Pacto Verde en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.

Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica e Integración Regional, sostuvo que el acceso a los recursos naturales es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto.

Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.

Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio sudamericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.

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Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.

^{En portada: Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.}

El pasado sábado (28) fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, joven integrante del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en la costa atlántica de Honduras.

Arnaúl formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Rio Gama, en las inmediaciones del territorio recuperado “Secundino Torres”, cuya propiedad comunal garífuna esta amenazada por la sobreposición de un área de conservación denominada Parque Nacional Punta Izopo.

Ya en el año 2015, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

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En la conclusión de dicha sentencia, la CIDH constató que no se respetó el derecho a la consulta de la comunidad afroindígena “en ninguna de las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos ‘Marbella’ y ‘Playa Escondida’, [tampoco en] la adopción del Decreto que estableció el área protegido Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo” del parque nacional.

Con ello, la CIDH confirmó la titularidad de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien además cuenta con un título de propiedad otorgado por el Estado hondureño en 1993 y evidenció la amenaza que representan los proyectos turísticos y de conservación que se sobreponen a las tierras garífunas.

Amenazas

Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) enfatizó que han denunciado reiteradamente, “con nombre y apellidos, las amenazas a muerte en contra de los miembros del comité de tierra y la comisión de cumplimiento de la sentencia de la comunidad; hasta la fecha no hemos visto reacción de la policía ni de las demás autoridades del país”.

Además, la organización informa que, el 3 de febrero del año 2022, presentaron a las autoridades policiales y al Mecanismo de Protección, las cinco zonas de mayor riesgo y de mayores amenazas contra los defensores del territorio de la comunidad, dentro de las cuales se incluye el sector del Rio Gama donde recientemente fue asesinado Arnaúl.

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Ofraneh también contextualiza que, en el mes de octubre del 2022, presentaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz ante Natalie Roque, actual ministra de los Derechos Humanos. Denunciaron las amenazas a muerte en contra de varios líderes de dicha comunidad.

“En esta visita, la comunidad solicitó a la ministra no solo investigar estas amenazas, sino que además que (…) acelere el cumplimiento de la Sentencia [de la Corte IDH] a favor de la comunidad”, detalla el documento difundido tras el asesinato del joven defensor garífuna.

En este contexto, la comunidad de Triunfo de la Cruz denunció el permanente hostigamiento y amenazas de Playa Escondida, “un complejo turístico usurpador que se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al cementerio ancestral de esta comunidad”. Cabe resaltar que la ubicación del proyecto turístico ‘Playa Escondida’ forma parte de uno de los lotes de tierra que la Corte IDH ha ordenado sea devuelto y restituido a la comunidad de Triunfo de la Cruz.

La Ofraneh señala que, hasta la más reciente agresión contra la comunidad garífuna, no se ha investigado las denuncias de amenazas de muerte contra líderes de la comunidad. “No tenemos información sobre el paradero de los desaparecidos desde el 18 de julio del 2020 y tampoco tenemos indicios sobre el cumplimiento de la sentencia a favor de la comunidad”.

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Ante la respuesta oficial, que señalan se limita a publicar indignación en redes sociales, “sin llevar a cabo los mandatos establecidos para liberar, titular y sacar nuestros territorios y mucho menos tocar las estructuras que mantienen en terror y zozobra nuestras comunidades”, la Ofraneh aseveró que no normalizará la violencia, muertes y desapariciones contra las comunidades garífunas.

Por ello, la organización garífuna exigió una investigación exhaustiva “de este vil y cobarde asesinato y de los demás asesinatos ocurridos en nuestras comunidades que no solo han traído dolor y luto, sino que se han constituido en el principal disuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia del capital que domina el país mismo que en muchas de las oportunidades se disfrazan de ´empresarios y de funcionarios´”.

Cabe recordar que en octubre del año pasado se registraron amenazas de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, quien fue intimidado para abandonar la comunidad y la lucha por la restitución de sus tierras ancestrales.

Recientemente, organizaciones de derechos humanos, de Honduras y Centroamérica, condenaron el asesinato del joven defensor garífuna. Aunado a ello, este lunes (30) la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó al gobierno hondureño que efectue una investigación exhaustiva por el asesinato del defensor. Por su parte, Alice Shackelford, la representante de la ONU en Honduras, lamentó la violencia contra los defensores de derechos humanos. “Me solidarizo con su familia así como con Ofraneh. ¡Es necesaria la protección de personas defensoras de DDHH y justicia en este tipo de casos! ¡No más muertes!”, señaló la funcionaria.

^{En portada: El futuro ineludible de la minería. Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.}

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m³ al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

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Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m³   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

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El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

^{En portada: Protesta de estudiantes normalistas, provenientes de distintas partes de México, por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Foto: Aldo Santiago}

Durante la conferencia internacional ‘Hacerle frente a la crisis forense’, convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), destacó la urgencia de resolver la crisis forense que atraviesa México hace años. “No existe confiabilidad en la información que emiten las propias fiscalías del país”, sostuvo.

Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropólogos Forenses (EMAF), explicó que la crisis se refleja en la existencia de las fosas comunes, en la acumulación de procesos de identificaciones o identificaciones que no son confiables y en los procesos de exhumación que tienen los sitios de enterramiento clandestino.

Pero sobretodo genera el “impedimento para acceder a la verdad y la justicia”, dijo Enríquez. En este momento se “tiene el resultado del abandono institucional de décadas en áreas clave para el esclarecimiento de hechos delictivos”.

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“La identificación de una persona es la tarea pendiente y el punto de partida para que pensemos en la recomposición de la sociedad lastimada”. Para ello, precisó Enríquez, se requieren investigaciones certeras.

Para Doretti, uno de los mecanismos para mejorar la situación es la creación de una mesa de intercambio de información forense.

Esta propuesta incluye, además de las instituciones, a los colectivos de familiares y a la sociedad civil, que se reunirían de manera periódica para exponer los casos y el mapeo de dónde se trabaja, así como los resultados que se habrían de alcanzar.

“De manera que esto no sea una información secreta de Estado”, reiteró Doretti.

Enríquez comentó que es urgente la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y las mismas instituciones, incluso evidenciar a otras instituciones estatales y federales que tienen un importante trabajo en la búsqueda de personas, como son las secretarías de Salud locales, los Ayuntamientos y el Registro Civil.

Existen instancias que antes no se vincularon al tema y que desconocen —en el ámbito local— el alcance que pueden tener sus acciones en la búsqueda de personas desaparecidas. Aún cuando tienen la voluntad, desconocen la forma de participar.

Para las familias de personas desaparecidas, la crisis no solo se trata de estadísticas, sino de personas que tienen nombre, apellido y familia que los ama, los busca, los espera y los necesita, “y lo que tiene que hacer el Estado es darnos justicia”, sostiene Grace Fernández Morán, defensora de los derechos humanos.

Siamesas diabólicas

En 2008, Yolanda Morán comenzaba a formar los primeros colectivos de madres que buscaban a sus hijos por cuenta propia ante las incapacidades de las autoridades y fue de las primeras que alzó la voz para exigir justicia.

Destacó que la lucha de las organizaciones de familiares buscadores no se ha quedado en el reclamo, por el contrario, apoyan al Estado a fortalecer sus capacidades, a construir políticas y mecanismos.

En la mal llamada ‘guerra sucia’, cuando sucedieron desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, “estaba el reclamo de las familias y no hicieron nada, vinieron las muertas de Juárez y nuevamente el Estado no hizo nada; viene la violencia generalizada de la guerra contra el narco de Calderón y fuera de hacer algo, decía que no estaban preparados para tanta violencia y entonces se justificaban ante la falta de capacidades”, rememoró Fernández Morán.

En esos años, la sociedad creyó que los ejecutados eran criminales, como lo hizo creer el gobierno de Felipe Calderón, a propósito del Plan Mérida. Entonces las madres buscadoras implementaron un violentómetro que cuantificaba a los muertos.

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“Esos muertos son la gran mayoría de los que hoy buscamos identificar porque el Estado reportaba bajas del crimen organizado, pero nunca dijo quiénes eran, porque solo se trataba de presentar resultados del combate contra el crimen organizado”, dijo Fernández Morán.

Pero las familias siguen cuestionando quiénes son, si efectivamente eran parte del crimen organizado y por qué los mataron. En ese momento, Fernández Morán explicó que no podían aspirar a que hubiese la infraestructura para identificar a la cantidad de personas muertas, pero lamentó que no se hayan aplicado los protocolos mínimos que existían o que a nadie se le ocurriera documentar los hallazgos.

“Había una obligación por simple lógica: proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos a la identidad y a la justicia, son dos de los derechos básicos que debieron de haber garantizado”, sostiene la defensora.

Fernández Morán argumentó que, en ese tiempo, los cuerpos se encontraban en el piso de los diferentes espacios del Servicio Médico Forense (Semefo) en estados muy avanzados de descomposición y, entonces, solo les interesaba sacarlos.

“Muchas madres, esposas, familiares de personas desaparecidas, lloramos y gritamos de rabia cuando nos enteramos que en Jalisco habían incinerado a miles y todavía no hay quién nos diga cuántos eran, si les abrieron carpeta de no identificados, si tenían averiguaciones previas o acta circunstanciada de levantamiento y recuperación del cuerpo. Es información que hoy en día seguimos sin conocer”.

No había estructura, pero tampoco hubo inversión, pues con la identificación las autoridades tenían que comenzar a dar respuestas. Para las familias todo recae en dos causas que identifican como las siamesas diabólicas: impunidad y corrupción.

35 sentencias

“Ha permanecido y ha imperado un gran involucramiento de muchos sectores del Estado de los tres niveles de gobierno. Ninguno está limpio ni uno solo de los poderes, ninguna de las instituciones, todas tienen su nivel de responsabilidad”, hizo hincapié Fernández Morán, quien recuerda que hasta ahora solo existen 35 sentencias por desaparición que resulta en la impunidad absoluta.

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Aunque las integrantes de la conferencia celebraron los cinco años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, reconocieron que existen grandes retos y la crisis forense, además de los más de 110,000 desaparecidos, es una muestra de todas las deudas del Estado.

Cuando fue construida la ley ocurrió el caso Ayotzinapa y las familias de Guerrero comenzaron la búsqueda con sus propias manos y recursos.

“La respuesta que nos daba la fiscal Areli Gómez era: dejen de buscar, no tengo cómo identificar, es más no tengo dónde meterlos”, dijo Fernández Morán. Entonces los antropólogos forenses de México, Argentina y Guatemala pusieron manos a la obra y, hasta ahora, aunque saturados, siguen apoyando a las organizaciones de familias buscadoras.

Las familias no se dan por vencidas y crearon en dos años el mecanismo extraordinario de Identificación Forense que, con la ayuda de expertas, buscan dar respuesta a dos cuestionamientos importantes: ¿quiénes son? y ¿qué les pasó?.

Intercambios

Doretti agregó que además existe un problema grave en cuanto cooperación interinstitucional esencialmente entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR).  “Hay una fractura en la relación interinstitucional”, dijo.

Es urgente la creación de la Base Nacional de Datos Forenses, defiende. Hoy existen diferentes registros – el Registro Nacional de Personas Identificadas y No Reclamadas, el Registro de Fosas Comunes, de Fosas Clandestinas y el Plan Nacional de Identificación Humana -, todos son responsabilidad de la FGR.

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“Estamos en un punto en donde podemos entrar a una mayor fragmentación de la información o podemos ir hacia una nueva consolidación con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de convenios con distintas fiscalías estatales y la creación de centros regionales”, dijo Roxana Enríquez.

^{En portada: Mariano Abarca al micrófono durante las protestas en la embajada de Canadá ubicada en la Ciudad de México durante 2009.}

La Corte Suprema de Canadá cerró la puerta a cualquier investigación sobre el papel de la embajada de dicho país en México en el asesinato de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente en Chiapas.

Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, fue asesinado en 2009 debido a su activismo contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras de la canadiense BlackFire Exploration, empresa que explotó concesiones de titanio en la región de la Sierra Madre.

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La reciente decisión de la Corte responde a una queja presentada por la familia de Abarca sobre el rol de la diplomacia canadiense. En el año 2018, y bajo la ley de denunciantes de Canadá, los familiares del activista chiapaneco argumentaron que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano Abarca en mayor riesgo durante las semanas y meses previos a su asesinato.

“Ignorando más de 1,000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación”, difundió este lunes (23) la organización Mining Watch.

La resolución de la Corte contradice la revisión del juez federal de Canadá, Keith Boswell, quien en 2019 admitió que Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”.

No obstante, pese a los recursos presentados ante el Comisionado no consiguieron la apertura de una investigación y el 12 de enero la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia Abarca.

“Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, informó José Luis Abarca, hijo de Mariano, quien señaló que ahora acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia.

“Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”, sostuvo el hijo del defensor asesinado.

Diplomacia económica

La cronología elaborada por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), sobre el asesinato de Mariano Abarca, enfatiza que el crimen ocurrió apenas siete semanas después de que diplomáticos canadienses se reunieron con funcionarios del gobierno chiapaneco para promover las actividades de la minera BlackFire Exploration.

Ahora,con la resolución de la Corte Suprema se ha puesto un fin a la posibilidad de investigación, administrativa y judicial, sobre las irregularidades en que incurrieron funcionarios canadienses en el asesinato del defensor del medioambiente, apunta el asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope.

“La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta”, compartió el abogado.

Por su parte, Shin Imai, también integrante de JCAP, sostuvo que este caso cobra relevancia debido a que habría puesto a prueba al sistema de denunciantes de Canadá, “con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero”.

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Según Mining Watch, en 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188,000 millones de dólares, “activos de propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense”, recalca la organización.

Ante ello, otra integrante de JCAP, la profesora Charis Kamphuis, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá.

“Los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”. Una muestra de ello, acorde a la profesora, es el caso de Mariano Abarca, pues “los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses”.

Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), quienes trabajaron con Abarca antes de su asesinato, afirman que la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es “decepcionante”.

Según Gustavo Castro, “reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes”.

^{En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha}

La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.

La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.

La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.

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En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.

En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.

En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.

El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.

La cacería terrorista es racializada

Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.

Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.

“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.

Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.

El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.

Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.

El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.

En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.

La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.