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En Honduras, comunidades lencas exigen que se cumpla la titulación comunal de sus territorios

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.

Sostuvo también que el Estado se comprometió a tiempos concretos y responsabilidades específicas para la titulación de los territorios lencas. “En particular la titulación de 4 procesos comunitarios en el término de 20 días, y el avance sin más retrasos en los procesos restantes. Este acuerdo representa un gran paso hacia la certeza jurídica sobre las tierras que nuestras comunidades han poseído por generaciones, luego de más de 25 años de espera”.

Bertha Zúñiga Cáceres, coordinadora del Copinh, celebró los acuerdos que posibilitarán la ratificación en la posesión comunitaria de las tierras lencas. “Son tierras ancestrales, tierras del pueblo lenca sobre las que existe una incertidumbre jurídica que nos expone a la persecución judicial”, argumentó debido a que, en las comunidades afectadas, se han otorgado títulos de propiedad a privados lo cual permite que se acuse a la población indígena del delito de “usurpación de tierras”.

Zúñiga sostuvo que el acuerdo brinda pasos para la solución de algunos casos, pero que aún existen otras comunidades que exigen el involucramiento de la Comisión Nacional Agraria, e incluso de la Corte Suprema de Justicia “para que oriente a jueces locales, quienes han tenido papeles muy nefastos retrasando procesos u obstaculizando la posesión comunitaria de las tierras”.

Desconfianza

Destaca que en las protestas también participaron la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), organizaciones campesinas del valle del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, y quienes encabezan la reivindicación de tierras campesinas despojadas por la agroindustria de la palma aceitera.

Esly Banegas, integrante de COPA, indicó que actualmente son varias las organizaciones que han firmado acuerdos con la administración nacional, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, para la resolución de los conflictos en la titularidad de tierras. No obstante, señaló que, a pesar de la voluntad política, “no se ve reflejada en soluciones a las problemáticas que les han ido provocando los sectores oligárquicos contra las familias campesinas e indígenas”.

Justicia

En los mismos días, los indígenas lencas también se movilizaron ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para reclamar la confirmación de las sentencias contra las ocho personas condenadas por el asesinato de la lideresa Berta Cáceres, acontecido en marzo de 2016.

Acompañados de organizaciones campesinas y de derechos humanos, los indígenas lencas se plantaron para exigir respuesta de los magistrados de la Sala Penal, quienes aún no se pronuncian respecto a dos recursos de casación presentados por la defensa de los acusados, que busca invalidar las sentencias emitidas en años previos.

“No puedo dar un día exacto, porque sería irresponsable de mi parte hacerlo. Lo que sí les digo es que estamos trabajando fuertemente y que eso va a estar en el menor tiempo posible y será del conocimiento público”, respondió el magistrado Mario Díaz ante la protesta lenca.

Por su aparte, habitantes de La Esperanza, Intibucá, advirtieron que cada día se sumaran más personas y organizaciones para exigir la confirmación de la sentencia contra los siete autores materiales y el coautor del crimen, además de que demandan un proceso judicial contra miembros de la familia Atala, a quienes se les responsabiliza de ser autores intelectuales del homicidio. 

“No les quieren hacer nada [a los autores intelectuales]. Aquí las autoridades están muy de acuerdo con los empresarios, se ponen de acuerdo para arreglar las situaciones y venirnos a dar un discurso muy bonito a nosotros los pobres, a nosotras las comunidades humildes, a los campesinos, a las mujeres”, reclamó Catalina Hernández, habitante de la comunidad lenca.

A su vez, la movilización también exigió que se investiguen las denuncias de los asesinatos de campesinos en el Valle del Bajo Aguán, así como las relaciones de los crímenes con los empresarios agroindustriales que operan en la región.

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Avispa Midia

Perú: Indígenas se declaran en emergencia permanente, suman 25 líderes asesinados

Fuente: Avispa Midia

Pueblos indígenas de Perú que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han declarado en estado de emergencia permanente luego del trágico asesinato de Mariano Isacama Feliciano, considerado líder del pueblo Kakataibo. 

Esta acción la han tomado al percibir una total inacción del gobierno frente a la creciente violencia que enfrentan al proteger sus territorios ancestrales, declara Aidesep.

Isacama era originario de la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia del Manu, Madre de Dios, en la Amazonia peruana, y fue encontrado sin vida en la ribera del río Yúrac después de 24 días de no saber su paradero. 

El líder indígena había alertado a la comunidad y a organizaciones de derechos humanos sobre amenazas previas a su desaparición. De acuerdo con el certificado de necropsia, su muerte fue causada por un impacto de bala de un arma de fuego, además presentaba signos de tortura. 

Al lado de las comunidades que forman parte de la Aidesep, había sostenía un activismo férreo por la defensa de la Amazonía y contra actividades ilegales como la minería y la tala clandestina en la región. 

La Aidesep es una organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus nueve organizaciones regionales de base, quienes han expresado un profundo descontento por la falta de justicia para las víctimas y la continua impunidad que rodea estos crímenes.

Las comunidades indígenas amazónicas han anunciado que, al ver la falta de justicia y la seguridad que debía brindar el Estado, se preparan para tomar otras medidas. Alertaron que se ven obligados a ejercer su derecho a la legítima defensa y “utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan”, dejando caer toda la responsabilidad “al gobierno por las consecuencias”, dice el comunicado.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo advierte, asimismo, que una nueva modalidad del crimen organizado en la zona es dejar que se descompongan los cuerpos, con el fin de desaparecer las evidencias, para lo que requieren retrasar las búsquedas y trabajos de las fuerzas de seguridad públicas.

Con este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra 25defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados desde el 2020. Cinco de las víctimas eran del pueblo kakataibo. En 2021 desaparecieron dos miembros de la comunidad cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La violencia contra los pueblos originarios se expande en los últimos años en las regiones amazónicas Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín.

Te puede interesar – Perú: Crisis hídrica, extractivismos e inseguridad alimentaria

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Avispa Midia

Oleada de desalojos en Guatemala exacerba crisis humanitaria

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

Calel también denunció la participación excesiva de fuerzas policiales, agentes de seguridad privada y militares en los desalojos, lo que se traduce en serias violaciones a derechos como la alimentación, vivienda, educación, salud y la pérdida de la cultura de las comunidades desplazadas.

Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo.

La lideresa de la UVOC resalta también que los desalojos son acompañados de la criminalización contra representantes y líderes campesinos e indígenas, por lo que destacó que, actualmente, existen más de 2,000 personas con orden de aprehensión en su contra, derivadas de la persecución judicial que acompañan los desplazamientos forzados.

Los delitos de usurpación y usurpación agravada son los cargos utilizados frecuentemente para facultar el desalojo inmediato de comunidades completas. Calel argumentó que la legislación procesal penal no exige un proceso previo para discutir y verificar la titularidad de la propiedad o posesión de los territorios por parte de supuestos propietarios que emprenden las acciones legales para desalojar a las comunidades campesinas e indígenas.

“Antes de autorizar los desalojos, las y los jueces de orden penal tampoco exigen haber agotado el proceso previo para la demostración de la titularidad de la propiedad o posesión”, denunció Calel, quien señaló que ocurre lo mismo para la emisión de órdenes de captura, ejecutadas durante los desalojos, contra defensores de la tierra y de los pueblos. Cabe destacar que la mayor concentración de personas criminalizadas está en la región norte de Guatemala, en el departamento de Alta Verapaz. 

Resalta también que, en el marco de desalojos extrajudiciales, líderes y lideresas comunitarios son acusados de delitos graves como homicidio, lesiones graves y portación de armas ilegales, entre otros. 

A todo lo anterior, denunciaron ante la CIDH, los miembros de las comunidades indígenas y campesinas enfrentan el riesgo de agresiones contra su vida e integridad, que incluye el asesinato y la desaparición. Tal es el caso de Carlos Pop, líder y pastor de la comunidad Nueva Gloria, en el municipio de Purulhá, Verapaz, quien fue víctima de desaparición desde hace tres años, sin que se haya determinado su paradero, ni brindado justicia a su familia. 

En representación del Estado de Guatemala asistió Héctor Oswaldo Samayoa, Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), quien deslindó al ejecutivo y aseguró que es el organismo judicial quien posee mayor responsabilidad en la emisión y ejecución de los desalojos.

La CIDH prepara una visita a Guatemala para los días 22 al 26 de julio, cuyo propósito, anuncia el organismo, es “observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017”. 

La Comisión trabajará en Ciudad Guatemala y los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.

Despojo histórico

Como parte de la audiencia realizada ante la CIDH, las organizaciones sociales presentaron un informe mediante el cual aseguran que los factores determinantes del desplazamiento interno están relacionados con la implementación precaria de los Acuerdos de Paz, la desigualdad económica, la violencia de género, los proyectos de inversión a gran escala y los eventos naturales y climáticos.

En el documento aseveran que los desalojos, las extorsiones y amenazas, la presencia del crimen organizado, la expansión de megaproyectos como hidroeléctricas y los monocultivos de caña de azúcar y palma aceitera son aspectos que provocan el desplazamiento interno en Guatemala. 

Las organizaciones argumentan que los despojos en Guatemala son históricos, pues desde finales del siglo XIX, en el periodo llamado “Reforma Liberal” se emitieron leyes que favorecieron la apropiación de tierras, supuestamente baldías, desarticulando la propiedad comunal y ejidal e invisibilizando la existencia de poblaciones indígenas.

Ya durante el conflicto armado interno, entre los años 1972 y 1996, las Tierras Bajas del Norte fueron violentadas con las políticas de tierra arrasada, lo que provocó que poblaciones enteras huyeran hacia montañas y selva para resguardar su vida. Destaca que, al menos un 40% de comunidades q’eqchi’ fueron desplazados y, para 1983, oficiales del Ejército guatemalteco concentraron el 60% de las tierras de la región.

Para el periodo entre 2002 al 2008 se registró un aumento en las denuncias por “ocupaciones” de fincas, presentadas por supuestos propietarios, terratenientes y empresarios agrícolas, lo que provocó un incremento en las órdenes de desalojo contra comunidades campesinas e indígenas al catalogar a éstas como invasoras y acusándolas de usurpación de tierras.

Aún más, el patrón de despojo se recrudeció a partir del año 2011, cuando una única orden judicial posibilitó el desalojo de 12 comunidades en El Estor. De acuerdo al registro de las organizaciones, el año 2022 es catalogado como el de mayor desalojos contra comunidades indígenas y campesinas, que supuestamente se encontraban ocupando propiedades privadas, particularmente en las Tierras Bajas del Norte y sobre todo en Alta Verapaz e Izabal. 

“Aunque el despojo territorial es un flagelo que compaña la historia de Guatemala, desde tiempos coloniales, la cooptación del sistema de justicia y las instancias de fiscalización y control del Estado por parte de la élite economica ha resultado en niveles de acaparamiento de tierra sin precedente los últimos años”, aseguró la lideresa de la UVOC. 

De acuerdo a datos recopilados por la investigadora Laura Hurtado, de 2015 al 2023 la Policía Nacional Civil ejecutó 41 desalojos en Izabal y Alta Verapaz. Actualmente, y pese a la existencia de una mesa de conflictividad agraria que opera desde febrero del 2024, en el primer semestre del gobierno de Bernardo Arévalo se han realizado 15 desalojos, cuatro de ellos de manera extrajudicial. Los desalojos acontecieron en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla y Jalapa. 

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), quien también participó en la audiencia de la CIDH, señala que existe un patrón en los desalojos del gobierno actual al considerar que es un intento de confrontación como parte del “pacto de corruptos”. En éste, argumenta él, participan la fiscal general, Consuelo Porras, fiscales distritales, corporaciones municipales e incluso bandas criminales de narcotráfico.

La audiencia ante la CIDH fue solicitada por el Comité Campesino del Altiplano, el Bufete Jurídico para Pueblos Indígenas, Protección Internacional de Mesoamérica, la UVOC y DPFL.

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CDH FrayBa

Pronunciamiento del grupo de familias de las 10 personas guatemaltecas desaparecidas en Chiapas, México

Ciudad de Guatemala,

Lunes 22 de julio de 2024

PRONUNCIAMIENTO

Familiares de las 10 personas guatemaltecas desaparecidas originarias de Suchitepéquez, exigimos al Estado mexicano investigar el paradero de nuestros seres queridos.

Autoridades del Estado mexicano no han realizado una investigación diligente para dar con el paradero de nuestros familiares desaparecidos, y han sido omisas en atender nuestras necesidades.

El grupo de familias de las 10 personas desaparecidas, el pasado 16 de noviembre de 2023, en los linderos de los municipios de Frontera Comalapa y Siltepec en Chiapas, México, exigimos el cumplimiento de las medidas urgentes otorgadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de diciembre de 2023 a favor de nuestros seres queridos. La ONU exigió al Estado mexicano: una investigación penal exhaustiva y diligente, la búsqueda en vida de los 10 desaparecidos, y el establecimiento de un mecanismo para que las familias estemos informadas de los avances en ambos puntos.

Las víctimas de esta desaparición masiva son: el adolescente Luis Alberto Vásquez Sarat, Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez y Francisco Socorro Morga De León.

El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador. La noticia de la desaparición nos ha causado un duelo complejo y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia, afectando nuestros proyectos de vida y nuestra estabilidad económica. El grupo de familiares está compuesto en su mayoría por mujeres (esposas, madres, hermanas), quienes hemos tenido que asumir roles dobles, mientras que, nuestros hijos e hijas, han sido afectados en su rendimiento escolar, salud mental y desorden alimenticio, entre otras.

En el mes de abril, las autoridades de Chiapas tomaron acuerdos para que las familias podamos tener una participación activa en la búsqueda e investigación. En concreto, se comprometieron a presentarnos los avances de la investigación, facilitar el otorgamiento de un visado humanitario, así como brindarnos ayuda material para nuestros traslados a México. Agradecemos esta oportunidad de diálogo; sin embargo, a más de 8 meses de los hechos, denunciamos las omisiones, indolencias e ineficacias de las autoridades chiapanecas para atender este caso de graves violaciones a nuestros derechos humanos, y los de nuestros familiares desaparecidos.

Por otro lado, reiteramos la necesidad de espacios de trabajo conjunto entre el gobierno guatemalteco y el gobierno mexicano para remover los obstáculos que hasta ahora hemos encontrado para localizar en vida a nuestros seres queridos. En específico, que nos brinden una fecha de reunión con ellas y las organizaciones que nos acompañan, para informar de los resultados sobre las comparaciones genéticas y avances en la búsqueda de nuestros familiares.

Llamamos a las autoridades mexicanas del más alto nivel a tomar seis medidas urgentes que permitan avanzar en la localización de nuestros seres queridos:
 
1. Exigimos la búsqueda en vida de nuestros familiares desaparecidos en territorio mexicano y el trabajo conjunto con las autoridades de Guatemala para el seguimiento de nuestras peticiones,

2. Solicitamos medidas de protección a favor de nuestros familiares y de cada una de nosotras en el proceso de denuncia y búsqueda,

3. Otorgamiento de visados humanitarios a nuestro favor por parte del Instituto Nacional de Migración,

4. Ante la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, solicitamos la referencia del reporte de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,

5. Envío de información sobre la investigación penal por parte de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada adscrita a la Fiscalía General de la República,

6. Otorgamiento de las medidas de atención inmediata con un enfoque psicosocial integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con especial atención en nuestras necesidades de salud, estudio y proyectos de vida.
 
 
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡HASTA ENCONTRARLOS!


GRUPO DE FAMILIAS DE LAS 10 PERSONAS GUATEMALTECAS DESAPARECIDAS

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

Cuando las amenazas se vuelven realidad y la respuesta del Estado sigue siendo el silencio. Asesinan a dos de nuestros hermanos del CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

18 de julio de 2024

Hermanos y hermanas de México y del mundo: alrededor de las 8:49 a. m., del día de hoy, 18 de julio de 2024, el grupo narco-paramilitar los ardillos, asesinó a dos de nuestros hermanos cuando éstos llegaban al municipio de Chilapa. María de Jesús Pasado Margarito de 43 años y Alberto Verales Tepetitla de 32, de las comunidades de Alcozacán y Buenavista respectivamente, ambas pertenecientes al CIPOG-EZ.

Luego de que, apenas el pasado martes 15 de julio se lanzaran amenazas en contra de integrantes de nuestra organización, las amenazas se vuelven en realidad, en dolor y muerte para nuestras comunidades. Avisamos a las autoridades del estado de Guerrero de las amenazas, señalamos a los agresores y también la vinculación de éstos con las autoridades del estado. Nuevamente recibimos su indiferencia, su silencio y aquí están los resultados: los ardillos vuelven a asesinar a dos de nuestros hermanos ¿a caso nuestras vidas no les interesan? ¿no es responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero velar, al menos por la seguridad de quienes habitamos el territorio? ¿O es que para las autoridades Federales y del estado, Guerrero sólo es Acapulco y los sitios turísticos? ¿Por qué tanto desprecio a nuestros territorios, a nuestras vidas?

Queremos destacar que donde fueron asesinados nuestra hermana María de Jesús y Alberto Verales, es un lugar en el que hay presencia de la Guardia Nacional así como del la Secretaría de la Defensa Nacional; evidentemente también hay policías municipales, estatales y ministeriales, pero eso es igual a nada, pues muchos de éstos elementos trabaja para la delincuencia, por eso decimos que las autoridades municipales y estatales, están vinculadas a quienes asesinan y siembran el terror en el estado de Guerrero. Existe entonces la presencia de autoridades Federales: En Colotepec-Tula hay un filtro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la entrada del Jaguey-Quechultenango hay otro filtro de la SEDENA, en el Ajo, entrada a Chilapa, para entrar al municipio, hay Guardia Nacional (GN) y miembros del ejército (SEDENA); luego entonces, decimos con mucha claridad que si hay ejecuciones en el estado de Guerrero, éstas ocurren con el beneplácito y el silencio cómplice de las autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Queremos dejar claro que estamos solos, solas, que el ESTADO nos ha abandonado a nuestra suerte, que nos deja en manos de la delincuencia, tal como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Oaxaca, Estado de México y en prácticamente todo el país. Es por eso que llamamos a los distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones, colectivos, de México y del mundo, a denunciar lo que ocurre en nuestro estado, en nuestro país; porque el gobierno actual, el de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dice que no pasa nada, que exageramos, que queremos manchar su gobierno, que las cosas están cambiando, así de fácil quiere borrar la sangre de nuestros muertos, de nuestras muertas; no sabemos si mantendría esa postura si los asesinatos fueran de algún gobernador o gobernadora, de sus hijos, de sus nietas, de su esposa o de él mismo; si la bala que nos mata fuera para alguno de sus seres queridos, estamos seguros y seguras que quien disparara esa bala, hubiera sido detenido inmediatamente ¿y por qué para nosotros y nosotras no hay justicia? ¿a caso nuestras vidas valen menos que las suyas?

Seguimos haciendo responsables de estas muertes y de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas y días al presidente municipal de Chilapa, a Evelyn Salgado gobernadora del estado de Guerrero y al gobierno federal encabezado por Morena. Nos mantenemos en alerta máxima frente a estos ataques; aquí seguimos con nuestra historia de resistencia y nos mantendremos firmes, por la vida de nuestras comunidades.

Atentamente:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

radio
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

¡Comunicado urgente! Amenazan de muerte a delegado del CNI y del CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

16 de julio de 2024.

Hermanos, hermanas: Con mucha preocupación, les compartimos que el día 15 de julio, nuestro hermano, delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Jesús Plácido Galindo y otro compañero del CIPOG-EZ de nombre Francisco Vazquez Mendoza, recibieron llamadas telefónicas del número 7471352147 en las que fueron amenazados con «partirles la madre», les dijeron que «los tienen ubicados» y que ya le «bajen de huevos».

Es de todos sabido el panorama del estado de Guerrero, donde el crimen organizado está por encima de cualquier institución y autoridad, e incluso, éstas mismas son la delincuencia y forman parte de los grupos narco-paramilitares que azotan a nuestro estado. Es por eso que nos queda claro que las llamadas vienen del grupo narco-paramilitar los Ardillos que por muchos años han asesinado, torturado y aterrorizado a nuestras comunidades, valiéndose de la red de complicidad que han tejido con autoridades y policías municipales, estatales, con la fiscalía y con gobierno del estado.

Les pedimos hermanos y hermanas que en la medida de lo posible estén alerta por lo que pueda suceder y que hagan llamados a quienes se supone que y al estado de Guerrero para que detengan violencia gue vivimos. De la misma forma, responsabilizamos al gobierno federal, a la gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado, así como a la fiscalía y demás autoridades de lo que pueda suceder a algún Compañero o compañera del CIPOG-EZ, pues a éstas autoridades les hemos pedido ya por varios años que desarticulen a los grupos delincuenciales y lo único que hemos obtenido, ha sido su silencio.

Sin más, les decimos que no nos vendemos, no claudicamos, no nos rendimos.

Atentamente:

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

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Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Convocatoria a la 5a. Asamblea Nacional por el Agua y la Vida ¡No habrá paz, vida y futuro sin agua!

¡NO HABRÁ PAZ, VIDA Y FUTURO SIN AGUA!

Al CCRI CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL
A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ
A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar…

LA TORMENTA…

…la que está

Nacerá del choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene… así será…

LA PROFECÍA…

…la que está

Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. 

Selva Lacandona, agosto de 1992., y  publicado en Enlace Zapatista el 27 de enero de 1994.

Recordando: 

Primero. Que la Asamblea Nacional por el Agua y la vida tuvo su primera sesión en agosto del año 2022 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno para unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio y que, desde su nacimiento se ha declarado autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.

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CDH FrayBa

El Estado mexicano mantiene como rehén a Base de Apoyo del EZLN

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de Julio de 2024
 
Boletín No. 16

 

El Estado mexicano mantiene como rehén a Base de Apoyo del EZLN

  • Con dilación judicial culmina el desahogo de pruebas en juicio de José Díaz.
  • Advertimos una investigación deficiente y sucia para criminalizar al Base de Apoyo y a cuatro más de sus compañeros zapatistas.

Finalizó el proceso de desahogo de pruebas después de 1 mes y 4 días, en contra de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). La apertura a Juicio inició el 4 de junio para culminar el 8 de Julio del presente año, fijándose el próximo 6 de agosto a las 17:00 horas para llevarse a cabo la audiencia de alegatos de clausura, que da pie para el pronunciamiento de la sentencia. En este contexto, José Díaz permanecerá 1 año y 9 meses como rehén del Estado mexicano y sujeto a criminalización por un delito que no cuenta con sustento probatorio para condenarlo.
 
Durante el desahogo de 4 pruebas, el Fiscal del Ministerio Público del Distrito Selva pretendió vincular la participación del delito de robo ejecutado con violencia en contra del BAEZLN. Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público no cumplió con los requerimientos de ser objetiva, ni logró acreditar la teoría del caso, además existió deficiencia e insuficiencia probatoria.
 
Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Desde contradicciones en el modo, lugar y tiempo del supuesto delito, hasta la falta de pruebas sustanciales como la acreditación de la preexistencia del delito y la experiencia del perito contable, cada detalle revela una investigación deficiente con injusticia en el proceso judicial.
 
La posibilidad de que José Díaz y otros cuatro BAEZLN con órdenes de aprehensión sean sentenciados injustamente es alarmante, dado el cúmulo de irregularidades y falta de fundamentos sólidos en su contra.
 
El juez al emitir su sentencia además de considerar el estándar del delito de robo, deberá tomar en cuenta que se trata de una criminalización por motivos políticos en medio de un patrón de fabricación de culpables en contra de personas defensoras indígenas, además de considerar el contexto en el que se lleva a cabo el supuesto robo, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean este caso y que demuestran que la fiscalía no realizó una investigación legal, científica y objetiva.
 
Así también, el Juez debe dictar sentencia absolutoria atendiendo a los numerales 20 inciso A fracción I de la Constitución, que ordena proteger al inocente, 20 inciso B fracción I que establece el principio de presunción de inocencia, relacionado con el numeral 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de duda razonable establecido en los numerales 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios pro persona e indubio pro reo.
 
Por lo anterior exigimos al gobierno Estatal y Federal, y en particular al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de José Díaz Gómez con una sentencia absolutoria.
 
Agradecemos e insistimos en el llamado a todas las personas, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, a continuar solidarizándose y seguir exigiendo la libertad inmediata de José Díaz Gómez y que cancele las órdenes de aprehensión en contra de las 4 BAEZLN. Así como estar pendientes de las acciones en el marco del dictamen de sentencia la semana del 29 de julio al 6 de agosto.

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Avispa Midia

Poblaciones maya q’eqchi’ alertan amenazas de desalojos contra nueve comunidades en El Estor

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

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Avispa Midia

A pesar de la violencia del crimen, Xayakalan lleva 15 años haciendo comunidad

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F y Regina López

En portada: Para la comunidad es importante tener su propia Guardia Comunal ya que son personas conocidas, los propios familiares y vecinos que la conforman, conocen los estatutos, el territorio y las dinámicas comunitarias internas. Foto: Santiago Navarro F.

La conocen como la mexicana. Es una mujer indígena Nahua de un poco más de 50 años de edad. En su mirada firme guarda como un secreto los momentos más decisivos de los últimos 15 años de su vida “haciendo resistencia”, como dice ella. Ha aprendido a sortear el hostigamiento del crimen organizado en sus tierras. Primero fue el cártel de la Familia Michoacana, cuenta ella, después Los Caballeros Templarios y, ahora, el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Ella, la indígena Teresa Regis Nicolás, hace quince años volvió de los Estados Unidos. Tras la muerte de su padre regresó a su tierra natal, con un legado que le había dejado, luchar por las tierras comunales que pertenecen al pueblo indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, localizado en el estado de Michoacán de Ocampo, que llega hasta la costa del Océano Pacífico, en el oeste de México.

En ese entonces, en el año 2009, tenía solo tres meses que este pueblo había ejecutado una estrategia armada para recuperar una fracción de sus tierras, en las que hoy habita Teresa, su hijo y más de 70 familias indígenas. Un poblado que fue bautizado como Xayakalan, tierras que estaban en manos de personas que habían conseguido escrituras como pequeños propietarios, vinculados al crimen organizado. Aunque los indígenas cuentan con la titulación de sus tierras comunales por decreto presidencial de 1964 y los títulos primordiales de los años 1700 que respaldan que estás tierras son suyas.

Xayakalan pasó a ser el poblado número 24 que forma parte de Ostula, que los originarios reconocen como encargaturas, similar a las agencias municipales. “No me tocó la acción de la recuperación. Pero tres meses después fui una de las primeras ocho familias que se establecieron con una casita en este lugar y, desde entonces, hemos resistido”, recuerda la mexicana.

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