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Avispa Midia

Migrantes buscan rutas alternativas en Chiapas; autoridades responden con violencia

Por Ñanì Pinto

En portada: Cientos de migrantes, niños y adultos, han sido detenidos con violencia mediante operativos realizados en Chiapas. Foto de Cuartoscuro

Frente a la búsqueda de alternativas por parte de personas en movilidad, las autoridades mexicanas han respondido con operativos violentos para la detención de migrantes, así como el hacinamiento de los mismos en las estaciones migratorias de Chiapas.

Lo anterior deriva de un comunicado publicado este lunes (20), mediante el cual organizaciones del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) denuncian la estrategia militarizada de contención migratoria implementada por las autoridades, así como la crisis humanitaria que se desarrolla en el corredor central migratorio en Chiapas, el cual incluye las localidades de Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

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“Hemos realizado diversas acciones de monitoreo ante el actual contexto de crisis humanitaria en que se encuentran cientos de personas solicitantes de protección internacional y con trámites migratorios en curso tras verse expuestas al abuso de poder, la represión, el uso excesivo de la fuerza, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos por parte de distintas fuerzas de seguridad y entidades mexicanas”, contextualiza el COMDHSM.

Hacinamiento

En el documento, el colectivo informa de la situación de hacinamiento en el que se encuentran cientos de personas en las estaciones migratorias de Cupape 1 en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y en la estación Cupape 2 (conocida como La Mosca) ubicada en Chiapa de Corzo.

“En este último lugar se calculan cerca de 400 personas privadas de la libertad. En ambos lugares no se implementan protocolos de bioseguridad ante la pandemia de Covid-19, incrementando de forma grave las probabilidades de contagio. Es importante recalcar lo denunciado en repetidas ocasiones que La Mosca es una bodega abandonada que no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de las personas migrantes por el contrario las expone a sufrir diversas formas de violencia, tortura y abusos de autoridades públicas y privadas”, denuncia el COMDHSM.

Mientras, en la estación migratoria en Tuxtla Gutiérrez no hay una cifra consolidada de personas detenidas, aún cuando es obligación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) el mantener actualizado dicho dato.

“Sin embargo, se documentó la presencia de por lo menos 80 mujeres detenidas, entre ellas mujeres embarazadas que fueron violentadas (malos tratos e inhumanos) por personal público y privado dentro de las instalaciones. Asimismo, observamos más de 15 niñas, niños y adolescentes (NNA) en detención, incluyendo bebés de solo 4 meses en contravención a las normas vigentes de NNA migrantes que tajantemente prohiben la detención migratoria y estancia en Estaciones Migratorias y Provisionales del INAMI”, señala el colectivo sobre las irregularidades en las instalaciones migratorias.

El COMDHSM incluso recibió denuncias sobre que el hacinamiento en las estaciones es tal que mujeres han dormido de pie o en los baños de las celdas. Además, algunas mujeres quienes viajan con sus hij@s han pasado la noche y día en el patio al aire libre bajo la lluvia.

Detenciones

El colectivo de organizaciones enfatiza la expansión de la estrategia militar de contención que se ha desplegado en la costa pacífica de Chiapas contra los desplazamientos colectivos de migrantes que han querido salir de Tapachula. Esto ha llevado a las detenciones masivas y arbitrarias en Tuxtla Gutiérrez de personas migrantes, en su mayoría haitianas, quienes buscan rutas alternativas de movilidad pues sus procedimientos de solicitud de protección internacional y regularización migratoria no dieron frutos.

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En la ruta alterna a la costa, en el denominado corredor central migratorio en Chiapas, los operativos de detención entre el INM y la Guardia Nacional (GN) se concentran en los alrededores de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en las carreteras entre los municipios fronterizos de Motozintla, Frontera Comalapa y Chicomuselo.

“Vale recordar, que recientemente se denunció que policías municipales en esta región están deteniendo en separos preventivos (cárceles) a personas migrantes incluyendo familias con NNA para luego entregarlas al INAMI. Acción completamente ilegal: las fuerzas de seguridad no tienen funciones de control migratorio como recientemente se confirmó en el amparo 1597/2018 para el caso de Tijuana, Baja California”, aclara el documento del COMDHSM.

Durante las semanas previas, los colectivos han recabado testimonios de personas y familias con niñas y niños pequeños que fueron detenidas durante los desplazamientos colectivos en el corredor de la costa pacífica. En ellos, testificaron que después de las violentas detenciones, l@s migrantes fueron trasladados y abandonados durante la madrugada en el punto fronterizo denominado La Mesilla, Chiapas y en Tenosique, Tabasco.

“El primero es territorio reconocido por la presencia de grupos del crimen organizado y tráfico de personas, a las personas migrantes no se les dio información alguna dejándolas en pleno desamparo y sin orientación alguna de donde se encontraban y sin posibilidades de cubrir necesidades básicas. Se reconoce y destaca la hospitalidad popular que en estos últimos días se ha dejado ver en varios puntos de esta ruta. Estas muestras nos llenan de esperanza para continuar con la labor de desmontar narrativas xenófobas y discriminatorias. Retomar lógicas de solidaridad y hospitalidad con las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres que se movilizan huyendo de diversas violencias para mejorar sus condiciones de vida”, concluyen los colectivos en la actualización de la crisis migratoria en la frontera sur de México.

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Human Rights Watch

México: Expulsión masiva de solicitantes de asilo a Guatemala

México: Expulsión masiva de solicitantes de asilo a Guatemala

EE. UU. y México expulsan a migrantes sin debido proceso

Foto de portada: Autobuses en el lado mexicano del cruce fronterizo El Ceibo tras la expulsión de migrantes a Guatemala.© 2021 Cortesía de Alejandra Macías Delgadillo, Asylum Access México

(Washington D.C.) – México ha estado expulsando de manera masiva a migrantes y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, hacia una zona selvática remota de Guatemala, una medida que pone en riesgo sus vidas, señaló hoy Human Rights Watch.

Entre las personas expulsadas hay familias y niños y niñas no acompañados, que en algunos casos fueron expulsados primero por vía aérea desde Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de EE. UU. Joe Biden deberían poner fin a estas expulsiones peligrosas e ilegales y cerciorarse de que futuras deportaciones se realicen en cumplimiento del derecho mexicano, estadounidense e internacional.

“Abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los derechos humanos del Presidente López Obrador”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Durante su mandato, el presidente mexicano ha cooperado con algunas de las políticas más abusivas de Estados Unidos contra la inmigración. Ahora ha ido aún más lejos, reproduciendo políticas abusivas en la frontera sur de México con Guatemala”.

A inicios de agosto de 2021, Estados Unidos comenzó a expulsar a algunos migrantes centroamericanos por vía aérea a dos ciudades del sur de México —Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco— que quedan cerca de la frontera guatemalteca.

También en agosto, las autoridades migratorias mexicanas empezaron a trasladar al menos a 300 migrantes de distintas nacionalidades cada día, incluyendo algunos que habían sido expulsados desde Estados Unidos y otros que habían sido aprehendidos en México, hacia el lado mexicano del remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona. A veces, los autobuses han llegado tarde por la noche. Las autoridades mexicanas han obligado a los migrantes a cruzar la frontera a pie. También han expulsado de esta manera a grupos de migrantes a través del cruce fronterizo entre Talismán, Chiapas, y El Carmen, Guatemala.

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Organizaciones europeas exigen fin de la represión contra caravanas migrantes en México

Slumil K’ajxemk’op, 5 de septiembre de 2021

Desde hace meses, la situación de las personas migrantes que llegan desde la ruta centroamericana hasta Tapachula (Chiapas) se ha hecho insostenible. Hay muchas personas migrantes, en su mayoría de origen haitiano, quienes se encuentran atrapadas esperando los trámites oportunos ante el Instituto Nacional Migratorio (INM) en Tapachula, México.

Desde el 19 de marzo de 2021, las negociaciones entre EEUU y México provocaron el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur, operadas por el INM en coordinación con la Guardia Nacional y el ejército que llevaron a la detención de personas migrantes (muchas de ellas mujeres con menores) en condiciones de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria Siglo XXI (Tapachula). Tampoco se cumplen los convenios sobre protección internacional de personas víctimas de desplazamiento forzado y devoluciones “en caliente” (sin atención de las diversas formas de regularización migratorias).

Esta situación no es nueva sino que responde a la militarización de las fronteras y la externalización de los sistemas de asilo provocada por el acuerdo de EEUU firmado en junio de 2019, tras amenazar al gobierno mexicano con incrementar un 5% los aranceles si no conseguían disminuir el paso de personas migrantes en situación administrativa irregular desde México a EEUU.

El pasado 28 de agosto, una caravana con aproximadamente mil personas, principalmente provenientes de Haití, pero también de Venezuela, Centroamérica, y Guinea Ecuatorial, decidieron emprender una caravana como un intento de seguir su camino migrante hacia el Norte y superar la situación de violación de derechos humanos y la falta de atención por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur, debido a la incapacidad de atender la expedición de tarjetas de residencia y obligando a las personas migrantes a permanecer en Chiapas durante meses. En los siguientes días, nuevas caravanas se han organizado con los mismos objetivos de atravesar el territorio mexicano y ejercer su derecho fundamental a migrar.

Estas caravanas migrantes están sufriendo la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del estado mexicano, tal y como ha documentado Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano:

  • El día 31 de agosto la primera caravana fue sorprendida en Mapastepec (Chiapas) mientras descansaba por un equipo de antimotines de la Guardia Nacional y funcionarios del INM. Las mujeres con niñxs fueron encapsuladas y los hombres detenidos con gran violencia, sin que existiera asistencia médica a las personas heridas. Del mismo modo, la segunda caravana fue interceptada y detenida, produciéndose persecuciones incluso dentro de casas y locales de la iglesia donde algunas pudieron refugiarse.
  • El día 2 de septiembre, otra caravana sufrió una nueva represión violenta a su paso por Escuintla (Chiapas), donde también fueron heridas las periodistas que documentan y acompañan la caravana.

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FrayBa

Defensores y defensoras del COMDHSM y periodistas documentan violaciones a derechos humanos contra caravana migrante en la frontera sur

Foto: Jacob García | Reuters

Foto: Jacob García | Reuters

04 de septiembre de 2021

DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.

Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.

Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.

Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.

Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.

Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.

Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional

#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas

FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas

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Subcomandantes Moisés y Galeano

Comunicado de la Comision Sexta Zapatista | Contra la xenofobia y el racismo, la lucha por la vida

Fuente: Enlace Zapatista

COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA.
México.

4 de septiembre del 2021.

A quien corresponda:

En acuerdo con las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, el CCRI-CG del EZLN y las comunidades indígenas zapatistas, declaramos lo siguiente:

Primero.- En días recientes hemos sido testigos del trato inhumano que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir de la trampa, muda e invisible, en la que se encuentran en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México.

Segundo.- Como en los gobiernos anteriores al actual, a las denuncias y reclamos ciudadanos por esas crueldades, el gobierno mexicano promete sanciones a los “excesos” cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).  Esa promesa no es sino una mentira más.  A los agentes se les dice que eso se dirá públicamente, para evitar la presión de la llamada opinión pública, pero que deben seguir con sus métodos de cacería humana sin temer las consecuencias.  Ningún migrante debe ir más allá de Chiapas.

Tercero.- Hasta entre los elementos de la llamada Guardia Nacional hay descontento.  Porque les dijeron que su misión iba a ser combatir al crimen organizado, y ahora los tienen como perros de presa persiguiendo a personas de piel oscura.  Porque ésa es la instrucción: cazar a toda persona con piel de color oscuro: “Detengan a cualquier pinche negro que topen”, es la orden.  Es toda una declaración de política exterior.

Cuarto.- El adoctrinamiento de los agentes del Instituto Nacional de Migración raya en lo ridículo.  Les dicen que están defendiendo a México de una invasión –como declaró con desparpajo una funcionaria del INM-.  No le haría mal al Instituto Nacional de Migración tomar unas clases básicas de historia –ahora que hay vuelta a clases- para entender que, quienes invaden, son del gobierno de Estados Unidos que impone esa política migratoria que contradice toda la historia de política exterior del Estado Mexicano.

Quinto.- Las maniobras que realiza el INM para encapsular a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa, para que no documenten sus acciones, nos recuerdan lo hecho por el gobierno de Salinas de Gortari en los primeros días de 1994, cuando cerró los accesos a la selva Lacandona para impedir que se conociera lo que hacía.  Y la cacería humana de migrantes, nos recuerda lo del gobierno de Zedillo que, en 1995, mandó a perseguirnos con perros.

Sexto.- Bastante vergüenza da que un gobierno, que se dice progresista, se pliegue a la política exterior del gobierno norteamericano, como para agregar el remedo que hace de lo que los finqueros chiapanecos, todavía hace apenas unos años, hacían para someter a sus peones.  Acorde con las referencias religiosas, tan caras allá arriba, se predica: “que tu pie izquierdo no sepa a quién pateas con el pie derecho”.

Séptimo.- Llamamos a toda persona honesta y sensible para que exija que esa situación se detenga ya.  Y a que, en la medida de las posibilidades de cada quien, se brinde ayuda humanitaria a los migrantes.

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Avispa Midia

Represión a migrantes solicitantes de asilo en Chiapas

Por Sare Frabes

En portada: En su caminata, l@s migrantes solicitaron a las autoridades que los dejaran avanzar. Foto: Cuartoscuro

El pasado sábado (28), un millar de migrantes procedentes de Haití que se desplazaban en los municipios de la región del Soconusco, en Chiapas, fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional y elementos del el Instituto Nacional de Migración (INM).

L@s migrantes tomaron la decisión de salir de la ciudad fronteriza de Tapachula luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha pospuesto su proceso de solicitud de asilo, un trámite que usualmente demora hasta tres meses, el cual se ha prolongado por mas de un año. Ello, sumado a las malas condiciones en que se encuentran los centros migratorios del lugar, forzaron a l@s migrantes a abandonar el lugar.

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Es de resaltar que, durante las semanas y meses previos, l@s migrantes han expresado su malestar al exterior de las oficinas del INM, en un intento de acelerar el tramite de asilo, sin que las autoridades hubieran respondido. Por ello fue el sábado, que reunid@s en caravana, mil migrantes, todos con la solicitud de asilo en proceso, emprendieron el camino para buscar alcanzar otras ciudades mexicanas en donde obtener una fuente de empleo.

Tras avanzar aproximadamente 30 kilómetros, fue en los alrededores del municipio de Huehuetán donde elementos de la Guardia Nacional, ejército mexicano y del INM realizaron un operativo para intentar frenar el avance de la caravana.

Mediante testimonios en redes sociales se aprecia el uso de la fuerza de parte de los funcionarios de migración y de los cuerpos de seguridad para bloquear el paso de l@s migrantes. Así, un aproximado de 300 fueron detenidos y trasladados a la estación migratoria ubicada en Tapachula. Quienes lograron sortear el cerco avanzaron hasta la ciudad de Huixtla, donde descansaron en espera de mantener su avance.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano (COMDHSM) señalo que la misma COMAR dilata los procesos de solicitud de asilo, pues por ejemplo, ahora se encuentra otorgando citas para iniciar el trámite hasta principios de enero de próximo año. También, el COMDHSM ha documentado un uso de fuerza desmedido contra las personas migrantes. Es por eso que exige al Estado mexicano poner un alto a la violencia por parte de sus autoridades.

Denunciaron que hubo un despliegue excesivo e injustificado de fuerzas de seguridad, con aproximadamente 50 vehículos del INM, camiones y camionetas de la GN y del ejército. En un comunicado, el COMDHSM informó que la Guardia Nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM) han incurrido en graves faltas al intentar detener a la caravana migrante. Entre ellas está el uso de armas largas y la presencia de agentes vestidos de civiles incitando a la violencia.

“Las personas fueron agredidas, sometidas, golpeadas con escudos y toletes; se identificó portación de armas largas por parte de elementos del ejército, elementos del INM vestidos de civil incitando a la agresión, así como otros agentes de seguridad sin identificar, vestidos civil y portando armas de fuego”.

En entrevista realizada por integrantes del COMDHSM, uno de los miembros de la caravana relata que las autoridades migratorias han estado deportando a personas que tienen residencia y otros papeles que les permiten transitar en México, razón por la cual decidieron abandonar Tapachula y su interminable proceso de solicitud de asilo.

Para el domingo (30), la caravana reanudó su avance sobre la autopista con dirección al estado de Oaxaca. Mientras tanto, en Tapachula, frontera con Guatemala, aún se encuentran casi 10, 000 migrantes, procedentes de Haití, Cuba y otras partes de Centroamérica, quienes esperan la resolución de su tramite de asilo. Según las reglas de la COMAR, mientras dicho organismo no emita la resolución de los procesos, l@s migrantes no pueden salir de la ciudad en la cual realizaron el trámite, es decir, están imposibilitados de dejar la ciudad de Tapachula.

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Avispa Midia

Pese a las promesas de Biden, siguen maltratos a los migrantes menores de edad

Por Vanessa García Navarro

Durante el primer trimestre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos Americanos ha reportado un aumento en el flujo de migrantes indocumentados provenientes de México y países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Entre los viajeros destacan, por su extrema vulnerabilidad, los niños y adolescentes que se arriesgan sin algún guardián cuidando de ellos a lo largo de su travesía.

Hace una semana, el representante del congreso de Texas, Enrique Roberto “Henry” Cuellar, reveló fotografías de los menores de edad en el centro de detención de migrantes en la ciudad de Donna, Texas. Las imágenes registran menores aglomerados en “habitaciones” divididas con delgado polímero transparente; aparentemente cobijas isotérmicas y colchonetas forradas en plástico son los exiguos recursos conferidos para su confort.

En los meses de campaña, el mandatario norteamericano Joe Biden, que asumió el cargo de presidente de los EE.UU. en enero de 2021, prometió que, de ser electo, a los inmigrantes que exponen sus vidas en busca del asilo estadounidense su gobierno los tratará “con dignidad y se asegurará de que reciban la justa audiencia legal a la que tienen derecho”. Promesa que contrasta con el escenario que se advierte actualmente.

Las trincheras se vuelven abismos

A diferencia de los adultos solteros y las familias, que al ser detenidos por la patrulla fronteriza estadounidenses son expulsados a México en el menor intervalo posible (salvo algunas excepciones), los adolescente y niños que viajan sin acompañantes mayores de edad son asilados en instalaciones ubicadas dentro del territorio de EE. UU. mientras se estudian sus casos.

Idealmente, el proceso comienza desde el momento en que los agentes de la patrulla fronteriza los aprehenden, en seguida los trasladan a sus instalaciones. Después de resguardarlos por 72 horas (máximo), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) habría de entregar a estos niños y adolescentes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés HHS) para valorarlos medicamente, someterlos a cuarentena. Simultáneamente se investiga a cada una de las familias a las que se les otorgara la custodia de los menores (80% de los niños y adolescentes cuentan con un patrocinador esperándolos en USA y en el 40% de los casos se trata los padres o algún tutor legal).

Sin embargo, los niños permanecen hacinados en las instalaciones a cargo de patrullas de protección fronteriza – cuya función es impedir que migrantes sin papeles entre en los Estados Unidos – por mucho más de 3 días, porque los albergues carecen de vacantes.

¿Crisis?

El comisionado interino de la CBP, Troy Miller, asevera que los niños dentro de las instalaciones de DHS cuentan con cuidados, comida y la posibilidad de bañarse casa 48 horas. Pero Leecia Welch y Neha Desai (abogadas autorizadas a inspeccionar cuan satisfactorias son las condiciones en las que se resguarda a los menores sin acompañantes) han declarado que no se les admitió la entrada a las instalaciones DHS de Donna, únicamente se les consintió entrevistar a 20 menores dentro de una unidad portátil. Algunos de los adolescentes y niños reportaron que varios de sus compañeros carecen de alguna colcha o tapete para dormir, por lo cual descansan en el suelo y superficies desnudas; así mismo, a veces los menores pasan tres o incluso seis días sin poder higienizarse adecuadamente.

Se habla de una elevadísima cantidad de niños (14 mil según el Diario.es, 15 mil según Forbes), muchos de ellos menores de 10 años, que sufren la merma de su bienestar mientras pasan hasta una semana varados antes de ser transferidos a un albergue. Las autoridades se niegan a ser transparentes y siguen ocultando cifras, en cambio, en medio de la contradicción, el gobierno de Biden prefiere denominar “reto” a lo que resulta una crisis.

¿Qué dice el gobierno de los EE.UU.?

El Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Alejando N. Mayorkas, ha realizado algunas declaraciones respecto a la crisis humanitaria en la página web oficial de U.S. Department of Homeland Security. Explica que el incremento de inmigrantes menores no acompañados se debe a diversos factores, tales como la devastación producida por los huracanes que azotaron Centroamérica en 2020, el acrecentamiento de los niveles de delincuencia, impunidad y violencia en los países del Triángulo Norte y México, los estragos colaterales de la pandemia por COVID 19.

En su discurso Mayorkas manifiesta que la administración anterior les transfirió un sistema desarticulado e ineficiente, que continuamente violó los derechos de los inmigrantes, cerrando asilos, expulsando a su suerte a niños sin acompañantes e incluso convirtiéndolos en presa fácil de traficantes. Por otro lado, opositores del nuevo gobierno estadounidense, argumentan que la decisión de eliminar restricciones migratorias, del presidente Biden, imprudentemente alientan a los inmigrantes a intentar cruzar ilegalmente las fronteras.

El secretario de la DHS admite que se exceden las 72 horas de detención estipuladas por la ley federal, y que los espacios para albergar a los inmigrantes detenidos son de hecho limitados (no permiten guardar el distanciamiento social demandado por la pandemia vigente).

Siguiente paso

El pasado 24 de marzo, el presidente Joe Biden asignó a la vicepresidente Kamala Harris la tarea de solucionar la crisis migratoria.

Tan sólo queda esperar el primer movimiento de Harris, sin omitir la posibilidad de que el abismo humanitario simplemente se ensanche. Los miembros del partido republicano y algunos personajes de la facción democrática manifiestan su disconformidad con la crisis humanitaria y las potenciales repercusiones de la agenda migratoria propuesta en la presente administración (detener la construcción del muro fronterizo, brindar estatus migratorio a casi 11 millón de migrantes, reunificar familias) y advierten no facilitarán su apoyo.

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Avispa Midia

Patrulla fronteriza de EEUU tiene luz verde para provocar la muerte de migrantes

Por Ñaní Pinto

Dos organizaciones estadounidenses, No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos, han informado que las políticas y tácticas implementadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la frontera con México, han alimentado una crisis de muerte y desaparición de migrantes que cruzan por zonas dónde las condiciones para mantenerse con vida son casi nulas.

Estas organizaciones constituidas por voluntarios que auxilian con alimentos y agua a los migrantes, entre otros apoyos, han creado una serie de tres informes con los cuales pretenden “exponer y combatir las tácticas policiales del gobierno de Estados Unidos que causan la crisis de muerte y desaparición masiva (de migrantes indocumentados) en las zonas fronterizas”, según su sitio oficial.

En el primer documento, publicado en 2016, detallan que  la política sobre la cual se respalda la Patrulla Fronteriza para orillar a los migrantes a la muerte, viene desde el año 1994 y es denominada como Prevención mediante la disuasión.

Esta política justificó la militarización de las zonas fronterizas urbanas en la frontera con México. El objetivo era “alejar a los migrantes de los puestos de entrada y orillarlos a regiones geográficamente más duras, remotas y peligrosas, conduciéndolos a la muerte”, según el 1er informe llamado Métodos de aprehensión mortal & Las consecuencias de la persecución y la dispersión en los bosques.

Estos voluntarios asumen en sus investigaciones que los agentes de la Patrulla Fronteriza persiguen a los que cruzan la frontera en medio del desierto, de tal modo que las condiciones de este paisaje funcionan “como arma para reducir la velocidad, lesionarlos y detenerlos”, además, agregan que “las persecuciones provocan agotamiento por calor y deshidratación, ampollas y esguinces, lesiones por caídas y ahogamientos”.

Los activistas han tenido acercamiento directo con cientos de migrantes y han registrado las experiencias que han vivido mientras cruzan la frontera. En una encuesta que ellos han realizado documentaron que “la Patrulla Fronteriza empleó detenciones violentas, con golpizas, armas taser, ataques de perros y asaltos con vehículos contra los que cruzaban la frontera durante la persecución”.

Quitarle el agua al pez

En el segundo informe, publicado en 2018, estas organizaciones detallan la práctica usual de la Patrulla Fronteriza para reducir las posibilidades de subsistencia de los migrantes que no logran capturar. Una de ellas es la destrucción de la ayuda humanitaria que los voluntarios van sembrando en los caminos de los migrantes. En el desierto de la frontera entre Arizona y México, donde miles de personas mueren por deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, “los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo galones de agua destinados a los que cruzan la frontera. Los agentes de la Patrulla Fronteriza apuñalan, pisotean, patean, drenan y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de rutas migratorias conocidas en el desierto de Arizona”, denuncia el informe número dos de la serie.

Estas acciones, según los activistas, son sistémicas en toda la corporación y no son aisladas. También cuestión que la Patrulla Fronteriza se asuma como un ente humanitario, porque los agentes intimidan, acosan y vigilan rutinariamente a los voluntarios que intentan ayudar a los indocumentados, impidiendo sus acciones. “Es una característica sistémica de las prácticas de aplicación de la ley en las zonas fronterizas y una extensión lógica de la estrategia más amplia de la política de prevención a través de la disuasión”, detalla el documento.

Según los lineamientos de esta política, “cualquier situación que haga que el viaje sea más peligroso o difícil para quienes cruzan la frontera podría considerarse una táctica razonable de aplicación, incluida la vandalización del agua potable”, denuncian estas organizaciones.

Estas organizaciones vienen distribuyendo, desde el año 2012, miles de galanes de agua en las rutas de los indocumentados, ya que, por la longitud y la dificultad del viaje, “es físicamente imposible que cualquiera que intente cruzar la frontera a pie lleve suficiente agua y alimentos para sobrevivir. Como resultado, miles de personas que cruzan la frontera han muerto de sed en el desierto abierto”, según No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos.

El 911 no sirve para los que cruzan la frontera

La tercera parte de la serie, publicada este mes de febrero del año 2021, llamada Abandonados para morir: Patrulla Fronteriza, Búsqueda y Rescate y la Crisis de Desaparición, detalla cómo los sistemas de respuesta del 911 reciben miles de llamadas por año de personas que cruzan a los Estados Unidos sin autorización, y estos avisos emergencia son remitidos al Patrulla Fronteriza.

Este organismo fronterizo es el responsable de responder a los llamados de emergencia hechas a través del 911. Pero, los activistas informan que la mayoría de los migrantes que logra hacer llamadas de auxilio no recibe apoyo alguno, porque se presume que son personas indocumentadas. “El 63% de todas las llamadas de socorro que las familias y los defensores refirieron a la Patrulla Fronteriza, la agencia no llevó a cabo ninguna movilización de búsqueda o rescate”, detalla el documento.

En este informe se señala que la Patrulla Fronteriza tiene todo el poder de decisión sobre los servicios de emergencia para personas indocumentadas, es decir, que tiene en sus manos la posibilidad de decidir si los indocumentados viven o mueren en su intento. “La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no es una organización de búsqueda y rescate. Por el contrario, la agencia es una fuerza policial federal masiva y militarizada que dedica más del 99% de su presupuesto anual y más del 99% de su personal a apoyar las actividades de control fronterizo”.

Las organizaciones que han trabajado en estos tres informes incluyeron una larga serie de recomendaciones dirigidas hacia las agencias gubernamentales, sobre todo, en el tenor de una desmilitarización de la frontera y el fin inmediato del papel de la Patrulla Fronteriza como único agente en responder a emergencias reportadas. “Hacemos  un  llamado  a  las  agencias  gubernamentales  para  que  establezcan  sistemas  de  respuesta de emergencia en la frontera que estén completamente separados de la aplicación de la ley de inmigración.  Dichos  sistemas  de  respuesta  deben  ser  oportunos  y  estar  bien  financiados, con médicos y equipos capacitados de búsqueda y rescate para examinar el paisaje con un ojo empático en lugar de uno punitivo”, recomiendan en el tercer informe.

También exigen que, “el  gobierno  federal  debe  establecer  iniciativas para dar a conocer el seguimiento de los restos humanos recuperados relacionados con la migración en toda la frontera”.

En la documentación de estas organizaciones identificaron que la Patrulla Fronteriza había realizado un conteo oficial de 7.805 restos recuperados entre 1998 y 2019; sin embargo, dicen, “nuestro equipo estima que entre tres y diez veces más personas pueden haber muerto o desaparecido desde la implementación” de la  política llamada Prevención mediante la disuasión.

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Avispa Midia

21 mil estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo


Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

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Radio Progreso

Pese a la represión y el impedimento de su paso, migrantes siguen en territorio guatemalteco

La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.

El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.

La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.

Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.

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