Presos
Más allá de la cárcel: Necropolítica, castigo y aprendizaje de la experiencia Zapatista
Más allá de la cárcel: Necropolítica, castigo y aprendizajes de la experiencia zapatista
Entrevista a Francisco de Parres Gómez por Rita Grande*
La cárcel representa una de las expresiones más acabadas de la necropolítica contemporánea porque administra poblaciones consideradas desechables, mientras que experiencias como la zapatista permiten pensar la justicia desde la reparación del daño, la responsabilidad colectiva y la reconstrucción del tejido social. El desafío consiste en construir comunidades capaces de producir seguridad, cuidado y justicia reduciendo su dependencia de la lógica del castigo.
La presente entrevista con el antropólogo Francisco De Parres Gómez forma parte del proceso de investigación y documentación de la exposición inmersiva El origen de un sistema: Una mirada a las cárceles de México, un proyecto artístico y cultural que propone comprender la prisión como la expresión visible de una trama histórica más amplia de poder, control, violencia y exclusión social.
Desde esa perspectiva, la conversación explora los vínculos entre el sistema penitenciario, la necropolítica y las estructuras económicas, políticas y coloniales que sostienen las formas contemporáneas de castigo. El diálogo incorpora también experiencias comunitarias de justicia y autonomía que permiten interrogar la aparente inevitabilidad de la cárcel y abrir preguntas sobre otras maneras de asumir la responsabilidad, reparar el daño y reconstruir el tejido social.
1.- ¿Cómo consideras que se articulan y complementan entre sí la necropolítica, la cárcel y las estructuras de poder?
Cuando hablamos de necropolítica, cárcel y poder estamos frente a distintas expresiones de una misma arquitectura. Achille Mbembe entiende la necropolítica como la capacidad de decidir qué vidas reciben protección y cuáles quedan expuestas a la muerte. Esa exposición también puede adoptar formas sociales, políticas y simbólicas. La prisión es uno de los espacios donde esta gestión diferencial de la vida se vuelve particularmente visible.
En su momento Foucault permitió comprender la cárcel como institución disciplinaria: vigilar, clasificar, corregir y producir sujetos obedientes. En el presente esa racionalidad convive con otra más cruda, orientada a administrar poblaciones empobrecidas, racializadas, migrantes, indígenas o habitantes de las periferias. La cárcel forma parte de una arquitectura mayor que incluye policías, sistemas judiciales corruptos, fronteras militarizadas, centros de detención con prácticas opacas y tecnologías de vigilancia.
La prisión administra, además, consecuencias de desigualdades que permanecen intactas y se han perpetuado de manera histórica. Racismo estructural, precarización, exclusión educativa, despojo y abandono institucional terminan convertidos en problemas de seguridad. El encierro recibe aquello que previamente fue producido como marginalidad.
Por eso la discusión rebasa la pregunta sobre si las cárceles funcionan bien o mal. Es decisivo preguntarnos qué tipo de sociedad necesita encarcelar masivamente para sostener su orden y qué vidas considera sacrificables, las vidas desechables, como dicen las comunidades zapatistas. Desde una posición que no se enfoca en la lógica del castigo, la responsabilidad frente al daño debe permanecer en el centro, pero separada de la idea de que producir sufrimiento equivale a impartir justicia. La reparación, la protección de las víctimas y la reconstrucción de las relaciones dañadas abren un horizonte distinto.
2.- ¿Cómo se evidencia la transición de la biopolítica (hacer vivir) a la necropolítica (dejar morir) dentro del sistema penitenciario actual?
La transición se observa en el desplazamiento desde una institución que afirmaba disciplinar y rehabilitar hacia otra que administra el deterioro. La prisión conserva como todo aparato de control, horarios, vigilancia, clasificación y disciplinamiento del cuerpo, pero en numerosos contextos opera mediante una administración del abandono que se traduce en condiciones de hacinamiento, atención médica insuficiente y en algunos casos nula, mala alimentación, además de prácticas recurrentes de tortura, violencia sexual, adicciones, abandono psicológico, corrupción o control interno por grupos criminales.
México, ese deterioro se superpone a desigualdades anteriores al encierro. Las personas llegan al sistema con trayectorias atravesadas por empobrecimiento, racismo, defensas jurídicas precarias, criminalización de juventudes populares o con etnicidades específicas, falta de traducción a sus propios idiomas o ausencia de interpretación intercultural de las leyes que distan mucho de sus códigos culturales primigenios. La prisión profundiza esas condiciones y prolonga la pena mediante el estigma, los antecedentes y las dificultades para reconstruir vínculos y trabajo.
Ahí aparece la muerte social: la persona permanece viva, pero se restringen derechos, relaciones, reconocimiento y capacidad de proyectar una vida posterior al encierro. La pena se extiende mucho más allá de los muros.
Las megacárceles de Nayib Bukele en El Salvador condensan de manera extrema una tendencia que convierte el encierro masivo en política pública y espectáculo de seguridad. Esa lógica obliga a cuestionar la asociación automática entre más cárcel y más justicia. Una sociedad que administra conflictos mediante deterioro permanente termina confundiendo seguridad con control y por desgracia, esta promoción del control y el castigo de las manos de las ideologías de ultraderecha está permeando en gran parte de este continente.
3.- ¿De qué manera el Estado utiliza la prisión para gestionar a las poblaciones que considera “excedentes” económicos o sociales?
Hablar de poblaciones “excedentes” requiere una precisión: ninguna persona sobra. La categoría describe la manera en que el capitalismo contemporáneo expulsa a sectores enteros de condiciones dignas de trabajo, educación, vivienda, salud o acceso al territorio y después convierte esa exclusión en un problema de seguridad, ejemplo reciente de ello son las migraciones masivas desde Marruecos a Ceuta, episodio que ha reabierto la tensión diplomática y el debate en la Unión Europea sobre el control de fronteras, la seguridad en el espacio Schengen y la instrumentalización de los flujos migratorios, en sintonía con la criminalización de poblaciones específicas. La prisión, centros de detención o supuestos “campamentos de emergencia” como en Gaza, adquieren entonces una función política: administrar aquello que el modelo económico deja fuera.
Angela Davis y Ruth Wilson Gilmore han mostrado que las cárceles gestionan consecuencias de desigualdades que permanecen estructuralmente intactas. En vez de transformar las condiciones que producen precariedad y violencia, los Estados expanden policías, sistemas penitenciarios, vigilancia y militarización. La selección tampoco es aleatoria: jóvenes de sectores populares, personas racializadas, indígenas y poblaciones negras aparecen sobrerrepresentadas porque han sido históricamente objeto de criminalización. En Estados Unidos aproximadamente el 35% de las personas privadas de la libertad son de comunidades negras, esta desproporción significa que los afros enfrentan tasas de encarcelamiento significativamente mayores en comparación con otros grupos demográfico
En otras geografías como México y Colombia, Las mal llamadas “guerras contra el narcotráfico” permiten verlo con especial claridad. Miles de jóvenes ocupan los eslabones más vulnerables de economías ilegales y terminan encarcelados, mientras los circuitos financieros capaces de lavar grandes cantidades de dinero cuentan con recursos de protección incomparablemente mayores. El castigo se concentra allí donde existe menor capacidad jurídica, económica y política de defensa.
La cárcel funciona así como una tecnología de gobierno de la desigualdad. El reto de fondo consiste en impedir que sectores completos de la sociedad sean producidos como desechables y en responder al daño combinando responsabilidad, reparación y transformación de las condiciones que lo hicieron posible.
4.- ¿En qué medida la pérdida de derechos civiles en prisión despoja al interno de su condición de persona, convirtiéndolo en lo que Agamben llama homo sacer?
La categoría de homo sacer resulta útil siempre que se emplee con cuidado. Agamben recupera una figura del derecho romano para pensar a quien permanece dentro del orden jurídico y, al mismo tiempo, queda colocado en una zona donde sus protecciones se debilitan de manera extraordinaria. La prisión permite observar esa paradoja, aunque siempre dentro de la lógica de la “ciudadanía” construida en el marco de los Estados-nación.
La persona privada de la libertad continúa siendo formalmente sujeto de derechos, pero el Estado regula movimientos, tiempos, vínculos afectivos, alimentación, comunicación y acceso a la salud. A esa reducción material se suma otra moral: el encarcelado puede quedar reducido públicamente a las categorías de “reo”, “interno” o “delincuente”, como si el acto cometido agotara toda su humanidad.
La cuestión se vuelve especialmente grave cuando el sufrimiento dentro de prisión deja de producir indignación social. Muertes por falta de atención médica, tortura o violencia pueden ser recibidas con indiferencia e incluso con aprobación. Ahí la idea de excepción adquiere fuerza: determinadas vidas parecen quedar disponibles para un grado de violencia que resultaría inadmisible sobre otros sectores. El paradigma extremo de esta condición, son los prisioneros de los campos de concentración durante la época del nazismo, y que ahora vemos replicados por parte de las aberraciones sionistas en contra del pueblo Palestino.
Yo matizaría, sin embargo, cualquier lectura que convierta a la persona encarcelada en pura vida pasiva. Dentro de prisión persisten vínculos, organización y resistencia. El sistema puede intentar reducir sujetos complejos a cuerpos administrables, pero esa reducción nunca es completa. Incluso frente a actos graves, la responsabilidad no debería traducirse en pérdida de la condición humana.
5.- ¿Por qué el castigo penal y la lógica de la exclusión afectan desproporcionadamente a los cuerpos racializados y empobrecidos?
El sistema penal opera dentro de sociedades atravesadas por desigualdad económica, racismo y herencias coloniales. Por eso sus efectos tampoco son neutrales. Los territorios reciben distintos niveles de vigilancia, los cuerpos son leídos de manera diferente y las posibilidades de defenderse frente a un proceso judicial dependen en gran medida de los recursos disponibles.
En México y América Latina la pobreza genera una vulnerabilidad específica frente al Estado penal. Quien dispone de recursos puede acceder a defensas especializadas, redes de apoyo y mejores posibilidades de negociación jurídica. Una persona indígena, empobrecida o proveniente de territorios históricamente marginados puede enfrentar el proceso con defensas saturadas, barreras lingüísticas, desconocimiento de sus derechos o interpretaciones jurídicas ajenas a su contexto.
La dimensión racial aparece en prácticas cotidianas que van desde el perfilamiento racial en el momento de las detenciones arbitrarias, criminalización de determinadas vestimentas y en ocasiones sectores etarios que apuntan hacia las juventudes, territorios, pertenencias comunitarias o formas de protesta. El prejuicio social puede transformarse así en procedimiento policial y posteriormente en expediente judicial. Aquí me parece muy útil la crítica de María Ibarra Eliessetch a la blanquitud: la racialización no puede estudiarse mirando únicamente a quienes son convertidos en “otros”; exige hacer visible también la posición de poder que produce esas clasificaciones y que suele presentarse a sí misma como neutral.
Comprender estas condiciones no elimina la responsabilidad individual ni minimiza el daño sufrido por las víctimas. Permite formular una justicia más completa: reparar el daño y, al mismo tiempo, desmontar las estructuras que convierten una y otra vez a ciertos cuerpos en materia prima privilegiada del sistema penal.
6.- ¿De qué forma la criminalización de la migración ha convertido a los centros de detención en limbos jurídicos de deshumanización?
La criminalización de la migración muestra con especial claridad cómo la necropolítica rebasa los muros de la prisión. Personas que, en muchos casos, no han cometido delitos son tratadas como amenazas por cruzar una frontera o carecer de determinada documentación. La movilidad humana queda subordinada a una lógica policial y militar.
Los centros de detención migratoria restringen movimiento, aíslan a las personas de sus redes y producen una enorme vulnerabilidad jurídica, todo ello irónicamente revestido de “ayuda humanitaria”. Aunque administrativamente reciban otros nombres, comparten funciones centrales con la prisión. La lectura de Agamben sobre los espacios de excepción ayuda a comprender estas zonas donde alguien permanece bajo control estatal y, al mismo tiempo, encuentra debilitadas las garantías que deberían protegerlo. Recordemos hace un par de años el incendio ocurrido en un centro de estancia para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hubo por lo menos 40 víctimas letales y decenas más de heridos.
La frontera también distribuye la movilidad de manera colonial. Un empresario europeo, un turista estadounidense o un inversionista extranjero atraviesan regímenes de circulación muy distintos a los de una persona indígena centroamericana, una mujer afrodescendiente o un trabajador que huye de la violencia. El sistema internacional jerarquiza quién puede circular y quién debe ser contenido.
México ocupa una posición especialmente contradictoria: un país marcado históricamente por la migración hacia Estados Unidos participa hoy en dispositivos regionales de contención y militarización de la frontera sur. Cuando Donald Trump se refería a fortalecer el muro en la frontera norte no hablaba de una infraestructura física, sino de una movible operada localmente y que es el papel que ahora ejerce la Guardia Nacional. La cuestión de fondo es evidente sin embargo para el diagnóstico que hacen muchos movimientos sociales y que se centra en la proliferación de las guerras, despojos, crisis climáticas, reunificación familiar o búsqueda de condiciones dignas se transforman en motivos de sospecha. Vivimos en un orden donde las fronteras se flexibilizan para mercancías y capitales mientras se endurecen para numerosos seres humanos.
7.- Sabemos que has tenido una relación cercana y una historia vinculada con las comunidades zapatista. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo funciona su sistema de justicia y las formas de sanción o castigo dentro de la comunidad? ¿Qué diferencias encuentras entre ese modelo comunitario y el sistema penal tradicional del Estado?
Aquí haría primero una precisión ético-política y metodológica. Mi trayectoria de militancia, investigación, diálogo y acompañamiento me da algunas herramientas para formular una lectura situada sobre prácticas que he conocido, pero no me corresponde hablar en nombre de las comunidades zapatistas ni presentar su experiencia como un sistema homogéneo. Existen diferencias entre territorios, momentos históricos y casos concretos. Esa cautela es indispensable.
Desde esa posición, una diferencia central con el sistema penal estatal radica en el punto de partida. La pregunta suele orientarse menos hacia la cantidad de castigo que merece una persona y más hacia la manera de restablecer relaciones comunitarias afectadas. En las experiencias que he podido conocer aparecen mecanismos de mediación, reparación del daño, trabajo comunitario, deliberación colectiva y responsabilidad frente a autoridades y asambleas.
La justicia se encuentra integrada a la vida cotidiana, lo mismo que la salud, la educación, las artes y las ciencias. El conflicto conserva una dimensión comunitaria y no se transforma exclusivamente en un expediente administrado por especialistas externos. Quien causó el daño, quien lo sufrió y las instancias colectivas participan, de distintas maneras en su procesamiento. En ese punto encuentro un diálogo fecundo con el trabajo de Ibarra Eliessetch y Carrasco sobre comunalidad mixe: sin equiparar experiencias, muestran que la autonomía se sostiene cotidianamente mediante entramados locales de organización, normatividad y convivencia, y no solamente mediante una declaración jurídica de autodeterminación.
Eso tampoco convierte a las comunidades en espacios armónicos ni elimina sanciones. Existen desacuerdos, límites, errores y decisiones severas. Precisamente por ello me parece importante evitar la romantización. Lo significativo es que la sanción se inserta en un proyecto político más amplio de autonomía y de Mandar Obedeciendo, donde la responsabilidad individual se piensa junto con las condiciones familiares, económicas, culturales y comunitarias que rodean el conflicto.
La principal enseñanza que destaco de la clave comunitaria es que la cárcel deja de aparecer como horizonte inevitable. La justicia puede organizarse alrededor de la reparación, la responsabilidad y la continuidad de la vida colectiva. Esa experiencia ofrece preguntas de enorme relevancia para otras sociedades, sin convertirse por ello en una receta exportable. Esto coincide además con una insistencia reciente del zapatismo al explicar El Común: “no hay recetas o manuales”. Cada geografía necesita construir, probar, corregir y valorar en su propia práctica organizada aquello que puede servirle. Ahí radica precisamente la potencia de la experiencia zapatista: en abrir preguntas y posibilidades, no en ofrecer un modelo para copiar.
8.- ¿De qué manera la ausencia de un aparato policial y penitenciario formal en las comunidades zapatistas redefine la noción de seguridad y previene la reincidencia delictiva?
Yo hablaría, con mayor precisión, de la ausencia de un aparato policial y penitenciario profesionalizado equivalente al estatal. Eso modifica profundamente la idea de seguridad. En vez de concentrarla en una institución armada especializada, la vincula con organización comunitaria, participación colectiva y condiciones materiales que permiten sostener la vida, incluyendo la construcción de la libre autodeterminación y el derecho a la legítima autodefensa.
Justicia, educación, salud, trabajo colectivo y toma de decisiones forman parte de un entramado. Esa articulación importa porque muchos conflictos se agravan allí donde existen ruptura de vínculos y deterioro del tejido social comunitario. La respuesta en comunidad busca socializar las reflexiones implicadas en el proceso de responsabilización.
Sería imprudente afirmar, sin datos comparables, que este modelo “elimina la reincidencia”. Lo que sí permite observar es una lógica distinta frente a la repetición del daño. La cárcel suele devolver a la persona con mayor estigma, menos redes y dificultades para reconstruir su vida; la reparación comunitaria intenta conservar o rehacer vínculos y convertir la responsabilidad en una práctica concreta.
La pregunta política que surge es fuerte: ¿qué ocurriría si una parte de los recursos destinados al castigo se invirtiera en producir comunidad? La seguridad puede entenderse como capacidad colectiva de prevenir daños, proteger a quienes los sufren, exigir responsabilidades y evitar que los conflictos escalen. En ese desplazamiento, deja de ser exclusivamente una cuestión policial y se vuelve una cuestión social, política, pero fundamentalmente ética en torno al cuidado y reproducción de la vida.
9.- ¿Cómo ha impactado el actual asedio de grupos del crimen organizado en Chiapas a este modelo de justicia restaurativa, y qué tensiones genera el principio de no violencia frente a agresiones armadas externas?
Aquí matizaría la formulación de la pregunta. El zapatismo no puede reducirse a una doctrina abstracta de “no violencia”: su historia incluye un levantamiento armado y una estructura político-militar, mientras la construcción civil de la autonomía ha desarrollado formas de gobierno y justicia que no descansan en un aparato policial y penitenciario semejante al estatal. Esa distinción es importante.
El crecimiento de actores del crimen organizado en Chiapas introduce un desafío de otra escala. Los mecanismos comunitarios de justicia están pensados, principalmente, para conflictos donde todavía existe algún horizonte de convivencia y reconocimiento. Un actor armado que busca controlar territorio, rutas, economías o poblaciones opera desde una lógica diferente. Allí la mediación y la reparación encuentran límites evidentes.
Comunicados zapatistas y múltiples denuncias públicas han advertido sobre un escenario en el que convergen crimen organizado, militarización, grupos armados, disputas territoriales y procesos de despojo. Denuncias constantes hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y las organizaciones de la sociedad civil que acompañan al movimiento. Mi lectura es que el problema rebasa la categoría convencional de “seguridad pública”, debido a que expresa formas de acumulación, control territorial y violencia articuladas con economías legales e ilegales. En diálogo con Claudio Lomnitz, prefiero hablar aquí menos de un “Estado fallido” que de una reconfiguración de la soberanía: un Estado que conserva enormes capacidades de poder, pero cuya capacidad para regular la policía, la justicia y amplias zonas de las economías informales e ilícitas aparece profundamente erosionada.
La tensión consiste entonces en sostener la defensa de la vida y del territorio sin convertir la militarización permanente en principio organizador de la sociedad. La autonomía, las economías colectivas, la educación emancipatoria propia y las redes comunitarias funcionan también como capacidades de protección. Pero sería ingenuo presentar la justicia restaurativa como respuesta suficiente frente a organizaciones armadas que buscan subordinación o desplazamiento.
Precisamente ahí aparece uno de los límites más fértiles para la reflexión antipunitivista: rechazar el Estado penal no significa negar la necesidad de defensa, protección y límites frente a violencias organizadas. El punto crítico consiste en construirlos sin reproducir automáticamente la misma maquinaria de muerte que se pretende cuestionar.
10.- Desde tu experiencia en el terreno, ¿cuáles son los principales desafíos culturales o generacionales que enfrentan los jóvenes zapatistas al aplicar sanciones basadas en el trabajo comunitario en lugar del castigo físico o el encierro?
Las comunidades zapatistas no están congeladas en el tiempo ni son ese pasado folclórico de los museos que tanto le gusta al Estado. Las nuevas generaciones crecen bajo condiciones distintas a las de quienes construyeron las primeras etapas de la autonomía y mantienen contacto con migración, redes digitales, mercados de consumo y discursos individualistas que circulan globalmente.
Esa transformación plantea una disputa cultural. La justicia comunitaria exige corresponsabilidad, trabajo colectivo y reconocimiento de que los actos individuales tienen consecuencias para otros. A su alrededor circulan valores vinculados con competencia, éxito individual, acumulación y, en determinadas regiones, imaginarios de narcocultura donde armas, dinero rápido y masculinidades violentas adquieren prestigio, el llamado Cartel Chamula por ejemplo, considerado el primer cártel de composición predominantemente indígena de pueblos tzotziles, es integrado en muchos casos por personas desplazadas de sus comunidades por conflictos religiosos o políticos, que en su momento tuvieron contacto con remanente de los Zetas y conexiones con el Cartel de Sinaloa, y que ahora tiene su propia productora audiovisual donde producen películas caseras y videoclips musicales centrados en promover el sistema de antivalores del crimen organizado. Lomnitz ayuda también a comprender que el crimen organizado no disputa únicamente mercados: produce autoridad, jerarquías y repertorios morales y simbólicos con los que busca legitimarse socialmente. Por eso la narcocultura constituye también una disputa por la producción de sentido.
En contextos donde se construye la autonomía y al mismo tiempo se convive con lógicas de guerra, as sanciones basadas en trabajo comunitario requieren una pedagogía política sostenida. Su sentido depende de comprender la responsabilidad como restitución de relaciones y no como simple equivalencia entre falta y sufrimiento. Esa comprensión debe recrearse generacionalmente; no puede darse por asegurada.
También existen movilidades y contactos con espacios urbanos que introducen nuevas preguntas sobre autoridad, derechos individuales y pertenencia colectiva. La capacidad zapatista de modificar sus propias formas organizativas, como muestra la reestructuración reciente hacia los Gobiernos Autónomos Locales y la desaparición de las Juntas de Buen Gobierno, permite pensar la autonomía como proceso vivo, sujeto a revisión y aprendizaje.
Múltiples retos existen para reproducir una cultura del común en un mundo que empuja hacia la individualización. Ahí se juega buena parte del futuro de cualquier justicia comunitaria: en la capacidad de producir sentido, pertenencia y responsabilidad entre generaciones diferentes que aseguren la continuidad del proyecto porque en ello se juegan la vida estos pueblos.
11.- Siendo la justicia zapatista un proceso basado en la asamblea y el consenso, ¿cómo se resuelven los casos donde el infractor no reconoce el daño causado o se niega rotundamente a participar en la reparación comunitaria?
También aquí evitaría hablar de una regla única para todas las comunidades. Asamblea y consenso no equivalen a unanimidad permanente ni a ausencia de autoridad. Existen deliberación, mediación y acompañamiento, pero también mecanismos colectivos para decidir cuando una persona persiste en una conducta dañina o rechaza los acuerdos. Ello no es restrictivo a las comunidades zapatistas ya que se puede encontrar en muchas otras formas de organización de pueblos originarios.
En las experiencias que conozco, la primera orientación suele buscar reflexión, reconocimiento del daño y alguna forma de reparación. Cuando eso fracasa, pueden aparecer sanciones más severas: restricciones de participación, separación de cargos o responsabilidades y, dependiendo de la gravedad y del contexto, separación de la organización. Hay casos en los que la decisión llega a la expulsión de la comunidad o del territorio y existen también separaciones de la organización sin posibilidad de reincorporación. Presentaría estos elementos como decisiones situadas, no como un código uniforme aplicable mecánicamente. Esto nos lo cuentan las mismas comunidades en sus cuadernos de trabajo de la Escuelita “La libertad según l@s zapatistas”.
Esto permite despejar un equívoco frecuente: justicia comunitaria y reparación no significan impunidad. Una comunidad necesita límites para proteger a quienes han sido afectados y sostener sus acuerdos colectivos. La reintegración tampoco puede convertirse en obligación de perdonar ni colocar sobre la víctima el costo de recomponer la convivencia.
La diferencia con el sistema penitenciario aparece en la finalidad y en el procedimiento. Incluso las sanciones más severas se discuten en relación con la protección de la vida colectiva y con la ruptura concreta de compromisos comunitarios, en lugar de organizar todo el sistema alrededor del encierro.
La experiencia resulta valiosa precisamente porque muestra sus propias tensiones. Reparar, reintegrar, separar o expulsar son decisiones difíciles. Una justicia alternativa adquiere seriedad cuando reconoce esos límites y asume que cuidar la comunidad también implica protegerla frente a conductas que pueden destruirla.
12.- Desde una perspectiva abolicionista, ¿qué alternativas concretas y viables existen para desmontar progresivamente el engranaje de poder, violencia y castigo que sostiene al sistema penitenciario? Y, particularmente en un Estado como México, ¿cuál consideras que podría ser una alternativa realista que pudiera comenzar a gestionarse desde ahora?
Uso el término abolicionismo como un horizonte crítico y, sobre todo, como un proceso. Pensar seriamente en desmontar el sistema penitenciario no significa imaginar que mañana pueden cerrarse todas las cárceles. Si permanecen intactas las estructuras que producen desigualdad, racismo, patriarcado, despojo y violencia, el castigo simplemente encontrará otros dispositivos. La pregunta más productiva es qué instituciones podemos construir progresivamente para que nuestras sociedades dependan cada vez menos del encierro.
Eso supone trabajar en varios niveles. El primero consiste en reducir la entrada al sistema penitenciario mediante mecanismos de justicia restaurativa, acuerdos de reparación, medidas no privativas de libertad y formas de seguimiento comunitario en aquellos casos donde jurídica y éticamente sean procedentes. El segundo implica fortalecer políticas capaces de intervenir antes de que los conflictos lleguen al sistema penal: salud mental, atención a las adicciones, vivienda, educación, trabajo, cultura y redes comunitarias de cuidado. El tercero exige construir procesos sólidos de acompañamiento para las víctimas, porque una perspectiva antipunitivista pierde cualquier legitimidad si la crítica al castigo termina desplazando las necesidades de quienes han sufrido el daño.
En México existe además una posibilidad bastante concreta porque algunos de estos mecanismos ya forman parte del marco jurídico. El problema es que continúan ocupando un lugar periférico frente a una cultura institucional donde la cárcel conserva un enorme peso simbólico y político. Una alternativa realista podría consistir en construir una red de Centros Territoriales de Justicia Restaurativa y Reparación, comenzando mediante programas piloto en determinadas entidades y municipios, vinculados al sistema de justicia pero con participación efectiva de organizaciones comunitarias, especialistas, universidades y organismos de derechos humanos.
Estos centros podrían recibir, en los casos legalmente procedentes y bajo condiciones claras de voluntariedad y protección de las víctimas, conflictos que actualmente terminan recorriendo la ruta penal ordinaria. Allí podrían construirse planes individualizados de reparación que combinaran restitución económica cuando corresponda, trabajo comunitario, procesos educativos, atención a adicciones o salud mental, compromisos laborales, mediación y seguimiento prolongado. La reparación tendría que evaluarse por su capacidad para responder a las necesidades de las personas afectadas, responsabilizar a quien produjo el daño y generar garantías concretas de no repetición.
Lo importante es que tampoco se trataría simplemente de sustituir una burocracia penitenciaria por una burocracia restaurativa. Estos mecanismos necesitarían recursos, facilitadores profesionalizados, participación social, transparencia y evaluación independiente. Tendríamos que saber si realmente disminuyen la repetición del daño, si las víctimas se sienten reparadas y protegidas, si las personas responsables cumplen los acuerdos y si se están reconstruyendo vínculos sociales. De lo contrario, la justicia restaurativa puede convertirse fácilmente en otra consigna institucional vacía.
Una transición de este tipo tendría también una dimensión presupuestaria. En lugar de continuar ampliando la infraestructura del castigo, una parte creciente de los recursos tendría que desplazarse hacia estas instituciones territoriales y hacia políticas de cuidado y prevención. Ahí comenzaría realmente el desmontaje progresivo del engranaje penitenciario: cada conflicto que pueda resolverse responsablemente fuera de la cárcel reduce la centralidad social del encierro y permite construir capacidades institucionales distintas.
Por supuesto, existen violencias graves y situaciones donde una persona representa un riesgo concreto para otras. Una perspectiva antipunitivista responsable tiene que reconocer ese problema. Puede haber circunstancias que requieran separación y mecanismos intensivos de protección. La diferencia está en impedir que el aislamiento y la producción de sufrimiento se conviertan automáticamente en la respuesta para todos los conflictos, y en someter cualquier restricción severa a criterios de necesidad, revisión y respeto irrestricto a la dignidad humana.
Aquí encuentro nuevamente un punto de diálogo con la experiencia zapatista, sin convertirla en receta para el Estado mexicano. Su relevancia está en mostrarnos que justicia, educación, salud, trabajo colectivo y organización política pueden formar parte de un mismo proceso de reproducción de la vida. La enseñanza que recuperaría consiste en construir instituciones desde cada territorio y evaluar colectivamente aquello que funciona.
Entonces, si me preguntaran qué puede comenzar a hacerse en México desde ahora, diría algo muy concreto: dejar de pensar la prisión como respuesta predeterminada y convertir los mecanismos restaurativos y comunitarios existentes en una verdadera política pública territorial, dotada de presupuesto, personal, seguimiento, evaluación y participación social. El horizonte puede ser antipunitivista, pero el camino se construye mediante instituciones concretas. Se empieza reduciendo el espacio que ocupa la cárcel cada vez que existe una forma más responsable, reparadora y segura de enfrentar el daño.
¿Algo que agregar?
El primer aprendizaje es que la cárcel forma parte de una estructura social más amplia. Necropolítica, capitalismo, colonialidad, racismo, migración y violencia aparecen aquí como dimensiones conectadas. Una propuesta antipunitivista a la altura de esta complejidad tiene que preguntarse qué vidas han sido convertidas en sacrificables y cómo reconstruir una sensibilidad colectiva frente al sufrimiento ajeno.
La experiencia zapatista desplaza la discusión hacia el sostenimiento de la vida colectiva. Esa experiencia tiene una enorme potencia política e intelectual, pero exige una relación ética con ella. Su enseñanza más fértil, desde mi lectura, consiste precisamente en evitar la copia y asumir la tarea de organizarnos desde nuestras propias geografías. Ese principio resulta fundamental cuando pensamos sociedades urbanizadas, diversas y fragmentadas. La comunidad no tiene que significar homogeneidad ni proximidad tradicional. Puede entenderse como la capacidad de construir obligaciones recíprocas entre personas diferentes: redes barriales, espacios de mediación, instituciones de cuidado, cooperativas, mecanismos de reparación y formas democráticas de alta intensidad.
La seguridad también necesita separarse de su monopolio armado. Proteger implica prevenir daños, cuidar a las víctimas, limitar a quien pone en riesgo a otros y producir condiciones materiales que disminuyan la violencia. Esa tarea es más exigente que una reforma penal porque obliga a transformar relaciones económicas, imaginarios culturales y formas de convivencia.
Frente a guerras, desplazamientos, encarcelamiento masivo y múltiples políticas de muerte, el horizonte consiste en ampliar las posibilidades de vivir juntos con dignidad. Ahí encuentro la relevancia de las experiencias zapatistas y de muchas otras resistencias: como interlocuciones que nos obligan a pensar y construir desde nuestros propios territorios, sin suplantar sus voces y sin renunciar a la responsabilidad de crear una casa común antes de que sea demasiado tarde.
Sobre El origen de un sistema: Una mirada a las cárceles de México
El origen de un sistema: Una mirada a las cárceles de México es una exposición inmersiva que articula arte, investigación, museografía y tecnologías audiovisuales para interrogar las estructuras históricas que han configurado los sistemas de justicia, castigo y control social. Su tesis central plantea que la prisión constituye una de las manifestaciones más visibles de una matriz de poder que la antecede y la rebasa.
A partir de esta premisa, la exposición recorre distintas dimensiones de la violencia, el castigo, el control, la memoria, la exclusión, la dignidad humana, la libertad y nuestra propia relación cotidiana con el poder. El proyecto busca desnaturalizar discursos e imaginarios profundamente arraigados acerca de la autoridad y la obediencia, en suma a la jerarquía y la división entre quienes ejercen el dominio y quienes quedan sometidos a él. Al mismo tiempo, invita a reconocer la manera en que estas relaciones atraviesan prácticas sociales que reproducimos también en la vida cotidiana.
El título El origen de un sistema remite, por ello, a una genealogía más profunda que la historia de las instituciones penitenciarias. La exposición sitúa las formas contemporáneas de violencia y exclusión dentro de procesos históricos vinculados con múltiples lógicas de dominación entendidas como configuraciones diversas de concentración, jerarquización y reproducción del poder. El título, no solamente hace referencia al surgimiento del sistema penitenciario, sino a la raíz de una matriz histórica marcada por la búsqueda del poder, el control y el castigo. Este proyecto busca visibilizar que el delito no se encuentra únicamente dentro de las cárceles, sino que se reproduce y manifiesta todos los días fuera de ellas. De este modo, la exposición revela a las cárceles como una representación concentrada y un espejo institucionalizado de la sociedad imperante.
Concebido para una audiencia amplia, y particularmente para personas que habitualmente permanecen fuera de los debates políticos, sociológicos o filosóficos especializados, el proyecto busca convertir la experiencia artística e inmersiva en una vía de acceso a preguntas fundamentales: cómo hemos aprendido a comprender la justicia, de qué manera se legitima el castigo, qué relaciones mantenemos con el poder y qué condiciones hacen posible imaginar otras formas de convivencia.
Dentro de este proceso de investigación, la entrevista con Francisco De Parres Gómez aporta una lectura sobre la relación entre sistema penitenciario, necropolítica, capitalismo, colonialidad y formas contemporáneas de dominación, a la vez que abre el diálogo hacia experiencias comunitarias de justicia, reparación y autonomía. Su participación contribuye a comprender cómo las lógicas de vigilancia y castigo se reproducen más allá de los muros penitenciarios y permite situar la pregunta por la cárcel dentro de una discusión más amplia sobre las formas de poder que organizan nuestras sociedades.
Texto de presentación y análisis: Rita Grande, creadora y directora de El origen de un sistema: Una mirada a las cárceles de México. *
Comunicado de la Organización Campesina de la Sierra del Sur por la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO
AL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO
“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mi, no había nadie más que pudiera protestar.”
Martin Niemöller
Cuando se puso en marcha el TLCAN las instituciones y políticas de regulación agrícola que existían en nuestro país para favorecer la producción de alimentos, fueron desmanteladas. Fue una condición norteamericana para la operatividad del tratado. Así, los productores mexicanos de granos para el mercado interno, fueron sacrificados en el altar del libre comercio.
Los campesinos y agricultores mexicanos tuvieron que luchar en distintos gobiernos priistas y panistas porque se construyeran nuevos mecanismos, programas y sistemas, que les permitieran subsistir ante las nuevas condiciones creadas por el libre mercado.
Gracias a esto, la producción de granos básicos no quedó totalmente en manos de las trasnacionales y de las importaciones.
Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a estas instituciones, con el cierre de la Financiera Rural (FND), hija de Banrural y nieta Del Banco de Crédito Ejidal, se les dio el tiro de gracia. Sus recursos se destinaron a subsidios individuales y a programas como el de precios de garantía, que no han funcionado.
Sin mecanismos e instituciones de financiamiento, comercialización, ni seguros los productores agrícolas quedaron a merced de una competencia desigual con la agricultura norteamericana, fuertemente subsidiada y apoyada, y, de una banca comercial, que año con año exhibe la expoliación realizada celebrando sus grandes ganancias.
Se sacrificó a unos para beneficiar y agradar a otros, sobre todo a los imperialistas norteamericanos.
Desde fines de los años 80’s del siglo pasado, en que se cambió el discurso de la doctrina de seguridad nacional norteamericana y se le empezó a llamar “Guerra de baja intensidad”, se cambió el enemigo principal. Con el derrumbe del llamado campo socialista, “el comunismo” dejó de ser el “enemigo Principal”. Pasaron a serlo grupos y países islámicos nacionalistas, algunos grupos insurgentes y los narcotraficantes.
Los narcotraficantes, aliados en los esfuerzos y guerras contrainsurgentes norteamericanas, pasaron a ser declarados “enemigos”. Los antes cercanos colaboradores de la CIA en sus planes contrainsurgentes en Colombia, Centroamérica, México, Afganistán, Pakistán, EU (en el combate al movimiento por los derechos civiles de afroamericanos y otras minorías), y otros países, ahora son el pretexto para nuevas agresiones neocoloniales. Claro, según la conveniencia, algunos pueden ser indultados como el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.
Los narcotraficantes norteamericanos, no se persiguen, ni se mencionan. Parece que quieren vender el cuento que con Al capone se acabaron las mafias en Estados Unidos.
Pero con ese “petate de muerto” los imperialistas norteamericanos, asesinan (en el Océano Pacifico y en el Mar Caribe), montan operaciones (Venezuela), presionan acusando a gobiernos y políticos, de narcotraficantes, de algunos no lo dudamos. Y para quitarle fuerza a sus amenazas, se recurre a mandarles grupos de narcotraficantes, a veces como respuesta a una petición de extradición, en otras sin petición. Tributo que en varios casos ha resultado contraproducente, pues luego son liberados y pasan a ser utilizados contra el gobierno que los extraditó.
Pero el psicópata pelirrojo, no tiene llenadera, no lo satisfacen esos tributos y sigue presionando, quiere más y más.
Ahora en que, por medio de su secretario de estado, Marco Rubio, decretan una cruzada contra “el terrorismo político”, que es en contra de todos los que están en desacuerdo con ellos. Un abanico en donde caben, antiimperialistas, socialistas, comunistas, anarquistas, defensores de la naturaleza, defensores de los derechos de los pueblos originarios, defensores de derechos humanos, luchadores de izquierda, progresistas, feministas, buscadores de desaparecidos y los gobiernos de Cuba, China, Vietnam, Corea del norte, Rusia, e Irán y se presiona a otros como los de México, Brasil y Colombia. Y en la coyuntura de otra reunión del Tmec ¿Por qué se detiene a Jesús Placido Galindo, un luchador social plenamente identificado con la lucha de los pueblos originarios de la montaña? ¿Es un mensaje para agradar a los imperialistas norteamericanos?
¿Se estará preparando alguna ofrenda para bajarle intensidad a la presión norteamericana?
Es muy claro el interés de los EU en materiales como el Zinc, el cobre, el grafito natural y el hierro para sus procesos industriales, dentro de sus planes internos y de dominación mundial. Además del oro y la Plata y de esto hay en la región de la Montaña. Grupos como los ardillos han diversificado sus actividades, ya no están solo en la siembra y trasiego de amapola, sino también están en la extorsión, actividades comerciales ligadas al transporte y los alimentos, la minería ilegal, la seguridad y la imposición de los intereses de las empresas mineras.
Durante más de 10 años han agredido a comunidades originarias de la Montaña, buscando su desplazamiento, su sumisión o su desorganización, para garantizar su control.
Ha sido muy clara y señalada la relación de los ardillos, el grupo narcotraficante de los Beltrán Leyva, y el exsuegro de la gobernadora Joaquín Alonso Piedra, amigo de Félix Salgado. Y en vez de investigar o combatir a este grupo se detiene a un dirigente del CIPOG-EZ, que ha resistido las agresiones de este grupo delincuencial. ¿A quién se está protegiendo?
Las comunidades de Xicotlán, Acahuehuetlán, Tula y Alcozacán siguen sin poder regresar a sus casas.
El 2 de julio, pasado la CNDH emitió una recomendación sobre el caso de Ayotzinapa, donde claramente se defiende al ejército. ¿Se está reeditando una nueva guerra sucia?
La delincuencia ha sido parte del capitalismo y también de la contrainsurgencia. No es nada nuevo. Lo seguimos viendo en distintos lugares, en distintas formas. Sus relaciones no son secretas, las presumen, es parte de su “poder”.
Acusar a los que luchan por un mundo mejor, de ser parte de la delincuencia y de otros “grupos” no es nuevo, también ha existido a través de la historia, desde el poder se han usado calificativos como “robavacas”, “asaltantes”, “secuestradores”, “narcotraficantes”, “terroristas”, “ayotzinapos”, “los Atilas del sur” y otros. Tiene el objetivo de descalificar las causas y razones de las organizaciones autogestivas y de justificar las agresiones que se les hacen.
POR ESO SEGUIMOS EXIGIENDO JUSTICIA PARA EL COMPAÑERO JESÚS PLÁCIDO GALINDO PRESO POLÍTICO, JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS DEL CIPOG-EZ Y PARA TODOS LOS PUEBLOS DESPLAZADOS POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y NARCOGOBIERNOS EN GUERRERO, HACEMOS RESPONSABLES A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO DE LO QUE LE PUEDA PASAR AL COMPAÑERO JESÚS PLÁCIDO, A COMPAÑEROS DEL CIPOG-EZ, PERO SOBRETO DE LO QUE LE PUEDA PASAR A SU FAMILIA. QUE ESTA EN PIE DE LUCHA POR LA LIBERTAD DEL COMPAÑERO JESÚS PLÁCIDO GALINDO
POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDÍGENAS Y CAMPESINOS
ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR
(TEPETIXTLA, COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO)
O.C.S.S
