San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

24 de julio de 2024.

Boletín No. 17

El sistema carcelario en Chiapas, un contexto inhumano y degradante

• Crisis humanitaria en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá.
• El Estado mexicano debe tratar a todas las Personas Privadas de la Libertad con respeto y dignidad.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hemos documentado un patrón preocupante en varios Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas, donde el autogobierno interno en complicidad con las autoridades carcelarias genera múltiples violaciones a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) como actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de hacinamiento. Estas prácticas son parte de un método de actuación del sistema de justicia que hemos denominado “Fábrica de Culpables”, el cual viola sistemáticamente el debido proceso legal.

Desde marzo de 2024 hemos señalado la situación de sobrepoblación carcelaria que se padece en el CERSS No. 17 “El Bambú”, del municipio de Playas de Catazajá, con 478 internos cuando la capacidad máxima es de 120 personas; junto al hacinamiento al interior de las celdas, donde en un espacio de 9 metros cuadrados mantienen hasta 18 personas. Esta situación ha hecho que aumente el riesgo de enfermedades infecciosas, situación que se agrava por un sistema inmunológico comprometido.

Advertimos también la presencia de múltiples enfermedades reflejadas en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos y protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios presentados en las PPL.

El foco de infección que presentan empeora sin un tratamiento oportuno y adecuado, lo que lleva a complicaciones graves como septicemia u otras infecciones sistémicas. La falta de seguimiento médico y observación constante reflejan el nulo monitoreo de la evolución de la infección, mucho menos se interviene eficazmente para mitigar el riesgo.

La respuesta de las autoridades carcelarias ha sido el traslado forzado e injustificado de la población a otros CERSS, faltando a la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud efectiva y sin discriminación, poniendo en grave peligro la vida e integridad, realizados sin un debido proceso ni recurso efectivo, lo que impacta a la vida familiar de las personas en reclusión, comprometiendo la salud física y mental al exponerlos a condiciones inseguras y limitar su acceso a atención médica adecuada durante el trayecto.

Lo anterior representa múltiples violaciones a derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación y alimentación. También afecta la salud mental, exacerbando el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, el encierro en condiciones tan precarias y la falta de espacio adecuado violan el derecho a condiciones de detención dignas, socavando la dignidad y el respeto como individuos bajo custodia del Estado.

Hacemos un llamado al Estado mexicano a que adopte urgentemente medidas que salvaguarden la salud física y mental para la población recluida en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá, y en todos los centros penitenciarios de Chiapas, tomando en cuenta los estándares universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las Personas Privadas de la Libertad, contempladas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Además de atender la situación de hacinamiento, dejando de lado las medidas arbitrarias e ilegales o represivas que impliquen traslados forzados.

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— EUA: Entrevista a Carolina Saldaña sobre las acciones por la libertad del  preso político Mumia Abu Jamal. Anuncia traducción de nuevo libro sobre lucha anticarcelaria. Por NdA.

— GUATEMALA: Lolita Chávez, La Nieta del Pueblo Maya K’iche’ regresa a Ixim Ulew: Un viaje de reconexión y resistencia.  Acompañada de una delegación, regresa tras 10 años de exilio por amenazas de muerte. Fuente: De pueblo y barrio.

— CHILE: Las luchas contra la prisión política en Chile llaman a luchar por la libertad de los presos políticos del ataque policiaco a Villa Francia. El preso político Mapuche de la CAM Héctor Laiquitul inicia huelga líquida para denunciar la política represiva del régimen de Boric. Y se realizan jornadas para la libertad de anarquistas presos como Francisco Solar para sacarlo de aislamiento. Fuente: Buskando la Kalle. Fuente: Federación Anarquista | Informativo Anarquista

— CHIAPAS: ENTREVISTA a  NO ESTAMOS TODOS sobre el caso José Díaz, el zapatista, base de apoyo preso injustamente y de la lucha anticarcelaria en Chiapas. Por Nda.

— GUERRERO: Los huracanes de la violencia. Un panorama desolador en Guerrero.

La omnipresencia de los grupos criminales se ha normalizado al punto de imponer un estilo de represión caciquil y militar. Fuente: Tlachinollan.

— MÉXICO: Convocan a la quinta Asamblea Nacional del Agua, la vida y el territorio. Un espacio de resistencias comunitarias y populares, el próximo 17 Y 18 de Agosto.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de Julio de 2024
 
Boletín No. 16

 

El Estado mexicano mantiene como rehén a Base de Apoyo del EZLN

• Con dilación judicial culmina el desahogo de pruebas en juicio de José Díaz.
• Advertimos una investigación deficiente y sucia para criminalizar al Base de Apoyo y a cuatro más de sus compañeros zapatistas.

Finalizó el proceso de desahogo de pruebas después de 1 mes y 4 días, en contra de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). La apertura a Juicio inició el 4 de junio para culminar el 8 de Julio del presente año, fijándose el próximo 6 de agosto a las 17:00 horas para llevarse a cabo la audiencia de alegatos de clausura, que da pie para el pronunciamiento de la sentencia. En este contexto, José Díaz permanecerá 1 año y 9 meses como rehén del Estado mexicano y sujeto a criminalización por un delito que no cuenta con sustento probatorio para condenarlo.
 
Durante el desahogo de 4 pruebas, el Fiscal del Ministerio Público del Distrito Selva pretendió vincular la participación del delito de robo ejecutado con violencia en contra del BAEZLN. Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público no cumplió con los requerimientos de ser objetiva, ni logró acreditar la teoría del caso, además existió deficiencia e insuficiencia probatoria.
 
Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Desde contradicciones en el modo, lugar y tiempo del supuesto delito, hasta la falta de pruebas sustanciales como la acreditación de la preexistencia del delito y la experiencia del perito contable, cada detalle revela una investigación deficiente con injusticia en el proceso judicial.
 
La posibilidad de que José Díaz y otros cuatro BAEZLN con órdenes de aprehensión sean sentenciados injustamente es alarmante, dado el cúmulo de irregularidades y falta de fundamentos sólidos en su contra.
 
El juez al emitir su sentencia además de considerar el estándar del delito de robo, deberá tomar en cuenta que se trata de una criminalización por motivos políticos en medio de un patrón de fabricación de culpables en contra de personas defensoras indígenas, además de considerar el contexto en el que se lleva a cabo el supuesto robo, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean este caso y que demuestran que la fiscalía no realizó una investigación legal, científica y objetiva.
 
Así también, el Juez debe dictar sentencia absolutoria atendiendo a los numerales 20 inciso A fracción I de la Constitución, que ordena proteger al inocente, 20 inciso B fracción I que establece el principio de presunción de inocencia, relacionado con el numeral 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de duda razonable establecido en los numerales 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios pro persona e indubio pro reo.
 
Por lo anterior exigimos al gobierno Estatal y Federal, y en particular al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de José Díaz Gómez con una sentencia absolutoria.
 
Agradecemos e insistimos en el llamado a todas las personas, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, a continuar solidarizándose y seguir exigiendo la libertad inmediata de José Díaz Gómez y que cancele las órdenes de aprehensión en contra de las 4 BAEZLN. Así como estar pendientes de las acciones en el marco del dictamen de sentencia la semana del 29 de julio al 6 de agosto.

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Palabra pública por la liberación inmediata e incondicional de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del EZLN, Defensor del Territorio de Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas

06 de Julio de 2024

Demandamos que el juzgado de Catazajá Chiapas cumpla con su deber de impartir justicia verdadera a nuestro hermano José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), Defensor de la vida y el Territorio, originario de Ranchería el Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas acusado injustamente, que desde el 25 de noviembre de 2022 fue secuestrado y rehén por el gobierno del Estado de Chiapas, donde le fabricaron un delito de robo ejecutado con violencia, estrategia del Gobierno para encarcelar a los más indefensos.

En el marco de la apertura del juicio oral que dio inicio el 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, solo han llevado a la larga su proceso penal, estamos sabedores que el 8 de julio de 2024, se dará continuidad a su proceso, para posteriormente dictarse una sentencia, nos preocupa que el Juez vaya a dictar una sentencia de condena a nuestro compañero sin prueba alguna que justifique su encarcelamiento y criminalización. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José Díaz, al tratarse de un delito fabricado.

Repudiamos la actitud de las autoridades por el maltrato a nuestro hermano José Díaz Gómez al ser víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, víctima de tortura, desaparecido e incomunicado por la policía especializada de la fiscalía del Distrito Selva, estratégicamente le hicieron firmar y poner su huella en varios papeles en blanco y no le facilitaron un traductor de su lengua materna Ch´ol , ni por un abogado, lo que es una grave violación a sus derechos humanos.

Nos unimos a la voz de todos aquellos que claman justicia desde las cárceles:

EXIGIMOS:

• La liberación inmediata e incondicional de nuestro hermano Defensor de la vida y el Territorio José Díaz Gómez BAEZLN y de otros cuatro hermanos de Base de Apoyo Zapatista, que tenemos conocimiento que cuentan con órdenes de aprehensión.
• Respeto a nuestros derechos humanos indígenas.
• Respeto a nuestras autonomías comunitarias.
• Basta de los trabajos sucios e ineptos de los jueces y la fiscalía del Estado.
• Basta de la corrupción de las autoridades que ponen en riesgo la vida de los más indefensos.
• Basta del encarcelamiento y criminalización injustificado de los más indefensos.

ATENTAMENTE
CONCEJO DEL GOBIERNO COMUNITARIO
Chilón, Chiapas.

PALABRA PÚBLICA POR LA LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL

DE JOSÉ DÍAZ GÓMEZ

19 de junio 2024

Demandamos que el juzgado cumpla con su deber de impartir justicia verdadera, a José Díaz Gómez Base de Apoyo del EZLN, del pueblo originario Ch’ol, campesino de 45 años, rehén del Gobierno del estado de Chiapas, está secuestrado desde el 25 de noviembre de 2022, en el CERSS No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia.

En el marco de la apertura de juicio oral que dio inicio este 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, investigación deficiente y pruebas sin el mínimo rigor científico. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José, al tratarse de un delito fabricado. Este miércoles 19 de junio se llevará a cabo su tercera sesión de audiencia de apertura de juicio oral a las 2:00 pm, estaremos atentos y realizaremos acciones en caso de no ser absolutoria la sentencia.

Denunciamos que José Díaz ha sido víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva, en la fiscalía le obligaron a poner su huella, firmar varios papeles en blanco y no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado.  Los jueces y fiscales han alargado el proceso y la prisión preventiva oficiosa, al negarle tres veces medidas cautelares, en consecuencia, ha estado viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sólo duerme 3 horas y comparte celda con 18 personas en un espacio de tres por tres metros, es decir vive en condiciones de TORTURA, provocándole enfermedad y daños psicosociales a él, a su familia y a la comunidad en resistencia de la que es parte. 

Repudiamos todas estas violaciones los derechos humanos en contra de José, lo cual evidencia el patrón característico de la fabricación de culpables para criminalizar a defensores de la tierra y el territorio, a grupos y comunidades que resisten con dignidad a la destrucción de sus formas propias de vida como pueblos originarios. 

El derecho a la libre determinación, aunque reconocido constitucional e internacionalmente, es constantemente violado y pisoteadas las libertades de los pueblos por parte del mal gobierno y sus instituciones, apoyándose en la impunidad y el racismo característico del sistema de impartición de (in) justicia mexicano. José ha sido criminalizado por su adherencia zapatista como parte de la estrategia de Guerra Integral de desgaste emprendida por los diferentes gobiernos incluido el actual, que se autonombra de la Cuarta Transformación. Sin embargo, las personas que nos indignamos frente a la injusticia y el despojo, porque nuestro corazón late abajo y a la izquierda, seguiremos luchando hasta ganar la libertad de nuestro compañero José Díaz y la libertad de nuestras comunidades. 

Por todo esto, exigimos:

• La cancelación de las cuatro órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro Bases de Apoyo del EZLN por el mismo delito fabricado en contra de José Díaz

• El cese de la criminalización a los miembros del Congreso Nacional Indígena. 

• La libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz Zamora presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio.

• Libertad a los cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc Chipas; Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco. 

• Alto al hostigamiento en contra de: la comunidad Otomí residente en CDMX, del compañero Diego García Bautista y la Unión de Pueblos y fraccionamiento contra el basurero y en defensa del agua en Puebla.

¡Libertad inmediata e incondicional para José Díaz Gómez base de apoyo zapatista!

¡Alto a la Guerra contra las comunidades Zapatistas!

¡Alto a la Guerra contra los pueblos!

¡Viva la autonomía!

A T E N T A M E N T E

Jornadas contra la Criminalización y por la libertad

PALABRA PÚBLICA POR JOSÉ DÍAZ.pdf(255.83 KB)

Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

El miércoles 19 de junio de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo la sesión para resolver el Amparo Directo en Revisión en el caso de Miguel Peralta Betanzos, defensor comunitario de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La Suprema Corte decidirá si pone fin a los casi diez años de persecución que ha sufrido Miguel Peralta.

Miguel Peralta es uno de los 35 integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón criminalizados en el expediente 02/2015, a raíz de un conflicto sociopolítico en diciembre de 2014. El conflicto se derivó de la creciente tensión entre la asamblea comunitaria y un grupo caciquil partidista, que ha buscado mantener el control del gobierno municipal, los fondos municipales y la explotación de los recursos naturales de la comunidad.

El 14 de diciembre de 2014, la asamblea fue atacada violentamente por el grupo caciquil liderado por Manuel Zepeda Cortés mientras se reunía en la cancha del pueblo para elegir a su alcalde. La violencia subsiguiente se saldó con dos muertos, entre ellos el hijo de Manuel Zepeda. La hija de Zepeda, Elisa Zepeda Lagunas, ha dirigido los esfuerzos de criminalización contra los integrantes de la asamblea comunitaria, fabricando delitos y utilizando cargos públicos en el gobierno municipal y luego en el estatal en los siguientes años para influir en los procesos legales.

Miguel Peralta fue detenido en abril de 2015 por cargos fabricados relacionados con los hechos del 14 de diciembre. Más de dos años después, el 26 de octubre de 2018, fue sentenciado a 50 años de prisión por homicidio y tentativa de homicidio. Tras una apelación de su equipo legal, su sentencia de 50 años fue absuelta y su caso regresó a la última fase del proceso, la audiencia final. Eso porque en la última audiencia, antes de que se dictara la sentencia, se violó el derecho de Miguel de estar presente. Literalmente dijeron que no tuvieron recursos para pagar el combustible de la patrulla que llevaría Miguel del reclusorio, en San Juan Cuicatlán, hasta el juzgado de Huautla, donde ocurrió dicha audiencia. 

En octubre de 2019, fue absuelto de los dos delitos y puesto en libertad tras pasar casi cuatro años y medio en prisión.

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Tras una apelación de la parte acusadora, el 4 de marzo de 2022 se revocó la libertad y reafirmó la condena de cincuenta años, dictando una orden de reaprehensión contra él después de casi dos años en libertad. 

Al resolver un amparo directo, el Tribunal Colegiado en Oaxaca regresó su proceso legal casi ocho años atrás, a la etapa de los careos, buscando nuevamente que Miguel enfrente este proceso desde la cárcel. A esa resolucióm, su defensa interpuso un recurso de revisión para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva el amparo. Actualmente Miguel Peralta se encuentra en libertad, en condición de perseguido político.

Todos los ojos puestos en la Suprema Corte

En enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el amparo directo en revisión 6535/2023 para el caso de Miguel Peralta. Y el 19 de junio se llevará a cabo la sesión para resolverlo. 

El proyecto ha sido presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Los demás ministros -Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena- debatirán ese proyecto el 19 de junio. La decisión final deberá ser tomada por la mayoría de los cinco ministros.

“La corte tiene una oportunidad histórica”, explica la abogada de Miguel Peralta, Araceli Olivos, en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Tiene la oportunidad de hacer un precedente diferente en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano; una relación que históricamente se ha visto manchada por la opresión, explotación, discriminación y marginalización de los pueblos indígenas. Con esta decisión, la Suprema Corte tiene la oportunidad de empezar a deshacer estos agravios históricos perpetrados contra los pueblos indígenas, y contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

Para el equipo legal de Miguel Peralta, hay dos puntos que la Suprema Corte debe tener en cuenta al analizar el amparo. Primero, el protocolo de perspectiva intercultural en casos relacionados con comunidades indígenas, como es el caso de Eloxochitlán. ¿Qué significa esto? Que el caso de Miguel debe ser ubicado en el contexto político, social y cultural del pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón.

“La interculturalidad nos invita a dialogar, a mirar al otro, la otra, ese otro pueblo”, dice la abogada de Miguel. “Lo que queremos decirle a la corte es que mire al pueblo mazateco, que mire a Eloxochitlán, que escuche a Eloxochitlán”. No se trata de un simple caso de agresor y víctima, sino de un complicado conflicto que afecta a toda una comunidad y está directamente relacionado con una tensa relación histórica entre los pueblos indígenas y el Estado-nación mexicano.

El segundo punto que el equipo legal de Miguel está exigiendo a la Suprema Corte a considerar es el principio de mínima intervención del derecho penal. En lugar de responder con la criminalización, la exigencia es que el Estado “atiende las causas, promueve el dialogo, promueve mecanismos alternativos…no todo es cárcel, cárcel, multa, proceso penal”, explica Araceli Olivos. Este principio puede aplicarse en diversas circunstancias y ha sido aplicado anteriormente por la corte en casos relacionados con conflictos comunitarios y pueblos indígenas.

El equipo legal de Miguel argumenta que la resolución anterior del Tribunal Colegiado de Oaxaca fue insuficiente, ya que no consideró estos factores. No tomó en cuenta que la acusación sobre Miguel derivó de un contexto político, social y cultural mucho más amplio y complicado en Eloxochitlán de Flores Magón.

Contexto político y cultural

La necesidad de una perspectiva intercultural y del principio de mínima intervención del derecho penal es evidente en el caso de Miguel Peralta. El pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón es uno de los 68 grupos étnicos que habitan el territorio hoy dominado por el Estado mexicano. Tienen su propia lengua, espiritualidad, cosmovisión, sus propias formas de organización interna y de toma de decisiones. Su autodeterminación está protegida en la Constitución mexicana, así como en diversos acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en relación con los pueblos indígenas.

El caso de Miguel es parte de esta tensa relación entre el Estado-nación mexicano y los pueblos indígenas. Su criminalización, y la de sus compañeros, es consecuencia de los intentos de imponer los intereses político-partidistas y caciquiles frente a las formas internas de organización comunitaria, incluyendo la asamblea comunitaria, el trabajo colectivo y la defensa del territorio. El caso de Miguel es una cuestión de autodeterminación y autonomía indígena, y de la capacidad de una comunidad para resolver conflictos a través de sus propios procesos internos.

Los efectos negativos en la comunidad de Eloxochitlán como consecuencia del conflicto y la criminalización han sido amplios. “Mi pueblo ha perdido todas sus costumbres por todo lo que se viven desde 2014”, explica Martha Betanzos, madre de Miguel. “Desde 2014 nuestro pueblo decayó, nuestras escuelas ya están vacías, nuestros profesores ya han retirado por todo lo que se ha vivido en Eloxochitlán. Nuestras iglesias están vacías. Todo lo que corresponde a Eloxochitlán, todos sus servicios médicos. Ya se decayeron. Ya no hay buena salud. Ya no hay buena atención”.

Lento camino hacia a la libertad

Aunque con procesos legales llenos de irregularidades y retrasos judiciales, los presos y perseguidos políticos de Eloxochitlán han recuperado lentamente su libertad, poco a poco, durante los últimos diez años.

El 29 de septiembre de 2023, el juzgado mixto de Huautla de Jiménez modificó las medidas cautelares, liberando a Jaime Betanzos y Herminio Monfil, dos integrantes de la comunidad de Eloxochitlán que se encontraban en prisión desde diciembre de 2014 sin sentencia ni condena. Fueron liberados no en plena libertad, sino para continuar sus procesos legales fuera la prisión.

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Más recientemente, el 12 de junio de 2024, el juzgado de Huautla de Jiménez ordenó la liberación de Francisco Durán, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, también integrantes de la comunidad mazateca, encarcelados por el mismo conflicto, cambiando las medidas cautelaras, lo que les permite continuar sus casos legales fuera de la cárcel dentro de su comunidad.

La familia de Miguel, su equipo de apoyo, colectivos y organizaciones solidarias y la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón exigen que la libertad definitiva de Miguel siga a estas recientes victorias judiciales, para que la comunidad pueda seguir caminando hacia la libertad, para ir curándose de las heridas de la represión caciquil y estatal.

“Queremos vivir en paz, queremos vivir con toda nuestra libertad “, dice Martha Betanzos, madre de Miguel. “Queremos ver libre a Miguel Ángel Betanzos, ¡que ya llege! a pisar su tierra, ¡que ya llege! a escuchar los pajaritos, ¡que ya llege! a pisar el lodo, ¡que ya llege! a tentar ahí los montes, los cafetales”.

Fuente: Avispa Midia Por Karen Castillo

^{Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote}

Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.

Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.

Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.

Fuente: Avispa Midia

Por Crimethinc

El 24 de abril, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin para manifestarse contra la complicidad de la administración universitaria en el genocidio en curso en Gaza. Temiendo que se repitieran los disturbios ocurridos en la Universidad de Columbia y en otros lugares del país, las autoridades del campus movilizaron a un gran número de policías. Sin embargo, a pesar de las detenciones y la violencia, los y las manifestantes se impusieron a la policía. En el siguiente informe, las personas que participaron describen lo que aprendieron.

Hace ya seis meses que se llevan a cabo acciones de solidaridad dirigidas por estudiantes en las universidades. En la última semana, sin embargo, se han intensificado, con acampadas y paros en más de 40 campus de todo el país. Estudiantes de lugares tan lejanos como Australia, Italia y Francia han organizado sus propias acampadas y otras protestas en solidaridad. En las últimas 48 horas, han aparecido nuevos campamentos en al menos catorce campus estadounidenses, incluidos al menos tres campamentos -en Atlanta, Filadelfia y Washington DC- que son colaboraciones interinstitucionales. La policía ha desalojado algunos de ellos, pero otros siguen resistiendo. Durante el mismo periodo de tiempo, al menos seis escuelas han acogido manifestaciones. Dos acampadas escolares tomaron edificios del campus.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de abril de 2024
Boletín No. 11

Se promueven Medidas Cautelares ante la CIDH para Base de Apoyo del EZLN

• Riesgo a la salud y vida de José Díaz por hacinamiento carcelario, y precaria atención médica.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de que valore la adopción de Medidas Cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), además de atender la situación carcelaria y de condiciones dignas de internamiento, bajo los estándares interamericanos protectores del derecho a la salud en interdependencia con los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal.

José Díaz se encuentra en grave riesgo a su salud y por consecuencia a su vida, debido a la situación de propagación de una enfermedad que se está incubando como consecuencia del hacinamiento y la precaria o nula prevención y atención médica del sistema carcelario. Se le suman también los impactos psicosociales; además que, como persona perteneciente al pueblo Ch’ol no ha tenido las mínimas atenciones respecto a la adopción de medidas culturalmente adecuadas.

Este Centro de Derechos Humanos documentó e intervino a finales de marzo de este año en la situación de sobrepoblación carcelaria en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 17 (CERSS 17) de Catazajá[1], Chiapas. Ahí advertimos de la presencia de múltiples enfermedades reflejada en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos, protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios a Personas Privadas de la Libertad (PPL), incluyendo a José Díaz

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