
Presos
A cinco meses de represión en la CDMX, activistas exigen justicia y alto a la criminalización
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.

“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
Por su parte, Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, ante el anuncio de las autoridades aseveró que el cierre de la acción penal es producto de la lucha social. “Si nosotros no hubiéramos seguido yendo a la fiscalía, a días de haber sido golpeados, de haber sido torturados por policías, con esguinces, con contusiones, ellos hubieran seguido con esta carpeta. Este caso expresa la magnitud de la criminalización a la lucha social que el gobierno está dispuesto a usar contra los defensores del territorio”, sostuvo Castillo.

Pese a que miembros de organizaciones sociales celebraron el anuncio que detiene la criminalización de los activistas, también aseguraron que aún está pendiente el seguimiento a las denuncias presentadas por las agresiones, tortura sexual y robo que elementos policiacos cometieron contra las y los manifestantes.
Reparación
Para el activista Diego García los actos de represión de septiembre pasado son parte de un proceso contra la lucha social de colectivos y organizaciones en la CDMX, donde el uso del Cuerpo de Granaderos -elementos antimotínes, cuya extinción fue anunciada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2018-, continúa “operando con plena impunidad, sigue haciendo uso excesivo de la fuerza pública”.
En un breve mensaje tras la audiencia, García aseveró que aún queda pendiente el castigo a los funcionarios por su acto de omisión ante las agresiónes contra los manifestantes llevadas a cabo por “el grupo de choque comandado desde la alcaldía de Xochimilco”, y también por la brutalidad policiaca que se ejecutó horas más tarde en la alcaldía Tlalpan, a donde fueron trasladados los manifestantes heridos y detenidos en Xochimilco.
“Exigimos también se esclarezca lo que tiene que ver con el grupo de choque: ¿quién lo comandó?, ¿de parte de quién llegaron?, ¿quién los financió y quién dio la orden?, eso no puede quedar impune”, reclamó García.
La joven Mayahuel, miembro de Radio Zapote, enfatizó que pese al cierre de las investigaciones contra los activistas, los servidores públicos responsables continúan impunes, lo que representa un peligro para quienes se manifiestan por la defensa del territorio al sur de la ciudad. “El coordinador de seguridad, que fue quien dio la orden para que se retirara la policía de Xochimilco, Darío Corrales, sigue todavía trabajando para la alcaldía”, denunció sobre el funcionario que permitió la operación del grupo de choque.
Además, entre las demandas de reparación, Diego García compartió que están exigiendo el seguimiento a las denuncias por robo, ya que los elementos policiacos sustrajeron cámaras, celulares y equipo de comunicación de integrantes de medios independientes y alternativos quienes acudieron a la alcaldía de Tlalpan para coberturar la represión.
Karen Castillo puntualizó que documentaron el monto de los equipos robados, a más de cinco medios y periodistas, el cual asciende a 200 mil pesos, ante lo cual presentaron denuncias ante la Fiscalía de Asuntos Especiales.
Castillo, quien también fue agredida, resalto que darán seguimiento a las denuncias interpuestas por la violencia de los elementos policiacos quienes cometieron actos transfóbicos, insultos racistas y, contra las mujeres, desnudos forzados que constituyeron actos de tortura sexual.
Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de enero de 2025
Pronunciamiento Conjunto
Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
La situación en Chiapas es compleja y preocupante. El gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor Mario Gómez López, que se da en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo policía militarizado, detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada.
Mario Gómez López (en adelante Mario) es un maya tsotsil, defensor de derechos humanos que fue privado de su libertad el 24 de enero del 2025, por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, también es pareja de Pascuala López López, (en adelante Pascuala) defensora de derechos humanos. Su detención se dio mientras se dirigía a su trabajo como albañil alrededor de las 8.00 am.; fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después, y trasladado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) el Amate, del municipio de Cintalapa, acusado de Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten; delitos que son eminentemente políticos. En esta detención se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicacion con sus abogados y su pareja, Pascuala.
El trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada tanto por Pascuala como por Mario frente a la ejecución su hijo Mateo Gómez López, ocurrida la noche del 3 de febrero de 2021, hecho que cuenta con la carpeta de investigación número 0440-078-1001-2021. Este asesinato se da tras un proceso de intimidación, hostigamiento, y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La lucha, además de la criminalización actual, les ha valido también para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara la Medida Cautelar No. 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia.[1] El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica.
Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso 210-2023 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina heteropatriarcal y racista.
La defensa de los derechos humanos impulsada por la madre y el padre de Mateo, Mario y Pascuala respectivamente, tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa.
En distintos momentos Pascuala ha sufrido agresiones físicas, como el intento de feminicidio ocurrido el pasado 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente 20 personas rodearon su casa, fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables. Las propias autoridades chiapanecas le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios.
Insistimos que la detención de Mario, responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, sin embargo, se omite, que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos.[2]
Todo este marco de violencia ha sido notificado a los gobiernos estatal y federal, por la alta vulnerabilidad hacia Pascuala, Mario y su familia, también se dio parte a la CEDAW y CIDH con la finalidad de reforzar y garantizar sus medidas cautelares.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso.
Atentamente
Colectivos y Organizaciones
Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes.
Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.
Vendaval, cooperativa panadera y algo más
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Jornadas contra la criminalización y por la libertad
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Grupo de Solidaridad con Chiapas, Innsbruck Austria
Espacio de Mujeres y la Sexta Jovel
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa
Abya Yala, RRR.
Groupes CafeZ, Liege Belgica
Casa Nicaragua
Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes
Servicios y Asesorías para la Paz – SERAPAZ-
IMDEC
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Consorcio Oaxaca
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Colectivo de DDHH Tejiendo Dignidad, Memoria y Justicia
Colectivo Kuu
SweFOR México
Raíces en resistencia
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
Nodo de Derechos Humanos
Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
Rizoma
Red Morelense de apoyo al CIG/CNI
Movimiento de discapacitados y tercera edad de la 4T. MODISTE4T
Colectivo tierra y libertad
Mexicanos Unidos
Instituto Cultural Autónomo “Rubén Jaramillo Ménez”, México
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Criticas – COTRIC
Tlapaltik B’e Cooperativa
Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía
(RAIS) Red de Apoyo Iztapala Sexta
Colectivo de Profesorxs en la Sexta
Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia
Comunidad de Xochitlanezi
Colectivo Gavilanas
Colectivo de Trabajo Cafetos
Colectivo Cuaderno Común
Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja
Colectivo la Otra Justicia
Colectivo Panadero la Grieta
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Personas
Lorena Méndez Barrios
Nataniel hernandez
Gabriella Piccinelli Bocchi
David Jimenez
Silvia Resendiz Flores
Geneviève Michel
Odette Goffard
Marc Imberechts
Elise Imberechts
Mauricio Salazar
Hector Tomás Zetina Vega
Yesica Sánchez Maya
Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana
Jacinta Francisco Marcial y Estela Hernández
Luisa Riley , Ciudad de México
Calixto Trinidad Carbajal Balderas
Larisa Fuentes
Jesús Batta
Efraín Rojas Bruschetta
Dara Vilchis
Carolina Díaz
Margara Millan
Alfredo Lozano Ortega
Armando Soto Baeza
Gabriela villarreal
Oralba Castillo Nájera
Alfredo Lozano Ortega
Hugo Molina
Teresa González Molina
Matilde Belem Huerta Lastra
Elena Morúa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Ernesto González Orduña
Ernesto Lucero Flores.
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[1] Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2023/res_3-23_mc_892-22_mx_es.pdf