Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 24 de julio de 2025 Boletín No. 05
Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba
En riesgo a la vida e integridad de personas defensoras en el estado “más seguro de México”.
En menos de 10 meses 2 hallanamientos contra integrantes del Frayba.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su profunda preocupación ante el allanamiento a la vivienda de nuestra Directora, Dora Roblero, ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Este hecho no es aislado. Tal como lo documentamos en nuestro informe más reciente “Chiapas, en la espiral de la violencia armada criminal y criminal”, la situación de riesgo para quienes defendemos los derechos humanos en la entidad se ha recrudecido. En menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210.
Cabe señalar que Dora Roblero fue recientemente ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo el pasado 4 de julio, en el mismo contexto en el que se perpetra este acto violento como una medida represiva en torno a la continuidad política de este Centro.
El allanamiento ocurrió aproximadamente a las 19:52 hrs., cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada de la casa de Dora Roblero estaba abierta, tras recibir el aviso, Dora les solicitó encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, al hacer este hecho se percataron de un ruido en la planta alta, por lo que procedieron a cerrar inmediatamente la puerta y retirarse del lugar, acto seguido arribaron para acompañar integrantes del equipo Frayba, quienes llegaron al domicilio a las 20:30 hrs.
A su llegada, constataron varios signos de irrupción: las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera.
Ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta institucional fue negligente y evasiva. A las 21:39 hrs., un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911.
La desprotección continuó. A las 22:02 PM, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 hrs., llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 hrs. Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo.
Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Más aún, representa una agresión directa contra Dora Roblero, el Frayba como institución y quienes les integran, una clara represalia por su labor de defensa y denuncia ante las múltiples violencias que se ejercen en Chiapas.
En el Frayba hemos documentado este hecho como parte de una serie de agresiones que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios.
La omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional es parte de una política sistemática de desprotección que expone constantemente a quienes defienden la vida y el territorio, en contradicción con el discurso oficial del gobierno estatal, que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial.
Exigimos al Estado mexicano: Que garantice plenamente y de manera inmediata la seguridad integral de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento ocurrido; que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH; se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad. Convocamos a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente a esta violencia directa y estructural promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas.
Mientras en la tarde del último domingo (20) el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya, recorría el centro histórico para supervisar las obras de las calles Aldama y Las Casas, que hacen parte de la “revitalización” del centro histórico, a unas pocas cuadras de allí, en el Zócalo de la ciudad, se daba el mitin de cierre del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, iniciado el miércoles, 16 de julio, cuya finalización de las actividades, que se extenderían hasta el lunes (21), fue adelantada por cuestiones de seguridad.
La integrante del Observatorio Memoria y Libertad, Karen Castillo, una de las organizaciones convocantes de este encuentro, señaló que documentaron la “presencia y el acoso policial durante todo el encuentro; varios de nosotros fuimos perseguidos por patrullas pues intentando salir del encuentro y dirigirnos a nuestros hogares”. De igual manera, durante el encuentro en el Zócalo, dos policías estatales se metieron en el mitin e hicieron captura de imágenes de los participantes.
Las obras de embellecimiento urbano que supervisaba Chagoya fueron inauguradas la misma tarde del domingo, seguido de un acto festivo al tono del megaevento de la Guelaguetza, que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la ciudad, con la presencia masiva de turistas nacionales e internacionales en el centro histórico de esta ciudad. En la inauguración de las obras estuvieron el gobernador Salomón Jara y la indígena oaxaqueña elegida en el contexto de la Guelaguetza como la Diosa Centéotl, la mazateca Patricia Casiano Zaragoza.
Persona de en medio, de camisa blanca, Raymundo Chagoya presidente municipal del centro de Oaxaca inaugurando obras.
Nuevas luminarias, árboles, banquetas y mobiliario urbano “embellecen nuestra ciudad y mejoran la movilidad en esta zona emblemática”, se lee en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Estado. La intervención fue realizada en cuatro cuadras en total y costaron 12.3 millones de pesos, dentro del programa nombrado Oaxaca Camina. Chagoya en sus redes sociales dijo que este programa “transforma el corazón del centro histórico”.
Los comerciantes informales que tenían sus puestos en la zona, alrededor de 60, fueron “reubicados”, de acuerdo con declaraciones de Noé Jara Cruz, secretario de gobierno del municipio de Oaxaca. Durante el inicio de las obras, en mayo de 2025, fueron tendidas mantas de protesta en la zona en las cuales se reclamaban que dichas obras solamente beneficiarían a los turistas y comerciantes.
“Mucho del ‘desarrollo urbano’ se concentra en el centro histórico y las cosas no bellas, no bonitas, lo que el centro no quiere están siendo desplazadas a las periferias. También las personas que no son deseables para la ciudad como los migrantes, las personas en situación de calle, se hace constantemente una limpieza del centro. Y así sucede con todo aquello que no alimenta la imagen ideal de la ciudad de Oaxaca”, dijo a Avispa Mídia una de las organizadoras del encuentro contra la gentrificación, Donají, integrante del colectivo Radical Oaxaca, señalando que este fue uno de los temas recurrentes mencionados por participantes de distintas latitudes durante el encuentro.
No es espontáneo
El foro contra la gentrificación fue un esfuerzo de autogestión que reunió colectividades, disidencias sexogénericas e individualidades que, con sus propios recursos, viajaron hasta Oaxaca, desde de Ciudad de México, Baja California Sur, Morelia, Estado de México, Turín Italia, Sevilla España, Inglaterra, Bolivia, Colombia.
“Sentimos que necesitábamos profundizar las informaciones sobre estos temas, conversar entre todas y todos, que necesitábamos un momento de diálogo, de reflexión, de sentarnos a pensar cuáles son las problemáticas en nuestros lugares, quiénes están propiciando estas situaciones y también buscar posibles soluciones colectivas”, sostuvo Donají refiriéndose a lo qué motivó alrededor de 40 colectivos convocar a dicho encuentro.
Conferencia de prensa de los resultados del Encuentro Nacional Contra la Gentrificación. Foto por Renata Bessi
Uno de los puntos álgidos del debate fue acerca del significado de los términos gentrificación y turistificación. “Nos dimos cuenta que estos conceptos pueden no expresar estrictamente lo que vivimos en nuestros territorios porque son muy diversos, pero en este momento ese concepto nos está ayudando a nombrar lo que vivimos y entonces me parece que es útil (…), nos esta ayudando a nombrar las diversas formas de despojo”, puntualizó la activista.
Estos procesos no son homogéneos, argumentan, y adquieren formas específicas en cada territorio. En el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, se entrelazan con megaproyectos federales como el Corredor Interoceánico. En Ciudad de México, con la financiarización de la vivienda y el avance de plataformas como Airbnb. En Oaxaca, con la apropiación del centro histórico y la reducción del patrimonio cultural a mercancía turística. En Baja California, con el extractivismo inmobiliario que amenaza la costa y los vínculos comunitarios.
Lo cierto, advierten, es que estos procesos que atraviesan las ciudades, barrios y territorios no son fenómenos aislados ni espontáneos. Son estrategias de despojo estructuradas desde el capital y el Estado que, bajo el disfraz del desarrollo, la modernización o la revitalización, reconfiguran violentamente los espacios de vida para ponerlos al servicio del mercado y de las élites. Estos procesos, sostienen los activistas, se alimentan del desarraigo, la especulación, la privatización y la exclusión, y son sostenidos por políticas públicas, discursos institucionales y actores corporativos que operan en red.
Foto por Renata Bessi
Desde las mujeres y disidencias sexogénericas
El derecho a la ciudad pensado desde las mujeres, desde las disidencias sexogénericas que, según sus propios relatos, son desplazadxs de los espacios, también fueron puntos nodales del debate durante estos días de encuentro. Cómo construir una ciudad que no sea patriarcal, que no sea centrada en el pensamiento masculino, “que está muy de la mano con el pensamiento actual, el que genera la simplificación de la visión sobre el espacio, que piensa antes de todo en las ganancias”, dijo Donají y añade que, de los grupos de trabajo que emanaron del encuentro, “me parece que ese va a ser uno de los más interesantes”.
Invitación
En el pronunciamiento final del encuentro, las diversas colectividades enfatizaron que su lucha “es colectiva, autónoma y creativa; no buscamos solo frenar estos procesos, sino construir nuevas formas de habitar, de organizar la vida, de defender el derecho al territorio”.
Así, la propuesta es que los colectivos se mantengan coordinados. Del mismo modo invitan a todas las personas que sientan que viven los efectos de alguna desigualdad, que quieran pensar la ciudad, que quieran pensar su comunidad, que se sumen a los nodos de trabajo que se conformaron a partir del encuentro. O que conformen sus propios nodos de trabajo, que documenten, investiguen, se organicen, y se sumen a los nodos ya propuestos “para fortalecer la lucha contra la gentrificación y la turistificación”.
Donají adelanta que brevemente se harán públicos los medios a través de los cuales se podrá conocer el seguimiento que se dará a los nodos de trabajo.
Elsa sueña con tener un vivero de árboles endémicos. Eso la llevó a estudiar ingeniería forestal y, con ello, a conocer alternativas para cuidar y restablecer el suelo. Sabía que quería hacer algo para inclinar un poco la balanza del daño ambiental en el territorio donde habita, y necesitaba sustrato para producir árboles. Había que empezar por un lugar: hacer composta.
En Magdalena Apaxco, aproximadamente a una hora del centro de la ciudad de Oaxaca, México, está el terreno del proyecto Hagamos Composta, del cual hace parte Elsa, un espacio que llama la atención entre el paisaje de cerros partidos en esta parte del Valle de Etla, una zona históricamente dedicada a la extracción de cantera amarilla para construcción.
Al llegar a sus instalaciones, lo primero que se observa es la ausencia de olores distintos a los de la vegetación de la zona, solo al acercarnos un poco a alguna de las compostas, se puede percibir un poco el calor y los olores que emanan del proceso. Tampoco hay muchas moscas, ni se perciben lixiviados en el terreno, los únicos residuos visibles se encuentran en un par de decenas de cubetas al centro del terreno, recolectados el día anterior. Este espacio es, a todas luces, algo muy distinto a un basurero.
Hagamos Composta Oaxacaes un proyecto de mujeres surgido en 2021 dentro de una red nacional que ofrece un servicio de pago para la recolección de residuos orgánicos domésticos y su correspondiente transformación en composta. Un año después de su creación, incorporó el compostaje de heces fecales de perros y gatos, un servicio que, por la normatividad sanitaria, no puede ser cumplido por el sistema de recolección de residuos sólidos de los municipios.
Foto: Isabel Ortega
En 2022, estalló la crisis de la basura en Oaxaca, cuando el relleno sanitario de Zaachila Oriente fue clausurado por la población cercana, ante los múltiples problemas que desencadenaba este lugar, convertido en un tiradero a cielo abierto que llevaba más de una década de haber alcanzado el límite de su capacidad. Por esta razón, el servicio de recolección fue suspendido en la ciudad, la basura se empezó a acumular en la vía pública y proliferaron los tiraderos irregulares. En este contexto, muchas personas se acercaron a solicitar los servicios de Hagamos Composta. Tras unos meses de que iniciara la crisis de la basura, los usuarios del proyecto se multiplicaron cuatro veces.
Actualmente el proyecto tiene presencia en prácticamente toda la Zona Metropolitana de Oaxaca, a través de rutas semanales de recolección por zonas, que de lunes a sábado reciben residuos de cerca de 800 usuarios, llegando a recolectar alrededor de tres toneladas semanales de orgánicos y heces fecales de perros y gatos. La mayoría de los lugares donde recolectan son casas-habitación y, en menor medida, hoteles, restaurantes y oficinas. Por su parte, la red Hagamos Composta tiene presencia en alrededor de 30 ciudades del país, así como en Honduras y Costa Rica.
Este proyecto, iniciado por Yann y Elsa, tiene dos grandes áreas de trabajo: recolección y trabajo en terreno, donde alrededor de siete personas, mayoritariamente mujeres, llevan a cabo el proceso de compostaje a través de distintos sistemas de manejo de los residuos que han ido aprendiendo y optimizando con los años.
La composta y poposta que surgen del proceso son analizadas periódicamente mediante pruebas de laboratorio y tienen dos destinos. La composta de orgánicos es regresada, periódicamente, a los usuarios para uso en plantas de ornato, de manera proporcional a su producción de residuos, mientras que el abono producido por heces fecales, por sus características, es donado para campañas de reforestación. De esta manera, crear sustrato para árboles y procurar el cuidado del suelo son dos de los principios ambientales del proyecto.
Para Elsa y Yann, en el trabajo que realizan es tan importante el cuidado de los aspectos técnicos como la relación que se establece entre personas. Consideran que el diálogo constante con los usuarios, lo que ellas nombran como educación ambiental, es una parte esencial para poder recibir los residuos libres de inorgánicos y que el proceso de compostaje pueda realizarse de la mejor manera. Aun así, cotidianamente lidian con la presencia de plásticos y materiales de todo tipo en los residuos que recolectan y procesan.
Para las coordinadoras de esta sede de compostaje, es importante cuidar la relación entre la cantidad de los residuos que reciben, y las posibilidades del terreno donde trabajan y el equipo que colabora en él, por lo que Elsa afirma que “mejorar los procesos ayuda a reducir más rápido los residuos y de esta manera evitar la acumulación. Una escala adecuada es lo que permite monitorear parámetros adecuadamente y controlar mejor los procesos”.
Fotos: Isabel Ortega
De esta manera, están conscientes de los límites y desafíos que enfrentan, sobre todo considerando que el trabajo que ofrecen es un servicio de paga, que puede ser costeado solo por una parte de la población, y que es un modelo que funciona en ámbitos urbanos a una escala específica. Sin embargo, tienen presente que hay otros alcances sobre la gestión de residuos a través de la organización comunitaria, donde existen otras posibilidades para trabajar la educación ambiental y crear reglamentos internos y espacios de trabajo colectivo.
Por ahora, desde su trinchera comparten las herramientas que tienen a la mano. “Nuestra intención es que el terreno se convierta en un espacio de aprendizaje no solo para nosotras, un espacio abierto a que las personas conozcan los procesos y valoren el trabajo que hacemos. Nos gusta conectar con personas que les interese el proyecto por el cuidado del ambiente, más allá de la intención de deshacerse de sus residuos”, comenta Elsa, sobre su intención de abrir el espacio a que los usuarios participen en el trabajo en terreno.
Como este proyecto de mujeres, existen otras alternativas en Oaxaca que parten de afrontar en pequeña escala la gestión de residuos orgánicos urbanos, tanto orgánicos como inorgánicos, mientras se cuida el territorio y se establecen formas de corresponsabilidad entre personas.
Foto: Isabel Ortega
Mientras tanto, el gobierno del Estado opta por impulsar una solución a gran escala y centralizada que no cuestiona las raíces del problema ni contempla trabajar alrededor de la corresponsabilidad de la población y las empresas productoras de residuos: el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos.
La mirada del Estado
Desde hace una década, cuando fue evidente que el relleno sanitario de Zaachila había alcanzado su límite, el gobierno estatal intenta construir un proyecto de gran escala que dé solución al problema de los residuos sólidos de la ciudad. En la actual administración, este proyectó tomó forma y nombre como el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) y el inicio de su construcción fue anunciado el 11 de febrero de este año a través de la conferencia de prensa matutina del gobernador Salomón Jara.
En dicha conferencia, Diego Humberto Ramos, conciliador de proyectos estratégicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado, describió al CIRRSU como “la solución integral, autosustentable y definitiva a la problemática de los residuos urbanos en la Zona Metropolitana de Oaxaca”.
El CIRSSU, que se presenta como una opción de desarrollo económico a través de la industrialización de residuos, comprende tres obras principales: una planta de separación y clasificación, una planta de biofertilizantes para procesar residuos orgánicos y, por último, una celda de disposición final para almacenar los residuos que no puedan ser eliminados a través del reciclaje.
De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental 20/MP-0179/02/25, emitida por la consultora ambiental Biogemática S.C., el proyecto abarca 22.64 hectáreas y tendrá la capacidad de recibir 850 toneladas de residuos por día, provenientes de los más de 20 municipios que integran el área metropolitana.
A la par, la solución gubernamental al problema de los residuos urbanos en Oaxaca incluye habilitar una estación de transferencia en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde los residuos recolectados por los camiones del servicio público serán compactados y posteriormente trasladados al CIRSUU. De acuerdo a la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca 2025, los municipios tendrán que pagar 430 pesos por cada tonelada de residuos que depositen.
Este centro de transferencia ya ha enfrentado resistencia entre la población cercana al lugar de instalación. En el contexto de este proyecto, en enero de este año, vecinos de la zona bloquearon la avenida Símbolos Patrios y fueron desalojados con violencia.
Solo existen datos públicos muy generales sobre el funcionamiento de las tres plantas del CIRRSU, que no incluyen la capacidad de la celda de disposición final. Según la MIA, el tiempo de vida útil del proyecto es inicialmente de 20 años, con intenciones de extenderse de forma permanente.
Dentro de la planeación del Centro, también destaca el uso de servicios privados de disposición de aguas residuales durante la construcción y la posterior instalación de una planta de tratamiento, así como la compra de agua en pipas, dado que no hay fuentes de agua cercanas al predio de instalación del proyecto.
Finalmente, la MIA señala que la construcción del proyecto tendrá impactos negativos moderados, principalmente supondrá la pérdida de suelo, el desplazamiento de fauna local, la disminución de la cobertura vegetal y la pérdida de calidad en el agua.
El Centro de Revalorización, que tiene un costo de construcción mayor a los 500 millones de pesos, fue rechazado anteriormente por pobladores y asambleas comunitarias del valle de Ocotlán, así como otras comunidades como San Lorenzo Albarradas y Asunción Nochixtlán.
Actualmente, el CIRRSU está siendo construido en San Pedro Totolápam, en el distrito de Tlacolula y, según el portal de comunicación social del gobierno del Estado, la construcción tiene un avance del 80%, mientras que la estación de transferencia ya recibe, desde abril de este año, 500 toneladas diarias de desechos sólidos, provenientes de los tres municipios con mayor generación de residuos en la Zona Metropolitana de Oaxaca: Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán. Es utilizada también para reubicar los residuos almacenados en el Playón de la Central de Abastos.
Escalas, límites y responsabilidades
La experiencia de alternativas colectivas y comunitarias sobre el manejo de residuos sólidos nos pueden ayudar a ver los límites de este proyecto centralizado. Sobre este tema conversamos con Javier García, agrónomo oaxaqueño que ha colaborado en iniciativas de la sociedad civil sobre la gestión de residuos.
Javier afirma que, aunque se puede pensar que los residuos orgánicos son el menor de los problemas alrededor de la basura, su mal manejo representa una fuente importante de contaminación, así como puede desencadenar serios problemas para la salud de las personas, como ha sucedido en poblaciones cercanas a tiraderos a cielo abierto. “Es prácticamente imposible generar un único sistema de compostaje para toda la ciudad, por la cantidad de residuos que se genera, y porque es muy difícil controlar que los residuos que se recolectan a gran escala no contengan grandes cantidades de plástico”, afirma.
De manera similar, Javier señala que la eliminación de una gran cantidad de residuos inorgánicos a través del reciclaje resulta muy complicada, principalmente porque la industria de transformación de estos materiales tiene una capacidad limitada en el país. Incluso, aunque se logre una separación adecuada, que es complicado en gran escala, no hay hacia dónde transferirlos, especialmente materiales como vidrio y tetrapack.
Foto: Isabel Ortega
Un riesgo importante de la acumulación de residuos en gran escala son las celdas de confinamiento, donde se almacenan los residuos que por su composición no pueden ser transformados, como es el caso de los productos higiénicos y diversos tipos de plástico. Estas celdas deben estar impermeabilizadas cuidadosamente y deben de tener un sistema de drenaje adecuado, así como salidas de gases, ya que los lixiviados que salen de un relleno sanitario son altamente contaminantes. Pero, sobre todo, son un riesgo para la salud porque en muchos rellenos sanitarios no se prevé la cantidad de toneladas que salen de los municipios, por lo que estos se ven rebasadas al poco tiempo.
Volviendo a las soluciones sobre residuos orgánicos, tanto Elsa, integrante de Hagamos Composta, como Javier García coinciden en que el proceso de compostaje, más que ser una solución mágica al problema de los residuos orgánicos, implica, para su correcto manejo, el involucramiento cercano con la población que genera los residuos y, sobre todo, enfatizan que cualquier proyecto que proponga la gestión de cualquier tipo de residuo debe poner el énfasis en reducir la producción de estos. “Hacer consciencia, llevar a la gente hasta el relleno sanitario, pararse ahí, caminar sobre la basura que se genera todos los días, genera un impacto. Hacer tu composta en casa, genera un impacto, te das cuenta de cuántos residuos estás generando”, sugiere Javier.
Como se expresa en la experiencia de Hagamos Composta, la factibilidad de procesos de compostaje para residuos urbanos depende fundamentalmente de procesos de educación ambiental y un diálogo constante con la población generadora, además de una gestión adecuada de zonas de cobertura, optimización de procesos y trabajar a una escala que pueda evitar la acumulación. Es decir, implica replantear los principios de la recolección de residuos como un servicio público y asumir la eliminación de residuos como una tarea colectiva.
Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos.
Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.
“Estamos siendo perseguidos, despojados de nuestros territorios, donde nuestras abuelas y abuelos nos dejaron nuestra cultura, las semillas, las reservas para los que vienen. Hoy somos sacrificados, saqueados, los recursos que tenemos están siendo manchados de sangre. Nuestra sangre está con metales pesados, nuestros hermanos campesinos originarios están luchando las 24 horas porque conviven con la naturaleza, con la madre tierra”, expresó Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, en resistencia contra la contaminación minera en la provincia de Espinar (región Cusco).
Entre 2019 y 2024, fueron asesinados 57 defensores ambientales en el Perú, de acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el mismo período, las vidas de más de 650 activistas se encontraban en riesgo.
Foto por Red Muqui
Cerco a la organización de defensores
El nuevo marco legal sobre la cooperación internacional es una herramienta para imponer sanciones económicas y penales a organizaciones de defensores de territorios. Ante esta posibilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Gobierno peruano, en resolución emitida el 2 de julio, abstenerse de multar a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y EarthRights International por sus acciones en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento mashco piro, yora y amahuaca.
La Fenamad representa a estas comunidades en el proceso de la Corte IDH contra el Estado del Perú por violaciones a los derechos de las etnias amazónicas. La ley APCI es una amenaza para los colectivos ambientalistas, con mayores riesgos para los situados en los territorios.
“Estamos exigiendo que se deroguen las leyes que atentan a nuestros territorios, como la ley antiforestal, la ley APCI. No podemos defendernos porque esta ley APCI está maniatándonos. La ley antiforestal está incitando a que todos los territorios peruanos estén despojándose. Va a haber conflictos, nosotros vamos a ser más perseguidos, más amenazados. Exigimos que todas las leyes que atenten contra la vida, la integridad, la salud y el medio ambiente sean derogadas, antes de que entren en colapso”, observó la lideresa amazónica Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo Nación Chapra (región Loreto).
Entre estas, la ley que amplía el plazo de registro de formalización para la minería pequeña y artesanal, además del dictamen que permite que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales con fines de vivienda, en casos que no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en contiendas judiciales de reivindicación.
Por ello, se resaltó la necesidad de que el Estado reconozca a todas las comunidades campesinas, para que ejerzan la autodeterminación sobre sus territorios, amenazados por la minería, agroindustria y megaproyectos de infraestructura.
El 15.51% del territorio nacional está ocupado por concesiones mineras, según el monitoreo de CooperAcción actualizado en mayo. Sin contar las tierras entregadas para explotación de hidrocarburos, tala legal y monocultivos, estos en expansión en la Amazonía.
Foto por Red Muqui
Gobiernos autónomos frente a complicidad estatal
La mayoría de procesos judiciales, señalan las defensoras y los defensores, proviene de las instituciones estatales. Se han normalizado las acusaciones de delitos ambientales a los propios guardianes de territorios, como método de intimidación y desgaste.
El defensor de la comunidad campesina muchik Santa Catalina de Chongoyape (región Lambayeque), Javier Ruiz Gutiérrez, relató que el Ministerio Público denunció por maltrato animal a los guardabosques del área de conservación Chaparrí, donde se protege al oso andino y aves en peligro de extinción en la costa norte peruana.
Entre las conclusiones de las defensoras y defensores se resaltó la necesidad de reforzar las formas ancestrales de autogobierno.
“Demandamos la titulación, demarcación y georreferanciación integral de todos los territorios indígenas y campesinos. El Estado debe reconocer y fortalecer nuestros sistemas de autogobierno, como las Guardias Indígenas y Gobiernos Territoriales Autónomos. Exigimos que se respete de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante en todos los casos”, destacan las y los defensores en un pronunciamiento.
El día en que concluía el encuentro, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís decidió hacerse cargo de la expulsión de los mineros ilegales del río Santiago, en márgenes de las regiones Amazonas y Loreto, ante la inacción del Estado.
“El gobierno peruano nos abandonó al cancelar una operación conjunta (contra la minería ilegal) a último minuto, demostrando su falta de voluntad para proteger la Amazonía y a sus pueblos originarios. Años de promesas vacías han permitido que la devastación avance. No esperaremos más”, manifestó la organización en un comunicado.
La Nación Wampís demandó al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) que garanticen que este proceso se realice en paz.
Sin embargo, el Ejército no autorizó la estadía de un puesto de control del Gobierno Territorial Wampís en el área donde, el 12 de julio, una comitiva de guardianes indígenas fue atacada con armas de fuego y explosivos por mineros informales, durante un recorrido pacífico de control y defensa de su territorio.
Del mismo modo, el 14 de julio la comunidad nativa Flor de Ucayali denunció que la Región Policial Ucayali optó por no acompañar el patrullaje comunitario contra el narcotráfico, a pesar de compromisos acordados con autoridades regionales.
Indígenas Otomí pertenecientes al Concejo Autónomo Santiago Mexquititlán Amealco, Querétaro, presentaron este martes (15) una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos de esta ciudad, por graves violaciones de derechos humanos ejercidas contra miembros de su comunidad, la cual ha sido catalogada como “zona de riesgo” por defender el agua.
La comunidad de Santiago Mexquititlán es una población otomí (‘ñañho’) que se ubica al sur del estado de Querétaro, sobre la orilla del río Lerma. El Consejo puntualiza que es adrede el que las autoridades municipales y federales señalen a Mexquititlán como una zona de “factor de riego social”, asociándolo a la categoría de “comunidades indígenas” que se oponen a la privatización del agua.
Los habitantes del municipio organizados por la defensa del agua, denuncian que la violencia es sistémica en su contra y que es parte de una estrategia contra los procesos organizativos que oculta bajo el discurso de “alteración al orden público”.
La tortura y hostigamiento
Por tanto, la comunidad denuncia de manera específica una redada ilegal efectuada por la Policía Estatal de Querétaro (POES), la tarde del pasado 4 de junio, donde la indígena Estela Hernández Jiménez fue detenida y torturada. Además de 5 personas más que también fueron arbitrariamente arrestadas y torturadas en diferentes barrios de dicho municipio, jóvenes otomís que estuvieron “incomunicados y sin la posibilidad de ser asistidos por un abogado ni un intérprete, sin la presentación previa de una orden de aprensión” detallan miembros del Consejo en su denuncia pública.
Señalan como responsable al secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alberto Alcaraz, quien ordenó la intervención policial como respuesta a supuestos “reportes ciudadanos sobre alteración del orden público” y “daños al DIF”, denunció la comunidad en su denuncia pública.
La detención de la indigena Otomí se dio en el momento en que ella trató de impedir que la POES detuviera a Sergio Chávez -su esposo- sin ningún motivo. Casi cinco horas después y debido a la presión social, la consejera y su esposo fueron liberados.
La consejera Jiménez, es una mujer altamente comprometida en la lucha por la defensa del agua en Querétaro. Es originaria de Santiago, doctora en pedagogía y actualmente da clases en educación indígena.
Dentro de su papel como defensora, es delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), participa en la Red en Defensa del Agua y la Vida en Querétaro (REDAVI), integra la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), y forma parte del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán.
En entrevista para Avispa Mídia, Jiménez comparte que después de la redada el proceso de recuperación ha sido difícil, “ ha constado en 3 etapas: el tratamiento médico, los tratamientos tradicionales y el tratamiento emocional [que] será el más largo y difícil. Ahora sé que mi vida (así como la de todos los que luchamos) no interesa al estado capital, es muy fácil desaparecer o matar cuando lo deseen” compartió.
“Las afectaciones de la tortura es lo que quedó bien marcado en nosotros como pareja ya que los golpes en una primera vez lo hicieron frente a los detenidos y luego escuchar como me golpeaban en otro cuarto, yo gritando, es inadmisible, inhumano”, menciona la profesora.
Aunque la violencia hacia la indígena ha afectado distintos ámbitos de su vida, un hecho que le ha dado fuerza, es la existencia de más organizaciones que al igual que el Consejo, defienden sus recursos naturales. “Sabemos de la hermandad de muchas organizaciones que también luchan por la vida, el agua y el territorio. Eso nos mantiene de pie”, afirma la consejera Otomí.
El hostigamiento hacia la activista es un ejemplo claro de la capacidad que tiene el Estado para desgastar a los defensores territoriales, con el objetivo de infundirles terror para que desistan de sus luchas. “La criminalización y estigmatizacion en la comunidad ha afectado mi trabajo como maestra. A través del delegado de la comunidad ha hecho reuniones para mal informar, juntar firmas y que me corran de la comunidad donde trabajo. El discurso es que soy mal ejemplo para sus hijos”, denuncia la profesora Jiménez.
Foto por Santiago Navarro F
La autonomía frente a la “justicia” oficial
El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán es una forma de gobierno autónomo, un espacio de decisión colectiva no partidista, establecido en febrero del 2020 para enfrentar la desviación de agua, la tala ilegal, el despojo de recursos y la imposición de proyectos turísticos que dañan su patrimonio cultural.
El Consejo, se formó “como un espacio de dignidad, como una herramienta jurídica, social, política no partidista para la emancipación comunitaria desde la búsqueda y el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación” mencionaron en los resolutivos de la Asamblea realizada el 13 de julio pasado.
El proceso por la defensa del Agua en Santiago ha sido largo y se ha dado a partir de comprender otras formas de lucha y de pensamiento. “Tras el llamado a colectivos que coincidiéramos en la ideología zapatista para evitar la privatización del agua en Querétaro se crearon las redes locales de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI)” .
La consejera Jiménez explica que en 2020 se dieron cuenta de que el gobierno se protege así mismo con su aparato de Estado, por ello, la seguridad para ellos ha sido emprender “mecanismos de seguridad social y colectiva: en la comunidad a través de cohetes y la vigilancia del respeto a todos y todas”.
“No hay leyes, ordenamientos municipales, estatales y federales que detengan el despojo del agua, tampoco que garanticen la justicia social, en la defensa de los derechos, la respuesta del Estado es y será de extrema violencia por ello” afirman integrantes del Consejo.
En el caso de la indígena Jiménez y su esposo no emitieron una demanda en la fiscalía sino que, se limitaron a “levantar solo una queja ante la defensoría de Querétaro, sólo para que queden los antecedentes porque no esperamos nada de esta comisión” señala la activista Otomí.
La profesora explica las omisiones y la violencia institucional en el ámbito jurídico, “la fiscalía en ocasiones anteriores es quien me ha citado a manera de intimidación”, primero por una orden de restricción que además enviaron a su mamá y a otra compañera suya, en otra ocasión fue para notificarle que debía pagar al ayuntamiento 26 mil pesos mexicanos (MXN), por un daño. Nuevamente, 4 años después de que en 2020 interpusiera una demanda por las amenazas, por la persecución y agresiones en su contra, sólo le dijeron que “acudiera a psicología y que su demanda no procedió”.
Al mantener un posicionamiento crítico frente a las instancias de seguridad estatales, ponen a la organización comunitaria al centro, argumentando que “la justicia no vendrá de arriba, de aquellos que nos despojan el agua para entregárselo a la industria, para contaminarla y sobre explotarla, vendrá del pueblo organizado que convierte la digna rabia en digna rebeldía hecha acción” expresó la comunidad.
“No confiamos en los mecanismos de protección del Estado” afirmó la concejera y, además, dejó claro cómo su perspectiva de justicia está completamente distante de los oficialismos del Estado: “Si confiamos en la protección de Dios, en la hermandad humana y la justicia social” puntualizó.
Foto por Santiago Navarro F
Continuidad de la lucha
También la comunidad Otomí denuncia que entre los actos de violencia se encuentran: represión ante la defensa de su tianguis, el daño a su templo a partir de la construcción de una obra turística gestionada por el ex alcalde Rosendo Anaya. Junto a la escasez de agua potable debido al saqueo realizado por pipas de agua en los pozos de las comunidades, permitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), “instancia coludida con operadores privados”, señala la denuncia.
También han atestiguado el mal manejo de recursos públicos en el muncipio, hostigamiento a mujeres artesanas en Querétaro y criminalización a miembros del Consejo por defender el vital líquido.
Consideran que el objetivo de las autoridades es “ir enfocando a la comunidad como un territorio en el cual será necesario poner orden, colocarles como posibles criminales para justificar futuros operativos, acciones, despojos y colocar a la opinión pública en su contra. Es decir, que se justifica la violencia estatal con el racismo estructural” denunció la comunidad.
La consejera Jiménez menciona que su lucha por la defensa del agua continuará en lo jurídico a través de los amparos vigentes y además se encuentran peleando la concesión del pozo de agua potable en el municipio.
Es a través de sus Asambleas desde el CNI y el ANAVI, donde expanden sus estrategias de seguridad y defensa. Por parte del consejo, su determinación no tiene marcha atrás, “no se va a permitir la privatización del agua. El despojo del agua a través de pipas ya no es posible, se dejó bien en claro al Estado que ‘ninguna pipa más’” declaró la profesora.
La existencia de los pueblos originarios, pese a la colonización, es para la consejera un símbolo de resistencia que en Santiago los alienta a no rendirse frente al hostigamiento de las autoridades. “Más de 500 años de resistencia y no desaparecernos es de gran valentía”, sostiene Jiménez.
El mensaje que la profesora emite para otros pueblos y personas que luchan, es que no están solos y agrega: “La justicia no se dará de arriba, la tenemos que arrancar desde abajo y a la izquierda. La dignidad, la organización, la rebeldía, la hermandad y el amor a la vida es lo que nos permitirá seguir respirando. No nos vendemos, no, nos rendimos y no claudicamos. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”
Gracias al trabajo autónomo en común, colectivo y red, y a la alianza tejida con la editorial Traficantes de Sueños, los tres tomos de la Colección Al Faro Zapatista están ya a la venta en España, en la librería de Traficantes de Sueños en Madrid y bajo pedido desde diversas librerías de España y para toda Europa.
El Tomo III: acaba de salir de imprenta, próxima a subir en la web.
Al Faro Zapatista es una iniciativa que responde al llamado de “organícense” que desde 1994 nos vienen haciendo lxs zapatistas. Es una forma autónoma de seguirle, de forma colectiva y en red, a la lucha por la vida. Es un homenaje a las mujeres, niñas(os), ancianas(os), otroas y hombres zapatistas en sus más de 500 años de resistencia y sus casi 28 años de vida pública rebelde.
La iniciativa busca acuerpar la iniciativa zapatista llamada la Travesía por la Vida. Lo hacemos desde lo que somos: trabajadorxs de las Ciencias Sociales, activadas activistas. Lo hacemos porque el zapatismo ha sido el faro para muchas de nosotras y otrxs habitantes del planeta Tierra. El faro en medio de La Tormenta provocada por lo que en 2017 las mujeres zapatistas nombraron como el “sistema capitalista machista y patriarcal”, alimentada por el racismo y la “cisheteronormatividad”, como le llaman las diversidades sexuales en movimiento y re-existencia.
Los diferentes materiales que compartimos en este sitio cruzan los lenguajes escritos, visuales y orales y buscan resaltar la importancia de la actual iniciativa zapatista en el contexto de la geopolítica global contrahegemónica y los tiempos de colapso civilizatorio.
A la vez que abordan, desde diferentes modos, tiempos y geografías, los aportes teóricos, políticos y prácticos que ha hecho el zapatismo en las casi tres décadas de vida pública (1994-2021). Ya no se diga desde la clandestinidad y en la cuenta de larga duración. Finalmente, también damos cuenta de las formas en que el zapatismo nos ha inspirado para realizar iniciativas de modos otros de vida en los ámbitos en lo personal y colectivo.
La Travesía por la Vida se da en medio no solo de una pandemia sino de un colapso civilizatorio caracterizado por muerte, violencias, despojos, guerras, pero también por luchas, esperanzas y alternativas anticapitalistas, antipatriarcales y antirracistas, por decirlo de manera apretada y sucinta. Es en ese marco que esta propuesta nace y busca florecer, en medio de la guerra contra la humanidad…
Puente Madera, Oaxaca | Julio 2025 PUENTE MADERA, OAXACA << ENTRE LA CRIMINALIZACIÓN Y EL CASTIGO MUNICIPAL >>
Desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT, queremos informar y alertar a la opinión pública, organizaciones de derechos humanos y a todas las comunidades solidarias, sobre la persistente criminalización en contra de nuestro compañero David Hernández Salazar, a pesar de su absolución legal.
David fue vinculado a proceso en la causa penal 446/2022 por los delitos de daños por incendio y daños dolosos, y condenado el 7 de febrero de 2024 a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00. Esta condena fue dictada por el Juez Unitario del Circuito Judicial del Istmo con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de su Sexta Sala Penal Colegiada, revocó dicha sentencia y absolvió a David el 14 de mayo de 2024, reconociendo las irregularidades en el proceso y la invalidez de pruebas utilizadas en su contra.
Sin embargo, en una acción preocupante, las presuntas víctimas interpusieron un Juicio de Amparo Directo (371/2024), y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito resolvió el 28 de enero de 2025 que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí valorando otras pruebas ofrecidas.
El resultado fue una nueva resolución, dictada el 27 de febrero de 2025 por la Segunda Sala Penal Colegiada, en la que se vuelve a ratificar la absolución de David Hernández Salazar, desestimando nuevamente las acusaciones.
A pesar de esta doble absolución, en mayo de 2025, las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos.
BASTA DE CRIMINALIZACIÓN CONTRA PUENTE MADERA ALTO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR
La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI). David debe quedar libre de todo proceso judicial, y la comunidad de Puente Madera libre de hostigamiento. Su lucha por el territorio no puede seguir siendo castigada por un sistema de justicia parcial y politizado.
Asimismo, desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reiteramos la justa exigencia del cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, los cuales corresponden por derecho a nuestra Agencia Municipal como parte del municipio de San Blas Atempa. Históricamente, estos recursos han sido manejados de manera discrecional por las autoridades municipales, negando a las agencias municipales, como Puente Madera, el acceso a fondos que deben ser destinados al fortalecimiento de los servicios básicos, infraestructura, educación, salud y desarrollo comunitario.
No existe registro alguno de una distribución justa de estos fondos a las agencias municipales, lo que representa una violación constante a nuestros derechos colectivos y al principio de equidad presupuestaria. Esta omisión histórica no solo refleja el abandono institucional, sino también la intención de debilitar nuestras formas de organización comunitaria. Por ello, exigimos de manera firme y urgente la entrega transparente y proporcional de los recursos de los Ramos 28 y 33 a Puente Madera y a todas las agencias del municipio de San Blas Atempa.
¡NADA ESTA RESUELTO! ¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA, SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS! ¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!
Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT
Primero bufó irritado. Erizada la piel como gato huraño y rebelde, desdeñoso de cajas y pirámides. Así nomás, sin avisar siquiera.
Luego, para quien no sabe, una especie de caricia tierna. Después los zarpazos creciendo en cantidad y fuerza. Más luego, un remolino de inconformidad. Al poco, aquello era un corredero. A la furia del viento se sumó una lluvia como para decirle al ventarrón que compartía su rabia. Arrojó hombres y hojas contra las paredes de las champas y, lo juro, crujieron los cimientos del templete de concreto.
Viento y lluvia. Ni para donde hacerse. Mejor quedar a mitad de la furia que arriesgarse al vuelo de guillotina de las láminas arrancadas como desafiando el modesto pudor de los galerones ya limpios, con pintura y paredes renovadas.
Pero, por extraño que parezca, la tormenta respetó la periferia y se concentró en el centro. Ahí donde el esqueleto de una pirámide se elevaba a no pocos metros de la grava.
Como diciendo: “Aquí pirámides no”.
Y las mantas que simulaban las paredes de la pirámide, se hinchaban con esa mezcla de alas y velamen que a ratos semejaban un navío errante y a ratos una aeronave extraviada, sin tierra a la vista, sólo con la certeza de que abajo permanecía el suelo esperando sin apuro, como diciendo “aquí nomás”.
Tratamos de hablar con él, pero, entre la lluvia y los ventarrones, apenas conseguimos que amainara lo suficiente para que los compañeros que habían trepado a lo más alto para colocar el signo del dinero bajaran. Inmediatamente un fuerte y concentrado soplido terminó por arrancar el velamen y la manta voló montaña arriba.
“Así nacen los fantasmas”, pensé.
Empezamos a explicar atropelladamente que no era para que quedara de por sí, sino que era más bien como una explicación de la política. Para revelar, pues. Que nada de dioses falsos o verdaderos. Que de por sí se va a destruir. No sólo ésa, sino que todas las pirámides. Sí, en el todo y las partes. Sí, en todos los rincones del planeta.
Amainó de a poco, como dudando de nuestro compromiso.
Se fue luego pero no rápido, como diciendo “si el ser humano no cumple, cumpliremos nosotras, las partes de la madre primera”.
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El SubMoy checó la construcción y sentenció: “No fácil va a caer”.
Un compa como que caló la construcción haciendo, con su machete, una muesca en uno de los travesaños. Sólo murmuró: “de que va a caer, va a caer. De repente dilata, pero cae porque cae”.
“Lo más difícil va a ser la columna central, está muy maciza”, agregó, “va a haber que ponerle mucha fuerza, muchas ganas y no pocos, sino que muchos”.
“O sea: en común y organizados”, sentenció un joven pintor. Todos reímos, aunque todavía con el susto de ese viento irritado que a saber de dónde vino.
“Ese poste está bien enraizado. Aunque lo tumben, retoña. Hay que arrancarlo hasta las raíces”, acotó una mujer ya de edad, plantada en jarras frente a la construcción de madera, como desafiándola.
“Es su alma de la sistema”, respondió una compañera a la pregunta de una niña sobre el mástil central, “la propiedad privada de la tierra, de las máquinas, de las casas, de la gente, de la naturaleza, de los sueños y las pesadillas, de los cielos y los mares, de lo que se ve y lo que no se ve, del mundo pues. Está metida no sólo en la base de la sistema. También en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestra historia”.
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“Pero ¿cuántos vienen?”, me preguntaron.
“Un buen tanto”, respondí.
“¿Pero traen su gana de luchar?”, insistieron.
“Saber”, me dije, “como dice el SubMoy: falta ver”.
“Oyes capitán, ¿esa cosa va a estar ahí toda la vida”, me pregunta una miliciana.
“No, cómo crees, es para la plática zapatista. ¿Por qué preguntas?”
“Porque creo viene un equipo de fútbol y pues esa cosa está en el frente de una de las porterías, por donde está nuestro comedor. Entonces no va a haber ni partido ni comida. El partido de futbol, vaya y pase, pero la comida, pues…”
La tarde empezó a brotar de los árboles. Por un instante, coincidieron la luna, el sol, la lluvia y el viento, compareciendo ante la montaña.
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Eso, ¿va a estar ahí siempre?
Pues no, por eso estamos luchando. De repente dilata, pero ya vamos a ser más.
Y en el viento siguió la advertencia que la lluvia grabó en la tierra:
“Si el ser humano no cumple, cumpliremos nosotras, las partes de la madre primera. La pirámide caerá”.
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No muy lejos en calendarios y geografías, Palestina seguía siendo una lágrima de sangre en el rostro indiferente de los gobiernos del mundo.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán. México, Julio del 2025.
Imágenes de preparativos para el «Encuentro de Resistencias y Rebeldías Algunas Partes del Todo» en agosto del 2025, Terci@s Compas Zapatistas Audio: Voz y palabras de Eduardo Galeano, fragmentos de los textos «Los Hijos de los Días», «El Miedo Manda» y «Los Nadies»
La Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit A.C. rechazó la inscripción de la Ruta Wixárika por los sitios sagrados a Wirikuta como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO, pues acusan que este reconocimiento fue presentado en otro idioma, lo cual dificulta la comprensión; además que no hubo consulta al pueblo y se desconocen los alcances.
En un pronunciamiento público, señalaron que esta inscripción es ajena a su cultura, su cosmovisión y sus autoridades tradicionales “El catálogo es un concepto y reconocimiento ajeno al pueblo Wixárika, ajeno a nuestras energías, ajeno a nuestros elementos sagrados, ajeno a nuestros Mara’akate, consejo de ancianos, ajeno a nuestras futuras generaciones que son nuestros hijos y nuestros nietos”, afirmó la organización.
Advirtieron que la declaratoria representa una apropiación simbólica de sus rutas ancestrales de peregrinación.
Aseguraron que su cultura está siendo “arrebatada” de sus manos “con la falsa promesa de que serán protegidos con máxima legalidad, conservación ecológica, revalorización de los saberes y empoderamiento de los pueblos originarios, pero todo ello bajo la representación de personas e instituciones ajenas a nuestros pueblos“.
La Unión Wixárika acusó que la candidatura ante la UNESCO no fue presentada por las autoridades wixaritari ni por sus comunidades, sino por la asociación civil Conservación Humana, en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura.
“¿Por qué no se consultó debidamente según lo establece el procedimiento jurídico de forma libre, previa e informada y culturalmente adecuada al pueblo wixárika sobre la inscripción de la ruta wixárika por los lugares sagrados hasta Wirikuta ante la UNESCO?”, cuestionaron.
En su pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Legislativo, exigieron se respeten el derecho a la información y a la consulta y solicitaron al INAH que haga público el expediente técnico del proyecto y anunciaron que se reservan el derecho a impugnar el registro ante la UNESCO.
Pidieron además que cualquier candidatura futura ante organismos internacionales sea encabezada por las autoridades tradicionales wixaritari y no por organizaciones civiles o instituciones del Estado.
“Exigimos al Estado mexicano el respeto a los pueblos Wixaritaari en la toma de decisiones en materia de patrimonio cultural colectivo originario y en el marco del ejercicio pleno de sus derechos a la libre determinación y autonomía” declararon.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
15 de julio 2025
Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno A las y los Defensores de los Derechos Humanos A los Medios Libres y Alternativos A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Nuestro corazón está engrandecido, hoy es un día de alegría y de agradecimiento al Corazón del Cielo y al Corazón de la Tierra.
Estamos aquí congregados en la Tierra Sagrada de Acteal para recibir un fruto más de nuestra lucha y la construcción de un mundo más justo y humano, que es la escuelita tsotsil para nuestras niñas, niños y jóvenes.
Esta escuelita que durante muchos años se preservó y se hizo crecer en el centro parroquial de Yabteclum, ayudando a las y los jóvenes de la parroquia de Chenalhó a terminar su educación de nivel secundaria quienes así lo deseaban.
Este proyecto educativo, que en el inició se nombró, Proyecto de Nueva Educación tsotsil y tseltal y luego rebautizado Proyecto Educativo Integral Alternativo Tsotsil (PEIAT), nació en los Campamentos Civiles por la Paz de Las Abejas de Acteal, durante la guerra de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano en la Zona Altos de Chiapas.
Breve antecedentes y contexto (retomado de nuestro libro El Camino de la No-violencia):
