Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra

Pronunciamiento por el 2º Aniversario

Una voz que clama en el desierto

Hermanas, hermanos.

En memoria de fray Fernando Alvarado, hermano franciscano, misionero incansables que se dejó acompañar por los pueblos zoques y tzotziles de Tapilula, Rayón , Pueblo Nuevo, Rincón Chamula Y Jitotol. y que sembró la semilla de la dignidad, los derechos humanos y amor a la hermana madre tierra, muerto en el desgaste por luchar por un mundo mejor y para todos el 28 de marzo del 2025.

¿Cómo quisiéramos decir que, a dos años del nacimiento de nuestro Centro, nos hemos encontrado en una región, en un Estado, en un país que avanza en el respeto a los derechos humanos, una región, un Estado, un país que celebra la seguridad, que la violencia ha cesado? Pero vivimos todo lo contrario.

Pero no, en pleno siglo XXI, en otra parte del mundo muy lejana geográficamente, pero muy cercana en muchos sentidos sobre todo en la violación a los derechos humanos de su población, un Estado, muy conscientemente de lo que hace, en estos momentos, está masacrando, destazando con sus armas letales a niñas, niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos; está llevando a cabo uno de los peores crímenes de lesa humanidad en su historia: la desaparición de un pueblo que tiene todo el derecho a la vida, a la identidad, a la religión, a la felicidad. El GENOCIDIO del pueblo Palestino.

Dicen los que gobiernan que estamos en tiempos de transformación, que hay avances en seguridad, que en este país se mata menos desde el crimen organizado, que ha disminuido el número de pobres por millones de personas, que todos los delitos de alto impacto han disminuido; por otra parte, dicen los que alguna vez gobernaron que estamos peor que cuando ellos lo hicieron, que estamos en una dictadura; que los programas sociales son clientelares.

Valorémoslo:

En el Estado de Chiapas, a la persona y el grupo que dejaron sumida la entidad en la peor crisis de los derechos humanos, en una violencia que alcanzó todos los rincones del Estado, donde la triada Gobierno, Delincuencia organizada, empresas criminales tienen a los pueblos secuestrados, le dieron el premio de ir a defender los derechos humanos de las personas migrantes en el Alcatraz de los caimanes en La Florida de los EU. ¿Cómo narrar esta realidad, cómo llamarle a esta política que uno de sus auto mandatos es NO traicionar?

En este Estado, donde desde el más alto nivel de gobierno se proclamó y se continúa pregonando que ya no se violan los derechos humanos; el sagrado derecho a la vida de nuestro profeta, defensor de derechos humanos y sacerdote tzotzil Marcelo Pérez, fue violado. El asesinato de este obrero de la Paz es una muestra clara del complot criminal de la ya mencionada triada a quien estorbaba la persona, la voz, el ministerio de Marcelo. Y después de su asesinato, le siguen manchando con sus sucios pronunciamientos y con su mediocre sentencia. La aniquilación de Marcelo viene a lograr lo que sus asesinos querían: desinstalar momentáneamente los procesos que el acompañaba, silenciar la voz del que clamaba justicia, verdad y paz; infundir miedo en toda aquella, todo aquel que intente seguir sus pasos. No es casualidad que la intimidación, las amenazas y los incidentes de seguridad en contra de defensoras y defensores de derechos humanos han ido en aumento.

En Chiapas, se dice que hay una nueva ERA; efectivamente, se ha echado andar un grupo llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, unidad de élite para la seguridad que combate al crimen organizado y entre otras cosas busca obtener la paz. Basta recorrer las comunidades por donde ha pasado este grupo y recoger los testimonios de los pueblos: invasión a sus territorios, allanamiento en propiedades privadas sin ordenes judiciales, intimidación a la población, etc. En esta nueva ERA se dice que ya no hay desplazados en los municipios controlados por el crimen organizado o en aquellos donde los gobiernos motivaron el surgimiento de paramilitares, incluso se llega a decir que algunos de esos desplazados se han ido porque son criminales o parientes de criminales. En la nueva ERA para el estado de Chiapas, se dice que las personas migrantes provenientes de otros países son atendidas y respetadas en su dignidad. Pero esto pasa solo en donde hay videocámaras o en los aeropuertos donde dejan a los deportados de los EU sean mexicanos o extranjeros. La frontera, las carreteras y las rutas migratorias no conocidas por las autoridades siguen siendo campos minados para esa población.

En nuestra región zoque, del Norte de Chiapas, la triada Gobierno, Delincuencia organizada, empresas criminales ha dejado a los pueblos enmudecidos. El cáncer de la criminalidad ha llegado a la médula de los territorios y por ello estamos frente al fenómeno de la erosión de los saberes ancestrales y la sagrada espiritualidad de los pueblos originarios. En esta región y en otras partes del Estado no deja de haber proyectos y megaproyectos que amenazan con continuar con la manipulación, la prostitución y la destrucción de la Hermana Madre Tierra, como autopistas, ampliación de carreteras, parques turísticos, etc., sin tomar realmente en cuenta el parecer de las comunidades. Pero muy adentro de los territorios se ha abandonado la infraestructura mínima para la movilidad, la energía eléctrica, el agua potable, y más aún los esfuerzos para obtener la paz. Un ejemplo claro es el camino de Ixtacomitán a Chapultenango, camino de evacuación que lleva años destruido y donde tenemos la incertidumbre permanente de una reacción del volcán Chichonal.

En esta nueva ERA, en esta región no se ha hecho el más mínimo esfuerzo por acabar con los cacicazgos, señores y señoras, familias que han tomado el poder y en lustros o décadas no lo sueltan y con esto se acumulan las violaciones a los derechos humanos. Hombres que han gobernado una vez, después gobierna la esposa, en el más cínico machismo y después regresan a gobernar ellos y después los hermanos, los hijos, etc. Y Esto con la ayuda de líderes políticos, sociales, empresariales y lo más lamentable con la aquiescencia de las iglesias católica y protestantes.

Con todo lo anterior, preguntamos: ¿estamos frente a un poder que se alimenta de la violencia, de la violación a los derechos humanos, de la intimidación a los defensores de derechos humanos, de la destrucción a la hermana madre tierra?

Y desde nuestro espacio de trabajo, nuestro territorio, nos pronunciamos y seguimos levantando nuestra voz que clama en el desierto, pero que encuentra acompañamiento y eco en otras voces:

1. Esclarecimiento real y apegado a la verdad y la justicia del asesinato de Marcelo Pérez.

2. NO a los megaproyectos que aniquilan la unidad de los pueblos, destruyen la hermana madre tierra y son para unos cuantos.

3. Libertad a todos los presos políticos en el Estado

4. Fin a los cacicazgos en todos los sentidos

5. Atención inmediata a la infraestructura básica en los territorios mas abandonados y no solamente a las zonas turísticas.

Finalmente nuestra palabra de agradecimiento.

1. A todos los miembros de nuestros equipo por seguir en este camino a pesar de todo

2. Al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas por su incondicional acompañamiento. para ellos toda nuestra solidaridad y cariño en estos  tiempos complicados.

3. A la Orden Franciscana, La Provincia San Felipe de Jesús ,que en san Francisco de Asís nos dio la inspiración para brotar como manantial hace 2 años

4. A Nuestros Pueblos Originarios de los que somos parte y de los que hemos aprendido su resistencia,su lucha, su cosmovisión

5. A todas Las Organizaciones Civiles que nos acompañan desde lejos y tienen la mirada en nosotros.

Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra

Descarga el Pronunciamiento en PDF(337.55 KB)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

3 de septiembre de 2025

Boletín No. 07

ONU ordena al gobierno de México la liberación inmediata de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc

• El caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. 

En la Opinión 21/2025, publicada el 17 de mayo de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre el caso de los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc privados arbitrariamente de la libertad desde junio de 2022, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, acusados injustamente del homicidio de un policía municipal. 

El Grupo de Trabajo señala que el Estado mexicano no tuvo respuestas a diversos alegatos, tampoco está convencido de que las autoridades hayan cumplido con los procedimientos legales para llevar a cabo las detenciones en contra de los cinco. Asimismo, refirió que tras su visita a México en septiembre de 2023, reiteró que la prisión preventiva oficiosa vulnera el derecho a la libertad, así como a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

Resaltó que hubo irregularidades en la detención, ya que no se cumplieron los procedimientos legales; violaciones al derecho a la libertad y al debido proceso; juicio injusto y discriminación por su condición indígena, y por ser defensores de derechos humanos y del territorio. En este sentido, el Grupo de Trabajo pide al Estado mexicano la liberación inmediata de los cinco presos maya tseltales de San Juan Cancuc, y una reparación integral. 

Además, insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Es de responsabilidad del Estado mexicano cumplir sin dilaciones los puntos ordenados por la opinión.

El Grupo de Trabajo reconoce que el caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. Desde 2020 se han documentado al menos siete casos con acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, tortura y condenas basadas en pruebas fabricadas, reforzadas por la figura de prisión preventiva oficiosa.

Recordamos que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a partir de la documentación y el acompañamiento jurídico realizado, señaló diversas violaciones en perjuicio de los defensores comunitarios como: detención arbitraria, desaparición forzada e incomunicación, criminalización por su identidad indígena y por la defensa del territorio, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, traducción deficiente e ineficaz, falta de imparcialidad de la jueza, peritajes contradictorios y practicados por personas sin cédula profesional, así como actos de maltrato procesal. Fue por la gravedad de estas irregularidades que el Frayba decidió remitir el caso al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Se resaltó el contexto del municipio de San Juan Cancuc, donde la oposición comunitaria a la imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la “supercarretera” San Cristóbal – Palenque y la militarización del territorio ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas. Esta práctica constituye una forma de castigo ejemplar contra quienes ejercen la defensa de derechos, expresando además un racismo estructural que afecta principalmente a personas tseltales en Chiapas.

Actualmente se encuentra pendiente de estudio un nuevo juicio de amparo por este caso. Es por ello que hacemos un enérgico llamado al Poder Judicial de la Federación, para que efectúe un estudio profundo del caso, tomando en consideración la Opinión del Grupo de Trabajo, a efecto de que se emita una sentencia que repare plenamente sus derechos, con énfasis en la recuperación de la libertad.

Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación federal, a la instauración de un diálogo para su cumplimiento, recordando que el Grupo de Trabajo fijó un plazo de seis meses para que el Estado informe si les ha puesto en libertad y reparado integralmente. Instamos a las organizaciones nacionales e internacionales, así como a la sociedad mexicana a velar por el cumplimiento de dicha opinión.

¡LIBERTAD PARA LOS 5 DE CANCUC!

¡ALTO A LA FABRICACIÓN DE CULPABLES EN CHIAPAS!

Descarga el Boletín No. 07 en PDF(130.28 KB)

Primavera de 2021. En plena pandemia mundial, una delegación marítima de origen maya emprende un viaje a contracorriente, 500 años después de la llegada de los españoles al territorio maya, gritando: «¡No nos conquistaron!». A bordo de su velero transportan obras de arte creadas en el corazón de las montañas del sureste mexicano, como un puente de resistencia y de encuentro entre los pueblos. La Travesía por la Vida acoge y entreteje las luchas de los pueblos del mundo que cruzan fronteras, como los colectivos de migrantes en Europa. Más de 30 años después de la insurrección en Chiapas, los jóvenes zapatistas nos invitan a librar una guerra pacífica, usando el arte como un arma para salvar la vida.

Hoy, 3 de septiembre de 2025, se presenta en La Réole, y el próximo martes 9 de septiembre en París.

Oaxaca, Puebla, CDMX, Querétaro, Tlaxcala son México.

Agradecemos la inmensa solidaridad de todas y todos las que se han sumado a las acciones de exigencia. Reiteramos que la justicia y las libertades solo podemos arrancarlas y sembrarlas desde abajo, desde la sociedad de buen corazón que es humana aún. Jamás vendrán de los asesinos y criminales que dicen gobernar este país, no vendrá de arriba donde se maquila el exterminio, la muerte, la destrucción de la humanidad y el planeta.

OAXACA (más 10 años de criminalización, persecución y desplazamiento forzado en Eloxochitlán Flores Magón).

La defensa del río Xangá Ndá Ge y el ejercicio de la Autonomía han sido las razones para criminalizar por más de 10 años a la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. El cacicazgo liderado por la familia de Eliza Zepeda y Manuel Zepeda se enriquece con el despojo y destrucción del río imponiendo la violencia y el compadrazgo político para perseguir a quienes se les oponen. A pesar de la alianza de los tres niveles del gobierno con los caciques durante todo este tiempo, nuestras compañeras Mazatecas sostienen una incansable lucha que no solamente ha logrado sacar a compañeros de la cárcel, sino que ha sentado precedentes jurídicos y organizativos con la dignidad, la fuerza y la razón como banderas.

Persecución política, criminalización y desplazamiento forzado son la carta de presentación de un Estado criminal que sostiene ecocidios, pero, aún con las leyes desiguales del Estado mexicano, las compañeras mazatecas han demostrado incontables veces la inocencia de las y los compañeros criminalizados. El reciente amparo judicial a favor de Francisco Durán Ortiz en el Juzgado Sexto de Distrito de Veracruz y el logro de la libertad absoluta de la maestra Olga Maribel son muestra de ello.

Actualmente enfrentan la reactivación de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 personas, con argumentos absurdos lo que implica una batalla que nuestras compañeras enfrentan y que presenta un momento importante el próximo 2 de septiembre en Boca del Río Veracruz con el juicio de amparo para nuestra hermana Eusebia así como para nuestras compañeras y compañeros más de cincuenta.

PUEBLA (Criminalización y uso desmedido de la fuerza):

El mal gobierno hace negocio con el agua de los pueblos entregándola a las empresas, fraccionamientos y negocios del capital.

Las comunidades de Acuexcomac, Nealtican y Xoxtla ejercen actualmente su legítimo derecho a la autonomía, autodeterminación, defensa territorial y del agua ante la sequía ocasionada por el despojo y tráfico de agua con el que se han enriquecido los criminales en el poder.

De manera tramposa y mentirosa el Estado mexicano presionó con criminalización a los habitantes en el pasado para forzar a la firma de «convenios» con los pueblos de Nealtican y Acuexcomac para la entrega del agua a cambio de las libertades. Dichos convenios están vencidos y obsoletos por incumplimiento.

Estos mecanismos de contrainsurgencia capitalista ejercidos desde el Estado mexicano y su sistema de in-justicia se intensifica considerablemente a la par que aumenta la contaminación, escasez intencional y saqueo de agua de los pueblos originarios.

En ese entendido la criminalización de los compañeros Renato Romero y Pascual Bermúdez es muestra de ello. El próximo 1 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en contra de nuestros compañeros a quienes les criminalizan por manifestarse, por defender el agua, por ser campesinos y de pueblo originario.

A Renato y Pascual les fabricaron el delito de ataques a las vías generales de comunicación como lo han hecho las pasadas administraciones para encarcelar y reprimir luchas que estorban a sus planes de «desarrollo».

La detención de 4 jóvenes en Puebla el 30 de agosto y el operativo desproporcionado en el que participaron Policía Municipal, de Tránsito, Grupo de Atención al Visitante y de Proximidad y Policía Estatal dan cuenta de una política represiva y del uso desmedido de la fuerza. En casos como el de la detención de éstas 4 jóvenes se puede ver la triste tendencia de condenar más los actos de protesta que la desaparición tan terriblemente normalizada en nuestro país. El asesinato de Aida Karina entre San Luis Potosí y Zacatecas y el silencio en torno a un asesinato «más» de una madre buscadora es un doloroso recordatorio de esa dinámica.

CHIAPAS en San Juan Cancúc (Detención arbitraria en razón de comunidades indígenas, defensoras del territorio):

   Agustín Pérez Velasco, lleva 3 años y 3 meses encarcelado injustamente, junto a sus 4 compañeros. Agustín había acudido a testificar en favor de ellos, para demostrar su inocencia, pero terminó encarcelado frente al CERSS 5.

Manuel Sántiz Cruz, Juan Velásco Aguilar, Agustín Pérez Velásco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez permanecen privados de su libertad por el Estado mexicano, por defender su territorio frente a los megaproyectos de muerte y destrucción. Les fabricaron el delito de homicidio calificado para generar miedo, inhibición y desmovilización de las comunidades indígenas tseltales que se organizan en contra de una presa hidroeléctrica, la supercarretera y la militarización.

El próximo 3 de septiembre en rueda de prensa se alzará el llamado al Estado mexicano a cumplir con la Opinión 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que reconoce la detención arbitraria de los cinco de San Juan Cancúc y estipula como remedio adecuado su liberación inmediata.

TLAXCALA (criminalización en razón de la defensa territorial, la deforestación de los bosques y el cargo tradicional de autonomía y autodeterminación):

Saúl Rosales ha estado 3 años injustamente recluido, es campesino, defensor comunitario del bosque en San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala. Sentenciado a 20 años por crímenes que no cometió.

Su criminalización responde al acompañamiento desde el cargo tradicional en su comunidad para la defensa territorial. En 2019 exigían al Estado mexicano la ejecución de acciones para detener la devastación del bosque de la Malinche. La respuesta del Estado fue la omisión de la protección del bosque y la persecución a sus defensores.

Don Saúl fue criminalizado como parte de una estrategia para desarticular la defensa del territorio. Llama la atención por la imposición del Ecoparque Malinche como otro proyecto ecocida más.

CIUDAD MEXICO (Grupos paramilitares armados, detención arbitraria, datos de tortura en razón de género y defensa territorial en la alcaldía Xochimilco):

El 5 DE SEPTIEMBRE de 2024 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO se ejecutó un HALCONAZO con grupos paramilitares partidistas INSTRUMENTALIZADO por el Estado mexicano desde la ALCALDÍA XOCHIMILCO Y EN EL MINISTERIO PUBLICO DE TLALPAN con ENCAPSULAMIENTO POLICIACO DE LA SSC Y EL GRUPO DE «ZORROS», GRUPO POLICIAL ENTRENADO EN ISRAEL, USA Y COLOMBIA.

Cómo resultado derivó en más de 20 detenido/as y agredido/as. Vario/as de ello/as actualmente criminalizados con procesos judiciales abiertos.

QUERÉTARO (Detención arbitraria bajo tortura, agresión sexual,fabricación de delitos en razón de género contra una comunidad originaria, contra la defensa territorial y la ideología política no partidista zapatista):

El 4 de junio de 2025 la POES (Policía Estatal de Querétaro) y policías municipales de Amealco y otras regiones de Querétaro realizaron una redada ilegal que resultó en la detención de 7 personas (quienes no eran menores de edad) fueron llevadas al DIF municipal de Amealco Querétaro en dónde todo indica, ser un lugar donde se realizan dictámenes médicos para legitimar la fabricación de pruebas para vincular a procesos a la sociedad civil común, es decir a la clase trabajadora y presionarles a obedecer y a pagar altos costos por supuestas multas, que rondan alrededor de $15,000 pesos. El Estado mexicano en Querétaro es referente nacional en crímenes de estado y un lenguaje de odio, racismo y CLASISMO en contra de las comunidades originarias sobre todo mujeres, por reprimir, torturar defensoras del agua, ejecutar a civiles por supuestas faltas administrativas, etc.

Este 4 de junio fue torturada y detenida injustamente y arbitrariamente nuestra compañera Estela Hernández Jiménez quien se encontraba documentando el debido proceso de las redadas racistas e ilegales ocurridas en Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro, recibió tratos crueles e inhumanos con fuerza desmedida por agentes del Estado mexicano en su mayoría policías hombres.

Es alarmante que el narco estado capitalista presuma e intimide a los detenidos con posturas intimidantes haciendo referencia a actos propios del crimen organizado como es la afirmación «hubiera sido más fácil sembrarles droga».

Lo mismo ocurrió el 10 de junio de 2022 a los detenidos quienes refirieron estás mismas estrategias de mostrarles droga y mencionar Ayotzinapa como un trofeo criminal de Estado al reafirmar «Ayotzinapa les va a quedar corto».

EXIGIMOS:

-Verdad, justicia, reparación integral de daños y medidas de no repetición para mujeres y hombres defensorxs comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón; libertad para lxs 14 mazatecxs que no han vuelto a casa desde hace una década, y para lxs 56 criminalizadxs más 200 órdenes de aprehensión injustas e ilegales de este sistema de injusticia mexicana.

-Libertad absoluta para Renato Romero y Pascua Bermúdez y alto a la criminalización de la defensa del agua en la región cholulteca.

-Exigimos al Estado mexicano la libertad inmediata e incondicional de los cinco tzetzales detenidos arbitrariamente de San Juan Cancúc Chiapas.

-La libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales defensor del bosque, de su pueblo y de la montaña Matlalcuéyetl.

-Que se garantice la seguridad del periodismo en Puebla y todo México, repudiamos las amenazas ejercidas desde el Estado mexicano contra periodistas.

-La libertad incondicional desde el cierre de procesos abiertos a defensores del territorio y el agua ocurrido en Xochimilco en el halconazo morenista a miembros de la comunidad otomí y de la Asamblea Nacional por el agua y la vida.

-Verdad, justicia, reparación integral de daños y medidas de no repetición para Estela Hernández Jiménez mujer ñhöñhö de Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro.

INVITAMOS y CONVOCAMOS:

-Al acompañamiento físico y a distancia desde sus formas, tiempos y territorios, para accionar en nuestros espacios desde el ejercicio legítimo de la protesta organizada con exigencias contundentes descritas en este comunicado, que pueden ser alertas en páginas oficiales y plataformas de pueblos, colectivos y organismos de derechos humanos, cartas a la autoridad, pronunciamientos, eventos de arte rebelde, videos, concentraciones en instituciones de injusticia, marchas, y todo lo que su digna rabia les indique hasta arrancar la justicia negada.

-Hacemos una atenta invitación para la audiencia del 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz para exigir justicia para los mazatecxs criminalizados y perseguidos de Eloxochitlán Flores Magón Oaxaca.

-Convocamos el Acompañamiento a Renato Romero y Pascual Bermúdez, defensores del agua en Xoxtla criminalizados por el mal gobierno servil de la empresa criminal Concesiones Integrales / Agua de Puebla para Todos. Este próximo lunes 1 de septiembre de 2025 en el Centro de justicia penal federal (Av. libertad 6966, junto al penal de San Miguel Puebla).

-Continuar las acciones en exigencia de la libertad e incondicional e inmediata y el cierre de los procesos abiertos contra defensores del territorio y el agua ocurridos en Xochimilco en el halconazo morenista.

-Difundir la ru𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 compañeros 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐮𝐚𝐧 Cancúc que se realizará el 3 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. en dónde participar el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

-Acompañar de manera permanente el ejercicio digno de búsqueda de las familias buscadoras en todo el territorio mexicano.

-Asistir, acompañarnos y tejernos en dignidad desde las acciones convocadas por la Asamblea Nacional por el agua y la vida además de las convocatorias realizadas por el Congreso Nacional Indígena.

Convocamos a la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida que se llevará a cabo el 18 y 19 de Octubre el Loma de Bácum, Sonora.

Convocamos también su solidaridad en la rifa que estamos realizando los pueblos que integramos la Asamblea Nacional por el agua y la vida rumbo a la Sexta Asamblea Nacional por el agua la vida y el territorio.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Cholollan Radio

Por D Moctezuma McQuade and Daniela Gutiérrez

El 30 de agosto de 2025, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas se reunieron en Puebla para exigir justicia durante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Esta manifestación se desarrolló en un contexto de emergencia humanitaria: según datos de la Comisión de Búsqueda estatal, más de 4,500 personas han desaparecido en Puebla desde 2018, de las cuales el 60% son mujeres, niñas y adolescentes. Entre los casos emblemáticos se encuentra el de Karla Alejandra Tela Flores, cuya familia lleva más de un año enfrentándose a la negligencia institucional en su búsqueda de justicia.

Durante la movilización pacífica, elementos de la Policía Municipal detuvieron a cuatro integrantes del colectivo «Morras Sororas» bajo la acusación de «daños a propiedad pública» en referencia a una fuente del Zócalo. Testimonios y videos documentaron el uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas y verbales, y traslado violento a las instalaciones ministeriales, según reportaron Infobae México y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Tras estas detenciones, la Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado pidiendo actuar con perspectiva de género durante el proceso judicial.

La detención de las activistas violó múltiples derechos humanos y protocolos internacionales, se vulnera el derecho a la protesta pacífica, reconocido en el Artículo 9 de la Constitución Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se infringió el derecho a la libertad personal y a no ser detenido de manera arbitraria, establecido en los Artículos 14 y 16 Constitucionales y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se ignoró el principio de debida diligencia con perspectiva de género, contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en sus Artículos 17, 21 y 40, obliga al Estado a priorizar la búsqueda de personas y garantizar la participación de la sociedad. Sin embargo, en lugar de cumplir con estas disposiciones, las autoridades destinaron recursos públicos a reprimir a quienes exigen su cumplimiento. La Secretaría de las Mujeres manifestó preocupación por la detención e invitó a garantizar los derechos humanos de las detenidas, aunque esta postura no se tradujo en acciones concretas para frenar la criminalización de las defensoras.

La respuesta ciudadana fue inmediata y contundente. Colectivos, organizaciones nacionales e internacionales y la sociedad civil emitieron alertas urgentes y exigieron la liberación de las detenidas bajo consignas como #LibertadALasMorrasSororas y #PueblaSinRepresión. Durante las detenciones, se documentaron agresiones específicas por razones de género, incluyendo insultos misóginos y tocamientos indebidos, lo que evidenció un trato discriminatorio y violento por parte de las autoridades.

Frente a estos hechos, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobernación, insistió en que la detención fue «apegada a la ley». El Gobierno del Estado se declaró respetuoso ante las diferentes formas de manifestación, pero reprobó los hechos de violencia y vandalismo, minimizando así las violaciones documentadas e ignorando las demandas de transparencia, esta postura refleja un patrón de impunidad y revictimización que alimenta la desconfianza en las instituciones.La criminalización de las «Morras Sororas» debilita la respuesta ante la violencia feminicida y las desapariciones en Puebla. Al reprimir a quienes exigen justicia, el Estado envía un mensaje claro: la disidencia será castigada, no la violencia. Esto agrava la crisis de seguridad para mujeres, adolescentes y niñas, quienes ya vivían en un contexto de alto riesgo.

Ante este escenario, la solidaridad ciudadana y la presión internacional son cruciales para romper el ciclo de represión. Colectivos nacionales e internacionales han exigido la liberación inmediata y el retiro de cargos contra las detenidas, así como una investigación exhaustiva de las agresiones policiales con perspectiva de género y garantías de no repetición para todas las personas defensoras de derechos humanos.

Finalmente, las cuatro activistas fueron puestas en libertad al mediodía del domingo, después de que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República. La verdadera paz no se construye con represión, sino con justicia, memoria y la garantía de que nadie más desaparecerá. La lucha de las «Morras Sororas» es la lucha de todas las personas que exigen un México donde vivir no sea un riesgo.

Fuentes de información:

Angulo7. (2025, agosto 31). Por la detención de 4, Secretaría de Mujeres pide actuar con perspectiva de género.

Infobae México. (2025, agosto 31). Detienen al menos a tres manifestantes en Puebla durante marcha en contra de las desapariciones forzadas.

OEM. (2025, agosto 31). Detención de integrantes del colectivo Morras Sororas fue apegada a la ley: Chedraui. El Sol de Puebla.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. (2026, agosto 30). Alerta urgente: Agresiones y detención en Puebla de cuatro feministas.

Éste es un episodio del podcast Periodismo de lo posible, Historias desde los territorios, que cuenta historias sobre los logros y los caminos posibles para la protección de la vida y la naturaleza, para visibilizar las acciones y estrategias que se tejen todos los días desde las comunidades, asambleas, organizaciones y colectivos en México en respuesta a los proyectos extractivistas, el cambio climático y la violencia. Escucha los otros episodios aquí: https://periodismodeloposible.com/

La historia de San Francisquito, un barrio indígena urbano en Querétaro, es una lucha constante por la preservación de sus tradiciones, su territorio y su identidad frente a la amenaza de la gentrificación. Este barrio, con raíces chichimecas, es famoso por su danza conchera y sus muros adornados con arte urbano que narran historias de resistencia y herencia indígena. En 2015, San Francisquito comenzó a enfrentar el peligro de un megaproyecto turístico impulsado por los gobiernos estatal y municipal, que amenazaba con transformar el barrio en un destino comercial, desplazando a los habitantes originales y destruyendo su cultura y espacios sagrados. A través de asambleas comunitarias, marchas y la creación de una Confederación, las y los vecinos comenzaron a organizarse y solicitaron el reconocimiento oficial de San Francisquito como un barrio indígena urbano como una forma de defender sus derechos y protegerse ante nuevos desarrollos inmobiliarios.

Contexto e historia

Los procesos gentrificadores producto del capitalismo se siguen extendiendo a lo largo del mundo, imponiendo formas de vida que no contemplan la cultura originaria ni las necesidades reales de la población de los territorios que son invadidos por los grandes capitales. 

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
^{Fotos por Aidesep}

Tras once años del asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto (región Ucayali), el Poder Judicial del Perú ratificó la sentencia contra los autores del crimen.

En un fallo que marca precedentes para casos de crímenes contra dirigentes indígenas, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó, este lunes 25 de agosto, la pena de 28 años de cárcel por homicidio calificado a cuatro taladores ilegales, quienes aún no son capturados. 

Se teme que los asesinos escapen del país y la sentencia no se ejecute. Hay, además, un quinto acusado cuyo proceso se encuentra suspendido y de quién se desconoce su paradero.

“Tenemos información de que ya han intentado huir hacia Brasil. Si no se actúa de inmediato, la justicia podría volver a quedar impune”, señaló la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

En este largo proceso, los familiares de las víctimas se enfrentaron a obstáculos por parte de las autoridades, como la anulación de una primera condena en 2023, lo que significó el inicio de un nuevo juicio. La presión de las comunidades amazónicas para visibilizar el caso Saweto durante estos años fue clave. 

El crimen fue cometido el 1 de setiembre de 2014, cuando a Edwin Chota -un emblemático defensor de los territorios ashéninka-, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo los emboscaron cerca de la frontera con Brasil, adonde se dirigían para participar en una reunión internacional de líderes indígenas.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

Desde Mediterráneo Occidental, en el Moll de la Fusta de Barcelona, un puerto que ha visto zarpar históricas travesías, una a una se preparan decenas de pequeñas embarcaciones civiles para partir este domingo (30). Su objetivo es desafiar uno de los bloqueos más bestiales del mundo contemporáneo: el del Estado israelí sobre la Franja de Gaza. Esta es la llamada Flotilla Global Sumud, una iniciativa que aspira a convertirse en la “mayor misión humanitaria” de la historia liderada por la sociedad civil global.

La palabra “Sumud” en árabe significa “firmeza” o “resistencia pacífica”, un concepto profundamente arraigado en la identidad palestina. Es esta la firmeza que marca el corazón y la razón de cada tripulante que sostiene esta coalición sin precedentes, compuesta por cuatro grandes alianzas internacionales: la Campaña Global para el Retorno a Palestina, la veterana Coalición de la Flotilla de la Libertad —cuya tragedia del Mavi Marmara en 2010 aún resuena—, el Convoy Sumud del Magreb y la Iniciativa Nusantara Sumud del Sudeste Asiático.

Hasta el momento se han sumado activistas provenientes de 44 países, desde Argelia, España, Italia, Grecia, Marruecos, Colombia, Brasil, México, EEUU, Arabia Saudita, Irlanda, entre otros. Nuevamente se suma a esta iniciativa la activista sueca Greta Thunberg, ya que en junio pasado, en un intento por romper el bloqueo con la entonces llamada Flotilla de la Libertad, fueron detenidos y deportados.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
^{En portada: Ejercicios en el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.}

Mientras se avivan los vientos de intervencionismo de los Estados Unidos (EEUU) frente a México y Venezuela, solo durante el mes de agosto, el Comando Sur realiza al menos tres ejercicios militares en diversos países de Latinoamérica. Estas acciones buscan afianzar su estrategia con la cual afirman van a contrarrestar lo que denominan como Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) o Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).

Desde el pasado 7 de agosto, la administración de Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, equiparándolo como presunto líder del llamado “Cártel de los Soles”. Ante ello, el Departamento de Estado de EEUU, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, anunció una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto del mandatario de Venezuela. 

La oferta de recompensa, autorizada por el secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), se dio justo dos semanas atrás cuando el Departamento del Tesoro había designado al “Cártel de los Soles” como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (SDGT), un estatus que permite congelar los activos del grupo en jurisdicción estadounidense y criminaliza cualquier transacción con él.

Es así que la situación ha escalado a una crisis tensa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que Trump ordenó el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas. 

Según información confirmada por funcionarios de Defensa, el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump incluye: el Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), compuesto por los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. También 4 mil infantes de Marina de la 22.ª Unidad Expedicionaria.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta}

Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.

Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.

La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.

Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.

(Continuar leyendo…)