Por Vicente Moctezuma Mendoza
Semillero Guerra contra la Humanidad (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio)
24 de julio de 2026

(Descarga el audio aquí)

Inicio compartiendo la emoción profunda que siento de estar aquí, cerca de ustedes, ahora compartiendo esta mesa, este espacio y estas semanas. No tengo palabras para expresar lo que siento, ni para agradecer esta posibilidad. Espero que lo que les voy a compartir les resulte en algo interesante y relevante. Para mí, las exposiciones que se han dado desde el lunes lo han sido totalmente. Es mucho lo que he aprendido. Voy a hablar de las ciudades y de la violencia e injusticia socioespaciales que viven sus habitantes, en particular los de abajo, los sectores populares.

Las ciudades existen desde hace milenios, mucho antes que el capitalismo surgiera. Han sido una de las formas, entre otras posibles, en las que las sociedades humanas, en su inmensa diversidad y heterogeneidad cultural, se han organizado socioespacialmente y han construido su historia. Sin embargo, desde hace un par de siglos, la existencia, configuración, extensión y expansión de las ciudades, por las más diversas geografías, ha estado estrechamente ligada al capitalismo.

En las ciudades se han concentrado los comercios y los almacenes, los bancos, las fábricas y grandes poblaciones de trabajadores desheredrados, despojados de sus medios de producción y sus medios de subsistencia. La urbanización capitalista permitió concentrar a los trabajadores para la producción industrial, conectar los espacios de producción con los de consumo y los centros del poder político, al tiempo que subordinó y subordina a los territorios circundantes y a otros aún más lejanos, a las necesidades urbanas e industriales de agua, energía, alimentos, materiales y trabajo. Como hemos visto en días pasados, generando profundas devastaciones y destrucciones, que muchas veces son invisibles o pensamos como ajenas quienes vivimos en la ciudad.

Como el capital se encuentra en constante movimiento, transformándose constantemente, la ciudad capitalista también se transforma continuamente, destruyendo sus formas físicas y de vida pasadas, y produciendo otras nuevas formas para abrir nuevos ciclos de inversión y acumulación. En las últimas décadas, con el neoliberalismo y sobre todo con la llamada financiarización —ya Mateo el miércoles nos hablaba del poder del capital financiero contemporáneo—, la ciudad ha cobrado nueva relevancia para el capital. Ya no es sólo el escenario en el que se desarrolla la producción industrial, el comercio, los servicios y las finanzas, su propia construcción es cada vez más uno de los grandes negocios contemporáneos.

La compra de terrenos para la urbanización, la construcción masiva de viviendas, edificios de oficinas y centros comerciales, la apertura de autopistas urbanas, la renovación de barrios, la construcción de megaproyectos, se han convertido en negocios centrales para el capital en sí mismo, por su venta, por la captura sostenida de rentas, porque permiten almacenar riquezas y especular con el aumento de su valor en el futuro y porque valorizan los espacios. La construcción privada siempre ha estado orientada a obtener ganancias, pero ahora ha cambiado la escala, la magnitud. En la actualidad, distintos instrumentos financieros permiten reunir y movilizar inmensos recursos económicos de bancos, fondos de inversión, aseguradoras de afores, entre otras.

Además, los edificios, las hipotecas y las rentas que producirán en el futuro sirven de respaldo a títulos que pueden comprarse y venderse en los mercados financieros. Esta concentración de grandes capitales permite desarrollar construcciones masivas, gigantescas, levantar varios proyectos simultáneamente y encadenar uno tras otro. Así se han construido conjuntos urbanos de interés social con miles de viviendas en las periferias lejanas, o torres y rascacielos de departamentos de lujo, oficinas y centros comerciales en espacios centrales como la Torre Mitikah en Xoco.

Estas construcciones no se realizan principalmente para responder a las necesidades sociales, sino porque pueden convertirse en negocios rentables. Un departamento, por ejemplo, no se construye pensando en la persona que necesita un lugar donde vivir y no encuentra dónde, sino que se construye pensando en quienes tienen capacidad para comprarlo, alguien que pueda adquirirlo para alquilarlo a turistas, o para guardar riqueza como una forma de ahorro, o como una forma de inversión pensando que podrá venderlo años después, a un precio mayor, aunque ya tenga dónde vivir. De esta manera, la posibilidad de obtener ganancias determina qué se construye, dónde y para quién. La necesidad de quienes no tienen capacidad de pago o no pueden convertirse en una fuente de rentas, intereses y ganancias, simplemente son dejadas de lado.

Pero las ciudades tampoco son producidas únicamente por el capital en alianza con el Estado en favor del mercado. Han sido construidas cotidianamente por quienes las habitan, trabajan y recorren, por los pueblos originarios que defienden sus territorios, los espacios naturales, y luchan contra los megaproyectos urbanos. Por sectores populares que en procesos de autoconstrucción levantaron con sus manos sus viviendas y lucharon y luchan por la extensión de servicios a sus colonias y la mejora de sus condiciones de vida. Por vecinos que resisten la gentrificación, se enfrentan a la imposición del desarrollo inmobiliario o luchan por el acceso a viviendas dignas y asequibles. Por colectivos que disputan en la calle, en los muros y con antimonumentos la imagen de la ciudad que los poderosos desean, ya sea en memoria y presencia de las violencias y las injusticias que nos atraviesan, como los feminicidios, las y los desaparecidos, Ayotzinapa, el genocidio en Gaza, el asesinato de Samir Flores Soberanes, entre otras heridas. Por mujeres que desafían y enfrentan el hostigamiento y la agresión machista que rigen el espacio público y que, junto a personas de la diversidad sexogenérica, retan el patriarcado y la heteronormatividad dominante. Por colectivos que denuncian que, junto al orden de clase que rige la ciudad, existe conjuntamente un orden de racialización por el que la ciudad de las clases altas también es una ciudad de cuerpos más blancos. Por personas con diferencias corporales que se convierten en discapacidades. Por la forma en la que la ciudad beneficia la movilidad de unos cuerpos, los más productivos y explotables y no otros. Por trabajadores del comercio popular que resisten su expulsión de las calles y resguardan los mercados públicos de la corrupción de sus administradores y el avance de los supermercados y grandes cadenas comerciales.

A continuación, voy a profundizar en tres dimensiones críticas: la segregación socioespacial, la gentrificación y órdenes de dominio violento y extracción que atraviesa por dentro a la espacialidad popular. En una última parte referiré a algunas de las muchas solidaridades, luchas y resistencias que se levantan. Si bien escribo desde un lugar, la Ciudad de México, muchos de los procesos que voy a relatar pueden ser identificados en muchas otras.

Una de las violencias más claras del poder del mercado en la vida cotidiana de la ciudad tiene que ver con la segregación socioespacial. La lógica de mercado que rige el acceso al suelo y a la vivienda organiza la distribución de las personas en la ciudad de acuerdo con su poder de compra. Los sectores que tienen mayores ingresos cuentan con el poder de decidir dónde quieren vivir de acuerdo con las condiciones, los recursos y las oportunidades que ofrece cada espacio. Los sectores de mayores ingresos se concentran en las zonas con mejores condiciones urbanas que son también los lugares más caros, con la mejor ubicación y con la mayor accesibilidad de espacios más valorados y a los espacios de trabajo en los que se obtienen mejores salarios. Aquellos donde las banquetas, calles y avenidas están más cuidadas, donde existe mejor alumbrado público, mayor seguridad, y más parques, donde se concentran museos, bibliotecas, teatros e instituciones de educación superior, donde hay buenas condiciones de transporte y movilidad, las zonas en las que las quejas de los vecinos son atendidas. En cambio, los sectores populares suelen ser empujados hacia periferias lejanas, mal conectadas con el resto de la ciudad y desprovistas de bienes y servicios, o también en terrenos expuestos inundaciones, deslaves, contaminación u otros riesgos, pero que han sido abandonados por la inversión pública y en los que se acumulan distintos problemas: el deterioro de edificios e infraestructura, la saturación de las actividades y el transporte, el tráfico, el ruido y otras dificultades que vuelven pesada y desgastante la vida.

Esta distribución tiene distintas implicaciones. Por ejemplo, quienes habitan en los márgenes de la ciudad, para ir a trabajar suelen verse obligados a pasar dos o más horas en el trayecto de ida y otras tantas de regreso, obligados a forcejear para entrar en el metro o en la combi, viajando apretados y expuestos a sufrir robos y, como es la cotidianidad de las mujeres, agresiones y violencias sexuales. Entre la jornada laboral y los traslados se agota el tiempo que podrían dedicar a convivir con sus familias y amistades, a descansar, a recrear, a cuidar y amar a quienes quieren. Es decir, son despojadas de tiempo de vida.

Pero estas desigualdades no son simplemente el resultado de la suma de las decisiones de consumidores, empresas inmobiliarias, bancos, constructoras y propietarios actuando libremente. El Estado desempeña un papel central mediante por lo menos dos mecanismos: una política de vivienda social que empuja a los sectores populares hacia periferias lejanas, y una distribución selectiva de la inversión pública que concentra bienes, servicios y recursos en los espacios privilegiados o con mayores posibilidades de valorización.

Por una parte, la política de vivienda social en México experimentó una transformación estructural a partir de las reformas neoliberales de los 80 y 90. El Estado se convirtió en un facilitador del mercado al orientar los recursos de los fondos de ahorro de los trabajadores en instituciones como Infonavit, por ejemplo, al otorgamiento de créditos para la compra de vivienda producida por grandes desarrolladoras inmobiliarias privadas que operaron bajo esquemas financieros. Así, la necesidad de vivienda de los trabajadores con seguridad social y con capacidad solvente para ser sujetos de crédito se convirtió en un mercado cautivo para grandes empresas.

Para maximizar sus ganancias las empresas buscaron fuera de la ciudad donde pudieran comprar amplios terrenos baratos para construir vivienda masiva, estandarizada, en serie. La localización de las viviendas y las condiciones de habitabilidad quedaron subordinadas a la codicia. No les importó que quienes fueran habitar ahí tuvieran que enfrentar grandes distancias respecto a los centros de empleo, con insuficiente transporte público en un entorno caracterizado por la escasez o la inexistencia de hospitales, escuelas, mercados públicos.

Como tampoco les importó que las casas fueran de mala calidad con tal de que se vendieran. Aunque estos conjuntos fueron un negocio muy lucrativo durante una década, después las profundas deficiencias del modelo se expresaron en que millones de las viviendas producidas en todo el país no fueron vendidas y que muchas otras que fueron compradas también fueron abandonadas por todas las dificultades y desventajas que implicaba. Mucha gente también no pudo acabar de pagar los créditos.

Por otra parte, las desigualdades entre la ciudad de los de arriba y la ciudad de los de abajo son reforzadas e impulsadas por el Estado que interviene de manera desigual y selectiva sobre la ciudad, privilegiando la inversión pública en los lugares valorizados o potenciales de valorizar por el capital. La inversión pública no se distribuye de acuerdo con una lógica de prioridad social por la cual se atienda primero a quienes viven en peores condiciones y se busca reducir las enormes desigualdades existentes entre los distintos espacios. Si esto ocurriera, se construirían parques y espacios recreativos, por ejemplo, donde hace falta y no donde ya existen.

Por ejemplo, 11% del presupuesto de cultura federal de todo el sexenio anterior de la 4T se invirtió en Chapultepec, un enorme parque que ya era de los principales centros culturales, recreativos y turísticos de la ciudad, sumamente bien atendido, que además colinda con varias de las colonias más acaudaladas y de mayor valorización inmobiliaria de la Ciudad de México.

O también, ya Wilfrido nos mostró el lunes cómo se distribuye el agua. Pero las necesidades de quienes viven abajo no son las que orientan las inversiones públicas.

El Estado es un facilitador y promotor de la inversión privada. Para ello, concentra recursos en lugares ya privilegiados o produce nuevas centralidades, como es el caso de Santa Fe en la Ciudad de México. El objetivo es, pues, aumentar el valor del suelo, atraer capitales privados y abrir nuevas oportunidades de negocio y expansión del mercado inmobiliario.

Muchas de estas intervenciones orientadas a favorecer el desarrollo inmobiliario, así como otras iniciativas y procesos crecientes que afectan la vida urbana de los de abajo, se justifican aludiendo a la derrama económica que habrán de generar. Y las autoridades sueltan cifras estratosféricas. Así se busca justificar la primacia del capital sobre las personas y el dominio del valor de cambio sobre el valor de uso.

Ya Ilán y Pablo hablaban de la importancia estratégica de las narrativas. La noción de derrama económica produce la imagen de que fomentar la inversión, el consumo y los negocios privados entraña casi automáticamente una dispersión generalizada o al menos aleatoria de sus beneficios económicos. De este modo, el simple movimiento de dinero se presenta como si significara también una distribución de la riqueza. Oculta que los beneficios son apropiados por unos cuantos, mientras que los costos sociales recaen sobre muchos más.

Precisamente, hablando de costos sociales, voy a exponer otro proceso de violencia socioespacial que en las últimas décadas ha cobrado mucha importancia: la gentrificación. La voracidad de la urbanización capitalista no amplia sus fronteras únicamente avanzando sobre tierras rurales, pueblos y áreas naturales, enguyendo y destrozando montañas, bosques, selvas y valles. También regresa sobre territorios ya urbanizados, incluso en los espacios centrales. La ciudad crece destruyendo pero también crece destruyéndose a sí misma. La gentrificación entraña un proceso de conquista y colonización espacial. Territorios habitados —y al hablar de habitar no me refiero solamente a dormir en un lugar sino a vivirlo, a apropiarlo, a tejer relaciones, afectos, memorias, en fin, a construir y reproducir allí la vida—. Decía entonces, con la gentrificación un territorio habitado va siendo destruido y, s la par, en ese mismo sitio se produce un nuevo lugar pero para otros, para consumidores y residentes de mayores ingresos y para nuevas y más lucrativas inversiones.

La gentrificación implica distintas violencias y formas de despojo. La primera y más evidente es económica. Propietarios, desarrolladores e inversionistas reorientan viviendas y locales hacia personas con mayor capacidad de pago, para obtener rentas y condiciones más elevadas, aunque ello implica expulsar a quienes habían construido ahí su vida, a menudo a lo largo de generaciones. Las personas desplazadas, expulsadas, se ven obligadas a buscar vivienda en zonas con peores condiciones de ubicación, servicios y equipamientos.

La cohesión económica suele estar acompañada además por desalojos ilegales y con frecuencia violentos. Más adelante voy a profundizar sobre la forma de los desalojos actuales. Junto a la violencia intempestiva y los desalojos, vemos también un proceso de violencia lenta.

En este proceso de destrucción y producción también aumentan los precios de comercio, alimentos y servicios cotidianos. Los antiguos negocios locales van desapareciendo porque sus ingresos ya no alcanzan para pagar el incremento de las rentas o porque quienes eran sus consumidores han sido desplazados. Cierran fondas, cantinas, pollerías, verdulerías, tiendas de abarrotes, mientras aparecen nuevos negocios orientados a la nueva población: galerías, cafés, restaurantes gourmets, cadenas transnacionales, centros comerciales.

La gentrificación afecta así no sólo a los viejos vecinos del lugar, sino también a quienes trabajaban ahí. Muchas personas se quedan sin sus fuentes de empleo o de ingresos y son arrojadas a la incertidumbre laboral. El entorno del barrio va transformándose en su conjunto.

Aquí conviene señalar que, si bien los nuevos habitantes del vecindario o muchas veces los turistas aparecen como los colonizadores o los gentrificadores, son sólo los actores más visibles del proceso. Detrás, quienes se benefician realmente de todo esto y quienes tienen el poder real de decidir quién vive ahí y quién es expulsado son los propietarios, quienes pueden determinar los precios y controlan así el acceso al espacio, quién vive y quién no vive ahí.

Ahora bien, la intervención del Estado en los procesos de gentrificación no se limita a modificar regulaciones, a crear zonas con normativas especiales, a renovar espacios, a autorizar desarrollos inmobiliarios y conceder facilidades fiscales y administrativas para incentivar la inversión. También comprende políticas dirigidas a regular y expulsar los usos populares del espacio, frecuentemente mediante la violencia policial. Así se persigue a comerciantes callejeros, franeleros, trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, jóvenes racializados —es decir, jóvenes morenos—, entre otros actores. La presencia de estas personas es representada como expresión y causa de desorden, inseguridad, deterioro, suciedad, peligro y violencia. En realidad, esta gente no representa otra amenaza que desincentivar a las inversiones y a la llegada de los consumidores de clases altas, que temen y desprecian a los de abajo.

Voy a hacer un paréntesis aquí, que espero que no tome mucho tiempo ni resulte tampoco confuso, y que tiene que ver con lo que señalaba ayer Bruno sobre la forma en la que la ley produce la ilegalidad. Me voy a centrar en el comercio callejero, pero aplica a otras prácticas ilegalizadas o informalizadas de la economía popular.

Siguiendo la reflexión de Bruno, la informalidad la produce el Estado, no para que desaparezca, sino para regularla, para administrarla. En este sentido, la persecución y hostigamiento policial que pueden vivir distintos comerciantes callejeros no es una persecución que se da simplemente por vender en la calle, sino porque lo hacen por fuera del control del gobierno, en zonas donde éste no quiere, o de formas en las que el gobierno no quiere.

La mayoría de los comerciantes callejeros se encuentran sujetos de una u otra forma a permisos que distintas autoridades de gobierno otorgan en distintas zonas, con lo que se suspende la persecución policial. Estos permisos, sin embargo, generalmente no se entregan directamente a cada comerciante, sino que son negociados con líderes, que no son líderes, sino una especie de caciques.

Las autoridades les conceden, de hecho, el control sobre determinadas calles, banquetas y plazas, y son estos líderes quienes deciden quién puede vender y en qué lugar. A cambio, los líderes les cobran dos tipos de recursos a los comerciantes que les favorecen a ellos, pero también a sus patrones, es decir, a los funcionarios políticos con los que han transado. Se trata de cotas de participación política en distintos eventos y actos de campaña y, por otro lado, cotas económicas, en realidad cobros que los trabajadores dan por el acceso al espacio y periódicamente por su posesión.

De esta manera, los líderes y las autoridades privatizan, de hecho, una parte de la calle y cobran una suerte de renta económica y de acarreo político por utilizarla, explotando a los trabajadores individuales.

Bueno, cierro el paréntesis y regreso con la gentrificación.

La violencia y el desarraigo que provoca la gentrificación como proceso de despojo y de expulsión va más allá de la pérdida de la ubicación de la vivienda y el trabajo y todas las dificultades materiales. Supone también romper las redes de solidaridad, intercambio y cuidados construidos entre vecinos que sostienen la vida cotidiana. Conlleva asimismo desarticular formas culturales de habitar, las prácticas de convivencia y encuentro barrial, las fiestas y posadas, los sonideros, los juegos. Los lugares que habitamos están cargados de afectos, de desarrollo y múltiples historias colectivas individuales de quienes los han habitado.

Por ello, el desplazamiento no sólo entraña una profunda crisis por las distintas implicaciones económicas y sociales, sino conlleva también una honda sensación de pérdida personal, como el dolor y la tristeza que se siente en el duelo por la muerte de un ser querido. Además, la gentrificación no despoja únicamente a quienes habitaban o habitan los barrios transformados; también despoja a quienes pierden la posibilidad de hacer propios esos espacios y habitarlos en un sentido amplio. Al extender el territorio reservado para la inversión y para la residencia y el consumo de los sectores mayores ingresos, establece fronteras económicas, policiales, simbólicas y físicas que estrechan la ciudad de los de abajo.

La gentrificación refuerza las dinámicas de segregación por la que la ciudad no es una ciudad sino varias, divididas y desiguales. En los últimos años, los procesos de gentrificación se han intensificado como resultado de la llegada de poblaciones migrantes, aunque no se les nombra así ni se les trata como los migrantes que no tienen dinero, sino nómadas digitales que a partir del trabajo a distancia a través de Internet conservan empleos e ingresos provenientes de las economías dominantes del sistema mundo, particularmente de Estados Unidos y algunos países europeos. Aquí se benefician de las desigualdades salariales, cambiarias, y en el costo de vida entre los países, que les proporcionan un poder adquisitivo muy superior al de la mayoría de la población local e incluso de sectores medios e incluso de medios altos, de modo que el capital inmobiliario y el mercado de vivienda en alquiler encuentran una nueva demanda de origen global capaz de pagar precios y rentas más elevadas.

A esto hay que agregar todavía los efectos de las plataformas digitales de alquiler de corta estancia, especialmente la que se llama Airbnb. Estas plataformas permiten a propietarios y empresas ofrecer inmuebles a una demanda internacional vinculada con el turismo recreativo o de negocios, así como con otras formas de movilidad temporal, entre ellas la de los trabajadores a distancia mencionados anteriormente. Esta demanda tiene la capacidad de pagar por una noche tarifas mucho más elevadas que el ingreso diario equivalente que proporcionaría un arrendatario residencial tradicional como el que se hace a largo plazo.

En la avaricia de obtener mayores ganancias, nos encontramos con que los propietarios encuentran más lucrativo mantener los inmuebles desocupados la mayor parte del año y alquilarlos sólo a estancias temporales, que a las personas que ya tenían su hogar ahí o desean hacerlo, pero no pueden pagar los mismos precios. En áreas centrales de la ciudad, donde se concentra la oferta de Airbnb, miles de viviendas han sido retiradas del mercado residencial y convertidas en alojamientos temporales, o han sido construidas ya con esos fines, llegando a representar hasta el 20% del parque habitacional en algunas colonias. Airbnb ha tenido como estrategia empresarial, además de un discurso que alude a la cooperación, a la colaboración y al intercambio mutuo para ocultar la relación utilitaria y extractiva de rentas que la caracteriza, establecerse en vacíos regulatorios que le permiten operar con restricciones mínimas.

Por ejemplo, cuando esto se ha buscado regular mínimamente como con la Ley de Turismo de la Ciudad de México de 2024 —una ley que de hecho convalida el modelo de negocios de Airbnb y legaliza la transgresión preexistente en los usos del suelo habitacional, Airbnb ha movilizado estrategias jurídicas y mediáticas para combatir, atrasar o reducir los aspectos mínimos que limitan su operación.

Regresando a la cuestión de la derrama económica, precisamente en 2022 el gobierno de la ciudad anunció una alianza con Airbnb para promover a la capital como destino de trabajadores a distancia. Se calculó que podría captar el 5% del mercado estadounidense, equivalente más o menos 77 mil 500 personas, cuyo gasto produciría una derrama económica anual, calcularon, de 1,400 millones de dólares o hasta 3,720 millones de dólares si venían acompañadas.

Si estas personas llegaran y se albergaran en Airbnb la oferta existente tendría que triplicarse. En las cifras de la derrama económica no se calcula cuántas personas serían desalojadas, cuántas viviendas saldrían del alquiler tradicional, ni cuánto y con qué extensión geográfica se elevarían las rentas en la ciudad. No se hacen cálculos de las afectaciones. Puras cifras alegres.

Y mientras se mira con deseo a estos migrantes acaudalados, los migrantes latinoamericanos que se encuentran, por ejemplo, en el campamento de Vallejo son constantemente hostigados por la policía, detenidos ilegalmente y aventados a la frontera sur, al tiempo que el campamento sufre amenazas constantes de desalojo. Pero resiste, con la solidaridad también de colectivos como las Venders y compas solidarios como Rodrigo.

Y aún, más recientemente, en un contexto de repudio y protesta social contra Airbnb que se ha acentuado en el último año, el gobierno de la ciudad, en febrero de 2026, participó en una acción para lavarle la cara, al firmar un convenio de colaboración por el cual Airbnb proporcionaría alojamiento temporal gratuito de una o dos semanas a brigadistas y familias damnificadas durante emergencias. Es decir, ofrece alojamiento durante una o dos semanas a quienes pierden su vivienda por un desastre, mientras en el día en día encarece los alquileres y deja en la calle a miles que habitaban ya la ciudad.

Como mencioné antes, es importante profundizar en algunas características de los desalojos actuales que muestran que la reproducción del capital no se realiza únicamente por medios legales ni mediante intercambios mercantiles aparentemente libres, sino que recurre también, de manera continua, al fraude, al despojo, al robo y a distintas formas de violencia ilegal. Como decía ayer Raúl, lo que dio origen al capitalismo fue el crimen, pero el crimen es también su constancia.

Una de estas características es la articulación entre la violencia estatal y la violencia privada. Muchos desalojos que presuntamente se derivan de una orden judicial se realizan sin que se presenten los documentos correspondientes o sin que los habitantes hayan sido previamente notificados de la existencia de un proceso en su contra. La policía establece entonces un cerco, un cerco de seguridad alrededor del inmueble, aislándolo de la dinámica cotidiana de la calle e impidiendo que vecinos y grupos solidarios acompañen a las familias desalojadas.

Bajo el resguardo policial intervienen grupos numerosos de cargadores, como se les llama. Supuestamente, su función consiste en sacar de los departamentos las pertenencias de los habitantes. En los hechos, operan también como un grupo de choque para forzarlos a salir.

Sin embargo, el uso de la violencia por estos grupos no se limita al momento en que supuestamente ya existe una orden judicial de desalojo. Propietarios de empresas inmobiliarias también los contratan para expulsar a los habitantes mediante el miedo y la violencia, por fuera de cualquier proceso judicial. En algunos edificios, grupos numerosos de hombres han irrumpido durante la noche, roto las puertas de los departamentos, invadido las viviendas, destruido pertenencias y obligado a las familias a salir.

En otros casos, ocupan departamentos previamente desalojados para producir un clima permanente de inseguridad y hostigamiento contra quienes todavía resisten. Cortan el agua y la electricidad, destruyen áreas comunes, producen ruidos insoportables, amenazan y agreden a los vecinos. El objetivo es crear un clima de terror e intranquilidad permanente que fuerza a los habitantes a abandonar el inmueble.

Estas formas de coerción pueden articularse con la corrupción judicial. Un administrador de un edificio del Centro Histórico con el que platiqué una vez, con experiencia en la realización de desalojos, me decía, cito:

Aquí es corrupción nada más, es darle su lanita al juez y saca tu sentencia. Cuando hacemos un lanzamiento, lo que hacemos es, tocamos. Si el juez dio apertura de cerradura, si no abren y hay gente, rompemos la puerta. Paz, paz, paz, con un mazo. Deshacemos la puerta. Entre 50 y 100 mil pesos cuesta un lanzamiento. Entonces ya me ha tocado sacar señoras en silla de ruedas. La señora no tiene cómo pagar y venimos y la sacamos.

Pero la corrupción no se limita a obtener una sentencia favorable que autorice el lanzamiento. En algunos casos, el propio derecho de propiedad invocado ha sido fabricado. Lo que se presenta como un desalojo judicial encubre, en realidad, la usurpación del inmueble.

La propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha reconocido que el despojo de inmuebles suele realizarse mediante la manipulación de instrumentos jurídicos y la comisión de fraudes procesuales. Entre estas operaciones se encuentra la compraventa simulada, los contratos apócrifos, la usurpación de identidad, la falsificación de instrumentos notariales y documentos registrales, así como los juicios civiles sustentados en documentación falsa. En estas tramas participan abogados, notarios, arquitectos y grupos violentos.

Esto es precisamente lo que han denunciado las 19 familias del edificio ubicado en República de Cuba 11, que resisten y luchan contra el despojo que les quieren imponer. Llevan ya casi un año acampando. Con la violencia del desalojo y las condiciones de vivir en la calle, fallecieron dos de sus compañeros, pero los vecinos han perseverado y resistido.

Recientemente quisieron intimidarlos con golpeadores. Y no obstante, y pese a todo, parece que las vecinas y los vecinos van a ganar. Estos vecinos y su abogado, solidario, advirtieron a partir de la revisión del expediente judicial que el juicio que condujo a su desalojo en agosto de 2025, estuvo marcado por irregularidades que apuntan a un posible fraude procesal. Por esto sostienen que no se trata simplemente de un desalojo, sino de un despojo.

Me detengo un poco para explicar la palabra gentrificación, que es un término bastante confuso. En realidad surge, digamos, de un sarcasmo. La autora que lo escribió fue una autora marxista que veía cómo en Londres los vecindarios donde vivía la clase trabajadora, empezaban a ser transformados y llegaban otros sectores de mayores ingresos. Y cómo esta gente de la clase obrera iba siendo desplazada. Y entonces, como comentaba, con un sarcasmo, ella llama al proceso gentrificación, que alude a un término que es la gentry, que refiere a una clase social particular que vivió en la Inglaterra, digamos, en los procesos iniciales del capitalismo, cuando se da un proceso de cercamiento de tierras y privatización del común, que es, digamos, uno de los procesos originales del capital. Entonces, ella le llama gentrificación un poco burlándose de la forma en la que llegaban estos actores con mayores ingresos a despojar, y recordando, digamos, esos despojos y ese proceso, digamos, de privatización inaugural del capitalismo.

En México no hay una traducción de esa clase porque es una clase que existió en Inglaterra. Incluso en otros países de habla inglesa, no se le entiende. En Estados Unidos, cuando llegó el término, los investigadores dicen que no se entendía a qué se estaba refiriendo.

En México podríamos pensar en los hacendados, por ejemplo. Tendríamos que hablar de, no sé, terratenientificación, tal vez, o virreificación, o más recientemente, si recuerdan a los mireyes, estos sectores de clase alta que hacen ostentación de su riqueza, en mireificación. Pero en concreto, digamos, a lo que se refiere es la forma en la cual distintos barrios y vecindarios, pero también otros espacios rurales, puede ser también zonas turísticas, etcétera, van siendo transformadas y los habitantes originarios de bajos ingresos, de los sectores populares, de abajo, pues, son desplazados porque llegan estos sectores con mayores ingresos.

Bueno, paso ahora a la penúltima parte de mi exposición.

La geografía del despojo de viviendas se extiende más allá de las fronteras de la gentrificación, donde se dan estos procesos, donde llegan sectores más acaudalados, hasta los espacios de segregación, donde se concentran los sectores populares. Acá también nos encontramos con grupos criminales, pero no los de la economía presuntamente formal, conocidos como empresarios, es decir, los criminales a los que se les nombra simplemente como capitalistas, sino a los capitalistas que les nombramos criminales o que se les nombra como crimen organizado. En los últimos años, se han registrado numerosos casos en los que grupos vinculados o que se presentan vinculados con organizaciones criminales se apropian de inmuebles mediante amenazas, invasiones y el uso directo de la fuerza. Estos grupos también se aprovechan de la irregularidad de la propiedad, de la precariedad económica de sus habitantes y del miedo producido por su reputación violenta.

Una vez bajo el control de estos grupos, los inmuebles son explotados económicamente. Pueden continuar funcionando como viviendas, pero ahora en alquiler, subdividirse para rentar cuartos o incluso camas a la población migrante, o convertirse en bodegas o plazas comerciales. Es decir, se busca capturar un valor de cambio, no un valor de uso. El despojo inicial establece así nuevas relaciones extractivas mediante las cuales los grupos que se apropian violentamente del inmueble obtienen ingresos recurrentes a través del cobro de rentas. El despojo no se extiende solamente a las viviendas, sino también a los espacios de trabajo, se despojan locales comerciales, puestos de mercados públicos.

Pero además, las relaciones extractivas se desarrollan local, mediante la violencia y la amenaza, mediante el terror, a través de la violencia como forma de gobierno. De esto también se hablaba ayer.

En muchas zonas de la ciudad, distintos actores criminales imponen lo que se conoce como cobro de piso, o también como extorsión. Vendedores callejeros, tianguistas, locatarios de mercados, zapateros, costureros, mecánicos, propietarios de tiendas de abarrotes, frutas, jugos o tortas, transportirstas y choferes de microbuses y combis, entre otros, se ven obligados a pagar cotas periódicas bajo la amenaza de ser agredidos, o de que sus locales, mercancías, vehículos o herramientas de trabajo sean destruidas o saqueadas, o de verse expulsados y despojados. Así, la economía popular, que ha dado refugio a los sectores populares, es cada vez más precarizada y vulnerada. En plazas comerciales de la Merced, que reúnen a cientos de locales, por ejemplo, se viven este tipo de prácticas.

Estos grupos, además de pedir cuotas por “seguridad”, se apoderan de la administración del lugar y la convierten en una fuente adicional de ingresos. Se apropian del dinero recaudado por el uso de los baños colectivos, permiten la instalación de vendedores en pasillos y áreas comunes a cambio de cotas que ellos se quedan para sí. Se imponen como intermediarios obligatorios para acceder al agua, a la electricidad o Internet. Si se quiere instalar o arreglar alguna cuestión con uno de estos servicios, primero se tiene que pagar una autorización a los actores violentos. Si lo hacen directamente, se ven sujetos a sufrir distintas represalias.

El miedo reproducido por la violencia sostiene un poder territorial, inhibe la organización colectiva, silencia la denuncia pública y dificulta que las personas afectadas recurran a las instituciones. Quienes denuncian se enfrentan no sólo a la negligencia de las autoridades, sino también a procedimientos que las exponen ante sus agresores y los coloca bajo nuevas amenazas.

Sin embargo, esta impunidad no puede explicarse únicamente por la incompetencia institucional. Estas tramas criminales no operan al margen del Estado, sino mediante entramados en los que participan funcionarios, policías y otros agentes estatales, quienes pueden brindar protección, proporcionar información, obstaculizar investigaciones, garantizar la impunidad o colaborar directamente en el control y la extracción de recursos sobre los territorios.

De nuevamente ayer, Raúl nos dejaba muy clara la vinculación entre los grupos criminales y el Estado. Todo esto, sin embargo, sin resistencias y rebeldías, que obstaculizan la aspiración de los de arriba y de los dueños del capital de construir un mundo, imagen y semejanza de sus deseos, que da cuenta de que el valor de cambio, el intercambio monetario, no reina todas las relaciones.

Voy a iniciar esta parte con unas palabras de una compañera comerciante y querida amiga de la zona de mercados de La Merced, Paola, que ha vivido distintas violencias de las que le he hablado, pero que como ella dice, no se deja.

Ella me comentaba, pensando en su lugar de trabajo, en uno de estos mercados, en la forma en la que son los días cotidianos y la manera en la que convive con otros marchantes y trabajadores del lugar.

Es que no todo es económico —me dice—. Bueno, para mí no. Tú ves cómo tu espacio de trabajo, que vas a ganar dinero, puede tener muchos significados también. Colaborar, hacer comunidad. Pasas muchas horas ahí, ahí te desahogas, tratan de solucionar tus problemas, tú tratas de solucionar sus problemas. No sé cómo le haces, pero ante la necesidad y las problemáticas. Y no sé, a veces se ha puesto muy feo y yo he sentido apoyo de las personas, siempre, incluso a veces surgen otros problemas y la gente te apoya. Te vuelves familia, sabes que no estás sola. Entonces es eso, de mejorar las condiciones. Que tu entorno esté bien, que seamos buenos vecinos, que haya cariño, respeto, empatía.

En estas palabras, ella está hablando de la solidaridad, del apoyo mutuo, los cuidados que la gente de abajo se da en el día a día, que se expresa en compartir alimentos, en cuidar la mercancía, en avisar que la mamá se puso mala, que se le bajó la presión, que venga pero que aquí le estamos cuidando. Que se expresa también en escucharse y darse consejos, en desahogarse, como ella dice, en darse ánimos, en correr información, en orientarse, esto sucede todo el tiempo en la ciudad, en todas partes, donde están los sectores populares, los de abajo.

Pero también pasan otras cosas. La gente se organiza en colectivos más puntuales y efímeros o más amplios y permanentes. Como dicen por acá, cada quien según su modo y según sus formas, pero todas en la lucha contra la imposición y las injusticias.

Por ejemplo, hay una colectiva de mujeres comerciantes de la zona, el Barrio Chido de la Meche, se llama, que junto con otras y otros comerciantes, como Rogelio, detuvieron el intento de gentrificación, de conquista pues, de La Merced, que se estuvo impulsando en el 2014. Ellas también durante la pandemia, organizaron despensas y alimentos para las y los compañeros que ya no soportaban la crisis económica. Organizan también talleres culturales para las niñas y niños de trabajadores del mercado y se enfrentan a líderes y autoridades corruptas. Como ellas, en muchos otros mercados hay organizaciones que defienden estos espacios de intentos de privatización y de formas de despojo, como las compañeras del Mercado del Parque, del Mercado Abelardo Rodríguez o del Mercado de Mixcalco, que lograron impedir la privatización del área de carga y descarga del mercado para la construcción de una plaza comercial que sería propiedad de poderosos empresarios locales con vínculos con el gobierno local.

Voy a mencionar algunos otros colectivos que se organizan y luchan. No pretendo hacer un recuento exhaustivo, sino que traigo algunos ejemplos que me vienen a la mente porque los conozco o sobre ellos he escuchado o leído. Mi intención es simplemente ilustrar la diversidad y la amplitud de las resistencias y rebeldías que abren grietas a la ciudad del dinero o impiden su avance. Y aunque tal vez están dispersas y fragmentadas, no necesariamente será siempre así.

Pienso, por ejemplo, en las Musas Sonideras que no solo defienden la cultura sonidera del barrio, muchas veces perseguida y prohibida del espacio público, como pasó hace unos años, en Santa María la Ribera, y hace más en La Merced. Pero que también combaten el machismo que ha caracterizado al movimiento sonidero, y con sus consolas, la música y el baile extienden su solidaridad y el acompañamiento en distintas luchas urbanas. O en la propia comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, que han luchado contra el racismo y la discriminación en la ciudad, el abuso policial y la represión violenta contra el comercio en vía pública, los desalojos, el incumplimiento de las autoridades del derecho a la vivienda colectiva y digna, sin ser expulsadas de las zonas centrales, así como la turistificación de los pueblos originarios, quienes han transformado lo que fue la sede del INPI en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, un espacio de vivienda, educación autónoma y articulación de las luchas contra el despojo.

Y ya que estamos en esa zona, pienso en el pueblo originario de Xoco, donde sus habitantes se organizaron en una asamblea ciudadana para enfrentar el avance del megaproyecto Mitikah, una torre gigantesca de la que ya hablé, la más grande de la ciudad, que se construyó a pesar de las protestas y de ser rechazada en una consulta, privatizando una calle, dañando viviendas, generando presión sobre los servicios, oscureciendo con su gigantesca sombra al barrio y generando desplazamiento. Y aunque, como menciono, la torre se construyó, la organización de los vecinos hizo visible la violencia y autoritarismo en la producción inmobiliaria, el despojo del espacio público, generó también alianzas y vinculaciones más allá del barrio con otros colectivos y organizaciones que comparten luchas. Además de suspender en distintos momentos la obra, consiguieron sanciones para la empresa, y destaco, lograron impedir hasta ahora que se realice un proyecto inmobiliario en el predio adyacente a la torre, donde estaba el centro comercial Coyoacán, y que hasta ahora permanece cerrado definitivamente.

O están también las y los vecinos organizados de la plataforma 0600 de la colonia Juárez, una colonia sometida a intensos procesos de gentrificación, de conquista por habitantes con mayores ingresos y desplazamiento de los viejos habitantes. Ellos han nombrado a la gentrificación, justo porque es un término difícil, como blanqueamiento por despojo. Se trata de un colectivo que desde 2014, con mucha constancia e imaginación, ha denunciado desalojos, aumentos de renta, construcciones irregulares, megaproyectos, y lograron, junto con otros grupos, impedir la privatización de parte de la avenida Chapultepec, mediante lo que se llamó el Corredor Cultural Chapultepec, un paso elevado que se presentaba como un nuevo espacio público, cultural, le pusieron, pero constituía en realidad un espacio mercantilizado, una plaza comercial lineal.

Han contribuido a visibilizar y reconocer estos procesos de forma más amplia, extendiendo solidaridad con distintos colectivos y vecinos en otras partes de la ciudad. Han impulsado propuestas de regulación de rentas, de plataforma de alquiler de corta instancia, y también de defensa del arraigo. O en el colectivo Claudia Cortés, que hace frente a la voracidad inmobiliaria y a la complicidad entre empresas y autoridades. También acompañan a vecinas y vecinos afectados por desalojos, construcciones ilegales y otras formas de gentrificación. Comparten herramientas jurídicas y técnicas, impulsan amparos. Ahorita mismo, en este momento, entre otros frentes, apoyan al observatorio vecinal Verónica Ansures, que junto con otras organizaciones han detenido la construcción de dos megatorres que contemplaban 1,084 departamentos y buscan su cancelación definitiva. La empresa que los está construyendo es Bigran, que produce enormes complejos de vivienda de lujo mediante esquemas financieros.

Hace exactamente un año también, en julio de 2025, se realizaron tres grandes marchas convocadas por distintas organizaciones, particularmente organizaciones de gente joven, dos en zonas centrales y una en el sur, que pusieron en primer plano el problema de la falta de vivienda asequible, el alza de las rentas, la gentrificación y la depredación del desarrollo inmobiliario. Convocaron y participaron organizaciones como Gentrificación en Tu Idioma, Obrera CDMX, el Frente Antigentrificación, Lágrimas Lagrimógenas, Chimps Dios, Nube de Colonial, la Asamblea Ecologista Popular, Yo Defiendo Fuentes Brotantes, Tierra Nuestra, Ciudad Comunal, el Frente por la Vivienda Joven, entre otras.

Estas marchas posicionaron con contundencia en la discusión pública las problemáticas mencionadas. El gobierno de la ciudad pretendió deslegitimar las movilizaciones, acusándolas de violentas y genófobas, pero también se vio obligada a reconocer la gentrificación y la falta de acceso a la vivienda, sobre todo en zonas centrales, y anunció medidas a través de un documento que se llama el Bando 1. Muchas organizaciones cuestionaron por insuficientes las propuestas contenidas en este documento, y pese a ello, un año después, sigue sin ser más que promesa sobre el papel. No hay novedad, pero lo que me parece importante es que hace más evidente para más gente, tanto la subordinación del gobierno al capital inmobiliario, como el que las experiencias que suelen vivirse como problemas individuales —ser desalojado, no poder pagar la renta y no poder vivir en espacios centrales de la ciudad—, son en realidad problemas colectivos y problemas políticos.

De cualquier forma, muchas de estas demandas y problemáticas tampoco dejaron de expresarse durante todo este año. Por ejemplo, en noviembre pasado se conformó la Asamblea Antimundialista en torno a las distintas afectaciones urbanas vinculadas a la realización del Mundial, que tuvo muchas actividades durante los meses pasados, en la que participaron colectivos como la Cooperativa Acción Comunitaria Pedregales y el Frente Antigentrificación. Esta asamblea ha permitido la vinculación y el reconocimiento de distintas luchas respecto a las afectaciones de megaproyectos urbanos, el alza de las rentas, la excesión de Airbnb, la turistificación, el gasto superfluo en la imagen urbana y la invisibilización de los conflictos y las protestas del espacio público, la limpieza social y las afectaciones laborales denunciadas por trabajadoras sexuales, el desplazamiento de comerciantes callejeros, las desigualdades en la distribución del agua, los desaparecidos, las desaparecidas y el desprecio estatal a las familias y a la búsqueda.

En la periferia y límites de la ciudad, también hay distintos colectivos que luchan. Pienso, por ejemplo, en la Asamblea Permanente de San Gregorio Atlapulco, que lucha contra el despojo de agua y la urbanización en el territorio chinampero, y han logrado detener el desagüe de aguas negras. En los chinamperos de los parajes de Tecaltitla y Tlalpechicali, que defienden el agroecosistema chinampero, cuidando el ecosistema lacustre y formando en educación chinampera, pero también lo hace la Escuela Chinampera Tlamachtiloyan Chinampaneca.

En el taller de grabado Perro de Agua, situado en Xochimilco, que por medio de la gráfica y el arte urbano, promueve la identidad xochimilca y campesina, junto con la cultura y biodiversidad, denuncian el saqueo de los recursos y el despojo. En el colectivo Huehuetlatolli, provenientes del pueblo más distante de Milpa Alta, Santa Ana Tlacotenco, que han logrado revitalizar y difundir el macehualcopa, la variante náhuatl que hablan, por medio de la educación. O también, en cooperativas que construyen otras alternativas y formas de producción e intercambio económicos en la ciudad, sin patrones, sin explotación, ni jerarquías, como Vendaval, el Café Victoria y la 3030, o también La Pizca Campesina, que con su producción agroecológica, además defiende el territorio de San Nicolás Totolapan, en el Ajusco del avance inmobiliario. O la cooperativa La Imposible, que conecta pequeños productores y proyectos comunitarios agroecológicos con consumidores, sin explotación.

Todas estas cooperativas muestran en la ciudad alternativas a las lógicas económicas, sustentadas en la depredación de las y los trabajadores, la naturaleza y la búsqueda ciega de ganancias. En fin, esto solo es un recuento rápido de algunas de las muchas luchas que hay en la ciudad.

No he mencionado a otras tantas que sé que existen y que admiro, y sé también que mi desconocimiento es muy extenso. Lo que muestran es que la ciudad no es solo una, la del capital, ni éste tiene el paso franco en sus procesos de conquista espacial, aunque su poder sea, como sabemos, muy grande. Por el contrario, es continuamente desafiado, y en algunas batallas, como he relatado, vencido.

Y eso es todo. Muchas gracias.