“Nosotros somos herederos de estas tierras que pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas”, dijo en su idioma Q’anjob’al una señora.

Por Joel Pérez, Lencho Pez y Simón Antonio

Este miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados al municipio de Santa Cruz Barillas por el gobernador de Huehuetenango, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al propietario.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu, a 570 kilómetros de la ciudad capital.

El juez a cargo de la diligencia quien según los pobladores, no se identificó, llegó a la comunidad junto a los antimotines a eso de 11 de la mañana aproximadamente y le dijo a la población que tenían 20 minutos máximo, para abandonar el lugar.

La gente de Kumatz le exigió al juez la orden de desalojo, sin embargo, este únicamente les respondió que los procesos se habían agotado y que un Juzgado determinó que ellos no son los propietarios del terreno, en el que se asentaron desde abril de 2022.

“Qué nos indiquen con documentos cuándo fuimos citados, porque nosotros no hemos recibido ninguna citación del Juzgado de Santa Eulalia”, argumentó uno de los pobladores.

“Nosotros somos herederos de estas tierras, porque anteriormente pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas, ahora hemos regresado para recuperarlas”, dijo en su idioma materno Q’anjob’al una señora de Kumatz.

Varias horas después, a eso de las 4 de la tarde, los antimotines lograron ingresaron al lugar, rodearon las viviendas y una hora más tarde ejecutaron el desalojo.

En ese lapso de tiempo, el temor de la población por perder sus pertenencias provocó que varias mujeres se desmayaran, aunque quien iba al mando de los antimotines les ofreció una ambulancia de los Bomberos Voluntarios, no accedieron.

Las fuerzas de seguridad lograron desalojar a la comunidad, con el apoyo de personas civiles y carros particulares, dijo otro de los lugareños, quien tras el desalojo violento encontró refugio con unos familiares en Monte Negro, una aldea vecina.

Mientras entraba la noche, varias familias no lograron encontrar alojamiento y se quedaron entre los matorrales. Un comunicador de la comunidad dejó de transmitir y publicar en redes sociales lo que ocurría, según denunció horas más tarde: “La PNC me quitó el celular”.

Durante el desalojo habían varias familias, mujeres embarazadas, personas adultas, niñas y niños con quienes se perdió la comunicación y se desconoce hasta el momento su paradero, indicó el poblador que llegó a Monte Negro.

Uno de los agentes de la PNC dijo que podrían llegar este jueves a partir de las 8 de la mañana a recoger sus pertenencias, sin embargo a la mayoría se les negó el acceso. Dejaron ropas, uso de cocina, animales y cultivos.

Según testimonios de algunos pobladores, el desalojo fue a solicitud de Lico Herrera, un finquero de Santa Cruz Barillas. Las más 130 familias de la comunidad lo señalan de haber robado esa propiedad mientras se encontraban refugiados en México a causa del conflicto armado.

¿Qué pasa en Kumatz y el estado de sus tierras? 

El 30 de abril de 2022, más de 130 familias de origen maya Q´anjob´al, Akateko y Chuj, entre mujeres, menores de edad y personas adultas, quienes se autoidentifican como sobrevivientes de la guerra y descendientes de personas desplazadas, retornaron a Kumatz II y Sargentos, dos lugares situados en el municipio de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, para recuperar sus tierras ancestrales y los restos de sus víctimas, que abandonaron tras el refugio a México, durante el conflicto armado interno.

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De estas familias, unas 500 personas eran procedentes de los estados de Chiapas, Quintana Roo y Campeche, México. Entre la multitud que llegó en ese entonces hay algunas personas adultas mayores, quienes afirmaron que sus nombres están registrados en las escrituras de propiedad de la tierra; fue esa razón la que los motivó a regresar.

Mateo Gaspar Juan, uno de los sobrevivientes de la guerra dijo que retornaron a Guatemala para recuperar las tierras de sus ancestros, que dejaron en tiempos del conflicto armado. Mateo recuerda que la aldea Kumatz II fue destruida en los años 80 por el ejército y recordó, que en el refugio, en los ejidos mexicanos, vivieron momentos difíciles para sobrevivir.

Sin embargo desde que llegaron a Kumatz, han denunciado que han sido víctimas de distintos tipos de ataques por miembros de la familia Herrera, quienes ocuparon estas tierras mientras se encontraban en México. Un mes antes del desalojo, el 13 de junio un grupo armado integrado por familiares de esa familia agredió con armas de fuego a los comunitarios.

Los resabios del conflicto armado

“El pueblo maya Q’anjob’al una vez más es reprimido por las fuerzas de seguridad del Estado encabezado por la policía y el Ejército, en Santa Cruz Barillas. Más de 130 familias sobrevivientes y familiares de las víctimas del genocidio cometido contra la población indígena, durante la guerra interna, hemos sufrido un desalojo de nuestras tierras que nos vio nacer”; denunciaron algunos pobladores de Kumatz que lograron reunirse durante la noche de ayer.

Las familias desalojadas también denunciaron varias anomalías durante la diligencias, según señalaron, hubo participación del destacamento militar de Barillas vestidos de civil o de policía. Los delegados de las instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el juez de paz de Barillas y el comisario que dirigió el despojo no se identificaron con las familias, señalaron.

También denunciaron violencias contra las mujeres y la niñez durante el desalojo. Hubo agresiones físicas, algunas mujeres fueron tomadas del pelo. Los policías agredieron físicamente a los hombres, anotaron.

El caso de Kumatz se suma al problema común que enfrentan las poblaciones indígenas en Guatemala y es el acceso a la tierra como un medio de vida. El espacio de siembra y producción de alimentos, además de una relación armoniosa con la naturaleza es escaza y limitada.

Este problema es histórico y trastoca todas las formas de vida de los pueblos, no se da por la falta de tierras sino por el desmembramiento de las tierras comunales como ocurrió con el pueblo Q’anjob’al, en el siglo XIX, con la fundación del municipio de Santa Cruz Barillas durante el gobierno del general Lisandro Barillas, época donde las élites guatemaltecas reconfiguraron el territorio con el monocultivo del cultivo de café y el cardamomo, donde se entregaron las tierras a familiares, extranjeros y amigos de los gobernantes.

Este desalojo contra la población de Kumatz (sobrevivientes del genocidio) no es un hecho aislado del Estado de sitio instaurado en Barillas, el 1 de mayo de 2012, qué desató un proceso de criminalización contra defensores de los bienes naturales y derechos de los pueblos.

El despojo histórico y sistemático en la región, se ha expandido en la Franja Transversal del Norte, regiones donde se impulsan el cultivo de la palma aceitera y actividades extractivos.