Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Foto: Diego Alvarado.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

Para defender la continuidad de las operaciones, los abogados de la CGN utilizaron dos argumentos. El primero, sin un sustento documental, es que, en los años 70, los entonces dueños de la mina supuestamente realizaron una consulta comunitaria. De ser así, lo habrían hecho tres décadas antes de que Guatemala incluso ratificara el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el que regula el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre megaproyectos que puedan afectar su entorno.

En esa época el poder político de Inco-Exmibal era tal, que en 1962 sus dueños sugirieron al gobierno de Idígoras Fuentes que aprobara una nueva ley de minería que redactaron abogados contratados por la compañía, con el argumento de estimular las inversiones en el país.

El nuevo código de minería se aprobó en 1965, cuando en ese entonces el presidente de facto era Enrique Peralta Azurdia. El libro de Luis Solano, “Guatemala, petróleo y minería en las entrañas del poder”, detalla que ese código fue la base para que meses después el gobierno de Carlos Arana Osorio le diera a la mina el permiso para explotar, por 40 años, 410 kilómetros de tierra entre Izabal y Alta Verapaz.

La relación entre la minera y esos gobiernos se puso bajo la lupa a finales de los años 60, cuando el presidente Julio César Méndez Montenegro pidió la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, la creación de una comisión para analizar los detalles tras el otorgamiento de la concesión. El resultado de las investigaciones fue muerte y exilio.

Presidía la comisión Rafael Piedrasanta Arandi, entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC; los otros miembros eran Óscar Adolfo Mijangos López[1], Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz. Todos fueron víctimas de ataques cuatro meses antes de que Arana tomara el poder y que la minera obtuviera los permisos del gobierno.

En 1982 Inco-Exmibal se retiró del país. El cierre de las operaciones de la mina sucedió cuando el gobierno intentó aumentar el porcentaje de las regalías de 1% a 5%.

Pero la tensión por la minera situada en las orillas del lago más grande de Guatemala, el lago de Izabal, duró poco.

Fotos: Diego Alvarado.