Radio Zapatista

Por Regina Pérez

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo definitivo a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, debido a la amenaza ante la posibilidad de que entrara en vigor, ya que buscaba amnistía militares responsables de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, que fueron cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

La decisión del máximo Tribunal conformado por los magistrados Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Rubén Gabriel Rivera Herrera y Roberto Molina Barreto, quien emitió un voto razonado disidente, fue recibido de manera satisfactoria por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes del conflicto armado interno, que manifiestan que la sentencia los alienta a seguir impulsando los casos y reivindica el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia.

El amparo definitivo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá, Pedrina López de Paz, Sergio Vi Escobar, Helen Mack y Oswaldo Samayoa, que accionaron en la CC, con lo que dejó sin efecto la sanción y promulgación de dichas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Este proyecto legislativo fue impulsado desde 2017 en el Congreso por los exdiputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez y otros congresistas que avanzó en el Legislativo durante el 2019, año en que la CC otorgó un amparo provisional que había dejado en suspenso la sanción y promulgación de la iniciativa.

¿Qué dictó la Corte?

El abogado experto en derecho constitucional Oswaldo Samayoa, quien fue uno de los amparistas, destacó tres puntos de la resolución que dictó la Corte: primero, señaló que la ley de Reconciliación Nacional que está vigente es clara en que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.

Por lo tanto todos los casos que se han llevado a Tribunales y las personas que ya están condenadas, más los casos que están en proceso, no puede decirse que se van a eliminar, eso da certeza a la Ley de Reconciliación Nacional que se obtiene a partir de los acuerdos de Paz, dijo el abogado.

Segundo, la Corte pone en evidencia que vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución tiene un contenido político y jurídico en torno a los derechos humanos y que le da prioridad a la protección de los derechos fundamentales, indicó.

Y el tercer impacto es que resuelve que el Congreso no puede continuar con este tipo de discusión parlamentaria observando que este tipo de legislación es contraria a los Acuerdos de Paz, a la Constitución y a los intereses del Estado en construir el bien común, agregó.

Samayoa señaló que el amparo fue presentado antes de que la Ley entrara en vigencia, (aún estaba en segunda lectura) debido a que existía el peligro de que personas que ya estuvieran condenadas o en proceso, guardando prisión preventiva, salieran libres.

Si esta ley entraba en vigencia, uno de sus artículos decía que las personas que ya estuvieran condenadas y que estuvieron guardando prisión, o procesadas en prisión preventiva, debían inmediatamente obtener su libertad, explicó.

“Con un día que hubiera estado vigente la ley, si los efectos hubieran surgido, luego no se podría retrotraer al proceso para volverlos a encerrar, porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del reo, con medio día que hubiera estado vigente, hubieran quedado libres personas que ya estaban condenadas y eso hubiera sido una burla a las víctimas y al sistema de justicia”, expresó.

Sentencia reivindica derecho de las víctimas a la justicia

Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) señaló que están satisfechos con la resolución de la CC a favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

Farfán señaló que esta resolución favorece a las víctimas, tanto de masacres y desapariciones, como a familiares sobrevivientes y especialmente a las que han fallecido con la esperanza de ver justicia y de conocer la verdad; es muy importante que la CC nos haya brindado ese amparo, indicó.

Agregó que esto alienta a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, “creo que eso es el sentido de las familias de las personas detenidas y desaparecidas y de las personas masacradas a quienes nosotros representamos como parte de esa búsqueda”.

Famdegua señaló que la iniciativa debe archivarse, “porque en el Congreso existen intereses de protección a personas que han sido señaladas de violaciones a derechos humanos. Creo que es un proceso muy grande para la historia que nos fortalece en la búsqueda de la verdad y la justicia”, subrayó Farfán, cuyo tío, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.

Por su parte, el abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, señaló que con la iniciativa se pretendía reformar la Ley de Reconciliación, decreto 145-96, dejando abierta una amnistía general y que incluso hacía responsables a jueces que no dieran trámite inmediato a las solicitudes. Pérez ha llevado casos emblemáticos de justicia transicional como la masacre de la Embajada de España y el caso de genocidio contra Ríos Montt, en el que fue querellante.

Con esto, asegura el abogado, se violentaban no solo las garantías fundamentales de las víctimas sino obligaciones internacionales del Estado, así como los Acuerdos de Paz que establecen que el Estado no debía tomar medidas legislativas para impulsar la impunidad.

Pérez señaló que la sentencia, aunque dividida por un voto razonado, reivindica las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y los derechos de las víctimas a tener acceso a la justicia sin que existan obstáculos.

El abogado Pérez manifiesta que en Guatemala es difícil llevar casos relacionados al conflicto armado al sistema de justicia. “Hoy precisamente fue la audiencia de apelación del segundo juicio por genocidio, eso sucedió en los años 82, 83, estamos en el 2021, estamos hablando de 42 años de los hechos y apenas estamos conociendo en segunda instancia un juicio histórico pero que llevó muchos años prepararlo y esperar el momento que los Tribunales pudieran abrir las puertas para el acceso a la justicia”, indicó.

A pesar de que el número de casos que se ha logrado llevar a la justicia es mínimo, el abogado señala que por la lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos ha habido casos emblemáticos, que representan ese patrón sistemático generalizado de políticas de Estado como la tierra arrasada, el desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.

Al preguntarle si esta es una sentencia histórica, Pérez señaló: “Todas las sentencias que hay hasta hoy en el sistema judicial guatemalteco relacionadas con el conflicto armado interno son históricas y representan a cada una de las víctimas que sufrieron las atrocidades cometidas durante el conflicto”.

Organizaciones como Impunity Watch Guatemala también se pronunciaron sobre la sentencia. “La resolución de la CC sobre la iniciativa 5377 es consecuente con el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no puede otorgar amnistía en este tipo de casos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Voto razonado disidente de Molina Barreto

El amparo tuvo el voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien busca ser reelecto como magistrado constitucional para el periodo 2021-2026 de la CC, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó su expediente.

Molina Barreto fue nombrado como magistrado constitucional por los magistrados de la CSJ, para sustituir la vacante que dejó Neftaly Aldana.

Su nombramiento fue adversado por organizaciones de derechos humanos que recordaron que como magistrado de la CC, Molina emitió resoluciones contrarias a la ley como en el caso por genocidio, cuando se anuló la condena contra el general Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013.

Para acceder a la sentencia completa:

https://drive.google.com/file/d/1hqueYTG6gIcQmjvGNgzTkZYHOmJ33MvJ/view

Por Ñaní Pinto

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo

Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

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— Rompiendo Fronteras
CHILE: Continua la represión y la brutalidad policiaca. Asesina policia a artesano y malabarista Francisco Andrés Martínez Romero en ciudad de Panguipulli, otro joven Camilo Miyaki aparece muerto en comisaria policial. Decenas de protestas en todo el territorio. Elpueche, Radio Kurruf, Radio PLaza Dignidad, Primera Linea
ARGENTINA: Crean refugio contra la violencia machista para las trabajadoras de la tierra por la UTT. Crece la protesta contra la mineria contaminante y medicos exigen pago de salarios atrasados desde hace meses. Página 12, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano
SIRIA. Israel continua bombardeando Siria.
PALESTINA: Grandes movilizaciones repudiando los recientes asesinatos y torturas a niños y adolescentes palestinos por parte de la policía Israelí, la marcha fue violentamente reprimida.
MUNDO: 6 de febrero Día mundial contra la mutilación genital femenina. Solo en 2021, 4,16 millones de niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina.

—Desde el ombligo del monstruo.
MEXICO MUJERES: Sobre la detencion del exgobernador de Puebla Mario Marin por el caso de la periodista y activista exiliada Lydia Cacho.
Informe de de la Red Feminista Quintanarrroense sobre agresiones a las mujeres. Cumplen mas de 60 dias de la toma de la Congresa.
LUCHA POR LA VIDA: Represión policiaca a rodadas de Viernes de Furia en CdMx e Invitación a Rodada a Huexca Morelos en defensa del Agua.
CDMX: Movilizaciones de familiares de desaparecidos y familiares de victimas de la Guarderia ABC, reclaman atención y son reprimidos. Desinformemonos
CARACOLES ZAPATISTAS CHIAPAS: Se instala grupo agresor en tierras recuperadas, las bases de apoyo del EZLN deciden no realizar sus siembras ante el riesgo de violencia. Informe de la comisión de observación.

Música:
Los borbones son unos ladrones – Varios artistas
Primera Linea – Radio Liberacion
Pablo Hasel – Nuestras libertades

El día de hoy 6 de febrero del 2021 es un día de alegría y de jolgorio, decenas de hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes han salido a defender la madre tierra, el agua, los humedales y la vida.

Han vencido al miedo de los violentos y sus grupos de choque y han hablado en esta peregrinación de paz, diálogo y encuentro con la ciudad y los pueblos originarios.

Los jóvenes, niñas, niños, mujeres, hombres y estudiantes han hablado de preservar la vida, las plantas, animales y las fuerzas de la naturaleza que se manifiestan en los humedales de montaña María Eugenia.

El día de hoy sábado 6 de febrero venimos caminando hombres y mujeres dignos de los cuatro puntos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero también venimos de los Altos, Norte y Selva Zoque de Chiapas, pero también de más lejos de las chinampas de Xochimilco, de la gran Ciudad de México y de sus palacios, lugar en la que nuestra voz retumba y esperemos sea escuchada, y se salve la vida y los humedales de montaña del valle de Jobel.

El día de hoy le pedimos a los gobiernos, que estén al nivel de lo que la historia les reclama, sabemos que es fácil caer en tentaciones, vender el agua por unas monedas, pero con qué cara podrán los funcionarios ver a los ojos a sus hijos y sus nietos, si vendieron y traicionaron su futuro .. les pedimos que no lo hagan, en la deshonra y en la traición no hay camino, no hay luz, no hay vida .. la vergüenza es estar muerto .

Le pedimos a los funcionarios honestos del gobierno municipal, estatal y federal a que den con nosotrxs la lucha por la vida, el agua, y los humedales.. a qué evidencien, denuncien y entreguen pruebas de los funcionarios corruptos que están vendiendo el futuro de los chiapanecos …

Sabemos que somos miles de pobladores de este Valle que estamos luchando por los humedales .: que no estamos solos.. que los maestros, los jóvenes, niños, estudiantes y mujeres están luchando a nuestro lado ..les agradecemos su apoyo y les damos las gracias por esto y por lo que vendrá en la defensa de la madre tierra.

Los humedales y el agua son más que diez, veinte, treinta votos, la aritmética no cuadra, no se puede dejar sin el preciado líquido a más de 50 mil pobladores del valle de Jobel por cumplir los caprichos de 100 personas que los tranzaron y les vendieron terrenos en humedales … es un crimen de lesa humanidad .. es un atentado contra la naturaleza, nuestra casa común y es un suicidio como sociedad y humanidad.

Por lo tanto llamamos al pueblo de San Cristóbal a estar preparados, e impedir cualquier relleno en la Zona de humedales. Y sobre todo a garantizar el derecho humano al agua y la vida para las futuras generaciones para más de 250 mil habitantes del valle de Jobel.

!Los humedales se aman y se defienden! !La madre tierra no se vende!

! Agua para todos, Agua para la vida!

Representantes de los cuatro puntos de la ciudad, estudiantes, jóvenes, niñas, niños, abuelas, abuelos, mujeres, hombres, académicos, defensorxs de Derechos Humanos, pueblos originarios, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y la Red Ambiental del Valle de Jobel.

Leer el comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas:

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

The Zapatista’s letter: A DECLARATION… FOR LIFE

Frente a los ataques y la barbarie de los últimos años contra las Bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), se ha desplazado una caravana de solidaridad a la Comunidad de Nuevo San Gregorio formada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con el objetivo de acompañar los trabajos del campo de la comunidad esenciales para sus supervivencia, así como de documentar todas las vulneraciones de derechos humanos y ataques a la comunidad.

En el día de ayer, la Caravana denunció la invasión de la zona de trabajo por parte de un grupo hostil. En la denuncia manifiestan cómo “se documentó la presencia del grupo invasor en los trabajaderos, por lo cual las BAEZLN decidieron suspender la siembra de maíz y frijol que se tenía planeada. Esta nueva invasión, además de obstaculizar el trabajo en el campo, actividad fundamental para la supervivencia de las familias, también impide que se le pueda dar alimento a los animales y el regreso de las BAEZLN a sus casas, ya que tienen que cruzar por el espacio en donde se instaló el grupo invasor”.

La invasión constituye una nueva agresión a la autonomía alimentaria y el derecho a la tierra, tal y como señala la caravana, “Estos son los mismos mecanismos de invasión que se vienen utilizando desde el mes de noviembre del 2019 por parte del grupo invasor, y es una de las razones de la presencia de la Caravana de Solidaridad. Las y los pobladores de la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas, identificaron entre el grupo invasor a las siguientes personas; del poblado de San Gregorio Las Casas: Nicolás Pérez Pérez, Sebastián Bolom Ara, Pedro Hernández Gómez, Alejandro Pérez Huet, Nicolás Moshán Huet y Sebastián Ara Moshán. Del Duraznal: Javier Gómez Pérez, Manuela Moshán Huacash, Miguel Gómez Méndez y Pedro Pérez Pérez. De Rancho Alegre a Felípe Enríquez Gómez y de San Andrés Puerto

Rico a Miguel Moshán Huey y Manuel Moshán Moshán”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reitera su apoyo a las Bases de apoyo del EZLN y exige el fin de los hostigamientos por parte de las y los invasores. Del mismo modo, sirva el presente comunicado público como denuncia frente a la Embajada de México en Madrid, a quien se lo hacemos llegar, exigiendo que se tenga en cuenta y responsabilice a los malos Gobiernos en sus tres niveles de gestión del mantenimiento de la inseguridad en Chiapas.

El próximo día 20 de febrero se cumplirán dos años del asesinato de Samir Flores Soberanes, Integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena​ y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko. Hasta la fecha ni los malos gobiernos ni sus administradores de in-justicia han identificado a los asesinos. Desde CGT ni perdonamos ni olvidamos, y anticipamos que los ataques a las comunidades zapatistas y a las Bases de apoyo al EZLN no nos resultan ni ajenas ni lejanas. Exigimos el fin de la violencia contra las Comunidades y Bases de apoyo zapatistas.

¡Viva la autonomía zapatista!

¡Viva el EZLN, sus Bases de Apoyo y Comunidades autónomas!

¡Ninguna agresión sin respuesta!

¡Samir vive!

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“Felipe Quispe murió”, dice el texto de un mensaje que llega casi al caer la noche el martes 19 de enero, en un grupo de WhatsApp, y llueven comentarios de lamentación por la pérdida de quien en vida fue admirado y odiado con la misma intensidad que irradiaba su verba cada vez que se le ponía un micrófono. Red Eco Alternativo.

(Noelia Carrazana – Red Eco) Bolivia – Si el mundo está convulsionado desde enero de 2020 por la pandemia del COVID-19, el país vecino de Bolivia está atravesando sacudones permanentes desde el 10 de noviembre de 2019, momento en que ocurre el golpe de Estado perpetrado por la derecha boliviana. Una de las figuras de la política boliviana, que usó su ingenio y sagacidad para denunciar y dejar en evidencia a la dictadura burda y sangrienta de Jeanine Añez fue Felipe Quispe Huanca, el Mallku. Quispe fue un actor clave para la organización y coacción del movimiento campesino e indígena durante los bloqueos del mes de agosto que lograron fijar fecha inamovible para las elecciones presidenciales. En consecuencia se logró la vuelta a la democracia, el 18 de octubre del 2020.

La muerte del líder indígena de 78 años causó congoja y dolor en una sociedad que aún teme reconocer y superar el racismo enquistado desde la colonia, las redes sociales se convirtieron en el espacio donde inmediatamente de ocurrido el deceso se puso su figura nuevamente en escena, fueron hashtag #FelipeQuispe y #Mallku, y si al día de hoy buscamos en Facebook su nombre encontramos innumerables notas producidas por personas particulares, así como también intelectuales bolivianos.

Mallku es una palabra aymara que significa jefe de los cóndores, en algunas comunidades además del nombre que figura en el documento de cada persona, existen ceremonias donde los abuelos sabios pueden darte un nuevo nombre de acuerdo a su percepción de la fuerza que habita en la persona. El cóndor es para los pueblos aborígenes del sur uno de los animales de poder más importantes, así como el águila lo es para américa del norte o el bello quetzal para los pueblos de centro américa. Desde que irrumpió en el mundo de la política boliviana, Felipe mostró esa fuerza poderosa a través de sus palabras y acciones, porque denunció de manera clara y descarnada el racismo hacia los indígenas y campesinos. “¿Por qué la lucha armada?”, le preguntó a Quispe la periodista Amalia Pando cuando pudo salir de prisión en 1997: “Para que mi hija no sea empleada (doméstica) de usted”, le respondió el Mallku.

“(Los indígenas y campesinos en este tiempo) ya hemos pasado por las aulas universitarias, ya los campesinos sabemos mejor que los ministros, no es tiempo poner bajo al indio”, decía Felipe Quispe a cuatro días del golpe de estado respecto de las palabras de Luis Fernando Camacho, el golpista que ingresó al palacio quemado con una biblia y gritando “Dios vuelve al palacio, nunca más volverá la Pachamama al Palacio de Gobierno”.
Y a solo dieciocho días de la llegada de Jeanine Añez a la presidencia, Felipe Quispe denunciaba los más de 1000 presos políticos y las Masacres de Senkata y Sacaba: “Toda la vida nos han matado, desde la llegada de los españoles, con la biblia en mano (…). Nunca apoyaría la candidatura de Marco Pumari y Luis Fernando Camacho porque considero que son parte de un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre, deben ser procesados”.

Felipe tenía un espíritu crítico, pero a su vez creador, tanto para eclosionar a los q’aras (blancos), como a propios, así se refleja su pensamiento en una anécdota que cuenta el escritor aymara Carlos Macusaya: “En una de las últimas ocasiones que pude hablar con Felipe Quispe fue el año 2019, cuando ambos fuimos invitados a una actividad en una normal rural de La Paz. Lo que más recuerdo de su participación es una frase que dijo tras que un grupo de estudiantes realizó una danza tradicional, él cuestionó que cuando se baila tarqueda, moseñada, sikureada, los pasos de baile son monótonos; ‘acaso no podemos inventar otros pasos, los jóvenes tienen que inventar'”.

“Me gustó mucho ese cuestionamiento porque, además, invitaba a recrear nuestra cultura, a reinventarnos. El propio Felipe Quispe se estaba reinventando. En los años 2000, 2001 y 2003 Quispe tenía una perspectiva muy centrada en lo rural, mientras que el 2020 hizo ‘trabajo de hormiga’ en las movilizaciones que se dieron en la ciudad de El Alto. El propio Mallku estaba yendo más allá de sí mismo”, indica Macusaya.

Su muerte también tuvo repercusión en los medios argentinos, en el programa Fe de Radio, de FM Riachuelo, la periodista Gloria Beretervide entrevisto al sociólogo boliviano Antonio Abal Oña, quien señaló que “hablar de Felipe Quispe es interesante porque es un hombre que puso en tensión a la sociedad boliviana. Después del 1952, después de esa cooptación que tuvo el movimiento nacionalista revolucionario, a todos los pueblos originarios, con un manejo arbitrario de su organización, el que hace un quiebre es Felipe Quispe, porque desde la fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) las negociaciones siempre se hicieron en términos de reconocimiento de autoridad o de sumisión a los gobierno a de turno. Felipe Quispe rompe con ese esquema, le dice a Gonzalo Sánchez de Losada ‘si quiere discutir venga conmigo al campo, a Achacachi, usted presidente de los bolivianos y yo presidente de los Aymaras’, en ese momento no se entendía la fuerza que tenía Felipe”.

Abal Oña explica que “para entender a Felipe hay que ir a sus documentos principales que es el documento que presenta a un congreso de la CSUTCB a nombre de su organización que en ese momento se llamaba Ofensiva roja de Ayllus Tupak kataristas”.

Plataforma de lucha:
Hagamos una resistencia armada en cada comunidad, en cada zona, en cada provincia y en cada departamento para defender nuestra coca sagrada de la tiranía del gobierno y del imperialismo.
Lucha a muerte contra la reforma tributaria, lucha por la defensa de nuestras comunidades, por las raíces ancestrales.
Prepararnos para combatir a sangre y fuego en toda la zona del Qollasuyo en una gigantesca comunidad de vida y trabajo, eso será la revolución y posteriormente será el socialismo.

“En estos dos puntos está el pensamiento que va a guiar todo su accionar, después de presentar este documento, en los años 1990 va a formar el ejército revolucionario Tupak Katari junto a los hermanos Álvaro y Raúl García Linera y con muchos otros jóvenes de formación marxista. Lamentablemente cae en prisión y queda detenido por cinco años, estando en la cárcel él se presenta para candidato a las elecciones en las alcaldías y nos tocó con un periodista aymara hacerle una entrevista en la cárcel, él señalaba que estaba preso por decisión política y de lo que se trataba era de que nuevamente los pueblos originarios fueran pongos políticos, entonces decía que no iban a pedir clemencia, que no iba a pedir perdón para salir en libertad.
Después de salir de la cárcel va a ser el máximo ejecutivo de la CSUTCB, y ahí es donde se va a enfrentar contra las políticas neoliberales contra el gobierno de Hugo Banzer Suaréz, pero más fuertemente en 2003 contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada y que va a terminar con la huida de este presidente y el gran artífice para que se vaya este presidente sin duda es Felipe”, explicó Abal Oña.

“Quispe tiene sus idas y venidas con Evo Morales, porque el foco de atención en ese momento era la guerra contra las drogas y claramente Felipe está hablando de la coca y de lo que representa, en varios momentos se separa de Evo Morales, pero nuevamente se pone como aliado, especialmente cuando se organiza lo que se llamó en 2003 ‘el estado mayor del pueblo’ donde estaban Felipe, Evo y Oscar Olivera que fue la persona que dirigió la guerra del agua, este estado mayor es el que va a organizar marchas y bloqueos hasta dar el fin del gobierno de Sánchez de Losada”, agregó el sociológo boliviano.

Compartimos parte de la entrevista realizada por Gloria Beretervide a Antonio Abal Oña:
Gloria Beretervide: ¿Cuándo se dio ese quiebre cuando Quispe comienza a conformar su propia teoría política y se separa del marxismo?
Antonio Abal Oña: Ese quiebre se da en los años 90, después de caer prisionero, porque él repite en varias entrevistas que el ala marxista de su organización no era consecuente, que no estaban compenetrados de lo que era el pueblo andino y se refiere a Álvaro García por ejemplo que “yo le insistía para que aprendiera aymara, pero él no me tomaba en serio”, y eso le habría permitido comunicarse mejor y ahí él veía una actitud colonialista de estos compañeros marxista, entonces él empieza a hablar de este colonialismo fuertemente y de la ruptura con los marxistas. A partir de eso comienza a adoptar para si la ideología indianista que tiene raíces en Fausto Reinaga, Felipe ya había fundado en los años 70 una organización que participó en la fundación de la organización política Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) inspirado en el pensamiento de Reinaga. Felipe retoma esta matriz de pensamiento alimentada por Constantino Lima, bajo el slogan “debemos gobernarnos nosotros mismos” en un debate con la izquierda.

GB: Para él siempre fue importante el aprendizaje de la lengua como forma de compenetrarse con una cultura, ¿por qué en 2005 ganó Evo Morales y por qué Felipe pierde y se pierde su figura hasta el último golpe de estado?
AAO: Primero vamos a ver lo que pasaba en la sociedad boliviana, con el fracaso de la UEDP la izquierda estaba alicaída en Bolivia, por lo tanto, surgen corrientes de otro tipo denominadas populistas: Carlos Palenque y Max Fernández y es ahí donde también surge el Movimiento al Socialismo y su gran secreto fue juntar a todas las organizaciones matrices del Movimiento Indígena Campesino y las corrientes de izquierda que estaban al interior de la CSUTCB, de las Bartolinas, de los que se denominaban colonizadores, de una organización fuerte que era el bloque oriente, ahí había mucha gente de la izquierda que siempre ha estado ligada a la clase media y si bien no había formado parte de la estructura del MAS al momento de su creación porque todos los cargos estuvieron ocupados por representantes de organizaciones sindicales, solo había dos que representaban a la clase media, eso es lo que le dio fuerza en la clase media a esta izquierda que entro sin dar declaraciones a formar parte del conglomerado que iba a votar al MAS.
En cambio Felipe cuando forma el MITKA se encierra en el mundo aymara, él no hace concesiones, tiene el discurso “anti-q´ara” y que todavía no está bien entendido y no puede irradiarse a nivel nacional, cosa que si lo pudo hacer rápidamente el MAS, también hay que tomar en cuenta que él no pudo ser elegido en la CSUTB, entonces lo que hizo fue organizar una sindical paralela a la de Román Loayza que era del MAS y ahí vio debilitada su presencia en varias regiones del país, le va a costar nuevamente cobrar liderazgo, en realidad Felipe vuelve a tomar relevancia con los bloqueos de agosto del 2020 por su capacidad organizativa y el mensaje claro que tenía.

GB: ¿Pensas que hay algún heredero actual, alguien que reúna dentro del mundo aymara toda esta intelectualidad y acción, y que pueda convocar tanto como Felipe estaba volviendo a convocar?
AAO: Honestamente creo que no, con la claridad y radicalidad que tenía el pensamiento de Felipe Quispe difícil encontrar a alguien, hoy hay muchos jóvenes aymaras nucleados en grupos de estudio, intelectuales que incluso tienen ya doctorados que están trabajando sobre el pensamiento de Quispe y Reinaga y tienen posicionamiento político, pero lo que no tienen es esa proximidad orgánica a los pueblos indígenas, ya que una vez que tu sales de tu comunidad y comienzas a estudiar te separas de esa vida orgánica que llevan las comunidades, Felipe nunca abandono eso, él era catedrático de la Universidad Pública del Alto (UPEA), pero él seguía yendo a su comunidad, seguía prestando los servicios que tenía que hacer en su central, subcentral, el problema de muchos compañeros que acceden a una carrera universitaria o a un trabajo más intelectual es la separación con sus bases orgánicas, por eso va a ser difícil encontrar a alguien que pueda reemplazar a Felipe, que por lo que sabemos estaba encaminado a conformar un nuevo instrumento político, estaba contando con Eva Copa y con los jóvenes pertenecientes a la UPEA.

Entrevista realizada el 01 de agosto, 2020 en el programa Todas las Voces, AM 530 Radio de las Madres, a Felipe Quispe, para escuchar parte de su pensamiento AQUI

Imágenes: @MuyWaso / Valeria Arias