Digna Rebeldía y Organización Social ¿Para dónde vamos?
Colombia se mantiene en pie de lucha luego de 16 días del Paro Nacional 2021
Por: Medios Libres Cali | 13 Mayo 2021
¿Quiénes, por qué y cómo paramos?
“Paramos porque no aguantamos más”: la mejor descripción de este paro la han dado las comunidades populares que relacionan el paro con una olla express, el paro es la manifestación de un cúmulo de inconformidades que juntas se levantaron en una sola a voz. Entre ellas el paquete de 4 reformas nefastas que recaen sobre las comunidades más empobrecidas y beneficia a sectores ya privilegiados: la reforma tributaria que pretende ponerle IVA del 19% a la canasta básica; la reforma a la salud que privatiza el servicio y elimina las posibilidades de acceder al derecho; la reforma a la pensión que pretende pasarse a fondos privados; y la reforma laboral que podría flexibilizar el salario mínimo.
Pero el paquete de reformas en realidad son la gota que rebozó el vaso. Hablamos de una sociedad golpeada por la pobreza y la desigualdad; un país que vive en guerra desde hace décadas y es gobernado por un narcoestado que cada vez muestra su cara más real, pues día a día se va quitando el manto de democracia para mostrar su rostro de dictadura. Es por ello que las comunidades no se aguantaron las reformas, porque en realidad no podían con más. Ya en 2019 en medio de la ola de protestas por el llamado “paquetazo de Duque”, el cual desencadenó movilizaciones masivas que paralizaron el país por casi dos meses, conocidas como el 21N (21 de noviembre 2019, fecha en que inicia dicho paro), el gobierno -con auspicio del uribismo-, realizó la firma del decreto a puerta cerrada y a altas horas de la noche que le dio vida al Grupo Bicentenario, un holding financiero estatal, pese a que las protestas habían denominado el retiro de dicho proyecto como uno de los 10 puntos inamovibles del paro. Este grupo está conformado por 19 empresas financieras como el Banco Agrario, Findeter, Finagro, el Icetex y el Fondo Nacional del Ahorro y sigue desde entonces.
Y es que pareciera no ser suficiente con el asesinato desmedido de líderes y lideresas sociales, más de 900 desde 2016 según Indepaz, 101 en el 2020 según el informe de la Unidad de Investigación y Acusación [UIA] de la JEP; el desplazamiento de comunidades en los campos, 28.509 personas fueron desplazadas y confinadas en 2020 por hechos violentos, según la Defensoría del Pueblo de Colombia; la economía totalmente quebrada por la pandemia, la vergonzosa cifra de más de 30.000 personas desparecidas que están siendo buscadas por sus familiares desde 1985 hasta la fecha según la Comisión de la Verdad, el ataque a los movimientos sociales, el golpe sistemático a las comunidades indígenas. Hablamos de un país que vive con hambre, a mediados del 2020 ingresaron 9.151 casos de niños y niñas menores de 5 años a los que se les atribuye desnutrición aguda según el Instituto Nacional de Salud, un país nutrido de violencia. Hablamos del país de las 6.402 personas asesinadas extrajudicialmente y la cifra sigue en aumento.
Tanta inconformidad junta hizo que mucha gente sintiera el paro como suyo, por eso tantas personas se solidarizaron y se volvieron con rabia a las calles, pero más importante aún, salieron sin miedo; miles de personas sin nada que perder tomaron el rumbo de un paro que lleva ya 14 días. Entonces el paro lo hace la gente, el barrio, las vecinas, las madres, los trabajadores, el estudiantado, el movimiento social, las barras bravas, los obreros, las comunidades afro e indígenas, camioneros, taxistas, los y las campesinas, las mujeres y todo el parche LGTBIQ+. En especial, este paro lo hace la juventud popular del país.
El pueblo colombiano está cansado de no ser escuchado, de las marchas inoficiosas que llegan a los grandes centros de poder y que terminan en manos de sectores amañados que negocian lo innegociable. Este paro se empezó a cocinar en el corazón más profundo de los barrios, en la boca de las abuelas y los vecinos, de las madres y profesoras que se preocupan por los y las jóvenes; no fue casual entonces que los puntos de paro enfocaran sus concentraciones en las entradas a las ciudades más que en las plazas, en las intersecciones importantes más que frente a las alcaldías, en los barrios populares mejor que en las zonas turísticas: lugares verdaderamente simbólicos y representativos para la gente, para las mayorías.
Ni la renuncia de Carrasquilla (Ministro de Hacienda), ni el retiro de la reforma tributaria, ha logrado detener esta ola de protestas de digna rabia y corazón ardiente. Entonces el paro tiene el color de nuestro pueblo y el rostro de nuestra gente, el sentimiento de los barrios. Así, al interior de los puntos van apareciendo como protagonistas los que han sido invisibles en la sociedad por tanto tiempo, los que no tienen voz pero buscan tener un futuro. Aparecen héroes que defienden el pedazo como la Primera Línea, jóvenes organizados en contra del aparato represor estatal liderado por el ESMAD y su escuadrón de muerte; aparecen las improvisadas campañas médicas, los enfermeros, auxiliares y paramédicas de esta guerra citadina que nos deja tanta muerte, gente que cuida la gente, pueblo que cura a su pueblo; llegan las madres con su amor y su sazón a montar ollas comunitarias en las calles, prenden el fogón, montan la hoguera y tienen comida para miles, porque así se logra el aguante y así se mantiene un paro; y brillan con luz propia los y las defensoras de derechos humanos, que en medio de las balaceras escudan a su gente, protegen a su pueblo, velan porque lleguemos a casa en medio de las tinieblas de una dictadura solapada, y buscan hasta encontrarles a quienes otros insulsos cobardes han desaparecido.
¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno?
El gobierno colombiano se proclama como un estado social de derecho, sin embargo en Colombia nadie sabe qué son los derechos, y el Estado sólo es reconocible por su abandono sistemático y su fuerza en exceso que impacta nuestros territorios. Las cifras de los muertos y desaparecidos en el país son frías y aterradoras, llevamos décadas de acumulación en cifras nefastas, pueblos sembrados en sangre y olas de violencia que construyen la historia de nuestro suelo. Sin embargo, lo que ha sucedido durante estos 14 días de paro nacional y protestas generalizadas, se inscribe en la memoria colectiva como el desenmascaramiento de un estado dictatorial, pues se ha vivido la militarización de las ciudades, los excesos de fuerza policial, la violencia estatal, la muerte de inocentes en manos de la policía, la desaparición de personas, así como el amparo y alineamiento de fuerzas paramilitares con la fuerza pública. Todo esto es el vivo candor del legado uribista y sus estructuras de guerra paraestatal.
Las organizaciones Temblores ONG e Indepaz, entregaron un informe escandaloso y supremamente preocupante el pasado 9 de mayo donde se pueden apreciar cifras escalofriantes, con un total de 47 personas asesinadas, donde ha sido posible determinar que 39 de ellos se dieron por violencia policial. 36 de los casos se presentaron en el Valle del Cauca (35 en Cali y 1 en Yumbo). A lo anterior se le suman al menos 1.876 casos de violencia a nivel nacional por parte de la Fuerza Pública dentro de los cuales se pudieron identificar los siguientes:
278 víctimas de violencia física
963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
356 Intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas
28 víctimas de agresiones oculares
111 casos de disparos de arma de fuego
500 personas desaparecidas
La modalidad de ataque y violencia estatal no tiene precedente en las ciudades hasta la fecha, pues se ha dado a la protesta social un tratamiento de guerra que no tiene nombre, donde el exceso de personal e institución policial para el control de las ciudades y el uso excesivo de la fuerza (pero en especial el uso excesivo de armas de fuego de alto y bajo calibre, en coordinación con francotiradores y helicópteros que disparan a la población indefensa), es parte del panorama absurdo que viven las ciudades más abatidas del país, los barrios y las calles se han convertido en campo de guerra… no olvidemos que las selvas y montañas, las veredas y corregimientos beben de la misma suerte hace décadas.
En efecto, el gobierno nacional y los altos mandos de la Fuerza Pública han promovido de forma vulgar el uso desproporcionado de la fuerza y la tolerancia al uso de armas de fuego como método de terror contra la protesta social. La censura mediática ha sido parte del ejercicio de ocultamiento de la verdad, se han implementado el uso de acciones vandálicas por parte de la misma fuerza pública para inculpar a los protestantes y argüir, así mismo, el uso desproporcionado del poder de su fuerza.
La estrategia del miedo ha sido macabra, con actores de odio que con nombre propio hacen afirmaciones sediciosas: hablamos de cargos importantes entre ellos el expresidente, exsenador y director del partido de gobierno Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez; así como el director de las FFAA, General Eduardo Zapateiro, y el Ministro de Defensa Diego Molano; la Fiscalía de la nación, ministros y senadores uribistas y de ultraderecha que han declarado la guerra directa a los manifestantes y la protesta pacífica con mensajes y acciones de guerra, así como afirmaciones falsas sobre la misma. Es de notar con preocupación el ejercicio discursivo que elabora el aparataje uribista, usando términos como “terroristas” para referirse a protestantes, afirmando vinculación de la minga indígena con grupos guerrilleros o la infiltración de armas en puntos de bloqueo, para alimentar el odio y sugerir, incitar y proteger a grupos elitistas blancos de la ciudad en su respuesta armada contra la protesta.
Muy a pesar de que se cuenta con cientos de videos de miembros de la Fuerza Pública, ESMAD, policías y miembros de organismos de inteligencia, así como ciudadanos armados y organizados, que atacan las concentraciones y arremeten reuniones pacíficas con armas de fuego direccionadas hacia la multitud, sembrando el terror entre los y las manifestantes y en múltiples ocasiones disparando, asesinando, hiriendo y masacrando en las calles; a pesar de esto, los medios nacionales no sólo han ocultado de manera vergonzosa la realidad de la situación, sino que han disfrazado las acciones de protesta a favor de un discurso estatal, a favor de la militarización y en contra de la protesta misma. La denuncia de más de 500 personas desaparecidas, después de haber sido detenidas en medio de las protestas, muestra la gravedad de las violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado. Dos de esos desaparecidos fueron encontrados muertos el día 7 de mayo de 2021 según la organización Temblores ONG.
La masacre es sistemática, ha habido fuego directo hacia las y los manifestantes que con ollas comunitarias y algunas barricadas improvisadas con rocas y palos, hacían cierre de vías ejerciendo su derecho a protestar. Pero lo más peligroso han sido los distintos ataques organizados mancomunadamente entre población civil armada con la fuerza pública: una turba de gente rica, uribista, clasista y racista que muy a las maneras de los supremacistas blancos, apoyados y protegidos por la policía, atacan de manera organizada y sin ningún tipo de retaliación a la gente que se manifiesta. ¿Hablamos de dictadura? ¿de para-estado?
Cali ha sido usada como laboratorio militar en los últimos años en el ejercicio del control de la protesta social, a saber, las organizaciones sociales hacen lecturas importantes sobre el uso en la ciudad de prácticas represivas organizadas que luego tienen réplica en otras latitudes del país. Durante este paro nacional de 2021 han habido prácticas de una sistematicidad alarmante: entre ellas podemos ver los apagones de energía en los puntos de concentración acompañados de arremetida armada por parte de las fuerzas policiales; las acciones vandálicas expresadas en la destrucción y robo de almacenes de cadena, o la supuestas entradas masivas a condominios de apartamentos para robar o destruir impulsadas por agentes infiltrados en las protestas; así como la manipulación y censura ya demostrada por diversas entidades frente al acceso a Internet y a las publicaciones en redes sociales. Tácticas como poner en contra a distintos sectores de la ciudad usando los medios de comunicación para mostrar situaciones irreales, y así alimentar el odio entre clases y generar como respuesta la acción armada de ambas partes. Son muchas las estrategias de guerra y confusión que el Estado prueba en la ciudad de Cali para ir a repartir su represión ya testeada, al resto del país.
Ante tanta confusión y frente al panorama de guerra y de exploración militar al que se exponen los y las caleñas que protestan, nuestro territorio se viste de lucha, la ciudad se ha armado de valor y ha reclamado a gritos sus derechos y sus libertades. Ha denunciado la guerra impuesta y ha hecho que prime la alegría, la dignidad y la rabia, hermosas protagonistas de este Paro que hoy cambia la historia de una ciudad para siempre. Nuestros muertos y muertas se sembrarán en la memoria colectiva, sus rostros ya pintados en muros imprimen el recuerdo en la ciudad: este Paro nos costó sangre, son más de 35 jóvenes que entregaron su vida a esta lucha, por ellos y ellas y las 120 personas desaparecidas en la ciudad, el paro grita lucha y para adelante… vamos firme Cali rebelde que el mundo entero grita tu nombre.
Bastón de mando en mano, banderas verdirrojas del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), chivas (transporte tradicional parecido a un bus) atiborradas de gente y comida. La minga indígena llega con la voz de las autoridades tradicionales de los territorios que saludaron a las comunidades alzadas en paro y ofrecieron su fuerza y cuidado para continuar el proceso del Paro Nacional 2021 que está siendo saboteado por el Estado. La guardia indígena es recibida con respeto y cariño, con ella vuelve la esperanza a las calles de Cali, “Adelante compañeros dispuestos a resistir, defender nuestro derecho así nos toque morir, Guardia Guardia, Fuerza Fuerza, por mi raza por mi tierra” pregona el himno de la guardia que al sonar en la ciudad, deja un halo de esperanza y valentía colectiva.
Son rostros diferentes, vienen de los diez pueblos indígenas del Cauca, “venimos al paro porque el gobierno no ha respondido a nuestras peticiones”, decía una mayora Nasa a cargo de una de las cocinas. “Nos quedaremos hasta que el gobierno se comprometa a no presentar ninguna reforma tributaria, a retirar las iniciativas de salud, en materia laboral y de pensiones”, manifestaba en otra parte un comunero que cubría su cabeza con la pañoleta rojiverde representativa del CRIC. “Venimos a defender a la ciudad que el estado ha abandonado, porque a la gente en Cali la están matando y lo que necesitan ahora es apoyo en su lucha, que es de todos”, expresa una autoridad que coordina las comisiones humanitarias que brinda la Minga a los puntos de Paro.
Fue un nefasto devenir el que planeaba la Cali uribista, la Cali racista y paraca que a punta de fuego y arma, atacó de manera desproporcionada a los y las comuneras indígenas que se dirigían a la asamblea popular que tenía lugar en la Universidad del Valle. 9 compañeros y compañeras han caído heridos y luchan por sus vidas en diversos centros médicos de la ciudad. La minga ha sido atacada a bala, la democracia directa ha sido atacada a bala, la organización barrial ha sido atacada a bala, es verdad que les produce mucho miedo que nuestra gente se junte a planear su futuro. Ahora vienen 12.000 indígenas más: “A ver si pueden matarnos a todos” dice un guardia lleno de indignación; “creyeron que matando a uno nos aplacarían a todos y al contrario nos hicimos millones”, ese es el poder de la lucha y el ejemplo de estos guerreros milenarios, porque MINGA somos todos y todas.
¿Para dónde vamos?
El caminar de la lucha ha sido complejo por las acciones gubernamentales que tratan de sabotear las acciones del Paro Nacional, sin embargo la rabia siempre lucha y la dignidad se levanta sobre las calles ensangrentadas. Los puntos se organizan en asambleas populares, las ciudades se coordinan en movilización y el Paro no para.
Muchos puntos de concentración, paro y bloqueo plantean en sus asambleas populares como organismos de decisión directa de los diversos territorios, que ningún paro se levanta y ningún punto se desbloquea sin antes llegar a unos principios básicos, entre ellos: