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La Fiscalía Federal y la Fiscalía del Estado de Chiapas cómplices en la falsificación de pruebas a personas inocentes

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

a 21 de septiembre de 2021

Boletín No. 10

 

  • Las Fiscalías federal y estatal de Chiapas cómplices en la falsificación de pruebas a personas inocentes.
  • Gobierno de Chiapas mantiene una acción criminal como parte de su política de gobierno.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGECH) cómplices en falsificación de pruebas a personas inocentes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) investigó y documentó la utilización ilegal de las identificaciones de Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) –joven víctima de privación arbitraria de la libertad y tortura– para privar de la libertad a dos personas, una de ellas de nacionalidad salvadoreña.

Yonny Ronay fue detenido ilegalmente y torturado por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de FGECH entre el 13 y 15 de marzo del 2019. En el momento de su detención traía consigo diferentes pertenencias entre las que se encontraba su credencial de conducir.

El día 14 de marzo de 2019 Yonny Ronay fue exhibido por medios de comunicación con fotografías obtenidas por medio de la FAI, como integrante de una banda de la delincuencia organizada, en posesión de armas de grueso calibre y como el responsable de un homicidio en Villaflores, Chiapas.

Al día siguiente, tras ser expuesto públicamente y violar su presunción de inocencia, la FAI determinó darle la libertad a Yonny Ronay alegando que de acuerdo con la investigación le habían encontrado un arma blanca del tipo de navaja multiusos. Horas antes de su libertad la Fiscalía de Distrito Fraylesca (FDF) realizó actos de investigación a Yonny por otros delitos.

Al salir de la FAI fue detenido nuevamente con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado; hasta este momento legalmente se le atribuyó una responsabilidad sobre estos hechos, es decir la FGECH había fabricado al culpable 24 horas antes.

Por otra parte, contamos con documentación de que el día del homicidio que se le imputa a Yonny Ronay, el joven se encontraba en otro municipio del estado de Chiapas. Este Centro de Derechos Humanos cuenta con documentos que acreditan tortura física y psicológica, privación arbitraria de libertad, mismos indicios que se encuentran dentro de la carpeta de investigación integrada por certificados médicos que constatan las lesiones que le causaron, además de testimonios de sus familiares que lograron verlo cuando se encontraba detenido.

El 21 de marzo de 2019 fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y el 21 de octubre del mismo año la FDF le imputó el delito de robo, vinculandolo a proceso. Durante la audiencia, Yonny Ronay denunció actos de tortura que sufrió durante su detención y señaló al fiscal del ministerio público como uno de sus perpetradores.

El día 23 de abril de 2020 fueron detenidas ilegalmente dos personas por la FAI, quienes también fueron torturados en el sótano de esta institución, y se les atribuyó un robo ejecutado con un arma de fuego el día 24 de abril del mismo año en Tuxtla Gutiérrez. En esa investigación la FAI, utilizó ilegalmente la credencial de Yonny Ronay para fabricar un testimonio y falsificó su firma para incriminar a estas personas. En la fecha de estos hechos él ya se encontraba en prisión.

Por las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, estas dos personas aceptaron reconocer responsabilidades a cambio reducirles la pena y recobrar su libertad por medio de una fianza. Esto no sucedió, por lo que fueron sentenciados a cuatro años cuatro meses de prisión, pena que siguen cumpliendo.

La FAI transfirió el 21 de junio de 2019 la investigación a la FGR por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Un Juez Federal emitió un auto de vinculación a proceso por estos hechos y ordenó investigar los actos de tortura que se manifestaron durante la audiencia.

Del 20 agosto de 2019 al 19 de febrero de 2020 la FGR realizó actos de investigación con finalidad de esclarecer los hechos; en este periodo entrevistó a Yonny Ronay el día 17 de febrero de 2020 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 08 de Villaflores, en ese momento el joven refirió que era imposible que haya sido testigo de esos hechos –del robo y la portación de arma de fuego- ya que en ese se encontraba detenido.

Además, la FGR en su investigación no localizó a las supuestas víctimas y otros testigos de los hechos referidos por la FAI, verificó también que en el lugar de los hechos existían cámaras del C5 que pudieron grabar los hechos, mismo que contrariaba el informe de la FAI, quien argumentó la inexistencia de los aparatos de grabación.

Por estas circunstancias dentro de la investigación, la FGR determinó cerrar la investigación por el delito de portación de armas de fuego: “En estas circunstancias y al no encontrarse debidamente corroborado que –——————————, participó en la comisión del hecho señalado como delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO … sino más bien que se simularon pruebas en su contra… en el hecho señalado como delito antes descrito y el de ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA AGRAVADO”.

Es decir, que la FGR concluyó que el delito de portación de arma de fuego fue fabricado por la FAI, así como el robo ejecutado con violencia, delito por el cual estas personas actualmente se encuentran sentenciadas.

Por estos hechos se configuran los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público, falsificación de documentos, los cuales se encuentran previstos en el Código Penal Federal, por lo que correspondería a la FGR investigar a los funcionarios públicos de la FAI que incurrieron en estas acciones, lo que hasta el momento no se ha realizado.

La Secretaría General de Gobernación y la Dirección de Derechos Humanos del estado de Chiapas tienen conocimiento de estos hechos, sin que hasta el momento hayan intervenido para hacer cesar este cúmulo de violaciones a derechos humanos hacia estas tres personas.

El día 06 de septiembre de 2021 Yonny fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión, por un juez del distrito judicial de Villaflores, el cual no valoró las pruebas de una investigación cargada de violaciones a los derechos humanos.

La comisión de una serie de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad e integridad personal, entre otras violaciones a los derechos humanos representan una acción criminal de parte del gobierno del estado de Chiapas hacia la población, representando una política de investigación penal que constituye la instalación de una fábrica de delitos y culpables.

Descarga nuestro Boletín en PDF.

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Grupos armados en la zona Norte de San Cristóbal agreden a la población

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
a 08 de septiembre de 2021

Acción urgente No. 9
Grupos armados agreden a población en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

  • Entre el caos y la ineficacia de autoridades municipales para atender la violencia expandida en la zona Norte de San Cristóbal, en el perímetro de la comunidad Molino los Arcos.
  • Dos personas asesinadas, agresiones, casas quemadas, familias cercadas por los grupos armados.

Este Centro de Derechos Humanos ha recibido información relacionado a una serie de enfrentamientos entre grupos armados en la zona Norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (en adelante San Cristóbal), en el perímetro territorial de la comunidad conocida como Molinos los Arcos, situación en la que nos reportan dos personas asesinadas, quema de casas, familias cercadas, angustia y terror en la población, hechos perpetradas por grupos armados, donde están poniendo en un alto riesgo la vida e integridad, seguridad personal y desplazamiento forzado de pobladores de zona Norte de la Ciudad de San Cristóbal.

Estos hechos de violencia se han prolongado en un lapso de meses donde de manera cotidiana nos reportan disparos de armas de alto calibre y enfrentamiento entre grupos que se encuentran armados, bajo la permisividad de las autoridades municipales y estatales del gobierno de Chiapas.

Según documentación con la que cuenta el Frayba nos refieren que a las 23.30 hrs. Ninguna autoridad ha intervenido en la zona de conflicto, al contrario, hay amenazas de que estos grupos entren a las casas y agredan y desplacen a la población civil.

Por tal razón urgimos al gobierno mexicano la intervención inmediata para:

Primero.- Implementar de manera urgente medidas cautelares y precautorias para garantizar el derecho a la vida e integridad personal y daños de imposible reparación de los pobladores de la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Segundo.- Investigar y sancionar a los grupos armados que desde hace meses mantiene en terror a la población de San Cristóbal.

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Adrián Gómez Jiménez libre tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente

A los 22 años fue Privado Arbitrariamente de su libertad a partir de la fabricación de delitos y tortura. Desde el 2017 está organizado junto a otros compañeros presos en distintos reclusorios luchando por la libertad. Obtuvo su salida absolutoria gracias a su lucha incansable, del proceso de familiares que acompañan paso a paso las exigencias de justicia y organizaciones, colectivos y personas que se han sumado para derrocar los muros del exterminio que representan las cárceles en Chiapas y en el mundo.

Adrián es ejemplo de persistencia por la vida; sobreviviente de la tortura, de la fábrica de culpables y de la gran impunidad con la que las fiscalías mexicanas han llenado los centros de reclusión de inocentes.

 

Pronunciamiento conjunto. Libertad absolutoria a Adrián Gómez Jiménez tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente

San Cristóbal de las casas, Chiapas, 8 de septiembre del 2021

El Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas celebramos y recibimos con mucha alegría la libertad y la vida de nuestro querido compañero y hermano Adrián Gómez Jiménez.

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Defensores y defensoras del COMDHSM y periodistas documentan violaciones a derechos humanos contra caravana migrante en la frontera sur

Foto: Jacob García | Reuters

Foto: Jacob García | Reuters

04 de septiembre de 2021

DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.

Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.

Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.

Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.

Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.

Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.

Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional

#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas

FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas

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Palabra de familiares de víctimas de asesinados y desaparecidos en la masacre de Viejo Velasco

Ojo de Agua Tseltal, Ocosingo; Chiapas

30 de Agosto del 2021

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

A LOS GOBERNANTES DE MÉXICO

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) Y AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

AL PÚBLICO EN GENERAL

 

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDÍGENAS DE LA SELVA DE CHIAPAS COMITÉ DE DEFENSA DE LA LIBERTADES INDIGENAS, CDLI-XI’NICH, UCISECH, TSOBLEJ YU’UN WOCOLTIC, Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDOS DE LA MASACRE DEL PUEBLO MAYA CHÓL DE LA COMUNIDAD VIEJO VELASCO, ENCLAVADO EN LA SELVA LACANDONA DE CHIAPAS-MEXICO.

REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA TSELTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS.

 

MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

EL DIA 30 DE AGOSTO CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS.

En memoria de nuestras hermanas y hermanos que desde hace 14 años fueron desaparecidos, ejecutados, y desplazados de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

14 años de investigación simulada, ineficaz e inefectiva, de impunidad, sin que hasta el momento sepamos del paradero de nuestros compañeros Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, personas que fueron desaparecidas por la acción y omisión del Estado mediante un operativo paramilitar, por aproximadamente 40 civiles armados y 300 elementos de la Policía Sectorial, en presencia de Fiscales del Ministerio Público y otros funcionarios del gobierno estatal, en la Selva Lacandona. En dicho operativo resultaron 4 desaparecidos (dos de ellos ya han sido identificados sus restos y entregados a sus familiares) 4 personas ejecutadas extrajudicialmente y 36 personas desplazadas forzadamente, además de que se mantenerse vigente órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlo responsable de asesinar a sus propios compañeros.

Demandamos la aparición con vida de nuestros dos compañeros y de las 89,488 personas registradas como desaparecidas según el informe semestral de la Comisión Nacional de Búsqueda (Informe semestral CNB 2021, https://www.gob.mx/cnb/es/documentos/informe-semestral-cnb-2021?state=published) y que día a día se incrementa. En este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

También recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue asesinada al interior de su vivienda, cuando se encontraba embarazada. También a nuestra compañera Petrona Núñez González que fue secuestrada y torturada el mismo día de los hechos y que más tarde logró escapar. Sin embargo, como consecuencia de su afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.

Nuestro dolor e incertidumbre por nuestros hermanos y hermanas, asesinados y ejecutados en esa masacre y por el no saber en dónde están nuestros dos compañeros desaparecidos desde entonces.

La agresión hacia los pueblos indígenas no para:

CONDENAMOS Y EXIGIMOS JUSTICIA, POR EL COBARDE ASESINATO DE SIMÓN PEDRO PEREZ LOPEZ DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DEL SITIO CASA DE LA MEMORIA Y LA ESPERANZA, TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL.

 

Ningún desaparecido más

Presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y de los más 80 mil desaparecidos en México

Presentación con vida de nuestros hermanos Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán desaparecidos el 13 de noviembre del 2006.

 

 

Atentamente

 

FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LA MASACRE DE VIEJO VELASCO

ASAMBLEA y COORDINADORA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL XI’NICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC.

 

DESCARGA EL COMUNICADO DE PRENSA 

 

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Acceso a la justicia para Sergio Alberto González Castro, sobreviviente de tortura


Tras la denuncia por el delito de tortura, el pasado 9 de agosto de 2021, el Juez de Control del Distrito Judicial en Villaflores, Chiapas, dictó auto de vinculación a proceso en contra de agentes policiales aprehensores por su probable intervención en el delito de tortura en agravio de Sergio Alberto González Castro (González Castro) originario del municipio de La Concordia. Los agentes policiales quedaron bajo la medida cautelar de firmas semanales y no acercamiento a la víctima, hasta que se cumpla el plazo de investigación complementaria de un mes.

En 2015, González Castro fue torturado para obtener su confesión por el delito de Abigeato (robo de una vaca), fue procesado y posteriormente absuelto en octubre de 2018, al acreditarse la detención ilegal, violaciones a derechos humanos y falta de elementos para acreditar el delito. Hasta el momento a González Castro no se le ha reparado los daños causados por las violaciones a derechos humanos cometidas a él y a sus familiares de acuerdo a estándares internacionales.

Lamentamos que para la procuración y administración de justicia en Chiapas, quien ha sufrido tortura para autoinculparse por un delito que no cometió esté sujeto a prisión preventiva; mientras que los probables responsables de cometer el delito de tortura estén sujetos bajo libertad condicionada.

#StopTortura
#EnElPaísDondeSeErradicóLaTortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de agosto de 2021
Nota informativa

Descarga la nota aquí

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La tenaz búsqueda de verdad y justicia de familias, pueblos y personas victimizadas no pasará desapercibida


• Exigimos justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en México.
• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad
• Hacemos un llamado a poner un alto a la impunidad con acciones de abajo, pacíficas y organizadas desde la sociedad civil.

Quienes firmamos este pronunciamiento: El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) quienes, de Norte a Sur, reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas, como Sujetas de Derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado, ni claudicado en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, en todo el territorio nacional.

Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las Consultas Ciudadanas, contempladas en el marco jurídico mexicano, y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la Consulta popular, libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y derecho humanos en nuestro país.

Ante la consulta popular a realizarse en 1 de agosto, manifestamos:

Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos.

En lo que va la actual administración federal no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial1 de 89,488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021, y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1,749 fosas clandestinas, con la recuperación de 3,025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila, existen aproximadamente mil cuerpos sin identificar, que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100mil fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio.

Actualmente en el país, las Fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por los menos 38mil hasta el 2019.

Más de 340mil personas desplazada por diferentes tipos de violencias. De enero a junio de este año se sumaron 3,873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos2.

De enero a junio del 2021, se registraron oficialmente 543 feminicidios, es decir 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país3.

Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantiene a nuestros pueblos masacrados y en el terror. Cómo se puede hablar de Estado democrático de Derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas, y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio.

Saludamos el ejercicio ciudadano de la Consulta Popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente:

Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad.

Los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tienen el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión.

Es por lo que, independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México:

• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país. Convocamos a organizarnos para la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias.

• Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales, están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándola de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso4. Sabemos que el ejercicio del Derecho a la Consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos.

Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerza y defienda su derecho a la Consulta y a reorientar las acciones de gobierno para en verdad hacer el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna exigencia de verdad, justicia y reparación.

Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país.

¡No están solas, no están solos!

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Saltillo, Coahuila; México
29 de julio de 2021

Descarga el Pronunciamiento conjunto aquí: Pronunciamiento Verdad y Justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos

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Pronunciamiento conjunto – Preocupación por seguridad del Padre Marcelo Pérez Párroco de Simojovel y defensor de derechos humanos

Pronunciamiento conjunto
Preocupación por seguridad del Padre Marcelo Pérez
Párroco de Simojovel y defensor de derechos humanos

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México), manifestamos nuestra preocupación por los actos de criminalización hacia el Padre Marcelo Pérez Pérez, por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

El Padre Marcelo Pérez Pérez es un reconocido defensor de derechos humanos que como párroco de Simojovel y Coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha realizado innumerables acciones de defensa de derechos humanos.

En este sentido, ha venido trabajando con los pueblos tsotsiles, tseltales, zoques y mestizos, acompañando procesos de defensa de la tierra y territorio, mediando en conflictos y acompañando comunidades desplazadas.  A su vez, el Padre acompaña a personas migrantes, así como a personas defensoras que han sido criminalizadas por su trabajo de defensa de derechos humanos.

Por su actividad de defensa de derechos humanos, el Padre Marcelo ha sido víctima de deslegitimaciones, difamaciones y descredito constante; desde el inicio de este año las agresiones se han intensificado, prueba de ello son las declaraciones y señalamientos que ha realizado un funcionario público municipal recientemente electo.

La situación de riesgo del Padre Marcelo por su actividad de defensa de derechos humanos se ve reflejada en el otorgamiento de las medidas cautelares número MC-506-14 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016; dichas medidas siguen vigentes actualmente, siendo imprescindibles, aunque no suficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro.

En efecto, la propia CIDH ha afirmado que las declaraciones públicas que deslegitiman y desacreditan el trabajo de personas defensoras de derechos humanos, como el Padre Marcelo, los hace más vulnerables y es obligación del Estado reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos es un acto legítimo.

El Frayba y SweFOR México deseamos llamar la atención al gobierno mexicano sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y solicitamos reconozcan la labor de defensa de derechos humanos y construcción de paz en Chiapas del Padre Marcelo Pérez Pérez, solicitamos que se evite cualquier acto de autoridad que ponga en riesgo a su persona y a las que él acompaña.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Movimiento Sueco por la Reconciliación – México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de julio de 2021

Lee el pronunciamiento completo dando clic aquí.

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Alerta urgente. Riesgo a la libertad e integridad personal, garantías judiciales y libre tránsito Los Altos de Chiapas


 

La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas, además, profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generalizada causada por el crimen organizado. Estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México. Hacemos un llamado al gobierno federal para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región.

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Pronunciamiento Conjunto. Sobre la situación de violencia generalizada en Pantelhó y la crisis de desplazamiento forzado interno


 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 15 de julio de 2021

 

 

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.

Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.

La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.

A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.

Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.

Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.

Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.

Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.

Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.

También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades.  Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.

Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.

Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.

Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Médicos del Mundo Suiza

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)

Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)

Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

PDF del Pronunciamiento conjunto aquí!!!

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