San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre 2024
Boletín No. 26
 
La Corte IDH condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez  Base de Apoyo del EZLN

• Sentencia histórica de la Corte IDH, declara al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio González Méndez.
• ¡Verdad, justicia y memoria para Antonio González Méndez y todas las víctimas del terrorismo de Estado!.

 
En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez (en adelante Antonio González), y por la política de contrainsurgencia que derivó en violaciones graves a los derechos humanos, así como la acción deliberada de no investigar la desaparición ocurrida el 18 de enero de 1999. Esta grave violación a los derechos humanos se enmarca en el contexto del Conflicto Armado Interno aún irresuelto, en el que el Estado mexicano implementó el Plan de Campaña Chiapas 94, una política de contrainsurgencia dirigida a desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a la población civil simpatizante.

El Gobierno mexicano organizó, entrenó, financió, armó y asistió a grupos paramilitares como parte de este plan sistemático en contra de personas militantes, adherentes o simpatizantes al EZLN, en su mayoría hombres y mujeres campesinas de pueblos mayas. En el marco de esta estrategia, el Ejército mexicano y sus grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muchas de carácter sexual contra mujeres.
Uno de los grupos paramilitares más notorios de la época que operó en el Norte del estado de Chiapas fue el grupo “Desarrollo Paz y Justicia”, cuyos integrantes participaron en la desaparición forzada de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999 en la comunidad El Calvario, del municipio de Sabanilla.

Antonio González Méndez, militante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, se convirtió en un objetivo del Ejército mexicano y sus grupos paramilitares debido a su activismo y liderazgo en la comunidad.
La sentencia marca un momento crucial en el largo camino de casi 26 años recorrido por la familia de Antonio en la búsqueda por la justicia, verdad y reparación integral. En ella, la Corte IDH ordena al Estado mexicano emprender una búsqueda efectiva y localizar inmediatamente a Antonio González. Además, obliga a que adopte medidas de reparación integral para su familia. Asimismo, deberá emprender investigaciones para identificar a los perpetradores de la desaparición forzada.

Es un día histórico, sin precedentes en México, resultado de la determinación y valentía de la familia de Antonio, en particular de su pareja e hijas: Zonia, Elma y Magdalena. Frente a este crimen de Estado, ellas emprendieron una incansable lucha por la verdad y la justicia, al igual que muchas otras mujeres que hoy en día enfrentan el pesar de la desaparición forzada. Su persistencia, junto con el acompañamiento de este Centro de Derechos Humanos, logró llevar su exigencia de justicia hasta las altas instancias internacionales.

Si bien la sentencia de hoy es un avance significativo, no constituye el punto final del proceso de justicia iniciado por la familia de Antonio. Es imprescindible que el Estado mexicano, y en particular sus fuerzas armadas, cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte IDH, comenzando por esclarecer la suerte y el paradero de Antonio, para que realmente se empiece con una acción de justicia completa y abra puertas a una justicia transicional en el contexto de contrainsurgencia en Chiapas.

Detrás del caso de Antonio González Méndez, están miles de víctimas del conflicto armado interno no resuelto  en Chiapas, quienes aún esperan justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. No podemos olvidar a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, ni a las demás víctimas del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en la Zona Norte de Chiapas, quienes sufrieron y sobrevivieron a la brutalidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano.

Aunque el Estado mexicano ha reconocido su responsabilidad en otros hechos, esto no ha contado con el respaldo pleno y público de los titulares de los poderes del Estado mexicano. Esta sentencia obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente su responsabilidad y emprender investigaciones exhaustivas para esclarecer estas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que se presentaron desde los años 90 en Chiapas.

La decisión de hoy abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado. La lucha de Antonio, junto con la valentía de Zonia, Elma y Magdalena es una luz y una esperanza para todas las víctimas y sobrevivientes de esa barbarie, inspirando la búsqueda por la verdad y memoria, haciendo énfasis en acciones de justicia que lleven a una reparación integral y en consecuencia a una justicia completa, cabal, al Lekil Chapanel.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información directa de víctimas de la violencia por los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, que en consecuencia han desplazado de manera forzada a mujeres, niñas, niños y hombres habitantes de las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera del municipio de Pantelhó, así también nos reportan que las acciones armadas se han extendido hacia las comunidades: Tijera Chimix, Jabaltón  y la Esperanza pertenecientes al municipio de Chenalhó, Chiapas. En ambos municipios se han tenido que desplazar de manera forzada alrededor de 3, 400 personas.

Firma la Acción Urgente y abona a detener la violencia en los municipios de Pantelhó. Chenalhó.

Pronunciamiento Conjunto

• Nos preocupa la justicia y derechos humanos ante la designación de un perpetrador de violaciones a los derechos humanos ante la designación del nuevo Fiscal General del Estado de Chiapas.

3 de diciembre de 2024

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión del pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, en la que se aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado, quien estará en el cargo durante nueve años.

Este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. Se le suma también que no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, resultando en un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas.

Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión, tanto en su paso como Delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR) y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE). Ha sido agente del Ministerio Público, Fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro.

Cabe recordar que, durante su tiempo en la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 solicitando una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra el recién nombrado Fiscal General del Estado por diversos delitos, incluyendo tortura y abuso de autoridad. Ambas recomendaciones fueron rechazadas, perpetuando la impunidad.

Llaven Abarca fue identificado como perpetrador en casos de detenciones arbitrarias, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, incluyendo la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, y la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal en 2005, entre otros casos.

A pesar de este historial, en agosto de 2011, fue designado Delegado de la PGR en Chiapas en el contexto de la “guerra contra la delincuencia” implementada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Las organizaciones firmantes exigimos una transformación profunda de las instancias de procuración de justicia en nuestro país. En Chiapas, es urgente una fiscalía autónoma, un cambio de estructura y funcionarios, quienes están anquilosados en la corrupción y actúan bajo el cobijo de la impunidad.

El nombramiento de Llaven Abarca coloca a un Fiscal comprometido con los grupos de poder político y fáctico en Chiapas, enviando una clara señal de que su gobierno no solo apuesta por la corrupción y la impunidad, sino también por prácticas de represión y violaciones a derechos humanos.

Con este nombramiento, se evidencia una resistencia a implementar en Chiapas las reformas constitucionales en derechos humanos, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que el gobierno está obligado a cumplir y respetar.

Lamentamos que se continúen con viejas prácticas y costumbres que fomentan las violaciones a derechos humanos y perpetúan la tortura como una práctica generalizada y sistémica en Chiapas, por lo que el panorama de derechos humanos seguirá siendo gris.

Palenque, Chiapas, México

13 de noviembre de 2024 

Boletín No. 24 

Viejo Velasco, rostro de la violencia permanente en contra de los pueblos que defienden el territorio en Chiapas 

• A 18 años de esta brutal masacre seguimos exigiendo verdad y justicia. 
• Con preocupación observamos la repetición de violencias sistemáticas en contra de pueblos y personas defensoras 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), como lo ha hecho durante dieciocho años, expresa su más enérgica condena ante la impunidad que persiste sobre la masacre de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, ocurrida el 13 de noviembre del 2006, donde fueron ejecutadas, 6 personas, 2 más desaparecidas y 36 fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, cometiéndose crímenes de lesa humanidad donde el Estado mexicano es responsable. 

Hace 18 años, aproximadamente a las 6:00 horas, cerca de 40 personas vestidas de civil, provenientes de Nueva Palestina, ubicada en el mismo municipio, entraron a la comunidad Viejo Velasco, acompañadas por un grupo de 300 integrantes de la entonces Policía Sectorial, agrediendo a la comunidad, con un saldo de 6 personas ejecutadas extrajudicialmente y 2 más desaparecidas de manera forzada; además de 36 personas desplazadas de manera forzada. 

Esta masacre constituye un crimen de Estado. Como hemos denunciado ampliamente, su comisión se enmarca en un proceso más amplio de despojo de los diversos pueblos originarios de la Selva, para liberar el territorio en favor de los intereses del capital. Durante décadas los gobiernos en turno presionaron a la población hasta el desplazamiento de comunidades enteras; muchas de estas fueron a través de acciones de terror, hostigamiento, y empoderando a grupos locales para el ejercicio de la violencia en contra de los pueblos en resistencia. 

Pese a que desde el 2006, a nivel Federal y Estatal, han transitado gobiernos diversos, todos ellos han mantenido un pacto de impunidad en favor de sus predecesores, lo que demuestra que los intereses económicos y políticos detrás de la masacre de Viejo Velasco prevalecen, al igual que el racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios de Chiapas. 

La falta de búsqueda, verdad y reparación integral tienen un impacto constante en la dignidad y la salud física y emocional de las víctimas y sus familiares. Petrona Núñez González joven sobreviviente de tortura durante los hechos falleció en 2010 a consecuencia de la inatención a los impactos plasmados en su cuerpo y mente. 

La masacre de Viejo Velasco no es un hecho aislado, sino parte de una historia de represión, despojo y violencias sistemáticas contra los pueblos originarios que defienden su territorio, su libre determinación y su derecho a vivir en paz. Mientras el Estado mantenga en la impunidad, e incluso sea participe de estas agresiones, estaremos condenados a ver crecer una larga lista de infames crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Existe también una continuidad de la violencia, que se manifiesta en desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos y amenazas. 

En las últimas semanas, observamos con preocupación las amenazas en contra del Poblado Zapatista 6 de Octubre, localizado en las inmediaciones de la Selva Lacandona, que fueron denunciadas por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); donde las Bases de Apoyo se encuentran viviendo un riesgo inminente de agresión y desplazamiento forzado, así como amenazas de violaciones sexuales hacia las mujeres zapatistas. 

Estas acciones han sido perpetradas desde la comunidad Nueva Palestina, en medio de un marco similar de antecedentes y motivaciones de la masacre de Viejo Velasco, el control del territorio, pero ahora se le suma el actor de la delincuencia organizada. 

Cada nueva masacre en Chiapas, así como el asesinato de personas defensoras es una permanente muestra de la indiferencia estatal hacia el sufrimiento y riesgo al que miles de personas se encuentran sometidas.

Exigimos al Estado mexicano investigue pronta y exhaustivamente la masacre de Viejo Velasco, reconozca públicamente la verdad; lleve ante la justicia a todos los responsables, incluyendo a los autores intelectuales de este crimen; investigue el paradero de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán quienes permanecen desaparecidos; y repare integralmente a todas las víctimas de este oscuro episodio de la historia chiapaneca que significa la violencia política contrainsurgente. Reafirmamos nuestro compromiso con las familias de Viejo Velasco y con el Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi´nich, quienes han mantenido la llama de la exigencia de justicia, a que el Estado mexicano ponga fin a esta cadena de impunidad y a la repetición de masacres que laceran la dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Chiapas y de México.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
 20 de octubre del 2024
Boletín No. 23 

Condenamos la ejecución del defensor de derechos humanos y sacerdote jTatik Marcelo Pérez Pérez

• Por años insistimos al Estado mexicano atender las fuentes de amenazas y agresiones en su contra, sin que se tomaran medidas efectivas para garantizar su vida, seguridad e integridad.
• Exigimos verdad, justicia y medidas de protección para todas las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas.

La mañana de este domingo 20 de octubre de 2024, fue asesinado el sacerdote maya tsotsil, defensor de derechos humanos, Marcelo Pérez Pérez que por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas, así como a denunciar la violencia que se vive desde hace décadas en el estado, de la que el gobierno mexicano es responsable.
 
Los hechos se dieron en el Barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, tras concluir la misa matutina. Testimonios refieren que al abordar su vehículo para dirigirse a la parroquia de Guadalupe, fue asesinado por personas a bordo de una motocicleta quienes le dispararon.
 
El padre Marcelo Pérez fue objeto de constantes amenazas y agresiones por parte de grupos de la delincuencia organizada, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) ordenó al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares en su favor desde 2015. Desafortunadamente el Gobierno mexicano fue omiso y aquiescente para atender las causas de fondo de las amenazas en su contra. Lejos de su protección el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó  el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión.
 
La ejecución del defensor Marcelo Pérez se da en un contexto de grave escalada de violencia contra la ciudadanía en todas las regiones de Chiapas, como parte de la estrategia de toma violenta del territorio nacional, necesaria en la actual etapa de reconfiguración del Estado mexicano.
 
Desde el Consejo Directivo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, expresamos nuestra contundente condena por este crimen de lesa humanidad, responsabilidad del Estado mexicano por no prevenir, garantizar y proteger la integridad y vida del párroco Marcelo Pérez, así como por su tolerancia y aquiescencia hacia los grupos de la delincuencia que operan en Chiapas.
 
La denuncia profética del Padre Marcelo, de las históricas, continuas y sistémicas violaciones a los derechos humanos en el estado de Chiapas su acompañamiento, compromiso y lucha por la Vida de las comunidades donde ejerció su ministerio sacerdotal, conllevó a que fuera objeto de amenazas y ataques contra su integridad y vida desde hace años. Quienes ejercen el poder desde hace décadas celebran hoy la muerte del Padre Marcelo.
 
Esta ejecución  es una muestra más de la crisis de seguridad, graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, que como Frayba hemos estado denunciando por más de 35 años.
 
En los últimos meses hemos denunciado ante las instancias nacionales e internacionales los graves crímenes de lesa humanidad por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, control de la población vía la toma violenta de varias regiones de Chiapas.
 
El lamentable asesinato del padre Marcelo hace eco del grave riesgo que existe para la población y de manera particular contra las personas defensoras de derechos humanos, incluido el Pueblo Creyente, los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, las organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidades que defienden la tierra y el territorio, y en general de todas aquellas personas y comunidades que defienden la vida en Chiapas.
 
Reiteramos la responsabilidad de los gobiernos Estatal y Federal por la ejecución extrajudicial del Pbro. Marcelo Pérez Pérez. El Estado mexicano por décadas ha apostado por la impunidad permitiendo la operación de entidades macro criminales como parte de la “gobernanza” en un supuesto Estado democrático.
 
Abrazamos a la familia de nuestro jTatik Marcelo, a las comunidades con las que caminó, a la Diócesis de San Cristóbal, al Pueblo Creyente de Chiapas y a todas aquellas personas para las que su partida es una herida al corazón.
 
Exigimos al Estado mexicano verdad y justicia frente a este crimen mediante una investigación diligente de los autores materiales e intelectuales, tomando en cuenta su trabajo como defensor de derechos humanos y constructor de paz.
 
Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a repudiar este crimen sumándose a nuestras exigencias.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
16 de octubre de 2024
Acción Urgente No. 3

Primera Actualización

Denunciamos el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes Bases de Apoyo del EZLN de la comunidad 6 de Octubre, CGAZ de Nuevo Jerusalén

• El asedio a la autonomía zapatista es continua
• El Gobierno Autónomo Local ha dado a conocer que un grupo de personas armadas están instaladas en las tierras recuperadas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información de los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ), Caracol IX, Nuevo Jerusalén, sobre ataques de personas armadas e instalación de chozas dentro de las tierras recuperadas del poblado 6 de Octubre, Gobierno Autónomo Local (GAL), municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

En múltiples ocasiones durante el mes de junio, personas desconocidas llegaron a la comunidad, portando armas de distintos calibres, intimidando a las familias del poblado 6 de octubre. Hicieron recorridos y tomaron fotos. Posteriormente, dos personas bases de apoyo que habían salido a trabajar sufrieron amenazas: se les advirtió que tenían que retirarse de su comunidad de buena manera, o que los iban a sacar “por la mala”. La comunidad no contestó a dichos amedrentamientos, sin embargo se intensificaron. Así el 30 de agosto por la noche reportan que estuvo sobrevolando un dron en el poblado 6 de Octubre.

A lo largo del mes de septiembre, siguieron incursionando personas desconocidas, generando miedo entre las y los pobladores. Culminó el 23 de septiembre 2024, a aproximadamente las 6:00 horas cuando un grupo de personas armadas nuevamente se presentó al GAL 6 de Octubre. Llegaron en 10 vehículos con aproximadamente 100 personas, bajaron y se pusieron a limpiar una extensión de terreno para construir sus chozas, cerca de las viviendas de las familias Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). A partir de esa fecha, el grupo armado se ha mantenido en el lugar, por lo que las intimidaciones y amenazas han aumentado. Hombres armados vigilan el quehacer de las familias zapatistas. Para su propia seguridad, los hombres del poblado han preferido permanecer encerrados en los domicilios, y son las mujeres quienes salen; sin embargo han sido amenazadas con violarlas.

Desde el 5 de septiembre de 2024, se ha hecho de conocimiento a diferentes autoridades del Estado mexicano la presencia, intimidación y amenazas del grupo de personas armadas en las tierras recuperadas de las familias BAEZLN, sin que hasta el momento se atienda eficazmente esta situación, existiendo el riesgo de sufrir un desplazamiento forzado interno.

Pedimos a las autoridades correspondientes :

• Realizar acciones urgentes y necesarias a efecto de garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las familias Bases de Apoyo Zapatista, evitando que escale la situación.

• Investigar de manera pronta y adecuada para identificar las personas responsables, desarticular y desarmar al grupo o grupos que operan en la zona.

• Garantizar y respetar la autonomía y la libre determinación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus Bases de Apoyo en general, y de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas de Nuevo Jerusalén en particular.

***ACTUALIZACION 18 de octubre 2024***

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información actualizada de los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ), Caracol IX, Nuevo Jerusalén, que refieren que las agresiones continúan en contra de las Bases de Apoyo del E.Z.L.N.

El día de ayer 17 de octubre de 2024, 46 personas civiles entraron al poblado Zapatista 6 de Octubre, las personas llegaron en 5 vehículos y 10 motocicletas, al menos 9 personas portaban armas de fuego, 4 armas largas R15, 2 armas calibre 22 y 2 escopetas calibre 20. Estas personas han estado realizando vigilancia, el resto se dividió en 2 grupos, uno de ellos taló árboles para sacar tablas y el otro empezó a construir casas y baños en los solares adjuntos al poblado Zapatista.

• Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y le escriban a las autoridades mexicanas para cesar estas acciones violentas contra las comunidades zapatistas:

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

Firma aquí

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
16 de octubre de 2024
Acción Urgente No. 3

Denunciamos el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes Bases de Apoyo del EZLN de la comunidad 6 de Octubre, CGAZ de Nuevo Jerusalén

• El asedio a la autonomía zapatista es continua
• El Gobierno Autónomo Local ha dado a conocer que un grupo de personas armadas están instaladas en las tierras recuperadas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información de los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ), Caracol IX, Nuevo Jerusalén, sobre ataques de personas armadas e instalación de chozas dentro de las tierras recuperadas del poblado 6 de Octubre, Gobierno Autónomo Local (GAL), municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

En múltiples ocasiones durante el mes de junio, personas desconocidas llegaron a la comunidad, portando armas de distintos calibres, intimidando a las familias del poblado 6 de octubre. Hicieron recorridos y tomaron fotos. Posteriormente, dos personas bases de apoyo que habían salido a trabajar sufrieron amenazas: se les advirtió que tenían que retirarse de su comunidad de buena manera, o que los iban a sacar “por la mala”. La comunidad no contestó a dichos amedrentamientos, sin embargo se intensificaron. Así el 30 de agosto por la noche reportan que estuvo sobrevolando un dron en el poblado 6 de Octubre.

A lo largo del mes de septiembre, siguieron incursionando personas desconocidas, generando miedo entre las y los pobladores. Culminó el 23 de septiembre 2024, a aproximadamente las 6:00 horas cuando un grupo de personas armadas nuevamente se presentó al GAL 6 de Octubre. Llegaron en 10 vehículos con aproximadamente 100 personas, bajaron y se pusieron a limpiar una extensión de terreno para construir sus chozas, cerca de las viviendas de las familias Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). A partir de esa fecha, el grupo armado se ha mantenido en el lugar, por lo que las intimidaciones y amenazas han aumentado. Hombres armados vigilan el quehacer de las familias zapatistas. Para su propia seguridad, los hombres del poblado han preferido permanecer encerrados en los domicilios, y son las mujeres quienes salen; sin embargo han sido amenazadas con violarlas.

Desde el 5 de septiembre de 2024, se ha hecho de conocimiento a diferentes autoridades del Estado mexicano la presencia, intimidación y amenazas del grupo de personas armadas en las tierras recuperadas de las familias BAEZLN, sin que hasta el momento se atienda eficazmente esta situación, existiendo el riesgo de sufrir un desplazamiento forzado interno.

Pedimos a las autoridades correspondientes :

• Realizar acciones urgentes y necesarias a efecto de garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las familias Bases de Apoyo Zapatista, evitando que escale la situación.

• Investigar de manera pronta y adecuada para identificar las personas responsables, desarticular y desarmar al grupo o grupos que operan en la zona.

• Garantizar y respetar la autonomía y la libre determinación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus Bases de Apoyo en general, y de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas de Nuevo Jerusalén en particular.
• Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y le escriban a las autoridades mexicanas para cesar estas acciones violentas contra las comunidades zapatistas:

FIRMA AQUÍ: https://au.frayba.org.mx/2024/10/16/45/

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
19 de septiembre de 2024

Boletín No. 22

Denunciamos el incremento de la violencia a integrantes del Frayba

    • Allanamiento, amenaza de muerte, difamaciones, seguimiento como los actos más frecuentes.

    • Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) tiene 35 años de promover y defender los derechos humanos en Chiapas. En esta travesía por la defensa de derechos, ha documentado y acompañado a víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos que buscan acceso a la justicia frente a la impunidad, principalmente en el marco del Conflicto Armado Interno que aún no se ha resuelto.

Desde su inicio, el Frayba ha sido objeto de constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas tanto de agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales, federales y del Ejército mexicano, así como pronunciamientos públicos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, por realizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, el cual ha molestado los señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen. El común denominador es la falta de investigación, identificación y castigo a los responsables.

Desde 2021, hemos alertado el incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en Chiapas.

Desde el mes de enero en Palacio Nacional y directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo. Lo que ha desatado una serie de actos en cascada de agresiones digitales a nuestras cuentas institucionales.

En los meses de julio, agosto y septiembre hemos documentado amenazas de muerte y recientemente el allanamiento a la casa de un integrante del Frayba como un modo de intimidación y de amenaza. Los comentarios hostiles, la difamación y el desprestigio a nuestro trabajo sigue siendo una constante. Se suma la extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales, y varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal.

A pesar de que el Frayba cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano no ha garantizado la protección de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Frayba. Las omisiones del Estado al no realizar una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos y las fuentes de riesgo dado a conocer, afecta el trabajo diario, tiene un efecto amedrentador para ejercer la defensa de los derechos que se reclaman de manera justa ante la autoridad que violenta, porque sabe de facto que existe un pacto de impunidad.

En el marco de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, es fundamental destacar que, toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Además, cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y proteger a toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos.

Lo anterior reflejan el compromiso de la comunidad internacional para asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas las circunstancias, y que los Estados desempeñen un papel activo en la promoción y protección de estos derechos.

Es claro que el Gobierno no cumple a cabalidad con la protección en el territorio mexicano, hoy estamos en medio en una crisis profunda de los derechos humanos y una violencia generalizada y criminal que se decanta en todas las esferas de la vida, el gobierno de la Cuarta Transformación no pudo, no puede parar la vorágine de la violencia, al contrario, los riesgos van en aumento y con ello a quienes defiende los derechos humanos tal como es en Chiapas.

A pesar de la ineptitud gubernamental, desde el Frayba, reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para pronunciarse y sumar la voz de exigencia por el respeto al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos para seguir construyendo la paz. Nos solidarizamos con los pueblos, organizaciones y colectivos que han sido reprimidos y criminalizados por defender sus derechos, su tierra y territorio, estamos convencidos que desde abajo y a la izquierda estas las alternativas para seguir tejiendo organización y comunidad.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

24 de agosto de 2024

Boletín No. 21

Memoria, Vida y Resistencia de los Pueblos en defensa de la tierra y el territorio

• Quinto aniversario de lucha, resistencia y defensa de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino) de Agua Clara pertenecientes al CNI.

Las comunidades y pueblos originarios actualmente enfrentan una profunda vulnerabilidad frente a las autoridades del gobierno mexicano que restringen su autonomía y libertad, a menudo se ven obligadas a someterse a políticas externas que desestiman su modo de vida. La imposición de normas estatales y la falta de reconocimiento de sus derechos humanos debilitan su capacidad para autogobernarse y preservar sus tradiciones. Esta dinámica discriminatoria del gobierno perpetúa la marginación y el despojo de sus recursos, socavando su identidad cultural y bienestar colectivo.

Así también, las personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos y comunidades originarias enfrentan serias dificultades, incluyendo criminalización, el hostigamiento y el desprestigio de su labor. A menudo, sus esfuerzos por proteger y promover los derechos de sus comunidades los colocan en el centro de ataques por parte de actores estatales y privados interesados en sus tierras y recursos. Son frecuentemente acosados judicialmente, amenazados, en un intento por silenciar su voz y deslegitimar su trabajo, buscan erosionar la confianza en su labor y desalentar la defensa de los derechos fundamentales de sus pueblos.

No podemos dejar de visibilizar las violaciones a derechos humanos y permisibilidad del gobierno estatal, de los sucesos del 4 de agosto de 2019, cuando un grupo de personas encabezadas por autoridades ejidales, agredieron físicamente a habitantes de Agua Clara, territorio de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), pertenecientes al Pueblo Tseltal, parte del Congreso Nacional Indígena, los agresores sitiaron y realizaron disparos de armas de fuego, no obstante se resistió de manera digna a la agresión y se ha construido desde abajo un proceso de autonomía.

En el marco del quinto aniversario de memoria, resistencia y lucha por la defensa de la vida y el territorio, les felicitamos por su valiente lucha, resistencia, el fruto simbólico es la inauguración de su nuevo espacio como memoria viva. Su compromiso y visión en el horizonte de construcción de alternativa son un ejemplo inspirador de fortaleza y dignidad que no solo celebra su pasado, también fortalece su futuro, preservando la rica herencia que los define.

Han forjado, con esfuerzo y sufrimiento su sendero en medio de esta guerra contra los pueblos originarios. Su trabajo en protección de los derechos humanos, en estrecha relación con el Congreso Nacional Indígena, así como su propuesta de reconstitución de los pueblos y su sólida postura antisistémica, configuran una intensificación de su caminar. Este empeño busca modificar el sistema actual, en el que los muchos mundos que habitamos sean una realidad alcanzable.

Que sigan floreciendo en su camino hacia la autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de agosto de 2024

Boletín No. 20

La ONU llama al Estado mexicano a garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Chiapas

• El Estado mexicano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; es urgente que se tomen medidas proactivas y contundentes de protección.

Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la situación de riesgo de varias personas defensoras del territorio y de los derechos humanos en Chiapas. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, solicitaron al Estado que aclare las medidas que está tomando para proteger a quienes sufren ataques por su labor en pro de los derechos humanos.

La y los expertos independientes de la ONU sumaron sus voces tras sostener una reunión con varias personas defensoras del estado de Chiapas. En su comunicación, destacan los ataques que enfrentan el Padre Marcelo Pérez Pérez, Pascuala López López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), así como pobladores de Chicomuselo movilizados contra la explotación minera en su territorio.

Estas personas y organizaciones están expuestas a la criminalización, a difamaciones, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas de muerte, ataques físicos, entre otras violencias. Algunas acompañan víctimas de desplazamiento forzado, otras son constructoras de paz o buscan justicia para sus seres queridos. Todas están en riesgo por defender sus derechos, su tierra y territorio.

A raíz de ello, la ONU pide al gobierno esclarecer lo que está haciendo para revertir esta tendencia. En efecto, México como cualquier Estado tiene el deber no solo de abstenerse de violar los derechos de las personas defensoras, sino también protegerlos ante los riesgos que enfrentan. En un contexto donde defender los derechos humanos puede ser mortal – 30 personas defensoras fueron asesinadas en México en 2023[1] – la y los relatores también subrayan la necesidad de investigar a fondo el asesinato de Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas asesinado el 5 de julio 2021; así como la propia Masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó.

Finalmente, la y los relatores resaltan la necesidad de no dejar en la impunidad las agresiones a personas defensoras, así como tomar las medidas para que no se repitan.

Desde el Frayba, apoyamos firmemente este llamamiento y recordamos al Estado mexicano sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es imperativo que se tomen medidas proactivas y contundentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Las organizaciones y las y los defensores son aliados esenciales y actores clave en la garantía y protección de los derechos de todas y todos.

[1]https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-segundo-pais-con-mas-crimenes-vs-defensores-20240523-0009.html

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