San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

5 de julio de 2026.

Boletín No. 10

Verdad y Justicia para Simón Pedro, maya tsotsil y defensor comunitario

• A cinco años de impunidad, su memoria permanece como un ejemplo de lucha, dignidad y compromiso por la defensa de los derechos de los pueblos

Recordamos a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro) como una persona comprometida con la construcción de la paz, la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos originarios. Desde su servicio comunitario denunció el incremento de la violencia y la presencia de la delincuencia organizada en la región de los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de Pantelhó, frente a la ausencia y complicidad del Estado mexicano en la protección de las comunidades.

Como integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, mantuvo un compromiso permanente con la defensa de la tierra y el territorio, resistiendo de manera pacífica y organizada frente a las múltiples violencias que afectan a los pueblos.

Desde su ejecución extrajudicial, ocurrida el día 5 de julio de 2021, la investigación no ha sido exhaustiva, independiente ni diligente. Además, los autores intelectuales que planificaron y ordenaron el crimen no han sido investigados, lo que alimenta la impunidad como una forma de violencia institucional. Esta situación profundiza el dolor de sus familiares, debilita la confianza en las instituciones del Estado y transmite el mensaje de que quienes atentan contra las personas defensoras pueden actuar sin enfrentar consecuencias.

El asesinato de Simón Pedro representa un ataque hacía la organización comunitaria y los procesos colectivos de defensa de los derechos humanos. Constituye un intento de sembrar miedo para inhibir la defensa del territorio, la libre determinación de los pueblos y el ejercicio legítimo de su autonomía.

En los últimos años diversas organizaciones nacionales e internacionales hemos documentado ejecuciones extrajudiciales, vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, criminalización y persecución judicial contra las personas defensoras en Chiapas. Estas agresiones son impulsadas por actores estatales y grupos de poder con impactos directos en la seguridad, la integridad y la legitimidad de nuestro trabajo.

Tan sólo de enero a abril de 2026, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas registró 41 agresiones. Las personas más afectadas fueron aquellas que luchan por el acceso a la justicia, la defensa de la tierra y el territorio; así como los derechos de las mujeres.¹

El 12 de marzo de 2026, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al Estado mexicano para que adoptara las medidas necesarias a fin de evitar la impunidad. En su respuesta, el Estado mexicano, reafirma que “no obran datos dentro de la Carpeta de Investigación, así como de las diligencias practicadas, indicios, evidencia que arrojen la probable participación de otra u otras personas material o intelectualmente dentro del hecho delictivo”.²

Recordar a Simón Pedro es un acto de memoria desde la resistencia. Es afirmar que la violencia no logrará borrar su palabra ni su ejemplo. Es reconocer que quienes entregan su vida por la paz continúan sembrando esperanza en sus comunidades. Su caminar permanece vivo en la lucha por la dignidad, la justicia y la construcción de una paz verdadera.

Recordarlo también es reafirmar el derecho a defender los derechos humanos y exigir que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger a las personas defensoras; investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que sufran; asimismo, adoptar medidas efectivas para prevenir y contrarrestar su criminalización.

Por ello, el Estado mexicano debe agotar todas las líneas de investigación para identificar y sancionar a los autores intelectuales de la ejecución de Simón Pedro, y cumplir con su obligación de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para su familia y su comunidad. Asimismo, generar mecanismos jurídicos y políticas públicas orientadas a desmantelar las estructuras de impunidad que permiten la continuidad de ataques contra quienes defienden la vida, el territorio y los derechos de los pueblos.

Es urgente reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, reafirmando la relevancia de su papel para la construcción de una sociedad democrática y para la protección de sus comunidades frente al contexto de violencia sistemática y generaliza que persiste en México.

Mientras exista impunidad, la deuda del Estado mexicano con Simón Pedro, con su familia y con los pueblos seguirá abierta. Por ello hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, a fortalecer la solidaridad y el respaldo hacia las personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, la vida y los territorios frente a la impunidad y la violencia. Acompañar su labor es contribuir a la construcción de un país donde la justicia, la paz y la dignidad prevalezcan sobre el miedo.

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1El Observatorio. (2026). Publicaciones en la Biblioteca Digital de El Obse [Base de datos]. Disponible en: https://elobse.org/es/library/?q=(allAggregations:!t,from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,order:desc,sort:metadata.mes,treatAs:number,types:!(%27665e14451e48989e848c7edc%27),unpublished:!f)

2Gobierno de México. (2026). Respuesta a la comunicación conjunta AL MEX 2/2026. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Disponible en:

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Pronunciamiento y denuncia pública

Familias Unidas contra la tortura en Defensa de los Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

26 de junio de 2026.

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Nuestra voz como víctimas y sobrevivientes

La denuncia que hacemos el día de hoy surge de nuestra experiencia directa como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura. Somos hombres y mujeres indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes que hemos sufrido las consecuencias de un sistema que, con frecuencia, privilegia la fabricación de culpables sobre la búsqueda de la verdad.

Como personas fuimos perseguidas por defender nuestros derechos, nuestros territorios o nuestras comunidades. Otras fueron convertidas en “culpables” para mostrar resultados ante la opinión pública. La tortura ha sido utilizada como método de investigación y arrancar confesiones falsas.

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y sustentado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las y los integrantes del Colectivo Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos alzamos nuestra voz para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica sistémica y generalizada vigente en Chiapas y en México.

El Estado mexicano, al ser parte de la Convención contra la Tortura, asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar absolutamente esta práctica, así como garantizar la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Sin embargo, la realidad que vivimos las víctimas, sobrevivientes y familiares demuestra que estos compromisos siguen sin cumplirse plenamente.

Reiteramos nuestro más enérgico repudio a la tortura, considerada por el derecho internacional como un crimen que no admite justificación alguna. Frente a los discursos oficiales que afirman que la tortura ha sido erradicada, las víctimas respondemos con la verdad de nuestra experiencia: la tortura persiste, se oculta, se niega y continúa dejando profundas heridas en cientos de personas y familias.

La tortura en Chiapas: una realidad que no puede ocultarse

En Chiapas persisten denuncias por detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, abuso de autoridad, extorsiones, allanamientos ilegales y actos de tortura cometidos por corporaciones de seguridad. Particular preocupación generan las denuncias que involucran a elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación creada durante la actual administración estatal.

Diversas denuncias públicas, investigaciones periodísticas y procedimientos iniciados por las propias autoridades permiten advertir indicios de un posible patrón de uso excesivo de la fuerza, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre los hechos denunciados destacan:

• Detenciones arbitrarias y agresiones físicas contra población civil, particularmente en comunidades indígenas y rurales.
• Allanamientos sin orden judicial e intimidación a familias y comunidades.
• Golpes, humillaciones y castigos corporales infligidos a personas detenidas o bajo custodia estatal.
• Videos difundidos públicamente en los que se observa a elementos policiales ejerciendo violencia contra personas privadas de la libertad.
• Investigaciones penales iniciadas contra integrantes de corporaciones de seguridad por presuntos actos de tortura y abuso de autoridad.
• Denuncias reiteradas sobre fabricación de delitos, confesiones obtenidas bajo coacción y utilización de la violencia como mecanismo de investigación.

Estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la integridad personal, la prohibición absoluta de la tortura, la libertad personal, el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. Señalamos los sesgos clasistas y racista de Estado que estamos viviendo como pueblos originarios y campesinos empobrecidos.

Casos emblemáticos que evidencian la continuidad de la tortura en el pasado y en la actual administración

Óscar Trinidad Carbajal

Detenido arbitrariamente el 1 de noviembre de 2025 torturado por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal. A pesar de las afectaciones a su salud derivadas de la tortura, se le impuso prisión preventiva. Actualmente permanece en detención domiciliaria con restricciones de comunicación.

Yonny Ronay Chacón

Joven estudiante detenido arbitrariamente el 13 de marzo de 2019 por elementos de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto. Fue torturado para obtener una confesión y posteriormente sentenciado a 31 años y seis meses de prisión, pese a haber denunciado los actos de tortura sufridos.

Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo

Maya tsotsil, detenido el 29 de mayo de 2015. Fue sometido a tortura física y psicológica por elementos policiales. A pesar de las exigencias de justicia, sanción para sus torturadores y reparación integral del daño las instituciones del Estado han actuado con lentitud y omisión.

Pedro Pérez Jiménez

Detenido el 29 de marzo de 2003. Fue torturado y posteriormente encarcelado. Después de más de dos décadas, continúa privado injustamente de su libertad.

Osmán Iván Rubio Bonilla

Ciudadano hondureño detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, durante un operativo realizado por corporaciones policiales estatales y municipales. Fue víctima de detención arbitraria y tortura. Después de quince años de prisión injusta, hoy celebramos su libertad, resultado de años de lucha y resistencia.

Ante esta situación exigimos:

Que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en el caso de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, emitida en favor de Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz y otras personas privadas arbitrariamente de su libertad.

Dicha opinión fue resultado de años de lucha, acompañamiento jurídico y una huelga de hambre iniciada el 15 de marzo de 2019, que se prolongó durante 135 días. Esta acción extrema evidenció el nivel de desesperación al que fueron llevadas las víctimas frente a la impunidad, la tortura, la falta de intérpretes y las graves violaciones al debido proceso.

El Estado mexicano tiene hoy la oportunidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos mediante el cumplimiento efectivo de dicha opinión internacional y la reparación integral de los daños ocasionados.

Asímismo, exigimos la investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial de todos los actos de tortura denunciados en Chiapas.

Se sancione a los responsables materiales e intelectuales conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y garantizar la no repetición.

Reparación integral para las víctimas y sus familias.

Atención médica, psicológica y especializada para todas las personas sobrevivientes de tortura.

Respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Libertad inmediata de Yonny Ronay Chacón, Pedro Pérez Jiménez y Francisco Moreno Hernández, así como el respeto a los derechos procesales de Óscar Trinidad Carbajal.

Erradicación definitiva de la tortura como método de investigación, castigo, intimidación o control social.

Cese de la criminalización contra integrantes del Congreso Nacional Indígena y comunidades organizadas.

Llamado a la sociedad

Convocamos a la sociedad civil, organizaciones sociales, pueblos indígenas, colectivos, academia, iglesias, organismos de derechos humanos y medios de comunicación a no guardar silencio frente a esta realidad.

La tortura prospera en la oscuridad, en el miedo y en la indiferencia. Por ello es indispensable documentar, denunciar y visibilizar cada caso.

Agradecemos profundamente a los medios de comunicación que han acompañado estas luchas y les solicitamos continuar informando sobre estas graves violaciones a los derechos humanos.

Hoy abrazamos a todas las víctimas y sobrevivientes de tortura. Honramos su dignidad, su resistencia y su lucha por la verdad y la justicia.

Porque la tortura no puede normalizarse.

Porque la impunidad no puede seguir gobernando.

Porque la dignidad humana no se negocia.

¡Ni tortura, ni impunidad!

¡Verdad, justicia, reparación y libertad para las víctimas!

Familias Unidas contra la tortura en Defensa de los Derechos Humanos.

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Pronunciamiento conjunto
 

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México, 
Casa de la Memoria y la Esperanza
a 19 de junio de 2026

II Foro de Memoria Histórica
Minerva, Corazón latiente de la montaña

Nos reunimos en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, los días 18 y 19 de junio, en el marco de los 30 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, Encarnación y Rebeca Pérez Pérez más 33 personas desaparecidas y cientos de asesinados en la región norte en el despliegue de la contrainsurgencia en Chiapas. Aquí compartimos la palabra, y la experiencia de lucha, sobre lo que hemos vivido y lo que seguimos enfrentando como pueblos.

Este Foro de Memoria Histórica lleva el nombre de Minerva, una joven desaparecida de Tila, Chiapas, cuyo nombre se ha convertido en un llamado a no rendirse. Su ausencia representa a todas las personas que el Estado no ha buscado y que las comunidades seguimos esperando. Minerva nos recuerda que la montaña guarda la memoria y sostiene la resistencia.

Para el No Olvido de los siguientes crímenes de lesa humanidad que tienen un impacto hasta hoy: la Masacre de Acteal; la Masacre de Viejo Velasco, la ejecución extrajudicial de Simón Pedro; el asesinato impune de Jtatik Marcelo; la desaparición forzada de Antonio González Méndez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; las desapariciones forzadas en general en México durante el periodo de la Guerra Sucia; los desplazamientos forzados en la zona Altos y los ejecutados extrajudicialmente, desparecidos y desplazados forzadamente en la zona Norte; la Masacre de Nueva Morelia; el genocidio contra el pueblo Ixil y las masacres durante la guerra en Guatemala; y la continuidad hasta el día de hoy. Y exigimos un alto a la violencia sexual contra las mujeres.  y a la utilización del cuerpo de la mujer como botín de guerra del pasado y del presente, así como toda nuestra solidaridad e indignación en contra del exterminio contra los pueblos del mundo, siendo el más evidente el actual genocidio realizado en contra del Pueblo Palestino.

Así también acudimos a este foro, compañeras, compañeros de diferentes pueblos y de territorios donde organizaciones y colectivos luchamos juntos. Todas y todos firmamos este pronunciamiento porque nos une la fuerza, la resistencia como pueblos por el dolor y la indignación, que nos atraviesa por la violencia estructural que proviene del Estado, de las elites económicas y de grupos de la delincuencia organizada coludidos con las instancias gubernamentales, que siguen violentando a las comunidades.

Llegamos aquí para renovar nuestra apuesta por la vida con relación a nuestro caminar por la verdad, la justicia y la no repetición. Es por ello que no aceptamos el olvido ni la impunidad.

Durante estos dos días escuchamos testimonios de personas sobrevivientes de Crímenes de Lesa Humanidad. Las familias y comunidades hablaron de desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados, tortura, amenazas y estrategias de contrainsurgencia que no han cesado.  La violencia continúa, cambia de forma, pero sigue afectando a nuestras comunidades. Y la impunidad sigue siendo la respuesta del Estado.

Aquí afirmamos que la memoria es una manera de resistir. Es un modo de cuidar a quienes ya no están y de proteger a quienes seguimos aquí, como a las nuevas generaciones. La memoria es el territorio donde habita la dignidad.

Destacamos en este foro otras formas de resistencia, y de fortalecimiento de La Otra Justicia: una justicia de quienes estamos luchando por nuestras víctimas a través de expresiones y representaciones que nos ayudan a transformar el  dolor en pasión por una vida más digna. Aquí la Poesía es palabra candente que no se tuerce; aquí el canto es voz del pasado que resuena en los altos Chiapas y en cada cuerpo nos envuelve; aquí la danza nos mueve hacia el alma grande de los pueblos que nos anima y las nuevas generaciones que emergen y que reclaman la dignidad y la alegría por nuevas prácticas de resistencia.

Dijimos que la verdad no se esconde. Las comunidades compartieron lo que ocurrió en cada uno de los territorios de Chiapas y Guatemala. No aceptamos versiones oficiales que buscan confundir, justificar o tergiversar la realidad mediante la demagogia, el negacionismo y la propaganda. La verdad inocultable está en la palabra de las personas sobrevivientes, marcada en su piel; en los testimonios de las familias y en la memoria y proyecto de vida.

Sabemos que la verdad y la justicia no llegan solas, las hemos buscado y exigido durante décadas y seguimos sin respuestas. Por eso afirmamos que se construyen desde abajo, desde las comunidades, desde la organización y desde la solidaridad entre pueblos.

Las mujeres han mostrado que esta lucha se sostiene gracias a su fuerza y su constancia. Ellas son guardianas de la memoria.
Señalamos la falta de voluntad de los Estados de México y Guatemala en la aplicación de la justicia por los crímenes de genocidio y de lesa humanidad que ellos mismos permitieron, cometieron; y de los cuales son responsables así como de los agravios que han herido a nuestras comunidades, es importante remarcar que todo este conjunto de impunes masacres, asesinatos y desapariciones se ha dado por la lucha en defensa de los territorios, enfrentándose contra intereses de empresarios, gobiernos, fuerzas armadas y delincuencia organizada que ambicionan el control de dichos territorios, considerando que en Chiapas y Guatemala  poseen una invaluable biodiversidad, macizos forestales y caudales de aguas, todo ello ubicados en los territorios de los pueblos originarios.

Mantener viva la memoria de Minerva, y de todas las personas que nos faltan, es un compromiso irrenunciable. No aceptamos el silencio, el olvido, la impunidad. Seguiremos nombrando a nuestros desaparecidos y desaparecidas; y denunciando a la proliferación de grupos de la delincuencia organizada. Es por ello que nuestra memoria surge y exige Justicia. Lo hacemos por quienes ya no están, por quienes seguimos aquí y por quienes vendrán. La memoria está presente.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, nos comprometemos a seguir luchando por la verdad y la justicia en cada uno de nuestros territorios; a fortalecer la relación entre los pueblos de México y Guatemala para caminar unidos en un solo corazón; porque somos raíz profunda de estas tierras mesoamericanas.

Minerva, tu nombre y tu corazón latiente sigue pulsando entre nosotras; en los caminos de la montaña.

Firman: 

Organización de la Sociedad Civil de La Abejas de Acteal

Familiares de Antonio González Méndez

Centro de Derechos Humanos de la Libertad Indígena-Xinich

Colembij (Colectivo para la memoria y búsqueda de la Justicia)

Mujeres sobrevivientes del Pueblo Ixil

Centro para Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH

Maderas del Pueblo 

Huellas de Memoria

Salud y Desarrollo Comunitario

Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Con el acompañamiento de:

Swefor (Movimiento sueco por la reconciliación), 

Sipaz (Servicio Internacional para la Paz)

Agiamondo (Servicio Civil para la Paz)

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

12 de junio de 2026

Boletín No. 08

Ataque y hostigamiento a comunidades del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, Michoacán y Chiapas

• Desaparición, despojo, asesinatos y criminalización, entre las graves agresiones hacia las comunidades del CNI

• Omisión por parte del Estado mexicano ante las denuncias de los Pueblos, organizaciones y colectivos

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresamos nuestra preocupación y nos unimos a la denuncia de los pueblos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Guerrero, Michoacán y Chiapas, afectadas por la escalada de violencia, incrementada en los meses de mayo y junio de 2026. Esta situación mantiene a las comunidades en resistencia bajo asedio poniendo en riesgo, la vida, seguridad, integridad, autonomía y ejercicio de derechos colectivos.

A partir del 6 de mayo de 2026, el grupo de la Delincuencia Organizada (DO) “Los Ardillos” intensificaron ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementaron tácticas paramilitares contra las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la Montaña baja de Guerrero, provocando el desplazamiento de 3,200 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección y permisividad del Estado mexicano.

En los días del 6 al 12 mayo la violencia se profundizó alcanzando a la comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del Cipog‑EZ, en donde sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. Además, ocho personas fueron asesinadas, siendo los siguientes compañeros: José Guadalupe Ahuejote Xanteco, originario de Xicotlan; Víctor Ahuejote Arribeño, originario de Xicotlan; Saturnino Bartolo Tlalcorral, originario de Xicotlan; Benito Tlalcorral Rito, originario de Xicotlan; Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Eusebio Migueleño Zoyateco, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Martin Flores Migueleño, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; y Marcelo Calvario Hilario, originario de Acahuehuetlán.¹

Es preciso señalar que desde el 2015, por la embestida brutal de la DO, el Cipog-EZ ha registrado 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas.

El 28 de mayo de 2026, otro grupo de la DO asesinó a los comuneros de la Comunidad Indígena Pómaro (municipio de Aquila), Lucas Florentino Torentino, tesorero de Bienes Comunales, y Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez Martínez; y causó heridas graves a la profesora purépecha Adelaida Zacarías Pascual.

Por lo ocurrido, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena Santa María Ostula, denunciaron públicamente los múltiples asesinatos solidarizándose con la Comunidad Pómaro. Estos hechos han marcado profundamente a los pueblos indígenas de Michoacán, quienes han venido sufriendo, en los últimos 20 años, por parte de la DO, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados; acosos, daños y violencia generalizada.²

Por otro lado, en Chiapas, integrantes del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Caracol “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han denunciado discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo de sus locales por el Consejo de Administración de la Coalición de Locatarios del mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, así como la prefabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.³

El día 21 de mayo de 2026, nueve personas, integrantes del CNI Jotolá, fueron vinculadas a proceso y acusadas injustamente, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, por el delito de despojo agravado con violencia. Entre estas personas, Francisco Moreno Hernández continúa privado de la libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 12 de Yajalón.

Anteriormente, el 12 de febrero de 2026, en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, se llevó a cabo un desalojo violento contra estas personas y sus familias (por un total de 35 personas maya tseltal) que fueron desplazadas de manera forzada, entre ellas una mujer embarazada y 17 menores de edad (entre ellos dos menores con discapacidad). En el evento sus casas fueron destruidas, sus pertenencias robadas y dos personas sufrieron privación arbitraria de la libertad y tortura. Cabe destacar que estas acciones de criminalización y desplazamiento se llevaron a cabo con la presencia del Instituto Nacional Indígena, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia indígena, y el Tribunal Agrario.⁴

Dicha situación está enmarcada en un patrón sistemático de despojo territorial y criminalización en contra de las personas defensoras de la tierra y territorio; conducta que, en la actualidad, se recrudece sobre las tierras recuperadas en el 1994 con la imposición de proyectos carreteros, extractivistas y de turismo en la región. Todo esto aumenta la violación al derecho a la tierra y territorio de los pueblos originarios y al derecho a decidir sobre su proyecto de vida de acuerdo con su cultura.

En este mismo sentido, el CNI de Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, enfrenta también amenazas a su territorio y ha expresado su rechazo absoluto al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin realizar la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en las Declaraciones de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como en el artículo 2º de la Constitución mexicana. Las comunidades señalan que las obras iniciaron desde el año pasado, lo que ha generado división interna y pone en riesgo su forma de vida.⁵

Frente a esta cadena de violencias que atraviesa territorios y vidas, denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano por su omisión sistemática, su incapacidad y su complicidad, al no actuar para frenar el avance de la DO y de las estructuras que sostienen el despojo. Lo que hoy enfrentan las comunidades del CNI en Guerrero, Michoacán y Chiapas es resultado de una estrategia de guerra que busca quebrar procesos organizativos, arrebatar territorios y silenciar la defensa de la vida.

Por lo anteriormente mencionado convocamos a la solidaridad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, colectivos, pueblos originarios, defensoras y defensores de derechos humanos; así como a la sociedad civil en general, a manifestarse y expresar su apoyo e indignación ante estos actos de hostigamiento y represión contra las comunidades integrantes del CNI en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas que luchan en defensa de la tierra y la vida. Esta violencia ejercida es parte de una estrategia sistemática de ataque y despojo que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.

1Acción Urgente: Ataques armados, desplazamiento forzado de comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero. https://frayba.org.mx/260512_au02

2Pronunciamiento por el que la Comunidad Indígena de Santa María Ostula condena enérgicamente los homicidios cometidos en agravio de comuneros pertenecientes a la hermana Comunidad de Indígena de Pómaro y de un profesor integrante del Pueblo Purepecha. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/05/29/pronunciamiento-por-el-que-la-comunidad-indigena-de-santa-maria-ostula-condena-energicamente-los-homicidios-cometidos-en-agravio-de-comuneros-pertenecientes-a-la-hermana-comunidad-indigena-de-pomaro-y/

3Denuncia Pública de Comisión de Locatarios Afectados integrantes del Congreso Nacional Indígena “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/06/08/denuncia-publica-de-comision-de-locatarios-afectados-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-samir-flores-soberanes-zona-10-patria-nueva-ocosingo-chiapas/

4Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá https://frayba.org.mx/270226-desplazamiento-criminalizacion-jotola

5Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos al-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos

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Vía Amnistía Internacional México:

🚨 Dora Roblero y el Centro de Derechos Humanos FrayBa están bajo ataque.
En menos de un año, han sufrido más de 51 agresiones sin que el Estado garantice su seguridad.
✊ Exige junto con Amnistía Internacional:
✔️ Protección inmediata y efectiva
✔️ Cumplimiento de las medidas de la CIDH
✔️ Investigación de los ataques
🖊️ Firma la Acción Urgente y exige justicia 👉 https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/accion-urgente-detener-ataques-contra-lilia-roblero-centro-de-derechos-humanos-fray-bartolome-de-las-casas/

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de mayo de 2026

Boletín no. 07

Fiscalía y Jueces en Chiapas criminalizan a integrantes del Congreso Nacional Indígena de la Comunidad de Jotolá, mediante la fábrica de culpables

• Ni las graves inconsistencias de los peritajes impidieron que el estado de Chiapas avanzara contra personas del pueblo maya tseltal, adultas mayores en condición de vulnerabilidad

• La justicia federal debe decidir si detiene esta persecución o permite que continúe la violación de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno

El 21 de mayo de 2026, nueve personas de la familia Moreno Hernández, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), comparecieron ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, en la que se les acusa injustamente del delito de despojo agravado. A pesar de que durante la audiencia la Fiscalía presentó peritajes con graves inconsistencias, el Juez de Control Agustín López decidió vincular a proceso a todas las personas imputadas, incluidas dos adultas mayores, una mujer y un hombre de 73 y 85 años, respectivamente, con debilidad auditiva y quien no sabe leer ni escribir. Asimismo, fueron vinculadas a proceso tres mujeres indígenas, madres responsables del cuidado de 12 hijas e hijos menores de edad.

En esta audiencia no se impuso ninguna medida cautelar, como detención o firma periódica, gracias al amparo promovido por abogados del CNI. Sin embargo, el proceso de judicialización continúa y persiste el riesgo de que, una vez que el Juez federal emita su resolución, el Juez de Control de Yajalón imponga medidas cautelares.

Preocupa la parcialidad y la arbitrariedad con las que se ha conducido el proceso jurídico, así como la actitud tendenciosa del Ministerio Público, orientada a imponer las medidas más lesivas contra las personas imputadas, como ya ocurrió con Francisco Moreno Hernández, quien continúa privado de su libertad de manera injusta por la fábrica de culpables. Lo anterior constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la seguridad jurídica, así como a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales y regionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Cabe señalar que las nueve personas imputadas, más Francisco Moreno Hernández, junto con otras 25 personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, son víctimas de desplazamiento forzado tras las acciones represivas ocurridas el 12 de febrero de 2026, en el ejido de Jotolá, municipio de Chilón, hechos perpetrados en tierras recuperadas legítimamente en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Desde entonces, esas tierras fueron ocupadas de forma pacífica, continua y pública durante 30 años por la familia Hernández Moreno.

En el operativo mencionado se incurrió en prácticas estatales orientadas a intimidar, silenciar y coaccionar a la población, -mediante actos de tortura y uso excesivo de la fuerza pública. En estos hechos participaron la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia Indígena, el Tribunal Agrario y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También se vulneró el derecho a la propiedad comunal y ancestral de los pueblos indígenas, reconocido en normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, exhortamos: a los jueces federales a tomar en cuenta las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso y resolver a favor de las 35 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, incluidas niñas, niños y adolescentes; al Juzgado de Control a abstenerse de ejecutar cualquier acto de detención o reaprehensión en contra de las nueve personas.

Llamamos con urgencia a la solidaridad nacional e internacional para acompañar a las familias tseltales criminalizadas y desplazadas, exigiendo el cese inmediato de la persecución judicial. Es necesario que organizaciones, colectivos, comunidades, medios libres, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil se mantengan atentas, se pronuncien públicamente y actúen para impedir que la represión y la impunidad sigan avanzando contra los pueblos que están en la defensa de su territorio.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

5 de mayo de 2026

Boletín No. 5

El CED de la ONU emite una Acción Urgente por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas

El 1 de mayo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió al Estado mexicano la Acción Urgente No. 2316/2026, relativa a la desaparición forzada del señor Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal, del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas. Ángel fue desaparecido el 24 de abril de 2026 por un grupo vinculado a la delincuencia organizada, en el contexto de violencia generalizada en la región y hasta la fecha no existe información sobre su suerte o paradero.

Ante esta situación, el Comité ha requerido al Estado mexicano que emprenda de manera inmediata acciones de búsqueda y localización, además de una serie de medidas orientadas a fortalecer la investigación y garantizar la participación de la familia y sus representantes.

1. Búsqueda del Sr. Ángel Jiménez López e investigación de su alegada desaparición forzada.

El Comité solicita que los procesos de búsqueda e investigación se desarrollen bajo una estrategia integral y coordinada, con un plan de acción y un cronograma claro para su ejecución inmediata. Estas acciones deben realizarse con la debida diligencia, considerando todas las hipótesis y la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrieron los hechos, así como la identificación de los perpetradores materiales e intelectuales.

2. Acceso a la información y participación de los allegados y representantes del Sr. Ángel Jiménez López.

Las autoridades responsables deberán informar periódicamente a los allegados y representantes de Ángel sobre los avances en la búsqueda y la investigación, incluyendo los retos enfrentados y los resultados obtenidos. Asimismo, deberán garantizar su participación efectiva en todas las etapas de los procesos, asegurando que sus aportes, experiencias, sugerencias y cuestionamientos sean tomados en cuenta como insumos para fortalecer las acciones emprendidas.

El CED subraya la urgencia de que las autoridades mexicanas actúen de inmediato para buscar y localizar a Ángel, e instruye al Estado a implementar cada una de las recomendaciones transmitidas, informando sin demora sobre las medidas adoptadas a más tardar el 15 de mayo de 2026.

El pueblo organizado del municipio de Nicolás Ruiz, la familia de Ángel y sus representantes reconocemos la disposición del Comité para velar por los derechos humanos de las personas indígenas desaparecidas. En virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, exigimos al Estado mexicano implementar todas y cada una de las recomendaciones de la Acción Urgente No. 2316/2026 y demostrar su voluntad real y efectiva para dar con el paradero con vida de Ángel Jiménez López, así como de las demás personas desaparecidas en Chiapas.

En México según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha registrado 133,637 personas desaparecidas y no localizadas. En Chiapas se reportan 1,991 personas desaparecidas, de los cuales 573 personas desaparecidas son registradas en el periodo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En los municipios de la región han desaparecido 22 personas, en Venustiano Carranza 7; en Teopisca 3; en Amatenango del Valle 4; en Nicolas Ruiz 1; en Acala 3 y en Villa Las Rosas 4. Estas desapariciones ocurren en un contexto de violencia generalizada y sistemática provocada por grupos armados vinculados con la delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y tolerancia de autoridades mexicanas.

El caso de Ángel ejemplifica la grave situación de seguridad en la zona y el contexto de las desapariciones forzadas en Chiapas y todo el país, que motivo al CED en abril de 2026 solicitar al Secretario General de la ONU que remita la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General.

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Firma y envía las cartas

El jueves 16 de abril a las 12 hrs se llevará a cabo la audiencia inicial de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Moreno Hernández, en el tribunal de enjuiciamiento de Yajalón por el supuesto delito de despojo agravado. Son diez personas integrantes del (CNI)  Chiapas, acusadas por  el delito referido.

Ante esta situación, interpelamos a las autoridades para garantizar, respetar y proteger la libertad, la vida, la integridad y seguridad personal e  invitamos a la sociedad civil a enviar cartas a la Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal de Justicia Indígena y al Tribunal Superior de Justicia para solicitar su intervención con relación a la audiencia inicial de Antonia, Jerónimo y Victorio.

Firma y envía las cartas desde tu correo electrónico aquí:

https://frayba.org.mx/carteo-para-la-liberacion-de-los-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-de-jotola-chiapas

#AlertaporAntonia,JerónimoyVictorio #LibertadParaFranciscoyMariadeJesús #AltoALaCriminalizaciónEnJotolá #NoAlDespojoEnJotolá #CNI

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,

a 19 de marzo de 2026.

Boletín de prensa No. 3

Las FGE y las FRIP en el círculo directo de la cruel tortura contra Oscar Trinidad Carbajal

• Denuncia internacional ante la CIDH y la ONU: exigimos protección y justicia para Oscar Trinidad Carbajal y familia.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que el 4 de noviembre de 2025, fue detenido y torturado el Joven Oscar Trinidad Carbajal, originario de Tapachula, comerciante, mientras transitaba por las calles de su ciudad, fue detenido sin orden judicial por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Lo llevaron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa conocida como Akishino, donde le exigieron dinero: dos millones de pesos. Al negarse, comenzó el tormento. Lo esposaron, lo tiraron al suelo, lo asfixiaron con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, lo golpearon en el cuerpo y lo humillaron con palabras que buscaban quebrar su voluntad. Un agente lo pateó en el estómago hasta hacerlo convulsionar. Le obligaron a beber líquidos amargos, lo dejaron inconsciente y tuvieron que reanimarlo con RCP porque había dejado de respirar.

Trasladado al Hospital General del IMSS en Tapachula, ingresó con diagnósticos graves: síndrome post-parada cardíaca, lesión renal aguda, rabdomiólisis. Allí, los mismos agentes que lo habían torturado lo custodiaban y decían a los médicos que estaba drogado, intentando encubrir la violencia ejercida. Oscar exigió una prueba de sangre, buscando defender su verdad en medio de la manipulación institucional.

Mientras tanto, su familia lo buscaba desesperada. El 5 de noviembre recorrieron hospitales y la Fiscalía, donde les negaban información. Solo al reconocer el coche de Oscar en el estacionamiento supieron que había estado allí y que lo habían llevado de emergencia al hospital. La incomunicación, las amenazas y el ocultamiento fueron parte del mismo patrón.

El 6 de noviembre de 2025, Oscar Trinidad permanecía incomunicado y bajo amenazas constantes. Los agentes de la FRIP le mostraban fotos de su casa y le decían: “¡ahora sí vas a cooperar, sabemos qué haces y a qué te dedicas!”. En el hospital solo recibía suero y medicamentos que lo adormecían. Ese mismo día, entre las 18:00 y 19:00 horas, fue trasladado nuevamente de manera violenta de la clínica a la Fiscalía. Durante el trayecto, los agentes lo agredieron físicamente y condujeron a gran velocidad, provocando un accidente en el que murió un policía. Aunque una ambulancia llegó para auxiliar, la tortura continuó dentro de ella: golpes en el estómago, costillas y cabeza, amenazas de muerte y hasta intentos de estrangulamiento, interrumpidos solo cuando la presencia de personas alrededor obligó a detener la agresión.

Por la noche, la FRIP ordenó su salida del hospital hacia la Fiscalía, donde las torturas persistieron hasta que una actuaria federal notificó el amparo promovido por su familia. La Fiscalía intentó justificar la detención alegando flagrancia ese mismo día, iniciando la Carpeta de Investigación C.I.1229 por delitos de resistencia y posesión de drogas. Sin embargo, la versión resulta inverosímil: Oscar se encontraba hospitalizado en el momento de la supuesta detención.

El 7 de noviembre, el Ministerio Público decretó su libertad bajo reservas de ley, pero inmediatamente se ejecutó otro mandamiento judicial imputándole narcomenudeo (C.I.1227). Fue trasladado al Juzgado de Control adjunto al CERSS No. 03, donde nuevamente sufrió tortura. La investigación se sostiene en un testimonio dudoso: una persona que habría entregado drogas a la Fiscalía y señalado a Oscar como responsable de amenazas días antes.

El caso de Oscar Trinidad revela cómo el sistema penal acusatorio puede ser manipulado para fabricar culpables y legitimar la violencia estatal. El 7 de noviembre de 2025, pese a su grave estado de salud, el Juez de Control de Tapachula le impuso prisión preventiva dentro de la causa penal 517/2025. Durante los traslados entre juzgado y hospital, Oscar fue nuevamente torturado. El 9 de noviembre recibió la notificación de un segundo amparo para garantizar atención médica urgente, pero las negligencias persistieron. El 11 de noviembre fue llevado a otra clínica bajo custodia de la FRIP, sufriendo nuevas agresiones.

Los registros médicos muestran inconsistencias graves: múltiples expedientes abiertos para la misma persona, omisión de protocolos adecuados, falta de seguimiento clínico y diagnósticos contradictorios. Se documentan lesiones como trauma ocular, fracturas faciales y complicaciones derivadas de la tortura (rabdomiólisis, falla renal, síndrome post-parada cardíaca). Además, se utilizó lenguaje discriminatorio al atribuir patologías al supuesto consumo de drogas sin pruebas de laboratorio.

Los antecedentes muestran que, semanas antes de su detención, Oscar había sido hostigado y extorsionado por la FRIP, quienes le exigían dinero a cambio de dejarlo trabajar. El 1 de noviembre fue detenido y presionado para pagar dos millones de pesos como “cobro de piso”.

Este patrón evidencia cómo la corrupción se inserta en el sistema penal acusatorio: primero la extorsión, luego la detención arbitraria, la tortura y finalmente la fabricación de pruebas. La Fiscalía construyó una versión inverosímil, articulando autoridades para inculparlo mediante montajes. Desde nuestra documentación hemos corroborado un comportamiento sistemático de funcionarios vinculados a operativos de la Fiscalía General del Estado, con al menos 20 casos similares registrados entre 2010 y 2025; cuatro de ellos directamente relacionados con la FRIP en distintos municipios de Chiapas.[1]

A pesar de los recursos legales interpuestos, la impunidad prevalece. Oscar Trinidad permanece privado arbitrariamente de su libertad, mientras él y su familia enfrentan un riesgo directo a su vida e integridad por el hostigamiento sistemático de las FRIP.

Hacemos un llamamiento especial, al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantice el acceso a los servicios de salud y cuando se encuentren frente a situaciones como la de Oscar Trinidad, velar por el interés superior que es la vida y no ceder a presiones externas.

La historia de Oscar Trinidad Carbajal es el reflejo de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y pactos de impunidad que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas. Por ello, la familia y el Frayba hemos presentado una Solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remitido información urgente parar el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, así como la petición de caso ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Exigimos que se garantice de manera inmediata a Oscar Trinidad atención médica y psicológica adecuada, que se evalúe la sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa que no agrave su estado de salud, y que se adopten medidas de protección para él y su familia frente a posibles represalias por haber denunciado. Finalmente, pedimos una investigación pronta, independiente y expedita contra los elementos de la FRIP, que rompa con los pactos de silencio y de impunidad que han permitido la repetición de estas violencias.

Exigimos que el gobierno mexicano garantice la vida de Oscar Trinidad y la seguridad de su familia dependen de que las instituciones actúen con firmeza y asuman su responsabilidad de garantizar la verdad, justicia y reparación. Es indispensable que el eslogan, ampliamente difundido en los medios, de “Cero Impunidad” deje de ser una consigna vacía y se convierta en una realidad efectiva, capaz de proteger a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y poner fin a la violencia y a los pactos de silencio que sostienen la tortura y la corrupción.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para que, desde todos los espacios posibles, se exija al Estado mexicano detener este acto de injusticia social de gran envergadura, que se equipara a prácticas de terror de Estado. La situación de Oscar Trinidad no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y persecución contra quienes se atreven a resistir. Por ello, convocamos a organizaciones, colectivos, comunidades y personas solidarias a alzar la voz y exigir medidas inmediatas de protección, atención médica y justicia, así como el fin de los pactos de impunidad que sostienen la violencia institucional. La defensa de Oscar Trinidad es también la defensa de la dignidad humana frente a la maquinaria del terror y la corrupción.

[1]    Frayba. Boletín de Prensa No. 1. 1 de febrero de 2026. Disponible en: https://frayba.org.mx/260201_tortura_chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

27 de febrero de 2026

Boletín No. 02

Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá

• Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
• Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. 

A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.

La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.

El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.

A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.

Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.

Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.

El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.

Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos. 

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.  

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