San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de mayo de 2026

Boletín no. 07

Fiscalía y Jueces en Chiapas criminalizan a integrantes del Congreso Nacional Indígena de la Comunidad de Jotolá, mediante la fábrica de culpables

• Ni las graves inconsistencias de los peritajes impidieron que el estado de Chiapas avanzara contra personas del pueblo maya tseltal, adultas mayores en condición de vulnerabilidad

• La justicia federal debe decidir si detiene esta persecución o permite que continúe la violación de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno

El 21 de mayo de 2026, nueve personas de la familia Moreno Hernández, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), comparecieron ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, en la que se les acusa injustamente del delito de despojo agravado. A pesar de que durante la audiencia la Fiscalía presentó peritajes con graves inconsistencias, el Juez de Control Agustín López decidió vincular a proceso a todas las personas imputadas, incluidas dos adultas mayores, una mujer y un hombre de 73 y 85 años, respectivamente, con debilidad auditiva y quien no sabe leer ni escribir. Asimismo, fueron vinculadas a proceso tres mujeres indígenas, madres responsables del cuidado de 12 hijas e hijos menores de edad.

En esta audiencia no se impuso ninguna medida cautelar, como detención o firma periódica, gracias al amparo promovido por abogados del CNI. Sin embargo, el proceso de judicialización continúa y persiste el riesgo de que, una vez que el Juez federal emita su resolución, el Juez de Control de Yajalón imponga medidas cautelares.

Preocupa la parcialidad y la arbitrariedad con las que se ha conducido el proceso jurídico, así como la actitud tendenciosa del Ministerio Público, orientada a imponer las medidas más lesivas contra las personas imputadas, como ya ocurrió con Francisco Moreno Hernández, quien continúa privado de su libertad de manera injusta por la fábrica de culpables. Lo anterior constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la seguridad jurídica, así como a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales y regionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Cabe señalar que las nueve personas imputadas, más Francisco Moreno Hernández, junto con otras 25 personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, son víctimas de desplazamiento forzado tras las acciones represivas ocurridas el 12 de febrero de 2026, en el ejido de Jotolá, municipio de Chilón, hechos perpetrados en tierras recuperadas legítimamente en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Desde entonces, esas tierras fueron ocupadas de forma pacífica, continua y pública durante 30 años por la familia Hernández Moreno.

En el operativo mencionado se incurrió en prácticas estatales orientadas a intimidar, silenciar y coaccionar a la población, -mediante actos de tortura y uso excesivo de la fuerza pública. En estos hechos participaron la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia Indígena, el Tribunal Agrario y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También se vulneró el derecho a la propiedad comunal y ancestral de los pueblos indígenas, reconocido en normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, exhortamos: a los jueces federales a tomar en cuenta las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso y resolver a favor de las 35 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, incluidas niñas, niños y adolescentes; al Juzgado de Control a abstenerse de ejecutar cualquier acto de detención o reaprehensión en contra de las nueve personas.

Llamamos con urgencia a la solidaridad nacional e internacional para acompañar a las familias tseltales criminalizadas y desplazadas, exigiendo el cese inmediato de la persecución judicial. Es necesario que organizaciones, colectivos, comunidades, medios libres, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil se mantengan atentas, se pronuncien públicamente y actúen para impedir que la represión y la impunidad sigan avanzando contra los pueblos que están en la defensa de su territorio.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

5 de mayo de 2026

Boletín No. 5

El CED de la ONU emite una Acción Urgente por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas

El 1 de mayo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió al Estado mexicano la Acción Urgente No. 2316/2026, relativa a la desaparición forzada del señor Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal, del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas. Ángel fue desaparecido el 24 de abril de 2026 por un grupo vinculado a la delincuencia organizada, en el contexto de violencia generalizada en la región y hasta la fecha no existe información sobre su suerte o paradero.

Ante esta situación, el Comité ha requerido al Estado mexicano que emprenda de manera inmediata acciones de búsqueda y localización, además de una serie de medidas orientadas a fortalecer la investigación y garantizar la participación de la familia y sus representantes.

1. Búsqueda del Sr. Ángel Jiménez López e investigación de su alegada desaparición forzada.

El Comité solicita que los procesos de búsqueda e investigación se desarrollen bajo una estrategia integral y coordinada, con un plan de acción y un cronograma claro para su ejecución inmediata. Estas acciones deben realizarse con la debida diligencia, considerando todas las hipótesis y la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrieron los hechos, así como la identificación de los perpetradores materiales e intelectuales.

2. Acceso a la información y participación de los allegados y representantes del Sr. Ángel Jiménez López.

Las autoridades responsables deberán informar periódicamente a los allegados y representantes de Ángel sobre los avances en la búsqueda y la investigación, incluyendo los retos enfrentados y los resultados obtenidos. Asimismo, deberán garantizar su participación efectiva en todas las etapas de los procesos, asegurando que sus aportes, experiencias, sugerencias y cuestionamientos sean tomados en cuenta como insumos para fortalecer las acciones emprendidas.

El CED subraya la urgencia de que las autoridades mexicanas actúen de inmediato para buscar y localizar a Ángel, e instruye al Estado a implementar cada una de las recomendaciones transmitidas, informando sin demora sobre las medidas adoptadas a más tardar el 15 de mayo de 2026.

El pueblo organizado del municipio de Nicolás Ruiz, la familia de Ángel y sus representantes reconocemos la disposición del Comité para velar por los derechos humanos de las personas indígenas desaparecidas. En virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, exigimos al Estado mexicano implementar todas y cada una de las recomendaciones de la Acción Urgente No. 2316/2026 y demostrar su voluntad real y efectiva para dar con el paradero con vida de Ángel Jiménez López, así como de las demás personas desaparecidas en Chiapas.

En México según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha registrado 133,637 personas desaparecidas y no localizadas. En Chiapas se reportan 1,991 personas desaparecidas, de los cuales 573 personas desaparecidas son registradas en el periodo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En los municipios de la región han desaparecido 22 personas, en Venustiano Carranza 7; en Teopisca 3; en Amatenango del Valle 4; en Nicolas Ruiz 1; en Acala 3 y en Villa Las Rosas 4. Estas desapariciones ocurren en un contexto de violencia generalizada y sistemática provocada por grupos armados vinculados con la delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y tolerancia de autoridades mexicanas.

El caso de Ángel ejemplifica la grave situación de seguridad en la zona y el contexto de las desapariciones forzadas en Chiapas y todo el país, que motivo al CED en abril de 2026 solicitar al Secretario General de la ONU que remita la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General.

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Firma y envía las cartas

El jueves 16 de abril a las 12 hrs se llevará a cabo la audiencia inicial de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Moreno Hernández, en el tribunal de enjuiciamiento de Yajalón por el supuesto delito de despojo agravado. Son diez personas integrantes del (CNI)  Chiapas, acusadas por  el delito referido.

Ante esta situación, interpelamos a las autoridades para garantizar, respetar y proteger la libertad, la vida, la integridad y seguridad personal e  invitamos a la sociedad civil a enviar cartas a la Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal de Justicia Indígena y al Tribunal Superior de Justicia para solicitar su intervención con relación a la audiencia inicial de Antonia, Jerónimo y Victorio.

Firma y envía las cartas desde tu correo electrónico aquí:

https://frayba.org.mx/carteo-para-la-liberacion-de-los-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-de-jotola-chiapas

#AlertaporAntonia,JerónimoyVictorio #LibertadParaFranciscoyMariadeJesús #AltoALaCriminalizaciónEnJotolá #NoAlDespojoEnJotolá #CNI

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,

a 19 de marzo de 2026.

Boletín de prensa No. 3

Las FGE y las FRIP en el círculo directo de la cruel tortura contra Oscar Trinidad Carbajal

• Denuncia internacional ante la CIDH y la ONU: exigimos protección y justicia para Oscar Trinidad Carbajal y familia.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que el 4 de noviembre de 2025, fue detenido y torturado el Joven Oscar Trinidad Carbajal, originario de Tapachula, comerciante, mientras transitaba por las calles de su ciudad, fue detenido sin orden judicial por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Lo llevaron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa conocida como Akishino, donde le exigieron dinero: dos millones de pesos. Al negarse, comenzó el tormento. Lo esposaron, lo tiraron al suelo, lo asfixiaron con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, lo golpearon en el cuerpo y lo humillaron con palabras que buscaban quebrar su voluntad. Un agente lo pateó en el estómago hasta hacerlo convulsionar. Le obligaron a beber líquidos amargos, lo dejaron inconsciente y tuvieron que reanimarlo con RCP porque había dejado de respirar.

Trasladado al Hospital General del IMSS en Tapachula, ingresó con diagnósticos graves: síndrome post-parada cardíaca, lesión renal aguda, rabdomiólisis. Allí, los mismos agentes que lo habían torturado lo custodiaban y decían a los médicos que estaba drogado, intentando encubrir la violencia ejercida. Oscar exigió una prueba de sangre, buscando defender su verdad en medio de la manipulación institucional.

Mientras tanto, su familia lo buscaba desesperada. El 5 de noviembre recorrieron hospitales y la Fiscalía, donde les negaban información. Solo al reconocer el coche de Oscar en el estacionamiento supieron que había estado allí y que lo habían llevado de emergencia al hospital. La incomunicación, las amenazas y el ocultamiento fueron parte del mismo patrón.

El 6 de noviembre de 2025, Oscar Trinidad permanecía incomunicado y bajo amenazas constantes. Los agentes de la FRIP le mostraban fotos de su casa y le decían: “¡ahora sí vas a cooperar, sabemos qué haces y a qué te dedicas!”. En el hospital solo recibía suero y medicamentos que lo adormecían. Ese mismo día, entre las 18:00 y 19:00 horas, fue trasladado nuevamente de manera violenta de la clínica a la Fiscalía. Durante el trayecto, los agentes lo agredieron físicamente y condujeron a gran velocidad, provocando un accidente en el que murió un policía. Aunque una ambulancia llegó para auxiliar, la tortura continuó dentro de ella: golpes en el estómago, costillas y cabeza, amenazas de muerte y hasta intentos de estrangulamiento, interrumpidos solo cuando la presencia de personas alrededor obligó a detener la agresión.

Por la noche, la FRIP ordenó su salida del hospital hacia la Fiscalía, donde las torturas persistieron hasta que una actuaria federal notificó el amparo promovido por su familia. La Fiscalía intentó justificar la detención alegando flagrancia ese mismo día, iniciando la Carpeta de Investigación C.I.1229 por delitos de resistencia y posesión de drogas. Sin embargo, la versión resulta inverosímil: Oscar se encontraba hospitalizado en el momento de la supuesta detención.

El 7 de noviembre, el Ministerio Público decretó su libertad bajo reservas de ley, pero inmediatamente se ejecutó otro mandamiento judicial imputándole narcomenudeo (C.I.1227). Fue trasladado al Juzgado de Control adjunto al CERSS No. 03, donde nuevamente sufrió tortura. La investigación se sostiene en un testimonio dudoso: una persona que habría entregado drogas a la Fiscalía y señalado a Oscar como responsable de amenazas días antes.

El caso de Oscar Trinidad revela cómo el sistema penal acusatorio puede ser manipulado para fabricar culpables y legitimar la violencia estatal. El 7 de noviembre de 2025, pese a su grave estado de salud, el Juez de Control de Tapachula le impuso prisión preventiva dentro de la causa penal 517/2025. Durante los traslados entre juzgado y hospital, Oscar fue nuevamente torturado. El 9 de noviembre recibió la notificación de un segundo amparo para garantizar atención médica urgente, pero las negligencias persistieron. El 11 de noviembre fue llevado a otra clínica bajo custodia de la FRIP, sufriendo nuevas agresiones.

Los registros médicos muestran inconsistencias graves: múltiples expedientes abiertos para la misma persona, omisión de protocolos adecuados, falta de seguimiento clínico y diagnósticos contradictorios. Se documentan lesiones como trauma ocular, fracturas faciales y complicaciones derivadas de la tortura (rabdomiólisis, falla renal, síndrome post-parada cardíaca). Además, se utilizó lenguaje discriminatorio al atribuir patologías al supuesto consumo de drogas sin pruebas de laboratorio.

Los antecedentes muestran que, semanas antes de su detención, Oscar había sido hostigado y extorsionado por la FRIP, quienes le exigían dinero a cambio de dejarlo trabajar. El 1 de noviembre fue detenido y presionado para pagar dos millones de pesos como “cobro de piso”.

Este patrón evidencia cómo la corrupción se inserta en el sistema penal acusatorio: primero la extorsión, luego la detención arbitraria, la tortura y finalmente la fabricación de pruebas. La Fiscalía construyó una versión inverosímil, articulando autoridades para inculparlo mediante montajes. Desde nuestra documentación hemos corroborado un comportamiento sistemático de funcionarios vinculados a operativos de la Fiscalía General del Estado, con al menos 20 casos similares registrados entre 2010 y 2025; cuatro de ellos directamente relacionados con la FRIP en distintos municipios de Chiapas.[1]

A pesar de los recursos legales interpuestos, la impunidad prevalece. Oscar Trinidad permanece privado arbitrariamente de su libertad, mientras él y su familia enfrentan un riesgo directo a su vida e integridad por el hostigamiento sistemático de las FRIP.

Hacemos un llamamiento especial, al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantice el acceso a los servicios de salud y cuando se encuentren frente a situaciones como la de Oscar Trinidad, velar por el interés superior que es la vida y no ceder a presiones externas.

La historia de Oscar Trinidad Carbajal es el reflejo de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y pactos de impunidad que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas. Por ello, la familia y el Frayba hemos presentado una Solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remitido información urgente parar el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, así como la petición de caso ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Exigimos que se garantice de manera inmediata a Oscar Trinidad atención médica y psicológica adecuada, que se evalúe la sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa que no agrave su estado de salud, y que se adopten medidas de protección para él y su familia frente a posibles represalias por haber denunciado. Finalmente, pedimos una investigación pronta, independiente y expedita contra los elementos de la FRIP, que rompa con los pactos de silencio y de impunidad que han permitido la repetición de estas violencias.

Exigimos que el gobierno mexicano garantice la vida de Oscar Trinidad y la seguridad de su familia dependen de que las instituciones actúen con firmeza y asuman su responsabilidad de garantizar la verdad, justicia y reparación. Es indispensable que el eslogan, ampliamente difundido en los medios, de “Cero Impunidad” deje de ser una consigna vacía y se convierta en una realidad efectiva, capaz de proteger a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y poner fin a la violencia y a los pactos de silencio que sostienen la tortura y la corrupción.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para que, desde todos los espacios posibles, se exija al Estado mexicano detener este acto de injusticia social de gran envergadura, que se equipara a prácticas de terror de Estado. La situación de Oscar Trinidad no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y persecución contra quienes se atreven a resistir. Por ello, convocamos a organizaciones, colectivos, comunidades y personas solidarias a alzar la voz y exigir medidas inmediatas de protección, atención médica y justicia, así como el fin de los pactos de impunidad que sostienen la violencia institucional. La defensa de Oscar Trinidad es también la defensa de la dignidad humana frente a la maquinaria del terror y la corrupción.

[1]    Frayba. Boletín de Prensa No. 1. 1 de febrero de 2026. Disponible en: https://frayba.org.mx/260201_tortura_chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

27 de febrero de 2026

Boletín No. 02

Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá

• Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
• Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. 

A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.

La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.

El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.

A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.

Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.

Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.

El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.

Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos. 

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.  

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𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 “¡𝐒𝐢́ 𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐍𝐨 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨!”
El caso de la supercarretera SCLC – Palenque, Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas invita al

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 “¡𝐒𝐢́ 𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐍𝐨 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨!”
El caso de la supercarretera SCLC – Palenque, Chiapas.
𝟐𝟖 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐫𝐨 de 2026, 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐫𝐬.
𝐓𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚́𝐬
(Gral. M. Utrilla, Centro, 29200, San Cristóbal de Las Casas)

Participan:

• Modevite Chiapas
• Centro de Derechos Indígenas A.C.
• CEMCA-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
• Frayba Derechos Humanos
• DESMI A.C.

🔴 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬

Jobel, Chiapas, México, a 19 de febrero de 2026.

A los Pueblos Zapatistas

A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)

Al Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes.

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos.

A las personas que luchan y resisten en todo el Mundo.

Pronunciamiento conjunto

A treinta años de los Acuerdos de San Andrés, la memoria viva de los pueblos originarios nos recuerda que la palabra empeñada por el Estado mexicano sigue incumplida, traicionada y silenciada. Hoy, en el marco de las manifestaciones por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, reafirmamos la lucha por la vida, la tierra y la dignidad.

Samir fue asesinado por defender a su comunidad frente al despojo y la imposición de megaproyectos de muerte. Su voz se une a la de miles que han caído en el camino de la resistencia, y su ausencia nos convoca a multiplicar la fuerza colectiva contra un sistema que privilegia el capital sobre la vida y que convierte la Madre Tierra en mercancía.

Treinta años después, los Acuerdos de San Andrés son la traición continuada. El EZLN denunció desde 2001 que la reforma constitucional negaba lo pactado: autonomía, libre determinación, reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, acceso a tierras y territorios, y los Bienes Comunes.

Con ello se mantienen suspendidas las puertas del diálogo y la paz, y se abrió paso a la construcción de autonomías de hecho, que el zapatismo ha levantado durante tres décadas pese a la contrainsurgencia permanente.

Ni las reformas de 2019 ni la de 2024 responden al mandato de San Andrés. Se mantienen las exclusiones fundamentales: el derecho al territorio, el respeto a los Bienes Comunes y la autonomía plena de los pueblos. Es clara la negativa del Estado mexicano a reconocer derechos completos y efectivos que asuman la deuda histórica, ya que persiste un modelo extractivista que niega la vida de los pueblos. Frente a ello, honramos y celebramos las tres décadas del Congreso Nacional Indígena. Y el caminar de la resistencia que se ha traducido en la construcción de autonomías reales, en la organización comunitaria y en la defensa de la memoria como herramienta de lucha.

Denunciamos que el modelo neoliberal y capitalista es incompatible con la vida digna de los pueblos. Frente a la imposición de proyectos de muerte, hoy día es vital la defensa del territorio y la construcción de horizontes colectivos donde la justicia, la memoria y El Común sean el fundamento. La Madre Tierra no es propiedad ni recurso: es raíz, es vida, es futuro.

Hoy decimos:

Samir vive en la lucha de los pueblos.

La dignidad de los pueblos originarios es semilla de futuro.

La Madre Tierra y El Común no se venden, se defienden.

Vida al Congreso Nacional Indigena y Concejo Indigena de Gobierno.

Frente al sistema de muerte, afirmamos la vida, la comunidad y la rebeldía como caminos de emancipación.

Firman

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas

Espacio de Lucha contra el olvido y la represión. Elcor.

Lumaltik-Herriak

Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán

Antsetik Ts’unun (colectiva autónoma de mujeres defensoras)

Las Artemisas. Colectiva

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

17 de diciembre del 2025

Boletín No. 12

4 años de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia familias de la comunidad Nueva Palestina

• Sin la reparación integral del daño causado por el desplazamiento forzado y la continua criminalización de las personas defensoras, no hay justicia ni paz.

Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2021, la familia extensa Velasco García sufrió una serie de agresiones tumultuarias en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Derivado de estos hechos se encuentran desplazadas 34 personas (22 de ellas niñas, niños y adolescentes), además de haberse cometido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual y tratos crueles inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz (Fredy).

A cuatro años de haberse cumplido estas múltiples violaciones a derechos humanos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala el abandono y la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y local para resarcir los derechos de las familias Mayas Tseltales y Tsotsiles.

El atentado hacia las familias ocurrió debido a que Versaín Velasco García (Versaín) había acudido a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Delegación de Gobierno Estatal, del municipio de Ocosingo, Chiapas para denunciar la detención ilegal comunitaria de cinco jóvenes a quienes se amenazaba de ser linchados por ser acusados del delito de robo.

Su movilización generó el descontento entre las autoridades de la comunidad, policías comunitarios y civiles armados quienes incentivaron abiertamente el linchamiento de Versaín y su familia, bajo el argumento de que “se dedica a defender delincuentes”.

Las agresiones tumultuarias fueron cometidas la noche del 15 de diciembre y durante el día del 16 de diciembre, las cuáles dejaron una secuela de graves violaciones a derechos humanos que se continúan perpetuado a 4 años de los hechos.

A lo anterior se suma la persecución y criminalización que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) al defensor de derechos humanos Versaín, quien fue detenido arbitrariamente el 10 de enero del 2022. La FGE lo acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, y bajo un proceso judicial lleno de irregularidades y de notables violaciones procesales en su juicio, finalmente fue sentenciado el 12 de enero del 2024 por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo quien lo condenó a 58 años y 4 meses de prisión, decisión que fue apelada y en junio del 2024, el Tribunal de Alzada de San Cristóbal de Las Casas, confirmó la sentencia.

A la fecha continúa desaparecido el joven Fredy y sobreviven en desplazamiento forzado interno 34 personas, sin atención humanitaria emergente y sin acceso a la justicia. Paradójicamente la FGE lejos de garantizar verdad y justicia para las familias, las persigue e incentiva la impunidad para las personas responsables de las violaciones sistemáticas.

Lo anterior es así, ya que, en el caso de la desaparición de Fredy, después de 3 años y medio, se pudo judicializar la investigación y consecuentemente la emisión de órdenes de aprehensión, sin embargo, a la fecha no se han ejecutado, lo que evidencia la impunidad institucionalizada.

Desde el Frayba hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus responsabilidades de manera efectiva brinden un plan de atención integral que incluya:

• Atención humanitaria a las familias mientras el desplazamiento forzado interno continúe y no exista una solución definitiva;
• Se garantice investigaciones imparciales y exhaustivas por las denuncias señaladas en la Unidad de Investigación del Delito de Tortura dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y la en la Fiscalía de Justicia Indígena.
• Garantizar la búsqueda, dando con la suerte y paradero del joven Fredy Gómez Sántiz.
• Castigo a las personas responsables de los delitos y de las graves violaciones a derechos humanos.
• Libertad inmediata del Defensor de Derechos Humanos Versaín Velasco García.

Mientras las familias continúen desplazadas y se criminalice a los defensores de derechos humanos, no exista verdad y justicia para las familias que buscan a sus desaparecidos, en Chiapas no habrá transformación ni paz para los pueblos y comunidades.

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[:es]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre de 2025

Boletín de prensa No. 11

 
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica
ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces

• El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.

El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.

La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.

La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.

La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.

El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.

Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025

Press Release No. 11

Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective

The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.

On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.

The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.

As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.

The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.

The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.

The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.

At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.

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El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.

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On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

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