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Firma por: Garantías de vida, salud, integridad y libertad a presos en huelga de hambre en Chiapas. 1

    •   en Boletines por 
    • Proporcionar atención médica a personas privadas de su libertad, especialmente integrantes de Pueblos Originarios, ante riesgos por pandemia de Covid 19.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, hemos recibido información sobre la preocupante situación de riesgo a la salud por posible contagio de Covid 19, de personas privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05, (CERSS No. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

 

De acuerdo a carta publicada el 20 de mayo de 2020:

 

Enfatizamos que la población interna están sufriendo de calenturas, dolores musculares, diarrea , lo que no sabemos si es el Virus de Covid 19 o calenturas normales. Los internos se nos vulnera nuestros derechos a la salud. No hay como sacar la prueba de Covid 19 y tampoco hay medicamentos para l@s internos e internas. Supuestamente hay una fuerte cantidad de síntomas de calentura de los internos. Por eso las y los presxs corremos en peligro nuestra integridad de salud y nuestra vida.”1

 

Ante la falta de condiciones en atención a su salud, quienes integran las organizaciones La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate iniciaron una huelga de hambre y plantón el día de hoy, 21 de mayo de 2020, desde los CERSS No. 5, en San Cristóbal de Las Casas y CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.

 

Por lo anterior, los familiares de presos en huelga de hambre por su libertad presentaron, el día 20 de mayo de 2020, un amparo ante el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de Chiapas, Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Reclaman a las autoridades estatales la falta de seguridad y protección a la salud de quienes se encuentran en prisión sufriendo incertidumbre frente al aumento del riesgo de contagio por Covid 19.

 

Además la organización Solidarios de la Voz de Amate informó la noche del 20 de marzo de 2020, que sus 8 integrantes resultaron positivos a la prueba de Covid 19. Mariano Pérez Velasco, Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mariano Gómez López, Felipe Díaz Méndez, Mario Díaz Rodríguez y Roberto Martínez Pérez se encuentran en aislamiento en el área de enfermería del CERSS No. 5. Todos reivindican su identidad como Pueblo Maya Tsotsil.

 

Por lo anterior el Frayba urge al Estado mexicano:

 

  • Garantías de seguridad a la salud frente a la emergencia provocada por COVID-19, que pone en peligro la vida y la integridad de los presos pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil quienes permanecerán en huelga de hambre: Adrián Gómez Jiménez, Abrahám López Montejo, Germán López Montejo (en el CERSS No. 5) y Marcelino Ruíz Gómez (en el CERSS No. 10). Así como quienes estarán en plantón: Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Cristóbal Roblero Roblero, Alexander Hernández Zalazar, Bacner Maldonado García (en el CERSS No. 5).

     

  • Libertad inmediata de: Adrián Gómez Jiménez, Abrahám López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruíz Gómez, sobrevivientes de Tortura y otras violaciones a sus derechos humanos, quienes enfrentan procesos jurídicos donde se les fabricaron pruebas ilícitas para acusarlos de delitos que no cometieron.

     

  • Proporcionar atención médica adecuada y digna para las personas privadas de su libertad en distintas prisiones del estado de Chiapas, especialmente a mujeres y hombres integrantes de Pueblos Originarios estructuralmente en vulnerabilidad y violación sistemática a sus derechos humanos. De prioridad la protección a niñas y niños que viven con sus madres en la cárcel.

     

  • Respeto al derecho a la libre manifestación sin criminalizar ni reprimir la acción de huelga de hambre que 4 presos integrantes del Pueblo Maya Tsotsil, realizarán del 21 de mayo de 2020 al 05 de junio de 2020; así como de cualquier otra forma de organización pacífica en defensa de sus derechos humanos de otras personas privadas de su libertad.

     

Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional a internacional a solidarizarse con los presos en huelga de hambre:

 

Firma esta acción urgente:

 

Garantías de vida, salud, integridad y libertad a presos en huelga de hambre en Chiapas.

LEE LA PETICIÓN

 
 

159 firmas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de mayo de 2020

Acción Urgente No. 07

 

Garantías de vida, salud, integridad y libertad a presos en huelga de hambre en Chiapas. 

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Vulnerabilidad de pueblos y comunidades frente a Covid 10

Fotografia: Violeta Sánchez

Al Ejecutivo Federal,

  A partir del trabajo que realizamos con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y del actual monitoreo que estamos llevando a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria, organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra ​profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda gen​erar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un ​espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.

Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad. A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma ​la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.

Igual de preocupante es el tema de la ​vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para ​garantizar un ingreso básico​.

En relación al ​abasto alimentario​, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La ​seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y la alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales.

Por otra parte, las comunidades se enfrentan a una ​capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente​, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado. Por ello, está cobrando cada vez mayor atención a nivel local e internacional la exigencia de una ​moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar territorios indígenas sin su consentimiento​, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos (1).

  Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs).

La actual crisis de salud presenta ​retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables​, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta ​mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad​, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía.

 

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos al poder ejecutivo federal:

  Establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por Covid-19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil;

Atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares;

Implementar un ​apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses;

Asignar ​recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria;

Reconocer el ​papel fundamental que desempeñan las ​personas defensoras de derechos humanos​ contra el abuso corporativo o estatal y ​garantizar su protección y seguridad​;

Suspender con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas que se realizan sin su consentimiento expreso.Con la ​intención de colaborar de manera solidaria frente a la emergencia sanitaria y ante nuestra preocupación por la atención a pueblos y comunidades indígenas y equiparables, llamamos al compromiso de las instituciones gubernamentales y quienes las coordinan, a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que nos permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización.

_________________________

1 Michel Forst y Michael Taylor, “Mientras el mundo está confinado, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son blancos fáciles”, 22 de abril de 2020, www.business-humanrights.org/es/mientras-el-mundo-está-confinado-las-personas-defensoras-de-la- tierra-y-el-medio-ambiente-son-blancos-fáciles

 

Atentamente.

Aura Investigación Estratégica,

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC),

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A, C.

Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC),

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC),

Enlace Comunicación y Capacitación, AC.,

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C,

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC),

Oxfam México A.C.,

Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.,

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC),

Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA),

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ).


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[Medios-Frayba] Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19

Buenos días, Durante la cuarentena por la pandemia Covid 19, los Pueblos Originarios son población vulnerable, en mayor riesgo las comunidades en desplazamiento forzado bajo ataques armados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registramos agresiones a Pom, en Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, en México.

Compartimos nuestra palabra urgiendo al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil. Adjunta y en la página www.frayba.org.mx

Agradecemos su valioso trabajo periodístico.

Azalia H. Rguez. Cel. 9671356978

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19 Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, Chiapas, México, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid 19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil:

[…] un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar.

[…] Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad. De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó. A pesar de que las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento forzado, de Chalchihuitán y Chenalhó,

anteriormente mencionadas, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17)1 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/20182, las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente yhttps://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/200506_boletínSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10_10_chalchihuitan.pdf eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas.

Cabe señalar que históricamente las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas, desde octubre de 2017.

La Organización de Las Naciones Unidas indicó que: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”3. Se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Por lo anterior el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano:

Garantice los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid 19: a su integridad y seguridad personal; acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a la alimentación; a la vivienda adecuada; a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad; a la atención médica oportuna y sin discriminación; al consentimiento libre, previo e informado; a la libre determinación; a la participación de las mujeres y especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México. 24 de febrero de 2018. 2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 87/2018. Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. 28 de diciembre de 2018. 3 Organización de Las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y la pandemia de Covid 19.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10

Comunicación Social

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Calle Brasil No. 14 Barrio de Mexicanos CP 29240 San Cristóbal de Las Casas Chiapas México

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Amenazas a la vida del defensor comunitario Padre Marcelo Pérez Pérez

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por hechos de amenazas de muerte y vigilancia al Padre Marcelo Pérez Pérez (Padre Marcelo), párroco en el municipio de Simojovel de Allende, en Chiapas, México. Hostigamientos que también ponen en riesgo la seguridad de su equipo pastoral y de la población en general.

El 29 de marzo de 2020, aproximadamente a las 7:00 horas, un hombre vestido de civil tomó fotografías a las y los colaboradores de la Parroquia de Simojovel, quienes se encontraban en actividades a la entrada de la iglesia de San Antonio de Padua. Los hechos se registraron desde una ventana de un hotel cercano. La persona que realizó este acto lo hizo de manera evidente para que fuera vista y se notara su presencia.

El 02 de abril de 2020, un colaborador cercano al Padre Marcelo recibió una llamada telefónica para advertirle que tuviera cuidado porque andaban pidiendo los datos de las personas que trabajan en la parroquia.

El 05 de abril de 2020, el Padre Marcelo recibió información que un hombre en Simojovel dijo: “En todo se mete el padre, hay que darle un plomazo…”, este tipo de amenazas se han hecho visibles de manera reiterada incluso en redes sociales.

El día 6 de abril, aproximadamente a las 12:30 horas, el Padre Marcelo recibió una llamada telefónica de quien se identificó como: “Coronel“ para ofrecerle seguridad a él y a la feligresía de su parroquia: ¿Le interesa la vida de la paz y la tranquilidad de sus fieles seguidores sus feligreses o no le interesa padre?…Ahora yo le digo muy bien, quiero hacerle saber Padre, que de este llamado el cual usted y yo mantenemos, de este llamado depende la vida, la paz y la tranquilidad de cada uno de los suyos […] este llamado no es una broma, […] de usted depende que no se desate una masacre entre sus feligreses […], podemos darle una solución pacífica y usted ya ha sido avisado”.

(Continuar leyendo…)

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Ta jk’anot kutik li’ ta jnatike. Te queremos aquí en esta casa nuestra.

K’ucha’al, kucha’al, k’ucha’al-un Tot, k’ucha’al-un Me’! Porqué, porqué, porqué Tot, porqué Me’! Reclama una anciana a sus deidades ancestrales, mientras solloza y ve los pies de su hijo que no volverá a caminar las tierras que le vieron nacer. Luego proclama “Ta jk’anot kutik li’ ta jnatike” que traducido literalmente al castellano sería: “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

 

En estos tiempos, en estos días y momentos que dicen que hay que estar en casa para resguardarse. En estos días en que los medianos y pequeños líderes orquestan el mensaje de “Quédate en casa” y establecer sana distancia entre las personas. Entendemos y comprendemos que es compromiso tanto del gobierno, la sociedad y organizaciones civiles de velar por los derechos humanos en esta contingencia.

 

Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ocupados en seguir acompañando a los Pueblos Originarios en su caminar y búsqueda de de Justicia Digna, lanzamos la compaña: “LES QUEREMOS EN CASA” que estará vigente por lo menos un mes, del 15 de abril al 15 de mayo de 2020, con distintas acciones hasta que las mujeres, de todas las edades, hombres y personas de otras identidades de género, vuelvan a sus casas. Que puedan estar tranquilas protegiendo su vida que está en grave peligro. Como nos han reportado a diario las autoridades del municipio de Aldama, los disparos de armas de fuego por parte de habitantes de las comunidades del municipio de Chenalhó que colindan con los parajes de Aldama, no han cesado.

 

Al parecer, las personas que nacen y habitan las comunidades del municipio de Aldama que colindan con la localidad Santa Marta y otras que pertenecen al municipio de Chenalhó, Chiapas, pareciera que nacen definidas o predestinadas a vivir constantemente en el miedo y la zozobra tanto por parte del Estado como del contexto de violencia que padecen desde los años 70’s. La esperanza que tienen de que algún día el conflicto agrario que existe entre los municipios de Chenalhó y Aldama tenga fin, se pierde en el horizonte de sus miradas. Las autoridades agrarias de antaño no asumieron y menos ahora, su responsabilidad de que hicieron mal su trabajo por hacer los trazos de colindancia entre un municipio y otro en el escritorio.

 

El conflicto agrario perpetrado por el Estado mexicano hace casi medio siglo rebasó el ámbito jurídico. Las acciones del Estado como la colocación de elementos de seguridad que luego salieron huyendo de la zona por los constantes disparos hasta ”El Banderazo de la Paz”, efectuado los días 22 y 23 de junio de 2019, por parte de los tres niveles de gobierno no han surtido efecto. Este “acto político” pondría fin al conflicto agrario que dio inicio a principios de la década de 1970 entre los dos municipios. Con “El Banderazo de la Paz” comenzaría un proceso de pacificación y reconciliación entre los habitantes de estos dos municipios que en historia, lengua, cultura y tradiciones religiosas se hermanaron por décadas pero que esos lazos y sentimientos de hermandad, al parecer se han roto.

 

La esperanza de la gente de las comunidades de Aldama yace en las manos de algunas personas ancianas responsables de cuidar la vida. Pero, mientras dicen sus plegarias, delante de sus ojos se apaga el fuego de las velas arrebatadas por alguna munición proveniente de comunidades de Chenalhó. El corazón tiembla, ya no sólo de las balas que cotidianamente les disparan, ahora, ese temor es alimentado por la contingencia. Cuidar la salud en casa, no ha sido ni será posible, pues tienen que salir huyendo de sus casas para resguardarse en otros lugares que no cumplen las condiciones de cuidado máximo ante la contingencia de COVID-19.

 

LES QUEREMOS EN CASA solicita tu mirada para que con tus ojos y con tu corazón abracemos a mujeres ancianas, mujeres jóvenes y niñas; que podamos acompañar a hombres ancianos, hombres jóvenes y niños a que puedan estar en su casa y a unirnos en su reclamo. Que podamos decir junto con ellas y ellos “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

 

Juan López Intzín,

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

 

Jobel, a 15 de abril del 2020.

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NotiFrayba: Cuando la solidaridad se hace presente

El proyecto de las Brigadas Civiles de Observación nació hace 25 años frente a las agresiones del Estado mexicano contras las comunidades indígenas en resistencia. Llegaron personas de diferentes partes del mundo para frenar la violencia usando como única herramienta la documentación. Ellas y ellos con su presencia y con la denuncia diluyeron los ataques militares y paramilitares en diferentes regiones de Chiapas.

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Escala la violencia y el desplazamiento forzado en Chiapas

    • Grupos civiles armados provocan terror en comunidades tseltales en Chilón y Sitalá

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) nos pronunciamos ante la violencia que se incrementa en los municipios de Chilón y Sitalá, en la región Norte de Chiapas, México. Grupos civiles armados provocan terror en la población y desplazan de manera forzada a comunidades de pueblos tseltales con la complicidad, tolerancia, aquiescencia y omisión de las autoridades gubernamentales en la entidad. Urgimos al Estado mexicano a implementar medidas que garanticen la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas, niños y hombres en riesgo que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad sin ayuda humanitaria.

A poco más de 1 año y 6 meses del desplazamiento forzado de 125 personas de la comunidad tseltal de Carmen San José, en Chilón, el mismo grupo civil armado procedente de Pechton Icotsilh’ desplazó a 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil y mantiene en sitio a tres comunidades más: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá. (1)

La violencia en la región escaló desde el 03 de junio de 2018, cuando un grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán, en la comunidad de Carmen San José. El 04 de junio, los agresores regresaron a la comunidad y dispararon al aire causando terror en la población. Posteriormente hostigaron, amenazaron, intimidaron y extorsionaron a quienes habitan en el lugar. Además realizaron robos y secuestros, controlando el territorio mediante el terror (2). Desplazaron forzadamente a 25 familias desde el mes de junio de 2018.

(Continuar leyendo…)

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Juan de la Cruz Ruiz ¡Libre!

 

    • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

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Frayba

Desplazamiento forzado de comunidades tseltales en Chilón

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
12 de diciembre de 2019.
Acción Urgente No. 9

• Riesgo de escalamiento de la violencia en la región ante la omisión del gobierno de Chiapas.

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentaron el desplazamiento forzado de dos comunidades tseltales, integrantes del proceso organizativo de Gobiernos Comunitarios , en el municipio de Chilón, Chiapas, México.

El 06 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 6:00 horas, un grupo civil armado de alrededor de 20 personas procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’ atacó con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil. El mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018.

Son en total 40 familias, 190 personas aproximadamente, entre niños, niñas, mujeres, ancianos y hombres que se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas, en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad.

Tres comunidades más se encuentran en riesgo a su vida, seguridad e integridad: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá. Entre los hechos de agresiones el Frayba registró que el 09 de octubre de 2019, 9 personas regresaron a la comunidad de Carmen San José a ver sus domicilios, cuando a las 9:00 horas, aproximadamente un grupo de 7 personas les dispararon con armas de grueso calibre. La agresión duró 30 minutos aproximadamente. El 10 de octubre continuaron las detonaciones.

Desde el 15 de octubre de 2019, el Frayba informó a los gobiernos Estatal y Federal, la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente del terror que vive la población por el cerco armado a comunidades. El Estado mexicano no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar siga escalando la crisis de derechos humanos en la entidad. Por las circunstancias de la actuación impune del grupo armado se presume vínculos con agentes estatales y municipales.

Por lo anterior exigimos:

• Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las 125 personas desplazadas de la comunidad Carmen San José y las 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil.

• Evitar el desplazamiento forzado de las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá.

• Aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados Internos de la Organización de las Naciones Unidad y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas.

Solicitamos a las redes de solidaridad nacional e internacional firmen esta acción urgente y/o envíen llamamientos al Estado mexicano.

Firmar acción urgente en:

https://frayba.org.mx/desplazamiento-forzado-de-comunidades-tseltales-en-chilon/

radio
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Amenazas de muerte a defensora y al Frayba

    • Gobierno de Rutilio Escandón omiso ante situación de riesgo a quienes defienden derechos humanos en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha1 y el equipo Frayba; quienes hemos recibido en noviembre y lo que va de diciembre amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz.

Las amenazas comenzaron el 12 de noviembre de 2019, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida. Cabe mencionar que Faro es el apellido del Director del Frayba.

Posteriormente el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 21:00 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que en ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio. A raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano.

(Continuar leyendo…)

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