San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

12 de agosto de 2026

Boletín No. 12

Si Hay Justicia, Hay Paz

Nos sumamos a la lucha por la verdad y contra la impunidad de la Masacre de Acteal

A 28 años, siete meses y 18 días de perpetrada la Masacre de Acteal seguimos exigiendo justicia por la ejecución extrajudicial de 45 indígenas tsotsiles —19 mujeres, 14 niñas, cuatro niños, ocho hombres— además cuatro bebés aún no nacidos, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal por un grupo paramilitar entrenado y protegido por el Estado mexicano.

Hoy se cumplen 17 años de la liberación de 20 personas señaladas como autores directos de la Masacre de Acteal, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este hecho evidencia la falta de acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos que garanticen el resarcimiento integral de los daños. Frente a ello, México continúa lejos de consolidar una democracia plena y de garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos, mientras las personas sobrevivientes siguen enfrentando obstáculos para acceder a la justicia, la verdad en una situación de absoluta impunidad.

La falta de un entorno seguro y propicio para que Las Abejas de Acteal ejerzan plenamente sus derechos a la autonomía, la libre determinación y la lucha contra la impunidad se ve agravada por la violencia que persiste en la región y, específicamente, por las agresiones y amenazas contra sus integrantes. En este contexto, el Estado mexicano continúa incumpliendo su responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción ni discriminación, lo que sigue siendo una aspiración pendiente para la sociedad.

Hoy se cierra la campaña “Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz) iniciada por Las Abejas de Acteal, como uno de los espacios de lucha para el no olvido. Por ello, saludamos y nos sumamos a las nuevas generaciones que exigen justicia y verdad frente al negacionismo de este crimen de lesa humanidad. Ellas y ellos, a través de las artes, mantienen viva la esperanza de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el Informe de Fondo del Caso 12.790, Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal). La memoria, la verdad y la justicia siguen siendo caminos indispensables para construir la paz.

En este cierre de campaña, denunciamos una nueva vulneración a los derechos humanos que afecta directamente a Las Abejas de Acteal: la privación arbitraria de libertad, durante más de 24 horas, de José Alfredo Jiménez Pérez, defensor comunitario y documentalista, y Eusebio López Guzmán en la comunidad Centro Nuevo Yibeljoj, mientras realizaban la reconexión del servicio de energía eléctrica para un hermano enfermo. Esta privación de la libertad ocurrió sin fundamento, sin garantías y sin respeto a su labor humanitaria, a pesar de que la acción había sido comunicada previamente a las autoridades municipales y estatales, cuya omisión permitió que la agresión escalara y que personas de la comunidad los retuvieran arbitrariamente y les impusieran una sanción desproporcionada. Este hecho se suma a un patrón persistente de agresiones contra una organización que, desde hace décadas, sostiene una lucha pacífica por verdad, justicia y paz. Asimismo, confirma que la impunidad continúa siendo una amenaza estructural para quienes defienden los derechos humanos, la vida, la justicia y la dignidad de los pueblos.

Al Estado mexicano le hacemos notar que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país no son un asunto de buenas intenciones, sino de cumplimiento efectivo de sus obligaciones nacionales, regionales e internacionales. Para nosotras y nosotros, esto significa poner fin a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal.

Reiteramos finalmente, la necesidad de abrir los espacios para que los mecanismos internacionales contribuyan al esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación integral. Porque si hay justicia, hay paz. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para seguir alzando la voz y acompañando las luchas de los pueblos de Chiapas en la defensa de la vida, la memoria y la dignidad.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

a 07 de agosto de 2026.

Acción Urgente no. 3

Privación Arbitraria de la Libertad a Integrantes de Las Abejas de Acteal

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresamos nuestra más profunda preocupación, y enérgica condena por la ilegal y arbitraria detención de nuestros compañeros José Alfredo Jiménez Pérez y Eusebio López Guzmán integrantes de La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ocurrido el día de hoy en la comunidad Centro Nuevo Yibeljoj, municipio de Chenalhó, Chiapas.

De acuerdo con la información de testigos, la detención ocurrió entre las 7:00 y 8:30 hrs., cuando una comisión de Las Abejas de Acteal, realizaban la reconexión del servicio de energía eléctrica del señor Sebastián Jiménez Santiz integrante de Las Abejas de Acteal, servidor de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Cuando un grupo de personas de la comunidad se habría acercado a la casa y detenido en un primer momento al compañero Eusebio López Guzmán, en ese momento el compañero José Alfredo Jiménez Pérez comenzó a grabar con un teléfono celular, al mismo tiempo intentando mediar sobre la situación seguidamente fue detenido de manera arbitraria.

Desde el día 15 de junio del presente año, las autoridades comunitarias habían cortado el servicio de energía eléctrica, pese a que el señor Sebastián Jiménez Santiz se encuentra delicado de salud.

Las Abejas de Acteal, informan que la acción del día de hoy había sido comunicada al ayuntamiento de Chenalhó y a la Delegación de Gobierno, para que brindaran medias de seguridad, sin embargo, no actuaron y la situación ha escalado.

Por lo que exigimos a las autoridades de los gobiernos estatal y federal actúen urgentemente para poner la libertad a los compañeros defensores de derechos humanos José Alfredo Jiménez Pérez y Eusebio López Guzmán.

Así mismo se garantice la seguridad e integridad de las familias integrantes de Las Abejas de Acteal, que son vecinos de la comunidad Yibeljoj.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y escriban a las autoridades mexicanas para cesar estas acciones violentas contra nuestros compañeras y compañeros de Las Abejas de Acteal.

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

Firmar aqui

Enviar a las autoridades:

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidencia de la República
correo: atencionciudadana@presidencia.gob.mx

Rosa Icela Rodríguez Velázquez

Secretaría de Gobernación

correo: segob@segob.gob.mx

Felipe Arturo Medina Padilla

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración

correo: subsedhpm@segob.gob.mx  controlgestionsdhpm@segob.gob.mx

Froylan Vladimir Enciso Higuera

Titular de la Unidad de Derechos Humanos

correo: fenciso@segob.gob.mx

Rosario Ibarra Piedra

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

correo: presidencia.cndh@cndh.org.mx

Oscar Eduardo Ramírez Aguilar

Gobernador del Estado de Chiapas 

correo: secretariaprivada.gobernador@gubernatura.chiapas.gob.mx

Dulce Rodríguez Ovando

Secretaria de Gobierno del Estado de Chiapas

correo: unidad.apoyo@sgg.chiapas.gob.mx

Asunción Malena Vázquez Méndez

Dirección de Derechos Humanos

Correo: dir_dh2013@hotmail.com

José Luis Llaven Abarca

Fiscalía General del Estado de Chiapas 

correo: staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Alberto Cruz

Direccion Estrategica de Derehos Humanos

correo: staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Horacio Culebro Borrayas

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

correo: presidencia@cedhchiapas.org

Andrea Bolaños Vargas

Relatoría Especial sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos:
correo: hrc-sr-defenders@un.org

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
5 de julio de 2026.
Boletín No. 10

Verdad y Justicia para Simón Pedro, maya tsotsil y defensor comunitario

• A cinco años de impunidad, su memoria permanece como un ejemplo de lucha, dignidad y compromiso por la defensa de los derechos de los pueblos

Recordamos a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro) como una persona comprometida con la construcción de la paz, la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos originarios. Desde su servicio comunitario denunció el incremento de la violencia y la presencia de la delincuencia organizada en la región de los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de Pantelhó, frente a la ausencia y complicidad del Estado mexicano en la protección de las comunidades.

Como integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, mantuvo un compromiso permanente con la defensa de la tierra y el territorio, resistiendo de manera pacífica y organizada frente a las múltiples violencias que afectan a los pueblos.

Desde su ejecución extrajudicial, ocurrida el día 5 de julio de 2021, la investigación no ha sido exhaustiva, independiente ni diligente. Además, los autores intelectuales que planificaron y ordenaron el crimen no han sido investigados, lo que alimenta la impunidad como una forma de violencia institucional. Esta situación profundiza el dolor de sus familiares, debilita la confianza en las instituciones del Estado y transmite el mensaje de que quienes atentan contra las personas defensoras pueden actuar sin enfrentar consecuencias.

El asesinato de Simón Pedro representa un ataque hacía la organización comunitaria y los procesos colectivos de defensa de los derechos humanos. Constituye un intento de sembrar miedo para inhibir la defensa del territorio, la libre determinación de los pueblos y el ejercicio legítimo de su autonomía.

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Pronunciamiento y denuncia pública
Familias Unidas contra la tortura en Defensa de los Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 26 de junio de 2026.

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
Nuestra voz como víctimas y sobrevivientes

La denuncia que hacemos el día de hoy surge de nuestra experiencia directa como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura. Somos hombres y mujeres indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes que hemos sufrido las consecuencias de un sistema que, con frecuencia, privilegia la fabricación de culpables sobre la búsqueda de la verdad.

Como personas fuimos perseguidas por defender nuestros derechos, nuestros territorios o nuestras comunidades. Otras fueron convertidas en “culpables” para mostrar resultados ante la opinión pública. La tortura ha sido utilizada como método de investigación y arrancar confesiones falsas.

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y sustentado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las y los integrantes del Colectivo Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos alzamos nuestra voz para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica sistémica y generalizada vigente en Chiapas y en México.

El Estado mexicano, al ser parte de la Convención contra la Tortura, asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar absolutamente esta práctica, así como garantizar la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Sin embargo, la realidad que vivimos las víctimas, sobrevivientes y familiares demuestra que estos compromisos siguen sin cumplirse plenamente.

Reiteramos nuestro más enérgico repudio a la tortura, considerada por el derecho internacional como un crimen que no admite justificación alguna. Frente a los discursos oficiales que afirman que la tortura ha sido erradicada, las víctimas respondemos con la verdad de nuestra experiencia: la tortura persiste, se oculta, se niega y continúa dejando profundas heridas en cientos de personas y familias.

La tortura en Chiapas: una realidad que no puede ocultarse

En Chiapas persisten denuncias por detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, abuso de autoridad, extorsiones, allanamientos ilegales y actos de tortura cometidos por corporaciones de seguridad. Particular preocupación generan las denuncias que involucran a elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación creada durante la actual administración estatal.

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Pronunciamiento conjunto
 

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México, 
Casa de la Memoria y la Esperanza
a 19 de junio de 2026

II Foro de Memoria Histórica
Minerva, Corazón latiente de la montaña

Nos reunimos en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, los días 18 y 19 de junio, en el marco de los 30 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, Encarnación y Rebeca Pérez Pérez más 33 personas desaparecidas y cientos de asesinados en la región norte en el despliegue de la contrainsurgencia en Chiapas. Aquí compartimos la palabra, y la experiencia de lucha, sobre lo que hemos vivido y lo que seguimos enfrentando como pueblos.

Este Foro de Memoria Histórica lleva el nombre de Minerva, una joven desaparecida de Tila, Chiapas, cuyo nombre se ha convertido en un llamado a no rendirse. Su ausencia representa a todas las personas que el Estado no ha buscado y que las comunidades seguimos esperando. Minerva nos recuerda que la montaña guarda la memoria y sostiene la resistencia.

Para el No Olvido de los siguientes crímenes de lesa humanidad que tienen un impacto hasta hoy: la Masacre de Acteal; la Masacre de Viejo Velasco, la ejecución extrajudicial de Simón Pedro; el asesinato impune de Jtatik Marcelo; la desaparición forzada de Antonio González Méndez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; las desapariciones forzadas en general en México durante el periodo de la Guerra Sucia; los desplazamientos forzados en la zona Altos y los ejecutados extrajudicialmente, desparecidos y desplazados forzadamente en la zona Norte; la Masacre de Nueva Morelia; el genocidio contra el pueblo Ixil y las masacres durante la guerra en Guatemala; y la continuidad hasta el día de hoy. Y exigimos un alto a la violencia sexual contra las mujeres.  y a la utilización del cuerpo de la mujer como botín de guerra del pasado y del presente, así como toda nuestra solidaridad e indignación en contra del exterminio contra los pueblos del mundo, siendo el más evidente el actual genocidio realizado en contra del Pueblo Palestino.

Así también acudimos a este foro, compañeras, compañeros de diferentes pueblos y de territorios donde organizaciones y colectivos luchamos juntos. Todas y todos firmamos este pronunciamiento porque nos une la fuerza, la resistencia como pueblos por el dolor y la indignación, que nos atraviesa por la violencia estructural que proviene del Estado, de las elites económicas y de grupos de la delincuencia organizada coludidos con las instancias gubernamentales, que siguen violentando a las comunidades.

Llegamos aquí para renovar nuestra apuesta por la vida con relación a nuestro caminar por la verdad, la justicia y la no repetición. Es por ello que no aceptamos el olvido ni la impunidad.

Durante estos dos días escuchamos testimonios de personas sobrevivientes de Crímenes de Lesa Humanidad. Las familias y comunidades hablaron de desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados, tortura, amenazas y estrategias de contrainsurgencia que no han cesado.  La violencia continúa, cambia de forma, pero sigue afectando a nuestras comunidades. Y la impunidad sigue siendo la respuesta del Estado.

Aquí afirmamos que la memoria es una manera de resistir. Es un modo de cuidar a quienes ya no están y de proteger a quienes seguimos aquí, como a las nuevas generaciones. La memoria es el territorio donde habita la dignidad.

Destacamos en este foro otras formas de resistencia, y de fortalecimiento de La Otra Justicia: una justicia de quienes estamos luchando por nuestras víctimas a través de expresiones y representaciones que nos ayudan a transformar el  dolor en pasión por una vida más digna. Aquí la Poesía es palabra candente que no se tuerce; aquí el canto es voz del pasado que resuena en los altos Chiapas y en cada cuerpo nos envuelve; aquí la danza nos mueve hacia el alma grande de los pueblos que nos anima y las nuevas generaciones que emergen y que reclaman la dignidad y la alegría por nuevas prácticas de resistencia.

Dijimos que la verdad no se esconde. Las comunidades compartieron lo que ocurrió en cada uno de los territorios de Chiapas y Guatemala. No aceptamos versiones oficiales que buscan confundir, justificar o tergiversar la realidad mediante la demagogia, el negacionismo y la propaganda. La verdad inocultable está en la palabra de las personas sobrevivientes, marcada en su piel; en los testimonios de las familias y en la memoria y proyecto de vida.

Sabemos que la verdad y la justicia no llegan solas, las hemos buscado y exigido durante décadas y seguimos sin respuestas. Por eso afirmamos que se construyen desde abajo, desde las comunidades, desde la organización y desde la solidaridad entre pueblos.

Las mujeres han mostrado que esta lucha se sostiene gracias a su fuerza y su constancia. Ellas son guardianas de la memoria.
Señalamos la falta de voluntad de los Estados de México y Guatemala en la aplicación de la justicia por los crímenes de genocidio y de lesa humanidad que ellos mismos permitieron, cometieron; y de los cuales son responsables así como de los agravios que han herido a nuestras comunidades, es importante remarcar que todo este conjunto de impunes masacres, asesinatos y desapariciones se ha dado por la lucha en defensa de los territorios, enfrentándose contra intereses de empresarios, gobiernos, fuerzas armadas y delincuencia organizada que ambicionan el control de dichos territorios, considerando que en Chiapas y Guatemala  poseen una invaluable biodiversidad, macizos forestales y caudales de aguas, todo ello ubicados en los territorios de los pueblos originarios.

Mantener viva la memoria de Minerva, y de todas las personas que nos faltan, es un compromiso irrenunciable. No aceptamos el silencio, el olvido, la impunidad. Seguiremos nombrando a nuestros desaparecidos y desaparecidas; y denunciando a la proliferación de grupos de la delincuencia organizada. Es por ello que nuestra memoria surge y exige Justicia. Lo hacemos por quienes ya no están, por quienes seguimos aquí y por quienes vendrán. La memoria está presente.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, nos comprometemos a seguir luchando por la verdad y la justicia en cada uno de nuestros territorios; a fortalecer la relación entre los pueblos de México y Guatemala para caminar unidos en un solo corazón; porque somos raíz profunda de estas tierras mesoamericanas.

Minerva, tu nombre y tu corazón latiente sigue pulsando entre nosotras; en los caminos de la montaña.

Firman: 

Organización de la Sociedad Civil de La Abejas de Acteal

Familiares de Antonio González Méndez

Centro de Derechos Humanos de la Libertad Indígena-Xinich

Colembij (Colectivo para la memoria y búsqueda de la Justicia)

Mujeres sobrevivientes del Pueblo Ixil

Centro para Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH

Maderas del Pueblo 

Huellas de Memoria

Salud y Desarrollo Comunitario

Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Con el acompañamiento de:

Swefor (Movimiento sueco por la reconciliación), 

Sipaz (Servicio Internacional para la Paz)

Agiamondo (Servicio Civil para la Paz)

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

12 de junio de 2026

Boletín No. 08

Ataque y hostigamiento a comunidades del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, Michoacán y Chiapas

• Desaparición, despojo, asesinatos y criminalización, entre las graves agresiones hacia las comunidades del CNI

• Omisión por parte del Estado mexicano ante las denuncias de los Pueblos, organizaciones y colectivos

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresamos nuestra preocupación y nos unimos a la denuncia de los pueblos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Guerrero, Michoacán y Chiapas, afectadas por la escalada de violencia, incrementada en los meses de mayo y junio de 2026. Esta situación mantiene a las comunidades en resistencia bajo asedio poniendo en riesgo, la vida, seguridad, integridad, autonomía y ejercicio de derechos colectivos.

A partir del 6 de mayo de 2026, el grupo de la Delincuencia Organizada (DO) “Los Ardillos” intensificaron ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementaron tácticas paramilitares contra las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la Montaña baja de Guerrero, provocando el desplazamiento de 3,200 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección y permisividad del Estado mexicano.

En los días del 6 al 12 mayo la violencia se profundizó alcanzando a la comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del Cipog‑EZ, en donde sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. Además, ocho personas fueron asesinadas, siendo los siguientes compañeros: José Guadalupe Ahuejote Xanteco, originario de Xicotlan; Víctor Ahuejote Arribeño, originario de Xicotlan; Saturnino Bartolo Tlalcorral, originario de Xicotlan; Benito Tlalcorral Rito, originario de Xicotlan; Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Eusebio Migueleño Zoyateco, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Martin Flores Migueleño, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; y Marcelo Calvario Hilario, originario de Acahuehuetlán.¹

Es preciso señalar que desde el 2015, por la embestida brutal de la DO, el Cipog-EZ ha registrado 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas.

El 28 de mayo de 2026, otro grupo de la DO asesinó a los comuneros de la Comunidad Indígena Pómaro (municipio de Aquila), Lucas Florentino Torentino, tesorero de Bienes Comunales, y Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez Martínez; y causó heridas graves a la profesora purépecha Adelaida Zacarías Pascual.

Por lo ocurrido, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena Santa María Ostula, denunciaron públicamente los múltiples asesinatos solidarizándose con la Comunidad Pómaro. Estos hechos han marcado profundamente a los pueblos indígenas de Michoacán, quienes han venido sufriendo, en los últimos 20 años, por parte de la DO, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados; acosos, daños y violencia generalizada.²

Por otro lado, en Chiapas, integrantes del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Caracol “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han denunciado discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo de sus locales por el Consejo de Administración de la Coalición de Locatarios del mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, así como la prefabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.³

El día 21 de mayo de 2026, nueve personas, integrantes del CNI Jotolá, fueron vinculadas a proceso y acusadas injustamente, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, por el delito de despojo agravado con violencia. Entre estas personas, Francisco Moreno Hernández continúa privado de la libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 12 de Yajalón.

Anteriormente, el 12 de febrero de 2026, en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, se llevó a cabo un desalojo violento contra estas personas y sus familias (por un total de 35 personas maya tseltal) que fueron desplazadas de manera forzada, entre ellas una mujer embarazada y 17 menores de edad (entre ellos dos menores con discapacidad). En el evento sus casas fueron destruidas, sus pertenencias robadas y dos personas sufrieron privación arbitraria de la libertad y tortura. Cabe destacar que estas acciones de criminalización y desplazamiento se llevaron a cabo con la presencia del Instituto Nacional Indígena, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia indígena, y el Tribunal Agrario.⁴

Dicha situación está enmarcada en un patrón sistemático de despojo territorial y criminalización en contra de las personas defensoras de la tierra y territorio; conducta que, en la actualidad, se recrudece sobre las tierras recuperadas en el 1994 con la imposición de proyectos carreteros, extractivistas y de turismo en la región. Todo esto aumenta la violación al derecho a la tierra y territorio de los pueblos originarios y al derecho a decidir sobre su proyecto de vida de acuerdo con su cultura.

En este mismo sentido, el CNI de Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, enfrenta también amenazas a su territorio y ha expresado su rechazo absoluto al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin realizar la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en las Declaraciones de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como en el artículo 2º de la Constitución mexicana. Las comunidades señalan que las obras iniciaron desde el año pasado, lo que ha generado división interna y pone en riesgo su forma de vida.⁵

Frente a esta cadena de violencias que atraviesa territorios y vidas, denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano por su omisión sistemática, su incapacidad y su complicidad, al no actuar para frenar el avance de la DO y de las estructuras que sostienen el despojo. Lo que hoy enfrentan las comunidades del CNI en Guerrero, Michoacán y Chiapas es resultado de una estrategia de guerra que busca quebrar procesos organizativos, arrebatar territorios y silenciar la defensa de la vida.

Por lo anteriormente mencionado convocamos a la solidaridad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, colectivos, pueblos originarios, defensoras y defensores de derechos humanos; así como a la sociedad civil en general, a manifestarse y expresar su apoyo e indignación ante estos actos de hostigamiento y represión contra las comunidades integrantes del CNI en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas que luchan en defensa de la tierra y la vida. Esta violencia ejercida es parte de una estrategia sistemática de ataque y despojo que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.

1Acción Urgente: Ataques armados, desplazamiento forzado de comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero. https://frayba.org.mx/260512_au02

2Pronunciamiento por el que la Comunidad Indígena de Santa María Ostula condena enérgicamente los homicidios cometidos en agravio de comuneros pertenecientes a la hermana Comunidad de Indígena de Pómaro y de un profesor integrante del Pueblo Purepecha. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/05/29/pronunciamiento-por-el-que-la-comunidad-indigena-de-santa-maria-ostula-condena-energicamente-los-homicidios-cometidos-en-agravio-de-comuneros-pertenecientes-a-la-hermana-comunidad-indigena-de-pomaro-y/

3Denuncia Pública de Comisión de Locatarios Afectados integrantes del Congreso Nacional Indígena “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/06/08/denuncia-publica-de-comision-de-locatarios-afectados-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-samir-flores-soberanes-zona-10-patria-nueva-ocosingo-chiapas/

4Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá https://frayba.org.mx/270226-desplazamiento-criminalizacion-jotola

5Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos al-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos

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Vía Amnistía Internacional México:

🚨 Dora Roblero y el Centro de Derechos Humanos FrayBa están bajo ataque.
En menos de un año, han sufrido más de 51 agresiones sin que el Estado garantice su seguridad.
✊ Exige junto con Amnistía Internacional:
✔️ Protección inmediata y efectiva
✔️ Cumplimiento de las medidas de la CIDH
✔️ Investigación de los ataques
🖊️ Firma la Acción Urgente y exige justicia 👉 https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/accion-urgente-detener-ataques-contra-lilia-roblero-centro-de-derechos-humanos-fray-bartolome-de-las-casas/

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de mayo de 2026

Boletín no. 07

Fiscalía y Jueces en Chiapas criminalizan a integrantes del Congreso Nacional Indígena de la Comunidad de Jotolá, mediante la fábrica de culpables

• Ni las graves inconsistencias de los peritajes impidieron que el estado de Chiapas avanzara contra personas del pueblo maya tseltal, adultas mayores en condición de vulnerabilidad

• La justicia federal debe decidir si detiene esta persecución o permite que continúe la violación de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno

El 21 de mayo de 2026, nueve personas de la familia Moreno Hernández, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), comparecieron ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, en la que se les acusa injustamente del delito de despojo agravado. A pesar de que durante la audiencia la Fiscalía presentó peritajes con graves inconsistencias, el Juez de Control Agustín López decidió vincular a proceso a todas las personas imputadas, incluidas dos adultas mayores, una mujer y un hombre de 73 y 85 años, respectivamente, con debilidad auditiva y quien no sabe leer ni escribir. Asimismo, fueron vinculadas a proceso tres mujeres indígenas, madres responsables del cuidado de 12 hijas e hijos menores de edad.

En esta audiencia no se impuso ninguna medida cautelar, como detención o firma periódica, gracias al amparo promovido por abogados del CNI. Sin embargo, el proceso de judicialización continúa y persiste el riesgo de que, una vez que el Juez federal emita su resolución, el Juez de Control de Yajalón imponga medidas cautelares.

Preocupa la parcialidad y la arbitrariedad con las que se ha conducido el proceso jurídico, así como la actitud tendenciosa del Ministerio Público, orientada a imponer las medidas más lesivas contra las personas imputadas, como ya ocurrió con Francisco Moreno Hernández, quien continúa privado de su libertad de manera injusta por la fábrica de culpables. Lo anterior constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la seguridad jurídica, así como a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales y regionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Cabe señalar que las nueve personas imputadas, más Francisco Moreno Hernández, junto con otras 25 personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, son víctimas de desplazamiento forzado tras las acciones represivas ocurridas el 12 de febrero de 2026, en el ejido de Jotolá, municipio de Chilón, hechos perpetrados en tierras recuperadas legítimamente en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Desde entonces, esas tierras fueron ocupadas de forma pacífica, continua y pública durante 30 años por la familia Hernández Moreno.

En el operativo mencionado se incurrió en prácticas estatales orientadas a intimidar, silenciar y coaccionar a la población, -mediante actos de tortura y uso excesivo de la fuerza pública. En estos hechos participaron la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia Indígena, el Tribunal Agrario y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También se vulneró el derecho a la propiedad comunal y ancestral de los pueblos indígenas, reconocido en normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, exhortamos: a los jueces federales a tomar en cuenta las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso y resolver a favor de las 35 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, incluidas niñas, niños y adolescentes; al Juzgado de Control a abstenerse de ejecutar cualquier acto de detención o reaprehensión en contra de las nueve personas.

Llamamos con urgencia a la solidaridad nacional e internacional para acompañar a las familias tseltales criminalizadas y desplazadas, exigiendo el cese inmediato de la persecución judicial. Es necesario que organizaciones, colectivos, comunidades, medios libres, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil se mantengan atentas, se pronuncien públicamente y actúen para impedir que la represión y la impunidad sigan avanzando contra los pueblos que están en la defensa de su territorio.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

5 de mayo de 2026

Boletín No. 5

El CED de la ONU emite una Acción Urgente por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas

El 1 de mayo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió al Estado mexicano la Acción Urgente No. 2316/2026, relativa a la desaparición forzada del señor Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal, del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas. Ángel fue desaparecido el 24 de abril de 2026 por un grupo vinculado a la delincuencia organizada, en el contexto de violencia generalizada en la región y hasta la fecha no existe información sobre su suerte o paradero.

Ante esta situación, el Comité ha requerido al Estado mexicano que emprenda de manera inmediata acciones de búsqueda y localización, además de una serie de medidas orientadas a fortalecer la investigación y garantizar la participación de la familia y sus representantes.

1. Búsqueda del Sr. Ángel Jiménez López e investigación de su alegada desaparición forzada.

El Comité solicita que los procesos de búsqueda e investigación se desarrollen bajo una estrategia integral y coordinada, con un plan de acción y un cronograma claro para su ejecución inmediata. Estas acciones deben realizarse con la debida diligencia, considerando todas las hipótesis y la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrieron los hechos, así como la identificación de los perpetradores materiales e intelectuales.

2. Acceso a la información y participación de los allegados y representantes del Sr. Ángel Jiménez López.

Las autoridades responsables deberán informar periódicamente a los allegados y representantes de Ángel sobre los avances en la búsqueda y la investigación, incluyendo los retos enfrentados y los resultados obtenidos. Asimismo, deberán garantizar su participación efectiva en todas las etapas de los procesos, asegurando que sus aportes, experiencias, sugerencias y cuestionamientos sean tomados en cuenta como insumos para fortalecer las acciones emprendidas.

El CED subraya la urgencia de que las autoridades mexicanas actúen de inmediato para buscar y localizar a Ángel, e instruye al Estado a implementar cada una de las recomendaciones transmitidas, informando sin demora sobre las medidas adoptadas a más tardar el 15 de mayo de 2026.

El pueblo organizado del municipio de Nicolás Ruiz, la familia de Ángel y sus representantes reconocemos la disposición del Comité para velar por los derechos humanos de las personas indígenas desaparecidas. En virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, exigimos al Estado mexicano implementar todas y cada una de las recomendaciones de la Acción Urgente No. 2316/2026 y demostrar su voluntad real y efectiva para dar con el paradero con vida de Ángel Jiménez López, así como de las demás personas desaparecidas en Chiapas.

En México según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha registrado 133,637 personas desaparecidas y no localizadas. En Chiapas se reportan 1,991 personas desaparecidas, de los cuales 573 personas desaparecidas son registradas en el periodo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En los municipios de la región han desaparecido 22 personas, en Venustiano Carranza 7; en Teopisca 3; en Amatenango del Valle 4; en Nicolas Ruiz 1; en Acala 3 y en Villa Las Rosas 4. Estas desapariciones ocurren en un contexto de violencia generalizada y sistemática provocada por grupos armados vinculados con la delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y tolerancia de autoridades mexicanas.

El caso de Ángel ejemplifica la grave situación de seguridad en la zona y el contexto de las desapariciones forzadas en Chiapas y todo el país, que motivo al CED en abril de 2026 solicitar al Secretario General de la ONU que remita la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General.

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Firma y envía las cartas

El jueves 16 de abril a las 12 hrs se llevará a cabo la audiencia inicial de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Moreno Hernández, en el tribunal de enjuiciamiento de Yajalón por el supuesto delito de despojo agravado. Son diez personas integrantes del (CNI)  Chiapas, acusadas por  el delito referido.

Ante esta situación, interpelamos a las autoridades para garantizar, respetar y proteger la libertad, la vida, la integridad y seguridad personal e  invitamos a la sociedad civil a enviar cartas a la Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal de Justicia Indígena y al Tribunal Superior de Justicia para solicitar su intervención con relación a la audiencia inicial de Antonia, Jerónimo y Victorio.

Firma y envía las cartas desde tu correo electrónico aquí:

https://frayba.org.mx/carteo-para-la-liberacion-de-los-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-de-jotola-chiapas

#AlertaporAntonia,JerónimoyVictorio #LibertadParaFranciscoyMariadeJesús #AltoALaCriminalizaciónEnJotolá #NoAlDespojoEnJotolá #CNI