Empresa PINFRA ingresa ilegal y violentamente en tierras ejidales para construcción de autopista Tuxpan-México
DENUNCIA URGENTE DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS y ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI)
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)
A LAS REDES DE APOYO AL CIG-CNI
A LOS ADHERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MÉXICO
El pasado 6 de marzo de 2019, denunciamos la entrada ilegal de trabajadores, camiones y maquinaria pesada de la empresa PINFRA concesionaria del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a los terrenos ejidales de la comunidad de Nexquipayac, municipio de Atenco, ubicados en la ribera del Lago de Texcoco al Oriente del Estado de México, que pretendían continuar asfaltando el tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco de la autopista Tuxpan-México, por lo que un grupo de ejidatarios les impidieron el paso, obligándolos a retirarse y advirtiéndoles que no podían ingresar ya que la empresa no cuenta con la autorización y tampoco ha presentado ante la comunidad los planos del proyecto que afectará sus tierras. Asimismo, y dado que conocemos el “modus operandi” tanto de los malos gobiernos sin distinción de partido político como de empresarios sin escrúpulos, advertíamos de posibles nuevos intentos, la utilización de la fuerza pública y de golpeadores paramilitares, porque es así como se ha venido imponiendo esta mega-obra asociada al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco, cuya supuesta cancelación no fue sino una maniobra mediática desmovilizadora.
Hoy sábado 23 de marzo de 2019, violando las leyes, falseando información y con la complicidad del comisariado ejidal corrupto de Nexquipayac (actualmente demandado por los ejidatarios por la alteración del acta del 4-marzo-2018 en flagrante violación a los acuerdos de asamblea) y del Tribunal Agrario 23 con sede en Texcoco (que ha decidido retrasar las audiencias a los ejidatarios por un lapso de 2 meses), la empresa PINFRA ha ingresado nuevamente a los Ejidos de Nexquipayac en la ribera del Lago de Texcoco, esta vez custodiados por cerca de un centenar de golpeadores y gente armada, que vigilan el avance de los trabajos de este tramo de la autopista Tuxpan-México y amenazan a ejidatarios y pobladores originarios.
Frayba: La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado
- A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.
La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)
En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)
Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.