Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.
En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.
Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.
Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.
Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
El sistema carcelario en Chiapas, un contexto inhumano y degradante
Crisis humanitaria en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá.
El Estado mexicano debe tratar a todas las Personas Privadas de la Libertad con respeto y dignidad.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hemos documentado un patrón preocupante en varios Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas, donde el autogobierno interno en complicidad con las autoridades carcelarias genera múltiples violaciones a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) como actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de hacinamiento. Estas prácticas son parte de un método de actuación del sistema de justicia que hemos denominado “Fábrica de Culpables”, el cual viola sistemáticamente el debido proceso legal.
Desde marzo de 2024 hemos señalado la situación de sobrepoblación carcelaria que se padece en el CERSS No. 17 “El Bambú”, del municipio de Playas de Catazajá, con 478 internos cuando la capacidad máxima es de 120 personas; junto al hacinamiento al interior de las celdas, donde en un espacio de 9 metros cuadrados mantienen hasta 18 personas. Esta situación ha hecho que aumente el riesgo de enfermedades infecciosas, situación que se agrava por un sistema inmunológico comprometido.
Advertimos también la presencia de múltiples enfermedades reflejadas en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos y protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios presentados en las PPL.
El foco de infección que presentan empeora sin un tratamiento oportuno y adecuado, lo que lleva a complicaciones graves como septicemia u otras infecciones sistémicas. La falta de seguimiento médico y observación constante reflejan el nulo monitoreo de la evolución de la infección, mucho menos se interviene eficazmente para mitigar el riesgo.
La respuesta de las autoridades carcelarias ha sido el traslado forzado e injustificado de la población a otros CERSS, faltando a la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud efectiva y sin discriminación, poniendo en grave peligro la vida e integridad, realizados sin un debido proceso ni recurso efectivo, lo que impacta a la vida familiar de las personas en reclusión, comprometiendo la salud física y mental al exponerlos a condiciones inseguras y limitar su acceso a atención médica adecuada durante el trayecto.
Lo anterior representa múltiples violaciones a derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación y alimentación. También afecta la salud mental, exacerbando el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, el encierro en condiciones tan precarias y la falta de espacio adecuado violan el derecho a condiciones de detención dignas, socavando la dignidad y el respeto como individuos bajo custodia del Estado.
Hacemos un llamado al Estado mexicano a que adopte urgentemente medidas que salvaguarden la salud física y mental para la población recluida en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá, y en todos los centros penitenciarios de Chiapas, tomando en cuenta los estándares universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las Personas Privadas de la Libertad, contempladas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Además de atender la situación de hacinamiento, dejando de lado las medidas arbitrarias e ilegales o represivas que impliquen traslados forzados.
— EUA: Entrevista a Carolina Saldaña sobre las acciones por la libertad del preso político Mumia Abu Jamal. Anuncia traducción de nuevo libro sobre lucha anticarcelaria. Por NdA.
— GUATEMALA: Lolita Chávez, La Nieta del Pueblo Maya K’iche’ regresa a Ixim Ulew: Un viaje de reconexión y resistencia. Acompañada de una delegación, regresa tras 10 años de exilio por amenazas de muerte. Fuente: De pueblo y barrio.
— CHILE: Las luchas contra la prisión política en Chile llaman a luchar por la libertad de los presos políticos del ataque policiaco a Villa Francia. El preso político Mapuche de la CAM Héctor Laiquitul inicia huelga líquida para denunciar la política represiva del régimen de Boric. Y se realizan jornadas para la libertad de anarquistas presos como Francisco Solar para sacarlo de aislamiento. Fuente: Buskando la Kalle. Fuente: Federación Anarquista | Informativo Anarquista
— CHIAPAS: ENTREVISTA a NO ESTAMOS TODOS sobre el caso José Díaz, el zapatista, base de apoyo preso injustamente y de la lucha anticarcelaria en Chiapas. Por Nda.
— GUERRERO: Los huracanes de la violencia. Un panorama desolador en Guerrero.
La omnipresencia de los grupos criminales se ha normalizado al punto de imponer un estilo de represión caciquil y militar. Fuente: Tlachinollan.
— MÉXICO: Convocan a la quinta Asamblea Nacional del Agua, la vida y el territorio. Un espacio de resistencias comunitarias y populares, el próximo 17 Y 18 de Agosto.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 11 de Julio de 2024
Boletín No. 16
El Estado mexicano mantiene como rehén a Base de Apoyo del EZLN
Con dilación judicial culmina el desahogo de pruebas en juicio de José Díaz.
Advertimos una investigación deficiente y sucia para criminalizar al Base de Apoyo y a cuatro más de sus compañeros zapatistas.
Finalizó el proceso de desahogo de pruebas después de 1 mes y 4 días, en contra de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). La apertura a Juicio inició el 4 de junio para culminar el 8 de Julio del presente año, fijándose el próximo 6 de agosto a las 17:00 horas para llevarse a cabo la audiencia de alegatos de clausura, que da pie para el pronunciamiento de la sentencia. En este contexto, José Díaz permanecerá 1 año y 9 meses como rehén del Estado mexicano y sujeto a criminalización por un delito que no cuenta con sustento probatorio para condenarlo.
Durante el desahogo de 4 pruebas, el Fiscal del Ministerio Público del Distrito Selva pretendió vincular la participación del delito de robo ejecutado con violencia en contra del BAEZLN. Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público no cumplió con los requerimientos de ser objetiva, ni logró acreditar la teoría del caso, además existió deficiencia e insuficiencia probatoria.
Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Desde contradicciones en el modo, lugar y tiempo del supuesto delito, hasta la falta de pruebas sustanciales como la acreditación de la preexistencia del delito y la experiencia del perito contable, cada detalle revela una investigación deficiente con injusticia en el proceso judicial.
La posibilidad de que José Díaz y otros cuatro BAEZLN con órdenes de aprehensión sean sentenciados injustamente es alarmante, dado el cúmulo de irregularidades y falta de fundamentos sólidos en su contra.
El juez al emitir su sentencia además de considerar el estándar del delito de robo, deberá tomar en cuenta que se trata de una criminalización por motivos políticos en medio de un patrón de fabricación de culpables en contra de personas defensoras indígenas, además de considerar el contexto en el que se lleva a cabo el supuesto robo, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean este caso y que demuestran que la fiscalía no realizó una investigación legal, científica y objetiva.
Así también, el Juez debe dictar sentencia absolutoria atendiendo a los numerales 20 inciso A fracción I de la Constitución, que ordena proteger al inocente, 20 inciso B fracción I que establece el principio de presunción de inocencia, relacionado con el numeral 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de duda razonable establecido en los numerales 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios pro persona e indubio pro reo.
Por lo anterior exigimos al gobierno Estatal y Federal, y en particular al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de José Díaz Gómez con una sentencia absolutoria.
Agradecemos e insistimos en el llamado a todas las personas, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, a continuar solidarizándose y seguir exigiendo la libertad inmediata de José Díaz Gómez y que cancele las órdenes de aprehensión en contra de las 4 BAEZLN. Así como estar pendientes de las acciones en el marco del dictamen de sentencia la semana del 29 de julio al 6 de agosto.
Durante dos años, Promedios de Comunicación Comunitaria y Habitar La Escucha trabajaron en un nuevo proyecto de producción radiofónica llamado El Fogón de las Palabras. Laboratorio de historias comunitarias, que contará con un podcast mensual. Este nuevo proyecto se presentó este pasado 6 de julio de 2024 en el espacio Sendas, en San Cristóbal de Las Casas. Allí se compartió el primer podcast, con historias creadas y narradas por distintas comunidades de Chiapas y Guatemala, y contó con la participación de compañeras y compañeros de estas organizaciones y colectivos, quienes compartieron su palabra.
Animales que protegen la tierra; el agua como fuente de vida y cuidadora de la comunidad; un meteorito, la luna y las personas que trabajan y defienden su territorio; son algunos de los personajes en los relatos creados en el Laboratorio de Historias Comunitarias que nos narran la vida y trabajo, las luchas y esperanzas de los y las integrantes del “Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García” del municipio de Chicomuselo, Chiapas
El fogón de las palabras es un proyecto interdisciplinario que busca abrir espacios de encuentro y escuchaa través de la comunicación popular y el arte comunitario, donde las personas puedan crear y narrar sus propias historias, basadas en sus experiencias cotidianas y el contexto de resistencia en el que viven, así como en los relatos, mitos y leyendas que les conforman como comunidad.
Se busca que los grupos participantes puedan generar otros contenidos -desde sus propias voces y su visión del mundo- para difundir su labor, defender su lucha, denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos y construir alternativas de vida desde la esperanza. El anhelo es ser un megáfono de estas historias, fortalecer los vínculos entre los colectivos y organizaciones participantes y alimentar la red de difusión de radios comunitarias y medios libres a nivel regional, nacional e internacional.
Palabra pública por la liberación inmediata e incondicional de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del EZLN, Defensor del Territorio de Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas
06 de Julio de 2024
Demandamos que el juzgado de Catazajá Chiapas cumpla con su deber de impartir justicia verdadera a nuestro hermano José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), Defensor de la vida y el Territorio, originario de Ranchería el Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas acusado injustamente, que desde el 25 de noviembre de 2022 fue secuestrado y rehén por el gobierno del Estado de Chiapas, donde le fabricaron un delito de robo ejecutado con violencia, estrategia del Gobierno para encarcelar a los más indefensos.
En el marco de la apertura del juicio oral que dio inicio el 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, solo han llevado a la larga su proceso penal, estamos sabedores que el 8 de julio de 2024, se dará continuidad a su proceso, para posteriormente dictarse una sentencia, nos preocupa que el Juez vaya a dictar una sentencia de condena a nuestro compañero sin prueba alguna que justifique su encarcelamiento y criminalización. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José Díaz, al tratarse de un delito fabricado.
Repudiamos la actitud de las autoridades por el maltrato a nuestro hermano José Díaz Gómez al ser víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, víctima de tortura, desaparecido e incomunicado por la policía especializada de la fiscalía del Distrito Selva, estratégicamente le hicieron firmar y poner su huella en varios papeles en blanco y no le facilitaron un traductor de su lengua materna Ch´ol , ni por un abogado, lo que es una grave violación a sus derechos humanos.
Nos unimos a la voz de todos aquellos que claman justicia desde las cárceles:
EXIGIMOS:
• La liberación inmediata e incondicional de nuestro hermano Defensor de la vida y el Territorio José Díaz Gómez BAEZLN y de otros cuatro hermanos de Base de Apoyo Zapatista, que tenemos conocimiento que cuentan con órdenes de aprehensión. • Respeto a nuestros derechos humanos indígenas. • Respeto a nuestras autonomías comunitarias. • Basta de los trabajos sucios e ineptos de los jueces y la fiscalía del Estado. • Basta de la corrupción de las autoridades que ponen en riesgo la vida de los más indefensos. • Basta del encarcelamiento y criminalización injustificado de los más indefensos.
ATENTAMENTE CONCEJO DEL GOBIERNO COMUNITARIO Chilón, Chiapas.
El falso rostro de la justicia. A tres años del asesinato del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López
El día de hoy se cumplen tres años de que le arrebataron la vida al defensor de derechos humanos, maya tsotsil, Simón Pedro Pérez López en el mercado municipal de Simojovel, Chiapas. El 31 de marzo pasado se cumplió un año de que fue condenado el autor material del hecho; esta sentencia es insuficiente para garantizar la verdad y reparación integral, sin embargo, el Estado cierra los caminos para una justicia cabal.
Pese a que la familia de Simón, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y acompañantes exigimos que se investigara su asesinato como represalia por su labor de defensa de los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas fue omisa al respecto y sólo se dedicó a probar la responsabilidad del autor material. Con ello la verdad se alejó, pues no se investigó el móvil ni a los autores intelectuales.
Días después del asesinato de Simón Pedro, en esta comunidad de Nuevo Israelita, se encontraron artefactos y detonadores que pusieron en peligro a todas las personas del lugar. Para su desactivación tuvieron que acudir elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional a casas de habitantes vinculados con la Delincuencia Organizada; la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República sin que a la fecha se conozca algún avance.
Simón Pedro fue un servidor comunitario en distintas esferas, catequista, luchador social y defensor de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Es así como lo recordamos, como un constructor de vida.
Sostenemos que la causa de su asesinato fue por su trabajo por la paz y su compromiso con la no violencia, espíritu que caracteriza a la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a la cual pertenecía, así como por la labor de denuncia de las injusticias y de las violaciones a derechos humanos que vivían y siguen viviendo las comunidades.
Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos agravian no sólo a sus familias, también transgreden a sus comunidades y a la sociedad en general. Las agresiones y la impunidad incitan a nuevas agresiones y envían un mensaje intimidatorio a quienes luchan por una vida digna.
Animamos a las familias, comunidades y pueblos a que se sigan organizando para defender sus derechos colectivos, sus tierras y territorios, así como a denunciar las violaciones a derechos humanos que actualmente sufren los pueblos y comunidades quienes se encuentran en medio de un contexto de violencia aguda y control territorial por parte de grupos criminales.
Exigimos al Estado mexicano que reconozca que Simón Pedro fue asesinado por su labor como persona defensora de los derechos humanos y que la Fiscalía de Justicia indígena abra nuevas líneas de investigación para dar con los autores intelectuales. Que la impunidad no se convierta en una forma de tolerancia que alimente la violencia.
ANTE LA REPRESIÓN Y CRIMENES DEL ESTADO, LA SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS
Al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos que luchan y resisten
A los medios de comunicación
A solamente 19 días de la Farsa electoral, en la que se hace oficial la imposición de Claudia Sheinbaum como responsable de continuar el proyecto de muerte llamado cuarta transformación, y para hacer alarde de su caracter violento, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con represión, sangre y secuestro estatal a pueblos que defienden su territorio y ejercen sus derechos a la autodeterminación, a la protesta, la libertad de expresión y a un medio ambiente sano. El satíricamente llamado «segundo piso» de la cuarta transformación se inaugura con violencia sangrienta. Es la cruenta guerra por el agua y contra los pueblos, es la defensa del gran capital con el uso de toda la fuerza militar, policiaca y paramilitar. Es la guerra contra la vida.
Con rabia e indignación, los pueblos, organizaciones, colectivos e individu@s que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida denunciamos públicamente el recrudecimiento de la violencia de Estado contra los pueblos y todos aquellos que defienden los derechos al agua, a la tierra, al trabajo, a la vida.
-Corte de luz e intimidación a la Comunidad Otomí
Alrededor de las 12:00 hrs del 20 de junio del presente año, la Comisión Federal de Electricidad realizó, una vez más, el corte de energía eléctrica a la Casa de los pueblos donde habitan bebés, niños, jóvenes con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres, con lo cual se suspende también la disponibilidad de agua y drenaje afectando directamente la salud y bienestar de las familias que integran la Comunidad Otomí Residente en la CDMX originarios de Santiago Mexquititlan.
Al rededor de las 18:45 hrs aumenta la presencia policiaca en las inmediaciones de la Casa de los pueblos anunciando una posible represión. Hasta el momento de la publicación del presente comunicado no se ha restablecido la energía eléctrica.
Ante la imposibilidad de resolver las demandas de la Comunidad en mesas de diálogo, la salida que el gobierno plantea para «resolver» el conflicto es la violencia que culminaría en el desalojo de la comunidad otomí de la Casa de los Pueblos, aunado a la criminalización en contra de los miembros de la comunidad y del compañero Diego García de UPREZ Benito Juárez.
-Amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a compañeros
Tras el anuncio de la orden por parte de un juez federal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de la recolocación de los sellos de clausura en el basurero de San Pedro Cholula por incumplimiento de las normas de funcionamiento, el secretario de gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, declaró que existe un litigio por parte de la empresa Profaj Hidro Limpieza para que se ejecute un desalojo del plantón contra el basurero usando la fuerza represiva del Estado. Esto aunado a las reiteradas declaraciones del mismo en torno a cuatro órdenes de aprehensión en contra de pobladores que luchan contra el basurero. Por otra parte, Juan Carlos Valerio, pseudoperiodista de IMAGEN TV, servil a los intereses del gobierno y el capital, promueve en televisión la represión a los pueblos cholultecas señalando que son solo un grupo reducido de personas y que el basurero no contamina. Denunciamos también los ataques cibernéticos dirigidos a los medios comunitarios de los pueblos cholultecas lo cual violenta su derecho a la libertad de expresión.
-Represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental
El 20 de junio policía de Veracruz reprimió con uso de armas de fuego al Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental de Puebla y Veracruz, para desalojar el plantón que instaló este miércoles frente a Granjas Carroll. La exigencia de los campesinos es que se deje de acaparar y contaminar el agua lo cual ha traído graves afectaciones al campo.
Los elementos de la policía dispararon contra los compañeros, provocando la muerte de dos de ellos. A otros los golpearon brutalmente y posteriormente cercaron al pueblo de Totalco persiguiendo a los habitantes con la finalidad de detenerlos y reprimirlos. Esta agresión por parte de la policía se dio después de haberse comunicado con Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, funcionario del gobierno federal, y con Rafael Mendoza, delegado federal en Veracruz con quienes se buscó un acuerdo para el diálogo, el cual no se llevó a cabo.
Esta región también es afectada por las empresas Driscoll y Audi que bombardean las nubes para evitar la lluvia.
-Agresiones a chinamper@s de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco
El día 19 de junio, Columba Jazmín López Gutiérrez (exdirectora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural) y Juan Abel Vera Martínez(Coordinador del Centro de Innovación e integración Comunitaria No. 4) agredieron física y verbalmente a Frida Rocha y Sócrates Galicia, representante del paraje de San Sebastián Tlacoapa. Ambos documentaban junto a otros compañer@s, a través de sus dispositivos móviles, el recorrido exigido a CORENADR y SACMEX por la zona chinampera, con el objetivo de denunciar la falta de agua en los canales. Asimismo, Abel Vera mandó a traer a sus empleados que laboran como Técnicos, jefes de cuadrillas y cuadrillas de trabajo para intimidar a los asistentes al recorrido, bajo la consigna de que habrían golpes. Por su parte, Columba López buscó censurar la transmisión en vivo de medios libres como Resistencia Chinampera, atropellando el derecho constitucional a grabar y documentar (arts. 6 y 7), y utilizando a sus empleados para hostigar, hacer comentarios pasivo-agresivos, y tomar fotos de los rostros de los compañer@s. Estos actos forman parte de una serie de agresiones continuas en contra de representaciones y autoridades tradicionales del pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, a quienes el estado menosprecia y busca no reconocer como interlocutores legítimos.
-Encarcelamiento de María Cruz Paz.
El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida. Fue detenida arbitrariamente sin explicación alguna. Su detención está relacionada estrechamente a su actividad comprometida con la defensa del territorio, el bosque y la cultura p’urhépecha.
-Violencia en el Ejido Tila
El 4 de junio, el grupo delicuencial «Karma» agredieron a la población con armas de alto calibre provocando terror y desplazamiento forzado en el Ejido Tila, dicho grupo, apoyado por el Ayuntamiento Municipal es responsable del asesinato de Carmen López Lugo el 12 de enero del presente año y de Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, dicho crimen continúa en la impunidad mientras en el Ejido Tila se mantiene una tensión y amenaza constante por el grupo armado. Este grupo paramilitar tiene el objetivo claro de acabar con la autonomía que durante años han construido en este territorio Ch’ol.
-Aplazamiento de la audiencia de José Díaz: El juez no garantizó el derecho a un intérprete,de la lengua materna de José, para poder realizar la audiencia programada el pasado 19 de junio,por lo cual se pospuso, negando una vez más el derecho a un debido proceso y a la defensa adecuada. Lo mismo sucedió en noviembre del 2022, cuando José fue detenido arbitrariamente y no fue asistido por un interprete en lengua ch´ol, ni un abogado,peor aún,la fiscalía le obligó a poner su huella y firmar varios papeles en blanco. No sólo se trata de discriminación y racismo por ser de un pueblo originario,José Díaz es rehén de estado por su adherencia zapatista,ha sido torturado,desaparecido e incomunicado por la policía y ahora se encuentra secuestrado en condiciones carcelarias de tortura, (hacinamiento e insalubridad) bajo la medida de «prisión preventiva oficiosa», con faltas al debido proceso y múltiples violaciones a derechos humanos.
Ante la guerra los pueblos respondemos con rebeldía, solidaridad y organización.
EXIGIMOS
Reconexión de energía eléctrica (luz), alto a la intimidación a la Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México y cumplimiento cabal de sus demandas de vivienda digna.
Cierre definitivo del basurero tóxico de San Pedro Cholula y alto a las amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a la Unión de pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero.
Alto a la represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental, justicia y castigo a los culpables, cese al fuego del estado en contra de la comunidad que defiende su agua.
Alto a las agresiones, actitudes racistas y clasistas contra chinamper@s en Xochimilco
Alto a la violencia paramilitar en el Ejido Tila.
Alto a la censura de los medios libres y comunitarios.
Libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz, del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
Libertad inmediata e incondicional a José Díaz Gómez Base de apoyo Zapatista
Hacemos un llamado a las organizaciones, colectivos e individ@s solidarios a sumarse a las exigencias de Alto a la guerra contra los pueblos a través de acciones y presencia en los espacios en riesgo.
Donde los de arriba destruyen los de abajo reconstruimos.
PALABRA PÚBLICA POR LA LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL
DE JOSÉ DÍAZ GÓMEZ
19 de junio 2024
Demandamos que el juzgado cumpla con su deber de impartir justicia verdadera, a José Díaz Gómez Base de Apoyo del EZLN, del pueblo originario Ch’ol, campesino de 45 años, rehén del Gobierno del estado de Chiapas, está secuestrado desde el 25 de noviembre de 2022, en el CERSS No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia.
En el marco de la apertura de juicio oral que dio inicio este 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, investigación deficiente y pruebas sin el mínimo rigor científico. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José, al tratarse de un delito fabricado. Este miércoles 19 de junio se llevará a cabo su tercera sesión de audiencia de apertura de juicio oral a las 2:00 pm, estaremos atentos y realizaremos acciones en caso de no ser absolutoria la sentencia.
Denunciamos que José Díaz ha sido víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva, en la fiscalía le obligaron a poner su huella, firmar varios papeles en blanco y no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado. Los jueces y fiscales han alargado el proceso y la prisión preventiva oficiosa, al negarle tres veces medidas cautelares, en consecuencia, ha estado viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sólo duerme 3 horas y comparte celda con 18 personas en un espacio de tres por tres metros, es decir vive en condiciones de TORTURA, provocándole enfermedad y daños psicosociales a él, a su familia y a la comunidad en resistencia de la que es parte.
Repudiamos todas estas violaciones los derechos humanos en contra de José, lo cual evidencia el patrón característico de la fabricación de culpables para criminalizar a defensores de la tierra y el territorio, a grupos y comunidades que resisten con dignidad a la destrucción de sus formas propias de vida como pueblos originarios.
El derecho a la libre determinación, aunque reconocido constitucional e internacionalmente, es constantemente violado y pisoteadas las libertades de los pueblos por parte del mal gobierno y sus instituciones, apoyándose en la impunidad y el racismo característico del sistema de impartición de (in) justicia mexicano. José ha sido criminalizado por su adherencia zapatista como parte de la estrategia de Guerra Integral de desgaste emprendida por los diferentes gobiernos incluido el actual, que se autonombra de la Cuarta Transformación. Sin embargo, las personas que nos indignamos frente a la injusticia y el despojo, porque nuestro corazón late abajo y a la izquierda, seguiremos luchando hasta ganar la libertad de nuestro compañero José Díaz y la libertad de nuestras comunidades.
Por todo esto, exigimos:
La cancelación de las cuatro órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro Bases de Apoyo del EZLN por el mismo delito fabricado en contra de José Díaz
El cese de la criminalización a los miembros del Congreso Nacional Indígena.
La libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz Zamora presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio.
Libertad a los cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc Chipas; Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.
Alto al hostigamiento en contra de: la comunidad Otomí residente en CDMX, del compañero Diego García Bautista y la Unión de Pueblos y fraccionamiento contra el basurero y en defensa del agua en Puebla.
¡Libertad inmediata e incondicional para José Díaz Gómez base de apoyo zapatista!
¡Alto a la Guerra contra las comunidades Zapatistas!
¡Alto a la Guerra contra los pueblos!
¡Viva la autonomía!
A T E N T A M E N T E
Jornadas contra la Criminalización y por la libertad
En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.
En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.
Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.
Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas.
Despojo
Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila.
El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.
En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.
Fotos: Agencia Subversiones
La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.
Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.
En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.
Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.
Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.
La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.
Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.
En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.
Paramilitares y crimen
Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario.
Pobladores del ejido Tila durante el primer aniversario de la expulsión del ayuntamiento y el ejercicio de la autonomía indígena. Foto: Agencia Subversiones.
En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.
Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994.
Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.
En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.
La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.
Autoridades ejidales durante el segundo aniversario de la expulsión del ayuntamiento. Foto: Agencia Subversiones.
Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.
“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.
Violencia en incremento, omisión de autoridades
Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.
El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.
Jóvenes indígenas, integrantes de la Guardia Ejidal de Tila durante el segundo aniversario de la expulsión del ayuntamiento. Foto: Regina López.
Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido.
Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.
A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.
Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.
Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.
Desplazamiento
Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.
Asamblea de familias desplazadas realizada en Yajalón. Foto: Orsetta Bellani.
De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.
