A partir de este martes (1) y hasta el 20 de abril, la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) mantendrá una Campaña de Solidaridad Internacional con el objetivo de visibilizar la creciente criminalización, persecución y represión contra el movimiento autonomista del pueblo originario por parte del Estado de Chile.
La Red denuncia que el actual gobierno chileno, bajo la administración de Gabriel Boric, ha intensificado la militarización en favor de grandes empresas forestales y energéticas, por lo cual busca busca exponer las agresiones contra el Wallmapu (territorio ancestral mapuche) y la vulneración sistémica de los derechos del pueblo mapuche.
Acorde a un comunicado difundido el martes (1), esta situación está siendo agravada por una campaña de desinformación mediática que estigmatiza la resistencia mapuche y la presenta como una amenaza terrorista, deslegitimando sus demandas históricas por la autonomía y territorio. A la vez, el aumento de la represión estatal intensifica la detención arbitraria de autoridades ancestrales, como los machi, lonko y werken del pueblo mapuche.
Esto ocurre en medio de la promulgación, en febrero pasado, de la Ley Antiterrorista 21.732, la cual sustituye la normativa impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que, argumenta la Red, transgrede los principios básicos de respeto a los derechos humanos y buscar sembrar miedo y zozobra en las comunidades mapuche.
“Todo parece indicar que es un nuevo instrumento persecutorio ya que no sólo no define qué es una conducta terrorista -más allá de los insuficientes criterios que quedarán al arbitrio de jueces, fiscales, policías y autoridades políticas, sino que tampoco establece con claridad quién la determina y bajo qué contextos, evidenciando que no es más que otra ley al servicio de los poderosos que mantienen invadido el Wallmapu criminalizando así el legítimo derecho a la resistencia en contra de la opresión.
Ante ello, la Red convoca a las expresiones en resistencia, comunidades en lucha, organizaciones locales, nacionales e internacionales para sumarse a la Campaña de Denuncia Internacional con el objetivo de señalar la profundización de la persecución política que ha aumentado la cifra de presos políticos mapuche, a más de 100 en la actualidad, y frente a la amenaza de su incremento con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, como ha sucedido con el caso de Héctor Llaitul.
“La lucha por la reconstrucción de la Nación Mapuche, particularmente la de comunidades y expresiones autonomistas como la CAM, entienden que el problema principal es la presencia e invasión del capital empresarial en el Wallmapu”, sostiene el comunicado al argumentar que el Estado chileno trabaja para desacreditar la resistencia Mapuche al presentarla como actividad terrorista.
La Red Internacional sostiene que la lucha mapuche por su terriotorio ancestral, el Wallmapu, “es uno solo, de océano a océano”, al convocar a unir esfuerzos para la reconstrucción del tejido social y político ancestral mapuche.
El Ejido de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, al sur de México, retomó la posesión de sus tierras el 1 de abril de 2025. En este territorio se explotó oro y otros minerales desde el año 2007, primero por la empresa Leagold Mining y por último con Equinox Gold. Horas después de que la empresa anunció en un comunicado la “suspensión indefinida” de sus operaciones en su mina Los Filos, los comunitarios retomaron sus tierras de uso común.
La canadiense Equinox Gold, que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, asegura que la continuidad de Los Filos dependía de acuerdos con tres comunidades locales: Mezcala, Xochipala y Carrizalillo, siendo que esta última se rehuso a firmar los convenios. La canadiense argumenta en su comunicado que, “la «Compañía» ha suspendido indefinidamente las operaciones en su Mina Los Filos en Guerrero, México, tras la expiración de su acuerdo de acceso a la tierra con la comunidad de Carrizalillo el 31 de marzo de 2025”.
En una misiva que han lanzado los comuneros de Carrizalillo argumentan que la empresa omitió en su comunicado que mantenía una postura ventajosa, “absurda y usurera”.
Los comunitarios afirman que la empresa aún tiene pendiente los acuerdos de remediación, y por tanto, “tendrá que negociar su grotesca suspensión indefinida y tendrá que atender lo que la ley le plantea en el plan de cierre y post cierre de minas, si es que no quiere entrar en controversias legales, perder su concesión y le sean confiscados los bienes que hoy están dentro de nuestro territorio”, anuncian los integrantes del municipio de Eduardo Neri, Cariizalillo.
La comunidad advierte que existe la posibilidad de que la empresa apele a que tiene todo en orden, no obstante, denuncian que Equinox Gold “tampoco dirá nada de su bomba de tiempo, llamada pasivo ambiental, que no tiene una sola acción de cierre integral como dice la ley o como lo citan de forma imperceptible en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”.
Lo que resta
Mientras tanto, los comuneros señalan que su estrategia dará un giro para exigir el cierre definitivo del proyecto minero Los Filos y no como lo ha anunciado la empresa, quien lo ha catalogado como “suspensión indefinida”.
Por otro lado, la fortaleza de esta lucha esperan que venga de “la solidaridad del pueblo de Guerrero”, anuncian en su comunicado los comuneros.
Por la parte de la empresa, sus acciones en la bolsa han sufrido un caída de -3,2% en las primeras operaciones desde el martes (1) después de decir que suspendió indefinidamente las operaciones en su mina Los Filos en México, tras la expiración de su acuerdo de acceso a la tierra con una de las comunidades anfitrionas.
En portada: Campamento del pueblo Munduruku para detener el flujo de soja, mercancía clave del agronegocio que se expande en la amazonía brasileña. Foto: movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ
Desde el pasado martes (25), caciques, cacicas, líderes, guerreros, infancias y chamanes del pueblo Munduruku mantienen un bloqueo en la carretera transamazónica ubicada en la ciudad de Itaituba, estado de Pará, norte de Brasil, para exigir la derogación de la Ley 14.701 la cual establece la tesis jurídica del Marco Temporal.
Ampliamente defendida por el agronegocio y las industrias extractivas, la tesis del Marco Temporal propone que los pueblos indígenas sólo tendrán derecho a la demarcación de sus tierras si los mismos estuvieran ocupando dichos territorios en el momento de la promulgación de la Constitución Federal brasileña, el 5 octubre de 1988.
El pueblo Munduruku, como muchas otras comunidades en Brasil, considera esta tesis como una violación a sus derechos como pueblos originarios, pues ignora la ocupación ancestral de sus tierras mucho antes de la formación del propio estado brasileño, así como el hecho de que diversos pueblos indígenas han sido desplazados forzadamente de su territorio por el propio gobierno y empresas.
La ley fue aprobada en octubre del 2023 y, pese a que el presidente Lula da Silva emitió un veto en su contra, el Congreso Nacional anuló la acción del ejecutivo en diciembre del 2023. Para abril del 2024, el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués), determinó la suspensión, en todo Brasil, de los procesos judiciales que discuten la constitucionalidad del Marco Temporal hasta que dicho tribunal se manifiestre sobre el tema.
En agosto del 2024, el ministro Gilmar Mendes, miembro del STF, instaló una mesa de conciliación, la cual ha sido rechazada por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), quien decidió retirarse de la mesa por considerarla una negociación “forzada e ilegítima” de sus derechos. A pesar de la retirada de la representación indígena, la mesa continúa sus trabajos.
A este rechazo se suma el pueblo Munduruku, que exige también una audiencia con el ministro Mendes, el fin de la iniciativa de reconciliación y la derogación de la Ley 14.701. “No abandonaremos este lugar hasta que haya un verdadero diálogo. Nuestro compromiso no es sólo con el presente, sino con las generaciones futuras: nuestros hijos, nietos y todos los que están por venir. No renunciaremos a los derechos que hemos conquistado a lo largo de siglos de lucha y resistencia”, afirma el pueblo Munduruku mediante carta divulgada este lunes (31).
Movilización
La protesta del pueblo Munduruku se realiza en el punto donde se intersectan las carreteras BR-230 y la BR-163, en la región del río Tapajós, al suroeste del estado de Pará. Dicho punto es clave para el acceso al puerto de Miritituba y lo que lo convierte en una de las más importantes vías para el transporte de soja, “símbolo del poder económico que impulsa el Marco Temporal (que) permanecerá interrumpido mientras se nos niegue el debido reconocimiento” asevera el pueblo Munduruku en su misiva.
Difundida por el movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ, el pueblo indígena sostiene que, pese a las presiones de las empresas vinculadas al agronegocio y las intimidaciones físicas y judiciales que buscan reprimir su movilización, seguirán firmes.
El bloqueo de la autopista ha sido interrumpido durante las noches y restablecido al amanecer durante la semana de movilización pacífica del pueblo Munduruku, quienes han permitido la circulación de enfermos y ambulancias mientras restringen la circulación de vehículos de carga.
Cabe resaltar que, durante la noche del jueves 27 de marzo, camioneros dispararon armas de fuego contra el campamento del pueblo Munduruku donde participan indígenas de las regiones alta, media y baja de la cuenca del río Tapajós.
“Nuestro movimiento es pacífico, pero hemos sufrido repetidos ataques y amenazas por parte de los camioneros, incluyendo insultos, lanzamiento de piedras, disparos y maniobras violentas con vehículos. Repudiamos vehementemente estos ataques, que ponen en riesgo la vida de nuestra gente, y declaramos que el STF será responsable de cualquier daño que suframos, porque estamos aquí luchando para ser escuchados”, remarcan en su carta.
Minería
El pueblo Munduruku dio inicio a la ocupación carretera previo a la reanudación de la mesa de conciliación promovida por el juez Mendes, quien ordenó excluir de las discusiones el tema de la actividad minera en las tierras indígenas.
Según investigaciones de InfoAmazonia y Agência Pública, en febrero pasado, el ministro presentó un proyecto de ley para ser propuesta durante la mesa. En este, recogía sgerencias del abogado de la minera canadiense Potássio de Brasil y utilizaba partes del Proyecto de Ley (PL) 191/2020 del gobierno Bolsonaro para permitir la explotación de minerales estratégicos en tierras indígenas en caso de “interés público relevante de la Unión”.
“Mientras se celebran reuniones a puerta cerrada, sin consulta previa, libre e informada, el Pueblo Munduruku sigue resistiendo bajo la lluvia y el sol para proteger territorios como Sawre Ba’pin y Sawre Muybu, cuyas demarcaciones han sido amenazadas o paralizadas. Siguen intentando engañarnos retirando la minería del orden del día, pero mantienen múltiples ataques contra nuestra existencia, que no aceptaremos”, ha sido la respuesta del pueblo originario movilizado.
Ya desde diciembre del 2024, mediante carta difundida por el pueblo Munduruku enfatizaron que desde hace una década realizan la fiscalización de su territorio de manera independiente, sin ningún apoyo del Estado brasileño.
En portada: Campamento del pueblo Munduruku para detener el flujo de soja, mercancía clave del agronegocio que se expande en la amazonía brasileña. Foto: movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ
“Nuestro pueblo ha asumido la responsabilidad de proteger nuestras tierras porque sabemos que, sin nuestro trabajo, el avance de la minería y de otras actividades y empresas ilegales sería aún mayor. Lo hacemos en todo nuestro territorio porque sabemos que nuestro dios Karosakaybu nos dejó este legado para las futuras generaciones”, señalaban en la misiva del año pasado.
En el mismo documento argumentaban que las operaciones del gobierno para prohibir la minería en territorios Munduruku no eran suficientes, pues aún existen zonas con presencia de garimperos (término portugués para designar los mineros informales, que explotan minerales principalmente en zonas remotas de la Amazonia) y maquinaria.
También se posicionaron contra las “falsas soluciones” como créditos de carbono o compensaciones ambientales propuestas por los mismos responsables por la destrucción de sus tierras. “Queremos justicia real, respeto por nuestro modo de vida y la garantía de que nuestro territorio será preservado para las generaciones futuras”.
“Nuestra lucha no es sólo por la retirada de las balsas o el fin de la minería; es por la vida de todos los que dependen del bosque y de los ríos. Nuestro territorio no está en venta, nuestra dignidad no está en venta. Si el Estado y los invasores piensan que nuestra resistencia se puede comprar, que sepan que somos como las raíces del bosque: profundas, colectivas e inquebrantables”, sostuvieron a través de la misiva.
En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.
Por la violación reiterada a los derechos humanos, trece municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque – San Cristóbal de Las Casas.
El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación.
Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo.
Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas.
En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea.
El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), el Gobierno Comunitario de Chilón y comunidades organizadas por el territorio publicaron un boletín en el que manifiestan su repudio al proyecto de la autopista San Cristóbal de Las Casas–Palenque y a la construcción del primer tramo de Palenque a Ocosingo. Dicho proyecto se ha promovido desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón (2006–2012), pero no se ha podido concretar debido a la resistencia de las comunidades organizadas, que se verían afectadas social, cultural, ecológica y económicamente.
El presente gobierno de Eduardo Ramírez pretende ahora llevarlo a cabo, supuestamente con la aprobación de los pueblos indígenas e individuos afectados. Para tal, se realizó el pasado 23 de marzo una “consulta pública” que, según denunciaron las organizaciones y pueblos citados, fue claramente amañada, sin información previa de los impactos ambientales, sociales y culturales, sin invitación previa a las comunidades afectadas, con votación de personas fuera del municipio que no se verían afectadas. Ante dichas violaciones, se presentaron dos amparos el pasado 31 de marzo.
Ese día, el MODEVITE realizó una rueda de prensa en San Cristóbal de Las Casas, que reproducimos aquí:
Boletín de prensa 31 de marzo de 2025, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
A los medios de comunicación nacionales e internacionales A los Pueblos Indígenas en resistencia por la vida y por la Madre Tierra A las organizaciones y centros de Derechos Humanos A las autoridades municipales, estatales y federales
Nosotros, pueblos y comunidades indígenas tseltales, tsotsiles y pueblo mestizo nos pronunciamos en contra del proyecto de la Autopista Palenque–San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como de la construcción del primer tramo de Palenque a Ocosingo, toda vez que viola nuestro derecho a la libre determinación, al territorio y a vivir en armonía con la naturaleza y a un medio ambiente sano, seguro y sustentable. Queremos dejar claro que, desde sus orígenes, dicha autopista ha sido un proyecto discriminatorio, racista y excluyente de quienes trabajamos la tierra y habitamos el territorio.
Próximo a iniciarse el encuentro (Rebel y Revel) Arte, en el caracol zapatista Jacinto Canek, el próximo 13 de abril de este 2025, les presentamos el corte de registros de artistas participantes:
Se han registrado más de 366 artistas de hasta 23 geografías distintas. A estos hay que sumar los más de 500 artistas zapatistas que se presentarán.
En portada: Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo.
Representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas el 27 de marzo de 2023, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una demanda ante del Instituto Nacional de Migración (INM) por Responsabilidad Patrimonial del Estado.
A dos años del siniestro que terminó con la vida de 40 personas migrantes y dejó con graves secuelas a 27, las organizaciones que acompañan a 17 víctimas presentaron el citado recurso fundamentado en el artículo 109 de la Constitución Política mexicana.
De acuerdo al párrafo último del artículo 109, el Estado debe reparar los daños que cause a particulares debido a acciones administrativas irregulares y pagar una indemnización según lo que establezcan las leyes.
“Estamos acudiendo a cada uno de los conductos legales para hacer visibles los derechos de las víctimas, para que hechos como el de Ciudad Juárez jamás se repitan. Que le salga costoso al Estado no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, esa es la finalidad”, explicó Marcos Zavala, abogado e integrante de Fundación para la Justicia.
La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), representantes de las víctimas, esperan la respuesta a la demanda y, en caso de que no sea favorable, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se localiza en la Ciudad de México.
En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York.
Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.
No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando.
Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel.
Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.
Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.
De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.
José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos.
En portada: Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.
Durante el pasado fin de semana, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) visitaron la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, donde pudieron constatar los daños al ambiente y a la salud de sus habitantes debido al uso reiterado del fracking, también conocido como fractura hidráulica, técnica que consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y químicos mediante alta presión para liberar hidrocarburos de entre las rocas del subuselo.
La delegación, compuesta por abogados e ingenieros ambientales, investigadores y observadores procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, así como de miembros de organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), realizaron un recorrido durante el sábado (22) para atestiguar las condiciones de la infraestructura petrolera en la región.
Con ello, los observadores pudieron constatar el mal estado y abandono de pozos, deterioro de gasoductos y centrales de almacenamiento y distribución, cuyos efectos perceptibles son la contaminación de tierras, agua y suelo, así como los daños a la salud de las comunidades que viven en territorios convertidos en zonas de sacrificio al norte de Veracruz.
De acuerdo a lo observado por la ALFF, las evidencias en el terreno no dejan duda acerca de que en la región se ha implementado reiteradamente la fractura hidráulica. Datos de la asociación civil CartoCrítica lo confirman, al referir que han detectado, por lo menos, 7,879 pozos fracturados en México.
Incluso, acorde a Manuel Llano, de dicha asociación, existen ambigüedades para el reconocimiento entre pozos convencionales y aquellos que no son categorizados como tal, cuya extracción es realizada por medio de fracking.
En proyectos como el denominado Aceite Terciario del Golfo (ATG) y el Proyecto Integral Veracruz, ambos en dicho estado, se realizan perforaciones horizontales y se utilizan métodos que en la práctica constituyen fracturación hidráulica, utilizando millones de litros de agua que, pese a ello, son considerados convencionales.
