Slumil K’ajxemk’op, 5 de septiembre de 2021

Desde hace meses, la situación de las personas migrantes que llegan desde la ruta centroamericana hasta Tapachula (Chiapas) se ha hecho insostenible. Hay muchas personas migrantes, en su mayoría de origen haitiano, quienes se encuentran atrapadas esperando los trámites oportunos ante el Instituto Nacional Migratorio (INM) en Tapachula, México.

Desde el 19 de marzo de 2021, las negociaciones entre EEUU y México provocaron el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur, operadas por el INM en coordinación con la Guardia Nacional y el ejército que llevaron a la detención de personas migrantes (muchas de ellas mujeres con menores) en condiciones de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria Siglo XXI (Tapachula). Tampoco se cumplen los convenios sobre protección internacional de personas víctimas de desplazamiento forzado y devoluciones “en caliente” (sin atención de las diversas formas de regularización migratorias).

Esta situación no es nueva sino que responde a la militarización de las fronteras y la externalización de los sistemas de asilo provocada por el acuerdo de EEUU firmado en junio de 2019, tras amenazar al gobierno mexicano con incrementar un 5% los aranceles si no conseguían disminuir el paso de personas migrantes en situación administrativa irregular desde México a EEUU.

El pasado 28 de agosto, una caravana con aproximadamente mil personas, principalmente provenientes de Haití, pero también de Venezuela, Centroamérica, y Guinea Ecuatorial, decidieron emprender una caravana como un intento de seguir su camino migrante hacia el Norte y superar la situación de violación de derechos humanos y la falta de atención por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur, debido a la incapacidad de atender la expedición de tarjetas de residencia y obligando a las personas migrantes a permanecer en Chiapas durante meses. En los siguientes días, nuevas caravanas se han organizado con los mismos objetivos de atravesar el territorio mexicano y ejercer su derecho fundamental a migrar.

Estas caravanas migrantes están sufriendo la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del estado mexicano, tal y como ha documentado Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano:

• El día 31 de agosto la primera caravana fue sorprendida en Mapastepec (Chiapas) mientras descansaba por un equipo de antimotines de la Guardia Nacional y funcionarios del INM. Las mujeres con niñxs fueron encapsuladas y los hombres detenidos con gran violencia, sin que existiera asistencia médica a las personas heridas. Del mismo modo, la segunda caravana fue interceptada y detenida, produciéndose persecuciones incluso dentro de casas y locales de la iglesia donde algunas pudieron refugiarse.
• El día 2 de septiembre, otra caravana sufrió una nueva represión violenta a su paso por Escuintla (Chiapas), donde también fueron heridas las periodistas que documentan y acompañan la caravana.

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• Elementos antimotines de la Guardia Nacional encapsularon a integrantes de la caravana migrante en el municipio de Suchiate, Chiapas, causando lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
• Actuación de COMAR, el Grupo Beta del INM y organismos públicos de derechos humanos ha sido lenta y omisa, incluso nula.
• El gobierno mexicano debe reconocer el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región y tratar a las personas necesitadas de protección de acuerdo a sus obligaciones ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

México. 24 de enero de 2020.

Las organizaciones y redes firmantes, que formamos parte de la Misión de Observación en Derechos Humanos en Tapachula en mayo de 2019, expresamos nuestra condena absoluta a la violencia que el Estado mexicano ha ejercido en contra de la población migrante y con necesidades de protección internacional que ingresó a México en caravana el pasado 23 de enero, a través de la acción directa e indiscriminada de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como la dilación y omisiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Grupo Beta y los organismos públicos de derechos humanos.

Ayer, alrededor de 2000 personas (entre las que había mujeres, niñas niños y adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad) salieron de Tecún Umán, Guatemala, cruzaron el río Suchiate buscando una alternativa por el puente “Suchiate II” y se internaron en territorio mexicano sobre la carretera Ciudad Hidalgo – Tapachula, en el estado de Chiapas. En lo que identificamos como actos de intimidación, hostigamiento y persuasión, durante varios kilómetros la caravana estuvo flanqueada por elementos y vehículos de las fuerzas militares. Finalmente, al llegar al municipio de Frontera Hidalgo, tras caminar diez kilómetros a pleno sol, se encontraron con el operativo liderado por la Guardia Nacional, basado en el abuso de la fuerza y con el objetivo de contener y detener a todas las personas integrantes de la caravana, omitiendo las obligaciones del Estado de identificar a las personas con necesidad de protección internacional y violando el principio de interés superior de la niñez.

Personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas fueron testigos de la acción militar de encapsulamiento usada por el grupo antimotines de la Guardia Nacional, así como del uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés. El operativo causó que grupos de personas se internaran en parajes selváticos tratando de escapar de la represión. (Continuar leyendo…)

• Organizaciones de derechos humanos desmentimos versión del INM respecto de operativo migratorio.
• INM y fuerzas de seguridad federal detienen a grupo de personas migrantes bajo engaño y desgaste.
• Se refuerza la militarización de la política migratoria en México, alejándola de un enfoque de derechos

Metapa de Domínguez, Chiapas – 6 de junio de 2019.

La noche del pasado 4 de junio llegó un grupo de aproximadamente 400 personas migrantes a la frontera con México, compuesto de numerosas familias, para iniciar el día 5 de junio un recorrido a pie desde Ciudad Hidalgo en dirección a Tapachula, Chiapas. Muchas de ellas habiendo tramitado previamente desde el punto de frontera su regular estancia en el país. En un principio, las autoridades migratorias les dejaron cruzar la línea fronteriza, no obstante, alrededor de las 13:20 horas, el equipo de Monitoreo de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos registró un operativo migratorio en Metapa de Domínguez, Chiapas (punto medio entre Ciudad Hidalgo y Tapachula), mismo que estaba acompañado de un despliegue de Policía Militar, Policía Federal con elementos antimotines, Marina e Instituto Nacional de Migración, más una discreta presencia de la Policía Estatal. Además, de varios autobuses preparados para trasladar a las personas. En total, se lograron observar un promedio de 300 elementos de seguridad del Estado.

Dentro del grupo que se encontraba en Metapa, en medio de la carretera sin protección del sol y el calor, se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas, familias con niños pequeños y bebés. En ese momento presentaban claros signos de agotamiento y deshidratación por las altas temperaturas, además de estar en un estado de desesperación y confusión. Las personas fueron orilladas bajo esta modalidad de desgaste físico y emocional, agravado por la presencia militarizada, a ser trasladadas al centro de detención migratoria Siglo XXI en Tapachula.

Por otro lado, ocasionó que un grupo de unas 80 personas retrocediera y decidiera caminar en otra dirección o irse por caminos secundarios, exponiéndolas a mayores riesgos y vulnerando su integridad.

En este sentido, desmentimos la Tarjeta Informativa publicada por el INM momentos más tarde, la cual señala que “se revisó su condición migratoria de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas”, puesto que, hasta el momento de su detención bajo responsabilidad de agentes migratorios, las personas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios, así como sus necesidades de vulnerabilidad y protección internacional para el acceso a sus derechos. Además de que no se trató de una entrada al país de forma “abrupta”, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México.

Por el contrario, únicamente se observó presencia de una camioneta y una ambulancia de Protección Civil, pero la entrega de agua y suero por parte de Protección Civil de Suchiate se entregó sólo a un último grupo de unas 50 personas que estaba esperando ser trasladado en autobuses. Se observó igualmente presencia de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentando el operativo, así como de algunos medios de comunicación.

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El pasado 13 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la llamada “Caravana de migrantes” centroamericanos, conformado por más de 7,000 personas, desplazadas por el contexto de violencia y pobreza generalizadas en Centroamérica. Este grupo estaba integrado por miles de personas con necesidades de protección específicas, entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, periodistas, integrantes de la comunidad LGBTTI, víctimas de persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de derechos humanos. Posteriormente, durante octubre y noviembre, se sumaron otros grupos, complejizando las características de este gran movimiento migratorio, y con ello, los retos para atender a sus necesidades, y defender y garantizar sus derechos humanos.

Este fenómeno, también llamado “Éxodo”, demuestra que la región centroamericana se encuentra ante un nuevo paradigma migratorio. Frente a las políticas de violencia, exclusión y despojo vigentes en los países de origen, las personas salieron de la “clandestinidad” para conformar un sujeto migrante colectivo, con voz propia, que decidió caminar en grupo para reducir los costos y los peligros a los que están usualmente expuestos en la ruta migratoria. Las causas sistémicas que motivan a las personas centroamericanas a partir de sus lugares de origen existen y persisten desde hace muchos años, pero la diferencia en la dinámica migratoria actual se ha dado por la coincidencia de diferentes perfiles sociales y en el número de personas que se han ido movilizando contemporáneamente. La crisis social no es nueva en su centralidad como motor de esta migración. El sistema mortal que la nutre la hace cada vez más virulenta e insoportable, y genera, como en esta ocasión un Éxodo Centroamericano continuo y masivo.

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Los pasados días 14 y 15 de marzo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), desarrollaron una Misión Civil de Observación en Tabasco para documentar, visibilizar y denunciar el agravamiento en la crisis de inseguridad contra las personas migrantes y pobladores locales en rutas migratorias que conducen de la línea fronteriza con Guatemala a la ciudad de Tenosique.

Los integrantes de la Misión de Observación pudieron atestiguar:

• La situación de inseguridad y violencia aumenta de forma preocupante en las rutas migratorias: 292 víctimas han sido acompañadas por La 72 en los últimos dos meses.
• De las carpetas iniciadas por la Fiscalía Especial de Atención a Migrantes de Tenosique desde 2015, menos del 1% han sido judicializadas.
• Misión Civil de Observación sufrió incidente de seguridad mientras realizaba visita de documentación.

Compartimos aquí las conclusiones preliminares con información más detallada de la Misión de Observación:

Este 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México agredió, golpeó y detuvo arbitrariamente a personas migrantes y defensores de derechos humanos afuera del albergue temporal Magdalena Mixhuca. Presentamos aquí el reporte de organizaciones de derechos humanos presentes al momento, así como algunos videos y un audio grabado por uno de los detenidos, grabado a bordo de la patrulla.

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019.

Denunciamos el hostigamiento, uso de la fuerza y la detención arbitraria de migrantes y personas que acompañan el caminar de las Caravanas del Éxodo Centroamericano por parte de la Policía de la Ciudad de México.

Entre la noche del domingo 10 y el 11 de febrero arribó a la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 1500 personas que forma parte de las llamadas Caravanas del Éxodo Centroamericano. Al ingresar el grupo más grande al albergue temporal en el deportivo Magdalena Mixhuca el lunes 11, tuvo lugar un momento de tensión derivado de un desacuerdo con el reglamento interno del albergue, en concreto, la decisión de las autoridades de que la temporalidad de estancia se redujera 3 días, a pesar de que el reglamento indica que las personas pueden alojarse por un periodo de 10 días. En estas discusiones, se registró la denuncia de un migrante que declaró que fue sacado del estadio y le rompieron su tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Este incidente derivó en una negociación entre las personas representantes del grupo y las autoridades que llevan el control del espacio, y se logró el acuerdo de que se respetaría el tiempo de estancia de 10 días para que las personas pudieran esperar a sus familias que seguían en tránsito o sacar sus tarjetas de visitante por razones humanitarias.

Sin embargo, en una clara ruptura de este acuerdo, el jueves 14 de febrero las autoridades comenzaron a sacar a familias y grupos, con el pretexto de que se les habían acabado los 3 días de estancia, y estas personas tuvieron que acampar fuera del deportivo. Este viernes 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México los empezó a desalojar, diciéndoles que debían continuar su camino, que no podían quedarse a esperar a los demás y que no podían permanecer en la Ciudad de México. Además, los amenazaron con llamar a los granaderos.

En el desalojo hubo forcejeos y se registraron heridos, la Policía quitó la pulsera que permite entrar al albergue a las personas de la Caravana que veían tomando fotografías o videos. Además, los agentes policiales comenzaron a detener personas sin presentar ninguna orden de detención por escrito, utilizando la violencia en contra de migrantes y defensores y acompañantes de la Caravana. Desde las 15:00hrs de hoy tenemos registro de la detención arbitraria y violenta de al menos seis personas: cinco de ellas migrantes y uno de ellos defensor de derechos humanos, que trató de evitar la detención de un migrante. Adicionalmente otras dos compañeras defensoras fueron agredidas por la policía, al igual que otras dos personas migrantes.

Testimonio del defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez, a bordo de la patrulla MX704 N2:
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Video de la agresión y detención arbitraria:

Además, el miércoles 13 de febrero se registró una detención arbitraria en las inmediaciones del albergue de la Ciudad de México en la que personas vestidas de civil, sin portar uniforme oficial y sin identificarse, detuvieron y subieron en una camioneta sin logotipos a una persona que llevó rol de liderazgo en esta caravana. Se sabe que fue detenida por agentes del INM porque ya se encuentra deportada en Guatemala.

Preocupaciones:

• Denunciamos la creciente criminalización a las personas migrantes y las personas que viajan con las Caravanas para documentar, acompañar y monitorear su caminar. Desde la frontera Sur se han registrado acciones de hostigamiento y criminalización que llevan incluso a detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza y deportaciones, lo cual se ha agravado al llegar a la Ciudad
  de México.
• Nos preocupan las represalias contra las personas migrantes que documentan los abusos policiales
  grabando con sus celulares. Al arrancarles las pulseras que les permiten el acceso, se les niega la
  atención humanitaria y se les pone en una situación de mayor vulnerabilidad.
• Lamentamos el clima de hostilidad percibido en el albergue de la Ciudad de México por parte de
  algunas autoridades hacia las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha causado que estas se
  retiren del espacio donde prestaban sus servicios.
• Nos preocupa la discriminación y el hostigamiento a las personas de la comunidad LGBTTI+, incluso
  al interior del albergue no hay espacios diferenciados para las mismas y algunas fueron sacadas
  del albergue sin considerar su condición de vulnerabilidad.
• Urgimos a tener mecanismos accesibles de para la regularización migratoria y a mantener la ayuda
  humanitaria para quienes continúan su tránsito.
• Llamamos a trabajar de manera conjunta desde un enfoque de paz, sensible a las necesidades de
  las personas en situación de vulnerabilidad y que a través de la comunicación efectiva y no desde
  la violencia construyamos un trabajo por las personas y por nuestras comunidades que nos piden
  coincidencias y no violencia.

Exigimos:

A las autoridades el cese al hostigamiento y a las detenciones arbitrarias por parte de la policía de la Ciudad de México y agentes del Instituto Nacional de Migración tanto a personas migrantes como a defensores de derechos humanos.

A las autoridades federales; al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población y a Tonatiuh Guillén, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, el alto al hostigamiento, intimidación, detención y deportación de las personas organizadas en la Caravana y de quienes les acompañan.

Firman:

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
Colectivo Ustedes Somos Nosotros
Programa Casa de Refugiados

La Policía del Distrito Federal acaba (a las 14:45 horas el día 15 febrero) de GOLPEAR y de DETENER ARBITRARIAMENTE a varias personas afuera del Estadio Palillo de la Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México. Entre esas personas, golpeadas (no detenidas) están las defensoras de derechos humanos Andrea Gonzalez y Andrea Margarita Nuñez Chaim, y entre los golpeados y también detenidos está el defensor de derechos humanos Cristóbal Sanchez Sanchez y el migrante hondureño Denis Omar Contreras.

A Cristóbal Sánchez y a Denis Omar Contreras lo llevan en la patrulla MX704 N2. Los policías actuaron de forma muy violenta y arbitraria, y no se quisieron identificar.

Urgimos a las autoridades competentes acabar con esta criminalización y caza de defensores de derechos humanos y migrantes. Urgimos también saber el paradero de Cristóbal Sánchez y Denis Omar Contreras y que se liberen junto con las demás personas detenidas.

Foto de portada: Conexión migrante

Los Yes Men, conocidos por su activismo a través de la ironía y del humor, lanzaron una falsa campaña llamada “Somos el Muro”, que desvenda la xenofobia de muchos mexicanos contra los migrantes centroamericanos.

Chiapas, 7 de febrero de 2019

Al Gobierno del Estado de Chiapas
Al Gobierno Federal
A las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos A los medios de comunicación
A la sociedad en general

Denunciamos el hostigamiento y la criminalización hacia las personas migrantes que hemos tomado un papel de liderazgo en el acompañamiento a nuestras hermanas y hermanos migrantes que han llegado a la frontera de México en Suchiate desde mediados de enero del presente año hasta hoy. Nosotras y nosotros somos centroamericanos que hemos caminado anteriormente en las rutas migratorias, nos hemos organizado y nos encontramos en distintos lugares del estado de Chiapas acompañando y apoyando a las personas migrantes que hoy están transitando entre Ciudad Hidalgo, Tapachula, Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga.

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• En Tecún Umán, las personas se exponen a la xenofobia y a la desprotección.
• En la aduana, el INM prepara la clausura definitiva del operativo.
• Buena parte del éxodo se interna hacia el interior del país.

La situación en la frontera del Suchiate

Los equipos que hemos monitoreado la frontera en los días 2, 3 y 4 de febrero, observamos del lado guatemalteco, en Tecún Umán, unas trescientas personas entre las que se encuentran numerosas familias con niñas y niños, permanecen bloqueadas en condiciones humanitarias de casi total abandono. Llevan esperando entre cinco y quince días. El INM les insiste que ya no hay cauce para obtener tarjeta de estancia en el Puente, y les disuade de permanecer en él. Han retirado los baños portátiles de la zona.

Ayer lunes pudimos observar que agentes del INM prohibieron cruzar al puente a una camioneta que diariamente transporta agua a las personas del lado guatemalteco. Los mismos agentes insisten a las personas a “que se regresen a sus países”.

A su vez, en Tecún Umán las personas asentadas están siendo rechazadas por parte de la población local, que les intenta confiar en el puente, exponiéndoles a la deshidratación e insolación. Las personas están cada día más desesperadas, especialmente las niñas y niños.

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