
Ocho defensoras mazatecas con órdenes de aprehensión tras luchar por libertad
Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
En portada: Mujeres mazatecas por la libertad. Foto: Observatorio Memoria y Libertad
Era diciembre del 2014 y en Eloxochitlán de Flores de Magón, una comunidad en la Mazateca, Oaxaca, se percibía un ambiente amenazador, según relatos de sus habitantes. La Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, estaba reunida para elegir a su nuevo alcalde, pero fue interrumpida por una balacera, perpetrada por un grupo de la comunidad con intereses partidistas que, según pobladores, actuó bajo el mando de la familia del cacique local Manuel Zepeda Cortes.
El ataque desembocó en las muertes de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada, un incendio, daños a la propiedad privada y detenciones. De ahí comenzó la persecución política, que lleva una década, en contra de las familias que integraban la Asamblea.
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La abogada y defensora comunitaria mazateca Argelia Betanzos, compañera, hija y hermana de personas perseguidas en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, a partir de su lucha se ha convertido en una de las principales voceras de la causa.
Argelia comparte para Avispa Mídia que, tras los hechos violentos del 2014, Manuel Zepeda Cortes, Vicente Zepeda Cortes, Gamaliel Zepeda Juárez, Dolli Irasema Betanzos Hernández y—la ahora diputada por Morena— Elisa Zepeda Lagunas, se presentaron ante la segunda sala penal como presuntas víctimas para conseguir la activación de decenas de órdenes de aprehensión contra habitantes de Eloxochitlán acusándolos de daño por incendio y robo. Una hazaña cometida bajo influencia del magistrado Ezequiel Raúl Gómez Martínez y Constantino Santiago Agustín, juez mixto de Huautla de Jiménez.
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Desde aquel entonces, decenas de eloxochitecos han vivido hostigamientos, agresiones y persecución a manos del caciquismo local encabezado por Manuel Zepeda Cortés, su hija Elisa Zepeda Lagunas y Eleazar Hernández, sostene la mazateca Argelia.
Perseguidas políticas
Aunque los colectivos Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca y Mazatecas por la Libertad han logrado liberar a varios de sus presos, el pasado 10 de junio confirmaron la existencia de más de 200 órdenes de aprehensión en contra de mujeres y hombres eloxochitecos. En esa larga lista figuran los nombres de 8 mujeres mazatecas, cada una con cinco acusaciones.
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Al respecto, Argelia menciona que la reactivación de estas 200 órdenes “para la comunidad, para cada persona criminalizada, para la familia, familiares, amigos, vecinos, vecinas de quienes están criminalizados, sin duda son la continuidad de esta política de desarticulación comunitaria, de esta política represiva, de esta criminalización selectiva, de este intento de etnocidio, es una prolongación para de alguna manera, minar nuestra vida comunitaria”.
También agrega que esa reactivación se da en un contexto en que ya no tenían presos políticos. Entonces, el Estado no está reprimiendo abiertamente a la comunidad en resistencia, sino que lo está haciendo al “disfrazar de legal esta persecución” para poder decir “no son órdenes arbitrarias, había órdenes de aprehensión” pero estás órdenes de aprensión pertenecen a un cúmulo de órdenes que ya habían sido catalogadas de violatorias por amparos federales desde el 2015 hasta la fecha”, explicó la abogada.
Así mismo comparte que esas ocho mujeres que hoy vuelven a tener orden de aprehensión, ya habían sido señaladas en la carpeta de investigación llamada Causa penal número 16/2016, en cuyo expediente están los hechos que supuestamente ocurrieron el 14 de diciembre del 2014. Además, seis de ellas ya habían sido acusadas por delitos de alto impacto, más graves que los actuales, como homicidio y tentativa de homicidio, pero dieron una batalla jurídica que ganaron.
La defensora comunitaria recuerda una situación contradictoria para la diputada morenista que las ha criminalizado: “Cuando ocurren las detenciones de estas mujeres, el caso de Eloxochitlán carecía de cobertura mediática y sólo predominaba la versión de Eliza Zepeda, quien se exponía como víctima de hombres misóginos, cuando por detrás ella había fabricado delitos contra las mujeres mazatecas”. A este punto, cabe resaltar que entre 2022 y 2024, Zepeda Lagunas fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca. Argelia reflexiona: “El mensaje es que son capaces de tocar a las mujeres que sostienen la lucha en Eloxochitlán”.
Ante la indignación que le genera esta situación de criminalización a sus compañeras, con firme elocuencia Argelia asegura: “Gobierno de Oaxaca, ten en claro que de por sí sabemos de lo que eres capaz, pero aún a sabiendas nosotras también somos capaces de dar la vida y no es un reto, es un recuento histórico de como las mujeres de Eloxochitlán han dado la pelea contra un monstruo para el que la muerte no vale nada”.
Las mazatecas por la libertad
En el transcurso de una década, la resistencia mazateca, además de no doblegarse ante la criminalización, ha fortalecido algunos símbolos para otorgarle identidad a su lucha. Por ejemplo, la ardua reivindicación del legado por la libertad del anarquista Ricardo Flores Magón, originario de esa comunidad.

Otro símbolo es el huipil mazateco. Argelia relata que Bertha Reynoso es la maestra bordadora que en la comunidad les ha enseñado a bordar su propio huipil. La maestra Bertha se ha sumado a iniciativas para rescatar el bordado y uso del huipil en Eloxochitlán, pues se trata de un textil originario que, al igual que muchos otros, se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Son los hilos, los bordados y los colores, predominantemente el rosa junto al azul, resistiendo a la par de las Mujeres mazatecas por la libertad.
Al paso de los años, estas mujeres se han posicionado al frente de la lucha por la liberación de los presos políticos de su comunidad. “Fueron las abuelas quienes animaron a las mujeres a luchar”, relata Argelia: “sus palabras fueron la energía de vida que necesitábamos para dar la batalla”.
En el territorio mazateco, estas mujeres conviven en unidad poniendo al centro las habilidades que cada una tiene. Como Argelia describe, las hay “campesinas guardianas de la tierra: cafeticultoras y sembradoras de maíz. Comerciantes, artesanas, pedagogas, doctoras y arquitectas”, todas muy distintas entre sí, pero con el común de ser hablantes de su lengua materna: Enna (mazateco) y llevar la herencia de “esa forma de vida comunitaria donde la ‘mano vuelta’ se les da muy natural, así como el consenso, la compartencia y el perpetrar los momentos de vida colectiva” menciona.
En esa lucha por la libertad hay mujeres de todas las edades incluso niñas. La mayoría son familiares directos de mujeres y hombres que fueron y hasta la fecha aún siguen criminalizados, sin embargo, no todas comparten lazos sanguíneos pero se mantienen firmes en la búsqueda de justicia.
Defender también la libertad del río
Resulta difícil comprender tantos años de persecución política. La interpretación que Argelia expone sobre eso es lo siguiente: “Nuestra libertad estorba el negocio ilícito del cacique Manuel Zepeda Cortes, quien lleva 13 años ininterrumpidos extrayendo piedra y arena del río que atraviesa la comunidad”.
Ese río, llamado en mazateco Xanga Ndá Ge y que en castellano significa “el ser de brazos de generosos”, tradicionalmente ha sido respetado por la comunidad mazateca. “Jamás a nuestros ancestros se nos ocurrió hacerle semejante daño, al contrario, nuestros bisabuelos no elegían vivir alrededor de su cause porque le respetaban cuando crecía sobre todo en los tiempos de verano”, relata la defensora comunitaria.
La comunidad mazateca en resistencia ha despabilado que es el cacique actuando conjuntamente con el Estado debido a que ambos poderes persiguen intereses extractivos: “Hay que escrudiñar qué hay detrás de ambos. Él [Zepeda Cortés] no quiere perder su negocio y detrás del Estado ¿qué hay? Políticas de despojo territorial porque nuestra Sierra está llena de agua, nuestra comunidad está llena de agua, piedra, árboles. Estamos en medio de dos territorios que ya han sufrido el saqueo y el acoso”, es una de las conclusiones de Argelia.
Florecer en la incertidumbre
Vivir más de una década de persecución política es un atentado al derecho humano de vivir en paz, de vivir una vida libre de violencia. Al respecto, Argelia menciona: “Nos han privado el derecho a ejercer nuestra vida comunitaria. No podemos tener un plan de vida porque no sabemos qué día se nos va a encarcelar, perseguir, limitar”.
Pese a la injusticia que no ha dejado de perseguirles, sobre todo las mujeres mazatecas han aprendido la dura tarea de persistir con dignidad en medio del panorama hostil que el cacicazgo y el Estado les han impuesto.

“Nosotras en la comunidad, hemos cobrado el sentido de la vida a partir de imprimirle alegría a esos momentos de lucha en que nos encontramos y también hacemos comunidad porque de otra manera nos entregaríamos a la depresión, a este reclamo continuo, a la amargura”, comparte Argelia con grata sencillez.
Y continúa con su bello discurso que, además, son palabras de aliento para quienes defienden la dignidad, la libertad y la vida desde otras geografías: “Nos parece que le hemos dado sentido a nuestra vida a través de los propios actos de lucha como una forma de resistencia ante esta amenaza continua de querernos minar la vida misma”.
Misión de Observación
Este próximo 20, 21 y 22 de junio, Eloxochitlán abrirá sus puertas para recibir a individualidades y colectividades que tendrán el objetivo de “observar y documentar violaciones a los derechos humanos, pero también violaciones al propio territorio, en este caso al río que atraviesa nuestra comunidad”, detalla Argelia.
Así mismo hace la invitación a todo el público para participar en esta misión de observación: “para hacer llamadas y enviar correos a distintas autoridades con el objetivo de poner fin a la criminalización e interpelar a los jueces para que otorguen los amparos a la comunidad”.
Los hilos, el río, la estatua de Magón y las mujeres mazatecas ya se preparan para recibir a quienes desde diversas geografías acudirán para seguir tejiendo ese largo camino hacia la libertad, emprendido hace más de una década y que no tiene vuelta atrás.
Siete meses sin Julia Chuñil, defensora de territorios mapuche
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
La búsqueda de la defensora de territorios mapuche Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace siete meses en la región de Los Ríos, es obstruida por las instituciones del Estado de Chile.
Las organizaciones que se movilizan por la activista demandan la separación de la fiscal Tatiana Esquivel, por haber detenido las investigaciones y supervisado diligencias policiales en las que violentaron a los familiares de Chuñil.

Desde el 8 de noviembre de 2024 no hay rastros de Julia Chuñil, de 72 años, y su perro Cholito. Por su posición como presidenta de la comunidad indígena Putreguel, en la comuna Máfil, al sur de Chile, era amenazada por el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien no ha sido incluido en las indagaciones fiscales.
Julia Chuñil se oponía a la venta de la tierra que habitabadesde el año 2015, en defensa del bosque nativo, de su flora y fauna que la industria forestal pretende destruirpara expandir los monocultivos de pino y eucalipto. Decidió vivir en territorios ancestrales recuperados, como reivindicación de su identidad. Recuperar la cosmovisión mapuche fue su forma de lucha.
Antes de ser desaparecida, a la defensora ambiental la amenazaron con incendiar su casa y la amedrentaron en varias ocasiones, debido a que era la única persona de la comunidad que se negaba a vender el terreno. “Tenemos a todos comprados, solo faltas tú”, le dijeron. El empresario presionaba para entregar el dinero cuando toda la comunidad esté de acuerdo con la transacción. Su familia y vecinos sabían de las amenazas.
“Hay una frustración del empresario y esta fiscal. Dentro del desprecio que tienen hacia el pueblo mapuche jamás pensaron que la familia de Julia iba a tener tanto apoyo y que tantos ojos estuvieran pendientes. Es así de discriminadora y cruel la justicia en Chile. Pensaron que la iban a olvidar, que era una vieja más, por mujer, campesina, mapuche. Pero el apoyo ha crecido”, declaró para Avispa Mídia Marjorie Carreño, representante de la Coordinadora por Julia Chuñil de la región Biobío.
Abusos y criminalización
En los primeros días de búsqueda no se encontró ni un rastro de Chuñil y Cholito, por lo que se sostiene que se trata de una desaparición forzada. La ausencia del perro no es un hecho menor, pues los animales saben volver a casa.

En cinco meses de investigación, rotaron tres fiscales distintos. Cuando uno avanzó con pruebas, pidióvacaciones y luego licencia médica. El caso fue tomado enenero por Esquivel.
“Han interrogado a familiares, a su hija y su hijo, hanallanado casas y tomado pruebas sin órdenes. Han retenido más de tres horas en un vehículo policial a su hija, con gente armada, para quebrarla emocionalmente. El empresario se acogió a su derecho a guardar silencio y no le han sacado ninguna declaración. Él no ha sido hostigado, no lo molestaron más”, indica la activista.
Jeanette Troncoso Chuñil, hija de Julia, relató que el 30 de enero, en su vivienda y en presencia de la fiscal, un policíala presionó, desenfundando parcialmente su arma, para que se inculpe por la desaparición de su madre. Las leyes chilenas tipifican este acto como tortura.
Tras la denuncia en su contra por abandono de deberes, Esquivel recientemente pidió a la Fiscalía Nacional ser separada del caso, solicitud que fue rechazada. Los defensores de la familia de Chuñil consideran que se tratade un intento de la fiscal de evadir responsabilidades y paralizar las investigaciones.
Esquivel es la fiscal de un caso emblemático de la región, el del niño Tomás, cuyo abuelo ganó un juicio a una agroforestal. Luego, en 2021, el menor apareció muerto y el abuelo fue acusado del asesinato. Las investigaciones siguen abiertas.
Por su parte, desde el gobierno de Gabriel Boric no se muestra interés en una investigación sin criminalizacióninstitucional contra la familia de Julia Chuñil. Incluso el Ejecutivo declaró inadmisible una acción urgente presentada ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Silencio y miedo en territorio recuperado
La comunidad presidida por Chuñil, conformada en su mayoría por personas ancianas, se asentó hace diez años en un terreno que había sido adquirido por la Corporación Nacional de Desarrollo indígena (Conadi), organismo estatal creado para recuperar tierras del pueblo mapuche.
En la región Los Ríos, el proceso de despojo territorial contra mapuches y campesinos chilenos empezó entre 1850 y 1875, con la migración selectiva de alemanes. Con la reforma agraria de Salvador Allende (1970-1973), se devolvieron las tierras a sus primeros habitantes; luego, con la dictadura de Pinochet se ejecutó la contrarreforma yles arrebataron los terrenos, mediante el terrorismo de Estado, a sus legítimos habitantes.
En 2013, Juan Carlos Morstadt vendió a la Conadi 900 hectáreas por el valor de 1,114 millones de pesos chilenos. En un principio, este terreno iba a ser entregado a otra comunidad, la que lo rechazó porque el empresario lo vendió sin derecho a uso de agua. Esta comunidad demandó por incumplimiento de contrato a la Conadi y aMorstadt. Ante el abandono del terreno, llegó la comunidad de Julia.

Hay una serie de movimientos en la Conadi que apuntan a maniobras de la industria agroforestal. La institución devolvió el terreno a Morstadt, sin que este haya reembolsado hasta hoy ni una parte del monto detransacción. La Conadi tampoco le notificó que la Superintendencia de Chile resolvió por la devolución del dinero.
¿Por qué querría pagar por un terreno que, sobre el papel, le pertenece?, se pregunta la familia de Chuñil. Lo que está en disputa es una cantidad millonaria de dinero adeudada por el empresario al Estado, en contraste con su imposibilidad de obtener ganancias del territorio.
“Hay algo extraño, ¿cómo la Conadi no quiso recuperar el dinero? Llama la atención que la Conadi, que se supone es un organismo de protección a los indígenas de Chile, no se haya sumado a la denuncia que hizo la familia. Además,como organismo tampoco hizo su propia denuncia frente a la desaparición de una mujer indígena. Entonces, se acrecientan las sospechas de que hay algo ilícito. Primero, el tipo no les devuelve el dinero, no lo notifican de la resolución y luego no denuncian la desaparición”, cuestiona la integrante de la Coordinadora por Julia Chuñil.
En la comunidad Pedreguel hoy habitan el silencio y el miedo. En abril, un caballo de Julia Chuñil fue envenenado y un chancho muerto por balas, lo que significa una amenaza de parte de los responsables de la desaparición de la defensora indígena.
“La gente comenta que siente mucho miedo. Ellos les trabajan el campo (a los latifundistas), vendiendo leña, cuidando animales, ven riesgo de perder ingresos porque les trabajan a los que tienen más plata. Nos dicen que hay gente que sabe, pero nadie va a hablar porque tiene miedo. La desaparición de una persona es muy violenta”, relata Marjorie Becerra.
En la prensa se difundieron narrativas de montajespoliciales. Se filtraron presuntos resultados del laboratorio de Carabineros de análisis de sangre tomados en la casa de la hija de Chuñil “compatibles con la defensora”. Al no haber cuerpo para contrastar las muestras, no es ninguna revelación la compatibilidad genética entre familiares. La fiscal Esquivel llegó a señalar a la lideresa de robo de madera, refiriéndose a la recolección de ramas del bosque.
El día ocho de cada mes se publican noticias de desprestigio contra los familiares de la defensora mapuche. Ante esta narrativa, las organizaciones que luchan por la búsqueda de Julia Chuñil responden con más movilizaciones y solidaridad hacia su familia.