Radio Zapatista

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La coordinación de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a través de una declaración publica lo nefasto de la tramitación de la ley para la protección de los glaciares.

Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran minería a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron dañados criminalmente por la corporación Barrick Gold. Fue la presión de organizaciones sociales que venció y logró detener después de años de lucha con este delito contra el medio ambiente.

LA COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:

ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACIÓN DE LA LEY, DE MAL EN PEOR

El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile.
Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.
La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política
como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que
las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos
haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley
que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.
La jornada partió con una impresentable jugada del oficialismo. El Gobierno y sus senadores presentaron un informe vergonzoso que da cuenta de gran cantidad de faenas mineras medianas y pequeñas, tanto en ambiente periglaciar como permafrost. Dicho informe revela que estas faenas son más destructivas de estos ambientes que las grandes empresas. Cabe destacar que esta Coordinación maneja la información de que hay por lo menos 34 proyectos mineros e hidroeléctricos ubicados en glaciares, mientras que en el cuadro comparativo de Sernageomin solo da cuenta de 14.
Sin embargo, los objetivos de esta sucia jugada fue sensibilizar y asustar a estos productores, azuzándolos contra la ley de glaciares para, con ello, contar con argumentos que sigan fortaleciendo la postura de la indefensión del ambiente periglaciar y permafrost, totalmente distinto a lo que proponía el proyecto original – símil a la iniciativa de Argentina–presentada por Girardi.
Interesante es constatar que Sernageomin y el Estado conocen todos los lugares donde hay zona periglaciar y
permafrost. Esto revela lo falaz del argumento que usan para dilatar su protección, según el cual para resguardarlos es
necesario conocer y delimitar sus ubicaciones. Gino Casassa, director del Departamento de Glaciología y Nieves y acérrimo detractor de una ley de glaciares y de su protección, se dio cuenta rápidamente del error político, objetó el informe y solicitó su revisión con datos de la DGA. Cuando la información se necesita para sus intereses, aparece.
Un segundo momento tuvo a Girardi como protagonista. En un monólogo vergonzoso se desdijo de todos los argumentos sostenidos en reuniones previas en defensa de su proyecto, llegando a decir que el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA) sí protege los glaciares. Esto pese a que previamente coincidía con el análisis de las
comunidades respecto a que es una falacia y que el Proyecto Pascua Lama es el ejemplo más claro: se permitió dicho
proyecto con la condición de no afectar los glaciares, sin embargo, estos fueron afectados. Pero lo más grave de esta
sesión fue que dejó su postura al descubierto: “Nosotros no vamos a establecer una protección absoluta al periglaciar y permafrost, como teníamos originalmente, y no va a ser la misma protección absoluta que tiene el glaciar tanto blanco como de roca, y establecimos un mecanismo de protección mediante el sistema de impacto
ambiental”. “(…) los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, ha habido una flexibilidad basada en evidencia científica”.
Como coordinación venimos denunciando hace meses “una cocina” y la vuelta de chaqueta de Girardi y los senadores
de oposición, quienes han sucumbido a las presiones de la minería como ha sucedido históricamente, desestimando la
defensa de un proyecto que proteja realmente los glaciares en un contexto global y nacional donde urge hacerlo más
que nunca.
Desoladora fue la primera intervención de la Senadora Allende, recién llegada a la Comisión en reemplazo de Elizalde.
Su declaración de preocupación por los glaciares fue vacía y lo que realmente le inquieta son las consecuencias de la
ley para la minería: “Entendiendo la importancia que tiene la protección para una región como Valparaíso, también
necesito saber si los proyectos que son de mediano y largo plazo, digamos, quedan afectados o no afectados. Una cosa
es prohibir y otra es obligarlos a una evaluación de impacto ambiental. (…)Tanto en la Región Metropolitana (Andina) como Valparaíso (CODELCO), existen proyectos en curso y ambos, minería pública y privada, tienen proyectos
bastantes estratégicos. (…) Yo no sé si el Ministro de minería puede ayudarme.”
A lo que el ministro en sintonía contestó: “Hay que velar porque no sea una prohibición absoluta, y eso es un poco la
gradualidad (…), es decir en los glaciares no se puede hacer nada, salvo actividades digamos científicas, o deportivas,
etc. Y en el ambiente periglaciar y el permafrost hay que ir al Sistema de Evaluación Ambiental, eso es, en resumen”.
Sincerando por fin lo que Piñera ha intentado ocultar todo este tiempo: ESTE GOBIERNO NO QUIERE PROTEGER LOS
GLACIARES.
Por su parte, la Senadora Provoste, actual Presidenta del Senado, reiteró la defensa de su última indicación.
Recordemos que esta comisión tuvo un escándalo a mitad de enero con Girardi como actor principal. Él se asesoró por
el experto en glaciares Francisco Ferrando, y los senadores confiaron en que las indicaciones que ingresaron en
conjunto en noviembre 2020 estaban visadas por él, pero no fue así. Ferrando nunca aprobó la permisividad de
actividades en zona periglaciar y permafrost y Girardi ingresó las indicaciones con esas catastróficas flexibilidades.
Provoste retomó el espíritu de las indicaciones de Ferrando y optó por proponer una “protección zonificada”, donde la
intervención está prohibida en zonas de escasez hídrica, particularmente en Atacama: “…Queremos insistir en la
necesidad de establecer un criterio de diferenciación en aquellos territorios, como particularmente en el caso de la
región de Atacama, que exista una prohibición respecto de proyectos de inversión en el ambiente periglaciar,
definiendo a este como desde el punto vista espacialmente, desde los límites de la cuenca glaciar que era algo que el
profesor Ferrando también había señalado, salvo en caso de corredores trasnacionales, los cuales deberán presentar
por cierto los correspondientes estudios de impacto ambiental. (…) es fundamental que exista una protección clara y que estén prohibidos los proyectos de inversión en el ambiente periglaciar en regiones como la nuestra”.
Este miércoles 14 de abril, se retomó la discusión sin mayor avance, quedándose en revisar como superar lo referido a
ambiente glaciar y permafrost, se intento avanzar en las sanciones, que desde ya parecen insuficientes.
Como Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares afirmamos que la única alternativa es defender la
protección de todos los glaciares y sus ambientes a nivel nacional. Si el área periglacial y permafrost no se protegen no se protegerán los glaciares ya que son parte de complejos ecosistemas interconectados. No podemos apoyar que unos
territorios sí logren protección y otros no. La sequía avanza cada día hacia el sur. Un botón de muestra es el reciente
decreto de escasez para las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno. Necesitamos políticas que prevean el futuro, no
que lleguen tarde. Finalmente, debe haber sanciones claras y concretas.
Estos antecedentes son una pésima señal de lo que podría pasar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado,
donde el proyecto seguirá su discusión. Compuesta por Girardi y Allende –la supuesta oposición–, resulta difícil
esperar un mejor panorama para las comunidades y los ecosistemas glaciares dependientes. Ponemos en alerta sobre esta situación a las comunidades hermanas, los pueblos y la ciudadanía de lo que pase con esta ley y a no permitir su
avance si ese es el panorama. SIN GLACIARES NO HAY VIDA. No permitamos que los senadores se salgan con la suya,
no política en la medida de lo posible. Exijamos un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza.

Video de sesión en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-energia/comision-de-mineria-energia/2021-03-30/224753.html

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Por Gozalo Armúa y Lautaro Rivara

La mayoría de los análisis recientes sobre la coyuntura electoral en el Perú coinciden en un punto: la extrañeza, la novedad y la improbabilidad de que un personaje “desconocido” como Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, haya accedido al balotage que el día 6 de junio lo enfrentará a la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori en la disputa por la presidencia del país.

Pero más que de una realidad caprichosa, este desconcierto habla del desconocimiento propio sobre el proceso político y social en la nación andina, de “los ríos profundos” que corren en el país olvidado pero viviente, rezagado pero protagónico, de las serranías peruanas. Como reza el dicho: existen la ficción, la realidad y el Perú. Adentrémonos en él.

Las elecciones

El proceso político de los últimos años ha sido sinuoso. El Perú llegó a estas elecciones bajo un gobierno de emergencia, tras la destitución de Martín Vizcarra el 9 de noviembre del año 2020. Este, a su vez, había llegado a la máxima instancia ejecutiva tras la caída del también destituido Pedro Pablo Kuczynski (más conocido como PKK).

En los comicios se presentaron 18 candidaturas presidenciales, de las cuales se estimaba que al menos seis tenían posibilidades de superar la magra barrera del 10 por ciento de los votos. Verónika Mendoza asomaba como la candidata con mayores posibilidades en el campo del progresismo y la izquierda, dado que en las elecciones del año 2016 había quedado a poco más de dos puntos porcentuales de acceder a la segunda vuelta. Por su parte, las opciones de derecha más competitivas se dirimían entre dos variantes fujimoristas: la representada por el economista neoliberal Hernando de Soto -asesor económico de Alberto Fujimori e ideólogo del brutal programa de austeridad conocido como el “fujishock”- y aquella expresada en la figura de Keiko Fujimori, hija del dictador que, al menos para los y las peruanas, no necesita de mayores presentaciones.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a Pedro Castillo de Perú Libre un claro primer lugar, con 19 por ciento de los votos, y a Keiko Fujimori de Fuerza Popular un 13,35 por ciento. La diferencia, irremontable, dejaría por fuera de la segunda vuelta a De Soto. La contienda entre Castillo y Fujimori expresa, por tanto, el más polarizado de los escenarios posibles, al menos en lo que concierne a la elección presidencial.

Pero además Castillo ganaría en 16 de las 26 circunscripciones electorales, y su partido, en un hecho inédito, obtendría casi 30 escaños en el Parlamento, convirtiéndose en la fuerza más votada del país. Aun así, el escenario parlamentario se presenta muy fragmentado entre una variopinta paleta de colores y fuerzas políticas, que van desde la derecha de tintes fascistas hasta la izquierda radical, con variantes progresistas, confesionales, antivacunas, neoliberales y progresistas, en combinaciones no siempre esperadas.

La historia reciente

Perú atraviesa una crisis profunda en todos sus niveles, que es expresión del colapso del modelo liberal instaurado a sangre y fuego por el fujimorismo en los años ‘90, y justificado a través de la “estabilización” del país con la práctica desarticulación de Sendero Luminoso.

Ese espiral de descomposición tiene en particular una dimensión política, que se evidencia en las disputas intestinas entre distintas fracciones de los sectores dominantes. Estas luchas facciosas han generado en los últimos años la destitución de varios presidentes, el cierre del Congreso, el enfrentamiento frontal entre el Ejecutivo y el Legislativo, la renuncia de numerosos jueces y de magistrados de la Corte Suprema, el procesamiento y encarcelamiento de varios ex presidentes por el Caso Odebrecht y hasta el suicidio del ex mandatario Alan García, por nombrar algunos de los hechos más notorios.

Entre los golpes palaciegos, la corrupción endémica y el total distanciamiento del Estado respecto de las necesidades populares, en los últimos años han emergido distintos procesos de movilización social que tienen como principales protagonistas a las comunidades enfrentadas contra los proyectos megamineros y a la lucha reivindicativa de los y las docentes. La capital, Lima, también se ha movilizado, quizás con más notoriedad internacional, contra la crisis política, el desgobierno y los recurrentes escándalos de corrupción.

Perú, como otros países del eje Pacífico, alberga una enorme fragmentación territorial y fuertes regionalismos. Allí conviven universos prácticamente diferenciados como los de la Costa, la Sierra y la Selva, diversos en sus economías, sus culturas, sus modos de vida y sus formas de articulación al modo de acumulación dominante. La región costera concentra las mayores riquezas del país y ha hegemonizado la idea misma de la peruanidad: cosmopolita, occidental y decididamente neoliberal.

En la Sierra, en los últimos años, las industrias extractivas se han abierto paso sobre la economía rural y campesina, lo que ha generado una convivencia -por lo general conflictiva- entre enclaves neoliberales hiper desiguales con una cosmovisión indígena y comunitaria de fuertes reminiscencias incaicas. Tanto en estas ciudades extractivistas como en el ámbito rural, los sectores populares tienen que hacer frente al racismo y al colonialismo interno de las clases dominantes criollas. La Selva, por su parte, aislada geográfica y económicamente, ha sido el teatro de operaciones de organizaciones guerrilleras desde los años ‘70, y ha sufrido de lleno las consecuencias de la “guerra sucia” del ejército peruano en los años ‘90 y también “la guerra contra las drogas” orquestada por la DEA y los Estados Unidos.

Es en estas regiones periféricas, alejadas del centro moderno y desigual que es Lima, en los contornos de una de las repúblicas más centralistas de todo nuestro continente que, una vez desarticulada la guerrilla Sendero Luminoso y finalizada la dictadura de Fujimori, empezaron a emerger porfiadamente nuevas formas organizativas campesinas, comunitarias y populares. Las luchas antimineras, en particular, han tenido una gran relevancia en lo que va del siglo XXI, y de su acción organizativa han emergido liderazgos indígenas y populares que incluso han accedido a gobiernos locales y regionales.

Así, por ejemplo, en el 2018 el referente ecologista aymara Walter Aduviri conquistó la gobernación de Puno; Zenón Cuevas hizo lo propio en el Departamento de Moquegua; mientras que Vladimir Cerrón -del mismo partido que Castillo- también se alzó con la gobernación de Junín. Además, las fuerzas populares accedieron al poder en varias provincias -circunscripciones locales, equivalentes a los municipios- a través de fuerzas políticas desconocidas en Lima y la Costa pero con una fuerte raigambre en los territorios.

Cabe destacar que en la zona selvática los docentes rurales han tenido una presencia única desde los años ‘60, y muchos de ellos aparecen como los referentes naturales de sus comunidades. En uno de los episodios de lawfare menos conocidos en la región, varios de estos liderazgos han sido perseguidos, encarcelados y/o inhabilitados para ejercer cargos públicos. Es el caso de Walter Aduviri, hoy encarcelado, y también el de Vladimir Cerrón, suspendido en su gobernación e imposibilitado de presentarse como candidato presidencial por su partido, Perú Libre.

La campaña

La victoria de Castillo, sorprendente pero no por eso azarosa, reconoce entonces tres factores principales. En primer lugar el proceso histórico que acabamos de describir, que explica el surgimiento de nuevas luchas, nuevas organizaciones y nuevos liderazgos en las zonas rurales del Perú. En segundo lugar, el dominio de una estructura con anclaje territorial, presencia institucional y recursos locales, que desbarata el estereotipo de una fuerza política precaria e improvisada. En tercer lugar, la irrupción de una suerte de oustsider de izquierda, identificado con e identificable por las masas indígenas, campesinas y populares. Un docente rural, mestizo, provinciano, alejado del centro institucional y del discurso liberal-urbano y políticamente correcto, capaz de interpelar y representar el hastío frente a la corrupción, la casta política y los poderes fácticos.

Por su mismo origen periférico, Perú Libre es un partido de escasos vínculos internacionales -si lo comparamos, por ejemplo, con Juntos por el Perú de Verónika Mendoza- y prácticamente desconocido hasta ayer para el conjunto de la opinión pública, de las corporaciones de prensa y hasta para parte de los movimientos y partidos progresistas y de izquierda del continente. Valga como como botón de muestra lo que sucedió en la cadena CNN, quien durante la cobertura del día domingo no contaba siquiera con una imagen de archivo para presentar al candidato que encabezaba el proceso electoral. Perú Libre, insistimos, es una fuerza militante, cohesionada, con arraigo territorial, y con presencia en gobiernos locales y regionales.

Es esta base logística y organizativa la que ha permitido el despliegue de una campaña, austera en apariencia, pero que ha asignado de forma eficiente sus recursos, por fuera de los circuitos “obligatorios” de la gran prensa y las redes sociales -quizás no tan obligatorios considerando que, por ejemplo, el 60 por ciento de los y las peruanas no tienen acceso a internet-. Perú Libre apostó, en cambio, por las radios comunitarias, los recorridos pueblo a pueblo, los eventos culturares y la incidencia en los medios locales.

Castillo, en Twitter, no tiene más de 3 mil seguidores, ni mayor presencia en las otras redes sociales. Fue omitido por la mayoría de los grandes medios hegemónicos, hasta que en la recta final algunos de ellos decidieron darle visibilidad para desbancar del balotage a Verónika Mendoza. Aunque esto no explica la cosecha electoral de Perú Libre, es evidente que el tiro les salió por la culata.

El candidato

Pedro Castillo es uno de los ocho candidatos presidenciales en Perú que no tiene ningún proceso judicial abierto. Los otros diez tienen o tuvieron procesos por corrupción, delitos electorales o irregularidades financieras.

Si bien no es una figura desconocida, el nivel de apoyo a su candidatura ha rebasado las expectativas de propios y extraños. Castillo es maestro rural, que ha marchado extensamente por los pueblos olvidados del Perú profundo, sin contar con que ha sido alcalde distrital de su pueblo en Cajamarca. También fue miembro activo de las Rondas Campesinas. Los “Ronderos” son una organización campesina y comunitaria con miles de integrantes y con presencia en gran parte del sur del Perú. Se la considera la organización con mayor capacidad de movilización de todo el país, aunque sus demostraciones de fuerza, lejanas a Lima, suelen pasar desapercibidas. La organización rondera ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años y se vincula con distintas fuerzas políticas populares y de izquierda. Pese a que recientemente han creado su propia herramienta política, para estos comicios decidieron brindar su apoyo a Castillo y a Perú Libre.

Además, Castillo es referente de un sector de oposición en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) actualmente dirigido por el Partido Comunista del Perú-Patria Roja. La base más activa del sindicalista está asociada con profesores de extracción popular-campesina, y tiene gran ascendencia sobre sectores evangélicos de dentro y fuera del magisterio.

En el año 2017 ganó protagonismo nacional por su liderazgo en la gran huelga y movilización docente de aquel año, aunque luego terminó disputando la conducción del sindicato en un frente común con sectores conservadores.

Las bases de apoyo de Castillo dentro del mundo docente se componen de sectores populares y empobrecidos, con referencias políticas ideológicas diferenciadas y contradictorias: izquierdistas, conservadoras, laicas o confesionales. De ahí las posiciones esperpénticas que combinan propuestas soberanistas, latinoamericanistas, constituyentes y de transformación económica radical, en simultáneo con declaraciones conservadoras en lo social -incluso homófobas- aunque no de forma orgánica ni programática.

En declaraciones recientes, Castillo anunció que de llegar a la presidencia terminaría con el encarcelamiento a Antauro Humala, militar revolucionario del Movimiento Etnocacerista que encabezó el Levantamiento de Locumba contra la dictadura de Alberto Fujimori, y más tarde el “Andahuaylazo”, asonada militar que intentó forzar la renuncia del presidente neoliberal Alejandro Toledo. Antauro Humala cumplió su pena de prisión por este último hecho, pero sigue encerrado debido a una decisión política. El Movimiento Etnocacerista cuenta con una base popular y una militancia bien disciplinadas que fueron interpeladas por este gesto de Castillo.

Esta singular figura de a caballo -lo vimos ir a votar montado en una yegua encabritada- podrá parecer ridícula o retrógrada a ojos vista de las clases medias limeñas, los sectores pudientes y las fuerzas políticas de inspiración liberal, pero empalma de forma indudable con las aspiraciones de buena parte de las masas más postergadas del Perú.

La organización

El partido Perú Libre fue fundado en 2007, se amplió por la sumatoria de otras fuerzas políticas regionales en 2012, y es actualmente conducido por el dos veces gobernador de Junín -electo en 2010 y en 2018- Vladimir Cerrón, quien ocupa el cargo de Secretario General Nacional.

En su plataforma política se afirma que “Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista (…) y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguistas son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial.”

Hay que destacar que, tanto Perú Libre como su referente Vladimir Cerrón, sostienen una concepción latinoamericanista, cultivan estrechos vínculos con Evo Morales, y no han cesado en su reivindicación de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana de Venezuela. Algunos de los principales ejes de su programa de gobierno son: asamblea constituyente y nueva constitución, economía popular, Estado fuerte regulador, integración del Perú a la UNASUR y abandono de la OEA, nacionalización y estatización de recursos estratégicos, salud y educación pública. En su estatuto se promueve también “la participación de las mujeres en los espacios de decisión política” y el “aportar a la agenda de género e inclusión social de la mujer (…) para que cada mujer peruana tenga una participación activa en la construcción de la Patria”.

El balotage

La segunda vuelta electoral tendrá lugar el 6 de junio y será un choque de galaxias. Mientras el fujimorismo destila el odio de una prédica autoritaria, anticomunista, antichavista y antifeminista, caracteriza y criminaliza como “terruco” -terrorista- a las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, populares y comunitarias que luchan por transformar el Perú. Mientras tanto, Castillo no oculta su origen humilde y su identidad de izquierda, y enfatiza un discurso anti-dictatorial y anti-corrupción. Sin embargo, ambos candidatos, pese a estar en las antípodas ideológicas, cuentan con amplias bases populares. Las únicas figuras impávidas, expectantes, parecen ser las élites blancas limeñas, cultoras de los buenos modales y los valores liberales.

Para el progresismo peruano, la disyuntiva puede o arrojarlo al encuentro con las masas populares del Perú, para iniciar allí un mutuo proceso de educación y re-educación política, o condenarlo al ostracismo y liquidarlo como fuerza política. O se alía con Castillo y llama a votar por él -siquiera de forma crítica-, y se desprende de los sectores más liberales y colonizados de entre sus filas; o se posiciona por el voto nulo, ante la imperdonable posibilidad de allanar el terreno para que el trágico apellido Fujimori vuelva a gobernar con mano de hierro el Perú, desbaratando la primera posibilidad real de conquistar un gobierno popular desde la presidencia del militar nacionalista Velasco Alvarado.

Castillo tiene el desafío, en el plano nacional, de lograr coagular a los diferentes sectores sociales y democráticos que rechazan al fujimorismo pero aún ven con recelo su candidatura radical. Y en el plano internacional, el desafío de ampliar su marco de alianzas, para lograr blindarse contra las operaciones de los aparatos mediáticos, diplomáticos y judiciales que ya le han declarado la guerra. Y también para ponerse a resguardo de los sectores liberales que ya empiezan a agitar la peligrosa tesis de que en el Perú se enfrentan “dos conservadurismos”, poniendo en la misma bolsa a banqueros y ronderos, a oligarcas y maestros rurales, a dictadores en ciernes y a líderes antineoliberales.

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En el marco de la campaña de información de la Travesía Zapatista por la Vida y de la jornada contra los megaproyectos y en memoria a los 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, el día 10 de abril se convocaron a distintas acciones por toda Grecia.

Compañeras y compañeros de muchas luchas y resistencias de estas latitudes se reunieron en plazas públicas, parques, montañas y en las calles para romper el silencio y el cerco que nos imponen los de arriba, difundir el viaje histórico de nuestros compañer@s zapatistas, y gritar bien fuerte que “Aquí estamos. Y tampoco nosotr@s no nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos.”

• En el norte de Grecia las y los compas de Megali Panagia, Skuries, Halkidiki caminaron por las montañas a pronunciarse contra la mina de oro, empresa canadiense que está devorando la montaña de Kakabos:  “Contra los megaproyectos, luchas por la Tierra y Libertad. No a la mina, si a la vida. Viva Zapata”

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/chalkidiki-no-a-la-mina-si-a-la-vida/

Comité de lucha de Megali Panagia https://www.facebook.com/epitropiagonapanagias/posts/5547970635243671

• El movimiento antifascista de la ciudad de Kalamata también participó en el día de acción para el viaje zapatista a Europa con la pinta de un cartel muy colorido: “Hemos hablado de l@s zapatistas, de su viaje a Europa, hemos pintado rostros de miles colores… y ¡SEGUIMOS!, pues… ¡la lucha sigue!…”

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/zapata-vive-o-zapata-zei/

Movimiento Antifascista de Kalamata

https://www.facebook.com/antifasistikikalamatas.blogspot.gr/posts/2430083433803732

• En el Puerto del Pireo l@s compas realizaron una caminata por todo el paseo marítimo: Caminamos juntos con nuestr@s compañer@s Zapatistas.“Hoy, el 10 de abril de 2021, 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, hemos caminado desde el Puerto de Pireus hasta el barrio de Lipasmata que quieren robarlo del pueblo de Pireus. Caminamos mandando un mensaje simbólico: Caminamos juntos con nuestr@s compañer@s Zapatistas. ¡Por la Vida y la Dignidad! ¡De Pireus hasta Chiapas la lucha sigue!

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/10-aprili-2021-102-chronia-apo-ti-dolofonia-toy-emiliano-zapata/

Pireo : https://www.facebook.com/autoorganosikorydallos/posts/1253063971785495

• La ciudad de Salónica, se llenó de color, con dibujos en las banquetas hechas por niños y grandes, además lxs compañer@s organizaron varias actividades informativas para la visita de l@s Zapatistas este verano, la proyección de un documental, pláticas, la presentación de las diferentes coordinadoras que se han formado a nivel nacional como la de género “Convoy político hacia el encuentro de mujeres que luchan”, de la “otra salud”, del recorrido por “La Tierra y Libertad” y una exhibición fotográfica bajo el lema “somos zapatistas, portador@s del virus de la resistencia y la rebeldía”.

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/imera-drasis-gia-to-taxidi-ton-zapatistas-stin-eyropi-to-kalokairi-2021/

https://www.facebook.com/karavanizapatista/videos/205537227713403/

• En la capital griega l@s compas de la okupa Lelas Karagianni 37 organizaron un día informativo en el parque ocupado Kiprou y Patision.

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/athina-oi-zapatistas-taxideyoyn/

• El grupo autónomo de la ciudad de Kavala organizó un evento informativo en el parque cerca de la okupa de Vironos 3 donde se invitó a participar en esta lucha desde abajo y firmar la Declaración por la Vida. “A 102 años del asesinato del Emiliano Zapata, seguimos luchando por la Vida, contra los megaproyectos de muerte, en Grecia, en México y en todo el mundo”.

ΚΑΒΑΛΑ: 102 χρόνια από τη δολοφονία του Ζαπάτα, είμαστε ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, ενάντια στα μέγα-πρότζεκτ του Θανάτου, στο Μεξικό και παντού!

Kavala https://www.facebook.com/karavanizapatista/posts/110707567795388

• La Asamblea de la ciudad de Larisa por el viaje de l@s Zapatistas convocó a un evento en el parque de San Antonio donde se repartió información y por la tarde se realizó una asamblea. En las pancartas se puede leer “L@s zapatistas viajan y nuestros corazones bailan, la lucha por tierra y libertad se mueven”.

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/larisa-para-todos-todo-para-nosotros-nada/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=305870907774848&id=108039524224655

• La Coordinadora de Patras para el viaje de l@s zapatistas proyectó el documental «Autonomía Zapatista» en la plaza de Olga en las pancartas se envía el mensaje “Los Zapatistas en Europa. Otro mundo es posible. Solidaridad internacionalista entre l@s que luchan en el mundo”.

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/patra-enas-allos-kosmos-einai-efiktos/

Patras https://www.facebook.com/disiniosippos/posts/2879634889022903

• En la isla de Lesbos el Coro intercultural Cantalaloun interpreto la canción de la cucaracha. “Desde Lesvos hasta Chiapas la lucha sigue”

Para ver el video que hicieron l@s compas https://fb.watch/4ReoTx6WhP/

• Desde la Coordinación por la Gira Zapatista del Peloponeso grabaron un video en apoyo a los Zapatistas que leen la Declaración por la Vida en español y en griego

Peloponeso https://www.youtube.com/watch?v=zR7cx9EamAU

• En la ciudad de Agrinio l@s comp@s de la okupa de Apertus colgaron una pancarta “Estamos con la vida, en contra de los mega proyectos de muerte en México y en todo el mundo”.

Agrinio https://www.facebook.com/karavanizapatista/posts/110329491166529

• En Réthimo, Creta también se colgó una manta recordando los 102 años del asesinato de Zapata y las luchas por la tierra y la libertad

• En Atenas, las mujeres de la asamblea, de la Okupación de Techo Prosfygika, migrantes y griegas, organizaron una charla y la proyección de un documental del Primer Encuentro Internacional de la Mujeres que Luchan:

“A nosotras, las mujeres, migrantes y griegas, que luchamos en este barrio de Prosfygika (barrio de Refugiad@s), la lucha zapatista nos da fuerza, ideas y ánimo para seguir luchando dentro de ese escenario oscuro que imponen los estados y el neoliberalismo…”

• En la ciudad de Veria, La Asamblea de recepción de l@s Zapatistas, bajo las consignas ¡NO ESTAN SOLXS!  ¡SU RABIA TAMBIEN ES LA NUESTRA!, ha organizado el 10 de abril, un acto de información, lectura de cuentos zapatistas y exhibición de pinturas.

• En la ciudad de Chania, Creta, la ocupa ROSA NERA manda, ese día 10 de abril de 2021, un “recuerdo del pasado para el futuro”

• La Acción Antifascista de la ciudad de Réthimno, Creta, manda sus mensajes para el día 10 de abril: «Contra el despojo de nuestras vidas, Lucha por tierra y libertad» y…

«Que no lo olvidemos: La revolución sabe nadar»

Página-web de la Coordinación Griega por la Gira Zapatista: http://karavanizapatista.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/karavanizapatista/

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• Desmentimos la versión de accidente vehicular provocado por nuestros compañeros.

• Exigimos al Estado mexicano respetar, proteger y garantizar el trabajo de derechos humanos en Chiapas.

El día de hoy pasadas las 00:00 horas, fueron liberados nuestros compañeros defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez (Lázaro y Vico), quienes por más de 40 horas estuvieron privados arbitrariamente de la libertad. Ellos se encuentran en buen estado de salud, por ello celebramos la vida y reencuentro con sus familiares, sus seres queridos y con la comunidad Frayba.

Desmentimos categóricamente la información difundida por el estado de Chiapas, en donde se ha señalado que el motivo de la detención de Lázaro y Vico se debió a un accidente de tránsito, en Ocosingo.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), preocupa este tipo de discursos porque minimizan el contexto de violencia en la región y por consiguiente el alto riesgo que vivimos las personas defensoras de derechos humanos, tergiversando las agresiones a que constantemente somos blanco, haciéndolas pasar por hechos ajenos a nuestra labor. Y aún más preocupante es que mantenga la política de simulación de la seria crisis de seguridad y derechos humanos, que sigue atentado contra la Vida de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y mestizas en las diferentes regiones de nuestro estado.

Sobre la situación vivida por nuestros compañeros, por ahora valoramos no hacer público los detalles de tales hechos porque les pone en riesgo y vulnera su seguridad y la de los que integramos el Frayba, sin embargo, reafirmamos que la privación de la libertad de nuestros compañeros se origina por nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas.

Lamentamos que ante hechos de denuncia realizados por el Frayba la actuación del Estado mexicano es inoperante, lenta y que generan actos que hace posible mantener el pacto de impunidad, ligado a la ineficacia del sistema judicial.

Las personas defensoras de derechos humanos en México realizamos nuestra labor en territorios donde las condiciones de inseguridad y violencia nos vulnera cada día más. Frente a este contexto se suma la omisión y acción del Estado mexicano aumentando con ello la grave crisis de derechos humanos.

Sabemos que esta lucha por la dignidad y la justicia molesta a actores, a ellos les incomoda nuestra presencia y palabra, por tal motivo nos preocupa que las agresiones, amenazas, desprestigio a nuestra labor e incluso del uso de la libertad personal como moneda de cambio para justificar una política de estado que propicia la confrontación y violencia institucional

Frente a esta situación, recordamos la misión que nos dejó jTatik Samuel Ruiz: Caminar al lado del Pueblo pobre y organizado, reafirmamos que seguiremos alzando nuestra voz para denunciar las injusticias, acompañando a los pueblos y a las personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Nuestra misión se hace cada vez más fuerte cuando nos acompáñanos en el camino, ahí nos encontramos en la humanidad que somos y en la queremos ser, por eso enviamos nuestro sincero y profundo agradecimiento a las personas, colectivos, pueblos, barrios y colonias, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, familiares de víctimas y medios de comunicación, porque sus acciones de solidaridad e indignación hicieron posible la libertad de Lázaro y Vico.

No tenemos otra forma de retribuirles más que con nuestro agradecimiento que viene del corazón y el compromiso desde la resistencia y desde la una visión de derechos humanos que emerge desde los Pueblos, en donde la solidaridad es permanente con sus luchas, procesos y se sostiene con toda la fuerza de construcción de nuevos horizontes de vida más humanos y justos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
14 de abril de 2021
Boletín No. 4

Descarga en PDF: Fueron liberados los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victóricov Gálvez Pérez.

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Por Santiago Navarro F.

Con una primera escala en Uruguay, el 6 de abril, el Almirante Craig S. Faller, comandante supremo del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom por sus siglas en inglés), continuó su gira por Argentina los días 7 y 8, para realizar “donaciones humanitarias en representación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para apoyar” a los países que consideran como aliados para combatir la pandemia del COVID-19, informó en un comunicado la embajada estadounidense.

El Comando Sur es uno de los nueve comandos​ militares pertenecientes a Estados Unidos (EEUU). Abarca un área de influencia militar que comprende el Sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida.

El comandante del Southcom sostuvo que su compromiso con Uruguay es “de militar a militar” y que “incluye programas de educación profesional y capacitación técnica, asistencia en respuesta a la pandemia y desastres naturales, la colaboración en las operaciones de mantenimiento de la paz”.

Faller se reunió con altos funcionarios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Uruguay y también con funcionarios de gobierno. Entre otros temas, destacaron sus vínculos de defensa bilateral de larga data entre ambos países. El comandante sostuvo que cada año entre 30 y 40 oficiales uruguayos viajan a EEUU para recibir entrenamiento militar.

Aunque no todo fue un caluroso recibimiento para  la comitiva estadounidense. Diversas expresiones de rechazo se hicieron notar. Entre ellas, La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad mostró su desprecio y sostuvo en un comunicado que “la historia de visitas de representantes del Comando Sur de EEUU a América Latina y el Caribe viene de la mano con intervenciones, agresiones militares, crímenes atroces contra nuestra gente”.

La uruguaya Mónica Riet, ex militante de la fracción política Frente Amplio de Uruguay, sostuvo para Avispa Midia que “no es extraña la visita del Comando Sur, porque desde el primer mandato de Tabaré Vázquez (expresidente 2005-2010 y 2015-2020) comenzaron con sus inversiones humanitarias en salud y educación, principalmente en barrios pobres como en Santa Catalina. Pero hubo varias denuncias de que lo que buscaban era establecer una base militar en Uruguay y establecer acuerdos y permisos para el uso de infraestructura bélica, como aeropuertos y puertos que pudieran servir para sus operaciones rápidas”.

Riet sostiene que su país “no ha sufrido de grandes catástrofes naturales porque contábamos con un sistema emergencia adecuado para nuestras necesidades. Pero el Comando Sur lo híper redimensionó con una de las primeras inversiones de un millón de dólares destinados al Sistema Nacional de Emergencia. Actualmente existen 10 centros que disponen de tecnología de punta que funcionan las 24 horas del día que tienen visión en tiempo real de lo que sucede en nuestro territorio”.

En su paso por Uruguay Faller y su comitiva también supervisaron los nuevos artículos donados para este país sudamericano en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria de Southcom (HAP) para mitigar el impacto de la Covid-19. De acuerdo con la embajada de EEUU, hasta ese momento, el compromiso de donación gira en torno a USD 4.8 millones en asistencia para contrarrestar la pandemia. “Estas donaciones incluyen equipo de protección personal (PPE), suministros médicos, lechos de UCI, equipos de detección y monitoreo, y tres hospitales de campo”, puntualizó la embajada estadounidense en un comunicado.

La comitiva militar de EEUU estuvo 24 horas en Uruguay y 48 horas en Argentina, donde también realizó una serie de donaciones para sobrellevar el impacto que ha dejado la pandemia.

Argentina

Faller fue recibido en Argentina por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes recibieron la donación de tres hospitales móviles por un valor de 3,5 millones de dólares que se sumaban a otras donaciones que ha realizado el gobierno de EEUU durante la pandemia. “Juntos, hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas con COVID-19 para apoyar la respuesta de Argentina a la pandemia, entregando equipo de protección, suministros médicos y herramientas de monitoreo y detección”, señalo el comandante del Southcom.

El sociólogo y periodista argentino Lautaro Rivara puntualizó para Avispa Midia que la visita de esta comitiva estadounidense en Argentina gira en torno a una mayor presencia de China y Rusia en la región, sobre todo por sus “inversiones e intercambio comercial. En el caso puntual de Rusia, es bastante notorio que la distribución de una vacuna bastante eficaz y económica como es la Sputnik V, esta siendo un vector de acercamientos con los países del Cono Sur”.

Certeramente como expone Rivara, en la declaración del Almirante Faller, emitida el pasado mes de marzo, la COVID-19 ha sido catalogada por el gobierno estadounidense como una “amenaza para el hemisferio occidental” y esto es un tema que implica a la Estrategia de Defensa Nacional (NDS por siglas en inglés) de los Estados Unidos. Pero también el comandante refirma lo que el Comando Sur viene sosteniendo desde el gobierno de Donald Trump, “estas amenazas incluyen actores estatales externos como la República Popular China, Rusia e Irán que buscan activamente aprovechar las democracias incipientes y frágiles en esta región”.

Para Faller existe una preocupación por el despliegue de China de 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica. Esto a implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostiene el comandante en su declaración.

El mando supremo del Southcom remarca la preocupación ya que desde 2019 China ha superado a los EE. UU. como el socio comercial líder con Brasil, Chile, Perú y Uruguay, pero además se ha posicionado como el segundo socio comercial más grande de toda la región detrás de los EE. UU. “De 2002 a 2019, el comercio de la República Popular China con América Latina se disparó de 17 mil millones dólares a más de  315 mil millones, con planes de alcanzar los 500 mil millones de dólares en comercio para 2025”, alerta Faller.

“Hay una cierta hipocresía en criticar la diplomacia comercial de China y a la vacuna rusa. Como también se criticaba en su momento la famosa diplomacia petroleara de Hugo Chaves. Como si fuera mas positiva la diplomacia de las bombas, la intervención, la injerencia y los golpes de Estado que es la que suele practicar Estados Unidos”, puntualiza el sociólogo y periodista argentino.

Rivara advierte que hay que “prestar atención a la política de ayuda humanitaria en la región. Fue con esta política que intentó, a través de una cabeza de playa, la ocupación de Venezuela en el año 2019. También este recurso fue usado para explicar 15 años de ocupación de Haití. Vemos que estos discursos están renovando los viejos argumentos que han usado con la lucha contra el terrorismo, derechos humanos, la democracia y ahora parecen estar echando mano de un arsenal ideológico como es la ayuda humanitaria”.

El acercamiento de la comitiva militar estadounidense hacia territorio argentino se da justo días después que el gobierno de argentina, presidido por Alberto Fernández, anunció su retirada del Grupo de Lima, un cuerdo multilateral creado por representantes de catorce países que busca dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. El gobierno argentino sostuvo que en el plano internacional se ha buscando “aislar” al gobierno de Venezuela y esto “no han conducido a nada”.

La amenaza transnacional hacia Estados Unidos

Faller, el alto mando del Southcom, sigue sosteniendo que Irán, Rusia y China son un riesgo para la región, sobre todo por elevar su presencia en el comercio, con tecnología e infraestructura. Son las mismas amenazas que se vienen contemplando desde que lanzó la llamada Estrategia del Teatro para ser ejecutada de 2017 hasta 2027, donde también se contemplan las amenazas denominadas Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles).

Esta estrategia de 2017, que fue reafirmada durante el gobierno del Donald Trump, el entonces comandante del Southcom, Kurt Walter Tidd, llevó acabo un despliegue de diversas políticas de “Ayuda Humanitaria”, que respondían, según Tidd, a una rápida respuesta a “cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano)”.

El documento de esta estrategia era claro al asumir que este escenario permitía “oportunidades para promover la seguridad y la estabilidad regional. Durante las últimas cinco décadas, Southcom trabajó con diligencia para obtener – y mantener – la confianza de la región. Ahora nos proponemos a desarrollar esta confianza para profundizar la cooperación bilateral y ampliar la cooperación a dimensiones trilaterales, multilaterales o transregionales”.

El despliegue de esta estrategia también contempló otros sectores como el de cultura, de educación, salud, el periodístico y académico en coordinación con interagencias ubicadas dentro de las Embajadas de los Estados Unidos. “Trabajando con coparticipes interagenciales como el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia, y colaborando con las ONGs y organizaciones intergubernamentales, empresariales y académicas nos permite avanzar hacia objetivos nacionales que serian imposibles de alcanzar sólo con el poder militar”, señalaba el documento del Southcom.

El nuevo gesto, tan oportuno por parte del Comando Sur, hacia Argentina y Uruguay, durante el contexto de la pandemia, no ha sido el único ni el último. También ha sido llevado acabo en otros países como Brasil, donde donó, en 2020, equipo por un valor de 12.5 millones de dólares para “mitigar los impactos socioeconómicos y en la salud, generados por la pandemia de la COVID-19, con especial atención en la Amazonía”, anunció la embajada en su momento.

En este mismo país, altos mandos del Southcom acompañaron, en septiembre de 2020, un simulacro de guerra en el norte de Brasil y frontera con Venezuela, donde se movilizaron más de 3 mil 600 militares brasileños.

Certeramente, tal y como lo plantea el propio Faller en su declaración, la región latinoamericana ha sido una de las más golpeadas por la Covid-19. Todos los países están a la espera de las vacunas, pero en la visita del Southcom para llevar “ayuda humanitaria” no figura ninguna vacuna. “Los motivos reales de la visita son estrictamente obvias, es en materia de seguridad y de cooperación militar”, afirma el argentino Lautaro Rivara.

En la declaración del comandante Faller, del mes de marzo pasado, reafirma, “nuestras alianzas regionales son vitales para la seguridad y la prosperidad en este hemisferio” y, agrega, “los hombres y mujeres de USSOUTHCOM trabajan duro todos los días junto con nuestros fuertes socios interagenciales e internacionales para interrumpir y degradar a estos adversarios, mientras mantienen la presencia, el acceso y la influencia de los EE. UU.”.

Estas son las últimas visitas oficiales a cargo de Faller como alto mando del Southcom, ya que será reemplazado por la teniente general Laura Richardson, quien ha sido nominada por Joseph Biden para ser la próxima comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Richardson participó en operaciones aéreas en la guerra de Irak y en Afganistán, además sirvió como asesora militar del exvicepresidente Al Gore (1993-2001). Hasta antes de asumir su cargo como alto mando del Comando Sur, ha sido también comandante general del Comando Norte de los Estados Unidos.

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Por Angel Huerta

El lunes (12) al conmemorarse 224 años de llegar al territorio hoy conocido como Honduras la comunidad Garífuna denunció que “no hay nada que celebrar.” El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.

En en siglo XVIII, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. De acuerdo a la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.

Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquiló cualquier resquicio de estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en los diversos territorios del país centroamericano, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de extensos territorios utilizados para el tráfico de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron los monocultivos como el de la palma africana, promovidas por las últimas administraciones gubernamentales.

El pueblo Garífuna, hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a sus tradiciones e historia, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el año 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.

Tan solo en el año 2019 fue un año extremadamente violento para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante ese periodo de tiempo fueron asesinados 16 personas, sostuvo, en una entrevista para Avispa Midia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh. “En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso. Nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”.

En un comunicado publicado ese lunes, la Ofraneh puntualiza que a más de dos siglos está “presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos de grupos de poder nacionales e internacionales”.

A su vez, el comunicado menciona que “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonaron sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.

Entre las exigencias de la Ofraneh está el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. “Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, señaló el comunicado oficial. Asimismo la Ofraneh rechazó la presencia militar en sus territorios y “la falsa política de lucha contra el narcotráfico”, que persigue la militarización del territorio Garífuna.

También exigieron “el retorno con vida del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Snaider Centeno, así como de nuestros hermanos Suami Mejia, Milton Martinez y gerardo Trochez, quienes son víctimas de desaparición forzada, por miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), desde el 18 de Julio de 2020.”

La Ofraneh reafirmó su derecho a defender y a permanecer en sus territorios “que son la vida y el sustento para nuestras comunidades. Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”, manifestó la misiva.

“Hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales”, dijo la organización al manifestar que luchan y resisten al racismo estructural e institucional. “Este día recordamos nuestra historia que ha querido ser borrada de la memoria nacional, pero que continúa presente y viva en la lucha y resistencia de nuestro pueblo”, resaltó la Ofraneh.

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Tiempo de lectura: 7 minutosEl caso de la comunidad Chaab’il Ch’och’ sobre la propiedad de la tierra se encuentra en una de las cortes en Guatemala. Son familias Maya Q’eqchi’ que viven en Livingston Izabal. El reclamo no es nada nuevo en el país: comunidades indígenas asentadas por muchas décadas que reclaman el derecho a la propiedad de la tierra.

La comunidad disputa dos fincas en una zona montañosa que colinda con el Caribe en un extremo y  en otro con la reserva natural Chocón Machacas, con el río que lleva el mismo nombre y que se une al río Dulce. La disputa de la tierra involucra a terratenientes, militares, a un expresidente, un exministro, ambos en prisión por casos de corrupción y a un financista de partidos políticos.

Por Nelton Rivera

Las autoridades de la comunidad Chaab’il Ch’och’ decidieron acudir a la justicia en reclamo de la propiedad de la tierra. Son dos fincas en Izabal en disputa y que habitan desde varias generaciones atrás. Para buscar el reconocimiento legal del derecho histórico que tienen sobre la tierra, presentaron un amparo el 4 de septiembre de 2020 en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Argumentaron que como comunidad indígena han sido víctimas de varios agraviados ocurridos en distintos periodos y durante distintas etapas.

Las familias se convirtieron en mozos colonos con la llegada y extensión del cultivo de café durante el siglo XIX. Luego, durante el Conflicto Armado Interno, la represión del ejército los desplazó de manera forzada y provocó que nuevamente perdieran la tierra. En tiempos de paz, recientemente con Otto Pérez Molina en la presidencia, recibieron amenazas, ataques y desalojos, como el vivido en 2017 en contra de 210 personas de la comunidad.

En marzo de 2021, cinco autoridades Q’eqchi’ de la comunidad viajaron desde Livingston y participaron en una vista pública, como parte del seguimiento al amparo por la pandemia; esto lo hicieron a través de una videollamada. En esta vista presentaron sus argumentos sobre esos agravios y por el despojo de la tierra comunal, que a criterio de la comunidad han habitado históricamente. Deberán esperar un nuevo plazo para que la Corte entregue su resolución sobre el amparo que contiene el reclamo de la comunidad.

“Buscamos el amparo para que la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ sea respetada y que ya no sean vulnerados sus derechos en cuanto a la exigencia de la certeza jurídica de la tierra…”, expresó Raúl Icó dirigente de la comunidad.

La comunidad Chaab’il Ch’och’, que en idioma Q’eqchi’ significa “Tierra Buena”, está ubicada en el municipio de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco. El pueblo Q’eqchi’ está asentado en este territorio. Los primeros registros de la existencia de la comunidad indígena son del año de 1,850. A pesar de eso, la gente en la comunidad afirma que sus antepasados llegaron mucho tiempo antes. Después de un siglo y 71 años, el Estado de Guatemala no ha reconocido a la comunidad como la propietaria de estas tierras.

La abogada Wendy Geraldina López, quien los asiste legalmente, forma parte del Bufete para Pueblos Indígenas,  Se refirió a esos distintos momentos y agravios que la comunidad ha tenido que atravesar. Los registros oficiales dan cuenta que en el siglo XVII a la comunidad se le conocía como la Comarca de Machacas. Con el paso de los años cambió su nombre a Chiná Machacas y a partir del siglo XIX se le llamó Chaab’il Ch’och’.

“En aquel tiempo nuestros abuelos la llamaron Machacas. Durante el tiempo de la esclavitud,  sometidos a ser mozos colonos, fueron expulsados de Alta Verapaz y lograron encontrar tierra fértil en Livingston Izabal. Así se formó Chiná Machacas “pequeño pez”, con nuestros antepasados y con nuestras raíces; nosotros somos los nietos y bisnietos de ese origen de la comunidad.” afirmó Icó.

La abogada detalló que fue a través de varias ilegalidades que encontraron con la inscripción de las dos fincas las que facilitaron que otras personas o testaferros se asumieron como los supuestos propietarios. Luego apareció Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Rodrigo Lainfiesta Rímola también acusado por corrupción. Lainfiesta falleció el año pasado por contagio de covid-19. Todos  buscaban apropiarse de las fincas. Pérez Molina y Sinibaldi están en prisión por su participación en casos de corrupción en Guatemala. Chocón Machacas: Sinibaldi y el pueblo q’eqchi que lucha por la recuperación de la tierra parte I

Para los comunitarios la tierra está ubicada en lugares estratégicos del país. Tiene entrada directa al Caribe y se ubica cerca a la reserva natural Chocón Machacas, una ubicación que los supuestos propietarios utilizaban para el narcotráfico, según denunciaron los propios comunitarios en 2018, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para negocios ilícitos como el narcotráfico. Los solicitantes indicaron que la comunidad estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.” cita la CIDH.

Antecedentes históricos de la tierra en disputa

La tierra en dónde está asentada la comunidad tiene como registro dos inscripciones. Resultado de éstas ha sufrido dos desmembraciones (finca 4272 y la finca 3153), ambas del grupo norte de Izabal. Las inscripciones tienen varias anomalías. La investigación hecha por el Bufete para Pueblos Indígenas reveló que la primera inscripción fue hecha entre 1911 a 1912, beneficiando a una persona de apellido Rosales. Esta persona falleció en 1923, bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Estaba vigente el Código Fiscal donde se regulaba que para que la tierra fuera entregada a una persona, esta debía realizar un reclamo de tierra baldía, con lo cual se debía demostrar que no existiera ningún habitante y no hay registro de ese reclamo.

La información relacionada a las escrituras da cuenta de que los límites de la tierra colindan con la Comarca, con la calle liberada y con los indios, citan los documentos de los registros de la finca 4272. Para la abogada la explicación es sencilla, aunque el agrimensor -quien realiza la medición de la tierra- no quiso hacer la visita y hacer su informe, pero afirma que entrevistó a las personas colindantes, lo que significa que la tierra no estaba baldía y que las familias Q’eqchi’ ya la habitaban desde tiempo atrás.

Otro de los hallazgos importantes es la descripción del agrimensor de esa época, quien hace referencia a uno de los informes de la Municipalidad de Livingston, elaborado entre los años 1906 a 1907. La municipalidad hace ver que no se puede conceder la tierra porque en su interior existe la Comarca de Machacas y que por esa razón no puede adjudicarse la tierra.

A pesar de esas limitaciones legales, Estrada Cabrera firmó un acuerdo gubernativo cediendo la propiedad de la tierra a Rosales. La abogada informó que esta persona murió intestada; no dejó ningún testamento o documento en el que cediera la tierra a otra persona. El bufete solicitó información a la Corte en relación a la supuesta propiedad de Rosales, pero no existe ningún documento.

En 1991 apareció un supuesto testamento elaborado por Rosales. Sus dos hijos aparecieron y comenzaron el proceso sucesorio de intestado. Un año después falleció la hija de esta persona y de la nada surgió en 1993 un documento de compra venta de derecho sucesorio a favor de una tercera persona, afirmó la abogada. La ley es clara al dar un período de 6 meses para reclamar un proceso sucesorio, si una persona no deja un testamento y en este caso pasaron más de 70 años para que aparecieran estas personas e hicieron el reclamo.

Otro hallazgo lo constituyen las dos inscripciones, que están hechas de forma anómala en el Registro General de Zacapa. Según la ley guatemalteca, los únicos lugares en los que se pueden registrar propiedades son el Registro General de la zona central en la ciudad de Guatemala y el segundo lugar es el Registro de la Propiedad.

La abogada afirma que lo extraño es que a pesar de que los documentos no fueron elaborados de manera legal, se inscribió la propiedad; la sucesión de derechos de la tierra se va dando de manera irregular e ilegal. Con todo ese contexto se da la compra-venta de la finca 3153, hasta la fecha esta misma finca corresponde a la llamada finca Santa Izabel, que en los últimos 9 años ha sido objeto de una fuerte disputa, por parte de personajes como Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, en contra de la comunidad indígena.

¿Qué sucedió con la finca 4274?

En este caso, el agrimensor sí se presentó a medir y verificar cómo se encontraba la tierra. La información en el expediente da cuenta de que esta persona si localiza la existencia de chozas dentro de la finca y por ende confirma la presencia de habitantes. En todo este tiempo la finca fue usada solamente para crear créditos hipotecarios.

El hallazgo que para la abogada resulta impactante es que, al igual que la finca Santa Izabel, no existen documentos sucesorios ni testamento. Finalmente la propiedad llegó a manos de una familia de terratenientes dedicados al café, se trata de la familia De la Roca Pérez, originarios de Acatenango Chimaltenango y que se dedican a la siembra y exportación de café.

La investigación de los abogados refiere que la familia De La Roca Pérez llegó al territorio de Livingston en 1986 y en el contexto de la guerra logró despojar de la tierra a las familias de Chaab’il Ch’och’. Por favores militares se les beneficiaba con la obtención de fincas, explica la abogada.

Una de las hijas de la familia se unió en matrimonio con uno de los hijos de la familia Garavito Morán, con tradición en las filas del ejército de Guatemala. Se trata de Héctor Armando Garavito Morán. Uno de los hermanos Garavito está siendo procesado actualmente por delitos de lesa humanidad, cometidos en la zona militar 21 de Cobán Alta Verapaz conocida como Creompaz. Se trata de Carlos Augusto Garavito Morán.

“4. Según los solicitantes, durante el conflicto armado interno muchas tierras fueron escrituradas a nombres de otras personas, fundamentalmente militares; o simplemente ocuparon las tierras y, cuando las personas quisieron volver a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas…” señala la CIDH en su resolución 3/2018, al resolver la medida cautelar No. 860-17.

“El Estado de Guatemala con el apoyo del ejército empezaron a apropiarse, realizaron el desplazamiento y a sacar familias amenazándolos para que abandonaran la tierra, ahí tuvo responsabilidad también el INTA, fue la ignorancia y al analfabetismo de nuestros ancestros no pudieron defenderse y tuvieron que emigrar a otros lugares.” describió Icó.

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FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), tienen información de que dos de sus integrantes fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la Ciudad de Palenque, Chiapas, y hasta esta hora su paradero es impreciso.

El 12 de abril de 2021, aproximadamente las 7:00 horas, los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba abordo de una camioneta Hillux blanca con destino al municipio de Palenque, Chiapas. Esto con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Hacia las 21:00 horas del mismo día, el Frayba recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido indicando que junto con su compañero Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo y que alguno de sus familiares llevara con una cierta cantidad de dinero en vehículo particular a las 8:00 horas de la mañana del día de hoy, 13 de abril.

Es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos quienes hasta el momento no han dado una información clara sobre la situación.

Ante estos lamentables hechos, el Frayba manifiesta su preocupación y condena de manera enérgica estos actos de intimidación, agresión y secuestro de los señores Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez. No omitimos mencionar que estos actos ocurren en un ambiente de criminalización a defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a que efectue una investigación exhaustiva e imparcial de la privación arbitraria de la libertad de Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez, para garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
13 de abril de 2021
Acción Urgente No. 3

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Por Angel Huerta

A seis meses de la toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México, Otomíes exigieron en este lunes (12) a las instancias locales y federales que se cumplan los acuerdos firmados en las mesas de trabajo realizadas.

En un comunicado que leyeron frente a la instancia tomada señalaron que “el 24 de noviembre del año pasado, el Lic. Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio No. SG/826/2020, se comprometió a ‘concluir el 15 de diciembre’ del mismo año, y con base en la ‘normatividad aplicable, la publicación del decreto expropiatorio del inmueble referido”.

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Además que “mediante el oficio No. SG/824/2020 el gobierno local se comprometió para que mediante la gestión correspondiente se lleve a cabo, para el mes de agosto una “Expropiación Federal” en beneficio de los ocupantes del inmueble ubicado en la calle de Londres 7 y/o Roma 18, en la Col,. Juárez; mediante los oficios No. SG/827/2020 y SG/825/2020 se comprometieron a atender la gestión para llevar a cabo las expropiaciones correspondientes a los inmuebles ubicados en la calle de Zaragoza 1434 y Guanajuato 200”. Sin embargo, nada de estos acuerdos se han cumplido.

(Continuar leyendo…)

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Al Pueblo de México
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación

La Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, condenamos la cobarde agresión en contra de nuestr@s compañer@s miembros del Colectivo Un Salto de Vida, en El Salto, Jalisco, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, el día 10 de abril a la 1:15 de la mañana, cuando estando estacionada en un domicilio particular de miembros del colectivo, fue incendiada la camioneta en la que realizan habitualmente su trabajo en favor del río Santiago y la lucha de los pueblos circundantes.

Este ataque ocurrió horas después de que fuera clausurado un pozo clandestino, que la empresa Casas Bali viene explotando para el fraccionamiento El Mirador desde hace dos años, con la complicidad del gobierno municipal de El Salto, Jalisco. Sobre dicha obra existen suspensiones judiciales que han sido reiterada e impunemente violadas por las autoridades del mal gobierno, responsables de otorgar fraudulentos permisos para la construcción de viviendas en zonas altamente contaminadas y la extracción ilegal de agua; hechos sobre los que existe una carpeta de investigación en el ministerio público.

Hacemos nuestras las justas demandas del colectivo Un Salto de Vida, por lo que exigimos la cancelación del destructivo proyecto inmobiliario denominado El Mirador y el robo del agua en el acuífero Toluquilla, que se encuentra altamente sobreexplotado. Exigimos el cierre definitivo del basurero Los Laureles y la cancelación del proyecto termoeléctrico llamado La Charrería.

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