
Panamá en pie de lucha: docentes, ambientalistas e indígenas movilizados declaran huelga indefinida
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
Foto de portada: Bienvenido Velasco
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
La respuesta gubernamental, documentada por organizaciones sociales y medios independientes locales, ha sido detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y represión a las movilizaciones.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).

El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.

“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.

A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.

El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
Madres en Resistencia exigen destitución del Fiscal de Chiapas
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
Fotos por Madres en Resistencia
La colectiva Madres en Resistencia solicitó la destitución de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado (FGE) de Chiapas, por la nula atención de los casos de feminicidios, desaparición forzada de personas y por la negligencia en sus declaraciones públicas.
“El fiscal solo demuestra su falta de preparación. Por ejemplo, la fiscalía es la primera que nos violenta, nos dicen ‘sus hijas se suicidaron’. No hacen investigación con la debida diligencia y perspectiva de género”, señaló Adriana Gómez, fundadora de la colectiva Madres en Resistencia.
Hace unos días, la colectiva se pronunció contra las declaraciones de Llaven Abarca que, ante medios de comunicación, calificó como “crimen pasional” el feminicidio de dos adolescentes en San Juan Chamula. La madrugada del pasado 20 de abril, Deysi Guadalupe, de 14 años, y su hermana Rosa Valeria Gómez Méndez, de 18, fueron halladas sin vida en una vía de terracería de la comunidad Cruz Obispo I, luego de dos días desaparecidas.
Las Madres en Resistencia mencionaron los estándares y los protocolos para investigar y procesar casos de feminicidio, como la Sentencia Mariana Lima Buendía que dicta lineamientos específicos en casos de asesinatos de mujeres, como que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
Otro de los puntos de la sentencia especifica que la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, y los responsables deben ser sancionados. “¿Para qué existen esos tratados si Llaven Abarca hace lo que le da la gana? Para nosotras es una ofensa lo que dijo y exigimos su destitución”, insistió Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, adolescente asesinada al interior del Instituto del Deporte el 14 de enero de 2022; caso que Llaven Abarca resolvió como suicidio.
“Desafortunadamente tenemos fiscales que no saben qué es la perspectiva de género y la debida diligencia. Estando muertas hablan de ellas. Ya no están para defenderse, pero nosotras estamos aquí alzando la voz, porque estamos hartas de tener este tipo de autoridades”, precisó Adriana Gómez.
Para las familias de la colectiva, integrada en su mayoría por mujeres, Llaven Abarca habló desde su ideología machista y como parte del sistema patriarcal, y con su actitud solo busca dar carpetazo y cerrar el caso de un doble feminicidio de adolescentes.
“La Fiscalía es autónoma, pero cuando les conviene, porque cuando llegamos al edificio nos recibe un letrero que dice ‘Gobierno de Chiapas’. Y el gobernador nos dice que no tiene compromisos con nadie solo con la población, ¿entonces qué sucede?”, cuestionó la madre de Jade Yuing.
Encuentros y desencuentros
Jorge Luis Llaven Abarca aceptó reunirse con las Madres en Resistencia cuando protestaron con una huelga de hambre en Palacio de Gobierno, durante las primeras semanas de administración del gobernador Eduardo Ramírez (en diciembre de 2024). En ese encuentro se comprometió a atender cada uno de los casos y a reunirse de manera periódica con ellas, pero no sucedió así.
Hace un mes, la colectiva viajó a la Ciudad de México, tocó puertas en el Senado de la República y, desde ahí, dio una rueda de prensa, en la que proporcionaron detalles de sus casos. Poco después, el Fiscal General les pidió reunirse el 1 de abril. Las Madres en Resistencia acudieron y expusieron sus preocupaciones, pero percibieron que en todo momento el funcionario minimizó sus palabras, no lograron avanzar en los puntos solicitados y acordó verlas, de nuevo, el 4 de mayo, pero no llegó a la cita. “Llaven Abarca acude a las reuniones sólo cuando nos quejamos con la secretaria de Gobierno”, señaló Isabel Torres.

La junta fue dirigida por Armando Pérez Narváez, Fiscal de Coordinación y mano derecha del Fiscal; también estuvo José Zetina Sánchez, director General de Servicios Periciales; Cynthia Velázquez Sánchez, de la Fiscalía Contra el Feminicidio; Josefa de la Cruz Núñez de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada; Elizabeth Santiago, de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil; y Lesdy Cecilia Calvo Chacón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) quien en su participación negó el recurso económico para las acciones de búsqueda de la colectiva.
“La directora de la CEEAV se puso prepotente porque le dije que no trabajan, el apoyo psicológico de mi nieto (hijo de Cassandra Arias Torres) lo da la Fiscalía de Derechos Humanos, el médico lo proporciona la CEB y el acompañamiento jurídico la Facultad de Derecho de la UNACH. Si la CEEAV no sirve para nada entonces que la quiten”, dijo Isabel Torres.
Las autoridades acordaron reunirse con las Madres en Resistencia el día siete del próximo mes para planear acciones de búsqueda.
Indispensable la creación del Consejo Ciudadano
Las acciones de las Madres en Resistencia en el Senado de la República tuvieron resonancia el 30 de abril en el Congreso del Estado de Chiapas, con la presentación de la iniciativa en la que piden la conformación inmediata de un organismo especializado dentro del Congreso y el Consejo Estatal Ciudadano, con base en el Capítulo III de la Ley en Materia y Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas. De acuerdo al Artículo 41 de la citada Ley, el Consejo debe estar conformado por tres familiares de víctimas de desaparición; dos especialistas reconocidos y con prestigio en su labor en la protección y defensa de los derechos humanos (ddhh), la búsqueda de personas o investigación; y dos defensores de ddhh con conocimientos en la materia
El Consejo Estatal Ciudadano en Chiapas, previsto en la Ley de Desaparición de Personas, tiene como objetivo vigilar y evaluar las políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, canalizar denuncias y promover la colaboración entre autoridades y sociedad civil, buscando justicia y transparencia en la atención a víctimas y familiares.
“Queremos hacer un llamado de conciencia respecto a un problema que es tan real como nuestro dolor. Desde hace años vivimos en la incesante búsqueda de nuestros desaparecidos forzadamente, prácticamente con nuestros propios recursos y la voluntad inquebrantable para saber dónde están nuestros hijos o al menos conocer qué fue de ellos y menguar la prolongada incertidumbre con la que vivimos desde que se los llevaron”, fueron las palabras de las Madres en Resistencia ante al parlamento legislativo.
Señalaron de injusto que, desde el gobierno federal se minimice o se desacredite a las víctimas de desaparición forzada que tienen rostros, nombres y apellidos. Insistieron en la necesidad de reconocer una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas que siguen afectando profundamente las comunidades del territorio chiapaneco ante la omisión, inacción y negligencia de las autoridades.
“Son acciones urgentes y necesarias, no sólo para fortalecer los procesos de búsqueda, verdad, justicia y reparación, también significa dar un paso para atender las verdaderas problemáticas sociales, comprometerse con los derechos humanos y las demandas legítimas de la ciudadanía. Ahora más que nunca las víctimas de la violencia, necesitamos del acuerpamiento y la sensibilidad institucional para acceder a la verdad, y la justicia por nuestros desaparecidos y el dolor de las familias que buscan arriesgando la vida propia”, enfatizó la colectiva.
Isabel Torres, dio a conocer que luego de entregar la iniciativa le solicitaron una cita a Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente de Mesa Directiva del Congreso, pero, como en muchas otras ocasiones, puso pretextos para no atenderlas.

“No sabemos por qué pone tantos pretextos si se la pasa detrás de Eduardo Ramírez o de Óscar Aparicio Avendaño (secretario de Seguridad del Pueblo), no entendemos cuál es su función en el Congreso que le facilita estar detrás del gobernador todo el tiempo, pero no para atender a la población”, cuestionó la madre buscadora.
El próximo 10 de mayo, bajo el lema “nuestra lucha de hoy en día es búsqueda, justicia y verdad”, la colectiva Madres en Resistencia convoca a una caminata que comenzará en el retén ubicado en la carretera Chiapa de Corzo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, realizarán un mitin en la Fiscalía General del Estado y concluirán la protesta pacífica en la entrada del Palacio de Gobierno.