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Avispa Midia

Senado mexicano aprueba militarización de la seguridad pública

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Avispa Midia

Ejército mantiene uso de Pegasus para espiar periodistas y organizaciones

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Una investigación  llevada a cabo por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela tres nuevos casos de espionaje realizados con el software espía Pegasus, de la empresa NSO Group, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre los años 2019 y 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Las víctimas son Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Rafael, periodista y escritor, y un periodista de Animal Político. En común tienen labores e investigaciones relacionados con violaciones a Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Víctimas de espionaje con el software Pegasus denunciaron la intromisión de sus comunicaciones por parte del ejército.

“No son los únicos casos (…). Hemos documentado casos que no salieron a la luz y que nunca van a salir a la luz porque no hay el consentimiento de las víctimas”, sostuvo Luis Fernando García, Director de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

La empresa comercializadora Antsua SA de CV hace parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. “Recibió información por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre marzo de 2018 y, al menos, diciembre de 2019”, dijo Leonardo Maldonado, de la organización Artículo 19.

La Sedena contrató de la empresa Antsua un sistema de monitoreo remoto de información en abril de 2019. “La Secretaría ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por la vía de solicitudes de acceso a información”, informa Maldonado.

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“El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones de manera ilegal”, alerta el integrante de Artículo 19.

¿Sabe o no sabe?

Los hallazgos revelan contradicciones en las reiteradas promesas de López Obrador en las cuales señala que, en su gobierno, no se usaría el sistema de espionaje contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.

Lo anterior, evalúa Maldonado, implica la posibilidad de dos escenarios. “Primero es que el presidente mintió al pueblo mexicano. Segundo, que las Fuerzas Armadas espía a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”.

De todos modos, en México, “las Fuerzas Armadas continúan violando derechos humanos ya sea por orden o desobediencia prevaleciendo la impunidad”, dijo.

Inteligencia en México es militar

Mucho se ha hablado sobre la concentración de actividades del Ejército en temas como la repartición de vacunas, la construcción de obras públicas, en funciones de policía, pero de acuerdo con una de las víctimas de Pegasus, el periodista Ricardo Raphael, existe un punto fundamental que es la concentración de actividades de inteligencia gubernamental en las manos de las Fuerzas Armadas.

“No hay órganos de inteligencia civil en nuestro país. El propio CNI [Centro Nacional de Inteligencia] está gobernado por una voz y un mando militar. Sabemos que hay áreas de inteligencia en la Guardia Nacional y suponemos que hay distintas áreas de inteligencia en el Ejército”, sostuvo el periodista.

El presidente junto al secretario de la defensa nacional.

A las “distintas áreas de inteligencia”, Raphael se refiere a las revelaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), en la semana pasada, sobre la existencia de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, concentró todo el acopio de información, incluso monitoreo en tiempo real, de lo que pasaba con los normalistas.

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“Me pregunto si no será otro Centro Regional de Función de Inteligencia que tuvo acceso a estas licencias de Pegasus justamente para infectar nuestros dispositivos”, indaga el periodista.

Uso privado de las grabaciones

En el caso específico de Ricardo Raphael, se descubrió que la información obtenida se compartió con agentes privados.

“Durante las distintas intercepciones se obtuvo por lo menos una conversación que sostuve con el secretario Técnico de Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública donde nos referimos a dos casos y esta información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la volviera pública y para que la usara en mi contra en una denuncia en la FGR. Es decir, que algún favor, supongo, le debe Isabel Miranda a las Fuerzas Armadas para que estas oficinas de inteligencia hayan proporcionado esta grabación que después se usó en mi contra”, explicó el periodista.

“No somos personas que podamos ser imputados de actividades criminales o de estar atentando contra la seguridad del Estado. (…) ¿Cuál es el criterio con el que estos centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas están decidiendo interferir en nuestra vida personal, en nuestra actividad pública (…)?”.

Nuevas formas de infectar

De acuerdo con Juan Manuel Casanueva, de Social TIC, en los últimos años se ha invertido millones de dólares para sofisticar el software espía y sus principales inversionistas son los gobiernos.

Antes se identificaban solamente “métodos de infección muy tradicionales, aunque efectivos, que son los engaños a través de links que, si uno hace click, tiene el dispositivo infectado”, explica.

Sin embargo, en las últimas generaciones de Pegasus hay algo que se llama “cero click”, es decir, mecanismos de infección que buscan de diferentes ámbitos ingresar a los dispositivos.

NSO Group, empresa israelí propietaria del spyware Pegasus

NSO ha utilizado vulnerabilidades de plataformas utilizadas cotidianamente para infectar los teléfonos. Un ejemplo es que se identificó que a través de una simple llamada de Whatsapp se podría intervenir en los dispositivos.

Según García, Citizen Lab y las mismas plataformas como Apple y Facebook han detectado vulnerabilidades en sus sistemas que han sido explotadas por NSO Group para infectar dispositivos con Pegasus.

Apertura de archivos

El integrante de Artículo 19 resalta que es indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.

Las organizaciones de Derechos Humanos demandan que se investigue y se abran los archivos de inteligencia militar, naval y civil que continuamente han abusado de su poder como se ha demostrado en el caso Ayotzinapa.

Como el GIEI ha demostrado, “en los archivos de inteligencia militar, naval y civil se esconde la verdad sobre miles de violaciones de Derechos Humanos. (…) necesitamos abrir estos archivos”, sostuvo Fernando García.

Denuncia

Las organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las intervenciones ilegales de comunicaciones privadas sin autorización judicial.

Sin embargo, García sostiene que “no hay condiciones” y “no hay confianza en ninguna institución en México para llevar a cabo esta investigación”. El director de R3D defiende la necesidad de crear “un mecanismo independiente que nos provea la oportunidad de conocer la verdad”.

Recado

Si este espionaje es “un intento de inhibir nuestro trabajo, por supuesto, nuestra respuesta es exactamente la contraria; nosotros seguiremos investigando este tipo de violaciones [perpetradas por las Fuerzas Armadas] que es información vital para que la conozcan nuestros lectores”, dijo Daniel Moreno, del medio Animal Político.

Las organizaciones involucradas en la investigación invitan a periodistas y defensores de derechos humanos que sospechan haber sido objeto de medidas de vigilancia a que escriban al correo contacto@ejercitoespia.mx. Las investigaciones van a continuar.

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

(Español) Comunicado del CIPOG-EZ | Exigimos justicia por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

5 de octubre de 2022
Hermanos hermanas, a nombre de las comunidades que integramos al CIPOG-EZ llamamos al movimiento social y a los pueblos de Guerrero para hacer de su conocimiento que a partir de hoy se bloqueará la carretera de Alcozacan-Chilapa.

El día de hoy ante nuestras exigencias de justicia el Estado Mexicano envía su brazo armado el ejército mexicano e intenta desarmar a nuestros policías comunitarios, el gobierno en sus tres niveles incapaces de brindar seguridad en nuestras comunidades, prefieren proteger a grupos narcoparamilitares con quienes hacen alianzas, antes que atender nuestras justas exigencias.

Una vez más hemos demostrado nuestra organización y el pueblo organizado, las comunidades avalan y protegen su sistema de seguridad autónomo, respaldado sus policias comunitarias, se hace retroceder al ejército mexicano.

Exigimos justicia por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos a manos de LOS ARDILLOS y EL MAL GOBIERNO, se de cumplimiento a las ACCIONES URGENTES decretadas por la ONU a favor de los familiares, que dejen de engañar al Comité contra la desaparición forzada, emitiendo oficios falsos.

Así mismo la FISCALÍA proteje a los policías cómplices de los grupos narco paramilitares, se niega a seguir las investigaciones.

El encargado de la fiscalía Especializada en materia de desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Victor Parra Tellez se burla de nosotros diciendo que desconoce las ACCIONES URGENTES emitidas por el Comité contra la desaparición forzada de la ONU.

¡Exigimos que el Estado Méxicano de cumplimiento a las ACCIONES URGENTES
Emitidas por el comité contra la desaparición forzada de la ONU!

¡Seguiremos exigiendo justicia!

¡Nunca más un México sin nosotros!

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

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Congreso Nacional Indígena

Call out for global action against militarization and the capitalist and patriarchal war against the peoples of all of Mexico and the world, against the EZLN and the Zapatista communities and against the original peoples of Mexico

OCTOBER 12

DAY OF RESISTANCE AND INDIGENOUS DIGNITY

To the peoples of Mexico and the world,

To the original peoples,

To the organizations and collectives that defend human rights,

To the National and International Sexta,

To the Networks of Resistance and Rebellion,

To the Insubmissive, Dignified and Rebellious Europe,

To the signatories of A Declaration for Life.

530 years after the misnamed Conquest of America, we have nothing to celebrate but the resistance and rebellion of the original peoples.

 

This date marks the beginning of the resistance of our peoples and communities against the greatest genocide in the history of humanity, against the invasion, against the conquest, against the dispossession of our lands and territories, against the extermination of our institutions, languages, culture and traditions; that is to say, against the death produced by patriarchal capitalism.

In contrast to the pain and rage of our peoples, last year, while the EZLN denounced that «Chiapas was on the verge of Civil War»; at this time, the Zapatista peoples, in what they called «The Journey for Life», decided to cross the Atlantic to reach the other Europe, the Europe of the Insubmissive, the Europe of Below and to the Left…, they said: «We are going to thank the other for its existence. To thank the teachings that their rebellion and their resistance have given us. To deliver the promised flower. To embrace the other and tell them in their ear that they are not alone. 

To whisper to them that it is worth the resistance, the struggle, the pain for those who are no longer here, the rage that the criminal is unpunished, the dream of a world that is not perfect, but better: a world without fear. And also, and above all, we will seek complicity… for life.»

Next October 12, it will be 26 years since the founding of the National Indigenous Congress, the House of Indigenous Peoples in Mexico, a space for reflection and solidarity of which the EZLN is a founder and where the different ways of organization, representation and decision-making are respected. The struggle for life has been our collective word for 530 years and the war against our peoples has always been the response of the bad governments. For this reason we raise our voices and mobilize to demand a total halt to the military encirclement, paramilitary attacks and the counterinsurgency war directed against the EZLN and Zapatista communities; and against the original peoples of Mexico through militarization and paramilitarization, organized crime, mega-projects of death and the dispossession of our lands and territories.

Last year, the CNI denounced that up to that date, 33 murders of its members had been documented, among them six women, as well as two disappearances; one year later, these numbers have increased considerably, the common denominator is impunity.

 

Mexico has always faced flagrant and systematic violations of individual and collective human rights that have worsened under the current 4T regime. Homicides, extrajudicial executions and mass disappearances, as well as repression against students, women, peasants, teachers, workers, youth, defenders of human rights and Mother Earth, as in the case of our brother Samir Flores Soberanes, journalists, activists and indigenous peoples is constant and growing; and ranges from harassment and threats, to dispossession, displacement, torture, political imprisonment, disappearance, homicide, femicide….

There are innumerable forms of war that we, the peoples of Mexico, face.

We know that this patriarchal and capitalist system wants to subdue us all over the world, as is currently happening in Ukraine, in Afghanistan, in the Middle East, all over the planet; but if we unite and organize ourselves we can fight together against war and against capitalism.

The bad governments use militarization, paramilitarization, attacks and aggressions of organized crime to impose the extraction of minerals and hydrocarbons or mega-projects of death such as the misnamed Mayan Train, the Interoceanic Corridor and the Morelos Integral Project. The dispossession of water is institutionalized practically throughout the national territory, and military and police members are assigned to defend transnational companies. The contamination of rivers, groundwater, air and land is increasing; priority is given to mining, drug trafficking, illegal logging and industry.

The communities, peoples and organizations denounce over and over that the imposition of infrastructure and extractivism projects is carried out with the direct participation of the National Guard, which increases the militarization of daily life in many regions and indigenous peoples. This situation is nothing more than the never-ending continuation of colonization.

Recently the House of Representatives and Senators approved legislative modifications to pass operational and administrative control of the National Guard to the Secretary of National Defense (SEDENA), even though this contravenes Article 21 of the Constitution. Now they are seeking to extend the time in which the Army and the Secretariat of the Navy may intervene in public security tasks: not only until 2024 – the term agreed upon to strengthen state and municipal police forces – but until 2028, thus imposing a trans-sexennial scheme.

These decisions, instructed by Andrés Manuel López Obrador from the executive branch, contradict his campaign promises to «return the Army to its barracks» and give the military a leading role and a presence in the life of the country as they have never had before. This despite the fact that they have violated and continue to systematically violate the human rights of the people of Mexico, as evidenced by massacres such as that of October 2, 1968, that of June 10, 1971, the so-called dirty war, the alleged war against drug trafficking, from Calderón to the present day, or the disappearance of the 43 students from Ayotzinapa with the central participation of the Mexican Army.

 

For all of the above, as an agreement of the Expanded Meeting of the Coordination and Follow-up Commission of the CNI-CIG, as well as of the different organizations, networks and collectives that accompany the National Indigenous Congress, we call so that according to their times, ways, calendars and geographies, on October 12, 2022, we carry out a….

GLOBAL ACTION AGAINST MILITARIZATION AND THE CAPITALIST AND PATRIARCHAL WAR AGAINST THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD, AGAINST THE EZLN AND THE ZAPATISTA COMMUNITIES AND AGAINST THE ORIGINAL PEOPLES OF MEXICO. 

We call upon the peoples of Mexico and the world who resist against death and oblivion, the social, civil and political organizations, the National and International Sexta, the networks of resistance and rebellion, the signers of A Declaration for Life in the five continents, the women and men of good heart, so that together we raise our voices against the war in Mexico and in the world.

To register the activities that will take place according to your calendar and geography in this Global Action, we ask you to send your information to the following email: accionglobaloctubre2022@gmail.com

Join and participate with the following hashtags:

#EZLNNoEstánSolos

#AltoALaGuerraContraElEZLN (Stop the War Against the EZLN)

#FueraParamilitaresDeTerritorioZapatista (OutParamilitariesFromZapatistaTerritory)

#VsLaGuerraCapitalistaEnMexicoyEnElMundo

#VsLaGuerraHaciaLosPueblosDelMundo

#VsLaGuerraHaciaLosPueblosOriginarios

#AltoALaMilitarización

#VsLaViolenciaHaciaLasMujeres

#AltoALosAsesinatos

#AltoALasDesapariciones

#LibertadALosPresosPolíticos

#VsTheCapitalistWarInMexicoandInTheWorld

#VsTheWarToThePeopleOfTheWorld

#VsTheWarToTheOriginalPeoples

#StopMilitarization

#VsTheViolenceAgainstWomen

#StopMurders

#HaltToDisappearances

#FreePoliticalPrisons

 

Sincerely

Never again a Mexico without Us!

For the Integral Reconstitution of our Peoples!

NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS

Organizations, collectives and networks accompanying the CNI

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COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

(Español) Pronunciamiento en defensa de la autonomía y la guardia comunal de Santa María Ostula

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A los pueblos de México y del Mundo,

A los gobiernos municipal, estatal y federal,

A los medios de información nacionales e internacionales,

A los organismos defensores de derechos humanos.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michiacán, región costa-sierra, reorganizó su GUARDIA COMUNAL desde el año 2009 para defender la vida, integridad, libertad y derechos territoriales de sus habitantes ante el acoso permanente de los cárteles criminales, generalmente protegidos por los gobiernos en turno. La GUARDIA COMUNAL se rige de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y está jerárquicamente subordinada a la Asamblea General de Comuneros y a las autoridades civiles de la propia comunidad, misma que cuenta con un autogobierno propio históricamente reconocido por las diversas instituciones del Estado Mexicano.

En consecuencia con los arriba dicho la comunidad de Santa María Ostula ejerce sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno y territoriales, lo que incluye la existencia y funcionamiento de su GUARDIA COMUNAL, de conformidad con las regulaciones constitucionales y convecionales vigentes como son los artículos 2 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  de la DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAD, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 del CONVENIO NÚMERO 169 CIENTO SESENTA Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO y 1, 2, y 5 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Como lo señalamos en un comunicado anterior, entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Cabaleros Templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y líderes comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65o. batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo lo anterior a pesar de que la COmisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad desde el año 2010.

Actualmente, mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz y tranquilidad. Por lo anterior es inexplicable que actualmente el gobierno del estado esté amagando con desarticular las guardias comunales del municipo de Aquila mediante la utilización de la Guardia Nacional y los cuerpos militares y que el pasado dia seis de septiembre del año en curso el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, mencione que su actual gobierno “está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”; y pone especial atención en el municipio de Aquila, al que pertenece nuestra comunidad, en tanto que señala y reitera que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.

LO ANTERIOR RESULTA PREOCUPANTE ANTE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DONDE DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE PASADO EL CJNG TOMÓ EL CONTROL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINICUILA Y DESPLAZÓ A PERSONAS Y FAMILIAS FUERA DEL LUGAR CON EL PROPÓSITO DE EXPLOTAR LAS MINAS DE ESTE MUNICIPIO, OCURRIENDO QUE UNOS DIAS ANTES LA GUARDIA NACIONAL OCUPÓ ESTE POBLADO, DESARMÓ Y DESARTICULÓ A SU GUARDIA COMUNAL, DETUVO A DOS DE SUS ELEMENTOS Y COPÓ POR COMPLETO DICHA LOCALIDAD, EL RESULTADO ACTUALMENTE CHINICUILA ES UN LUGAR SEPULCRAL EN MANOS DE LA DELINCUENCIA ANTE LA PRESENCIA PASIVA DE LOS CUERPOS FEDERALES DE SEGURIDAD.

En dicho sentido volvemos a reiterar que nuestra guardia comunal no impide el libre tránsito de la población, ni en ella coexisten grupos delicuenciales que atenten contra la integridad de las familias michoacanas, señalando que nuestra comunidad indígena, por medio de sus órganos autónomos  de gobierno y sus normas propias, reglamente y faculta a la guardia comunal para brindarnos la seguridad en nuestro territorio.

EN CONSECUENCIA MANIFESTAMOS QUE ANTE LA INCONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE, EN VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTONOMÍA, ÚNICAMENTE OTORGA VALIDEZ A LAS RONDAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES QUE HAYAN DETERMINADO SU AUTOGOBIERNO, EJERZAN SU PRESUPUESTO DIRECTO Y HAYAN SIDO RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DEFENDEREMOS LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PERMANENCIA DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA POR SER ÉSTOS LA GARANTÍA DE NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO.

EXIGIMOS A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMIA Y EN CONCORDANCIA CON ACUERDOS PREVIOS QUE HEMOS ADOPTADO CON LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS SEÑALAN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN EXIGIMOS QUE LOS CUERPOS DE LA GUARDIA NACIONAL, EL EJÉRCITO MEXICANO Y LA MARINA ARMADA DE MÉXICO DESTACAMENTADOS EN LA REGIÓN SE ABSTENGAN DE OCUPAR, EN FORMA PERMANENTE O INTERMITENTE, NUESTRO TERRITORIO COMUNAL CON EL PRETEXTO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III, PRECISANDO QUE SU PRESENCIA DEBE CONSTREÑIRSE, COMO HA OCURRIDO HASTA EL DIA DE HOY, A LA CARRETERA FEDERAL COSTERA NÚMERO 200.

SANTA MARÍA OSTULA, A CUATRO DE OCTUBRE DE 2022.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

 

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Comuneros y comuneras de la comunidad coca de Mezcala, Jalisco, México

(Español) Justicia para Mezcala

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Publicado en Camino al Andar

3 de octubre de 2022
Por Comunidad Indígena de Mezcala
En la historia de nuestro pueblo, el mantenimiento de nuestro territorio ha estado en el centro de nuestras vidas y organización. Como pueblo originario que somos, hemos librado conquistas, invasiones, criminalizaciones, desconocimiento, olvido y desprecio. Lo único que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy como una comunidad con identidad, historia y tradiciones, ha sido el territorio.
Nuestras tierras son hermosas, hay montañas y cerros con encinos, huajes, ciruelos, tepehuajes, palo blanco, etcétera, y miles de hierbas que perfuman nuestra tierra y millones de insectos, aves, reptiles, peces y mamíferos que habitan al igual que nosotros el territorio. Hay también una laguna, y en ella, a medias aguas está el corazón de nuestro pueblo: Tlalquetepelquelt y Pechilinque, ambas islas laten en lo profundo de las aguas y nos dan vida y fortaleza. En el asentamiento poblacional están los nueve barrios que en su mayoría, somos mujeres y hombres de la tierra, que vivimos y dependemos de la madre tierra. Ahí, en esas tierras, aguas, montañas y bosque, hacemos la vida.
Desde el año de 1999 sufrimos una injusta y cínica invasión por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien es un rico de Guadalajara que burló y manipuló las leyes de nuestra comunidad y del propio Estado mexicano, al permitirle y no frenar que se asentara ilegalmente en nuestras tierras por más de dos décadas. Esta invasión, derivó en un juicio de restitución de tierras que impulsaron los comuneros desde el año de 2002 para recuperar nuestras tierras. A finales del 2021, se dio la última sentencia, que determinaba tajantemente que el invasor Guillermo Moreno Ibarra debería de regresar las tierras a la comunidad indígena de Mezcala.
Nuestro pueblo triunfó no solo por tener sentencias favorables que confirman que Mezcala es el dueño único de ese territorio, sino que también triunfó ante la soberbia del dinero, que piensa que con eso se compra todo, pero en Mezcala aun podemos decir que,

¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende!

El próximo martes 04 de octubre de 2022, se hará la entrega oficial de las tierras invadidas, por lo que les pedimos la solidaridad de todas las personas que nos han apoyado por años y que han sentipensado que nuestra lucha es limpia, es tan solo por la vida, por conservarnos en comunidad. Por eso, los invitamos a subir con nosotros para hacer la toma de nuestras tierras, lugar que se convertirá en un espacio comunitario y educativo para todxs los niños y jóvenes de Mezcala.

Atentamente

Comuneros y comuneras de la comunidad coca de Mezcala, Jalisco, México

¡Por la reconstitución de nuestros pueblos!
¡Nunca más un México sin nosotros!

Firmas de organizaciones e individuos

 

Organizaciones Mezcala

 

Radio Chicharra Unidos por La Cuesta Talleres de Historia Comunitaria de Mexcala

Hijos ausentes de Mezcala, radicados en los Estados Unidos.

Lancheros de Mezcala

Chayoteros de Mezcala

Pescadores de Mezcala

 

Pobladores:

Adelo Robles

Adrián Hernández González

Alan Ramos Santana

Alicia González González

Angel Loza Jacobo

Antonia Perez de la Cruz

Armando Claro Cruz

Armando Claro Hernández

Asuncion Sagrario Vega Ramos

Blanca Nectali de la Rosa Sanabria

Brayan Iban Claro Cruz

Brenda Belén Rojas de la Cruz

Carlos Alberto Claro Loza

Carlos de Jesús Contreras

César Gabriel Loza Pérez

Cesilia Sanabria Sepúlveda

Cinthia Monserrat Ramos Santana

Edith Jacobo Contreras

Eloísa Baltazar Indalecio

Eutiquia Pérez Velazquez

Felipe Jacobo Pérez

Florentino Hernández loza

Francisco Arias Pérez

Francisco Hernández González

Francisco Javier Ramos Indalecio

Gael Alexander Ramos Jacobo

Genara Santana Moreno

Guadalupe Loza Jacobo

Guillermina Solorio

Gustavo Jacobo Salcedo

Héctor Santiago García

Heriberto Loza Pérez

Isaac de la O Baltazar

Itza Yareli Jacobo Contreraras

Jaime Claro Hernández

Jaime Paredes

Jesus Israel Vega Baltazar

Jesenia González Hernández

Jesus Ramón Vega Ramos

Jorge Luis de la O Baltazar

José Abrahán de la Rosa Sanabria

José Guadalupe Ramos Indalecio

José Jaime Claro Loza

José Luis Claro

Juan Hernández González

Juana Hernández

Julia Gisela de la Rosa Sanabria

Julio Cesar Enciso Cuevas

Leonor González

Luciano Loza Pérez

Luciano Ramos Sánchez

Luz Elena Claro Ramos

Manuel Alejandro Jacobo Contreras

Marcela de la Cruz de los Santos

María Alicia González

María Leticia Contreras García

Marisol de la O Baltazar

Martha Loza Peres

Mayra Lizeth de la O Baltazar

Nadia Guillermina Vega Ramos

Nancy Mirella Claro Loza

Néstor Emanuel Cruz Jacobo

Oscar Leonel Claro Loza

Pablo Claro Contreras

Paula Pérez

Ponciano Loza

Rocio Moreno

Sergio de la O Baltazar

Sosima Judith Hernández González

Tania Araceli Vega Ramos

Tomas Moreno Cisneros

Vicente Paredes

Zaira Claro Cruz

 

Organizaciones Estatales

 

Individuos:

Alejandra Guillén, Universidad de Guadalajara

Alejandra Navarro Smith, ITESO

Anahí Copitzy Gómez Fuentes, Universidad de Guadalajara

Andrés Fábregas, CIESAS

Antonio López Vega, artista

Asmara González Rojas, Universidad de Guadalajara

Carlos Lucio, MILPA AC

Carmen Díaz, ITESO

Cindy McCulligh, CIESAS

Elena de la Paz Hernández Águila, Universidad de Guadalajara

Elisa Cárdenas Ayala, historiadora

Enrique Valencia, Universidad de Guadalajara

Esteban Garaiz, Jalisco

Gibran Sedano, artista y biólogo

Jaime Preciado, Universidad de Guadalajara

Jorge Alonso Sánchez, CIESAS

Jorge Eduardo Beltrán Aceves, artista

Jorge Reglado, Universidad de Guadalajara

Lorenza Petersen Orendain, docente

Luis Pinedo, artista plástico

María Antonieta De La Puente Diaz, antropóloga

María Eugenia Arias, Jalisco

Margarita Teresa Robertson Sierra, socióloga y comunicadora

Marisol Montessuit Chávez, Jalisco

Miguel Bazdresch, ITESO

Modesto Eduardo Hernández Merino, teatrista

Mónica Gallegos Ramírez, Universidad de Guadalajara

Oscar Basulto Ordoñez, artista

Oscar Ramón López Carrillo, artista y docente

Robert Curley, Universidad de Guadalajara

Rocío Moreno Badajoz, Universidad de Guadalajara

Rubén Alonso, Universidad del Valle de Atemajac

Rubén Martin, Periodista

Sihara Casillas Gaeta, bióloga

Susan Street, CIESAS

 

Organizaciones Nacionales

 

Agua y Vida. Mujeres, Derechos y Ambiente (Chiapas)

Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Comunidad Otomí Residente en la CDMX

Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (Chiapas)

Maderas del Pueblo del Sureste, AC

Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ (Chiapas)

Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C, CIDHOMHAC

 

Individuos:

Alberto Aziz, CIESAS

Alberto Carlos Velásquez Solís, Yucatán

Alicia Castellanos Guerrero, UAM

Álvaro Ochoa Serrano, El Colegio de Michoacán

Ana Esther Ceceña, UNAM

Ana Karela Contreras Villalpando, adherente de la Sexta

Antonio Gritón, artista, México

Araceli Burguete Cal y Mayor, CIESAS

Axel Köhler, CESMECA-UNICACH

Bárbara Zamora, abogada, México

Carmen Ventura Patiño, El Colegio de Michoacán

Carolina Coppel, gestora cultural, México

Eduardo Montero, Sociología ICSyH-BUAP

Elisa Cruz Rueda, UNACH

Francisco De Parres Gómez, antropólogo, México

Francisco Javier Hernández Hernández, antropólogo y sociólogo, México

Gilberto López y Rivas, INAH Morelos

John Holloway, BUAP

Inés Durán Matute, IRGAC-RLS, Alemania / BUAP

Juan Carlos Rulfo, cineasta, México

Juan Villoro, escritor, México

Julio Antonio García Palermo, Sutciesas

Luis Hernández, columnista diario La Jornada

Magdalena Gómez, Universidad Pedagógica Nacional

Manuela Camus Bergareche

Margara Millán, UNAM

María Eugenia Sánchez, Ibero

Mariana Mora, CIESAS

Miguel Ángel García, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Pablo Uc, Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica, CESMECA-UNICACH

Rachel Sieder, CIESAS

Raúl Delgado Wise, Universidad Autónoma de Zacatecas

Raúl Romero, UNAM

Rodrigo Camarena González, ITAM

Santiago Bastos Amigo, CIESAS

Servando Gajá Rodríguez, cineasta, México

Rosalva Aida Hernández, CIESAS

Sylvia Marcos, socióloga, México

Xochitl Leyva, CIESAS

 

Organizaciones Internacionales

AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros (Seção Porto Alegre/RS) Centro de Estudios Independientes Color Tierra, Colombia

Tejido de Colectivos-Unitierra Caldas-Manizales y Suroccidente Colombiano

Pueblos en camino, Colombia

 

Individuos:

Azize Aslan, Kurdistán / UNAM

Boaventura de Sousa Santos, Universidad de Coimbra, Portugal

Börries Nehe, RLS, Alemania

Diana Negrín, University of California, Berkeley

Edgars Martínez, antropólogo e integrante de Aukin, Chile

Julieta Mira, IRGAC-RLS/CONICET, Argentina

Manuel Rozental, luchador social, Colombia

Raúl Zibechi, periodista, Uruguay

Vilma Alme

radio
Avispa Midia

Nuevos ataques en el Istmo por imposición de parque industrial

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Vías del tren en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera denunció que el pasado viernes 30 de septiembre, César Octavio Morales Toledo, actual Comisariado de Bienes Comunales del municipio de San Blas Atempa, ordenó a personas a su cargo a insultar, golpear y amenazar de muerte a Ismael Luis López, habitante de dicha comunidad zapoteca.

Esta acción es la más reciente registrada y denunciada por la Asamblea de Puente

Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes mediante comunicado aseguraron que la razón de las agresiones se debe a la resistencia de la comunidad zapoteca contra la imposición de un parque industrial en tierras comunales.

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“Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI (Polo de Desarrollo para el Bienestar) en nuestras tierras colectivas”, enfatizan mediante comunicado.

Foto: APIIDTT

Las organizaciones indígenas denuncian que días antes, el 25 de septiembre, se realizó una supuesta asamblea de comuneros, “que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo” como representante del Comisariado.

Las asambleas recuerdan que desde finales del mes de agosto habían alertado sobre el posible nombramiento de las nuevas autoridades agrarias, cuya urgencia “responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021”, debido a su rechazo al parque industrial.

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A su vez, señalan que César Octavio, conocido en la región como “Santa”, es hermano de Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal y mano derecha del gobernador electo en el Estado, Salomón Jara Cruz. En el testimonio de López, el indígena zapoteco asegura que Morales le agredió tirándole al suelo mientras declaró que el parque “se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo”, detalla el comunicado.

Vínculos con crimen organizado

Las organizaciones indígenas subrayan que, debido a los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo, se debe llevar a cabo una revisión de la legalidad en su nombramiento como Comisariado de Bienes Comunales.

Destacan que Morales ha sido detenido en dos ocasiones. La primera de ellas por elementos de la Policía Federal ocurrida en el año de 2018, en el marco del operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca”, por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia legal. Mientras, la segunda detención, documentada por la revista Proceso, ocurrió en enero de 2022, cuando elementos militares le detuvieron por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Los hermanos Cesar (izquierda) y Antonino (derecha) Morales Toledo.

Cesar Octavio Morales Toledo opera a través de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), movimiento político que consolidó su hermano Antonino Morales como apoyo a la candidatura del ahora gobernador electo, Salomón Jara.

De acuerdo a una investigación publicada por El Muro MX en mayo de este año, el gobierno estadounidense solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), congelar las cuentas de mil 669 personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de estas personas relacionadas al crimen organizado es Antonino Morales Toledo, principal operador financiero de Salomón Jara desde hace seis años.

Violencia continúa

Otra de las denuncias de las asambleas indígenas retoma las agresiones contra David Hernández Salazar y su familia, quienes el 19 de julio fueron violentados físicamente por Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, personas quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

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Las organizaciones indígenas responsabilizan del clima de violencia en la comunidad Binnizá de Puente Madera a funcionarios locales, estatales y federales. Entre ellos a los hermanos Antonino y Cesar Morales Toledo, así como a Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, y Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por último, exigen respeto a la libre determinación de Puente Madera en su rechazo a la construcción del Podebi en las tierras de uso común, así como al cese de los hostigamientos y criminalización contra sus habitantes y representantes.

radio
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

(Español) Ante los ataques de intimidación y criminalización que Antonino Morales Toledo encabeza contra nuestro pueblo ¡Llamamos a la solidaridad de los pueblos y movimientos de México y el mundo!

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Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, a 03 de octubre de 2022

Contra el cacicazgo y la apropiación de los Bienes Comunales en San Blas Atempa

A los y las habitantes, comuneros y comuneras de San Blas Atempa y sus agencias
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

DENUNCIAMOS

El día viernes 30 de septiembre, el compañero Ismael Luis López, habitante de la comunidad indígena de Puente Madera, se encontraba realizando sus labores de albañilería en una calle concurrida de San Blas Atempa, cuándo una camioneta se aproximó hasta su ubicación, de la cual sé bajo Octavio Morales Toledo conocido como “Santa” y ordeno se bajara la gente que venía con él para insultar, amenazar de muerte y golpear al compañero Ismael López. Tirándolo al suelo y diciéndole que el Parque Industrial, que forma parte de los PODEBIS del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo.

CONTEXTO

Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI en nuestras tierras colectivas, en específico, esta agresión, por quien ahora es representante del Comisariado de Bienes Comunales, hacia el compañero Luis López, se dan bajo el siguiente contexto:

El 19 de julio, el compañero David Hernández Salazar y su familia sufrieron agresiones físicas por parte de Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

A finales del mes de agosto habíamos alertado sobre la convocatoria para el nombramiento de estas nuevas autoridades agrarias. En ese momento sabíamos, y lo confirmamos ahora, que este nombramiento urgente responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021, por nuestro rotundo rechazo a la instalación del Parque Industrial en nuestras tierras colectivas.

El día domingo 25 de septiembre del presente año, se dio la supuesta “asamblea de comuneros”, que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo conocido como “Santa”, nuevo representante del Comisariado de Bienes Comunales de San Blas Atempa, hermano de Antonino Morales Toledo, expresidente municipal, y mano derecha del gobernador electo en el estado, Salomón Jara Cruz.

Ante estos sucesos EXIGIMOS:

A la Procuraduría Agraria, que con base en el artículo 38 de la Ley Agraria, se revise a profundidad los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo. De los que nosotros damos al conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

Que el susodicho, fue detenido en el año 2018 por el operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca” por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo explicar la procedencia legal del dinero. Y en el mes de enero de este año (2022) nuevamente fue detenido por personal del Ejército, por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Y que el ahora Comisariado de Bienes Comunales, promovió una demanda con el Expediente 71/21-15-01-9 en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; así mismo promovió un Amparo Indirecto con el Expediente 466/2012 en contra del Juez De Garantías En Tehuantepec, Oaxaca.

Respeto a la libre determinación y voluntad de la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera en la NO instalación del Parque Industrial del Corredor Interoceánico en tierras de uso común.

Que cesen los hostigamientos, amenazas y criminalización contra nuestros representantes y habitantes de la comunidad Binnizá de Puente Madera.

HACEMOS UN LLAMADO:

A los individuos, colectivos y pueblos indígenas de Oaxaca y México a realizar acciones dislocadas en solidaridad con la comunidad de Puente Madera y en contra del proceso de Industrialización de esta región que traerá consigo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Llamamos a la solidaridad Internacional, ha realizar acciones contundentes en la embajada de México en sus países, en contra del proceso de criminalización que como pueblo indígena hemos venido sufriendo en el marco de la ejecución del megaproyecto de interés geopolítico Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

RESPONSABILIZAMOS del clima de violencia en la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, así como de cualquier detención, amenaza y agresión a los representantes y habitantes de Puente Madera y de nuestra organización regional, A:

Antonino Morales Toledo, líder estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas y presidente de la Fundación Antonino Morales Toledo;

Cesar Octavio Morales Toledo, representante electo del Comisariado de Bienes Comunales;

Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca;

Lila Rodríguez Villanueva, jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Tehuantepec;

Rafael Marín Mollinedo, Director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;

José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina;

Salomón Jara Cruz, gobernador electo del Estado de Oaxaca (2022-2028);

Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador del Estado de Oaxaca (2016-2022);

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república

Desde el Bloqueo Carretero
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

PD: A 54 años de la matanza de Tlatelolco
No perdonamos Ni olvidamos
Y recordamos que los militares de hoy
son los mismos asesinos de ayer

radio
Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes

(Español) No vamos a permitir que el robo de agua continúe en nuestros pueblos. ¡Ni extracción, ni distribución!

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Al pueblo en general
A Los medios de comunicación

El pasado lunes 26 de septiembre de 2022, el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, hizo acto de presencia en las instalaciones que los pueblos cholultecas recuperamos el año pasado y convertimos en la Casa de los Pueblos, Altepelmecalli, en la comunidad de San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla, acudió para concretar otra traición: inaugurar una nueva etapa de despojo de agua en nuestra región y otros pueblos de la región cholulteca por parte de Bonafont-Danone.

Cinto Bernal, ha hecho la función principal de vocero y empleado de la planta, facilitando el operativo de la Guardia Nacional para desalojar a los pueblos de Altepelmecalli, permitiendo la intromisión de la empresa en asuntos comunitarios como ocurrió con la consulta realizada en Zacatepec, distribuyendo propaganda en contra de los pueblos y financiando obra pública a cambio de dinero, imagen y simulación.
Este vocero y empleado, ahora cumple la orden de intentar engañar una vez más a los pueblos a nombre de Bonafont Danone, como sabemos, la empresa Bonafont Danone con su filial Arcoiris, en 1992, realizó una consulta falsa en la que solicitaba autorización para un pozo agrícola, los pueblos campesinos de Juan C. Bonilla accedieron, sin embargo, el pozo que instalaron fue un pozo industrial de 36 metros de profundidad que acabó dañando gravemente los mantos acuíferos secando ameyales, canales, zanjas y pozos artesanales terminando con el trabajo local basado en el cultivo y producción de alimentos básicos, la salud y la seguridad económica no solo de Juan C. bonilla sino de más de 20 pueblos de la región cholulteca.

Bonafont-Danone mintió también al decir que tenía una concesión vigente para extraer agua. Sabemos que no es verdad y que estuvo extrayendo millones de litros de agua diariamente sin concesión y con la anuencia de CONAGUA y los tres niveles de gobierno. Según documentos de CONAGUA, la Concesión de extracción 04PUE100118/10FMDL08 se venció desde el año 2014 y la misma CONAGUA les negó la renovación oficialmente. Esta planta ha trabajado ilícitamente desde su creación y las instituciones gubernamentales son parte de este despojo a través de la corrupción.

Tras haber violentado a los pueblos nahuas que recuperamos el agua de miles de personas, mienten una vez más, reabriendo las instalaciones supuestamente para “distribuir” el agua que robarán de otros pueblos, sabemos que no es verdad, sabemos que esta ambiciosa empresa y sus empleados como Fabrice Salamanca (vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Grupo Danone), Luis García (Director general de Bonafont), José Cinto Bernal (presidente municipal de Juan C. Bonilla quien en realidad funge como vocero y empleado de Bonafont) y Guillermo Malpica Soto (subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de Puebla) pretenden seguir traficando el agua de los pueblos a costa de la pobreza y sequía de las comunidades.

A cambio de estos favores y de la protección municipal, la empresa traficante de agua ha intervenido, como lo señala en su comunicado oficial del 26 de septiembre, en procesos comunitarios y de competencial local, comprando conciencias y simulando obras que le competen directamente al ayuntamiento. Los traficantes de agua señalan que: “la compañía ha impulsado la brigada de limpieza del río Metlapanapa en colaboración con trabajadores de la empresa; el “Proyecto Pintura” para la iglesia, en conjunto con el Consejo Parroquial; y los Apoyos para Escuela Bachillerato General Estatal Libertadores, donde se realizan labores de reparación, impermeabilización, entre otros”.

En este contexto, en una manipulación y simulación descarada el presidente municipal, José Cinto Bernal, junto con representantes de la parroquia, directores de escuela y supuestos “líderes y emprendedores” locales del pueblo de Zacatepec, han utilizado a la población para favorecer a la empresa, como lo muestran los actos detestables y cobardes donde han manipulado a la comunidad, chantajeado y puesto en riesgo la salud de

Emilia, [10/3/22 7:05 PM]
los estudiantes del Bachillerato General Libertadores de América para simular limpiezas en el río Metlapanapa y otras obras comunitarias, las cuales, como lo señala la empresa traficante, son financiadas por ella.

Es por eso que, Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes declaramos que no vamos a permitir que el robo de agua continúe en nuestros pueblos: ¡Ni extracción, ni distribución! Hacemos un llamado a los pueblos y comunidades a seguir atentos y denunciando las acciones de este crimen organizado llamado Bonafont – Danone y de sus empleados como José Cinto Bernal y demás cómplices. E invitamos a todos a la acción global y gran marcha por el agua, contra la militarización y la guerra capitalista, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre de 2022 a las 4:00 pm. Partiendo del Ángel de la Independencia hacia el zócalo de la Ciudad de México y que realizaremos en conjunto con el Congreso Nacional Indígena.

ATENTAMENTE
Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes
A 3 de octubre de 2022, San Mateo Cuanalá Juan C. Bonilla, Puebla

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radio
Avispa Midia

(Español) Ejército sabía lo que pasaba con los 43 y no hizo nada

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto:Aldo Santiago

Un día antes de terminar su mandato en el caso Ayotzinapa, el jueves (29 de septiembre), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014.

El grupo de expertos consolidó, con nuevas pruebas, la vinculación del crimen organizado con las fuerzas públicas mexicanas, el Ejército, las policías Estatal y Federal, así como funcionarios de la administración del Estado Mexicano en el ataque, detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes.

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“Tenemos muchos más elementos en las manos, más documentación que muestran esta relación de una forma estrecha. No se trata solamente de declaraciones, sino que se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de la Sedena [Secretaria de Defensa Nacional], archivos de diferentes corporaciones del propio Estado”, sostuvo Carlos Martin Beristain, integrante del GIEI.

El informe muestra que el Ejército y las policías Federal y Estatal hacían seguimiento en tiempo real a todas las actividades de los normalistas. “Tenemos toda la documentación que prueba los seguimientos que se hacía a los jóvenes, desde hacia mucho tiempo, pero también los seguimientos en el día 26 de septiembre de 2014. Tenían claridad de los autobuses, de las placas, de las marcas, para qué iban tomar autobuses, todo eso estaba perfectamente documentado. Nosotros hemos tenido acceso [a estos documentos]”, revela Beristain.

El Ejército recibió información en tiempo real mediante interceptación telefónica. “Sin embargo, ninguna de estas informaciones llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes, ni en la investigación del caso. Nos enteramos de estas interceptaciones el año pasado cuando pudimos revisar los archivos de Sedena”, dijo el experto independiente.

Intercepciones telefónicas en los archivos de Sedena, revelan conversaciones en las cuales hablan sobre “dónde había que mandar a los jóvenes”. Algunas de ellas son del 4 de octubre, es decir, varios días después de la desaparición. “Estas comunicaciones mostrarían que una parte de estos jóvenes estarían vivos en estos días”, dijo Beristain.

Integrantes del GIEI

Los expertos también pudieron corroborar, con el acceso a los archivos de Sedena, que el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la escuela, quien daba información en tiempo real sobre las actividades que se hacia en la escuela, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.

Algunos integrantes del Ejército, al menos dos, tuvieron procesos disciplinarios, hechos por el propio Ejército, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre. “Se negó por mucho tiempo. Pero tenemos las pruebas, aunque no sabemos el contenido de estos procesos disciplinarios. Eso falta por saber y hemos pedido acceso a esta información”.

De acuerdo con otra integrante del GIEI, Ángela María Buitrago, el Ejército ha negado que haya posibilidad de hacer monitoreo, interceptaciones y “niegan que ellos hallan realizado, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de las informaciones que recuperamos”.

Los expertos revelaron también parte del contenido logrado por medio de un testigo protegido quien señala que los jóvenes fueron separados en tres grupos y que habían sido llevados a diferentes lugares bajo la custodia militar, de la policía estatal y grupos criminales. Señaló también “que habían sido asesinados”, dijo Beristain.

Además, el informe muestra que el 5 de octubre se montó una coordinación de los altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue llamada War Room (habitación de guerra), que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido se desconoce. “Consideramos que eso es algo que se tiene que aclarar”, sostiene Beristain.

Pegasus

Sedena utilizó el software espía Pegasus para monitorear teléfonos desde 2014, especialmente a partir de septiembre. Miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, familiares de los estudiantes, miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad fueron espiados. “Pegasus fue utilizado de forma indiscriminada”, dijo Buitrago.

Centro de Inteligencia Militar en Iguala

Los expertos de GIEI revelaron la existencia del Centro Regional de Inteligencia Militar denominado zona norte Iguala, que hacia actividad de seguimiento y monitoreo y, en algunos casos, interceptación de comunicaciones.

La Sedena ha negado que este Centro existía en 2014. “Nos han negado la existencia de este Centro en el año 2014, nos dicen que nasce en el año 2015, lo cual ya sabemos no es cierto”, dijo Buitrago. Eso porque GIEI tuvo acceso a informes provenientes de este Centro que atestiguan actividades de monitoreo en los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Comité de oadres y madres de los 43 normalistas desparecidos se manifestaron el apsado 26 de septiembre en el octavo aniversario del crimen de Estado. Foto: Aldo Santiago

Para la experta, el contenido de los informes generado por este centro es fundamental para saber lo que pasó en aquella noche. “Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia: es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar”.

Los expertos saben que los archivos generados por este Centro “están todavía en las instalaciones de Sedena”.

Basurero de Cocula

Una pieza fundamental de la llamada “verdad histórica” – una versión dada a conocer en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de lo que habría ocurrido con los estudiantes – fue el basurero de Cocula.

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Dicha versión considera que los agentes de la policía de Iguala entregaron a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos a los estudiantes porque, supuestamente, harían parte de Los Rojos, grupo contrario. Los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero.

En sus investigaciones los expertos corroboraron, por medio de documentos, que esta versión no procede. “No solamente tenemos las declaraciones de testigo que estuvieron el día 27 de septiembre en el basurero y que señalan que ahí no pasaba nada”, dijo Beristain.

“Sabemos que desde el día 4 y 5 de octubre la policía Estatal y Ejercito custodiaban el basurero de Cocula. Hay reportes oficiales que muestran, que el día 12 de octubre hay una inspección del basurero por parte de una patrulla del Ejército, que señalan que no hay nada extraño en el basurero. Quince días después de este informe aparecen unos restos que se señala que eran restos de los jóvenes”, explica.

El día 25 de octubre, supuestamente se descubre por una llamada anónima que habían tirado restos de los jóvenes en el basurero. “Ahora sabemos que esta llamada jamás existió, no es cierta. Sabemos que la persona que hizo eso se retractó y contó por qué lo hizo. Contó cuál fue la presión que sufrió para hacerlo”, relató el experto.

Quinto autobús

Otro elemento clave para entender lo que pasó en la noche del 26 de septiembre de 2014 es la existencia de un quinto autobús tomado por los estudiantes, que “había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades, tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, dijo Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI.

Los expertos reafirman, basados en imágenes de cámaras, que este quinto camión salió por la parte de atrás de la central camionera con los estudiantes.

En relación a este vehículo “se ha tratado de rodear de una serie de pruebas que permite decir que la intención clara es seguir ocultando [su existencia, además], fue escoltado por policías federales en la noche de 26 de septiembre”, analizó Buitrago.

De acuerdo con el informe de GIEI, desde su primer documento, los expertos señalan que “debía indagarse si en ese autobús se trasladaban drogas, lo que podría haber actuado como desencadenante de las agresiones, explicar la intensidad del ataque”.

Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Regina López

Desde por lo menos abril de 2014, la FGR tenía conocimiento del trasiego de drogas a través de autobuses de Guerrero hacia Estados Unidos, debido a investigaciones realizadas por autoridades de este país.

¿Hasta dónde va la voluntad de la 4T?

En abril de 2016, el GIEI concluyó su mandato en México, después de nueve meses de investigaciones, con la denuncia de que los obstáculosa su trabajo bloquearon la posibilidad de cumplir con su tarea central que era ubicar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

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En 2020, los expertos regresan al caso. En la presentación de su tercer y último informe, son muy claros al afirmar que solamente lograron acceder a importantes archivos, por ejemplo, los de Sedena, porque hubo autorización expresa de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a lo largo de toda la presentación los expertos mencionaron que no les fue dado acceso a documentos, que saben que existen, y que son clave para entender lo que pasó en aquella noche.

“Cuando contemos con el texto completo de estas comunicaciones sin lugar a duda podremos saber mas sobre la operación, los presuntos responsables, el paradero de los estudiantes y la forma cómo fueron trasladados”, dijo Buitrago.

Seguimiento en la busca de la verdad

El GIEI ha pedido una prórroga de un mes para que puedan concluir su trabajo. Sin embargo, sostienen que, después de eso, se tendrá que poner en marcha un mecanismo de seguimiento a su trabajo; fortalecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; y establecer una mejor comunicación entre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y los padres de las víctimas, de manera a lograr esclarecer lo que pasó en la noche del 26 de noviembre de 2014.

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