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Radio Zapote

Carta de Radio Zapote a la comunidad de la ENAH y al profesor Yair

05 Septiembre 2022, CDMX

Al Maestro Yair Balam Vázquez Camacho

A la Escuela Nacional de Antropología e Historia

A los medios de comunicación independientes, alternativos, autónomos, autogestivos o como se llamen

Al Instituto Nacional de Antropología e Historia

Nosotrxs somxs RADIO ZAPOTE un proyecto comunitario con 21 años, que nació y vive en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Por medio de esta carta queremos expresar nuestro respeto y solidaridad con un profesor que en su discurso narrativo y su práctica cotidiana esta en apoyo mutuo con colaboraciones comunitarias.

El día viernes 26 de agosto a las 13:00 hrs, se realizó un mitín dentro de las instalaciones en protesta por el intento de parte de las autoridades para cambiar la chapa de nuestras cabinas en el edificio principal, por parte de un cerrajero pagado por las autoridades, sin previo anuncio o dialogo entre partes, por lo que se realizó un evento de denuncia pública al día siguiente y fue entonces que se abrió el micrófono, y se dieron a conocer mensajes solidarios con RZ. Recibimos pronunciamientos desde los estudiantes organizados de la ENAH hasta grupos famosos de Ska como la Matatena,  estaciones de medios libres como la Ke Huelga, Noticias de Abajo, Radio Totopo y medios internacionales comunitarios como La Zarzamora Radio en Chile, Radio Amaranta, Radio 8 de Octubre, Taller Ahuehuete de Alemania, y en México de parte de varias organizaciones sociales, indígenas, comunitarias y sectores populares urbanos. Durante el mitin el profesor Yair Balam Vázquez, tomo el micrófono para solidarizarse como parte de los profesores de asignatura.

El día 2 de septiembre nos volvimos a sorprender, porque ahora el compañero y profesor Yair Balam presenta en redes sociales la denuncia publica donde se le notifica por parte de la administración y la dirección de la ENAH que tiene que desalojar el cubículo que mantiene en funciones desde el año 2009, en donde prepara sus clases y recibe a estudiantes a quienes les dirige su tesis y da asesorías. Yair Balam es un profesor de la escuela que siempre se ha esmerado por dar un contenido pedagógico consecuente en el campo de estudio de la memoria. El cubículo que tiene, nos consta, que mantiene el objetivo de usarlo para las labores de investigación y por lo tanto, nos manifestamos a favor de que el profesor pueda seguir manteniendo el cubículo que ocupa para preparar clases, dar asesorías, documentarse y hacer labores de investigación.

Por nuestra parte, queremos invitarlo que en caso de ser expulsado de su lugar de trabajo, a proponer un horario en el espacio de la Radio Comunitaria de Radio Zapote, para que pueda desarrollar sus funciones académicas, y le comentamos que ante la solicitud de desalojo de su cubículo, no se nos olvida que en la ENAH existen espacios y construcciones abandonadas y en obra negra por razones de evidente corrupción, y no olvidamos que mientras que en la ENAH se pelean los espacios de forma agresiva, el INAH paga renta en edificios como el de la Coordinación Nacional de Antropología (CNAN-INAH) en San Jerónimo el cual se encuentra semi-vacío desde que inició funciones.

A nosotros no se nos olvidan varios asuntos que atañen a la comunidad que no se deberían intentar resolver de forma unilateral y que han llamado la atención de la comunidad en este 2022. Recordemos el oficio emitido a principios de año que sacudió a los trabajadores al declarar oficialmente que sus condiciones de explotación laboral extrema son necesarias para que funcione la escuela, asi como la irregularidad del abuso contra los profesores que consistió en cancelar 100 optativas dos semestres seguidos y avisarles en el ultimo momento aún cuando estos docentes presentaron planeación en tiempo y forma, y la tortura que implica mantener a los trabajadores y profesores en sus labores sin firmar contrato y sin recibir salario.

La ENAH tiene asuntos importantes que resolver como esta legitimación de la explotación y la cuestión de los abusos laborales que sufren los trabajadores de limpieza en el INAH. También cuestionamos el desperdicio del erario asignado a nuestra escuela al mantener políticas excluyentes hacia los estudiantes de nuevo ingreso creando una escuela de salones desocupados. También denunciamos que nos han llegado reportes constantes de abusos, revisiones, seguimientos e interrogatorios de parte de los policías auxiliares de la SSP asignados a la ENAH  y de violaciones a los derechos humanos de parte de la policía de la Alcaldía de Tlalpan en contra de estudiantes en la calle de Zapote.

De nuestra parte hemos denunciado los intentos de obstaculizar nuestro trabajo periodístico con acciones de desalojo y difamaciones baratas en contra del proyecto de radio libre, estudiantil, autogestiva, comunitaria, de pedagogía popular, tequio, faena y mano vuelta con 21 años de existencia en la ENAH. También hemos denunciado los abusos contra nuestros compañeros trabajadores del Cafe Rizoma Tseltal. Por lo tanto en este caso de posible desalojo de cubículo, emitimos una exigencia a que se detenga esta irregularidad contra el docente Yair Balam Vazquez Camacho y le décimos que sabemos que la solidaridad no es palabra muerta, como decía Ricardo Flores Magón, sino que se construye en la práctica cuando se necesita, y en esta ocasión, como medio independiente no permitiremos que quede en el silencio un posible abuso de autoridad.

Atte. “Porque en el aire no hay límite ante la frecuencia libre”

Comité Editorial de Radio Zapote

*Este comunicado fue presentado al cierre del foro sobre la post pandemia en la ENAH previo a la conferencia de prensa y diálogo con las autoridades del INAH

 

 

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Avispa Midia

Sentencia anula contratos de eólica que consideraba privadas tierras en el Istmo

Fuente: Avispa Midia

Once comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron en la justicia agraria la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que opera un parque eólico en Unión Hidalgo, un anexo del municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fallo en contra de la eólica establece que las tierras donde la empresa levantó su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos – Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal – es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

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Con la sentencia, Demex no está obligada a desmantelar el parque eólico ya que la empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, sin embargo, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que llevó a cabo el proceso jurídico, lanza el precedente para que cualquier comunero de todo el país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

La resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran, como los posesionarios y la representación comunal o ejidal.

El proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

Comuner@s de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, asesorados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

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De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.

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Avispa Midia

No cesó la noche Uribe: Continúa criminalización de manifestantes del Paro Nacional en Colombia

Fuente: Avispa Midia

por Cooperativa Tierra Negra

Desde Cooperativa Tierra Negra presentamos una serie de escritos para compartir sobre Colombia. En esta primera entrega abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social de 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente.


Los queremos libres

Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022, muy temprano. Venía, porque trabaja como guarda de seguridad en turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio.

Parecidos a este fueron los casos de otras ocho personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022 “que tiene como objetivo, visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad,(…) en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país.”

Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios a respecto de presuntas “intenciones de generar actos de violencia (…) y de desconocer los resultados electorales”, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia.

En total, nueve habitantes y líderes del sector conocido desde el Paro Nacional del 2021 como “Puerto Resistencia” fueron apresados en la ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas nueve personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del Paro Nacional, acontecidas desde abril del 2021. Sobre todo, de este sector, también llamado “PR”. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes, líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces, que se semejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales.

También hicieron parte de la seguridad de los manifestantes ante los embates de la Fuerza Pública, en lo que se conoció como Primeras Líneas, jóvenes encapuchadxs que luchaban por su defensa y la de su comunidad con elementos caseros ante todo el arsenal de la Policía, que desde el 2021 ha tenido un incremento del 5,3% en su partida presupuestal, unos 42,6 billones de pesos para la misma institución que está acusada de 44 homicidios en el marco de las protestas según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).

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Otra cosa tenían en común: desde el final de las protestas y bloqueos, se dedicaron a realizar labores comunitarias en los distintos barrios aledaños al sector, comprometidos con un cambio de su territorio. Y desde esta plataforma de trabajo comunitario y cultural decidieron ser parte de la campaña del Pacto Histórico, coalición política de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Distrito de Aguablanca, un gran sector de la ciudad de Cali donde habita el 30% de la población caleña en condiciones socio-económicas muy difíciles.

Esta acción de persecución, difamación y acusación de crímenes es una práctica que en Colombia se conoce como “falso positivo judicial” y es especialmente usada contra líderes y lideresas sociales, periodistas críticxs, defensorxs de derechos humanos, ambientalistas o políticxs de la oposición. No es algo nuevo en Colombia.

El virus de Colombia se llama uribismo

Desde hace décadas venimos enfrentando la persecución criminal del Estado contra distintas personalidades y colectivos socio-políticos que hacen ejercicios de oposición a esta extrema derecha que en Colombia tiene nombre propio: Uribismo. Porque aunque la herencia de la guerra y las políticas de terror han sido pan de cada día en nuestro país, es importante decir que todas esas prácticas de guerra sucia se agudizaron mucho más en la primera década del siglo XXI, con la llegada al poder en el año 2002 de Álvaro Uribe Vélez, político que empezó su boyante carrera como miembro del Partido Liberal colombiano, pero que con el pasar de los años fue asumiendo posturas mucho más autoritarias y radicales, hasta crear un partido distinto con clara corriente de ultra derecha: primero “Partido de la U” y después, con ciertas escisiones, “Centro Democrático”.

Para hablar de este personaje fatídico y trascendental para el destino de Colombia habría que remontarse hasta los años ochentas del siglo pasado, cuando el narcotráfico en la nación suramericana comenzaba a llamar la atención de todo el planeta. Uribe fue primero Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, desde donde autorizó vuelos internacionales a distintos miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Dicha información la ha demostrado el senador Iván Cepeda quien ha  realizado las investigaciones y denuncias que desde el 2014 han sido motivo de debate del Congreso Nacional y relacionan a la familia Uribe con el narcotráfico en diferentes épocas.

Después se desempeñó como alcalde de Medellín en 1982 aunque solo ocupó el cargo durante cinco meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia frente a su relación con el Cartel. Fue también concejal de la misma ciudad entre 1984 y 1986 y luego Senador de la República desde 1986 hasta 1994.

Durante sus años como miembro del legislativo, Uribe promulgó la creación de leyes que privatizaban varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como las pensiones (ley 71 de 1988), las prestaciones y contratos laborales (ley 50 de 1990) y la salud (ley 100 de 1993).

También fue gobernador del departamento de Antioquia, uno de los más grandes del territorio nacional y que representa la segunda economía más fuerte del país, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Durante su mandato, en los campos antioqueños se fortaleció la creación de ejércitos paramilitares con el objetivo de enfrentar militarmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cualquier posible “aliado” (comprobado o no) dentro de la sociedad civil.

Fue en su gobierno que se crearon las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mayormente conocidas como Convivir. Hablamos de cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, las cuales mutaron rápidamente a grupos paramilitares, con ejercicios de violencia muy propios y supremamente degradantes, amenazantes y despiadados. A la fecha tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”,dicta el tribunal.

Álvaro Uribe llegando a la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, Colombia, 8 de octubre de 2019.

Los grupos paramilitares se convirtieron en ejércitos que arrasaron con territorios, masacraron y desplazaron mucha gente, como en la conocida internacionalmente Masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos por parte de paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, donde el líder de dicha organización Salvatore Mancuso, confiesa la participación del ejército y la gobernación de Antioquia en dicho operativo.

La carrera política de Uribe llega a su apogeo en el año 2002, cuando es electo presidente de la nación. Desde su presidencia el conflicto armado mostró su cara más atroz. Para nadie es un secreto que grupos armados como las AUC, el Bloque Metro o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupos paramilitares que ocasionaban terror en los territorios campesinos del Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron grupos creados y auspiciados bajo el visto bueno de sus diferentes mandatos, e incluso sus mismos jefes desde prisiones estadounidenses han alegado en distintas ocasiones que existía un pacto entre las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército), los paramilitares y distintos miembros de su gabinete, incluyéndolo a él como presidente de la República.

Las cifras hablan por sí solas: según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2010 un total de 28,580 personas perdieron la vida en Colombia por razones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, también  documentó la violación del derecho a la vida de 18,368 personas que murieron por causa de ejecuciones extrajudiciales, homicidios socio políticos o desapariciones forzadas. Es justamente en su periodo presidencial que ocurren los mal llamados “falsos positivos”, más de 6,000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército presentadas como falsas bajas en combate para ganar favores y prebendas; también abunda la persecución a líderes sindicales, campesinos, ambientales, periodistas, políticos; despojo de tierras; privatización de derechos fundamentales de la sociedad. Su gobierno ha sido uno de los más sangrientos en la historia de Colombia.

En el 2010, su anterior Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quedó electo presidente y aunque hubo una gran división con este nuevo gobierno, muchas de las políticas nefastas del uribismo anterior prevalecieron. Podríamos decir que con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, se marca una distancia total entre ambos gobiernos, pero la falta de garantías económicas y políticas reales para este proceso, la pobreza en aumento, la violencia arreciando y el narcotráfico en auge, demuestran que más que una ruptura entre ambos gobiernos, lo que hubo fue una continuidad suavizada de las mismas contradicciones y problemáticas.

En 2018, con ayuda de maquinarias económicas aliadas a poderes del narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como la “Ñeñe-política”, por José Guillermo Hernández Aponte conocido como ‘El Ñeñe Hernandez‘ empresario con nexos con el narcotráfico, queda electo presidente Iván Duque. Su gobierno ha sido la vuelta atrás al uribismo más recalcitrante, al ser miembro del partido del ex-presidente y en cierta medida pupilo del mismo. El asesinato sistemático a lideresas y líderes sociales, la expropiación de tierras para proyectos extractivistas, los niveles de pobreza y desempleo, la devaluación del peso, los escándalos de violencia y corrupción por parte de distintos miembros de las Fuerzas Militares y políticos prominentes, son parte de su política de gobierno.

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Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años han sido asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1,192 víctimas. Tristemente son sólo una pequeña muestra de  todo lo ha sucedido en nuestro país durante el gobierno de Duque. Pero hubo tres hitos que marcaron su gobierno: el Paro Nacional del 2019, la pandemia de Covid del 2020 y el Paro Nacional del 2021.

Todo el poder para la gente

El 21 de noviembre del 2019 se vivió en toda Colombia una jornada de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, por muchas razones acumuladas por décadas en el país y ya nombradas arriba, en especial por la perpetuación del uribismo. El pueblo, agotado de tanta indiferencia por parte de la clase política y la élite económica, salió a las calles en masa, por miles, durante varios días a exigir que se le escuchara y la respuesta por parte del gobierno fue la represión violenta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas: Policía, Ejército y ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Al llegar la pandemia a lo largo del año 2020, la situación económica empeoró y el gobierno de Iván Duque presentó planes de salvamento a la banca privada y a empresas allegadas a su círculo económico y familiar, como fue el caso de Avianca, pero no hubo rescate para la pequeña empresa ni mayor inversión en la red hospitalaria que estaba colapsada o en la alimentación que escaseaba en la mayoría de hogares.

Esto acrecentó el déficit fiscal que ha aquejado por décadas a nuestro país y para rematar este paquetazo de medidas económicas criminales contra la clase popular, Duque quiso afrontar dicho déficit proponiendo una reforma tributaria a inicios del año 2021 que atacaba con gravámenes e impuestos altísimos a productos esenciales de la canasta familiar, como son las verduras, los lácteos, las carnes, la gasolina e incluso, los servicios de telecomunicaciones y funerarios.

Manifestaciones en el marco del Paro Nacional del 2021

A raíz de todo esto, se convocó para el 28 de abril del 2021 una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional en contra de este mal gobierno que ha sido la perpetuación del uribismo, un gobierno de sangre y muerte. Lo que pasó ese día y durante los dos siguientes meses fue algo inesperado, pero inevitable. El estallido social en Colombia caldeó y Cali fue el epicentro. Fue la ciudad donde más intensamente se vivieron las jornadas de movilización, bloqueo y protesta. Pero también donde más se sintió la represión y el brazo armado de la policía con dos de sus más violentas fuerzas de choque: el  ESMAD -fortalecido y formalizado por la administración de Uribe- y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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Bogotá y Cali fueron las ciudades más afectadas por esta violencia sin precedentes contra lxs manifestantes. Según datos recogidos de Indepaz, hubo 96 agresiones oculares, 35 casos de violencia sexual, mil 661 victimas de violencia, 2,053 detenciones arbitrarias y 83 homicidios de los cuales 44 se han demostrado fueron ejecutados por la fuerza publica. El paro lloró sus muertos y luchó por sus derechos, logró frenar todo el país, toda la economía, todo el transporte, logró plantarle la mirada a un gobierno indolente y descarado de manera digna, frenando la reforma tributaria y bajando de su puesto al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pero en especial, el paro logró la unidad de comunidades, barrios y pueblos.

Es el paro nacional del 2021 lo más importante que le ha pasado a la sociedad colombiana, en especial a la juventud. Jóvenes que derribaron símbolos para crear monumentos, que descubrieron el buen comer en las ollas comunitarias que en cada esquina se levantaban, que descubrieron su aporte a la sociedad cuando toda oportunidad les había sido negada. Entonces hubo escuelas y bibliotecas donde antes habían puesto policiales, y se rompió el cemento para sembrar comida, las calles florecieron de cilantro, maíz, tomate y maracuyá, la atención médica se hizo propia, urgente, solidaria y humana. Todo cambió, hasta los lugares y las calles cambiaron de nombre y entonces hubo Loma de la Dignidad donde ante fue Loma de la Cruz, y Portal de la Resistencia donde antes fue Portal de las Américas y Puerto Resistencia donde antes era Puerto rellena. Y por primera vez el pueblo sintió que las calles eran suyas, porque se sintió seguro, porque hubo una primera línea que les cuidó y defendió cuando fue necesario.

Sueños tras las rejas

Todo esto tienen en común estos nueve jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al Paro Nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado por sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de dos meses. Ellos son: Rolando Quintero Ramírez, Jhon Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Yeinshon Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordoñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stiven Murillo Ordoñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernando Ángel Agudelo.

Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo como Rolando, Jhon, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como el aire que respiramos. Y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno, contra este régimen de décadas, no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el Paro Nacional fue un Estallido Social. Y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello.

Pero no sólo por ello, hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia. Han dejado de ser opositorxs de la institucionalidad, para volverse lxs máximxs exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta. Y es histórico para personas como los nueve compañeros de PR, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno, como parte de la campaña, razón que muchxs sospechan como motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para lxs miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchxs, representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando, que los nueve de PR puedan verlo y vivirlo en libertad.

Los nueve de PR hacen parte de una gran cantidad de presos políticos en nuestro país, más de 7 mil personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de tres textos sobre el contexto colombiano, el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 6 septiembre 2022

 

Rompiendo Fronteras

–CHILE Chile: Derrota de la política de abajo. Raúl Zibechi en Desinformemonos.

–GLOBAL ESPIONAJE: Con un software isrealí llamado Pegasus se espia a Defensores de Derechos Humanes, periodistas y activistas en más de 25 países del mundo. Visualizing

palestine y TadamunAntimili

–CHILE: Sobre la semana de agitación y solidaridad con presxs anarquistas y antiautoritarixs en el mundo. Y se levanta la huelga de hambre de presos mapuche de Biobio. La zarzamora, Radiokurruf.

Desde el ombligo del monstruo

–CDMX: Se realiza el Festival por la Vida y por las Paz en la UNAM para celebrar la autonomia zapatista. Noticias de abajo

–MÉXICO MILITARIZACION: El mal gobierno mexicano integro a la Guardia Nacional al Ejército para seguir imponiendo la militarización del país y de la policía. Redes.

–OAXACA: Expulsan a refresquera local por saqueo de agua en San Bartolo Coyotepec. Redes.

–PODCAST CHIAPAS: Notifrayba – Desplazamiento forzado, presos políticos y justicia. Frayba.

Música:

¿Quién cuida al pueblo? – Varios artistas

Amapola – no hacen falta banderas

Gato e monte -Nuestro Incendio

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Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia / Liberación de la Madre Tierra

No nos vamos: esta es nuestra casa para vivir y luchar II

Carta al mundo: Esta es nuestra casa para vivir y luchar II

Ahora que se cumplieron las 48 horas, enviamos esta carta al mundo para contarles de nuestra lucha y del peligro que nos acecha y lo que vamos a hacer ante el peligro. El gran jefe manda a decir que somos invasores y nos da 48 horas para que abandonemos nuestra lucha y la tierra donde luchamos o nos caerá todo el peso de la ley del estado colombiano.

Primero les contamos de nuestra lucha. Este 2 de septiembre cumplimos 17 años de haber retomado las vías de hecho para luchar por la tierra, una lucha que tiene raíces en 1538, cuando nuestro pueblo decide declararle la guerra a los invasores. Los invasores se apoderaron de nuestra tierra y nos desplazaron hacia las montañas, los invasores hicieron del despojo una forma de vida, el cómo de su civilización, y hoy tienen en su poder las tierras más fértiles y tienen documentos que prueban que son propietarios y son un poder organizado que mueve los hilos de la política y la economía y la justicia y los medios de comunicación en Colombia para mantener los documentos al día y explotar más y más la Madre Tierra hasta quitarle la piel y chupar su sangre y escarbar en sus entrañas y a esto le llama progreso, desarrollo.

Para nosotras y nosotros, familias del pueblo nasa del norte del Cauca, la tierra es Uma Kiwe, nuestra madre. Todo lo que hay en ella tiene vida, toda ella es vida, todos los seres son nuestros hermanos y todos los seres valemos por igual. El invasor nos adoctrinó para enseñarnos que los humanos estamos por fuera de nuestra Madre y que somos superiores a ella, pero en el fondo de nuestro corazón, nasa üus, sabemos que la gente somos Uma Kiwe así como el cóndor y la mariposa y el maíz y la piedra son Uma Kiwe. El invasor nos adoctrinó para enseñarnos que el páramo es un recurso que produce dinero, que al talar la selva podemos aumentar las cuentas bancarias, que al escarbar la entraña de Uma Kiwe con grandes tubos podemos acceder a una vida de bienestar. Esa es la palabra del invasor y la llama el objetivo, el plan de vida.

Las tierras del valle del río Cauca, donde ahora vivimos, desde donde hacemos nuestra lucha, es la casa y hogar de cientos de animales, plantas, rocas, aguas, espíritus en una forma de vida que en español le llaman bosque seco tropical. El invasor destrozó todo, esa casa y hogar ya no existe, le ha dañado el rostro a la Madre Tierra. En su afán por imponer su civilización, los que poseen los documentos de estas tierras sembraron todo el valle del río Cauca de caña de azúcar y son 400 mil hectáreas donde la caña está sembrada hasta la orilla del río. En otras regiones de Colombia el invasor desplazó con la guerra a las comunidades y sembró palma en miles y miles de hectáreas y en otras regiones han desplazado comunidades para construir represas o para sacar oro o para sacar petróleo.

Y una vez, en una región que se llama Antioquia, el río Cauca se rebeló y dañó las máquinas y los equipos de la represa y se desbordó y la gente que ya había sido desplazada por el proyecto hidroeléctrico tuvo otra vez que desplazarse porque otra vez se inundaron sus tierras. Por estos hechos no hay culpables, a los invasores del río Cauca, a los desplazadores de esas comunidades y a los que cometieron las masacres para imponer el desarrollo, todavía no les ha caído todo el peso de la ley del estado colombiano. Y así, cada rincón de este país que llaman Colombia, la democracia más antigua y estable de América Latina, está hecho de parches de proyectos de desarrollo instalados donde la guerra desplazó comunidades enteras, donde los bosques, páramos, sabanas, montañas, selvas y llanos fueron o van siendo arrasadas para que unas cuantas personas gocen de las mieles del desarrollo.

Nosotras y nosotros, familias indígenas del pueblo nasa que caminamos la plataforma de lucha del CRIC, nuestra organización, no creemos en ese desarrollo y no creemos en esa civilización que impone la muerte a través de leyes y acciones legales para generar monedas. Nos adoctrinaron para que creyéramos en su civilización y nos dijeron que los humanos somos superiores a los otros seres, pero vemos que entre los humanos hay niveles, unos que son superiores que otros, los superiores se llevan toda la riqueza y los inferiores tenemos que vivir arrinconados en los rincones que el desarrollo nos deja disponibles, pero nos dicen que si nos esforzamos o nos vendemos podemos pasar al nivel de los superiores. Esa forma de vida no nos gusta, no la aceptamos.

Por eso es que hace 17 años, un 2 de septiembre de 2005, bajamos de las montañas a hacer una lucha que hoy continuamos y que hemos llamado liberación la Madre Tierra. Porque decimos que la gente no seremos libres mientras Uma Kiwe esté esclavizada, que todos los animales y los seres de la vida somos esclavos mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. En ese tiempo, septiembre de 2005, tuvimos un error táctico, como dijo un liberador, y negociamos un acuerdo con el gobierno de Uribe, error que nos costó un retraso de nueve años. Pero luego volvimos para entrar en las fincas de la agroindustria cañera en diciembre de 2014, o sea que ya estamos por cumplir ocho años, y en estos ocho años la democracia más antigua y estable de América Latina no logró desalojarnos de las fincas a pesar de más de 400 intentos, y no vamos a salir, y hemos ido avanzando con entrar en estas tierras, tanto que ya contamos 24 fincas en proceso de liberación, son ya ocho mil hectáreas.

Al entrar en las fincas cortamos la caña y en lugar de la caña crece la comida que sembramos, crece también el monte porque Uma Kiwe tiene que descansar, crecen gallinas, patos, vacas, marranitos, regresan los animales silvestres… le vamos devolviendo la piel y el rostro a la Madre Tierra. Ése es nuestro sueño, o si prefieren, nuestro plan de vida. Y falta mucho todavía, a veces llega la palabra del invasor y nos confunde pero en comunidad vamos hablando y vamos aclarando. Y otras veces llegan los medios de comunicación de la agroindustria o del poder en Colombia y nos tildan de terroristas, perezosos, que frenamos el desarrollo, y nos dicen que somos invasores, como lo dice el actual gobierno de Petro y Francia, y ahora sembraron la mentira que le estamos robando la tierra a nuestros vecinos de las comunidades afrodescendientes que viven arrinconadas en las orillas de los cañaduzales: lo que podemos decirles con toda certeza es que el documento de las 24 fincas en proceso de liberación figuran a nombre de Incauca, el más grande propietario, y de otros terratenientes, o su tierra está arrendada a Incauca u otros ingenios procesadores de caña para azúcar o agrocombustibles.

Y también al aparato judicial de la democracia colombiana dice que porque somos terroristas nos van a capturar en retenes o con órdenes de captura y nos van a llevar a la cárcel. Y los paramilitares que ha organizado la agroindustria de la caña dicen que como el estado colombiano no ha logrado acabarnos, que ellos sí lo van a hacer y ya llegaron a las fincas en proceso de liberación a dispararnos con armas de corto y largo alcance, pero nuestro alcance es más largo porque ya sabemos cómo están organizados y cómo funcionan. Y los agroindustriales -Incauca, Asocaña, Procaña- desde hace siete años nos mandan propuestas de negociación o de asociación y les hemos respondido que NO porque una lucha no se negocia y que NO porque para ellos ser socios quiere decir que nosotras y nosotros pongamos la mano de obra lo más barata posible y que ellos ponen el capital, no señores, no estamos para cambiar de patrones, luchamos para que no haya más patrones.

Y ahora que llega un nuevo gobierno y un nuevo congreso a fortalecer la democracia más antigua y más estable de América Latina, el congreso nos dice que podemos enviar propuestas para la ley de reforma agraria “porque la liberación de la Madre Tierra es una reforma agraria concreta”; no hemos respondido todavía, pero sabemos restablecer el equilibrio de Uma Kiwe, nuestra Madre Tierra, va mucho más allá de una reforma agraria. Y lo último que ha pasado es que el nuevo gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia, nos dicen que somos invasores y que tenemos 48 horas para abandonar estas tierras donde luchamos sembramos, pastoreamos, vemos crecer el monte y regresar los animales silvestres, bueno, en esta tierra donde vivimos, y así fue que empezamos esta carta.

Al cumplirse las 48 horas, este 2 de septiembre, el estado atacó con ejército y esmad, no hubo media hora de diálogo, como había prometido el nuevo gobierno, la tanqueta entró disparando gases. Más tarde el ejército disparó sus armas de largo alcance contra las comunidades que liberamos la Madre Tierra, tampoco hubo diálogo. Hace 17 años, el 2 de septiembre de 2005, fue Uribe quien ordenó al esmad y al ejército dispararnos sus armas. Este nuevo gobierno es de izquierda, el gobierno de Uribe era de derecha. Después de ocho horas de intento de desalojarnos de una de las fincas en proceso de liberación, el esmad y el ejército de la democracia más antigua… no lograron desalojarnos, aquí seguimos, desde aquí lanzamos esta carta al mundo.

Nosotros y nosotras, proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca, le mandamos a decir al gran jefe que NO vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar II. Decimos II porque antes ya hemos sacado un escrito que esta es nuestra casa para vivir y luchar I. En ese momento, 2018, los paramilitares nos dieron un plazo para abandonar esta tierra, pero los paramilitares nos dieron un plazo un poco más largo, más racional, porque nos dieron dos meses, y al cumplir los dos meses les dijimos que NO, que no podíamos irnos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar. Por eso decimos II, porque a pesar de todo no perdemos la sonrisa.

Y con decirles que ni Uribe, ni Santos, ni Duque nunca nos dijeron “tienen 48 horas”. Y también les decimos que no nos vamos porque aquí en estas tierras en proceso de liberación han caído 12 compañeros desde el 2005, asesinados por la empresa privada de Incauca, Asocaña y Procaña, y por el estado colombiano. Aquí ya echamos raíz. Aquí seguimos hasta que el gobierno haga el trámite de entrega de los documentos a nuestras autoridades indígenas, ya sea por la reforma agraria o por la vía más rápida, y si no lo hace por los años de los años aquí seguiremos.

Al gran jefe también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene. Ayer estábamos en una gran acción para acompañar a una comunidad que está liberando una finca porque el esmad está que los molesta con gases todos los días hace varios días, a pesar de que nos prometieron que el esmad se iba a acabar, luego que a transformar y luego que iba a cambiar de ropa y es cierto porque se puso uniforme deportivo para un partido de fútbol mientras que acá nos sigue disparando gases. Seguiremos nuestras acciones para enraizarnos más con esta tierra y para que nuestra palabra tenga sustento, porque si no sería como un decreto o una promesa de campaña, que se escribe y se firma pero no se cumple.

A las comunidades que en otras regiones de Colombia están haciendo la lucha directa por la tierra les invitamos a que no se salgan de las fincas. Invitamos a más familias, más comunidades en el norte del Cauca y en Colombia y en el mundo a que entren en más fincas y se posesionen y hagan vida y comunidad como ya lo estamos haciendo en estas tierras y como lo están haciendo muchas luchas que han sido tildadas de invasores por los grandes jefes de la patria, porque ninguna lucha se ha ganado a punta de piquitos en la mejilla.

También le mandamos a decir a nuestros compañeros y compañeras de lucha que ahora están en el poder del estado colombiano que no se enreden en el camino. Porque ellos y ellas han caminado junto a nuestras luchas pero ahora vemos que están olvidando de dónde vienen, cosa que le puede pasar a cualquiera que llega a una cima, que no ve que después de la cima viene la bajada. Por eso también les mandamos a decir que entraremos en otra finca en donde haremos rituales y sembraremos comida para compartirles y pediremos por ellos y ellas para que cuando terminen su paso por el estado sigan siendo las mismas personas que un día llegaron allí con los votos de millones de personas que vieron en ellas y ellos una esperanza.

Hasta aquí llega esta carta, pero nuestra palabra sigue de largo. Nuestra palabra la escribimos en las fincas donde estamos liberando, ésa es nuestra primera palabra. Los documentos, las cartas, los videos, la radio…, la segunda palabra, nos sirve para contar al mundo lo que hacemos, el peligro que nos acecha y cómo seguiremos caminando ante el peligro. Gracias a las luchas y pueblos del mundo que nos escuchan y se solidarizan con nosotras y nosotros. Como ya hemos dicho en “esta es nuestra casa para vivir y luchar I”, la mejor forma de apoyarnos es fortalecer su lucha: al capitalismo le va a quedar muy difícil desalojar o caerle con todo el peso de la ley a miles y miles de luchas a lo largo y ancho del mundo.

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia
3 de septiembre de 2022.

 

A pesar de todos los ataques seguimos en pie de lucha en todas las fincas I

 Comunicado a los pueblos en lucha y a la opinión pública nacional e internacional

Frente a los hechos que vienen sucediendo en el norte del Cauca, en el contexto de la lucha por la tierra, manifestamos:

– Desde 2005 retomamos la lucha directa por la tierra, desde entonces la llamamos liberación de la Madre Tierra, porque vemos que ya la Tierra está haciendo sus últimos esfuerzos por mantener el equilibrio que permite la vida como la conocemos. La causa del daño a la Madre Tierra es el sistema capitalista, contra este sistema es que luchamos. No se puede sanar el daño mientras exista el sistema capitalista y su sustento de base que es el patriarcado. Mientras otros pueblos y procesos hacen sus luchas según su modo, nosotras y nosotros luchamos contra el capitalismo y el patriarcado entrando en fincas cañeras, acabando la caña, sembrando, pastoreando, haciendo vida en comunidad, devolviendo el manto a Uma Kiwe. Una lucha que implica enfrentar lo patriarcal y capitalista que todos y todas llevamos dentro.

– La lucha por la liberación de la Madre Tierra la venimos haciendo familias de distintos territorios indígenas del norte del Cauca que caminamos la plataforma de lucha del CRIC. Por eso decimos: somos Cabildo, somos Cxhab Wala Kiwe, somos CRIC.

– En el transcurso de esta lucha, especialmente en los últimos ocho años, hemos afrontado todos los peligros a los que se enfrenta una lucha que decide oponerse al capital, que las hemos recogido en “el prontuario del eje del mal”, que dejan cerca de 400 intentos de desalojo, 12 compañeros asesinados y más de 600 heridos y heridas, robos, amenazas, daño de cultivos, todo cometido por estado colombiano a las órdenes de la agroindustria cañera.

– En los desalojos, daños y robos, en los primeros 7 años, la agroindustria cañera dispuso de maquinaria privada, agentes del esmad, policía y ejército y corteros de caña afro. Siempre les dijimos a los corteros: “ustedes son nuestros hermanos, la pelea no es contra ustedes, el patrón les paga un salario de muerte, únanse a nuestra lucha”. Nunca encontramos oídos receptivos y siempre vinieron más desalojos, daños y robos. Antes de 2022 ninguna comunidad afro se había mostrado beligerante contra nuestro proceso.

– El 7 de marzo de 2020 la fuerza pública al servicio de la empresa cañera lanzó uno de sus múltiples intentos de desalojo en la finca Jagüito. La comunidad afro del sector peleó junto a nosotros y nosotras lanzando o amontonando piedras para lanzar al esmad. Las comunidades afro de base de los alrededores de las fincas siempre nos manifestaron que todavía no era el momento de unirse pero que nunca serían obstáculo para avanzar en nuestra lucha. ¿Qué hace que hoy nos lancen piedras o nos disparen con armas de fuego? ¿Quién está detrás envenenando a las comunidades afro?

– Ahora que llega un gobierno alternativo, con una vicepresidente del pueblo afro del norte del Cauca, aumentan los problemas. El gobierno nacional lanza los diálogos regionales de paz, la agroindustria cañera responde afirmativamente mientras recoge pandillas armadas para unirlas a los intentos de desalojo. Desde el 7 de agosto en la mañana, en la finca Chimán el ejército y la comunidad civil afro entran y permanecen en la casa hacienda. En Guayabal hay ataques permanentes de la seguridad privada. A la comunidad que se encuentra en la finca Santa Elena la hostigan permanentemente civiles armados, lo cual deja un saldo de tres heridos. En el sector El Batallón la agroindustria contrata gente armada para que hostigue a la fuerza pública, de ese modo cuando esté la comunidad liberadora en la finca aledaña la atacan argumentando que es la guerrilla. En el Alto El Palo la comunidad afro tapona la vía exigiendo derecho al trabajo y respeto a sus territorios, igual pasó en la vía Corinto – Miranda. Antes se habían movilizado los corteros, empujados por los ingenios, para exigir derecho al trabajo, derecho vulnerado por la empresa cañera. Incauca, Asocaña y Procaña diseñan y ejecutan la tormenta perfecta, involucrando al estado colombiano y a grupos paramilitares mientras el gobierno nacional en lugar de cuestionar el accionar de las empresas les da el beneficio de instalar mesas a donde llegan como santas palomas. Aclaramos que nada tenemos que ver con la acción del 22 de agosto en que vecinos y vecinas del sector de El Palo deciden por su cuenta desalojar el boqueo que había en el Alto El Palo. La pelea no es entre comunidades, la pelea es contra un enemigo grande llamado capitalismo, representado acá en la agroindustria de la caña.

– Se incrementa la guerra mediática contra la liberación. Incauca, Asocaña y Procaña crean cuentas en facebook y pagan comunity manager para alimentarlas y para hostigar con comentarios racistas nuestras publicaciones. La derecha publica artículos en medios digitales en los que nos acusa de “perezosos”, “mantenidos”, “invasores”, que atentamos contra el progreso de la región y que ponemos en peligro 100 mil empleos que proveen las empresas cañeras en la región. Pero guardan silencio ante la implementación de máquinas que remplazan cien corteros/día, la falta de agua potable para gente de los municipios del norte del Cauca, la contaminación del río Palo, que en medio de tanto desarrollo las comunidades afro toman agua de desechos… ¿Con qué mentiras llegarán Asocaña y Procaña a los diálogos regionales?

– Frente a estos hechos no hay pronunciamiento de los organismos de Derechos Humanos: hay civiles armados, o sea grupos paramilitares, junto con el ejército; el ejército usa gente civil afro para entrar y permanecer dentro de las fincas en proceso de liberación; los grupos paramilitares disparan a liberadores dejando heridos. Llegó el plan pistola contra la liberación de la Madre Tierra, organizado por la agroindustria cañera, y hasta el momento los organismos de Derechos Humanos guardan silencio. ¿Le corresponde a la liberación de la Madre Tierra pagar el alto costo de la paz total en el norte del Cauca?

– Ahora, el estado que siempre nos persiguió nos convoca. El gran jefe manda a decir que nos sentemos con los industriales, que alimentemos la propuesta de reforma agraria, que propongamos para el plan nacional de desarrollo. No son invitaciones menores, las estamos considerando. ¿Después de ser el proceso más perseguido en Colombia en los últimos ocho años, ahora la liberación de la Madre Tierra quedará en el libro gordo de las leyes nacionales? ¿El estado colombiano tomará nuestro discurso, nuestros mandatos, como ya han hecho otros estados nacionales con los discursos de otras luchas, y dirá que ya nos reconoció? ¿Ése será nuestro éxito o nuestro fracaso? Estamos considerando las propuestas, porque no son cosas menores.

– Estamos en consultas internas para tratar estas propuestas. Para estas consultas no pedimos financiación del estado, así que la vicepresidenta puede estar tranquila. Nos tomará tiempo, porque los tiempos de las comunidades no son los tiempos del estado. En el estado un grupo de profesionales se reúnen a trazar planes según el dictado de su sabiduría o profesión y en una semana tienen tremendo plan. En las comunidades es necesario reunirnos por puntos de liberación, luego todos los puntos, luego volver a cada punto, aclarar, esperar al punto que no pudo llegar esta vez, preguntar al viento y a las nubes, al canto de los pájaros. Seguimos en estas consultas. Mientras tanto, exigimos lo básico: que no se adelante ningún paso ni se implemente ninguna acción que involucre nuestra lucha o las tierras por las que estamos luchando.

– Los diálogos de paz ya los venimos implementado desde 2015 con las comunidades afro y campesinas vecinas de las fincas en proceso de liberación. Mantendremos esta voluntad y acción de diálogo directo entre comunidades. Hay muchas cosas por decirnos, por aclararnos, por disculparnos. Y también por autoconvocarnos a luchar contra el capitalismo. Como liberación de la Madre Tierra, con todas nuestras fallas y tropiezos, la apuesta es por la vida de todos los pueblos y todos los seres en el planeta. Claro, luchamos por un pedazo de tierra, pero también luchamos para detener el calentamiento global, para que haya comida para todos los seres. En estos años hemos sembrado comida, hemos llevado toneladas de esa comida a las ciudades, hemos hecho encuentros con otras luchas que frentean el capitalismo, hemos sostenido nuestra lucha aún cuando todas las fuerzas del eje del mal nos atacan simultáneamente, ¿cómo nos piden que demos más frutos de los ya alcanzados?

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia
29 de agosto de 2022.

radio
La Comuna y Grieta

Desde la resistencia se celebra el “Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas”

Video: La Comuna

– Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, se exigió en la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM
– Decenas de colectivos y organizaciones respondieron al llamado de estudiantes, profesores y pueblo en general a celebrar la resistencia de los Caracoles Zapatistas.
– Con música, baile, talleres y diversas actividades la lucha zapatista contra el capitalismo resonó en la Ciudad de México.

Colectivo Grieta, 02 de septiembre de 2022
Ciudad de México.- Convocado por estudiantes, profesores, trabajadores y pueblo en general, el Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas se convirtió en un espacio de encuentro y celebración de la resistencia y rebeldía zapatistas. Música, fotografía, danza, entre otras expresiones llenaron de color la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM en la Ciudad Universitaria. Con la presencia del Congreso Nacional Indígena y la Vocera del Concejo Indígena de Gobierno María de Jesús Patricio,  grupos musicales expresaron su solidaridad con las comunidades zapatistas en  una jornada que se prolongó desde las 10  de la mañana hasta las 6 de la tarde, momento en el que la actividad se trasladó al auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, para la proyección del documental ·La Vocera”

Elaboración de mantas como parte del festival. Foto: Colectivo Grieta
Durante el evento, se realizaron diversos talleres, como el de La Otra Salud. Foto: Colectivo Grieta
Decenas de personas participaron en los talleres que se realizaron como parte de la celebración.
El mapeo colaborativo para la resistencia formó parte de las actividades de este festival de abajo y a la izquierda. Foto: Colectivo Grieta
La música hizo sonar la lucha de las mujeres a través de la voz de Marica. Foto: Colectivo Grieta
En la Explanada de la Biblioteca Central de la UNAM resonó el horizonte zapatista de Democracia, Libertad y Justicia. Después de Marica, Zeiba Kuicani & Flores, Leticia Servín,  Soultik, EL Mastuerzo y Argelia Guerrero y León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomo completaron la programación musical y dancística.  Foto: Colectivo Grieta
Diversos colectivos, espacios de producción autogestiva, organizaciones políticas y adherentes de la Sexta organizaron la mercadita, en la que se distribuyeron de manera directa distintos productos, desde alimenticios hasta libros y ropa elaborada artesanalmente. Foto: Colectivo Grieta
En el festival estuvo presente la lucha y resistencia de los pueblos originarios a través del Congreso Nacional Indígena. Foto: Colectivo Grieta.
El recorrido de Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno por el país fue rememorado tanto con una exposición fotográfica como con la proyección, horas más tarde, del documental “La Vocea”, en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. Foto: Colectivo Grieta.
A lo largo del día, miles de personas convergieron, se reencontraron e intercambiaron ideas en el Festival que denunció las agresiones contra las la comunidades zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno. Estas agresiones son orquestadas por los tres niveles del mal gobierno en México en colusión con grupos narco paramilitares. Foto: Colectivo Grieta.
Al cierre de las participaciones musicales en la jornada de lucha y resistencia, León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomio celebraron la lucha zapatista por la vida y contra el capitalismo. Foto: Colectivo Grieta
El Alto a la Guerra se escuchó fuerte en Ciudad Universitaria. Foto: Colectivo Grieta
El público asistente disfrutó de diversas expresiones musicales, del soul al hip hop, del rock urbano a los ensambles de danza. El arte se hizo presente en la lucha anticapitalista. Foto: Colectivo Grieta
No morirá la flor de la palabra. La lucecita que las comunidades zapatistas entregaron sigue ardiendo con ternura, dignidad y alegre rebeldía. Las milenarias lavas del Xitle fueron testigo. Foto: Colectivo Grieta

 

 

radio
Avispa Midia

Prevalece violencia a derechos humanos en estados bajo control de Morena

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Durante el periodo del 1 junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 se registraron 118 eventos violentos contra personas defensoras de derechos humanos en México, de los cuales más del 71 por ciento fueron cometidos por alguna autoridad en los tres niveles de gobierno pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De estos eventos, se desprende un saldo de 203 agresiones entre los que figuran detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares.

Estos datos son parte del informe Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, quienes concluyen que, del total, seis de cada diez actos de violación a los derechos humanos, fueron responsabilidad de las autoridades estatales.

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Las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras “nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta” destaca el informe. Además, el documento señala la responsabilidad de las policías, federativas y municipales como principales perpetradores de “agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores”, quienes actúa a la par de grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército y a la Guardia Nacional.

Presentación del informe “Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación”

El registro apunta que acontecieron 307 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del Derecho humano a la protesta”. En el mismo periodo, 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y se registraron 19 personas víctimas de desaparición forzada.

“El uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del Derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio”, reitera el informe.

En el periodo que abarca el documento, la entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales es, como en el informe del año previo, Oaxaca con ocho casos. Le siguen Morelos, Sonora y Puebla con tres casos, Michoacán, Chiapas y Guerrero con dos casos y Colima, Veracruz, Baja California, Hidalgo y Chihuahua con un caso.

Represión

“La disminución del uso de estos mecanismos de represión política está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna”, resaltaron las organizaciones que elaboraron el informe.

Principalmente, las tres acciones mediante las cuales se manifestaron las agresiones fueron a través de desalojos, golpes y disparos con armas de fuego, así como el hostigamiento y el allanamiento de domicilios u oficinas.

Durante la presentación del documento, la Oficina de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) subrayó su preocupación sobre el incremento del allanamiento como una forma de sembrar terror y lo ejemplificó con el desalojo realizado por la Guardia Nacional, en febrero de este año, contra la Casa de los Pueblos Altepelmecalli en Puebla.

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Aunado a esto, el documento enfatiza que los datos muestran que el Gobierno Federal no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves de derechos humanos, “responsabilidades que no sólo emanan de lo indicado en los instrumentos internacionales, sino de la responsabilidad moral que tiene ante el pueblo de México”.

Ante la gravedad de las agresiones, dentro del informe las organizaciones destacan el aumento, frente a años anteriores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del número de actos en el uso de ciertos mecanismos de represión política, así como el mantenimiento de ciertas estrategias que ya se habían observado en sexenios pasados.

Para las organizaciones, esta situación de violencia reiterada, aunada a “la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso para con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en entidades federativas donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir lo que es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido, informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando”.

En México, cada 14 horas se registra agresiones a la prensa

“Este nuevo paradigma, la 4T, lo que nos arroja con este informe es que, a las articulaciones y defensoras de derechos humanos, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite, no sólo de represión, sino de aplacar y exterminar”, compartió Jade Ramírez, cofundadora del medio Perimetral durante la presentación del documento.

En el evento, en el cual participaron representantes de organizaciones mexicanas e internacionales, se argumentó que los métodos de represión del actual Gobierno Federal se modificaron, pero lo que no cambió fue la intención de callar las voces disidentes que están inconformes con el proceder de las autoridades.

radio
Avispa Midia

Sed de venganza de una diputada contra un ex preso político

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

El caso de criminalización contra Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ha encendido la alerta debido a las motivaciones políticas detrás de la persecución en su contra y de lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria de dicho municipio mazateco, quienes han hecho frente a los abusos de poder de la familia Zepeda.

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Ante la emisión de una nueva orden de aprehensión en contra de Peralta Betanzos, que revoca su libertad ganada en 2019 y le sentencia a reclusión por 50 años, el colectivo Los Otros Abogadoz, responsable por su defensa jurídica, remarca que este es un caso penal fabricado, plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso.

“Nos estamos enfrentando a la sed de venganza de Elisa Zepeda, quien a través de su grupo político y después de haber estado en la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Estado, ha influido tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía del Estado para revocar la sentencia de libertad de Miguel Peralta, así como para obstaculizar y retrasar la inminente libertad de los 7 presos políticos de la Asamblea Comunitaria y la cancelación de las órdenes de aprehensión de los perseguidos políticos”, contextualiza el colectivo.

Debido a esta situación, el pasado 25 de agosto, Los Otros Abogadoz presentaron un Amparo Directo contra la sentencia condenatoria de Peralta Betanzos mediante el cual esperan que un Tribunal Federal en la ciudad de Oaxaca analice las violaciones procesales del caso, como son “la obstaculización de una defensa adecuada, el respeto a la presunción de inocencia, la parcialidad de la autoridad ministerial y judicial a favor de las víctimas, aunado a una inadecuada valoración de las pruebas y una inexacta aplicación de la Ley penal; así como las falsas acusaciones de la ex diputada Elisa Zepeda y sus testigos”, detalla la defensa legal de Peralta Betanzos.

El colectivo de abogados enfatiza que es de suma importancia que Miguel no sea detenido, “de lo contrario, tendrá que esperar la resolución del amparo directo en prisión, mismo que podría resolverse de uno a dos años”.

A continuación, presentamos una entrevista con Roberto López, integrante de Los Otros Abogadoz, para quien “no hay fundamento jurídico. Son intereses políticos los que están en juego donde se han valido de las influencias que tiene (Elisa Zepeda) en el poder judicial” para perseguir y criminalizar a Miguel Peralta Betanzos y lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria.


Avispa Midia (AM): ¿Nos puede contextualizar acerca del contexto histórico del proceso penal contra Miguel Peralta Betanzos?

Roberto López (RL): Todo deriva del proceso penal que se inicia después de los hechos que ocurren el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón cuando se inicia una causa penal. A Miguel lo detienen en 2015, se lleva acabo un proceso irregular, con muchas violaciones procesales.

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Él es condenado en 2018 a una pena de 50 años de prisión. 30 años por el homicidio del hermano de Elisa Zepeda y 20 años por la supuesta tentativa de homicidio. Nosotros apelamos esa sentencia. La sala penal, cuando analiza el expediente se da cuenta que él no estuvo presente en su audiencia final y decide reponer el proceso, ello implicaba que se anulara esa sentencia de 50 años.

Grupo armado liderado por Manuel Zepeda Cortés tomando el ayuntamiento de Eloxochitlán el 17 de noviembre de 2014.

De nueva cuenta, el juez vuelve a tener la oportunidad de volver a dictar la sentencia. Para ese tiempo nosotros ya habíamos acreditado que es un asunto de una persecución política, que es un asunto de una familia que es cacique y esta en contra de la Asamblea Comunitaria lo que ellos hicieron. Eso trasciende y al final, el 14 de octubre de 2019, el juez mixto de Primera Instancia decide en sentencia liberar a Miguel, es decir, absolverlo al considerar que no era responsable del homicidio en contra del hermano de Elisa, Manuel Zepeda y la tentativa de homicidio en contra de Elisa. No hay un señalamiento directo que hagan Elisa y sus testigos en contra de Miguel, hicieron una acusación genérica, lo meten en un paquete de 35 personas, pero no especifican cuál fue la conducta real y material que Miguel hizo y ante esa situación no lo pudieron condenar.

AM: Ustedes mencionan que el proceso está plagado de irregularidades y violaciones, ¿podría detallar en qué consisten?

RL: Irregularidades en todo el proceso ha habido desde 2014. A las primeras siete personas que detienen les acusan del homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de Elisa. Personas que iban a poner a disposición del Ministerio Público (MP) porque se encontraba en posesión de un arma de uso exclusivo del ejército. Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio.

Los hechos ocurrieron en Eloxochitlán, tendría que conocer el juez de Huautla, por la cercanía del lugar, pero los remitieron hasta la ciudad de Oaxaca. Desde ahí empezó la primera anomalía, que los sacan de la jurisdicción que les tocaba y los mandan a Oaxaca. Obviamente no estuvieron ellos en el momento de cometer el delito, no hubo flagrancia y aún así los detuvieron y los privaron de la libertad.

Cuando detienen a Miguel, lo detienen en la ciudad de México, no le informan por qué lo detienen, no le dicen nada y resulta que ya en un penal de Tlaxiaco (Oaxaca) es ingresado y puesto a disposición y ahí se le da a conocer que ya está acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. En el caso de Miguel, para llegar a la sentencia, tuvieron que pasar cuatro años y medio. Los siete presos que están todavía por ese asunto van a ser ocho años y todavía no tienen una sentencia.

También, cuando el MP tiene que presentar formalmente sus conclusiones acusatorias en contra de Miguel, no lo hace. Tenía seis días para hacerlo y las presentó casi un mes después y el juzgado, sabiendo que las conclusiones acusatorias ya estaban fuera de tiempo, las acepta, las convalida y les da trámite.

En otro momento, en un Estado realmente democrático y garante de los derechos humanos y de las garantías procesales, lo que debió haber hecho el juzgado es decir “me presenta sus conclusiones fuera de tiempo, yo ya no te las acepto”. Y como ya no hay acusación formal por el MP, ese proceso se tiene que eliminar y Miguel automáticamente se debió haber puesto en libertad y eso no ocurre. Ese es uno de los errores más importantes y mas trascendentes que el juez dejó pasar y que nos tiene ahora en este momento.

Bloqueo en la entrada de Eloxochitlán.

Otra irregularidad es que, en los hechos de 2014, otra persona que era escolta de la familia Zepeda también pierde la vida. Esos hechos jamás se consignaron en el expediente principal, en la causa penal 02/2015 y ellos (Elisa y su papá) en otro momento, mañosamente, ya que estaba la causa penal donde esta Miguel y los presos políticos de Eloxochitán abren otra causa penal para esta otra persona que fallece de nombre Gustavo. En esos hechos también la mamá de Elisa dice que fue lesionada. Por ello también dejaron abierta esa posibilidad, en otro momento, de iniciar otra investigación por esos delitos.

Ellos han utilizado políticamente esos hechos. Se fueron guardando poco a poco para en todo momento tener el control y que los presos no alcancen su libertad y que estén perseguidos, desplazados, para que ellos puedan seguir teniendo ese control y ese poder político a lo largo de estos casi ocho años que llevan de proceso.

Pasó con los primeros siete presos. Ellos solo tenían el delito de homicidio. Cuando ellos presentan un recurso, un incidente de libertad que ganan y van a recobrar la libertad, ya van a pisar la calle, llega el MP y les hace de su conocimiento que les cumplimentan una orden de aprehensión, ahora por el delito de tentativa de homicidio en agravio de Elisa.

AM: Han mencionado también que las declaraciones mantienen inconsistencias y han sido fabricadas, ¿Cuáles son los elementos que consideran para hacer esta afirmación?

RL: Las declaraciones de Elisa Zepeda y Manuel Zepeda, su papá, son declaraciones que fueron construidas a modo. De esas declaraciones derivan otras seis que copiaron, en algunas, casi textualmente lo que ellos decían, con toda la intención de perjudicar a los integrantes de la Asamblea Comunitaria.

Cuando nosotros entramos a esta defensa, solicitamos los interrogatorios para Elisa y para sus testigos. Ellos retrasaron por más de un año presentarse al juzgado a declarar. Dilataron mucho tiempo para comparecer al juzgado porque sabían que era mentira lo que habían dicho, iban a ser cuestionados.

Cuando son interrogados nos damos cuenta que cuando menos dos testigos, Fernando Ramírez Carrera y Eleazar Hernández Ordaz, cuando se les pregunta específicamente sobre los hechos que declaran, ellos dicen no haber declarado nunca ante el MP y no recuerdan haber firmado alguna declaración. Cuando ven su firma y la copia de su identificación en el expediente sí las reconocen, pero dicen “yo no otorgue en ningún momento mi identificación”. Ahí nos damos cuenta que fueron testimonios fabricados sacados del testimonio de Manuel Zepeda Cortés, el papá de Elisa Zepeda. Con eso se evidencia que es una fabricación y esa acusación no tiene sustento jurídico.

Son acusaciones falsas. No lo decimos nosotros, ya Juzgados de Amparo, las salas del Tribunal de Justicia del estado ya han resuelto y se han pronunciado respecto a que esas declaraciones no son suficientes para responsabilizar a los presos de Eloxochitlán de los hechos que ella denuncia. Eso es lo único que hay y al final si realmente existe justicia en este país, los presos políticos de Eloxochitlán tendrían que salir libres. Vamos a seguir insistiendo para demostrar esa situación y arrancarles nuevamente la libertad, de Miguel y de los otros compañeros presos.

AM: Si en los hechos de diciembre del 2014 hubo un enfrentamiento en la población de Eloxochitlán donde se ha difundido que también hubo heridxs entre lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria, ¿por qué no vemos avance en las denuncias sobre estas agresiones?

RL: Cuando se da el enfrentamiento, previamente la gente de Elisa y Manuel Zepeda habían tomado el Palacio Municipal, ellos estaban atrincherados ahí. Se llama a la asamblea el 14 de diciembre para nombrar la Alcaldía Municipal y desde las instalaciones de la presidencia empiezan a dispararle a la gente de la Asamblea. Se hace la confusión, la gente corre y caen los heridos.

Hubo varias personas heridas por parte de la Asamblea Comunitaria y ellos en su momento denunciaron esas agresiones, esas tentativas de homicidio, pero en ningún momento tuvieron efecto o procedieron a otra instancia, simplemente se quedo ahí. Es una denuncia que nunca prosperó hasta la fecha a diferencia de, por ejemplo, de la de Elisa y de su papá, que ellos sí han obtenido eso que han buscado de siempre; mas que justicia ellos clamaron venganza y es lo que están obteniendo.

Es la forma distinta de procurar la justicia. Para ellos ya hay sentencias condenatorias y tienen a personas presas en la cárcel. Los responsables de las lesiones de la gente de la Asamblea Comunitaria, hasta la fecha no han procedido en contra de nadie y los responsables fueron el grupo político de Elisa Zepeda y de su papá.

Habitantes de Eloxochitlán se manifiestan por la libertad de los presos políticos.

Nos damos cuenta cómo la Procuraduría, que es la encargada de investigar, ha dejado de lado esas denuncias. De parte de la Asamblea Comunitaria hay imágenes, hay fotos, hay constancias médicas que acreditan que también hubo heridos de bala y de eso no ha pasado nada, absolutamente nada hasta esta fecha. El MP solo recaba los testimonios, pero no va mas allá, no busca mas pruebas, no manda a llamar a quienes inician esa agresión. Al dejar de hacer esa actividad jurídica pues prácticamente se queda en el olvido, se queda en el archivo y ahí puede pasar mucho tiempo.

AM: ¿Cuáles son los hechos que indican la presión política de la familia Zepeda para perseguir a lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán?

RL: Cuando Miguel sale en libertad (en 2019), Elisa Zepeda lanza un comunicado a la opinión pública donde dice que “la justicia se desvanece entre sus manos” y que peligra su vida, porque el asesino de su hermano, de Gustavo y quien intentó matarla a ella y a su mamá está suelto. Cosa mas falsa porque Miguel no ha sido sentenciado por los hechos del homicidio de Gustavo, no ha sido responsabilizado por la tentativa de homicidio de su mamá. Ahí nos damos clara cuenta que sigue mintiendo, que sigue diciendo cosas que jurídicamente no están demostradas en la causa 02/2015.

Después, el 29 de octubre de 2019, diputados de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) y del PT (Partido del Trabajo) sacan un punto de acuerdo donde le piden al Poder Judicial, a la Procuraduría de Oaxaca, que esos hechos “los juzguen con perspectiva de género”. Ese pronunciamiento sale y nos damos cuenta de la intromisión de uno de los poderes federales al trabajo de un poder judicial del estado.

Obviamente hacen referencia a la libertad de Miguel y dan a entender que su liberación es una injusticia que se comete en contra de Elisa. Cuando viene la intromisión del nivel federal es cuando el Tribunal del estado ya empieza a revocar esas libertades, es decir, la línea ya está dictada, ya está dicho que ese asunto, todo lo que se relacione con la causa penal de los presos de Eloxochitlán van a ser libertades que se van a cancelar. Y eso radica en que, dos años después, la Tercera Sala Penal revoque la libertad, porque recibe muy bien la encomienda que le hace el poder legislativo federal, obviamente para la defensa de los intereses políticos de Elisa y ese es el motivo por el cual nosotros pensamos que le revocan la sentencia a Miguel, porque ya se mete el poder federal, porque Elisa ha ido escalando políticamente.

Primero a la posición de presidenta municipal de Eloxochitlán. Después se postula para diputada local por el partido MORENA. Gana y en esa legislatura es nombrada presidenta de la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia.

¿Esto qué significa y que representa? Elisa en esa posición tenía relación con el Procurador, con los Ministerios Públicos, con jueces y magistrados del Poder Judicial del estado. Esos dos años en que se tarda en llegar la apelación en la sala fueron suficientes para que Elisa moviera sus piezas, incidiera en el Poder Judicial para que pudieran revocar esa sentencia.

Porque la sentencia de Miguel es la primera sentencia condenatoria de los presos políticos de Eloxochitlán y la primera sentencia condenatoria de libertad que se revoca. Elisa tuvo el tiempo suficiente para operar mientras fue presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por eso nosotros ya nos damos cuenta que desde esa posición política hizo posible que esa libertad se revocara.

Exigencia de libertad para Miguel Peralta Betanzos. Septiembre de 2019.

Por eso decimos, si realmente existe justicia en este país, Miguel tiene que volver a ser declarado inocente. Por eso es importante demostrar en instancias federales que esto sigue siendo una fabricación, que son intereses políticos los que están de por medio y que es el partido en el poder el que está apoyando a esta señora que no cesa en su venganza pues eso ha llevado que mucha gente ya desde hace ocho años esté desplazada de su comunidad y que siga siendo perseguida.

Hacemos un llamado a las personas, colectivos, organizaciones sociales que en la medida de sus posibilidades que volteen a ver un poco y se solidaricen. Que no haya indiferencia porque en este país, en cualquier estado, la línea entre la libertad y el encierro es muy delgada. La fabricación de delitos está a la orden del día. Pasó con los compañeros de Eloxochitlán, pasó con Fidencio Aldama, que esta en Sonora, y está preso por una acusación falsa por oponerse a un gasoducto. Existen tantas historias donde ha habido represión política que tiene a las cárceles llenas de personas inocentes, por eso hay que pedir la libertad inmediata de las personas que están injustamente detenidas.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Avanzamos mejor si estamos unidos: Familias unidas contra la tortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 01 de septiembre de 2022

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

 

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos

A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

 

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” sostuvimos los días 27 y 28 de agosto nuestro encuentro como familias víctimas y sobrevivientes de tortura, en este encuentro compartimos memoria, seguimiento de los casos que enfrentan nuestros familiares injustamente privados de su libertad y conocimos la situación actual del país y Chiapas respecto a la tortura como un problema sistémico y estructural.

Aun tenemos familiares que se encuentran privados injustamente de su libertad por delitos fabricados; quienes enfrentan proceso bajo libertad condicionada; procesos de denuncia por el delito de tortura en la que el juez no ha dado apertura a juicio oral y quienes llevan un proceso de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no se ha emitido recomendación por el reconocimiento del estado por violaciones a derechos humanos y ser víctima de tortura.

Tenemos claro y sabemos que en muchos lugares de la república existen familias como las nuestras, que luchan por la libertad absoluta de sus presos, a quienes les fabricaron un delito y quienes torturaron para autoinculparse por un delito que no cometieron, con nuestra experiencia de lucha reconocemos que en el estado de Chiapas autoridades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han generado impedimentos al orden jurídico para que logremos justicia pronta y reparación de los daños que nos han ocasionado.

Nosotros hemos denunciado y seguiremos señalando que el Poder Judicial y Fiscalía General y Regionales de Chiapas son cómplices para realizar practicas con violaciones a derechos humanos, en la que se genera un clima de desconfianza a la población en la realización de investigaciones eficientes y eficaces, las fiscalias no investigan, sino que formulan investigaciones a modo para hacer creer a las personas que realmente capturan a delincuentes, la cara real es la criminalización a inocentes.

El estado mexicano en su conjunto cuenta con un poder para realizar estas acciones de manera impune, existe cobijo para permitir estas malas practicas, sin obstáculos, lo que genera un ambiente de injusticia.

En agosto de este año, se designo al nuevo Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado al Sr. Guillermo Ramos Pérez, tenemos fe y confiamos en que estas malas practicas sean erradicadas y que el nuevo titular del Poder Judicial de Chiapas vea y sea testigo de las constantes deficiencias en las investigaciones, fabrica de culpables con testimonios prefabricados o inexistentes.

Las y los sobrevivientes, así como sus familias han reflexionado que la tortura es parte de una estrategia del Estado, con métodos claros para generar dolor físico y mental, para generar miedo y terror, romper el tejido social y solidario, intimidar a la población y, como una forma de control, para inhibir acciones de defensa y justicia.

 

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

 

Atentamente:

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”

Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

radio
Noticias de Abajo

Noticias de abajo 30 agosto 2022

ROMPIENDO FRONTERAS
MUNDO: Hasta encontrarles. 30 de agosto, Día de acción por las víctimas de desaparición forzada.
WALLMAPU CHILE: Gobierno de Boric detiene a vocero Héctor Llaitul de la Coordinadora Arauco Malleco y continua las agresiones a las comunidades Mapuches en resistencia. Werken y Avispa.
PÓDCAST Invitado: ¿Dónde están? Radialistas apasionados.
CENTROAMÉRICA: Exigen búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México y Centroamérica. Fuente: ¿A dónde van los desaparecidos?

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
MÉXICO: Entre el dolor y la esperanza: 8 años de lucha por la verdad. #Ayotzinapa»
Comunicado del comite de padres y madres de los 43.
MÉXICO: Megaproyectos de vida. Se lleva a cabo la Primera Asamblea por el Agua y la Vida en Santa María Zacatepec, Puebla.
CDMX: Intentan desalojar la cabina de Radio Zapote sin previo aviso y de modo autoritario. Noticias de abajo
PUEBLA: Descubre quién es Sergio Rivera Hernández, compañero Nahua desaparecido desde hace 4 años por su trabajo político, de la voz de Omar Esparza, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista Puebla (MAIZ) .
GUERRERO: Campaña de solidaridad y recaudación para las radios organizando la lucha por la autonomia en la montaña de Guerrero.

MúSICA
Sargento García – desaparecidos
Hijo de desaparecido – Actitud Maria Martha
Holabelafonte – Verte regresar

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