La Comunidad Otomí anunció este 5 de julio el fin del plantón que mantenía en la avenida México-Coyoacán debido al nulo avance del diálogo con Martí Batres, actual jefe de gobierno y su equipo de trabajo. Así la comunidad lanzó un mensaje a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum y a la virtual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

¿Claudia Sheinbaum y Clara Brugada tendrán la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí? Su exigencia principal es una vivienda digna y el avance en los proyectos que garanticen el acceso digno y decoroso, para así desocupar el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que mantienen tomado desde hace casi 4 años y se ubica a un costado de la Cineteca Nacional.

Resolver estas peticiones significa un gran reto, pues supone garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad que tienen los pueblos originarios. Resolver las peticiones significa garantizar que una comunidad originaria goce de un plan integral con condiciones para desarrollar una vida libre de violencia racial y discriminación, lo que marcaría un gran precedente. El reto es tener voluntad política para resolver una situación que diferentes funcionarios intentaron gestionar.

Desde el 12 de octubre de 2020 la Comunidad Indígena Otomí mantiene tomadas las instalaciones del INPI. En ese entonces la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, que fue citada en distintas ocasiones para resolver las peticiones e instalar mesas de trabajo. Sin embargo, nunca se presentó y los acuerdos a los que se llegó con sus representantes no tuvieron validez. A partir de octubre de 2024 asumirá un nuevo cargo, con lo que tendrá nuevos grandes retos y oportunidades.

Con la actual administración se tuvieron mesas de para alcanzar negociaciones, además se les entregó un oficio que contenía una propuesta de 9 puntos para llegar a una resolución. Tuvieron conocimiento Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México (SEDUVI) y Tania Libertad Argumedo Chávez, coordinadora ejecutiva del Instituto de Vivienda (INVI), pero no ha habido un avance. Sin embargo, la Comunidad Otomí no descarta que en los 95 días que les queda de administración logren establecer una ruta justa. De lo contrario emprenderán acciones dirigidas a la nueva administración.

Palabra pública por la liberación inmediata e incondicional de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del EZLN, Defensor del Territorio de Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas

06 de Julio de 2024

Demandamos que el juzgado de Catazajá Chiapas cumpla con su deber de impartir justicia verdadera a nuestro hermano José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), Defensor de la vida y el Territorio, originario de Ranchería el Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas acusado injustamente, que desde el 25 de noviembre de 2022 fue secuestrado y rehén por el gobierno del Estado de Chiapas, donde le fabricaron un delito de robo ejecutado con violencia, estrategia del Gobierno para encarcelar a los más indefensos.

En el marco de la apertura del juicio oral que dio inicio el 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, solo han llevado a la larga su proceso penal, estamos sabedores que el 8 de julio de 2024, se dará continuidad a su proceso, para posteriormente dictarse una sentencia, nos preocupa que el Juez vaya a dictar una sentencia de condena a nuestro compañero sin prueba alguna que justifique su encarcelamiento y criminalización. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José Díaz, al tratarse de un delito fabricado.

Repudiamos la actitud de las autoridades por el maltrato a nuestro hermano José Díaz Gómez al ser víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, víctima de tortura, desaparecido e incomunicado por la policía especializada de la fiscalía del Distrito Selva, estratégicamente le hicieron firmar y poner su huella en varios papeles en blanco y no le facilitaron un traductor de su lengua materna Ch´ol , ni por un abogado, lo que es una grave violación a sus derechos humanos.

Nos unimos a la voz de todos aquellos que claman justicia desde las cárceles:

EXIGIMOS:

• La liberación inmediata e incondicional de nuestro hermano Defensor de la vida y el Territorio José Díaz Gómez BAEZLN y de otros cuatro hermanos de Base de Apoyo Zapatista, que tenemos conocimiento que cuentan con órdenes de aprehensión.
• Respeto a nuestros derechos humanos indígenas.
• Respeto a nuestras autonomías comunitarias.
• Basta de los trabajos sucios e ineptos de los jueces y la fiscalía del Estado.
• Basta de la corrupción de las autoridades que ponen en riesgo la vida de los más indefensos.
• Basta del encarcelamiento y criminalización injustificado de los más indefensos.

ATENTAMENTE
CONCEJO DEL GOBIERNO COMUNITARIO
Chilón, Chiapas.

Firma aquí la acción urgente

Ataque armado en Santa María Ostula Michoacán pone en riesgo a la comunidad

Al firmar esta Acción Urgente se enviará automáticamente un correo a autoridades gubernamentales para exigir que frene la violencia en la comunidad nahua de Ostula. Consulta el listado de autoridades a las que les llegará tu petición al final de esta acción urgente.

Ciudad de México, 04 de julio de 2024
Actualización 2 de la Acción Urgente 003/2024

Del 1 al 3 de julio de 2024 la comunidad nahua, Santa María Ostula, ubicada en Michoacán, denunció que fue atacada nuevamente por un grupo delincuencial. La comunidad señaló que desde el 1 de julio se presentaron los ataques armados en los puntos de seguridad de la Guardia Comunal que vela por la seguridad de las y los habitantes, poniendo en riesgo a toda la población.

El 3 de julio el grupo delincuencial accionó con explosivos lanzados desde drones y con armas de grueso calibre. Un explosivo fue lanzado a la cancha central de la encargatura de Ostula y posteriormente se accionó en contra de casas, la escuela, y en adelante, una explosión aproximadamente cada 40 minutos vía aérea (con drones). La población civil fue atacada y hubo grupos de alrededor de 50 criminales que rodearon a la población desarmada, que son principalmente mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Por la gravedad de los hechos, la comunidad notificó a los tres niveles de gobierno, que hicieron caso omiso para atender la emergencia y desactivar los ataques. El 4 de julio por la mañana, periodistas reportaron  que elementos de la Secretaría de la Marina hicieron presencia en la comunidad, sin embargo,  solo sobrevolaron  la comunidad con un helicóptero que no se acercó a las zonas de donde provenían los ataques. Lo que generó tensión entre la población.

Por lo anterior hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal para:

1. La actuación inmediata de las autoridades competentes para proteger a la población, garantizar la vida e integridad de todas las personas y el cese de los ataques del grupo delincuencial en contra de la comunidad.
2. El respeto, reconocimiento y otorgamiento de las garantías necesarias para el funcionamiento de la Guardia Comunal y el ejercicio de la libre determinación y autonomía de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, para mantener la paz en la región, el cuidado y la protección comunitaria.
3. La construcción de estrategias conjuntas entre gobierno federal, estatal, municipal y comunitario para enfrentar estos ataques y que se  coadyuve al ejercicio pleno de su libre determinación.
4. El reconocimiento a la libre determinación y autonomía de Santa María Ostula como uno de los procesos históricos en México.
5. No abonar a las narrativas que minimizan la gravedad del contexto que se enfrenta en el estado de Michoacán.

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, nos sumamos a la exigencia de la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Muchoacán y URGIMOS a que se tomen de inmediato las acciones necesarias para resguardar la seguridad en la región costa sierra de Michoacán, y se detenga el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación, que  acrecentó de una manera desmedida su ataque armado a la encargatura de La Cofradía, en la zona sierra de la comunidad indígena de Ostula.  

Desde el día 1 de julio comenzó el ataque a los puntos de seguridad de la comunidad. Y desde el 3 de julio comenzó un artero ataque con explosivos arrojados desde drones sobre lugares públicos de la comunidad, a los que cada 40 minutos estuvieron arrojando explosivos y atacando con grupos de alrededor de 50 sicarios con armas de guerra, sumados a los ataques que la comunidad ha denunciado en semanas anteriores y ante los cuales, los gobiernos han sido omisos, permitiendo con ello la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación a costa de la vida de los pueblos indígenas y campesinos

Denunciamos que el gobierno estatal de Michoacán y el gobierno federal están dejando sola a la comunidad de Ostula. No solo no han hecho presencia para resguardar y defender al pueblo indígena de la sierra costa, sino que permiten que los atacantes puedan transitar por la región para reabastecerse de parque y armamento para mantener su guerra a la que nuestras hermanas y hermanos resisten de manera heroica con organización y dignidad. 

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán y su guardia comunal y convocamos a los pueblos originarios de México y el mundo, a la sexta nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos y colectivos solidarios y conscientes, a denunciar y exigir que se detenga el ataque armado y sean desmantelados los grupos criminales. 

ATENTAMENTE
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena. 

COMUNIDAD NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA BAJO ATAQUE DEL CRIMEN ORGANIZADO

¡Exigimos acción inmediata para desarticular los grupos criminales!
¡Exigimos respeto a la libre determinación de la comunidad Nahua de Santa María Ostula!

Un pueblo en resistencia: la historia de lucha de Santa María Ostula

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante la situación que vive la comunidad indígena de Santa María Ostula. Desde hace décadas, la comunidad ha sido un ejemplo de dignidad y organización en la defensa de su territorio y el ejercicio de su derecho a la libre determinación. En 2009 El Manifiesto de Ostula, firmado en conjunto con los pueblos Wixárika, Purhépecha, Binnizá, Hñahñuu, Coca, Tzeltal, Ñuu Savi y Rarámuri, reiteró su empeño por continuar ejerciendo su derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Días después, miles de comuneros de Ostula recuperaron cientos de hectáreas de tierra que estaban en poder de caciques locales bajo el artilugio de “pequeños propietarios”. Estos territorios, ahora llamados Xayakalan, son codiciados por empresarios del turismo, minería, crimen organizado y comercio de maderas preciosas. Además, Ostula se encuentra estratégicamente ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes de México.

Rápidamente, Santa María Ostula se constituyó como un referente de autonomía y autogestión, estableciendo control comunitario sobre sus tierras y playas y creando la Guardia Comunal, que se encarga de suministrar paz, seguridad y justicia para los habitantes de la región.

Sin embargo, la comunidad no ha estado exenta de hostigamiento y violencia. Desde 2008 en el proceso de organización para la recuperación de su territorio y a lo largo de los años, han sufrido asesinatos, desapariciones, intentos de desarme y ataques armados por parte del crimen organizado.

Denunciamos los ataques del 1 al 3 de julio de 2024

Entre el 1 y el 3 de julio de 2024, la comunidad de Santa María Ostula fue nuevamente víctima de una brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron, poniendo en grave riesgo a la población. El 3 de julio, los criminales utilizaron drones para lanzar explosivos contra la comunidad, incluyendo la cancha central, casas y la escuela.

La población civil, principalmente mujeres, niños y personas mayores, fue aterrorizada por la violencia y rodeada por grupos de hasta 50 criminales. A pesar de la heroica resistencia de la comunidad, las autoridades estatales y federales han brillado por su ausencia, permitiendo el ataque impune de los agresores.

Exigimos a las autoridades Federales y Estatales: 

1. La intervención inmediata para detener la embestida del CJNG.
2. El reconocimiento y respeto a la libre determinación y autonomía de Santa María Ostula como un ejemplo histórico de lucha por la tierra y la dignidad.
3. El respeto al derecho de la comunidad a ejercer su autodefensa y el otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la Guardia Comunal.
4. Castigo a los responsables de este ataque, de  los asesinatos, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos de la comunidad que se perpetran impunes desde 2008.

¡Alto a los ataques contra la comunidad Nahua de Santa María Ostula!

Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

05 de julio de 2024

Boletín No. 15

El falso rostro de la justicia. A tres años del asesinato del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López

El día de hoy se cumplen tres años de que le arrebataron la vida al defensor de derechos humanos, maya tsotsil, Simón Pedro Pérez López en el mercado municipal de Simojovel, Chiapas. El 31 de marzo pasado se cumplió un año de que fue condenado el autor material del hecho; esta sentencia es insuficiente para garantizar la verdad y reparación integral, sin embargo, el Estado cierra los caminos para una justicia cabal.

Pese a que la familia de Simón, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y acompañantes exigimos que se investigara su asesinato como represalia por su labor de defensa de los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas fue omisa al respecto y sólo se dedicó a probar la responsabilidad del autor material. Con ello la verdad se alejó, pues no se investigó el móvil ni a los autores intelectuales.

Días después del asesinato de Simón Pedro, en esta comunidad de Nuevo Israelita, se encontraron artefactos y detonadores que pusieron en peligro a todas las personas del lugar. Para su desactivación tuvieron que acudir elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional a casas de habitantes vinculados con la Delincuencia Organizada; la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República sin que a la fecha se conozca algún avance.

Simón Pedro fue un servidor comunitario en distintas esferas, catequista, luchador social y defensor de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Es así como lo recordamos, como un constructor de vida.

Sostenemos que la causa de su asesinato fue por su trabajo por la paz y su compromiso con la no violencia, espíritu que caracteriza a la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a la cual pertenecía, así como por la labor de denuncia de las injusticias y de las violaciones a derechos humanos que vivían y siguen viviendo las comunidades.

Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos agravian no sólo a sus familias, también transgreden a sus comunidades y a la sociedad en general. Las agresiones y la impunidad incitan a nuevas agresiones y envían un mensaje intimidatorio a quienes luchan por una vida digna.

Animamos a las familias, comunidades y pueblos a que se sigan organizando para defender sus derechos colectivos, sus tierras y territorios, así como a denunciar las violaciones a derechos humanos que actualmente sufren los pueblos y comunidades quienes se encuentran en medio de un contexto de violencia aguda y control territorial por parte de grupos criminales.

Exigimos al Estado mexicano que reconozca que Simón Pedro fue asesinado por su labor como persona defensora de los derechos humanos y que la Fiscalía de Justicia indígena abra nuevas líneas de investigación para dar con los autores intelectuales. Que la impunidad no se convierta en una forma de tolerancia que alimente la violencia.

Descarga el Boletín No. 15 en PDF(442.77 KB)

Al Pueblo de Santa María Ostula

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

A los medios de comunicación

Los pueblos, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigimos el cese inmediato a los ataques del Cartel Jalisco Nueva Generación en contra de la población de Santa María Ostula, Michoacán.

El miércoles 3 de julio, por la mañana comenzaron los ataques con explosivos lanzados por drones, a partir de las 5:00 PM miembros del CJNG se hicieron presentes en la comunidad atacando directamente a las casas con armas de fuego de alto calibre mientras que las detonaciones de explosivos continuaron.

Al momento de la publicación del presente comunicado continúan los ataques, por lo cual exigimos a los tres niveles de gobierno que intervengan de manera inmediata para detener las agresiones letales contra nuestras y nuestros compañeros nahuas de Santa María Ostula.

La guerra contra los pueblos está alcanzando niveles de genocidio en nuestro país, con la finalidad de entregar nuestros territorios al gran capital y al crimen organizado.

Repudiamos enérgicamente la desatención del gobierno mexicano que entrena militares y extiende la presencia de la guardia nacional por todo el territorio sin intenciones de acabar con grupos criminales como el que hoy pretende exterminar a nuestros hermanos, sino que sus militares se están preparando para reprimir a la población que se atreva a defender y exigir paz en sus comunidades.

Hacemos un llamado a toda la población organizada y no organizada a exigir que se detenga el fuego contra Ostula, solo la digna solidaridad y la organización podrá hacer frente a este sistema asesino.

¡Alto al fuego contra Ostula!

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

JUSTICIA PARA OSTULA

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

A todos los medios de comunicación,

A todas las organizaciones sociales y de derechos humanos,

Al Congreso Nacional Indígena,

Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,

A la sociedad civil nacional e internacional.

Nuestra comunidad de Santa María Ostula está siendo atacada en estos momentos de forma muy violenta y con uso de explosivos, por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde el 1 de julio volvieron a presentarse ataques armados en contra de los puntos de seguridad que la Guardia Comunal ha establecido para vigilar y evitar los avances de este grupo de criminales.

Pero hoy, 3 de julio, desde la mañana comenzaron a escucharse explosiones ocasionadas por drones así como detonaciones de armas de grueso calibre, en los cerros que rodean la encargatura de la Cofradía de Ostula.

A partir de las 5 de la tarde aproximadamente, se avisó a toda la población de la encargatura sobre la presencia de miembros del CJNG acercándose a donde están las casas, escuelas e iglesia.

Conforme a los protocolos de seguridad se resguardó a la población y la Guardia Comunal ejerció las labores de defensa. Alrededor de las 6 de la tarde comenzaron a escucharse nuevamente detonaciones de armas de alto calibre así como explosiones ocasionadas por drones.

Pero esta vez, el CJNG lanzó un explosivo en contra de la cancha central de la encargatura, que afortunadamente está techada. Inmediatamente comenzó la refriega en contra de casas y escuela, y en adelante, una explosión cada 40 minutos ocasionada por drones.

Esta vez el CJNG atacó a la población civil sin distingo y mandó grupos de alrededor de 50 criminales cada uno a rodear a una población desarmada e integrada principalmente por mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Mientras tanto, los tres niveles de gobierno, que han sido notificados por nuestras autoridades agrarias y civiles de esta grave situación, hasta este momento han hecho caso omiso para atender la emergencia y desactivar la embestida criminal.

Exigimos que se desmantele al CJNG, que se detenga a sus cabecillas y a todo aquel que esté actuando en su nombre, incluyendo a personas como Cemeí Verdía Zepeda, Agustín Villanueva Ramírez, Leonardo Bravo, alías Gorra Prieta, Vicente Villanueva Ramírez, Silvano Mercado Cervantes, alias Quirrin, Guillermo Francisco Cruz, alias Picolin, y Refugio Alcalá Alcalá, alias Cubano.

ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS MANIFESTAMOS QUE LA GUARDIA COMUNAL DE SANTA MARÍA OSTULA, JUNTO CON LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA Y GUARDIAS COMUNALES DE AQUILA Y COAHUAYANA, REFORZAREMOS LAS ACCIONES PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN TODA LA REGIÓN, EXIGIENDO EN CONSECUENCIA A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO:

1. LA ACTUACIÓN INMEDIATA Y ENÉRGICA PARA PROTEGER A NUESTRA POBLACIÓN Y DESACTIVAR LA EMBESTIDA DEL CJNG EN CONTRA DE NUESTRA COMUNIDAD.

2. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES, ROLANDO MAGNO ZAMBRANO, EUSTAQUIO ALCALÁ DÍAZ Y JUAN MEDINA, LORENZO FROYLÁN DE LA CRUZ Y ANTONIO RÉGIS NICOLÁS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO DÍAZ Y RICARDO LAGUNES Y JOSÉ GABRIEL PELAYO.

3. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS MILITARES CORRUPTOS.

4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 3 DE JULIO DE 2024.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Mientras organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de las agresiones a defensores de territorio en el contexto de la construcción del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec en el último año y medio, en el mismo período se han intensificado las actividades y encuentros promovidos por autoridades mexicanas junto a empresarios y líderes políticos de Europa, Estados Unidos y Asia, para promocionar lo que consideran los “beneficios” de dicho corredor y sus más de diez parques industriales. El objetivo es atraer grandes empresas a la región.

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En una de las acciones más recientes, realizada en el inicio de junio de 2024, una delegación mexicana encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, sostuvo en Washington D.C. un encuentro con Amos Hochstein, asesor principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos, y con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Interior del presidente Biden.

La delegación mexicana compartió detalles de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) que se construyen en la zona. 

La comitiva participó, junto con empresarios y representantes del sector privado mexicano, de un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), “en el que coincidieron en la alternativa moderna y eficiente que representará el CIIT para el comercio global por el fácil acceso a Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica”, dice un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores. 

Los funcionarios mexicanos hicieron énfasis en el decreto de “beneficios fiscales” publicado el año pasado por el gobierno mexicano, para las empresas inversoras en la región.

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Dos meses antes, mayo de 2024, otra comitiva mexicana integrada por funcionarios de los estados de Oaxaca y Veracruz, de las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores (SER), además de representantes del Poder Legislativo, del Corredor Interoceánico y de los consorcios ganadores de los Podebis, hicieron una gira por Europa – la cual inició en la Feria Industrial Hannover Messe 2024, en Alemania, y continuó en Bélgica, Portugal y España.

En estos lugares se sostuvieron reuniones de trabajo con integrantes de la Unión Europea, Asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria, la Comisión Europea, así como representantes de gobiernos, sectores industriales y conglomerados de inversionistas.

Uno de las agendas principales de la comitiva fue la que trató del corredor marítimo Salina Cruz-Coatzacoalcos-Sines (en Portugal), establecido en diciembre de 2023, contemplado entre los proyectos prioritarios del Global Gateway (una política de la Unión Europea para financiar proyectos de infraestructura en todo el mundo) y considerado uno de los pilares para fortalecer las cadenas de producción entre la Unión Europea y México, a través del Corredor Interoceánico. 

La delegación mexicana también hizo un recorrido por el puerto de Amberes-Brujas, Bélgica, el segundo más grande de Europa, donde exploraron futuras colaboraciones.

Unos meses antes, en marzo de 2024, una comitiva de la Unión Europea estuvo en México para lo que llaman Diálogo de Alto Nivel. El Corredor Interoceánico fue tratado como proyecto prioritario, así como el Plan Sonora.

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En junio de 2023, en una reunión en México entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, identificaron a México como centro energético, industrial y logístico estratégico – a través de los megaproyectos Corredor Interoceánico y Plan Sonora – para proveer a los mercados norteamericanos y europeos, con un gran potencial en hidrógeno verde, y acordaron que las inversiones europeas serán importantes para contribuir a su desarrollo.

Empresas

Empresas transnacionales también han sido blanco de las acciones del gobierno mexicano. La Secretaría de Economía informó que inició, desde el 8 de mayo de 2023, una ronda de acciones de promoción del corredor. Al menos 330 empresas, de 23 países, fueron alcanzadas por estas acciones, entre ellos Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Países Nórdicos, Reino Unido, Suiza y Taiwán.

Un ejemplo fue el Encuentro Empresarial para el Crecimiento y la Relocalización México-Taiwán, realizado en junio de 2023 en México, en el que se recibió la visita de una delegación de 20 empresas y tres asociaciones empresariales de Taiwán de los sectores de semiconductores y circuitos impresos. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: México presenta en Estados Unidos el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.}

Mientras organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de las agresiones a defensores de territorio en el contexto de la construcción del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec en el último año y medio, en el mismo período se han intensificado las actividades y encuentros promovidos por autoridades mexicanas junto a empresarios y líderes políticos de Europa, Estados Unidos y Asia, para promocionar lo que consideran los “beneficios” de dicho corredor y sus más de diez parques industriales. El objetivo es atraer grandes empresas a la región.

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En una de las acciones más recientes, realizada en el inicio de junio de 2024, una delegación mexicana encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, sostuvo en Washington D.C. un encuentro con Amos Hochstein, asesor principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos, y con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Interior del presidente Biden.

La delegación mexicana compartió detalles de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) que se construyen en la zona. 

La comitiva participó, junto con empresarios y representantes del sector privado mexicano, de un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), “en el que coincidieron en la alternativa moderna y eficiente que representará el CIIT para el comercio global por el fácil acceso a Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica”, dice un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores. 

Los funcionarios mexicanos hicieron énfasis en el decreto de “beneficios fiscales” publicado el año pasado por el gobierno mexicano, para las empresas inversoras en la región.

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Dos meses antes, mayo de 2024, otra comitiva mexicana integrada por funcionarios de los estados de Oaxaca y Veracruz, de las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores (SER), además de representantes del Poder Legislativo, del Corredor Interoceánico y de los consorcios ganadores de los Podebis, hicieron una gira por Europa – la cual inició en la Feria Industrial Hannover Messe 2024, en Alemania, y continuó en Bélgica, Portugal y España.

En estos lugares se sostuvieron reuniones de trabajo con integrantes de la Unión Europea, Asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria, la Comisión Europea, así como representantes de gobiernos, sectores industriales y conglomerados de inversionistas.

Uno de las agendas principales de la comitiva fue la que trató del corredor marítimo Salina Cruz-Coatzacoalcos-Sines (en Portugal), establecido en diciembre de 2023, contemplado entre los proyectos prioritarios del Global Gateway (una política de la Unión Europea para financiar proyectos de infraestructura en todo el mundo) y considerado uno de los pilares para fortalecer las cadenas de producción entre la Unión Europea y México, a través del Corredor Interoceánico. 

La delegación mexicana también hizo un recorrido por el puerto de Amberes-Brujas, Bélgica, el segundo más grande de Europa, donde exploraron futuras colaboraciones.

Unos meses antes, en marzo de 2024, una comitiva de la Unión Europea estuvo en México para lo que llaman Diálogo de Alto Nivel. El Corredor Interoceánico fue tratado como proyecto prioritario, así como el Plan Sonora.

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En junio de 2023, en una reunión en México entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, identificaron a México como centro energético, industrial y logístico estratégico – a través de los megaproyectos Corredor Interoceánico y Plan Sonora – para proveer a los mercados norteamericanos y europeos, con un gran potencial en hidrógeno verde, y acordaron que las inversiones europeas serán importantes para contribuir a su desarrollo.

Empresas

Empresas transnacionales también han sido blanco de las acciones del gobierno mexicano. La Secretaría de Economía informó que inició, desde el 8 de mayo de 2023, una ronda de acciones de promoción del corredor. Al menos 330 empresas, de 23 países, fueron alcanzadas por estas acciones, entre ellos Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Países Nórdicos, Reino Unido, Suiza y Taiwán.

Un ejemplo fue el Encuentro Empresarial para el Crecimiento y la Relocalización México-Taiwán, realizado en junio de 2023 en México, en el que se recibió la visita de una delegación de 20 empresas y tres asociaciones empresariales de Taiwán de los sectores de semiconductores y circuitos impresos. 

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de la región Choluteca, Puebla, se manifestaron para exigir la presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental del relleno sanitario. Las autoridades se negaron a dialogar con los habitantes de la zona afectada por el basurero irregular. Abril, 2024.}

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero y en Defensa del Agua que integra 27 comunidades de la región choluteca, en Puebla, mantiene una férrea lucha contra la operación irregular de un tiradero a cielo abierto, en una resistencia que durante meses ha recibido la respuesta violenta del Estado, la criminalización por medios masivos y la omisión de las autoridades ambientales.

En entrevista para Avispa Mídia, el defensor Alejandro Torres Chocolatl contextualiza los últimos sucesos en la lucha contra la operación del basurero.

Torres Chocolatl, locutor de la Radio Zacatepec, advierte que, pese al obtener una resolución judicial a su favor, la cual ordena a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurar el tiradero, esto no se ha realizado. 

Actualmente, la batalla se despliega en acciones de protesta, como bloqueos y marchas, pero también con ejercicios de reforestación y cuidado de la naturaleza pues, según el defensor, ahí donde hay muerte, los pueblos defienden la vida. 

A continuación, presentamos extractos de la conversación con Alejandro Torres Chocolatl.

Avispa Mídia (AM): ¿Puedes compartirnos el contexto de las luchas por la defensa de los territorios en la región Choluteca?

Alejandro Torres (AT): Desde hace muchos años hemos librado batallas aquí en toda esta región: el gasoducto; las torres de alta tensión; desarrollos de parques industriales y las aguas que pretendían contaminar nuestro río Metlapanapa; la expropiación de tierras para desarrollos inmobiliarios y después vino el problema de la embotelladora Bonafont.

Actualmente, nos encontramos con este problema del basurero, o tiradero, porque así lo llaman los especialistas. Más que un relleno sanitario, pues es un basurero y que efectivamente ya llevamos un buen rato aquí organizándonos, pues cada vez se suman más comunidades.

AM: Durante los últimos meses hemos atestiguado la resistencia contra el basurero, ¿cuáles son las irregularidades que han documentado y en qué momento se encuentran tras la orden judicial a las autoridades ambientales?

AT: Hemos visto muchas irregularidades y la Profepa pues no cumple las órdenes judiciales. El juez les dio un plazo de una semana para recolocar nuevamente los sellos, y hasta la fecha, ya vamos 15 días y no han venido a colocarlos.

En abril, con la clausura provisional que colocó la Profepa en la ampliación de este basurero, -y que después retiraron de manera ilegal-, donde rascaron un socavón de más de 20 metros de hondo, ahí apareció el agua. Son 5,000 metros cuadrados de perforación y que, ahorita, por las lluvias, los lixiviados ya están entrando a las entrañas de los mantos freáticos.

Al no contar con la geomembrana para los lixiviados, nomás quedó el 60% cubierta y toda esa basura, ahorita con las aguas y con los vientos de estas tormentas que están cayendo, la basura volvió a irse a los terrenos de cultivo. 

Eso sí es un problema muy grave que estamos viviendo. En días pasados, un juez federal notificó a Profepa que tiene que regresar los sellos de clausura, porque les dieron un tiempo para remediar todo ese daño que estaban ocasionando: cubrir la la montaña de basura, tratar los lixiviados, tener bien resguardado el biogás, el gas metano que segrega la basura. Lamentablemente no cumplieron con todo lo que les pidieron y la Profepa federal dijo que, de no cumplir, pues tenían que clausurar de manera definitiva el relleno sanitario.

AM: ¿Cuáles son los efectos negativos que dejó la operación del tiradero?

AT: Nosotros hemos hecho estudios con la Universidad Autónoma Metropolitana, que hizo cinco estudios de pozos a un radio de kilómetro y medio del basurero y que, vieron como resultado que efectivamente ya los mantos freáticos están contaminados por la basura. Tenemos conocimiento que depositaban residuos peligrosos de laboratorios, de hospitales, de textileras, todo eso lo enterraban y no solo eran estos 23 municipios (de Puebla) que se habla, sino ya venía la basura de la ciudad de México, de Tlaxcala y Oaxaca. Incluso llegamos a ver camionetas de Tamaulipas. Era un basurero para toda la persona que pudiese pagar un buen billete para llegar ahí a depositar clandestinamente su basura, porque lo hacían en la madrugada. 

AM: ¿La empresa ha realizado los trabajos de remediación que le ordenaron las autoridades ambientales?

AT: Hubo brigadas del dueño del basurero. Contrató unas 100 personas que se pusieron a limpiar alrededor de todos los terrenos afectados. Se pusieron a meter pipas que extraían todos los lixiviados con bomba. Mataron a la “fauna nociva”, los perritos, que eran más de 300, fueron sacrificados. Nosotros documentamos todo eso, de los perritos tirados alrededor de los terrenos aledaños. Las palomas y todo lo que tenía el basurero también fueron envenenados. Quisieron hacerlo todo en menos de 20 días. No pudieron, no cumplieron y estamos esperando que, de verdad, se respete la decisión del juez federal y que la Profepa haga su clausura.

AM: ¿Por qué si se ha demostrado la contaminación y otras irregularidades, la empresa continúa aferrándose a su operación?

AT: Vemos que arriba, el dueño es Cuauhtémoc Ochoa, un político que en su momento fue subsecretario de la Semarnat (Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales), ahí por el gobierno de Peña Nieto. Entonces los favores se van pagando. Actualmente, del Partido Verde brincó a Morena para elegirse como diputado federal por el Estado de Hidalgo. Todos esos compadrazgos, todos esos lazos, pues están haciendo que se retrase esta clausura, porque desgraciadamente vivimos en un país corrupto por parte de nuestras instituciones, por parte de los gobiernos en los tres niveles y pues todos ellos se solapan, pero yo creo que la lucha digna y justa de aquí de los pueblos cholutecas logrará el cierre.

El dueño de la empresa está necio. De hecho, hubo una manifestación, de gente contratada, ahí frente a Casa Aguayo (palacio de gobierno del Estado de Puebla) para decir que más de 150 personas habían perdido su trabajo. Hicieron ruedas de prensa argumentando que hay una afectación muy fuerte, y luego las denuncias que hizo esta empresa, con los mismos trabajadores de él, diciendo que está perdiendo muchos millones de pesos y que los culpables son una bola de revoltosos, que son 10 o 12 borrachos, porque así lo han manejado de quienes están ahí obstruyendo el relleno sanitario. 

Vemos que de verdad está utilizando toda la economía que tiene y el poder político para no irse, para no cumplir con lo que el juez federal está ordenando.      

AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoriades estatales?

AT: Mira cuánto tiempo llevamos y las autoridades, omisas. Y luego el gobierno del Estado, desinformando, diciendo que los pueblos son los necios, que no queremos diálogo; que estamos provocando basureros clandestinos, que somos unos contaminadores. Se ponen a decir que, ¿cómo es posible que tienen que ir a otro basurero, que está a 10 km de Puebla? y que, “pobres llantas de los camiones y los municipios que tienen que gastar gasolina”, o sea, dicen tontería y media con tal de generar esa desinformación y justificar una posible represión, porque eso es una estrategia que vemos en varios conflictos, donde empiezan a criminalizarte y, de pronto, pues utilizan la fuerza pública justificando que están haciendo justicia. 

Nosotros tenemos que denunciar todo eso, porque pues, sí, el riesgo está latente. La semana pasada llegaron 10 patrullas al plantón, de manera agresiva e intimidando, tomando videos, fotos. El Estado está jugando su papel para querer regresar esta empresa corrupta a seguir contaminando el territorio, pero los pueblos no lo van a permitir.

AM: ¿Cómo se ha profundizado la campaña de criminalización y represión?

AT: El subsecretario de Gobierno, Javier Aquino Limón, aquí de Puebla, anunció que ya fabricaron carpetas de investigación, “para los revoltosos”, y no nos extraña que puedan utilizar este último recurso para querer dividir, para querer meter miedo, y para seguir imponiendo este basurero

Esa información la dio a conocer hace mes y medio, de que ya la empresa había formulado carpetas de investigación y van a proceder en activar la orden de aprehensión. Hace 15 días dijeron que eran cinco denunciados, de los compañeros más visibles. Está muy hermética la información, lo tienen bien resguardado, para que en su momento pues de la noche a la mañana activen una orden de aprehensión.

Es el último recurso que utilizan las personas que generan este tipo de conflictos. De todos modos estamos atentos. Tenemos dos abogados, están al pendiente de esta situación legal. Cualquier cosa que llegase a pasar, con cualquiera de nuestras compañeras o compañeros, el responsable es el dueño de la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., que se llama Cuauhtémoc Ochoa y sería también el mismo gobierno del estado de Puebla, por la complicidad que tiene con ellos.

Tienen silenciados a los medios de comunicación. Vemos que es un conflicto difícil y que esperemos no vaya a suceder lo que pasó allá en Totalco, en Perote, Veracruz, donde perdieron la vida dos campesinos por defender su agua.

AM: ¿Consideran hacer uso de otros recursos legales?

AT: Vamos a tocar instancias internacionales con toda la documentación y pruebas. Creo que esta gente ecocida tiene que estar en la cárcel y no solo eso, sino tiene que reparar todo el daño tan fuerte que ya cometió y que no se va a remediar en uno dos o tres años. Son miles de toneladas de basura ahí ya asentadas y que el corazón del basurero pues está generando lixiviados que sabrá Dios cómo los vamos a quitar. 

AM: Además de las acciones de rechazo al basurero, ¿qué otras estrategias han implementado?

AT: Como no opera la Profepa, ni la Semarnat, los pueblos nos estamos organizando para campañas de reforestación. Ya llevamos tres campañas con más de 150 árboles alrededor del basurero, árboles de un metro, grandes. Nosotros tenemos ese lema, “donde hay muerte, nosotros reconstruimos”. Estamos generando vida y de igual forma seguimos visibilizando toda esta injusticia y el daño ambiental que ahorita con las lluvias, les comento, están ya cayendo los lixiviados a ese hoyo que hicieron, pues están contaminando más nuestros pozos.

Los jóvenes están participando; estudiantes, los padres de familia, niños, los pueblos. Lo que se está haciendo es que, como esas tierras están en comodato al empresario, – por lo tanto son tierras del pueblo-, donde están saliendo los lixiviados, se están haciendo vallas de árboles, unos árboles que nos dicen los ingenieros agrónomos que se chupan los lixiviados. Como que los encapsulan. 

A ese espacio se le está dando vida. Ya van tres domingos que se hace esa campaña de reforestación. De los 150 que se llevan plantados, sólo no han vivido tres. Todo eso, en un futuro, lo vamos a ver verdecito y pues ojalá veamos clausurado el basurero, la reparación del daño y el plan de abandono.