Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Plantón de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, en la CDMX. Foto: Tlachinollan}

Este martes (26) se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. A casi cinco años de distancia queda también la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual mediante decreto presidencial ordenó a todas las instituciones del Estado mexicano entregar información relacionada con la desaparición de los normalistas.

Ayer lunes (25), tras una reunión con funcionarios federales en Palacio Nacional, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes durante las últimas semanas se han movilizado para exigir la entrega de información específica, resguardada y ocultada por el ejército, salieron decepcionados.

De acuerdo a oficiales de gobierno, durante la reunión se hizo entrega de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reporte del general secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval González y un nuevo informe por parte de Encinas. Acorde a los testimonios, la entrega de estos documentos no cumplió con las peticiones puntuales de los familiares de los normalistas desaparecidos.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, acusó que la narrativa presentada por Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, “está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la verdad histórica”, en referencia a la versión propagada por el gobierno de Peña Nieto, la cual fue derribada por el trabajo e informes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

Te puede interesar – Peña Nieto defiende investigación de la desaparición los 43 y los Forenses Argentinos la vuelven a rechazar

“Es incluso peor”, denunció Rosales al referir que en el informe de la Covaj se presenta una narrativa en la que se criminaliza a los estudiantes al mencionar que estaban infiltrados y reduce la responsabilidad de las desapariciones al actuar del crimen organizado local, en específico al grupo Guerreros Unidos, dejando por fuera a las autoridades y al Ejército mexicano.

“Al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo, fuera de ahí no aparece ningún militar más… no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica”, acusó el abogado frente a medios nacionales.

Ante pregunta expresa sobre si existen contradicciones entre lo presentado por el gobierno y el trabajo del GIEI, Rosales contextualizo que, incluso, a pesar de haber dialogado con Encinas para no incorporar elementos controvertidos y rechazados por no contar con sustento tras la evaluación de los expertos, el funcionario ignoró dicha petición.

Te puede interesar – Desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado

Para ejemplificarlo, señaló el caso de las capturas de pantalla incluidas en un informe de la Covaj, presentado también por Encinas en agosto del 2022. Dichas imágenes contenían supuestas conversaciones mediante la aplicación de mensajes WhatsApp, sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Tras su análisis, el GIEI concluyó que era imposible garantizar la originalidad de los mensajes pues existían inconsistencias en la metadata relacionada con las fechas de los mismos. “Había sido controvertido a través de un peritaje que hizo el grupo internacional de expertos independientes y en la narrativa que nos presentan ahorita vuelve a aparecer el tema de los pantallazos que no tiene sustento”, denunció Rosales tras la reunión, en la cual enfatizó, pese a la promesa de entregar una serie de informes, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos no recibieron nada.

“Es una falta de respeto hacia los padres este tipo de información”, arremetió Mario González, padre del normalista César Manuel González Hernández, tras salir de Palacio Nacional.

González, quien fue detenido con violencia el pasado 16 de septiembre por policías de Tixtla, Guerrero, reclamó que Alejandro Encinas, pese a conocer las exigencias y documentos específicos que demandan los familiares, no incluyó, por ejemplo, una intercepción telefónica donde se habla del paradero de 17 de los normalistas.

La verdad encuartelada

Las investigaciones llevadas a cabo por el GIEI y la Covaj señalan que el Ejército mexicano participó directa e indirectamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por ello, las madres y padres de los estudiantes exigieron la entrega de información que, de acuerdo al rastreo del GIEI, se encuentra en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del 27 batallón de infantería de Iguala, Guerrero.

Vidulfo Rosales detalló que en el informe presentado la noche del lunes, leído por la titular de Seguridad Pública de parte de Luis Cresencio Sandoval, titular ausente de la Secretaria de la Defensa Nacional, “no hay nada, él no da respuesta, ni el presidente da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual”.

El abogado señala que los documentos no han sido entregados, pese a que los funcionarios federales y militares aseveran lo contrario.

Entre la información exigida se encuentran los siguientes puntos:

*Las actividades de los agentes militares encubiertos en la Normal Rural de Ayotzinapa

*Datos sobre la desaparición de un soldado encubierto. “Los mandos militares tuvieron información en tiempo real de lo que ocurría y no hicieron nada para rescatarlo”

*El seguimiento que agentes de inteligencia militar realizaron desde la llegada de los estudiantes a Iguala. “Por lo menos dos agentes militares estaban dirigiendo el C4 en Iguala, dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real.

*Información sobre el despliegue de patrullas militares en los sitios donde los estudiantes fueron agredidos y desaparecidos

*La intervención telefónica entre miembros de Guerreros Unidos y la Policía Preventiva de Iguala. “Destaca una conversación entre el jefe de la banda delictiva con uno de la policía, en la misma refieren que 17 estudiantes están siendo llevados a unas fosas fuera de la ciudad”.

En cuanto a este último punto, Rosales reclamó que la respuesta de la Sedena fue que “esa información la tiene el señor Gil”, en referencia a Gildardo López Astudillo, líder de Guerreros Unidos y cuya recomendación de los militares fue interrogarlo, pues lo señalan como el responsable de la desaparición de los normalistas.

En la reunión estuvieron presentes, además de Encinas, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la conferencia de prensa de este martes (26), AMLO rechazó que no se entregara la información solicitada por los familiares de los normalistas desaparecidos. “Me llamó mucho la atención por qué no la aceptaron si no les estamos cerrando el caso, no es un carpetazo. Es un expediente abierto, es un informe de cómo vamos y tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad y encontrar a los jóvenes. (…) Si ellos (los familiares) consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo que no es cierto. Así de claro”, apuntó.

Mas tarde se difundieron documentos presentados a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. Resalta el informe de parte de Luis Cresencio Sandoval González, donde argumenta que los documentos solicitados por los familiares de los normalistas desaparecidos “no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”

Desde el pasado lunes 18 de septiembre se registran acciones de protesta en diferentes puntos del país para exigir verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa. A partir del jueves (21), las madres y padres de los normalistas desaparecidos instalaron un campamento en las puertas del Campo Militar No.1, desde donde exigen la entrega de la información ocultada por los militares para el esclarecimiento del caso.

La noche de este lunes (25), el zócalo de la ciudad de México registró movimiento de trabajadores que colocaron vallas metálicas en la zona de Palacio Nacional para restringir el acceso por la marcha que se realizará la tarde de este martes (26).