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Guerrero

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Avispa Midia

Armas ilegales de la alemana Heckler & Koch fueron usadas en Ayotzinapa

Por Avispa

Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a México por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. “De acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero”, sostienen siete organizaciones de derechos humanos, de México y Alemania, en un informe publicado este mes.

El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportación ilegal de armas.

De acuerdo con las conclusiones del tribunal alemán, la licencia para la exportación de más de 4,200 rifles de asalto de la empresa a México se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.

Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alemán para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde serán utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alemán había considerado crítica la situación en varios estados mexicanos, y había prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron allí.

Dos empleados de la empresa enfrentan penas en régimen de libertad condicional y multas por la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México. El tribunal los consideró responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar más de 3 millones de euros.

Las organizaciones subrayan que, además de los 4,200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles más a otras regiones de México, las cuales el gobierno alemán considera seguras. “La exclusión de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es más que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situación de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupción e impunidad imperantes, México en su conjunto nunca debería haber recibido armas”, dicen en su informe.

Al día de hoy, Alemania no cuenta con instrumentos jurídicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. “Una nueva Ley de Control de la Exportación de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportación. Dicha ley debería otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportación, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas”, defienden.

Desaparición forzada

El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de México: miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos años. Según las cifras oficiales, el número supera ya los 90,000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado están directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpetúa ya que las víctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.

El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acción – ¡detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net – Stop the Arms Trade (Red Global – detengan el armamento) y Ohne Rüstung Leben (Vivir sin Armas).

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

Extorsión y amenazas a compañera y compañeros autoridades de Acapulco, Guerrero

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A los medios de comunicación libres.

A lo largo de nuestra lucha por la vida y desde que nos constituimos como CIPOG-EZ, nos hemos cruzado con individuos, colectivos y organizaciones que apoyan nuestro andar, que simpatizan con nuestro caminar y nos acompañan.

Pero con profundo coraje nos damos cuenta que el mal gobierno y el crimen organizado no solo atacan a nuestra organización, sino que en éste afán de golpearnos por todos los flancos posibles para debilitarnos, también van atacando, extorsionando y amenazando a aquellos que apoyan y acompañan nuestro andar.

El día de ayer 13 de noviembre, entre las 2:30 y 3:30 de la tarde, se amenazó y extorsionó a tres autoridades pertenecientes a Llano Largo, Lomas de Chapultepec y Barra Vieja, del Municipio de Acapulco. La persona dijo llamarse José Luis González Valencia llamó del número 7442626162 y mencionó que la actual presidenta de Acapulco, Abelina López Rodriguez come de sus manos, seguido de pedir 90,000 pesos como una cuota que duraría solo 7 meses y amenazar con matar a los familiares de nuestros compañeros y compañera si se negaban a pagar.

Sabemos que esta acción no es casualidad, que fue una acción planeada y precisa de intimidación. La denuncia y todas las pruebas de audios, número y nombre ya se presentó a la Fiscalía de Guerrero, la cual muestra claramente una complicidad innegable ante su forma de retrasar y minimizar la denuncia.

Hacemos responsables de esta extorsión y amenaza, así como de todo aquello que les pueda pasar a nuestros compañeros, compañera, a sus familiares y comunidades, a la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodriguez, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez y a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Quienes no sólo son culpables por no hacer nada ante la violencia que se vive en Guerrero, sino también por ser cómplices y formar parte de aquellos que atacan, torturan, acechan, disparan y asesinan a integrantes de nuestra organización; y ahora también amenazan y extorsionan a aquellas personas que nos acompañan.

Exigimos que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Guerrero, por una vez hagan su trabajo y encuentren a los responsables.

Llamamos al pueblo de Acapulco y a los medios de comunicación a alzar la voz, justamente para evitar lo que quiere la Presidenta Municipal, Abelina López Rodriguez, que es callarlos y negar la violencia que viven. Pero principalmente, los llamamos a organizarse pues solo así se le puede hacer frente al mal gobierno que pacta con el crimen organizado.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

14 de noviembre de 2021

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Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

INFORME-COMUNICADO POR LA EMBOSCADA E INCURSIÓN DEL GRUPO NARCO-PARAMILITAR “LOS ARDILLOS” EN CONTRA DEL CIPOG-EZ

 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los medios de comunicación que no se venden

Al Pueblo de México

29 de septiembre de 2021

Primero que nada queremos agradecer la pronta difusión de lo ocurrido ayer 28 de Septiembre. Sabemos que es tejiéndonos, reduciendo la distancia en la relación campo-ciudad, como hemos de enfrentar los embates del capital, de los malos gobiernos y grupos narco-paramilitares. Sepan que como pueblos pertenecientes al CNI-CIG, caminamos por la defensa de la vida y de la construcción de autonomía. A los medios, colectivos y organizaciones que han sido solidarios y solidarias con nosotros y nosotras, gracias.

Desde hace años venimos denunciando los ataques de los grupos narco- paramilitares en nuestra contra. Primero “Los Rojos”, posteriormente “Los Ardillos”, ambos grupos del crimen organizado y, al mismo tiempo protegidos y financiados por el estado para desmovilizar y destruir a las organizaciones que nos declaramos abiertamente apartidistas, que no vendemos nuestro voto por migajas, que rechazamos que nuestros hijos, hijas, familias, sirvan al crimen organizado y que en nuestras tierras se cultive la amapola y con ello la muerte, que hemos enfrentado y rechazado que las grandes empresas trasnacionales devasten nuestro territorio para explotar la riqueza que en él se encuentra, pues para nosotros y nosotras basta la riqueza que la madre tierra nos da cuando nos alimenta y nos permite vivir en ella.

Estos grupos narco-paramilitares, están vinculados al poder, son parte de la clase gobernante del estado, con familiares dentro de los partidos políticos, que se mueven por intereses económicos y no por las necesidades del pueblo. Están vinculados a las policías municipales, estatales y federales; vinculados a un sector de la iglesia católica, empezando por el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, personaje que se ha puesto del lado de los asesinos, torturadores, secuestradores, pues son las formas en las que actúan “Los Ardillos”, y no del lado del pueblo, que sufre la violencia, el despojo y la muerte.

Sin embargo, a pesar de las denuncias en los 3 niveles de gobierno, del paso de distintos gobernadores, de distintos partidos políticos, de la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, a pesar de Andrés Manuel López Obrador y de Alejandro Encinas, la muerte nos sigue acechando. Sabemos que ser claros en nuestra posición de solidaridad y de mirar como un referente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de formar parte del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, nos convierte en un blanco para quienes quieren ver al pueblo sumergido en el hambre, la pobreza y la ignorancia, pues así resulta más fácil manipularlo.

La semana anterior, el 19 de septiembre de 2021, el EZLN convocó a la solidaridad, PARA EXIGIRLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE DEJEN YA DE PROVOCACIONES Y ABANDONEN EL CULTO A LA MUERTE QUE PROFESAN;

Nosotras y nosotros, decidimos sumarnos a la convocatoria, conscientes del peligro que representa la movilización dentro del estado de Guerrero, por lo que responsabilizamos al gobernador Héctor Astudillo de cualquier cosa que pudiera pasarnos. Y no es que seamos adivinos, es simplemente que sabemos que el Estado, el capital, los grupos narco-paramilitares, el sector más inhumano de la iglesia católica en Guerrero representado por Salvador Rangel, anhelan nuestros votos, la riqueza de nuestras tierras, nuestra mano de obra en los campos de cultivo de droga y nuestra consciencia, nuestra voluntad, nuestra sumisión; pero no tienen ninguna de las anteriores, porque nosotros y nosotras luchamos por verdadera libertad, justicia, democracia y porque no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos.

Luego, desde el 23 de septiembre denunciamos que en los cerros que rodean las carreteras que llevan a nuestras comunidades se encontraban personas con armas de fuego R-15, vestidos con pantalón militar y encapuchados, lo denunciamos y lo hicimos público porque sabíamos que eso era una amenaza latente, que representaba un ataque en cualquier momento. Frente a lo anterior, la Policía Estatal sólo se limitó a checar los carros, en ningún momento a subir y ver qué hacían allí esos hombres y porqué estaban armados.

El día de ayer, 28 de septiembre, aproximadamente a las 9 a. m., 5 de nuestros compañeros de la comunidad de Tula, perteneciente al CIPOG-EZ, fueron emboscados en la carretera de Ahuixtla en dirección a Papaxtla, por 8 hombres que bajaron del cerro con armas de fuego R-15 y cuernos de chivo, hiriendo gravemente a 3 de nuestros hermanos. Pero eso no les bastó, unas horas más tarde, entre las 2 p. m.,y las 3 p. m., hombres armados incursionaron en la comunidad de Zacapexco, comunidad perteneciente al CIPOG-EZ; afortunadamente, para eso somos organización y logramos rechazar los ataques ¿pero acaso nos corresponde a nosotras y nosotros mismos enfrentarnos al crimen y exponer nuestras vidas? ¿No es acaso tarea de quienes gobiernan al país, al Estado, asegurar las condiciones mínimas de seguridad?

La alarma se encendió en las 24 comunidades que conformamos a la organización y se pudo evitar la incursión de Los Ardillos en el resto de las 24 comunidades que conformamos al CIPOG-EZ, así como más derramamiento de sangre. Sabemos, y ya lo hemos dicho, que quiénes ejecutan dichos actos despiadados e inhumanos es el grupo narco-paramilitar autodenominado «Los Ardillos» pero que actúan con órdenes, permiso y complicidad del mal gobierno. Llevan años atacando, secuestrando, torturando y asesinando a nuestros y nuestras integrantes, indígenas Na Savi, Me´pháá, Nahua y Ñankué que nos organizamos en el CIPOG-EZ para resistir y constituir, para luchar por la vida; suman ya 34 compañeros y compañeras, asesinadas a sangre fría, por estos grupos narco-paramilitares, recordamos cada uno de sus nombres y es por ello que luchamos, porque la memoria nos permite no olvidar y ésta nos impulsa a organizarnos, a resistir para que no se arrebate ni una vida más.

Hacemos responsable una y otra vez al gobierno de Héctor Astudillo Flores, por la completa complicidad que tiene con este grupo delictivo que nos asesina, porque desde que llegó al poder, no han parado los ataques contra nuestras comunidades, y se lo hemos avisado, de todas las formas posibles; él sabe que nos están matando y no ha movido un solo dedo para evitarlo. También responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno, así como a la Policía estatal, municipal y federal, pues han sido cómplices de esta emboscada e incursión, así como de los asesinatos, secuestro, tortura, desapariciones y demás formas de violencia que hemos vivido desde hace ya varios años, pues a pesar de múltiples reuniones y compromisos, sabemos que lo único que hemos recibido son palabras huecas y mentirosas, pues no hacen nada en contra de “Los Ardillos”.

Hermanos y hermanas de México y del mundo, les pedimos que estén atentos, difundan y denuncien lo que sucede en la Montaña Baja de Guerrero, pues la guerra en contra de la vida que “Los Ardillos», y el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, han impulsado, no se detendrá aquí; sabemos que se preparan para asesinarnos, pues ese es su objetivo, acabar con nosotros y nosotras, acabar con lo que construimos, con el proyecto de autonomía y de una vida digna y libre para las niñas, niños, abuelas y abuelos, hombres y mujeres con la que soñamos en nuestras comunidades.

 

¡ALTO A LA GUERRA NARCO-PARAMILITAR CONTRA EL CIPOG-EZ!

¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR LA VIDA Y EL TERRITORIO!

¡VIVA EL EZLN!

¡VIVA EL CNI-CIG!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

ATENTAMENTE

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

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CIPOG-EZ

¡COMUNICADO URGENTE! EMBOSCAN A CINCO COMPAÑEROS DEL CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación libres

28 de septiembre de 2021

El día de hoy, 28 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 9:00 am, cinco compañeros de la comunidad de Tula, perteneciente al CIPOG-EZ, fueron emboscados en la carretera de Ahuixtla en dirección hacia Papaxtla.

Nuestros compañeros fueron atacados por ocho personas que bajaron del cerro con armas de fuego R-15 y cuernos de chivo; tres de nuestros compañeros resultaron heridos. Los atacantes vestían con pantalón militar y llevaban los rostros cubiertos, además de las armas de alto calibre.

El 23 de septiembre ya habíamos denunciado la presencia de personas vestidas tipo militar que sabemos que pertenecen al grupo narco-paramilitar de “Los Ardillos”, en el contexto de la acción nacional e internacional contra la guerra paramilitar en contra del EZLN; hoy a 5 días de la denuncia, tres nuestros compañeros se encuentran gravemente heridos.

Hacemos responsables al gobierno de Héctor Astudillo Flores, a la fiscalía, así como a la Guardia Nacional, Policía Estatal y municipal, por su complicidad con los narcoparamilitares, y su silencio cómplice desde siempre, pues sabemos que quienes emboscaron a nuestros compañeros fueron “Los Ardillos” a quienes hemos denunciado ya en muchas ocasiones, con los 3 niveles de gobierno pero éstos han cerrado sus oídos y se han puesto del lado de quienes nos masacran.

Sabemos que “Los Ardillos” se están preparando para entrar el día de hoy a las comunidades del CIPOG-EZ, por lo que les pedimos puedan difundir y denunciar la guerra narco-paramilitar que estamos viviendo en el estado de Guerrero las comunidades del CIPOG-EZ,

ATENTAMENTE

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

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Avispa Midia

Siete años entorpeciendo búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Por Vanessa Garcìa Navarro

Foto por Ángel Huerta

Hace siete años (2014) ocurrió un evento que marcó al país entero, se abrió un capítulo más entre los miles que se suman constantemente al libro de las desapariciones en México; aunque, como la mayoría de las historias, esta tampoco ha encontrado su desenlace y se niega a morir hasta que su “misterio” sea resuelto. Como es bien sabido, la oscuridad de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2016 fue testigo de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Tras de búsqueda implacable, desvelo, rabia e impunidad, las madres y padres desesperados preguntan por el paradero de sus hijos, cuestionan en donde está esa justicia que se les viene prometiendo desde el sexenio pasado. Porque, sin lógica alguna, 84 meses parece ser apenas suficiente para encontrar únicamente los restos de 3 desaparecidos y tener ningún responsable pagando por sus crímenes.

Ha quedado en varias ocasiones evidenciado que las propias autoridades entorpecen las investigaciones, pues el sexenio pasado se ofreció como respuesta de consolación la llamada “verdad histórica” que consistía en un escenario en el cual agentes policiacos corruptos de Iguala (Guerrero) pusieron a los jóvenes en manos del cártel Guerreros Unidos, quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula; no obstante, dicha aclamación resulto ser una injuria a su nombre, ya que tiempo después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron dichos resultados y a partir de encontrar en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y en junio de este año  los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se derrocó la teoría fraudulenta al probarse de dichos resquicios  no mostraban haber sido expuestos al fuego.

¿Entonces, cual fue el verdadero destino de los 43?  

Esa pregunta sigue sin respuesta, lo cual, después de siete años añade gravedad a este caso de violación a los derechos humanos. Y no es que no haya avances pues, al menos, hace tres años fue creada (por Decreto del presidente de la República) la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y ya existen 80 detenidos, según informes del actual sexenio; pero los resultados siguen siendo mínimos y continuamente se detienen.

Integrantes de la CoVAJ-Ayotzinapa refieren encontrar interés por parte del presidente en turno -Andrés Manuel López Obrador- en cuanto a dar resolución a este caso; no obstante, los resultados ofrecidos hasta el momento son discordantes a las promesas hechas con vehemencia.

Como dijo Cristina Bautista (madre de Benjamín Ascencio Bautista y miembro de la la CoVAJ-Ayotzinapa), en una entrevista para Proceso, “le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros”.

En este punto varios padres no encuentran resignación en cuanto a volver a abrazar a sus hijos, no han renunciado a conocer qué les pasó. Así la realidad sea un golpe, ellos ya no quieren analgésicos ni placebos hechos de falsas mentiras y esperanzas, lo que demandan es la verdad (que les otorgará paz o el impulso para luchar todavía más en búsqueda de castigar a los responsables).

Obstáculos en los procesos 

Se han desestimado decenas de pruebas aportadas al caso, dado que se determinó que habían sido conseguidas por medio de tortura a los testigos.

Además, no todos los engranajes del gobierno desean trabajar para el mismo fin y ejemplo de ello es que la fiscalía mantiene pendientes 40 órdenes de aprehensión correspondientes al caso de los 43 desaparecidos. Entre las cuales destaca la de Tomás Zerón de Lucio (extitular de la Agencia de Investigación Criminal) a quien se le acusa de alterar evidencia del caso de los 43 y actualmente se encuentra “escondido” en Israel.

Este 26 de septiembre, se realizó una misa y, después, una marcha encabezada por los padres de los 43 desaparecidos que comenzó a las 4:00 P.M., desde el ángel de la independencia, con destino al zócalo capitalino. Igualmente, en diversos sitios de México y otros países se realizaron acción que se sumaron para exigir justicia y presentación con vida de los 43 estudiantes. Porque este caso no sólo dejo una cicatriz profunda para México y los familiares de los jóvenes, es un crimen que lo sabe el resto del mundo.

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Avispa Midia

CODEDI denuncia nuevas agresiones: policía y narcotráfico coludidos

Por Vanessa García Navarro

En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro

Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.

Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.

Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los  llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.

En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.

Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.

También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.

Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.

Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.

Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.

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CIPOG-EZ

Denuncia de detención a integrante del CIPOG-EZ

Aproximadamente a las 10:00 horas del 13 de julio de 2021, el compañero Samuel Virgenio Germán de la comunidad de Rincon de Chiahutla, perteneciente al CIPOG-EZ, fue detenido por la policía ministerial del estado de Guerrero. Después de varias horas y gracias a la organización en nuestra región, para las 14 horas logramos su liberación.

Denunciamos que el hostigamiento de las autoridades estatales continúa hacia nuestras comunidades. Este tipo de detenciones son una consecuencia de las falsas denuncias hechas por el grupo para-militar «Los Ardillos» y respaldadas por autoridades del estado de Guerrero en contra de las comunidades que conformamos el CIPOG-EZ, aún sabiendo que quien mata, secuestra, tortura y desaparece a nuestras hermanos y hermanas, es el grupo delincuencial de «Los Ardillos».

¡Exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en nuestra contra!
¡Alto a la guerra paramilitar contras las comunidades Zapatistas del EZLN!
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ!
¡Nunca más un México sin Nosotros!

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Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

CIPOG-EZ denuncia nuevas agresiones a comunidades

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación libre

25 de mayo de 2021.

Cuando la lucha por la vida se sostiene, la muerte acecha todo el tiempo pues desprecia la vida y por tanto la ataca con brutalidad.

Así nos ha pasado una y otra vez; lo hicimos saber y lo sabíamos el día que se presentó en la Ciudad de México el Informe «Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ» el pasado 16 de mayo. Se los dijimos a los malos gobiernos y lo sabía la prensa nacional e internacional.

Les dijimos que los grupos narco-paramilitares nos estaban matando y que a cada acción de denuncia contra estos ataques que hacemos, «Los Ardillos» nos responden con ataques y que lo seguirán haciendo mientras los malos gobiernos sigan siendo cómplices de los grupos delincuenciales.

Hoy martes 25 de mayo de 2021 a plena luz del día a las 11:50 am, el grupo narcoparamilitar que desde 2015 violenta a nuestras comunidades lo han hecho de nuevo. «Los Ardillos» desde la comunidad de Zelocotitlán, descendieron a Zacapexco, disparando contra la comunidad. Resultando herido de bala un compañero de nuestras comunidades.

Cabe resaltar que el mal gobierno no nos ha escuchado, al contrario, se ha burlado de nosotros y nosotras, programa reuniones para después cancelarlas y nos quiere ofrecer migajas. En este caso la Guardia Nacional, la Marina y la Policía estatal llegaron hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 4 horas después del ataque. Por lo tanto, responsabilizamos a Andrés Manuel Lopez Obrador, a Hector Astudillo gobernador del estado de Guerrero, a Daniel Machaca Portillo jefe de la policía Estatal del estado de Guerrero y al fiscal del estado Jorge Zuriel por el ataque y las consecuencias que éste acarree.

No nos silenciarán, seguiremos denunciando y resistiendo al crimen organizado y a los malos gobiernos.

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.

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Avispa Midia

Organizaciones denuncian impunidad en la Montaña de Guerrero

Por Ángel Huerta

El pasado miércoles, 12 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan), en Guerrero, realizó una conferencia de prensa para informar los resultados de la Misión de Observación que documentó la situación de violencia en la región de la Montaña, una de las siete regiones que conforman el estado de Guerrero, al sur de México.

La misión escuchó testimonios de casos graves de violencia por parte de familias de personas desaparecidas, casos de violencia de género, de agresiones a personas defensoras y periodistas. Abel Barrera, director de CDHM Tlachinollan, señaló que “es de extrema indenfensión la situación en que se encuentran, sobre todo, compañeras, niñas, jóvenes, adultas, mujeres de la montaña de Guerrero (…), en un marco de complicidad y violencia, de inacciones de las autoridades”,  señaló Barrera.

En mayo del 2020, International Crisis Group, organización independiente que trabaja para prevenir guerras, publicó su informe “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”, donde expone que “desde el 2014 hasta el 2018, hubo en Guerrero 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, más que en cualquier otro lugar del país”.

En el documento señala que las organizaciones criminales asesinaron a cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en el 2019. Los periodistas también están en la mira. Desde el 2000, 24 han sido asesinados en Guerrero, el quinto número más alto en todo el país. La más reciente víctima fue Víctor Fernando Álvarez, “un periodista de Acapulco quien fue descabezado en abril del 2020 después de que recibiera amenazas de un grupo criminal local.”

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CNI

Presentación del informe: «Crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos contra pueblos indígenas del CIPOG-EZ, CNI-CIG en Guerrero»

Presentación del informe:
«Crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos contra pueblos indígenas del CIPOG-EZ, CNI-CIG en Guerrero»

Estarán presentes autoridades comunitarias del estado de Guerrero y María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), vocera del CNI-CIG.

14:00 hrs
Domingo 16 de mayo de 2021
Seminario #12, Centro Histórico, CDMX

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