San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

12 de junio de 2026

Boletín No. 08

Ataque y hostigamiento a comunidades del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, Michoacán y Chiapas

• Desaparición, despojo, asesinatos y criminalización, entre las graves agresiones hacia las comunidades del CNI

• Omisión por parte del Estado mexicano ante las denuncias de los Pueblos, organizaciones y colectivos

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresamos nuestra preocupación y nos unimos a la denuncia de los pueblos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Guerrero, Michoacán y Chiapas, afectadas por la escalada de violencia, incrementada en los meses de mayo y junio de 2026. Esta situación mantiene a las comunidades en resistencia bajo asedio poniendo en riesgo, la vida, seguridad, integridad, autonomía y ejercicio de derechos colectivos.

A partir del 6 de mayo de 2026, el grupo de la Delincuencia Organizada (DO) “Los Ardillos” intensificaron ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementaron tácticas paramilitares contra las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la Montaña baja de Guerrero, provocando el desplazamiento de 3,200 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección y permisividad del Estado mexicano.

En los días del 6 al 12 mayo la violencia se profundizó alcanzando a la comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del Cipog‑EZ, en donde sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. Además, ocho personas fueron asesinadas, siendo los siguientes compañeros: José Guadalupe Ahuejote Xanteco, originario de Xicotlan; Víctor Ahuejote Arribeño, originario de Xicotlan; Saturnino Bartolo Tlalcorral, originario de Xicotlan; Benito Tlalcorral Rito, originario de Xicotlan; Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Eusebio Migueleño Zoyateco, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Martin Flores Migueleño, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; y Marcelo Calvario Hilario, originario de Acahuehuetlán.¹

Es preciso señalar que desde el 2015, por la embestida brutal de la DO, el Cipog-EZ ha registrado 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas.

El 28 de mayo de 2026, otro grupo de la DO asesinó a los comuneros de la Comunidad Indígena Pómaro (municipio de Aquila), Lucas Florentino Torentino, tesorero de Bienes Comunales, y Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez Martínez; y causó heridas graves a la profesora purépecha Adelaida Zacarías Pascual.

Por lo ocurrido, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena Santa María Ostula, denunciaron públicamente los múltiples asesinatos solidarizándose con la Comunidad Pómaro. Estos hechos han marcado profundamente a los pueblos indígenas de Michoacán, quienes han venido sufriendo, en los últimos 20 años, por parte de la DO, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados; acosos, daños y violencia generalizada.²

Por otro lado, en Chiapas, integrantes del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Caracol “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han denunciado discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo de sus locales por el Consejo de Administración de la Coalición de Locatarios del mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, así como la prefabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.³

El día 21 de mayo de 2026, nueve personas, integrantes del CNI Jotolá, fueron vinculadas a proceso y acusadas injustamente, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, por el delito de despojo agravado con violencia. Entre estas personas, Francisco Moreno Hernández continúa privado de la libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 12 de Yajalón.

Anteriormente, el 12 de febrero de 2026, en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, se llevó a cabo un desalojo violento contra estas personas y sus familias (por un total de 35 personas maya tseltal) que fueron desplazadas de manera forzada, entre ellas una mujer embarazada y 17 menores de edad (entre ellos dos menores con discapacidad). En el evento sus casas fueron destruidas, sus pertenencias robadas y dos personas sufrieron privación arbitraria de la libertad y tortura. Cabe destacar que estas acciones de criminalización y desplazamiento se llevaron a cabo con la presencia del Instituto Nacional Indígena, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia indígena, y el Tribunal Agrario.⁴

Dicha situación está enmarcada en un patrón sistemático de despojo territorial y criminalización en contra de las personas defensoras de la tierra y territorio; conducta que, en la actualidad, se recrudece sobre las tierras recuperadas en el 1994 con la imposición de proyectos carreteros, extractivistas y de turismo en la región. Todo esto aumenta la violación al derecho a la tierra y territorio de los pueblos originarios y al derecho a decidir sobre su proyecto de vida de acuerdo con su cultura.

En este mismo sentido, el CNI de Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, enfrenta también amenazas a su territorio y ha expresado su rechazo absoluto al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin realizar la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en las Declaraciones de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como en el artículo 2º de la Constitución mexicana. Las comunidades señalan que las obras iniciaron desde el año pasado, lo que ha generado división interna y pone en riesgo su forma de vida.⁵

Frente a esta cadena de violencias que atraviesa territorios y vidas, denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano por su omisión sistemática, su incapacidad y su complicidad, al no actuar para frenar el avance de la DO y de las estructuras que sostienen el despojo. Lo que hoy enfrentan las comunidades del CNI en Guerrero, Michoacán y Chiapas es resultado de una estrategia de guerra que busca quebrar procesos organizativos, arrebatar territorios y silenciar la defensa de la vida.

Por lo anteriormente mencionado convocamos a la solidaridad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, colectivos, pueblos originarios, defensoras y defensores de derechos humanos; así como a la sociedad civil en general, a manifestarse y expresar su apoyo e indignación ante estos actos de hostigamiento y represión contra las comunidades integrantes del CNI en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas que luchan en defensa de la tierra y la vida. Esta violencia ejercida es parte de una estrategia sistemática de ataque y despojo que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.

1Acción Urgente: Ataques armados, desplazamiento forzado de comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero. https://frayba.org.mx/260512_au02

2Pronunciamiento por el que la Comunidad Indígena de Santa María Ostula condena enérgicamente los homicidios cometidos en agravio de comuneros pertenecientes a la hermana Comunidad de Indígena de Pómaro y de un profesor integrante del Pueblo Purepecha. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/05/29/pronunciamiento-por-el-que-la-comunidad-indigena-de-santa-maria-ostula-condena-energicamente-los-homicidios-cometidos-en-agravio-de-comuneros-pertenecientes-a-la-hermana-comunidad-indigena-de-pomaro-y/

3Denuncia Pública de Comisión de Locatarios Afectados integrantes del Congreso Nacional Indígena “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/06/08/denuncia-publica-de-comision-de-locatarios-afectados-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-samir-flores-soberanes-zona-10-patria-nueva-ocosingo-chiapas/

4Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá https://frayba.org.mx/270226-desplazamiento-criminalizacion-jotola

5Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos al-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos

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Desde nuestros territorios en la Europa Insumisa rechazamos totalmente la ola de violencia desatada en contra de las comunidades indígenas en diferentes regiones de la geografía llamada México.

El 22 de mayo del año en curso, la Misión Civil de Observación, que iba a documentar los ataques por tierra y aire que el grupo criminal Los Ardillos había perpetrado en contra de la comunidad indígena pacífica de Alcozacán, recibió la confirmación de que el Gobierno del Estado de Guerrero no brindaría acompañamiento ni seguridad a La Misión, es decir, ¡el Gobierno prefirió actuar cobardemente y ponerse al servicio de los grupos criminales!

La Misión, sin embargo, realizó su trabajo de documentar las atrocidades de una Guerra: quema de casas, de milpas, de animalitos, asesinatos con tiros de gracias, cadáveres abandonados al borde las carreteras, casas deshabitadas en la comunidad de Alcozacán…

Las escenas documentadas por la Misión nos recuerdan escenas de Guerra. Sólo que esto sucede en México bajo un mal gobierno que se autodenomina “de izquierda”, y que afirma que “¡primero los pobres!”

Y quienes seguimos de cerca lo que sucede, nos preguntamos, ¿será que son “primero los pobres” los que serán exterminados? ¿Serán las comunidades indígenas las que deben de ser eliminadas para que las grandes empresas nacionales y transnacionales ocupen sus territorios y desarrollen sus Megaproyectos en un suelo regado con sangre?

¡Y todo esto con la protección de los tres niveles de gobierno!

El 28 de mayo del año en curso el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a la comunidad indígena de Aquila en el Estado de Michoacán; en el ataque fueron asesinados Lucas Flores Tolentino y Jerónimo García Flores y otros tres miembros de la comunidad resultaron heridos. Las agresiones contra la comunidad habían comenzado el día 21 y 27 de mayo. Los habitantes huyeron al monte y hasta las escuelas de la zona se cerraron, pues los ataques del CJNG fueron intermitentes por tierra y aire.

El 22 de mayo del año en curso, la Presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, se encontró con Claudia Scheinbaum en la Ciudad de México, para firmar el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, pero ¿acaso hablaron de las masacres perpetradas por los grupos criminales? ¿hablaron de los delitos de Lesa Humanidad llevados a cabo bajo la protección del Estado mexicano? ¿Acaso von der Leyen se interesó en ver las miles de Fichas de los Desaparecidos pegadas por las calles de todo México, más de 133 mil, o el Gobierno logró despegar las Fichas a tiempo para presentar un “México bonito, seguro y feliz”?

El 11 de junio del año en curso, ¡la gran fiesta! ¡El fútbol! Se recibe a la FiFa y para ello se han desalojado numerosas familias de sus viviendas, se ha limpiado la ciudad de personas en calidad de calle y de vendedores informales. El gobierno intenta presentar un México de primera clase: sin Pobres, sin Desplazados, sin Desaparecidos, sin Feminicidios, sin Masacres, sin Fosas Clandestinas.

Con nosotros, la Europa Insumisa, no sirven los cercos mediáticos, ni las mañaneras con mentiras. Por eso desde nuestros territorios:

¡Exigimos un alto inmediato a las agresiones en contra de las comunidades indígenas!

¡Exigimos se desarme a los grupos de delincuencia organizada que atacan a las comunidades indígenas!

¡Exigimos un alto a la gentrificación de las ciudades!

¡Exigimos un alto a las Desapariciones forzadas! ¡¡Porque Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!

¡Exigimos un alto a los Feminicidios y procesos judiciales a los asesinos! ¡Ni una más, ni una asesinada más!

Red Europa Zapatista

11 de Junio 2026

Firmas:

20ZLN. Italia

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista. Grecia

Assemblea de Solidaritat amb Mèxic-ASMEX. País Valencià, Estado Español

Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai. Barcelona, Catalunya

Associazione Ya Basta! Édî bese. Italia

Batec Zapatista. Barcelona, Cataluña

Café Libertad Kollektiv. Hamburgo, Alemania

Cafez. Lieja, Bélgica

Cal Cases. Cataluña

Caracoleras de Olba. Olba, Teruel, Estado Español

CAREA e.V. Alemania

Centro de Documentación sobre Zapatismo. Cedoz. Estado Español

Colectivo Armadillo Suomi. Finlandia

Colectivo Calendario Zapatista. Grecia

Colectivo Ramona. Chipre

Collettivo Zapatista Lugano. Suiza

Comitato Chiapas Maribel. Bérgamo, Italia

Comité de solidaridad con Latinoamérica (LAG) – Chiapasgruppa LAG. Oslo, Noruega

Confederación General del Trabajo – CGT. Estado Español

Cooperazione Rebelde Napoli. Italia

CSPCL, París, Francia

Espoir Chiapas. Francia

Frankfurt International. Alemania

Gira Zapatista Holanda. Holanda

Grupo México del Foro Internacional. Dinamarca

Gruppe B.A.S.T.A. Munster, Alemania

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista, Hamburgo

Lumaltik Herriak. País Vasco

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala.

Mut Vitz 13. Marsella, Francia

Mut Vitz 31. Toulouse, Francia

Mut Vitz 34. Francia

Nodo Solidale Roma. Italia

Pallasos en Rebeldía. Estado Español

Quinoa. Bélgica

Red de Rebelión. Alemania

Red Ya-Basta-Netz. Alemania

Silbo Zapatista. Estado Español

Solidaridad Directa Chiapas. Suiza

Tatawelo. Italia

Terra Insumisa Alcamo / Sicilia Sud Globale. Sicilia, Italia

TxiapasEKIN. País Vasco

Union Syndicale Solidaires

USI 1912 Italia e Usicons aps Italia

Y Retiemble. Madrid, Estado Español

Ya Basta Bolonia. Italia

Ya Basta Milano. Italia

Ya-Basta-Netz, Alemania

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

_{En portada: Mujeres acompañan la marcha fúnebre de los tres policías de la CRAC-PC Pueblos Fundadores que fueron sepultados el 20 de mayo en el panteón de Alcozacán, en medio de la violencia contra comunidades nahuas de Chilapa. Foto: Lenin Ocampo Torres.}

Integrantes de la Misión de Observación Sexta (MCO Sexta) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron que comunidades nahuas en el estado de Guerrero enfrentan desplazamiento forzado y destrucción de viviendas, cultivos y espacios comunitarios tras los ataques armados atribuidos al grupo criminal de “Los Ardillos”, suscitados desde los primeros días de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa.

Este miércoles (27), mediante conferencia de prensa titulada “Criminalización, exterminio y graves violaciones a los derechos humanos en las comunidades de la montaña baja de Guerrero”, la Misión presentó los primeros hallazgos tras las agresiones contra los pueblos indígenas organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC Pueblos Fundadores).

Acorde a la documentación y testimonios recogidos por la Misión, los ataques fueron realizados con drones y armas de alto poder que destruyeron cultivos y viviendas. En su recorrido registraron municiones de distintos calibres, incluso de armamento de uso exclusivo del ejército; casas y milpas quemadas, animales muertos y comunidades, como Tula, completamente vacías por el miedo de sus habitantes frente a las agresiones armadas. En dicha comunidad, resaltaron que no existen condiciones para el retorno inmediato, “no hay ni un habitante. No hay condiciones, quemaron todo”, afirmaron durante la conferencia.

“Entraban y destruían todo lo que poseían las familias en la comunidad. Era una saña impresionante por aniquilar y que nunca más esto se pudiera poblar nuevamente, su objetivo estaba muy claro”, detalló Malinalli Vega, integrante de la Misión. Integrantes del CNI, que también participaron de la Misión, denunciaron que fueron testigos de un ataque sistemático contra el territorio de los pueblos originarios, agresiones contra “lo que nos hace ser como pueblos, nuestra historia, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de organizarnos, nuestro trabajo”.

Por su parte, la abogada Karla Zamora denunció que el trabajo de la Misión evidencia que no existe por parte del Estado ningún seguimiento a la violencia generalizada contra las comunidades nahuas. Zamora destacó que, pese a la gravedad de las agresiones que calificó como “crímenes de lesa humanidad”, a la fecha no existen investigaciones por parte de las autoridades de ningún tipo, “no hay carpetas de investigación, no hay periciales, no hay detenidos”.

Además, cuestionó la postura del gobierno federal, el cual ha difundido que se trata de un conflicto entre comunidades y que por ello realizará mesas de diálogo. “¿Diálogo con quién? ¿diálogo con los grupos narcoparamilitares?, ¿de qué clase de gobierno estamos hablando, cuando están hablando de de negociar con los grupos del narco?”, inquirió la abogada, para quien la versión oficial es una mentira.

Desprotección

Durante su intervención, la abogada también exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas restituir las medidas a promotores comunitarios de las poblaciones atacadas, así como atender solicitudes pendientes, debido a que la falta de respuesta institucional ya ha derivado en asesinatos, como en el caso de Isaías,promotor comunitario de Tula.

“A él lo asesinaron cuando había solicitado también la incorporación al mecanismo y no se la dieron argumentando que eso era lo que se vivía diariamente en Guerrero; la violencia, una violencia que ya es estandarizada para ellos”, denunció Zamora.

Aunado a estos casos, los integrantes de la Misión también evidenciaron que, pese haber solicitado acompañamiento oficial para ingresar a las comunidades atacadas, conforme a los requisitos del protocolo del Mecanismo de Protección, la respuesta negativa les fue comunicada apenas un día antes del recorrido. Aún cumpliendo con la entrega de la solicitud, con cinco días de anticipación para que las autoridades del estado de Guerrero coordinara con fuerzas de seguridad para el acompañamiento de la Misión, finalmente no se otorgó la protección a los observadores.

Incluso, el profesor Jesús Cuéllar denunció que la Secretaría de Gobernación difundió la versión de que la Misión negó el acompañamiento, al publicar un video editado en el que se les presenta como si hubieran rechazado las medidas de seguridad. Según Cuéllar, lo que pidieron fue que militares y elementos de seguridad se retiraran de la cancha comunitaria de Alcozacán porque habría una asamblea y niñas y niños estaban usando ese espacio, fragmento que fue recortado y difundido sin contexto por parte del gobierno federal para hacer creer que la Misión rechazo las medidas de seguridad.

Pese a los alegatos del gobierno estatal, que argumentó que no contaban con los elementos de seguridad, integrantes de la Misión registraron una fuerte presencia del ejército, Guardia Nacional y policías en la cancha y la comisaría de Alcozacán, así como a la salida de Tula donde atestiguaron un despliegue de más de 40 camionetas de militares pese a que previamente se les había negado el acompañamiento. “Nos dimos cuenta que no querían que entráramos”, sostuvo Cuéllar.

Narcoparamilitares

Ante el cuestionamiento de reporteros sobre por qué calificar al grupo de “Los Ardillos” como un grupo narcoparamilitar, la Misión aseveró que se debe a factores como el tipo de armamento utilizado, la forma de atacar, así como la planeación y estrategia utilizada durante las agresiones que incluyó la quema de cerros para causar terror y provocar la huida de la población.

Según la Misión, hace más de una década desde que “Los Ardillos” han presionado a las comunidades organizadas de la montaña baja de Guerrero para permitir la siembra de amapola, establecer rutas de tránsito de estupefacientes y otras actividades delictivas. Pero las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, afirmaron, se negaron a integrarse a esa estructura criminal.

Debido al rechazo, aunado a su pertenencia a la CRAC-PC Pueblos Fundadores y su defensa del territorio, colocó a las comunidades como opositores del crimen organizado en la región. “Terminan chocando con todo lo que representa el crimen organizado, en tanto que son comunidades que luchan por la defensa de la tierra, del territorio y de la vida”, aseveraron durante la conferencia de prensa.

Otro punto que resaltó la Misión es el impacto en el acceso a la educación, pues en las comunidades del CIPOG-EZ no existen condiciones para que maestros lleguen con seguridad, por lo que una de las demandas es garantizar el retorno de docentes y la apertura de un bachillerato. También señalaron que, ante el riesgo de viajar a Chilapa, controlada por “Los Ardillos”, algunas familias prefieren que niñas, niños y jóvenes no estudien o se desplacen hacia otras ciudades.

Integrantes de la Misión denunciaron además simulación gubernamental en la entrega de apoyos. Según lo documentado, las autoridades estatales difunden visitas y apoyos a comunidades afectadas, pero parte de esa ayuda se entrega en localidades vinculadas a la estructura criminal de “Los Ardillos”, cuando se presenta públicamente como atención a Alcozacán y otras comunidades atacadas por el grupo narcoparamilitar.

Miembros del Congreso Nacional Indígena enfatizaron que lo ocurrido en Guerrero forma parte de un patrón más amplio de agresiones contra pueblos organizados en México, tal como ocurre en Ostula y Sevina en Michoacán, San José Chiapa en Puebla y El Salto, Jalisco. “El mensaje que vemos del capital es que cualquiera que se niegue a ser esclavo va a padecer esta injusticia desde arriba”, sostuvieron.

Actualmente la Misión prepara un informe amplio con entrevistas, testimonios y documentación derivada de su labor, mientras las comunidades exigen la implementación de medidas de seguridad para su retorno, la investigación de los ataques y la restitución de las medidas de protección frente a la estructura criminal que acecha sus territorios.

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS FIRMANTES DE UNA DECLARACIÓN POR LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS Y COLECTIVOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN DE LA SEXTA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MÉXICO Y AL PUEBLO DE GUERRERO

23 DE MAYO DE 2026

A los corazones de México y del mundo, a quienes sienten nuestro dolor y escuchan con respeto. A quienes abrazan la vida y defienden a la madre tierra.

Nuestra casa se viste nuevamente de horror, de llanto, de indiferencia y se presagia el olvido de siempre a quienes vivimos siglos de desprecio, racismo, represión y despojo. Ya nos cansamos de la burla con palabras en español, con falsos salvadores, promesas de fotografía para sostener la muerte en forma de crimen organizado.

Hemos visto, escuchado y sufrido en carne propia el dolor

Los pueblos de la Montaña Baja de Guerrero decimos ¡ya basta!

¡basta de tanto dolor y de tanta muerte!

Pero también decimos basta de tanta indiferencia y desprecio.

Porque al mismo tiempo que los grupos criminales nos atacan, nos matan, aterrorizando a nuestros niños a nuestras niñas, los malos gobiernos se ríen de nuestro sufrimiento y sólo nos miran cuando están obligados a mirarnos, ya sea por su interés cuando hay elecciones o por su carrera política cuando nuestras muertes se convierten en noticia.

¿Acaso no tienen derecho los abuelos y las abuelas a vivir en paz?

¿Acaso solo importan las mujeres de la ciudad, esas que dicen que llegaron junto a la presidenta al poder?

¿Es que no les interesa que nos maten?

¿O creen que con sus programas sociales la violencia criminal va a terminar?

¿Por qué piensan que Los Ardillos no nos volverán a atacar si su organización no ha sido tocada, investigada, desarticulada?

A nosotros y nosotras nos queda muy claro que lo que hemos vivido durante más de 10 años y que se replicó el pasado 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, es una guerra de exterminio en nuestra contra. Eso lo podemos entender, porque el crimen organizado de eso vive, de despojar, de explotar, extorsionar y usar la tierra como mercancía, la maltrata porque en ella siembran amapola o sea que siembran violencia. Usan la tierra para hacer caminos para envenenar a los jóvenes con sus drogas, o sea para trasladar la muerte. Destruyen a la tierra y con ella destruyen la vida.

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A los medios de comunicación
A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
A las organizaciones sociales, pueblos, colectivos y redes solidarias
A la opinión pública nacional e internacional

Las organizaciones, colectivos, redes y personas abajo firmantes denunciamos públicamente la grave omisión del Estado mexicano frente a la situación de riesgo que enfrenta la Misión Civil de Observación que se dirige hacia la Montaña Baja de Guerrero, particularmente a la comunidad de Alcozacán, donde comunidades indígenas han sufrido ataques armados, desplazamiento forzado y graves violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo con la información compartida por integrantes de la misión, la autoridad federal se había comprometido a brindar acompañamiento y medidas de seguridad para garantizar el ingreso seguro de la Misión Civil de Observación. Sin embargo, este 22 de mayo, cuando la misión se encontraba a unos minutos de llegar a Tlapa, fue notificada de que no habría acompañamiento de corporaciones de seguridad del Estado.

Este incumplimiento coloca en riesgo directo la vida e integridad física, psicológica y política de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, observadores nacionales e internacionales y acompañantes solidarios que participan en esta misión.

Por ello, señalamos con toda claridad:

Hacemos responsable al Estado mexicano y a sus tres niveles de gobierno de cualquier agresión, amenaza, hostigamiento, intimidación, daño físico, psicológico o ataque armado que puedan sufrir las y los integrantes de la Misión Civil de Observación.

La historia reciente de México nos obliga a levantar la voz con urgencia. No podemos olvidar la agresión contra la Caravana Humanitaria hacia San Juan Copala, donde fueron asesinados la defensora de derechos humanos Bety Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Aquella tragedia mostró que la omisión del Estado, la falta de garantías de seguridad y la tolerancia frente a grupos armados pueden terminar en muerte.

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22 de mayo de 2026

Hermanos y hermanas de México y del mundo:

Nuevamente las autoridades federales, estatales y municipales traicionan su palabra.

La autoridad federal se había comprometido a brindar el acompañamiento a la Misión Civil de Observación que conformamos y que se dirige rumbo al territorio de la Montaña Baja de Guerrero, especialmente a la comunidad de Alcozacán, donde sus habitantes sufrieron ataques del grupo narco-paramilitar los ardillos el pasado 11 de mayo, en el contexto de los ataques a la comunidad de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán iniciados el 6 de mayo y que tuvieran como consecuencia el desplazamiento de mas de 1000 personas. Éstas, se refugiaron en Alcozacán, comunidad que a su vez sería atacada el 11 de mayo y que provocaría un desplazamiento mayor, de las personas que se llegaron a refugiar ahí de las tres comunidades atacadas y desplazadas previamente, más los habitantes del Alcozacán, contabilizando mas de 2000 desplazados.

Con el objetivo de documentar las graves violaciones a los derechos humanos y acompañar a las comunidades, se formó una Misión Civil de Observación, conformada por distintas organizaciones, periodistas, compañeros nacionales e internacionales observadores de Derechos humanos.

Sin embargo, a las 10 am de este 22 de mayo, a 40 minutos de llegar a Tlapa, para encontrarnos con los compañeros del Centro de derechos humanos Tlachinollan y con las corporaciones del Estado que brindarían el acompañamiento a la MCO-S, Jesús Plácido, promotor del CIPOG-EZ, fue notificado que no habría ningún acompañamiento de alguna corporación de seguridad del estado. Lo mismo fue notificado al Centro de derechos humanos Tlachinollan, así como a los beneficiarios del Mecanismo de Protección a Defensores de derechos humanos y Periodistas.

Nuevamente lo decimos, el Estado Mexicano mintió, pues se había comprometido a acompañar esta Misión, darle protección y que pudiera llegar a Alcozacán a cumplir con sus objetivos.

Por lo tanto, resposabilizamos al Estado Mexicano y a sus tres niveles de gobierno por cualquier cosa que suceda y que ponga en peligro la integridad de quienes conforman la Misión Civil de Observación.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a denunciar, de acuerdo a sus modos y formas, al estado criminal y a exigir que se brinden las garantías de seguridad para su llegada con seguridad a la comunidad de Alcozacán.

Atentamente:

Congreso Nacional Indígena
Misión Civil de Observación Sexta.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
NODHO Derechos Humanos
Raices en Resistencia
Juventud Comunista de México
Partido de los Comunistas
Geo-Grafías Comunitarias
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes
Organización Campesina de la Sierra del Sur
Brújula Roja
Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX
Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
Xochitlanezi del Común Radio Zapote
Voices in Movement

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A las Redes de Rebeldía y Resistencia
A la Europa Insumisa
A los Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación.
Al pueblo de México
Al pueblo de Guerrero.
A quienes en el gobierno federal y en el gobierno estatal de Guerrero, les quede un poco de sentido común.

20 de mayo de 2026.

Hermanos, hermanas de México y del mundo:

1. Durante los ataques que vivimos en las comunidades de Alcozacán, Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, nuestras comunidades llamaron a las autoridades del estado, pues los drones caían, las armas retumbaban por todo el territorio y no hubo autoridad que se presentara durante los ataques. La Base de Operaciones Interinstitucional fue desocupada por el ejército, la GN y la policía Estatal, las comunidades se quedaron solas. Cuando por fin alguna camioneta del Ejército o de la GN aparecía, era solo para observar como éramos atacados y se retiraban. Lo mismo ocurrió con el Subsecretario de desarrollo político y social Francisco Rodríguez Cisneros, quien el 11 de mayo llegó al Crucero del Jagüey y desde ahí, junto a los agresores (Paz y Justicia, grupo integrado por los ardillos), informó que ya estaba resolviendo la situación, mientras, dentro de las comunidades, seguían los disparos, ataques con drones y el desplazamiento forzado.

Es en este contexto que algunos integrantes de nuestras comunidades, con el desconocimiento de las autoridades de éstas y de los promotores del CIPOG-EZ, elaboraron diversos videos expresando su dolor y desesperación, e incluso en dos o tres videos aislados, algunas mujeres poden la intervención del presidente de EEUU., Donald Trump.

Considerando la historia de lucha de nuestras comunidades y los principios del CIPOG-EZ y la CRAC-PC-PF, reiteramos nuestra solidaridad con la justificada desesperación de nuestras compañeras, pero rechazamos y hacemos el deslinde firme del contenido de dichos videos, en los que se pide el apoyo de un presidente y un gobierno que siempre ha buscado el sometimiento  imperial de nuestros pueblos y de los pueblos del mundo.

Por último, reiteramos que tales expresiones no representan la postura del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF respecto a Trump, personaje genocida que anda por el mundo sembrando muerte y destrucción.

Lo decimos con mucha claridad y fuerza:

¡NI YANQUIS NI NARCOESTADO, QUE VIVA EL PUEBLO ORGANIZADO!

2. En los últimos ataques que sufrimos en nuestras comunidades, de la Montaña Baja de Guerrero, Tula, Xicotlán, Acahuehuetán y Alcozacán, que forman parte del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, iniciados el 6 de mayo de 2026, el gobierno federal en voz de Omar García Harfuch, con información que le fue proporcionada por el estado de Guerrero dijo que los ataques con drones y armas de alto poder, eran resultado de enfrentamientos entre los Ardillos y los Tlacos. No nos sorprendió y sabíamos que esta narrativa venía del Gobierno Municipal de Chilapa, municipio al que pertenecen las 4 comunidades atacadas, encabezado por Mercedes Carballo Chino, cuñada de Ivan Ortega Jiménez, líder de los Ardillos. La cadena de mando del Estado es tan simple e ingenua, a saber: frente a los ataques en las comunidades del municipio de Chilapa y al convertirse en noticia internacional, la presidenta Sheinbaum le pregunta a la gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado por los hechos, quien a su vez le pregunta a Mercedes Carballo Chino presidenta municipal de Chilapa, quien a su vez responde que todo está en orden, bajo control y que es un enfrentamiento entre criminales.

Sin investigación y con nulo sentido común, ignoraron a los más de 2000 desplazados, casas quemadas, cortes de luz, autos quemados, animales asesinados, 6 muertos que se suman a la larga lista de 76 muertosy 25 desaparecidos, abuelas, abuelos, niños, niñas huyendo a las cuevas y barrancas en los montes, todas éstas víctimas, parte del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF. A estas víctimas se les acusan de ser parte de un grupo delincuencial.

Mientras tanto, los ardillos, los agresores, siguen impunes, sin investigaciones y con toda la estructura criminal intacta. Por lo tanto, no aceptamos que se nos diga que pertenecemos a un grupo criminal, cuando nuestras comunidades han sido las víctimas del exterminio durante ya más de 10 años. No aceptamos que del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF se diga algo semejante, pues estas nuestras organizaciones se han enfocado en la salvaguarda de la vida y del territorio; por anterior, nos deslindamos con firmeza de cualquier vínculo con cualquier organización criminal, sean los Tlacos o cualquier otro grupo.

Sin más, seguiremos resistiendo, sin rendirnos, sin vendernos, sin claudicar.

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FRENTE AL DESPRECIO DEL ESTADO, A LA COMPLICIDAD SHEINBAUM-EVELYN-SALGADO-MERCEDES-CARVALLO-CHINO, LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD Y ANUNCIAMOS LA VISITA DE UNA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN, A LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS DE LA MONTAÑA BAJA DE GUERRERO.

Al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

A las Redes de Rebeldía y Resistencia

A la Europa Insumisa

A los Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.

A los medios de comunicación.

Al pueblo de México

Al pueblo de Guerrero.

A quienes en el gobierno federal y en el gobierno estatal de Guerrero, les quede un poco de sensibilidad, humanidad y sentido común.

18 de mayo de 2026.

Tras 6 días de ataques, a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, Tula, Xicotlán, Acahuehuetán y Alcozacán, que forman parte del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, iniciados el 6 de mayo de 2026, tras la presión internacional y nacional de colectivos, organizaciones, académicos y centros de derechos humanos, el gobierno mexicano tuvo que rehacer su narrativa de “no pasa nada”, “son solo 76 desplazados”, “son 96 desplazados”, “son 200 desplazados”, transitando hacia el reconocimiento de un conflicto menor, pero acomodado como un conflicto entre grupos delincuenciales.

El gobierno mexicano asistió a la zona atacada después de que permitieron el desplazamiento de más de 2000 personas de sus comunidades, que fueron atacadas con armas de alto poder y drones; es obvio que esos ataques ocurrieron, por que lo permitieron las corporaciones de seguridad y que los municipios, principalmente el de Chilapa encabezado por mercedes Carballo Chino, no dio aviso sobre la situación, encubrieron a los atacantes. Destacamos la lamentable actuación del Subsecretario de desarrollo político y social Francisco Rodríguez Cisneros, que todo el tiempo minimizó los ataques, dialogó con los atacantes y no contuvo ni mucho menos enfrentó a los agresores, argumentó que fue retenido el 11 de mayo en el Crucero del Jagüey y no llegó a las comunidades que estaban bajo ataque, el mismo día, el gobierno federal anuncia que ya están atendiendo la situación, el mismo día que atacaban Alcozacán (de más de 1200 habitantes), comunidad a la que se fueron los desplazados y de donde tuvieron que huir a la montaña, a las cuevas y barrancas.

Es lamentable que el gobierno mexicano insista en criminalizar a las comunidades agredidas, creando la versión del “enfrentamiento entre grupos criminales” para explicar el desplazamiento de más de 2000 personas, los ataques con drones y armas de alto poder, del grupo criminal los ardillos contra niñas, niños, abuelas y abuelos pertenecientes a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. Resulta aún más absurda la versión de Omar García Harfuch, cuando estas comunidades, (que además de pertenecer al CIPOG-EZ, también constituyeron su propio sistema de justicia que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores, CRAC-PC-PF), llevan más de 10 años pidiendo seguridad, instalación de retenes, Bases de Operaciones Mixtas, ahora Interinstitucionales (BOI), para evitar los ataques de los ardillos. Lo único que podemos observar, es a un grupo criminal, disparando, asesinando, secuestrando, traficando, desplazando, perfeccionando sus ataques, expandiendo su territorio, extorsionando a la población y lo más lamentable, observamos que este grupo, es protegido por los gobiernos municipales, estatal y ahora por el gobierno federal.

¿Pueden explicarnos porqué el ejército, Guardia Nacional y policía estatal desapareció del retén que tenían en Tula cuando comenzaron los ataques de los ardillos, permitiendo que éstos instalaran una trinchera a 200 metros del retén de la Base de Operaciones Interinstitucional para desde ahí disparar a la comunidad de Tula?

¿Pueden explicarnos por qué no hay ninguna investigación federal contra el proceder de las presidenta municipal de Chilapa Mercedes Carballo Chino, por su relación familiar con Celso Ortega Jiménez, máximo líder del grupo paramilitar los ardillos y el desvío de recursos del Ramo 33 destinado a las comunidades que les ha sido negado a las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, así como por las nulas investigaciones, desarticulación y detención del grupo criminal Los ardillos? ¿No es evidente que existe una estructura criminal que va desde los ardillos, su rostro más sanguinario y visible, hasta las corporaciones de in-seguridad, policías municipales, estatales, fiscalía, jueces, se sigue hacia los municipios y todo el espectro político estatal y remata en los monopolios comerciales controlados también por el grupo criminal? No omitimos la colusión de la alta jerarquía de la iglesia católica de Guerrero, encabezada por el canciller de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa Jorge Amando, que se atrevió a decir que los desplazados quemaron sus carros y sus casas, que se desplazan solos, que las víctimas no son víctimas, que se victimizan porque ya no son católicos.

Es aún más increíble que conociendo lo anterior, el gobierno federal sostenga a la estructura criminal. El Estado Mexicano pretende sostener su imagen de pulcritud y corrección política a base de mentiras y encubrimiento, Guerrero es el ejemplo claro, donde el gobierno del estado y los gobiernos municipales, están infiltrados por la delincuencia organizada y Claudia Sheinbaum responde a los cuestionamientos que se le hacen en las mañaneras sobre las agresiones a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero “nos estamos coordinando con el gobierno del estado”; Evelyn Salgado responde, “ya le encargamos a los gobiernos municipales” y éstos responden que lo están checando pero que no habrá diálogo con organizaciones no reconocidas por el Estado (en clara alusión al CIPOG-EZ y a la CRAC-PC-Pueblos Fundadores, las únicas organizaciones que han salvaguardado la vida de los pueblos), mucho menos detenciones y desarticulación del grupo criminal los ardillos ¿a caso ellas son parte de los ardillos?

Las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, se han resistido a entregar el territorio para las actividades criminales de los ardillos (tránsito, consumo, venta, siembra de estupefacientes, extorsión, cobro de piso, secuestro), han creado su sistema de justicia propio y su toma de decisiones es de forma asamblearia, fortalecen su proceso político para no depender de las decisiones políticas de personas ajenas a las comunidades, sean partidos políticos o grupos criminales. Por eso sabemos que los ataques al CIPOG-EZ y a la CRAC-PC-PF, están dirigidos a la destrucción de sus aspiraciones de vivir con dignidad y construir un mundo donde la paz, la justicia y libertad, no sean un botín administrado por el poder, sino una realidad lograda por los propios pueblos; están dirigidos a la apropiación del territorio, pues mientras los grupos criminales lo ven como mercancía, los pueblos despliegan su existencia, tejen sus dinámicas y relaciones, construyen sus identidades y cosmovisiones, cuidan y valoran la relación indisoluble entre la tierra, el Territorio y todo lo que en ella existe.

Por tanto, alejados de la política de arriba, donde se acusan de ser de derecha, izquierda, centro y todas sus combinaciones, de ser prianistas o comunistas; arriba donde le hacen homenajes a Hernán Cortés o donde se le exigen disculpas a los españoles por la conquista; arriba donde se acusan de ser salinistas (sea por Gortari o por Pliego) o Lopezobradoristas; de estar con la dictadura o con los genocidas Trump-Netanyahu. Arriba donde todos y todas, se olvidan del pueblo. Nosotras y nosotros, desde los territorios y desde nuestra humanidad vemos con claridad la nueva guerra de conquista que se viven en el país y que se agudizarán. Las zonas de sacrificio hoy en día no sólo incluyen a la tierra, al medio ambiente, sino a los seres humanos que las habitan. Estamos frente a una guerra de exterminio, destrucción y despoblamiento, que aspira a la reconstrucción y repoblamiento bajo las reglas de los grupos criminales, políticos y empresariales. nos queda claro que como explicaron los hermanos y hermanas del EZLN:

“Cada bomba que cae en Gaza, cae también en las capitales y las principales ciudades del mundo, sólo que todavía no se han dado cuenta. De los escombros nacerá el horror de la guerra de mañana”.

Frente a este escenario, medios de comunicación, periodistas, organizaciones y colectivos, centros de derechos humanos, observadores nacionales e internacionales, estaremos acudiendo a realizar una Misión Civil de Observación, sobre la situación actual de los pueblos, de los desplazados, de las víctimas que han sido tratadas con desprecio por el gobierno mexicano, que no fue capaz ni siquiera de entender la importancia del idioma como puente entre los pueblos y entonces la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez, fue a hablar y a hablar y a hablar, como si estuviera en un acto de campaña. Fue a afirmar que ya había acuerdos, sin entender el modo asambleario y sin entender que las problemáticas son profundas; sin distinguir entre víctimas y victimarios, al final las víctimas fueron tratadas como victimarios, ellos bloquearon, ellos dispararon, ellos se desplazaron porque se dispararon y se autobloquearon ¿y los ardillos? ¿y la complicidad de las autoridades políticas y de seguridad?

Por tanto, desde el Congreso Nacional indígena, junto a las organizaciones y colectivos que conforman la MCO-S, llamamos a las personas de buen corazón a quienes el dolor ajeno no les es indiferente a acompañar esta Misión Civil de Observación desde sus geografías y de los modos y formas que decidan. Esta MCO-S se realizará entre los días 22 y 24 de mayo, en las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, donde documentaremos la situación que vivieron y que siguen viviendo, pues prácticamente fueron obligadas por el gobierno del estado y del municipio a volver a las comunidades de las que fueron desplazadas, a pesar de que sigue existiendo temor y sobre todo el riesgo de ser atacados.

Responsabilizamos desde ahora al gobierno federal, estatal y municipal, de cualquier situación que ocurra a quienes acompañaremos esta Misión Civil de Observación.

Atentamente: 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN-SEXTA

Desde el Congreso Nacional Indígena seguimos denunciando, tantas veces como sea necesario, la guerra contra nuestras compañeras y compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata en la Montaña Baja de Guerrero.

Desde el pasado 6 de mayo no han cesado los ataques directos perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos. Frente a ello, ha comenzado a circular la versión de que se trata de un conflicto entre grupos criminales. Rechazamos tajantemente estas versiones, pues forman parte de la criminalización que históricamente los gobiernos y los grupos de poder han construido contra los pueblos que resisten y defienden la vida, el territorio y la autonomía.

Llamamos a denunciar esta guerra y a no dejar de exigir garantías de protección para las comunidades afectadas. Para que las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ puedan continuar resistiendo y permaneciendo en su territorio, es indispensable fortalecer la solidaridad económica.

Convocamos a colectar y aportar lo mucho o lo poco que esté en nuestras posibilidades, para sostener la resistencia de las comunidades del CIPOG-EZ.

Quienes deseen sumarse a esta campaña pueden realizar depósitos o transferencias a la cuenta de finanzas del Congreso Nacional Indígena con los siguientes datos:

Banco: BBVA México

Número de cuenta: 0113643034

CLABE: 012540001136430347

Código SWIFT: BCMRMXMMPYM

Sucursal: 1769

Nombre: CIENCIA SOCIAL AL SERVICIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Debido a que actualmente también se encuentra en marcha la campaña de solidaridad económica rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, les pedimos enviar un correo a cnicomunicacion@gmail.com notificando sus depósitos o transferencias y especificando que el motivo del apoyo es: CIPOG.

Atentamente

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

15 de mayo de 2026.

Sin haberse repuesto este país de la pesadilla que han significado los bombardeos del grupo criminal los ardillos sobre comunidades nahuas del municipio de Chilapa, Guerrero; y de la complicidad y omisiones exhibidos por el gobierno en todos sus niveles; ahora nos enteramos con azoro que la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero, ha sido atacada por dicho grupo criminal con armas de alto poder, drones y bombas desde hace 22 días, lo que ha provocado el asesinato de dos de sus habitantes, la destrucción de una gran cantidad de viviendas y el desplazamiento de cientos de personas hacia los cerros.

Esta despiadada destrucción se ha dado con la complicidad del presidente municipal de Atlixtac, GUILLERMO MATÍAS MARRÓN, integrante de los ardillos, pertenencia criminal que se da en la mayor parte, sino es que la totalidad, de los presidentes municipales de la Montaña Baja y la Montaña Alta de Guerrero; con la actitud omisa de la gobernadora del estado, EVELYN SALGADO PINEDA; y con la actuación criminal de FRANCISCO RODRIGUEZ CISNEROS, subsecretario de desarrollo político y social en el estado, quien en todo momento se ha dedicado a minimizar la situación o a decir que “no pasa nada”, a desinformar al gobierno federal y a acusar falsamente a la comunidad de estar coludida con grupos criminales para generar la apariencia de que se trata de un “pleito entre grupos criminales, entre ardillos y tlacos” y de este modo ocultar lo que en realidad está aconteciendo en los municipios de Atlixtac, Chilapa y buena parte de la Montaña: una violenta guerra en contra de las comunidades indígenas para desplazarlas de sus territorios, forzar su control social y despojarlas.

La comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula ha resistido por años a los ardillos, esa es la razón de tanta violencia en su contra. El 27 de octubre de 2024 tuvo lugar una asamblea de comuneros en la que una gran mayoría rechazó ingresar a la “policía comunitaria” CRAC-PC de San Juan Escalerillas, municipio de Zapotitlán Tablas, en realidad una fachada del grupo los ardillos que ha sido desconocida por todas las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero.

En dicha asamblea la comunidad exigió la presentación con vida de dos jóvenes que habían sido desaparecidos por la “policía comunitaria” de los ardillos, misma que era apoyada por CARLOS PACHECO BELLO, en ese entonces comisario de la comunidad. Durante el desarrollo de la asamblea la confrontación escaló y la policía comunitaria de los ardillos asesinó a dos comuneros; finalmente, la asamblea concluyó con la expulsión de los ardillos y de CARLOS PACHECO BELLO.

Pero, las cosas no pararon ahí: el 27 de febrero de 2025 la “policía comunitaria” de los ardillos realizó una incursión armada en la comunidad, misma que duró 10 días y que concluyó en el levantón y descuartizamiento de un campesino de la comunidad. Una nueva incursión armada se dio el 31 de diciembre de 2025 con un saldo de 2 campesinos emboscados.

El 14 de abril de 2026 los criminales realizaron una tercera incursión armada y, por primera vez, usaron drones cargados con bombas que usaron para bombardear a la comunidad durante 3 días.

Desde el 23 de abril de este año los ardillos iniciaron un cuarto ataque en contra de la comunidad, mismo que hasta el día de hoy duró 22 días, fecha en que se presentaron policías estatales y elementos de la Guardia Nacional obligados por un video realizado por la propia comunidad que se viralizó en redes. En dicho lapso murieron asesinados dos comuneros y tres más resultaron gravemente heridos, sumándose a los 19 habitantes asesinados por la “policía comunitaria” de los ardillos desde el 27 de octubre de 2024.

Actualmente las principales exigencias de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula son las siguientes:

• Desarticulación del cartel de los ardillos y de la denominada “policía comunitaria” CRAC-PC de San Juan Escalerillas.
• Castigo para los culpables del asesinato de 21 comuneros desde el 27 de octubre de 2024 a la fecha.
• Establecimiento permanente de una base de operaciones interinstitucionales cerca del pueblo, con personal suficiente y en la que participe el Ejército Mexicano.
• Creación de garantías de seguridad para el tránsito libre hacía Zapotitlán, Tlapa y Chilapa.

Hacemos responsables a la gobernadora del estado, EVELYN SALGADO PINEDA y al presidente municipal de Atlixtac, GUILLERMO MATÍAS MARRÓN, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de San Pedro Huitzapula.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de San Pedro Huitzapula y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA