En estos para algunxs días de júbilo y euforia nacional, quienes desde hace décadas resisten, caminan y alzan la voz nos han mostrado -como bien nos dicen Camila, Berenice y todxs aquellxs que han marchado estos días- la verdad más dura: si quienes buscan se cansan, este país se queda sin memoria, sin rumbo y sin futuro. México aún sigue siendo esto: dolor, individualismo, consumismo y violencia, pero también personas, colectividades y comunidades que a pesar de todo seguimos creyendo que otra vida es posible.

El mundial de la fiesta, pero también del dolor y la dignidad

Camila Zárraga

El problema muchas veces no es la falta de solidaridad. Muchas veces es el miedo. Es la cobardía con la que muchas personas han aprendido a vivir. Y, sinceramente, me resultan incómodos los mensajes que dicen que tengo un valor que los demás no tienen. No es porque no entienda; entiendo lo suficiente. Pero también estoy cansada. Porque no soy una superheroína, no soy diferente al resto. Sigo siendo una persona que marcha, habla, llora, se equivoca y tiene miedo. La verdadera valentía es otra cosa. La verdadera valentía es levantarse todos los días sabiendo que dos de los momentos más importantes de tu vida fueron el nacimiento de tu hijo y la desaparición de éste. La verdadera valentía es seguir enseñando porque amas tu trabajo, aunque no recibas lo suficiente para continuar haciéndolo dignamente. Perdí la cuenta de las veces que tuve que salir de clase para comprar un plumón y que la clase pudiera continuar porque simplemente no había presupuesto. Y, sin embargo, por primera vez en dieciocho años amé la educación. Amé a la gente con la que estudio y comparto la vida. Prefiero mil veces una escuela pública a una privada. No por la educación, porque muchas veces la educación pública también tiene problemas enormes. La prefiero por la gente. Porque si mañana me convierto en una de las decenas de personas que desaparecen diariamente en este país, muchos de mis antiguos compañeros dirían que me lo busqué por revoltosa. En cambio, la familia que construí aquí, el cariño que encontré en personas con las que jamás imaginé cruzar mi camino, movería cielo, mar y tierra para encontrarme. Es triste ver a personas que se creen ricas cuando los verdaderamente ricos ni siquiera las consideran sus iguales. Es triste verlas peleándose por un Mundial mientras en este país seguimos contando desaparecidos. Es triste admirar a personas por su trayectoria y después verlas celebrar mientras del otro lado golpeaban, detenían y humillaban a quienes salían a exigir justicia. También es triste ver cómo el obrero que debería cuidarte termina cuidando los intereses de quienes lo explotan. En el camino hacia el estadio vi avanzar a los policías. Y fue triste verlos porque también son trabajadores. Pero son trabajadores que pueden golpear, torturar o incluso matar. Perdónenme, pero por algo existe la frase: “policía con conciencia se tira un tiro”. A veces me pregunto cómo logran dormir. Cómo logran abrazar a sus madres después de haber humillado a otras madres que únicamente exigían que hicieran su trabajo. Un trabajo que tú y yo pagamos con nuestros impuestos. Un trabajo que debería evitar que existieran las madres buscadoras. Porque no es normal que existan. No es normal admirarlas. No es normal que haya mujeres recorriendo desiertos, fosas y carreteras buscando a sus hijos. Son personas a las que les arrebataron a alguien que amaban: un hijo, una hija, un hermano, una madre, un padre. Son la consecuencia de una violencia que hemos permitido normalizar.

Y, aún así, eso también es México.

México es celebrar con nuestros muertos y llorarles al mismo tiempo. Es recordarlos en una ofrenda mientras seguimos buscándolos. Es ver a jóvenes que, pese a todas las dificultades, logran acceder a una educación pública y se organizan para defender la vida, la memoria y la dignidad.

Por eso fue tan significativo marchar y cerrar Tlalpan junto a ellos. Es algo que siempre voy a agradecer. El recibimiento que nos dieron fue de las cosas más bonitas que he vivido. Ver sus rostros llenos de emoción, de esperanza y de convicción fue inspirador. Y esa emoción también empieza a regresar a mi universidad. Poco a poco, compañeras y compañeros recuperan sueños y esperanzas que durante años nos fueron arrebatados. Poco a poco volvemos a creer que podemos construir algo mejor. Y vamos a seguir luchando para que algún día la Universidad Autónoma del Estado de Morelos esté a la altura de las grandes universidades públicas del país, no por prestigio, sino por organización, participación y comunidad. Si necesitas ayuda para organizar una marcha, una denuncia o un paro, acércate a tus hermanos y hermanas del Poli. Seguramente encontrarás una mano extendida. Si necesitas acompañamiento de quienes apenas comienzan a organizarse y a defender su universidad, acércate a la UAEM. Con gusto caminaremos contigo. Porque este camino está lleno de represión, violencia, desigualdad, humillaciones y atoles con el dedo. Pero también está lleno de algo más importante: personas que, a pesar de todo, siguen creyendo que otro país es posible.

Registro visual Madres buscadoras 10/06/2026 inmediación del estadio Azteca:

Dónde no entra la justicia, entramos Nosotras

A.Berenice González Marín

Mi nombre es Berenice. A veces pienso que mi vida se ha ido armando entre búsquedas: las que acompaño desde afuera y las que me atravesaron desde adentro. Antes de integrarme a la colectividad de acompañamiento a madres buscadoras y a familias de víctimas de feminicidio, Existimos porque Resistimos, ya había recorrido ese territorio con mi propia madre, entre 2017 y 2018, cuando buscábamos a mi hermana y a mis sobrinos. Desde entonces entendí que la desaparición no es un hecho aislado: es un modo de respirar, una forma de sostenerse cuando el mundo se rompe.

Mis estudios en humanidades nacieron del deseo de comprender las desigualdades y violencias con las que crecí, pero también de la necesidad urgente de aprender a resistirlas conscientemente. La academia llegó después, como una herramienta; pero la formación verdadera, la que se queda en el cuerpo, vino de las calles. En los últimos diez años he aprendido más en los plantones que en los seminarios; más en las fiscalías que en las bibliotecas; más escuchando a una madre narrar la vida de su hija mientras esperamos que alguna institución nos reciba, que en cualquier clase sobre teoría del Estado.

Acompañar significa estar cuando se toman las calles, cuando se cierran avenidas, cuando se levantan mantas frente a edificios que parecen sordos. Significa caminar juntas hacia una fiscalía que promete recibirnos “en un momento” y nos deja esperando horas. Significa sostener la mirada cuando una madre abre la carpeta de investigación y encuentra más sellos que respuestas. Significa escuchar, una y otra vez, historias que deberían estremecer al país entero, pero que muchas veces solo conmueven a quienes ya están rotas.

Ese 11 de junio de 2026, mientras el país miraba hacia el Estadio Azteca como si ahí comenzara algo nuevo, algunas llegamos desde otro lugar: desde años de búsquedas, de fiscalías, de calles tomadas, de historias que no caben en ningún festejo. Donde no entra la justicia, entramos nosotras, y ese día no fue la excepción. La inauguración del Mundial prometía espectáculo, y lo hubo para unos cuantos, para otras y otros mostró, y que casi no apareció en los medios, la fuerza con la que el Estado encapsula la memoria. Entre vallas, cierres y filtros imposibles para las madres buscadoras, una madre de víctima y yo logramos avanzar por las grietas del dispositivo de seguridad, filtrándonos con la terquedad de quienes saben que la ausencia también merece un lugar en el centro de la fiesta, aunque en ese momento no lo entendiéramos del todo. Porque, a pesar de la experiencia en las calles, seguimos siendo ajenas a la lógica del Estado sobre quién puede entrar, cómo y desde dónde, especialmente en un evento como el Mundial.

No es difícil llegar al Estadio Azteca. Desde temprano, los alrededores se llenan de vendedores que acomodan camisetas y trompetas de plástico. El ambiente ya huele a fiesta antes de que empiece. Pero ese día, yo no iba hacia la celebración: me había quedado de ver en Paloma de la Paz con la mamá de una víctima de feminicidio. Acordamos encontrarnos a las 6:30 de la mañana para tomar uno de esos carros particulares que, por sesenta pesos, te llevan a la Ciudad de México. A mí me parecía tarde para un día que prometía caos, pero entendí sus tiempos, sus responsabilidades y su presupuesto.

Al subir al carro, ella comenzó a conversar con otro pasajero y con los dueños del vehículo. No era charla casual: estaba tanteando el terreno, tratando de entender el panorama. Al llegar a la caseta nos enteramos de que estaban haciendo retenes para identificar a quienes iban a protestar. Sentí un poco de inquietud, una mezcla de incertidumbre y alerta. Lo peor que podía pasar era que me detuvieran por llevar una manta de desaparecidos y que ella avanzara sola. Legalmente no podían impedirnos el paso, pero sí podían retenernos durante horas “por seguridad”, como suelen justificarlo.

Eso no ocurrió. Solo estaban deteniendo autobuses. Afortunadamente, yo iba en un carro particular.

Los jóvenes con los que íbanos en el vehículo, amables, le dieron varias rutas posibles para llegar al estadio sin quedar atrapadas en las manifestaciones o en los cierres. Yo, más dispersa, intentaba contactar a otras madres buscadoras, pero no lograba comunicarme con nadie. Así que decidimos seguir las recomendaciones que nos habían dado.

Aun así, hicimos una parada en Ciudad Universitaria, donde se había anunciado que habría un punto de reunión para madres buscadoras. Llegamos y no había señal de ellas. El personal de seguridad insistía en que estaban esperando una concentración, pero no vimos a nadie. Sin darle demasiadas vueltas, tomamos transporte público rumbo al Estadio Azteca.

En el trayecto vimos varias opciones para llegar. Una camioneta ofrecía llevarte de CU al estadio por 150 pesos, cuando normalmente el pasaje cuesta siete pesos. Ese espacio estaba lleno de extranjeros. La mamá observó la escena, eligió a la persona que le inspiró más confianza y se acercó. Le explicó que necesitaba llegar al estadio porque era madre de una víctima. No fue la única vez que lo hizo. Pocos se negaron a ayudarla; la mayoría le respondió con indicaciones precisas: dónde estaban encapsulando a las madres, por qué accesos podíamos avanzar sin que la seguridad nos detuviera, qué transporte tomar, en qué punto bajarnos, cómo mezclarnos entre la multitud para no llamar la atención.

Algunos incluso nos dieron consejos por si la autoridad se ponía violenta y hasta nos explicaron qué podían y qué no podían legalmente impedirnos. Era una mezcla extraña: por un lado, el país del espectáculo; por el otro, el país que sobrevive compartiendo rutas, advertencias y estrategias para sortear la violencia institucional.

Mientras tanto, alrededor nuestro, familias enteras avanzaban con paso ligero, como si la emoción les marcara el ritmo. Había risas, selfies, niños con la cara pintada. Todo parecía diseñado para que la fiesta empezara antes de cruzar los torniquetes. Nosotras, en cambio, avanzábamos con otra urgencia: llegar sin ser detenidas, sin ser encapsuladas, sin que la memoria fuera expulsada del perímetro del estadio.

Y llegamos. No nos dimos cuenta del todo hasta que estábamos a escasos metros de la entrada. Pasamos cada filtro sin que nadie nos detuviera, recibimos la bienvenida sin entenderla, y de pronto nos preguntamos: ¿es aquí? ¿Este es el último filtro? ¿Dónde están las madres, dónde están los pueblos que luchan? Por un momento pensamos que ya solo quedaba regresarnos.

Sacamos la lona de desaparecidos y la foto de la hija de mi compañera. Éramos dos frente a miles que venían a celebrar el Mundial y frente a un dispositivo de seguridad que no esperaba vernos ahí. Caminamos unos metros con la idea de dirigirnos hacia Taxqueña para volver a nuestro estado. Íbamos en sentido contrario al desfile de inauguración. La escena era irreal: un México sin feminicidios ni desapariciones, un México sin dolor, sin cuerpos descompuestos en SEMEFOS ni fosas. Un país que mostraba su rostro más bonito mientras ignoraba cómo duele el corazón por la violencia.

Vimos a varios medios de comunicación. Escuché dos veces que la mamá me decía que sacara la lona y me colocara detrás de los reporteros. La escuché, pero no me atreví al principio. Hasta que sus palabras dejaron de ser sugerencia y se volvieron decisión. Sacamos la manta y nos colocamos detrás de cada reportero que encontramos. Algunos se detuvieron a entrevistarnos; otros se alejaron para no mostrar ese lado del país.

Lo que más me sorprendió fue el apoyo de los aficionados. Nos acuerparon cuando la seguridad nos rodeó o nos siguió. Nos decían: “Compañeras, estamos con ustedes.” Ese respaldo inesperado nos acompañó hasta salir del perímetro del Estadio Azteca, un espacio al que miles de madres no pudieron llegar ese día.

En el camino nos encontramos con un grupo de resistencia, jóvenes de entre quince y veinte años, que nos invitaron a unirnos a su marcha y a regresar hacia el lugar del que nosotras veníamos. Sentí nuevamente ese apoyo que nace desde abajo, desde quienes entienden que la desaparición no es un tema ajeno. Aunque solo íbamos nosotras dos en representación de las madres buscadoras, las consignas y las exigencias se centraron en la lucha contra la desaparición.

Los medios volvieron a detenernos para entrevistas. En algún momento se acercó el secretario de Cultura. Nos dijo que no podíamos avanzar más allá de la primera valla, pero que, si queríamos hacerlo como madres buscadoras, ellos nos respaldaban. La oferta me pareció irreal. Acabábamos de salir del estadio sin mayor dificultad, con nuestra lona de desaparecidos y la foto de la hija asesinada de mi compañera, y ahora aparecían obstáculos… y ofrecimientos de apoyo. Ante un muro o vaya que antes no fue obstáculo. Era evidente: no era que no se pudiera acceder al estadio, porque ya habíamos estado ahí. Era que no querían que avanzáramos visibles como buscadoras, como resistencia.

Aun así, después de todo, lo que queda no es el ruido del estadio ni la sombra de las vallas. Lo que queda es la fuerza de esas manos que sostienen fotografías como si sostuvieran el mundo entero. Lo que queda es el temblor suave de una madre que no se rinde, aunque el país entero parezca cansado de escucharla. Lo que queda es ese paso firme, casi silencioso, que insiste en avanzar incluso cuando todo está hecho para detenerla.

Porque en un país que intenta acostumbrarse al dolor, ellas siguen recordándonos que la vida que falta no se olvida. Que cada nombre es un latido. Que cada ausencia es un llamado. Que cada búsqueda es una forma de amor que no conoce frontera.

Y quizá por eso duele tanto y al mismo tiempo sostiene: porque mientras ellas sigan caminando, este país todavía tiene una oportunidad de mirarse de frente. Mientras ellas sigan nombrando, la verdad no podrá ser enterrada. Mientras ellas sigan buscando, la esperanza no será un lujo, sino una tarea.

Ese día, el 11 de junio de 2026, entendí que la memoria no es un acto del pasado: es un pulso presente, vivo, que nos obliga a no rendirnos. En un país donde la violencia se vuelve paisaje y la impunidad se normaliza, la memoria es lo único a lo que no podemos, y no debemos, soltar. Es la respiración que persiste cuando todo alrededor parece diseñado para que olvidemos. Incluso esos uniformados que se olvidan a sí mismos, son parte del mismo pueblo, y que el gobierno los  ha sido convertido en mercancía para sostener la violencia.

Al final, lo que queda es reconocer algo que este país evita decir: aquí no se trata de voluntad institucional ni de discursos de paz. Se trata de que la vida pública funciona porque quienes han sido más golpeadas siguen moviéndose, aunque nadie las respalde. No es heroísmo; es necesidad. No es épica; es supervivencia. Y mientras el Estado administra la violencia como rutina, son las familias, las mismas que deberían estar protegidas, quienes cargan con el trabajo que las instituciones no hacen.

Ese día me dejó claro que la memoria no es un gesto simbólico ni un acto moral. Es una obligación impuesta por la realidad. Si no se sostiene, todo se hunde más rápido. Y aunque duela admitirlo, en México la búsqueda no continúa porque haya justicia, sino porque no hay otra opción. Porque si las madres se detienen, nadie más va a hacerlo.

No somos pocas las marginales ante la desaparición y feminicidios. Somos quienes vemos lo que otros prefieren ignorar. Somos quienes no pueden darse el lujo de olvidar. Somos quienes sostienen lo que queda del país mientras arriba se reparten versiones oficiales que no alcanzan para explicar nada. Y esa es la verdad más dura: si las que buscan se cansan, este país se queda sin memoria, sin rumbo y sin futuro.

Manifestación de madres buscadoras y colectivos solidarios en las cercanías del estadio Azteca 11/06/2026

Pronunciamiento madres buscadoras 10/06/2026

La lucha del magisterio.

En el mundo actual, todo lo que se mueve y todo lo que está quieto transmite algún mensaje comercial. Cada jugador de fútbol debe ser una cartelera publicitaria en movimiento, aconsejando al público consumir productos, pero la FIFA prohíbe que los jugadores porten mensajes que aconsejen la solidaridad social, lo que está expresamente vetado… (E. Galeano, 2017)

La Memoria, la Justicia y Dignidad no acudieron a la inauguración oficial del mundial en el estadio azteca. Se les negó la entrada por ser considerados “terroristas” y por cuestiones de “seguridad nacional”. Al interior del estadio nadie preguntó por ellos, no les nombraron, posiblemente pocxs los conocían. Pero sí estuvieron presentes en las movilizaciones de las madres buscadoras y también en los distintos recorridos de los maestrxs de la CNTE, quienes desde hace 15 días arribaron a la CDMX para sumarse a la protesta nacional y hacer escuchar su voz y la de miles de maestrxs más.

Maestros de la CNTE rumbo al estadio Azteca. 11/06/2026

Discurso maestras CNTE 11/06/2026

CDMX 15 de Junio 2026

Fuente: CDH FrayBa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

5 de mayo de 2026

Boletín No. 5

El CED de la ONU emite una Acción Urgente por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas

El 1 de mayo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió al Estado mexicano la Acción Urgente No. 2316/2026, relativa a la desaparición forzada del señor Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal, del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas. Ángel fue desaparecido el 24 de abril de 2026 por un grupo vinculado a la delincuencia organizada, en el contexto de violencia generalizada en la región y hasta la fecha no existe información sobre su suerte o paradero.

Ante esta situación, el Comité ha requerido al Estado mexicano que emprenda de manera inmediata acciones de búsqueda y localización, además de una serie de medidas orientadas a fortalecer la investigación y garantizar la participación de la familia y sus representantes.

1. Búsqueda del Sr. Ángel Jiménez López e investigación de su alegada desaparición forzada.

El Comité solicita que los procesos de búsqueda e investigación se desarrollen bajo una estrategia integral y coordinada, con un plan de acción y un cronograma claro para su ejecución inmediata. Estas acciones deben realizarse con la debida diligencia, considerando todas las hipótesis y la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrieron los hechos, así como la identificación de los perpetradores materiales e intelectuales.

2. Acceso a la información y participación de los allegados y representantes del Sr. Ángel Jiménez López.

Las autoridades responsables deberán informar periódicamente a los allegados y representantes de Ángel sobre los avances en la búsqueda y la investigación, incluyendo los retos enfrentados y los resultados obtenidos. Asimismo, deberán garantizar su participación efectiva en todas las etapas de los procesos, asegurando que sus aportes, experiencias, sugerencias y cuestionamientos sean tomados en cuenta como insumos para fortalecer las acciones emprendidas.

El CED subraya la urgencia de que las autoridades mexicanas actúen de inmediato para buscar y localizar a Ángel, e instruye al Estado a implementar cada una de las recomendaciones transmitidas, informando sin demora sobre las medidas adoptadas a más tardar el 15 de mayo de 2026.

El pueblo organizado del municipio de Nicolás Ruiz, la familia de Ángel y sus representantes reconocemos la disposición del Comité para velar por los derechos humanos de las personas indígenas desaparecidas. En virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, exigimos al Estado mexicano implementar todas y cada una de las recomendaciones de la Acción Urgente No. 2316/2026 y demostrar su voluntad real y efectiva para dar con el paradero con vida de Ángel Jiménez López, así como de las demás personas desaparecidas en Chiapas.

En México según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha registrado 133,637 personas desaparecidas y no localizadas. En Chiapas se reportan 1,991 personas desaparecidas, de los cuales 573 personas desaparecidas son registradas en el periodo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En los municipios de la región han desaparecido 22 personas, en Venustiano Carranza 7; en Teopisca 3; en Amatenango del Valle 4; en Nicolas Ruiz 1; en Acala 3 y en Villa Las Rosas 4. Estas desapariciones ocurren en un contexto de violencia generalizada y sistemática provocada por grupos armados vinculados con la delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y tolerancia de autoridades mexicanas.

El caso de Ángel ejemplifica la grave situación de seguridad en la zona y el contexto de las desapariciones forzadas en Chiapas y todo el país, que motivo al CED en abril de 2026 solicitar al Secretario General de la ONU que remita la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General.

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La Plaza de la Paz en San Cristóbal de Las Casas empezó a recibir a las mujeres desde temprano, las organizadoras nos convocaron para las 10 de la mañana, el sol estaba ya presente y las mujeres empezaron a llegar listas para marchar. Algunas llegaron con sus creatividades para compartirlas, otras con sus tambores, otras con sus niñeces en carreolas, canguros o a pie. Mientras las organizadoras acomodaban a los contingentes diversos, sus pancartas y mantas, el sol arreciaba y nos convidaba a prepararnos con las consignas. Hasta delante iban las mantas con las imágenes de desaparecidas y desaparecidos cargadas por sus familiares y amigues. En seguida venía el contingente de las niñeces, sosteniendo mantas o pequeñas pancartas. Seguían las tamboreras, la guardia de seguridad y la mezcla de mujeres de todas las edades, colores y orígenes. Coreamos las consignas mientras que algunos transeúntes se mostraban indiferentes pero otros también se nos sumaban.  La marcha tiñó de morado al “pueblo mágico” también objeto de denuncia por feminicida.

Al llegar de regreso a la Plaza de la Paz las organizadoras tomaron la palabra y evocaron a las mujeres, a las niñas y a todas las cuerpas disidentes. Cuerpas parte de esta marcha. Nos dijeron:  

“Hablar de violencia aquí no es hablar de lo ajeno sino de una experiencia encarnada. En este 8M la lucha no es individual es comunitaria… queremos un feminismo que no deje fuera a las indígenas, a las trans… Los feminicidios siguen impunes… Ya no más silencio, miedo, impunidad, no más desapariciones, no más transfobia… No solo queremos recordar sino proteger a las que aquí estamos… Nos queremos libres, vivas, orgullosas…”

Palabras de las organizadoras en la Plaza de la Paz (Descarga aquí):

En seguida dieron su testimonio las familiares de víctimas de desaparición forzosa. Dos jovencita y una mujer mayor afirmaron que ellas nunca imaginaron estar en la situación que están, con tres desaparecidos (una mujer y dos hombres) de su propia familia. Denunciaron el calvario que ha sido para ellas todo por lo que han pasado pero dijeron acá estar, seguir denunciando.

Familiar de víctima de desaparición forzada (Descarga aquí):

Dos compañeras más tomaron el magáfono y nos compartieron que son sobrevivientes de un intento de feminicidio acaecido en una de las montaña del sur de la ciudad. Con gran indignación denunciaron todo lo que han pasado porque los tres niveles de gobierno no son capaces de cumplir con garantizar la seguridad de sus ciudadanas y con hacer justicia. Dijeron:

“Somos víctimas de un ataque armado, tipificado como robo, cuando fue un intento de feminicidio… Sobrevivir en México, no garantiza justicia… Hemos vivido la agresión armada y la violencia institucional que es violencia de género… Las instituciones de gobierno no cumplen los compromisos jurídicos vinculantes… La impunidad nos ha dejado heridas institucionales… sin nuestra red de apoyo no hubiéramos podido sobrevivir… Responsabilizamos a todos los niveles de gobierno… El Estado trató de silenciarnos… exigimos que el Estado asuma su responsabilidad… Sobrevivimos a tres años de violencia institucional… Tres años después aquí seguimos…”

Sobrevivientes de intento de feminicidio (Descarga aquí):

Pronunciamiento de sobrevivientes de intento de feminicidio (Clic aquí para leer)

“Hoy una jueza confirmó que dijimos la verdad: sobrevivimos a un intento de feminicidio. Lo que falta es que el Estado asuma su responsabilidad.”

Pronunciamiento 8M 2026 – México

Somos Sobreviviente de intento de feminicidio y  denunciamos violencia institucional del Estado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas — Marzo 2026

(Pausa, mirar al frente)

Hoy no estamos aquí para celebrar.

Este 8 de marzo no es fiesta.
No es felicitación.
No es flores ni discursos vacíos.

Porque lejos de tener mejores condiciones de vida,
las mujeres en México —y en Chiapas— seguimos siendo violentadas,
incluso por quienes tienen la obligación constitucional de protegernos.

(Pausa)

“La justicia retrasada es justicia denegada”.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres declaramos algo con claridad:

Sobrevivir en México no garantiza justicia.

El 23 de febrero de 2023 fuimos víctimas de un ataque armado en una montaña en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

No fue un robo.
Fue un intento de feminicidio.

(Pausa)

Sobrevivimos.

Pero sobrevivir en México no garantiza justicia.

El Estado no nos protegió.
Denunciamos.
Y entonces comenzó otra forma de violencia.

El delito fue clasificado como robo con violencia, y no como intento de feminicidio.
Solo cuando el caso se hizo público hubo reacción institucional.

Todas las instituciones que debían garantizarnos justicia violaron nuestros derechos.

Desde entonces hemos enfrentado:

• Cambios reiterados de fiscales y asesoras jurídicas.
• Más de un año de audiencias suspendidas.
• Negativa inicial de medidas de protección pese a las amenazas.
• Intentos de presión para modificar declaraciones relacionadas con violencia sexual.
• Exposición de nuestra identidad.
• Y el despido de peritos y de nuestra asesora legal en pleno juicio oral, afectando directamente nuestro derecho a la justicia.

(Pausa)

Hoy lo decimos con claridad:

La violencia institucional también es violencia de género.

Acudimos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
Se reconocieron irregularidades.

Sin embargo, el expediente fue archivado sin reparación efectiva.

El proceso continúa ante el Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Y es hasta que una jueza mujer tomó el caso, con perspectiva de género, con empatía y comprensión del contexto de violencia que vivimos las mujeres, que empezamos a ver una luz al final del camino.

Pero las dilaciones y decisiones administrativas siguen afectando nuestro derecho a una justicia pronta, imparcial y con perspectiva de género.

México tiene obligaciones internacionales bajo la CEDAW y la Convención de Belém do Pará: prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres con debida diligencia.

Esas obligaciones no son narrativa política.

Son compromisos jurídicos vinculantes.

Mientras nuestros agresores esperan sentencia bajo techo,
nosotras trabajamos para pagar terapias, rehabilitación
y los costos de un proceso interminable.

Seguimos recibiendo amenazas.

No pedimos privilegios.
Exigimos justicia.

El ataque armado nos dejó heridas físicas.
La impunidad nos dejó heridas institucionales.

Ambas son responsabilidad del Estado.

(Pausa)

Hoy, aunque el juicio aún no concluye de manera definitiva, sabemos que nuestros agresores han sido sentenciados por intento de feminicidio.

Eso es un logro.

Es resultado de la lucha jurídica, del acompañamiento, de la insistencia
y de no haber guardado silencio.

Y queremos decirlo también:

Gracias a las abogadas que nos defendieron con firmeza.
Gracias a las funcionarias e instituciones que sí actuaron con ética.
Gracias a nuestros padres.
Gracias a nuestras amigas y amigues que no soltaron nuestra mano cuando el miedo era insoportable.

Sin esa red, no estaríamos aquí.

(Pausa)

Pero incluso ante una sentencia, no hay tranquilidad absoluta.

Nos cuesta creerlo.

Tememos que en cualquier momento una decisión administrativa cambie el rumbo.
Tememos represalias.
Tememos a las redes familiares y comunitarias que han intentado intimidarnos.

La sentencia no borra el miedo.
La justicia parcial no repara todo el daño.

(Pausa larga)

En este 8M declaramos:

Un gobierno que dice defender a las mujeres
no puede despedir a quienes las representan en juicio.

Un gobierno que se dice humanista
no puede normalizar la revictimización.

Un sistema que tolera la impunidad
no puede llamarse transformador.

Y lo decimos con claridad política:

(Pausa)

Un país feminicida no puede llamarse mágico.

Responsabilizamos al Estado mexicano —en sus niveles municipal, estatal y federal— por:

• La falta de protección oportuna.
• Las omisiones en la investigación.
• La revictimización constante.
• El riesgo en el que nos colocaron.
• Y cualquier daño que pueda ocurrirnos.

(Pausa)

No queremos ser valientes.

Queremos ser libres.

No queremos sobrevivir al sistema.

Queremos justicia.

Si algo nos sucede,
será responsabilidad del Estado.

Este 8 de marzo no es una consigna.

Es memoria.
Es denuncia.
Es exigencia.
Y también es advertencia.

(Pausa final)

Hoy una jueza confirmó lo que dijimos desde el primer día:

Sobrevivimos a un intento de feminicidio.

Pero también queda claro que durante tres años
el Estado nos obligó a luchar
no solo contra nuestros agresores,
sino contra sus propias instituciones.

Y aunque la sentencia puede ser impugnada,
la verdad ya quedó establecida.

Sobrevivimos a un intento de feminicidio.
Y también sobrevivimos a tres años de violencia institucional.

(Pausa)

Si la verdad incomoda,
que incomode.

Pero algo debe quedar claro:

Intentaron matarnos.
El Estado intentó silenciarnos.
Tres años después aquí seguimos.
Y no nos vamos a callar.

En seguida el megáfono pasó a manos de las representates de la Red de Defensoras del Agua y del Terrirorio en este Valle de Jovel. Ellas afirmaron que:

“… aunque en el discurso público se habla de equidad de género se reduce a simulación política… Defender el territorio es un acto legítimo”. Exigieron, “el cese de la violencia hacia las defensoras”. Afirmando que: “la defensa del agua y del territorio es también una lucha feminista”. Y cerraron diciendo: “Sin defensoras no hay territorio, sin territorio no hay vida”.

Pronunciamiento de la Red Defensoras del Agua y el Territorio (Descarga aquí):

Pronunciamiento de la Red Defensoras del Agua y el Territorio (Clic aquí para leer)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 08 de marzo de 2026
Red de Defensoras del Agua y el Territorio
Pronunciamiento 8 M

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la lucha de las Mujeres, desde la Red de Defensoras del Agua y el Territorio alzamos la voz para denunciar la violencia sistemática y estructural que enfrentan las mujeres defensoras del ambiente y de los derechos humanos.

En América Latina, una de las regiones más peligrosas para la defensa de la vida y la naturaleza, las mujeres que protegen el agua, los territorios y los bienes comunes son objeto de patrones reiterados de violencia que buscan silenciar su liderazgo y desarticular sus procesos organizativos. Estas violencias se manifiestan en difamación, hostigamiento, amenazas, criminalización, judicialización indebida, desapariciones forzadas y feminicidios políticos.

El intervencionismo y la acaparación de los bienes naturales generan profundas afectaciones sociales. Sin embargo, estas afectaciones no son neutrales: impactan de manera diferenciada y desproporcionada a mujeres y niñas. Los eventos naturales provocados por la crisis climática, el ecocidio, la escasez de agua y la contaminación provocan graves consecuencias en la salud, particularmente en la salud física, mental y emocional de las mujeres, además aumenta la carga de trabajo de cuidado que históricamente ha recaído sobre las mujeres.

Las problemáticas ambientales generan despojo territorial y desplazamiento forzado, fracturando y desapareciendo comunidades enteras. Aunado a ello, el acceso de las mujeres a la información, a la participación efectiva y a la justicia ambiental sigue siendo limitado. Aunque en el discurso público se habla de paridad de género, en muchos espacios esta se reduce a simulación política, sin garantizar una participación sustantiva ni condiciones reales de incidencia para las mujeres defensoras.

Denunciamos que atacar a una defensora es atacar el derecho colectivo a un ambiente sano, al agua como bien común y a la autodeterminación de los pueblos. Defender el territorio no es un delito: es un acto legítimo frente a la crisis climática, ecológica y civilizatoria que atravesamos.

Exigimos:

-Garantías efectivas de protección para todas las defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales.

-El cese de la violencia sistemática hacia las defensoras.

-El acceso pleno a la justicia ambiental y climática y el reconocimiento del liderazgo de las mujeres en la defensa del territorio.

Este 8M reafirmamos que la defensa del agua y del territorio es también una lucha feminista. Sin defensoras no hay territorio; sin territorio no hay vida.

¡Nos queremos vivas, libres y defendiendo nuestros territorios!

Antes de empezar a reunirnos en la Plaza de la Paz las compañeras de la Colectiva Cereza convocaron a una rueda de prensa donde MADRES, HIJAS, HERMANAS DE PERSONAS DESAPARECIDXS HABLARON SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA DESAPARICIÓN EN CHIAPAS.

Al tiempo, en la Plaza una de las varias jóvenes acompañantes de una de las familias con una víctima de desaparición forzada nos comentó lo importante que es para ellas y la familia el acuerparse entre unas y otras (parientas, amigas, solidarias, abogadas), sobre todo, ante el dolor pero también frente a la frustración del casi nulo avance de los trámites administrativos luego de la denuncia. Fue ella misma quien nos habló de cómo le llegó la conciencia, de la violencia que a ella misma le atravesó la cuerpa en la relación con un novio y de cómo la teoría y la práctica feminista ha sido clave para el proceso personal y colectivo de toma de conciencia. Cerró señalando lo que serían las demandas urgentes que ella y ellas lanzan:

“Exigen la agilización de los procesos legales de los y las desaparecidas… que las leyes genuinamente nos protejan, reconoce que la Ley Olimpia y la Ley Valentina existen pero saben que se requiere romper el sistema”.

Entrevista a jóvena en la Plaza de la Paz (Descarga aquí):

Y por supuesto no podían fallar las sesiones de autodefensa, el arte, las tamboreras, las obras de teatro y la música. Todo ello fue parte de esta commemoración del 8M y de la denuncia creativa pero contundente. Una de las miembras de un grupo de son jarocho participante en la marcha, Son Tribu, nos compartió sentada en la Plaza su palabra rememorando cuando llegó por primera vez a estas tierras hace 30 años (en 1996) exactamente en una marcha de mujeres donde estaban las zapatistas. Nos habló de su recorrido de 25 años de vida en tierras chiapanecas: su rol como observadora de derechos humanos, luego acompañante comunitaria, luego parte de la Otra Campaña hasta llegar a tener sus propios cultivos agroecológicos y sus animalitos y ser parte de grupos musicales que lo mismo crean sus propios versos feministas y ambientalistas que refuerzan las luchas de mujeres que luchan y de feministas. Oigamos con detalle lo que nos trasmite de esperanza encarnada enraizada alguien que en su modo, tiempo y geografía hace en colectivo con otras mujeres…

Entrevista a participante en la marcha (Descarga aquí):

Hacer colectivo a pesar de las guerras que azotan a los pueblos que resisten…

Foto-reportaje aporte de la Colectiva PVIFS-Chiapas
8M Plaza de la Paz
SCLC. Chiapas, México

Descarga el audio aquí.

IRAN: El imperio ataca de nuevo, Israel y Estados Unidos bombardeab nuevamente Iran, asesinan al ALI KHAMENEI y masacran una escuela primaria de niñas. Iran responde contra bases militares gringas en la región. 
Fuente: https://www.instagram.com/p/DVVPi-EiMeQ
https://kaosenlared.net/de-gaza-a-iran-los-ninos-ninas-y-las-escuelas-son-los-objetivos-de-israel/

HONDURAS: Berta Cáceres: 10 años de luz, rebeldía y justicia. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas comparten ceremonias, actividades y comunicados conmemorando la siembra de Berta. (AUDIO)
Fuente: https://www.facebook.com/share/v/1AhW1zVCde
https://copinh.org/2026/03/comunicado-3-26-berta-caceres-10-anos-de-luz-rebeldia-y-justicia/

KURDISTAN SYRIO: El asedio a Kobane continua hasta el día 36, Turquia bloquea los intentos de normalizar las relaciones Kurdo-Syrias, Yihadistas y mercenarios aprovechan el vacio para cometer secuestros, robo y asesinatos.
Fuente: https://espanol.anf-news.com/rojava-norte-de-siria/fragil-equilibrio-en-la-linea-damasco-rojava-58058
https://espanol.anf-news.com/rojava-norte-de-siria/el-asedio-a-kobane-continua-en-su-36-dia-entre-secuestros-ejecuciones-y-saqueos-58076

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUNSTRO 

MEXICO: Convocatorias zapatistas para este 2026 ResignARTE u OrganizARTE
Fuente: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2026/03/01/convocatoria-a-las-jornadas-de-pensamiento-critico-arte-resistencia-y-rebeldia-resignarte-u-organizarte-2026/

CHIAPAS: “La supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque se impone a través de hostigamiento, amenazas y manipulaciones”: Modevite. (AUDIO)
Fuente:

MICHOACHAN: Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del Consejo Supremo Indigena de Michoacan, Pavel Guzmán Macario.  
Fuente: https://www.facebook.com/share/p/1FvCFVHF8S

XOCHIMILCO: La Comision de Derechos Humanos de la CDMX emitió una recomendación sobre la violencia desatada el 05 de setpiembre de 2024, a pesar de las pruebas y testimonios dicha recomendación fallo en exigir justicia y cierre a los prosesos penales. (AUDIO)
Fuente: Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo

SINALOA, MAZATLÁN: La crisis de desaparición forzada ha empujado a la sociedad civil a buscar de forma autoorganizada a sus desaparecidos, bajo la indolencia del gobierno el narco sigue asesinando a quienes buscan a sus familiares bajo ese contexto asesinaron  a la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle.
Fuente: https://articulo19.org/asesinan-a-la-madre-buscadora-rubi-patricia-gomez-tagle-en-sinaloa/
Grupo de buscadoras: Corazones unidos por una misma causa A.C.

TecnoAcrata: Caja de herramientas de radiodifusión, que el encierro no nos aisle.
https://radioslibres.net/que-el-encierro-no-nos-aisle/

Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM

A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos
A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y de Michoacán
A los Medios de Comunicación
Al Estado Mexicano

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán,
a 19 de febrero de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.

De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

En México hay más de 100 mil personas desaparecidas y 115 mil no localizadas. El gobierno y sus dependencias han fallado gravemente en la búsqueda y en el rescate de personas desaparecidas. Por ello, hoy existen entre 100 y 120 colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos por cuenta propia. Son decenas de miles de padres, hermanas, hermanos y, en su mayoría, madres: LAS MADRES BUSCADORAS, mujeres que arriesgan sus vidas para encontrar rastros de sus hijas e hijos desaparecidos. La crisis en México es profunda y dolorosa. Frente a la apatía y la inacción oficial, LAS MADRES BUSCADORAS HAN ENTRADO EN ACCIÓN. No cuentan con protección institucional; han sido hostigadas, agredidas y algunas han sufrido ataques mortales.

Este sábado 10 de enero, en San Cristóbal de Las Casas, se presenta la exposición Ojos de esperanza, con ojos bordados por niños que han perdido ojos por cáncer y sus familiares.

Galería de Kikimundo
Calle Hidalgo 3
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Sábado, 10 de enero de 2026 – 6 pm

Con nuestros ojos bordados queremos decirles: Las vemos. Los vemos. No están solas. Somos solidari@s. Todo lo recaudado de estos ojos –bordados por personas de muchos lados de la republica y del extranjero– beneficiarán directamente a Madres Buscadoras.

En la exposición se espera también la participación de la ceramista Erika del Río, con la muestra La vista gorda, creada especialmente para Ojos de esperanza:

LA VISTA GORDA. Nunca he perdido a alguien de esta manera, he logrado ver su cuerpo antes de despedirme y aceptar que no volveré a sentir su calidez. Una urna funeraria que lastimosamente no contiene nada ni puede. Perforada, silenciada en el cierre de carpetas ocultas y olvidadas. Ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades, la impunidad y los intereses políticos que pisan la dignidad humana ante la materia inexistente, intangible del cuerpo. La gorda… la vista gorda ante tantos hechos, ante el peso gigantesco que se siente, con las miradas que buscan sin cansancio contra las que esquivan responsabilidad. Ciudadanos que ven la verdad y se arriesgan para hacer justicia. La gorda situación que parece no ser vista y pasar inadvertida. Ignorada. Declaro: Yo te veo –como mujer, como ser humano que ha vivido con la muerte de la mano, como hija, como hermana–. Siento, el coraje de la injusticia de la mentira, el dolor de una memoria, de una herida que no logra sanar, la herida que sigue abierta. En la búsqueda sin norte ni sur, en la ubicación desconocida, en el sonido del silencio y en el estruendo de las balas que se ven por gravedad en las cenizas. Enciende una luz en el camino de la desesperación, el desconsuelo, la angustia y la tristeza de no saber dónde, cuándo, cómo, por qué. Una luz para resignificarse ante la duda, para la fuerza y la valentía. Un abrazo en soledad y al interior de cada familiar y ser amado que se ha quedado incompleto sin autorización, sin permiso, sin justificación.
—Erika del Rio

[:es]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre de 2025

Boletín de prensa No. 11

 
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica
ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces

• El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.

El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.

La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.

La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.

La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.

El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.

Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.

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[:en]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025

Press Release No. 11

Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective

The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.

On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.

The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.

As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.

The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.

The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.

The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.

At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.

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[:es]

El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.

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[:en]

On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

Descarga aquí

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Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

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