Ciudad de México a 27 de junio de 2024.- Ante la difusión de información relacionada con el caso, las y los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, junto con las organizaciones que les acompañan, en Conferencia de Prensa precisaron las siguientes cuestiones:

1. Las familias refirieron que los 15 folios de inteligencia militar entregados por el Gobierno Federal el pasado 3 de junio de 2024, no satisfacen la exigencia de que se entreguen los más de 800 folios que, con base en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres y las madres han demandado con insistencia desde julio de 2023. Por el contrario, los folios entregados incluso confirman que los archivos militares aún hay más información que debe entregarse. En efecto, en algunos de estos documentos se transcriben intervenciones telefónicas realizadas respecto de comunicaciones de personas posiblemente relacionadas con los hechos, lo que confirma la necesidad de que se ponga a disposición toda la información relacionada con estas: es decir, de quiénes se trata, dónde se encuentra el seguimiento completo, el consecutivo de llamadas. Por ejemplo, en dónde los intervinientes claramente dialogan sobre el paradero de los muchachos, sin que hasta ahora se haya brindado la información de dicha conversación. Asimismo, en la reunión con el presidente se habló de que habría poco más de 600 folios que el ejército, unilateralmente, determinó que no eran relevantes.

2. ⁠Las familias externaron que han sido informadas de que la Fiscalía General de la República (FGR), mediante su área de servicios periciales y por solicitud de los funcionarios que han quedado a cargo de la investigación, está intentando aplicar un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial a diversos restos óseos que aseguran pueden estar relacionados con la investigación, sin darle intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, incumpliendo el acuerdo con los padres y madres sobre la presencia de estos equipos que cuentan con su confianza. Esto aun cuando en el pasado dicho método ya condujo a resultados equívocos. Por ello, ante la posibilidad de que el inminente cierre del sexenio lleve al anuncio precipitado de resultados no verificados, desde ahora se señala que resultados de presuntas identificaciones que no sean validados por el EAAF e Innsbruck sólo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión, siendo indispensable abrir este proceso a la asistencia internacional, como se solicitará en la próxima reunión.

3. Frente a la afirmación de que no hay pruebas de la participación del Ejército, las familias y sus representantes estiman que es indispensable recordar los hallazgos del GIEI en el caso. Así, no puede olvidarse que es claro que antes, durante y después de los hechos hubo irregularidades atribuibles a esta Fuerza Armada. Antes, porque es un hecho objetivo probado que hubo una infiltración ilegal a la Normal mediante un elemento militar en activo que hoy es parte de los desaparecidos, lo que siempre ocultó el Ejército. Durante, porque los elementos militares, incluyendo a los de inteligencia conocidos como Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), estuvieron presentes en los lugares donde fueron desaparecidos los jóvenes, sin intervenir, y después falsearon sus declaraciones ministeriales iniciales. Y después, porque sistemáticamente, en el sexenio pasado y el anterior, el Ejército ha administrado la información que detenta. A esto se añaden dos cuestiones adicionales: la obtención de mensajes de texto de telefonía celular que acreditan que los criminales actuaban impunemente en Iguala en connivencia con elementos del 27 Batallón antes del 26 de septiembre de 2014 y los señalamientos de al menos un testigo de identidad reservada que hablan de la posible participación por activa de algunos militares en la propia desaparición. Sobre esto último, que surge de la propia investigación oficial y no de nuestros señalamientos, lo que corresponde es una investigación a fondo y no una exoneración sin investigación. Por todas estas consideraciones, las familias insistieron en que no puede afirmarse que se haya ya clarificado la actuación del Ejército en el caso e instaron a que no se difunda información que pase por alto esas realidades.

4. Finalmente, las familias reiteran su respaldo a las organizaciones y abogados que les acompañan, rechazando los señalamientos de que han actuado contra sus intereses, de que se hayan reunido con el ex presidente, Enrique Peña Nieto sin su conocimiento, o de que hayan incitado a la violencia. Los familiares reiteraron que a lo largo del proceso Serapaz, Fundar, Tlachinollan y el Centro Prodh les han acompañado como asesores, respetando su dignidad como víctimas, defendiendo sus intereses y consultando con ellos las diversas acciones que se han impulsado.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez concluida la jornada electoral, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este lunes (3) con familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace casi una década.

Acorde al Centro de Derehos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, durante la reunión el presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. La organización, que acompaña el movimiento por la aparición de los jóvenes normalistas, relata que las madres y padres salieron de la reunión con pocas esperanzas ante lo que califican como un gobierno indolente. 

Mediante el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, detallaron sobre la información que compartió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que destaca cientos de acciones de búsquedas en terreno.

“Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas, porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad”, sostiene el abogado.

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Nueve meses transcurrieron desde la última reunión entre los familiares de los normalistas y el Estado mexicano, y la exigencia principal, la entrega de 886 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no ha sido cumplida.

Simulación

La insistencia de los familiares se debe a que, con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2022 ubicaron un conjunto de documentos relevantes entre los archivos militares. Estos contienen datos, obtenidos por medio de una intervención telefónica realizada por el ejército durante la noche del 26 de septiembre del 2014, sobre el traslado de 17 estudiantes del centro de detención municipal de Iguala a la colonia Loma de Coyotes. 

Ante ello, las madres y padres de los normalistas denuncian una simulación en el manejo de los documentos compartidos por el Estado. Mientras la presidencia asegura que compartieron, este lunes (3), 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, los familiares aseveran que esa información ya estaba en manos de la Covaj.

A esto, se suma la demora en la extradición, desde EEUU e Israel, de dos funcionarios implicados en los hechos criminales. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Obrador argumentó que no se puede avanzar porque México no tiene tratado en la materia con Israel.

La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana en diciembre de 2021. Para el 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Justicia de Israel informaba que la solicitud está en la etapa final de análisis. 

No obstante, para abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público un reclamo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este considera que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón”. El argumento de las autoridades es que la acción legal solicitada involucra a una persona que ejerció actos de violencia, tortura y se mantiene prófugo de la justicia mexicana.

En tanto, la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla (centro de detención) de Iguala, es de suma importancia para los familiares en búsqueda de justicia. Él es considerado uno de los primeros testigos de la presencia militar durante las horas en que ocurrió la desaparición de los normalistas. Incluso, es señalado por un policía municipal como la persona que entregó un grupo de jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos.

Bernabé huyó a Estados Unidos donde obtuvo asilo político en abril del año 2015. Acorde al abogado Rosales, EEUU actuó de manera sesgada al otorgar el asilo al ex funcionario de Iguala sin considerar las acusaciones que pesan sobre él en los tribunales mexicanos.

Informes, insuficientes

En contraste a la postura de presidencia, para los familiares de los normalistas desaparecidos es claro que la administración de Obrador falló en su trabajo. En un mensaje a la prensa, mientras esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional, antes de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, compartió que los familiares saben que Obrador concluye su mandato sin resolver el caso.

El abogado Rosales resalta que durante la reunión con funcionarios del gabinete de seguridad, el presidente Obrador se limitó a criticar los trabajos del GIEI, trasladando al organismo la responsabilidad del estancamiento en las investigaciones. Aún mas lamentable, relata el defensor de derechos humanos, es que el presidente se retiró tras esa breve participación. “Hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos”, reclama.  

Obrador ofreció nuevo encuentro, con fecha tentativa para próximo julio. Los familiares exigieron que en dicha reunión asista la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues expresaron su preocupación debido a que el temano figuró entre los compromisos que promovió en su plataforma de campaña.

“Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que, en la próxima reunión, el gobierno sí tenga resultados consistentes”, aseveró el abogado Rosales.

Fuente: www.craigmurray.org.uk
Traducción: Radio Zapatista

Los gobiernos no pueden tomar grandes decisiones con extrema rapidez excepto en las circunstancias más extremas. En todos los Estados existen mecanismos que consideran las decisiones políticas, las sopesan, involucran a los distintos departamentos del Estado cuyas actividades se ven afectadas por esa decisión y llegan a una conclusión, aunque no necesariamente buena.

La decisión de suspender la financiación de la ayuda a la UNRWA no fue tomada por numerosos Estados occidentales en un solo día.

En el Reino Unido, varios ministerios gubernamentales diferentes tuvieron que coordinarse. Incluso dentro de un solo ministerio, el FCDO, las opiniones tendrían que coordinarse mediante comunicaciones escritas y reuniones interdepartamentales entre los departamentos que se ocupan de Oriente Medio, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Europa y luego, por supuesto, entre los departamentos diplomáticos. y alas de desarrollo del ministerio.

Ese proceso incluiría buscar las opiniones de los embajadores británicos en Tel Aviv, Doha, El Cairo, Riad, Estambul y Washington y ante las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York.

No es necesariamente un proceso largo, pero no es un día de trabajo, ni tendría por qué serlo. No hubo ningún impacto práctico en hacer el anuncio de recortar la financiación de la UNRWA un día antes o un día después.

Consideremos que el proceso paralelo tuvo que completarse en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y todas las demás potencias occidentales que contribuyeron a la hambruna en Gaza al recortar la ayuda a la UNRWA.

Todos estos países tuvieron que seguir sus procedimientos, y sólo mediante una coordinación previa –con semanas de antelación– entre estos Estados anunciaron todos el mismo día la destrucción del sistema de soporte vital para los palestinos, entonces absolutamente necesitado.

Y luego considere que ahora sabemos con certeza que los israelíes no habían presentado prueba alguna de la complicidad de la UNRWA en la resistencia de Hamas, en la que supuestamente se basaron estas decisiones en todos esos Estados.

No tengo ninguna duda de que la élite política occidental, herramientas pagadas de la maquinaria sionista, es cómplice del genocidio de los palestinos y de la limpieza étnica de Gaza a un nivel mucho más profundo de lo que el pueblo ha comprendido hasta ahora. La negativa de Starmer y Sunak a contemplar la posibilidad de poner fin a la venta de armas y al apoyo militar a Israel no se debe a inercia ni a preocupación por la industria armamentística. Es que apoyan activamente la destrucción de los palestinos.

La decisión coordinada de las naciones occidentales de acelerar la hambruna deteniendo la financiación de la UNRWA se anunció dentro de una hora, tras el fallo de la CIJ de que los habitantes de Gaza estaban en riesgo inmediato de genocidio, y expulsó de los titulares de los medios el fallo adverso contra Israel.

Esto envió la señal más clara en respuesta de que el derecho o las instituciones internacionales no impedirían que las potencias occidentales cometieran genocidio.

Las potencias occidentales no dan un comino por los 16.000 niños palestinos masacrados. Ninguna evidencia de fosas comunes en los hospitales los moverá. Sabían que se estaba produciendo un genocidio y continuaron armándolo e instigándolo activamente.

Este genocidio es el objetivo deseado de Occidente. Ninguna otra explicación es remotamente plausible.

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Fuente: Agencia Amexi

«Se están cumpliendo nueve años y medio sin saber nada de nuestros hijos, sin saber a dónde están o cómo están. No nos vamos a cansar», señala doña Cristina, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

“En las (conferencias) mañaneras no dice cuál ha sido la participación del Ejército Mexicano, no ha dicho también hasta dónde se ha pronunciado esta línea de investigación que tiene que ver con el Ejército Mexicano…, pero sí reitera que los padres están siendo manipulados, reitera que los abogados son los que se oponen, que las organizaciones son las que obstaculizan las investigaciones”, hizo notar.

Para el encuentro, no pueden limitar nuestros derechos

Luego de que el mandatario de la República comentó hace unos días que la reunión con los progenitores de los jóvenes desaparecidos (como lo prometió el 6 de marzo pasado, cuando dijo que se concretaría en 15 o 20 días, plazo que ya se cumplió) sólo se daría “sin intermediarios”, es decir, sin la presencia de los abogados y de las organizaciones que los acompañan, la respuesta de los directamente afectados en este caso es que no pueden limitar sus derechos.

“Las madres y padres lo han dicho, que la próxima reunión que se espera (con el jefe de Estado) tienen que estar sus representantes , porque no son cuestiones de gustos; además de que es un derecho constitucional que tienen las víctimas en este país, de contar con un representante legal”, resaltó Vicario Aguilar al concluir la marcha que partió del Ángel de la Independencia y llegó al Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Los progenitores insisten en que la próxima reunión tiene que ser sustancial, abundó; las autoridades tienen que dar información concreta sobre las investigaciones y el presidente debe decir qué pasó con la solicitud concreta de los 800 folios de los archivos del Ejército Mexicano que aún no se responde.

“Por eso, compañeras y compañeros, en esta jornada 114 ese es el mensaje de los padres y madres de los 43 para que las autoridades tengan clara esta petición que han estado reiterando”, puntualizó.

 

En su oportunidad doña Cristina, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, declaró: “Se están cumpliendo nueve años y medio sin saber nada de nuestros hijos, sin saber a dónde están o cómo están. No nos vamos a cansar de decir que fue un crimen de Estado, no nos vamos a cansar de señalar que fue el Ejército… no nos vamos a cansar”.

México, a 21 de marzo de 2024.

México y Centroamérica desde hace tres meses, más de 300 buscadoras y buscadores, quienes representamos a 250 colectivos de familiares de personas desaparecdas, nos encontramos trabajando en un proceso de unificación nacional de familiares de personas desaparecidas.

Hoy les hablamos con la voz de estas familias para hacer un llamado a la sociedad civil organizada y no organizada para que se sumen a la Jornada Nacional de Búsqueda que estaremos realizando el 19 y 20 de abril de 2024, así como a la Marcha Nacional del 10 de mayo en la Ciudad de México.

Nuestro proceso de organización se había estado dando en silencio, hoy lo hacemos público para hacer un llamado a todas las familias a las que aún no hemos llegado, así como a los colectivos de familias y familias de víctimas de la violencia para que se sumen a este esfuerzo de unidadm queremos construir acuerdos por encima de nuestras diferencias, queremos abrazarnos sin colores, ni banderas y sin el Estado.

Somos sujetos de derechos que llevamos años tratando de reconstuir este país, que no hemos dejado de buscar ni un minuto a nuestros seres queridos desaparecidos para traerlos de regreso a casa que es donde pertenecen, es nuestra principal motivación. Y somos familias no solo de México, sino también de Centroamërica quienes emprendemos estas búsquedas.

A pesar de nuestros esfuerzos México se ha convertido en sinónimo de desaparición de personas. En los últimos 15 años se han incrementado alarmantemente los casos de personas desaparecidas, la tolerancia y complicidad de los gobiernos han mandado el mensaje de que este crimen atroz se puede cometer sin mayores consecuencias.

Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil no solo para ayudarnos a encontrar, sino para lograr medidas de prevención para evitar que más familias se sumen a estar tortura en la que nos tienen. Estamos convencidas de que con la ayuda de todas las personas podemos lograr detener la crisis en la que estamos, necesitamos reconocer la importancia de las personas por arriba de las filas partidistas.

A los gobiernos en México de todos los partidos, a los partidos políticos y sus candidatas y candidatos, les decimos que no permitiremos que nos utilicen como botín político, no permitiremos que intenten deslegitimar nuestra lucha diciendo que somos manipuladas por personas que quieren “golpear al gobierno”.

Exigimos la búsqueda de las más de 112 mil personas desaparecidas.
Ya basta de mantener la política de seguir desapareciendo a los desaparecidos.
Exigimos la búsqueda de nuestros desaparecidosm nuestras desaparecidas.
Exigimos una investigación eficaz y eficiente.
Exigimos justicia.
Exigimos la identificación de todos los cuerpos, restos y fragmentos óseos recuperados en fosas comunes y clandestinas.
Exigimos un mejor poder legislativo.
Exigimos un mejor poder ejecutivo.
Exigimos fiscalía que procuren justicia y no impunidad.
Exigimos protección a todas las buscadoras y los buscadores.
Exigimos el alto a las desapariciones.

En marzo de 1989, el obispo jTatic Samuel Ruiz decidió fundar en Chiapas un centro de derechos humanos que fuera acompañado por la Diócesis, pero independiente de ella, abierto a todos los pueblos del estado. Un centro que fuera no sólo para los pueblos, sino de ellos, en el contexto de represión, violencia y discriminación que se vivía en Chiapas y en muchas partes del país.

35 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró su aniversario este pasado 18 y 19 de marzo con un encuentro de dos días en el que participaron muchos de los pueblos, organizaciones e individuos que el Frayba ha acompañado desde hace años. La importancia y la necesidad de este centro continúa tan vigente como hace 35 años, ahora en un nuevo contexto de violencia generalizada y descomposición social en el estado, como deja claro el Posicionamiento del Frayba, leído por su directora, Dora Robledo. Desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, guerra entre cárteles del crimen organizado, reclutamiento forzado, cobro de piso y de paso, surgimiento de innumerables grupos armados, vulneración de los derechos de los migrantes, criminalización de defensores y tortura sistemática por parte de las fuerzas policiales y una fuerte militarización que sólo ha traído más violencia y represión. Todo esto, en un contexto de impunidad y una política de negación y fingimiento de normalidad por parte de los gobiernos estatal y federal.

¿Qué hay que celebrar ante esta realidad? Mucho, nos revela este “Encuentro Entrelazando la Esperanza”, pues el propio contexto de violencia e impunidad ha fortalecido procesos organizativos y despertado la conciencia en muchos pueblos de la necesidad de defender el territorio y construir vida en tiempos de muerte.

Ceremonia de bienvenida

“Queremos vivir, ya no sólo sobrevivir”, dijo Lupita de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, durante la rueda de prensa al inicio del Encuentro. Don Raúl Vera, presidente del Frayba y sucesor de Don Samuel Ruiz, nos deleitó con su relato del compromiso de jTatic Samuel con la justicia y su convicción de que el corazón del Frayba deberían ser los mismos pueblos.

Rueda de Prensa:

A lo largo del día, escuchamos historias no sólo de atropello, sino de dignidad, resistencia y construcción de vida. Antonio Gutiérrez, de Las Abejas de Acteal, nos relató no sólo la larga historia de impunidad ante la masacre de Acteal, sino también el proceso organizativo, la creación de su autogobierno y el compromiso por una lucha no violenta. Los principios que guían a Las Abejas de Acteal son hoy un faro para enfrentar la violencia que vivimos: “amar, no odiar; revelar, no ocultar; defender, no vender; caminar en la luz, no en la oscuridad; perdonar, no violentar; entregar la vida, no quitarla”.

Son la injusticia y el atropello también lo que han impulsado otras importantes construcciones de autonomía y libre determinación en el estado, como el de la comunidad de San Francisco en Teopisca, el Gobierno Comunitario de Chilón y el Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite). Libre determinación que, como explicó Lázaro Sánchez del Frayba, está plasmada como derecho de los pueblos en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Foro 1 – Tierra, Territorio, Cultura y Autonomía:

¿Qué hacer frente a la impunidad que reina en el estado y en el país? Memoria, verdad y justicia, dice el Frayba y dicen los pueblos. En el segundo foro, las y los participantes relataron su lucha ante gravísimos casos de impunidad. Las estadísticas son reveladoras: según datos oficiales (probablemente incompletos), hay en el momento 114,928 personas desaparecidas en el país; sólo en Chiapas, se registran más de 14 mil personas desplazadas. Pero es en los testimonios de las víctimas que empezamos a entender la dimensión del dolor que significa vivir ante tal impunidad.

Magdalena González, hija de Antonio González, contó lo que ha significado para la familia la desaparición forzada de su papá por el grupo paramilitar Paz y Justicia en enero de 1999, cuando ella tenía seis años. Antonia Hernández, de la organización Xinich, habló sobre masacre cometida en la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2000 por un grupo paramilitar acompañado por la policía, y de la desaparición forzada de cuatro personas. Juan Pérez Pérez habló de la vida de su hijo Simón Pérez de Las Abejas de Acteal, su compromiso con la justicia y la vida, y su asesinato en julio de 2021. Salvador Gómez habló de los continuos ataques sufridos por varias comunidades de Aldama por parte de grupos armados de Santa Marta, y los asesinados, heridos y desplazados, ante la inacción del Estado. Se relató también la lucha del Colectivo de Familias Unidas contra la Tortura, que como ha denunciado el Frayba, es utilizada sistemáticamente por las fuerzas policiales del estado para inculpar a personas inocentes de crímenes que no cometieron. Durante la sesión de preguntas y comentarios, escuchamos también el testimonio de Pascuala López, del Ejido Cuxtitali el Pinar, en las afueras de San Cristóbal: el asesinato de su hijo, los golpes y amenazas de muerte hacia ella, la quema de su casa, por un grupo criminal que ha venido cortando el suministro de agua de Cuxtitali y La Hormiga, ante la inacción del Estado.

Foro 2 – La lucha contra la impunidad: Memoria, verdad y justicia:

El tercer y último foro se dedicó a la memoria, la resistencia y las esperanzas. Aquí se relató la experiencia del Pueblo Creyente de Chiapas, surgido en la década de 1990, un amplio movimiento que es parte de la Diócesis de San Cristóbal, inspirado por jTatic Samuel Ruiz, fundamentado en una visión liberadora del cristianismo, creado como respuesta a la represión.

Una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo por Don Samuel Ruiz fue el Congreso Indígena de 1974, que sentó las bases para una concientización de los pueblos y preparó el camino, entre otras cosas, para el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional diez años después. Dolores González, del Consejo Directivo del Frayba, relató la historia y el significado de dicho Congreso. Y finalmente, Fray Ceclio Ek habló sobre el recién fundado Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, en territorio zoque.

Foro 3 – Memoria, Resistencias y Esperanzas:

Ante la violencia generalizada e impune que se multiplica por el estado (y el país), el Frayba y los pueblos y organizaciones que fundamentan su caminar nos enseñan que no todo está perdido, que entre la barbarie (y en respuesta a ella), se construyen alternativas de vida, de cuidado, de justicia, memoria, verdad y paz.

Canción para el Frayba

Las Mañanitas

Ceremonia de Clausura: