Noticias:

desaparición forzada

image/svg+xml image/svg+xml
radio
Avispa Midia

Ejército sabía lo que pasaba con los 43 y no hizo nada

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto:Aldo Santiago

Un día antes de terminar su mandato en el caso Ayotzinapa, el jueves (29 de septiembre), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014.

El grupo de expertos consolidó, con nuevas pruebas, la vinculación del crimen organizado con las fuerzas públicas mexicanas, el Ejército, las policías Estatal y Federal, así como funcionarios de la administración del Estado Mexicano en el ataque, detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Te puede interesar – Ayotzinapa, ocho años de impunidad

“Tenemos muchos más elementos en las manos, más documentación que muestran esta relación de una forma estrecha. No se trata solamente de declaraciones, sino que se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de la Sedena [Secretaria de Defensa Nacional], archivos de diferentes corporaciones del propio Estado”, sostuvo Carlos Martin Beristain, integrante del GIEI.

El informe muestra que el Ejército y las policías Federal y Estatal hacían seguimiento en tiempo real a todas las actividades de los normalistas. “Tenemos toda la documentación que prueba los seguimientos que se hacía a los jóvenes, desde hacia mucho tiempo, pero también los seguimientos en el día 26 de septiembre de 2014. Tenían claridad de los autobuses, de las placas, de las marcas, para qué iban tomar autobuses, todo eso estaba perfectamente documentado. Nosotros hemos tenido acceso [a estos documentos]”, revela Beristain.

El Ejército recibió información en tiempo real mediante interceptación telefónica. “Sin embargo, ninguna de estas informaciones llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes, ni en la investigación del caso. Nos enteramos de estas interceptaciones el año pasado cuando pudimos revisar los archivos de Sedena”, dijo el experto independiente.

Intercepciones telefónicas en los archivos de Sedena, revelan conversaciones en las cuales hablan sobre “dónde había que mandar a los jóvenes”. Algunas de ellas son del 4 de octubre, es decir, varios días después de la desaparición. “Estas comunicaciones mostrarían que una parte de estos jóvenes estarían vivos en estos días”, dijo Beristain.

Integrantes del GIEI

Los expertos también pudieron corroborar, con el acceso a los archivos de Sedena, que el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la escuela, quien daba información en tiempo real sobre las actividades que se hacia en la escuela, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.

Algunos integrantes del Ejército, al menos dos, tuvieron procesos disciplinarios, hechos por el propio Ejército, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre. “Se negó por mucho tiempo. Pero tenemos las pruebas, aunque no sabemos el contenido de estos procesos disciplinarios. Eso falta por saber y hemos pedido acceso a esta información”.

De acuerdo con otra integrante del GIEI, Ángela María Buitrago, el Ejército ha negado que haya posibilidad de hacer monitoreo, interceptaciones y “niegan que ellos hallan realizado, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de las informaciones que recuperamos”.

Los expertos revelaron también parte del contenido logrado por medio de un testigo protegido quien señala que los jóvenes fueron separados en tres grupos y que habían sido llevados a diferentes lugares bajo la custodia militar, de la policía estatal y grupos criminales. Señaló también “que habían sido asesinados”, dijo Beristain.

Además, el informe muestra que el 5 de octubre se montó una coordinación de los altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue llamada War Room (habitación de guerra), que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido se desconoce. “Consideramos que eso es algo que se tiene que aclarar”, sostiene Beristain.

Pegasus

Sedena utilizó el software espía Pegasus para monitorear teléfonos desde 2014, especialmente a partir de septiembre. Miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, familiares de los estudiantes, miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad fueron espiados. “Pegasus fue utilizado de forma indiscriminada”, dijo Buitrago.

Centro de Inteligencia Militar en Iguala

Los expertos de GIEI revelaron la existencia del Centro Regional de Inteligencia Militar denominado zona norte Iguala, que hacia actividad de seguimiento y monitoreo y, en algunos casos, interceptación de comunicaciones.

La Sedena ha negado que este Centro existía en 2014. “Nos han negado la existencia de este Centro en el año 2014, nos dicen que nasce en el año 2015, lo cual ya sabemos no es cierto”, dijo Buitrago. Eso porque GIEI tuvo acceso a informes provenientes de este Centro que atestiguan actividades de monitoreo en los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Comité de oadres y madres de los 43 normalistas desparecidos se manifestaron el apsado 26 de septiembre en el octavo aniversario del crimen de Estado. Foto: Aldo Santiago

Para la experta, el contenido de los informes generado por este centro es fundamental para saber lo que pasó en aquella noche. “Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia: es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar”.

Los expertos saben que los archivos generados por este Centro “están todavía en las instalaciones de Sedena”.

Basurero de Cocula

Una pieza fundamental de la llamada “verdad histórica” – una versión dada a conocer en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de lo que habría ocurrido con los estudiantes – fue el basurero de Cocula.

Te puede interesar – Desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado

Dicha versión considera que los agentes de la policía de Iguala entregaron a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos a los estudiantes porque, supuestamente, harían parte de Los Rojos, grupo contrario. Los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero.

En sus investigaciones los expertos corroboraron, por medio de documentos, que esta versión no procede. “No solamente tenemos las declaraciones de testigo que estuvieron el día 27 de septiembre en el basurero y que señalan que ahí no pasaba nada”, dijo Beristain.

“Sabemos que desde el día 4 y 5 de octubre la policía Estatal y Ejercito custodiaban el basurero de Cocula. Hay reportes oficiales que muestran, que el día 12 de octubre hay una inspección del basurero por parte de una patrulla del Ejército, que señalan que no hay nada extraño en el basurero. Quince días después de este informe aparecen unos restos que se señala que eran restos de los jóvenes”, explica.

El día 25 de octubre, supuestamente se descubre por una llamada anónima que habían tirado restos de los jóvenes en el basurero. “Ahora sabemos que esta llamada jamás existió, no es cierta. Sabemos que la persona que hizo eso se retractó y contó por qué lo hizo. Contó cuál fue la presión que sufrió para hacerlo”, relató el experto.

Quinto autobús

Otro elemento clave para entender lo que pasó en la noche del 26 de septiembre de 2014 es la existencia de un quinto autobús tomado por los estudiantes, que “había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades, tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, dijo Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI.

Los expertos reafirman, basados en imágenes de cámaras, que este quinto camión salió por la parte de atrás de la central camionera con los estudiantes.

En relación a este vehículo “se ha tratado de rodear de una serie de pruebas que permite decir que la intención clara es seguir ocultando [su existencia, además], fue escoltado por policías federales en la noche de 26 de septiembre”, analizó Buitrago.

De acuerdo con el informe de GIEI, desde su primer documento, los expertos señalan que “debía indagarse si en ese autobús se trasladaban drogas, lo que podría haber actuado como desencadenante de las agresiones, explicar la intensidad del ataque”.

Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Regina López

Desde por lo menos abril de 2014, la FGR tenía conocimiento del trasiego de drogas a través de autobuses de Guerrero hacia Estados Unidos, debido a investigaciones realizadas por autoridades de este país.

¿Hasta dónde va la voluntad de la 4T?

En abril de 2016, el GIEI concluyó su mandato en México, después de nueve meses de investigaciones, con la denuncia de que los obstáculosa su trabajo bloquearon la posibilidad de cumplir con su tarea central que era ubicar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

Te puede interesar – Investigaciones de los 43 no presentan ningún avance

En 2020, los expertos regresan al caso. En la presentación de su tercer y último informe, son muy claros al afirmar que solamente lograron acceder a importantes archivos, por ejemplo, los de Sedena, porque hubo autorización expresa de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a lo largo de toda la presentación los expertos mencionaron que no les fue dado acceso a documentos, que saben que existen, y que son clave para entender lo que pasó en aquella noche.

“Cuando contemos con el texto completo de estas comunicaciones sin lugar a duda podremos saber mas sobre la operación, los presuntos responsables, el paradero de los estudiantes y la forma cómo fueron trasladados”, dijo Buitrago.

Seguimiento en la busca de la verdad

El GIEI ha pedido una prórroga de un mes para que puedan concluir su trabajo. Sin embargo, sostienen que, después de eso, se tendrá que poner en marcha un mecanismo de seguimiento a su trabajo; fortalecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; y establecer una mejor comunicación entre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y los padres de las víctimas, de manera a lograr esclarecer lo que pasó en la noche del 26 de noviembre de 2014.

radio
Avispa Midia

“Todo se vino abajo cuando se tocó al Ejército”, sostiene familias de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa

Fuente: Avispa Midia

 

Sep 27, 2022 Tras 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el comité de padres y madres de los estudiantes marchó por las calles de la ciudad de México acompañado de organizaciones e individuos para exigir justicia en el caso acontecido en septiembre del 2014 en Guerrero. Durante mitin realizado en la plancha del zócalo capitalisno, lxs familiares demandaron investigación al Ejército mexicano, cuyos elementos están implicados en el crimen y su encubrimiento.

radio
Comité de Padres y madres de los 43

Ayotzinapa | A ocho años se vislumbran horizontes de impunidad

Ayotzinapa , Guerrero a 26 de septiembre de 2022 .-

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero a ocho años de que agentes del estado y criminales desaparecieron a nuestros hijos, seguimos de pie y con la frente en alto en su búsqueda permanente.

En este sinuoso camino hemos perdido a varias madres y padres que se han adelantado sin saber el paradero de sus hijos. Un ejemplo de este temple y entrega por la causa es la de nuestro compañero Bernardo Campos que arriesgó su salud y perdió la vida buscando hasta el último aliento a su hijo.

A que las imágenes de la violencia irracional de policías, soldados y delincuentes desplegada la noche del 26 de septiembre contra nuestros hijos golpean nuestra memoria en estos días. Sus acciones siniestras, desapareciendo y matando a jóvenes que solo querían ser maestros, ilustra la podredumbre de las instituciones de un estado decadente.

Cuatro años del gobierno anterior y cuatro del actual han sido insuficientes para darnos verdad. La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes, construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias, para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43. Por su parte el gobierno actual pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales.

Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica indubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor.

Como en el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde allí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión. No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables. Se creen fuera del imperio de la Ley. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando 16 órdenes de aprehensión que existían en su contra.

Como en el gobierno anterior las autoridades nos mienten, primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de más de 21 acciones penales entre ellas contra 16 militares, mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones y ponen al frente a la policía como muestra de su indolencia.

Este gobierno criminaliza nuestra forma de lucha y protesta. Se acude al fantasma de la infiltración e intereses ajenos en las protestas para descalificarnos, invisibilizando e invalidando nuestro dolor y digna rabia.

Para frenar los pocos avances en el caso, se abren guerras intestinas dentro del gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y restándole mérito al trabajo que realizaron, creando un ambiente enrarecido que frena el avance del caso. De igual forma el propio gobierno filtra a los medios de comunicación partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia. Se usa nuestro caso para que un poder del Estado golpee políticamente a otro, se culpan mutuamente por los fracasos judiciales, por su parte los perpetradores se engalan y tienen voz en los medios de comunicación. Mientras nosotros, como víctimas pasamos los tragos amargos de la impunidad que acrecienta nuestro dolor y sed de verdad y justicia.

Las anteriores, son señales funestas que presagian impunidad, que ilustran más de lo mismo. El tiempo transcurre inexorable, los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empantana en un lodazal de manoteos, zancadilas y golpes por debajo de la mesa entre una y otra institución, con el fin avieso de frenar el avance del caso y tejer un manto de impunidad.

Pero desde aquí les decimos las madres y padres de los 43 y la normal ruralde Ayotzinapa, no lo permitiremos. Alzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia.

Atentamente ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y madres de los 43

radio
Radio Zapote

Padres y Madres de los 43: Nuestra solidaridad con los damnificados y las victimas

Ayotzinapa, Guerrero,a 19 de septiembre de 2022.-

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos continuamos en nuestra jornada de lucha a días de cumplirse ocho años de su desaparición forzada.

Dadas las condiciones de devastación que sufre la población de Guerrero y Acapulco a consecuencia del paso de la tormenta tropical Lester, a los damnificados les expresamos nuestra solidaridad y nos unimos a su exigencia al gobierno estatal y federal de dar respuestas mediante un fondo de apoyo suficiente para restaurar los daños que sufren las familias.

Por tales razones hemos decidido suspender nuestras actividades de protesta que se tenía programada para este día en el puerto de Acapulco y concentraremos los contingentes en la Ciudad de México para continuar con nuestra lucha y exigencia de presentación con vida de nuestros hijos.

La Normal Rural de Ayotzinapa y las madres y padres de los 43, estarán siempre al lado de la gente de abajo que como nosotros sufre ya por la acción de los malos gobiernos o por las inclemencias de la naturaleza y la inacción de gobiernos insensibles e indiferentes a nuestro dolor.

Atentamente

 

Comité de Padres y Madres de los 43

radio
Avispa Midia

Prevalece violencia a derechos humanos en estados bajo control de Morena

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Durante el periodo del 1 junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 se registraron 118 eventos violentos contra personas defensoras de derechos humanos en México, de los cuales más del 71 por ciento fueron cometidos por alguna autoridad en los tres niveles de gobierno pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De estos eventos, se desprende un saldo de 203 agresiones entre los que figuran detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares.

Estos datos son parte del informe Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, quienes concluyen que, del total, seis de cada diez actos de violación a los derechos humanos, fueron responsabilidad de las autoridades estatales.

Te puede interesar – Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

Las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras “nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta” destaca el informe. Además, el documento señala la responsabilidad de las policías, federativas y municipales como principales perpetradores de “agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores”, quienes actúa a la par de grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército y a la Guardia Nacional.

Presentación del informe “Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación”

El registro apunta que acontecieron 307 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del Derecho humano a la protesta”. En el mismo periodo, 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y se registraron 19 personas víctimas de desaparición forzada.

“El uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del Derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio”, reitera el informe.

En el periodo que abarca el documento, la entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales es, como en el informe del año previo, Oaxaca con ocho casos. Le siguen Morelos, Sonora y Puebla con tres casos, Michoacán, Chiapas y Guerrero con dos casos y Colima, Veracruz, Baja California, Hidalgo y Chihuahua con un caso.

Represión

“La disminución del uso de estos mecanismos de represión política está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna”, resaltaron las organizaciones que elaboraron el informe.

Principalmente, las tres acciones mediante las cuales se manifestaron las agresiones fueron a través de desalojos, golpes y disparos con armas de fuego, así como el hostigamiento y el allanamiento de domicilios u oficinas.

Durante la presentación del documento, la Oficina de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) subrayó su preocupación sobre el incremento del allanamiento como una forma de sembrar terror y lo ejemplificó con el desalojo realizado por la Guardia Nacional, en febrero de este año, contra la Casa de los Pueblos Altepelmecalli en Puebla.

Te puede interesar – Guardia Nacional desaloja la Casa de los Pueblos Altepelmecalli

Aunado a esto, el documento enfatiza que los datos muestran que el Gobierno Federal no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves de derechos humanos, “responsabilidades que no sólo emanan de lo indicado en los instrumentos internacionales, sino de la responsabilidad moral que tiene ante el pueblo de México”.

Ante la gravedad de las agresiones, dentro del informe las organizaciones destacan el aumento, frente a años anteriores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del número de actos en el uso de ciertos mecanismos de represión política, así como el mantenimiento de ciertas estrategias que ya se habían observado en sexenios pasados.

Para las organizaciones, esta situación de violencia reiterada, aunada a “la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso para con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en entidades federativas donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir lo que es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido, informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando”.

En México, cada 14 horas se registra agresiones a la prensa

“Este nuevo paradigma, la 4T, lo que nos arroja con este informe es que, a las articulaciones y defensoras de derechos humanos, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite, no sólo de represión, sino de aplacar y exterminar”, compartió Jade Ramírez, cofundadora del medio Perimetral durante la presentación del documento.

En el evento, en el cual participaron representantes de organizaciones mexicanas e internacionales, se argumentó que los métodos de represión del actual Gobierno Federal se modificaron, pero lo que no cambió fue la intención de callar las voces disidentes que están inconformes con el proceder de las autoridades.

radio
Avispa Midia

Desaparecidos en México provoca movilizaciones en 25 entidades

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos integrados por familiares de desaparecidxs se movilizan en una jornada de manifestaciones que se multiplican en 25 estados de México para exigir atención integral a la crisis humanitaria que reporta 104 mil personas desaparecidas.

Te puede interesar – México alcanza las 100 mil personas desaparecidas

Por la mañana en la ciudad de México, colectivos comenzaron a agruparse en la Glorieta de las Mujeres que luchan para enfilarse rumbo a la Glorieta de las y los desaparecidos. Con la presencia de familiares de desaparecidxs de distintos puntos del país, la marcha acompañó al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), cuyas integrantes leyeron un pronunciamiento para cuestionar la inacción de las autoridades de todos los niveles.

“Como colectivos y familias buscadoras de personas desaparecidas llevamos años señalando que ser desaparecido no es normal”, reclamaron integrantes del MNDM, para quienes el Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia, lo cual aseguran no es así.

En la glorieta de la victoria alada, integrantes del MNDM también cuestionaron por qué en el país solo existen 35 condenas por estos crímenes y cuáles son las acciones de las autoridades para identificar los más de 52,000 seres humanos fallecidos que esperan ser retornados a sus familias.

El MNDM está conformado por más de 80 colectivos integrados por familiares de víctimas de desaparición forzada de 24 estados de México y de tres países de Centroamérica, quienes también son acompañadas por 40 organizaciones civiles.

Crisis humanitaria

“Esta crisis humanitaria no puede esperar más”, enunciaron las integrantes del MNDM debido a que existen muchos pendientes desde que, en 2018, la administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a procurar justicia por estos crímenes.

El MNDM señaló que, a pesar de que México tiene un marco normativo “garante y avanzado, el problema es que no se implementa, en este país la desaparición es el paradigma del crimen perfecto”. Como ejemplo de lo anterior, reclamaron que han transcurrido más de cuatro años tras la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, “un logro que no sería posible sin el impulso de las familias, sin embargo, aún seguimos exigiendo su efectivo funcionamiento”.

Te puede interesar – Madres buscadoras resignifican la marcha de la Dignidad Nacional

También demandaron el cumplimiento de otras acciones, tales como la presentación del Plan Nacional de Búsqueda; la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas; así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas y la creación del Plan Nacional de Exhumaciones.

Además, solicitaron la creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento el cual deberá mencionar instituciones responsables, de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, con plazos precisos de implementación para de esta manera contar con mecanismos de rendición de cuentas periódicos.

Demandaron también al Congreso federal para la asignación de presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación de seres humanos. “El criterio debe ser que alcance para los planes de trabajo y la operatividad de todas las dependencias dedicadas a la búsqueda en vida y la identificación humana forense de las personas que buscamos”, solicitó el MNDM.

Te puede interesar – “No estamos dispuestas a esperar 10 años más para que haya un cambio”: madres buscadoras

Otra de las acciones solicitadas al Estado es que reconozca la labor, “no sólo como familias buscadoras sino como personas defensoras y garantes de los derechos humanos”, para de esa manera reducir los riesgos a su integridad derivados de las acciones de búsqueda.

“Al gobierno le volvemos a decir no nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y la justicia”, enfatizaron a través del posicionamiento del MNDM.

radio
Comité de Padres y Madres de los 43

No claudicaremos hasta tener verdad y justicia – Comité de Padres y Madres de los 43

Ayotzinapa, Guerrero a 30 de agosto de 2022

El día 28 del presente mes ciertas personas convocaron a una marcha en Iguala para exigir la liberación de José Luis Abarca, uno de los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Desafortunadamente cinco padres de familia de los normalistas desaparecidos respondiendo a la invitación de Pedro Segura empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo.

Al respecto manifestamos que la asistencia de estos padres fue a título individual, de ningún modo representaron al colectivo de los Padres y Madres de los 43.
A nuestro movimiento le queda claro la responsabilidad de José Luis Abarca en la desaparición de nuestros hijos, al tenor de los datos de prueba que obran en la investigación la cual indica debe ser sancionado con todo el rigor de la Ley por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y haber truncado 43 vidas de jóvenes que tenían la esperanza de ser maestros.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Ezequiel Mora Chora padre del estudiante Alexander Mora Venancio quien asistió a la citada marcha, donde perdiera la vida en condiciones que consideramos deben ser investigadas detalladamente.
A sus familiares ofrecemos nuestras condolencias y solidaridad.
Queremos destacar que Pedro Segura, por órdenes de la familia Abarca y otros grupos de poder, desde hace tiempo realizan acercamiento con algunos padres para intentar cooptar y dividirnos .
El colectivo de los Padres y Madres de los 43 se encuentra integro y de pie con la convicción intacta de seguir en la exigencia de lograr verdad y justicia. Los intentos de división orquestados desde los grupos del poder y las mafias no podrán detener nuestro caminar ni socavarán nuestra lucha. No es ni será la primera vez que sufrimos estas embestidas, ya en el pasado caciques y gobernantes lo han intentado sin éxito alguno.
El amor por nuestros hijos es infinito y nuestra lucha por la justicia es inclaudicable.

ATENTAMENTE.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Comité de Padres y Madres de los 43.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de agosto de 2022.
Boletín No. 28

Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad

•    Permanece la impunidad del Estado mexicano en casos de desaparición Forzada en Chiapas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la impunidad continúa ante el incremento de la violencia criminal en el país. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reafirma su camino a lado de los pueblos que luchan contra esta grave violación de derechos humanos, por justicia, verdad y memoria de sus familiares desaparecidos.

En Chiapas la desaparición forzada se acrecentó a partir de la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94 , estrategia contrainsurgente implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares con el cobijo del Estado mexicano para frenar la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas que tomaron fuerza a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de esa acción de guerra son 34 personas desaparecidas en combate de manera forzada.

Recordamos a quienes hace 26 años en la zona baja de Tila, Chiapas, fueron víctimas del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” quien cometió decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y dejó a su paso miles de personas en desplazamiento forzado. Recordamos especialmente la desaparición forzada de 37 personas, entre ellas se encuentran Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Arcos Guzmán, Encarnación Pérez Pérez, María Rebeca Pérez Pérez, Juan Ramírez Torres, así como Antonio González Méndez desaparecido por el mismo grupo en el municipio de Sabanilla el 18 de enero de 1999. Además de las ejecuciones de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Torres, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López , Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Gutiérrez Peñate; hechos que continúan impunes.

Actualmente, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero del 2020 al 31 de julio de 2022, en Chiapas existen 688 personas desaparecidas o no localizadas, siendo los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, con las mayores cifras.

En los municipios de la frontera con Guatemala la problemática va en aumento, y los datos del RNPDNO están rebasados frente a la realidad de la desaparición, en medio de una crisis de violencia provocada por grupos criminales, frente a la omisión y/o tolerancia del Estado mexicano. Esta frontera es también refugio de familias guatemaltecas que han vivido por décadas sin poder legalizar su estancia, misma situación comparten familias en movilidad internacional forzada, por lo que sin duda existe un número mayor de personas desaparecidas que difícilmente serán encontradas en los registros oficiales, en medio de la invisibilización de su estatus migratorio.

Es notable la poca o nula capacidad del gobierno del estado, quien, tras dos años de falta de voluntad política, el pasado 9 de agosto de 2022 instaló el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, lo que denota irresponsabilidad y poca sensibilidad en atender esta demanda pendiente de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, en un contexto nacional de profunda crisis de derechos humanos, con un registro de más de 100 mil desaparecidos en el país.

Pese al transcurso del tiempo, y pese a que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que en Chiapas el Estado mexicano promovió el actuar de grupos paramilitares, este sigue negando la verdad, minimizando su responsabilidad, además de omitir la investigación respecto a los hechos de las desapariciones forzadas de los noventa en el marco del Conflicto Armado Interno, y con el mismo patrón de actuación respecto al fenómeno en la actualidad, lo que mantiene la herida abierta en las familias y comunidades que viven la continuidad de la impunidad.

Exigimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias que luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, desde el Frayba nos solidarizamos con las víctimas y nos unimos a sus exigencias de verdad y justicia.

-*-

radio
CIPOG-EZ | CNI

“Los Ardillos” desaparecen a dos miembros del CIPOG-EZ

Fuente: Congreso Nacional Indígena

¡DENUNCIA URGENTE! “LOS ARDILLOS” DESAPARECEN A 2 HERMANOS DEL CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

7 de mayo de 2022.

La mañana del 6 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana, dos de nuestros hermanos, de las comunidades que integran al CIPOG-EZ, fueron desaparecidos. Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y Lorena Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Chilapa, en el crucero de la Carretera a la altura de Atzacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez, lugar en el que el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” instala retenes. Sabemos que fueron “Los Ardillos”, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando.

Sin embargo, éste grupo narco-paramilitar, opera en la región con el conocimiento y complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, a quienes responsabilizamos por la desaparición de nuestra hermana Lorena Chantzin y de nuestro hermano Marcos Campos.

Denunciamos que la fiscalía y la gobernadora Evelyn Salgado no han hecho nada por detener los asesinatos, desapariciones, torturas y demás acciones de “Los Ardillos” ni mucho menos por buscar a nuestros desaparecidos, como a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022 por la policía municipal de Atlixtac. Exigimos la aparición con vida de Lorena y Marcos Campos. Es insostenible lo que estamos viviendo y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que pueda pasar.

Les pedimos hermanos y hermanas de México y del mundo, estar atentas a lo que pueda suceder.

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

radio
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

El Estado mexicano le miente a la comunidad internacional. Mientras tanto las desapariciones y la muerte se mantienen en Guerrero y en todo el país

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A un día de la conmemoración de los 103 años del asesinato del General Emiliano Zapata, a un día también de la Consulta de Revocación de Mandato. Abismal diferencia de hechos. Por un lado, Zapata defendiendo la tierra, la vida, la libertad, justicia y ley. Por el otro una disputa por el poder, allá arriba, donde quien llega se olvida de mirar abajo pero ahora le dice al abajo que puede cambiar a su verdugo cada 3 años y no 6, le dice al abajo que tiene que agradecer porque el mandón seguirá mandando, destruyendo la tierra, las selvas, los bosques, el agua, entregando el país al capital extranjero y nacional, privatizando los bienes naturales y explotando a los trabajadores, permitiendo que el crimen organizado asesine y extorsione, pero ahora nos van a preguntar acá abajo, si todo bien o si preferimos que todo lo anterior descrito, lo haga el mismo u otro, otra, un éxito completo ¿De algo servirá que el verdugo cambie cada 3 años?

11 de abril de 2022

Mientras tanto, la realidad sigue golpeando nuestras caras, nos sigue despreciando, asesinando. En el país y en nuestro estado, Guerrero, creen que se puede resolver con discursos, dicen que ya todo lo están arreglando y que todo está bajo control. Tal como hacen en la respuesta del 30 de marzo de 2022 al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicimos por la desaparición de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ocurrida el 25 de enero de 2022 en manos de la policía municipal de Atlixtac y encubierta por la fiscalía, el gobierno municipal, por el gobierno de Guerrero y ahora por el gobierno federal.

1. El Estado mexicano le dice al Comité de las Naciones Unidas: “tengan por presentado el informe […] tenga por atendida la solicitud de información solicitada por el Comité respecto a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez”. De manera contundente, no dicen nada. Explican que se han reunido con la familia, que han hecho búsquedas y mas reuniones. Pero ninguna detención, es decir, hay desaparecidos y perpetradores, dicen buscar a los desaparecidos, pero no detienen a quienes los desaparecieron, saben que fueron detenidos por la Policía municipal de Atlixtac, que a su vez es protegida por el Municipio, la fiscalía y por el mismo gobierno del Evelyn Salgado, del partido Morena. El Estado se protege a sí mismo, habla bien de sí, cuando dentro del mismo están los culpables y sus cómplices.

2. El mismo 30 de marzo de 2022, día en que el Estado Mexicano le responde al Comité Contra la Desaparición Forzada que “están trabajando y redoblarán esfuerzos”, se reunió la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, para modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tal forma que:

  • El acompañamiento para las personas beneficiadas del Mecanismo de Protección será de un máximo de 5 días al mes.
  • Se deberá solicitar el Mecanismo con 72 horas hábiles de anticipación e itinerario correspondiente.
  • Los acompañamientos dependerán de la disponibilidad de los elementos.
  • Las medidas son de carácter temporal.

Como si la violencia en contra de periodistas no fuera tan brutal. Como si la vida de quienes hacemos el trabajo del Estado Mexicano de brindar seguridad a nuestros pueblos, enfrentando a la delincuencia organizada y a los grupos narco-paramilitares, no estuviera en riesgo todo el tiempo, dentro de nuestras comunidades, en las carreteras, dentro de los municipios, los grupos delincuenciales se mueven con holgura y son informados, solapados y apoyados por las mismas autoridades, como sucedió en Atlixtac donde siguen impunes y fuera de investigación quienes desaparecieron a nuestros hermanos Pablo y Samuel.

Es por lo anterior que como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, responsabilizamos a los 3 ordenes de gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos y promotores Jesus Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silberio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, así como a cada integrante de nuestra organización. Sepan que los ojos de la comunidad internacional están atentos a la forma en la que nuestros derechos son vulnerados y al desprecio con el que nos miran, la forma en la que mientras dicen trabajar por la aparición de Samuel y Pablo, dejan en total abandono a quienes, si solicitamos el Mecanismo de Protección, no fue por sentirnos importantes o para ganar votos para tener un puesto en el gobierno -tal como ustedes se manejan-, sino porque nuestras vidas están en riesgo y no sólo las nuestras, sino las de miles de personas que en México luchamos por un mundo donde podamos vivir en paz y libertad.

¡BASTA DE SIMULACIÓN!

¡EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE QUIENES LUCHAN POR LA DEFENSA DE LA VIDA!

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

Página 1 de 912345...Última »