^{Foto por Ángel Huerta}

Hace siete años (2014) ocurrió un evento que marcó al país entero, se abrió un capítulo más entre los miles que se suman constantemente al libro de las desapariciones en México; aunque, como la mayoría de las historias, esta tampoco ha encontrado su desenlace y se niega a morir hasta que su “misterio” sea resuelto. Como es bien sabido, la oscuridad de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2016 fue testigo de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Tras de búsqueda implacable, desvelo, rabia e impunidad, las madres y padres desesperados preguntan por el paradero de sus hijos, cuestionan en donde está esa justicia que se les viene prometiendo desde el sexenio pasado. Porque, sin lógica alguna, 84 meses parece ser apenas suficiente para encontrar únicamente los restos de 3 desaparecidos y tener ningún responsable pagando por sus crímenes.

Ha quedado en varias ocasiones evidenciado que las propias autoridades entorpecen las investigaciones, pues el sexenio pasado se ofreció como respuesta de consolación la llamada “verdad histórica” que consistía en un escenario en el cual agentes policiacos corruptos de Iguala (Guerrero) pusieron a los jóvenes en manos del cártel Guerreros Unidos, quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula; no obstante, dicha aclamación resulto ser una injuria a su nombre, ya que tiempo después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron dichos resultados y a partir de encontrar en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y en junio de este año  los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se derrocó la teoría fraudulenta al probarse de dichos resquicios  no mostraban haber sido expuestos al fuego.

¿Entonces, cual fue el verdadero destino de los 43?  

Esa pregunta sigue sin respuesta, lo cual, después de siete años añade gravedad a este caso de violación a los derechos humanos. Y no es que no haya avances pues, al menos, hace tres años fue creada (por Decreto del presidente de la República) la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y ya existen 80 detenidos, según informes del actual sexenio; pero los resultados siguen siendo mínimos y continuamente se detienen.

Integrantes de la CoVAJ-Ayotzinapa refieren encontrar interés por parte del presidente en turno -Andrés Manuel López Obrador- en cuanto a dar resolución a este caso; no obstante, los resultados ofrecidos hasta el momento son discordantes a las promesas hechas con vehemencia.

Como dijo Cristina Bautista (madre de Benjamín Ascencio Bautista y miembro de la la CoVAJ-Ayotzinapa), en una entrevista para Proceso, “le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros”.

En este punto varios padres no encuentran resignación en cuanto a volver a abrazar a sus hijos, no han renunciado a conocer qué les pasó. Así la realidad sea un golpe, ellos ya no quieren analgésicos ni placebos hechos de falsas mentiras y esperanzas, lo que demandan es la verdad (que les otorgará paz o el impulso para luchar todavía más en búsqueda de castigar a los responsables).

Obstáculos en los procesos 

Se han desestimado decenas de pruebas aportadas al caso, dado que se determinó que habían sido conseguidas por medio de tortura a los testigos.

Además, no todos los engranajes del gobierno desean trabajar para el mismo fin y ejemplo de ello es que la fiscalía mantiene pendientes 40 órdenes de aprehensión correspondientes al caso de los 43 desaparecidos. Entre las cuales destaca la de Tomás Zerón de Lucio (extitular de la Agencia de Investigación Criminal) a quien se le acusa de alterar evidencia del caso de los 43 y actualmente se encuentra “escondido” en Israel.

Este 26 de septiembre, se realizó una misa y, después, una marcha encabezada por los padres de los 43 desaparecidos que comenzó a las 4:00 P.M., desde el ángel de la independencia, con destino al zócalo capitalino. Igualmente, en diversos sitios de México y otros países se realizaron acción que se sumaron para exigir justicia y presentación con vida de los 43 estudiantes. Porque este caso no sólo dejo una cicatriz profunda para México y los familiares de los jóvenes, es un crimen que lo sabe el resto del mundo.

^{En portada: Librada Arnulfo, hermana de Felipe Arnulfo, uno de los normalistas de Ayotizanpa que fueron desaparecidos, participa en una protesta afuera de la Procuraduría General de la República. 26 de mayo, 2016, Ciudad de México.  Foto: Clayton Conn.}

Este jueves (19), Andrés Manuel López Obrador sostuvo en conferencia de prensa que, de 100 compromisos que dijo cumpliría durante su gobierno, ha cumplido con 98 de ellos, solo le resta, a parte de la descentralización del gobierno, “el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”. A su vez, dijo el mandatario mexicano, que no es sencillo, porque se trata de “una red de complicidades y componendas”.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), puntualizó que está dando seguimiento a personas involucradas en el caso que habían evadido a la ley y, aceptó, que al menos ocho personas vinculadas al caso han sido asesinadas. “Claro, hay que entender el problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero. Tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas, o este pacto de silencio para borrar toda huella del caso de Ayotzinapa”, sino que también una reorganización del narcotráfico, sostuvo Encinas.

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Estos asesinatos se han suscitado a casi siete años, desde aquel 26 de septiembre de 2014, en que los estudiantes, de entre 17 y 25 años, pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron desparecidos. En esta acción participó el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos y de forma inusual, la policía estatal y municipal. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y, por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos”.

Encinas asevera que han sostenido una serie de reuniones con los familiares de los 43 estudiantes desparecidos y que a partir de la última semana de agosto evaluarán los avances con los familiares, junto a Omar Gómez Trejo, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa.

Megastar Development Corp, Inomin Mines, G79 Gold79 Mines Ltd, Minaurum Gold se unen a la lista de más de 400 concesiones vigentes en Oaxaca

Por Daniel Arellano Chávez

En este espacio revelamos que la empresa transnacional Minaurum Gold tiene la intención de avanzar sobre las tierras de la selva de los Chimalapas, con una “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. Sin embargo, no es la única empresa interesada en territorios del estado de Oaxaca, y esto lo demuestra la intensa actividad de trasferencia, adquisición y compra de concesiones mineras realizada durante el mes de agosto de 2020, por las mineras G79 Golden 79 Mines Ltd, Inomin Mines y Megastar Development.

Medios especializados en el sector minero transnacional, publicaron el 5 de agosto: “Aura Resources Inc. se complace en anunciar que de conformidad con una resolución aprobada por su junta directiva el 28 de julio de 2020, la Compañía cambió su nombre a “Gold79 Mines Ltd.”, de esta manera concesiones mineras establecidas en Oaxaca cambian el nombre del titular, sin que esto sea regulado por el gobierno federal y las instituciones encargadas del sector.

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Para tener idea de lo que ocurre con una sola concesión minera, el territorio de Taviche concesionado, con otras delimitaciones, nombres de lote u asociaciones derivadas para muestreos y exploraciones; ha estado en manos o interés de las siguientes empresas: Aura Silver Resources Inc, Intrepid Mines Ltd, Pan American Silver Corp, Minaurum Gold, Newstrike Capital Inc, Maverix Minerals, Fortuna Silver Mines.

Gary R. Thompson, ahora presidente de G79 Gold79 Mines Ltd declaró: “Estoy emocionado de asumir el cargo de presidente y convertirme en un accionista importante de Gold79. Nuestro objetivo es crear valor para los accionistas aumentando nuestro sólido equipo técnico y haciendo un seguimiento de los éxitos de exploración anteriores. Tres de nuestros proyectos prioritarios “.

El “Higo Blanco”

Entre los territorios que la nueva empresa minera presume como proyectos, se encuentran 986 Hectáreas de los municipios de San Pedro Taviche y San Jerónimo Taviche. El proyecto minero llamado Higo Blanco, ubicado en Taviche Oaxaca, es “propiedad” en 80% de otra empresa minera, llamada Minaurum Gold y 20% “propiedad” de G79 GOLD79 MINES LTD, las exploraciones realizadas con anterioridad en los años  2009 y 2011, señalan que existe una mineralización “robusta” de plata, significa que por cada tonelada de territorio, la empresa obtendrá de medio gramo a 1 gramo de plata, lo que en términos de explotación minera es redituable, además en el territorio existe oro aún en menor proporción por tonelada.

La Gitana y Peña Blanca

Inomin Mines por su parte compró los proyectos denominados La Gitana y Peña Blanca ubicados en Oaxaca, a la empresa Gunpoint Exploration en agosto de 2020, pagando con un millón de acciones, 25 mil dólares en efectivo y una regalía de 1.5% del valor de la explotación a la anterior empresa posesionaria de la concesión, lo que significa un beneficio directo para sus propietarios e inversionistas, dado que las acciones de la empresa dieron un salto de 700%  en su valor financiero, sin embargo esta transacción no deja un solo centavo en el territorio concesionado ni para la administración del gobierno federal.

En La Gitana, 38 barrenos perforaron las tierras de Yautepec encontrando oro y plata. Peña Blanca por su parte a unos escasos kilómetros presenta mineralización de oro y plata dentro de un sistema que alcanza una extensión de 9km.

Inomin Mines aún tiene que detallar sus planes para los proyectos, pero dijo que “sistemas mineralizados que no han sido sometidos a pruebas en Peña Blanca requerirán seguimiento.”, es decir se torna inminente una ola de exploraciones mineras en este territorio.

Rama de Oro, Magdalena y Yautepec

Megastar Developmen Corp por su parte anunció también en agosto de 2020, “que ha modificado los acuerdos de opción mediante los cuales la Compañía puede adquirir una participación íntegra del 100% en los proyectos Rama de Oro, Magdalena y Yautepec (los “Proyectos”), ubicados en el estado de Oaxaca, México, mediante la extensión de las fechas de vencimiento para los gastos de exploración en cada Proyecto.”

Los gastos por el proyecto Rama de Oro fueron de US $ 350,000, los compromisos de gastos de Magdalena y Yautepec, ascendieron a US $ 310,000  y un agregado de US $ 12,500 al vendedor, quien es un director de otra Compañía minera, es decir un total de 672 MIL 500 Dólares, un equivalente a 14 millones 721 mil 25 pesos mexicanos, de los cuales una vez más ni la administración federal, ni las comunidades afectadas reciben un solo centavo.

“Nos complace tener la flexibilidad del tiempo adicional para cumplir con los compromisos de exploración en nuestros proyectos, dados los desafíos del mercado de 2019 y las restricciones de COVID-19 de 2020”, declaró Dušan Berka, CEO de Megastar. Esperamos reanudar el trabajo de campo para seguir avanzando en nuestros éxitos de exploración en las primeras etapas de estos proyectos de primer nivel “.

La forma de actuar de las empresas transnacionales es bien sabida, una combinación de corrupción, tratos clandestinos con autoridades que venden a sus pueblos, presiones de otros órdenes de gobierno sobre las comunidades, tanto desde el ámbito estatal y federal, hasta llegar al hostigamiento, la amenaza, la represión auxiliándose de fuerzas estatales y no estatales, hasta llegar al asesinato.

La empresa señala que en los territorios de Oaxaca, “los representantes de Megastar están volviendo a interactuar con los líderes comunitarios en cada una de las tres áreas del proyecto. Mientras tanto, se están finalizando los planes para las próximas etapas del trabajo de campo que darán seguimiento al exitoso trabajo de exploración realizado en 2019. La Compañía asesorará a los accionistas una vez que se haya establecido un plazo firme para este trabajo.”

En plena pandemia en un ambiente de creciente violencia y crisis económica en Oaxaca, las mineras transnacionales siguen generando ganancias con base a las concesiones mineras bajo su control. El oro batió un récord al transarse en US$2.061,50/oz en la sesión matutina del 7 de agosto en Londres, mientras que la plata alcanzó un máximo de siete años al cerrar en US$28,33/oz esa misma jornada.

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En Canadá se complacen con el anuncio de una nueva empresa minera, en Oaxaca los pueblos se mantienen a la expectativa sobre qué sucederá en sus territorios. “Nos están sentenciando a una muerte segura” afirmaron en su denuncia las autoridades de Magdalena Ocotlán, al señalar la contaminación ambiental por un derrame químico el pasado 10 de julio de 2020 y el anterior ocurrido en octubre de 2018, que legalmente para la empresa Fortuna Silver Mines solo tuvo por sanción, una multa por 800 mil pesos de parte del actual gobierno federal, la expansión de las mineras mantiene en alerta a las poblaciones de los Valles Centrales.

El Panorama Minero del  Estado de Oaxaca, documento publicado en los últimos días de 2018 por la actual administración del gobierno federal, reconoce 427 concesiones mineras vigentes; mientras estas no sean canceladas, la especulación financiera, que genera ganancias económicas para las corporaciones continuará, a la vez los pueblos que son afectados y muchas veces concesionados sin siquiera saberlo, seguirán en la incertidumbre sobre qué ocurrirá con su territorio y por ende con la vida de sus habitantes, Oaxaca es un claro ejemplo de esta situación.