
Ayotzinapa
Armas ilegales de la alemana Heckler & Koch fueron usadas en Ayotzinapa
Por Avispa
Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a México por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. “De acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero”, sostienen siete organizaciones de derechos humanos, de México y Alemania, en un informe publicado este mes.
El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportación ilegal de armas.
De acuerdo con las conclusiones del tribunal alemán, la licencia para la exportación de más de 4,200 rifles de asalto de la empresa a México se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.
Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alemán para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde serán utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alemán había considerado crítica la situación en varios estados mexicanos, y había prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron allí.
Dos empleados de la empresa enfrentan penas en régimen de libertad condicional y multas por la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México. El tribunal los consideró responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar más de 3 millones de euros.
Las organizaciones subrayan que, además de los 4,200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles más a otras regiones de México, las cuales el gobierno alemán considera seguras. “La exclusión de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es más que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situación de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupción e impunidad imperantes, México en su conjunto nunca debería haber recibido armas”, dicen en su informe.
Al día de hoy, Alemania no cuenta con instrumentos jurídicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. “Una nueva Ley de Control de la Exportación de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportación. Dicha ley debería otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportación, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas”, defienden.
Desaparición forzada
El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de México: miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos años. Según las cifras oficiales, el número supera ya los 90,000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado están directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpetúa ya que las víctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.
El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acción – ¡detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net – Stop the Arms Trade (Red Global – detengan el armamento) y Ohne Rüstung Leben (Vivir sin Armas).
Siete años entorpeciendo búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Por Vanessa Garcìa Navarro
Foto por Ángel Huerta
Hace siete años (2014) ocurrió un evento que marcó al país entero, se abrió un capítulo más entre los miles que se suman constantemente al libro de las desapariciones en México; aunque, como la mayoría de las historias, esta tampoco ha encontrado su desenlace y se niega a morir hasta que su “misterio” sea resuelto. Como es bien sabido, la oscuridad de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2016 fue testigo de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Tras de búsqueda implacable, desvelo, rabia e impunidad, las madres y padres desesperados preguntan por el paradero de sus hijos, cuestionan en donde está esa justicia que se les viene prometiendo desde el sexenio pasado. Porque, sin lógica alguna, 84 meses parece ser apenas suficiente para encontrar únicamente los restos de 3 desaparecidos y tener ningún responsable pagando por sus crímenes.
Ha quedado en varias ocasiones evidenciado que las propias autoridades entorpecen las investigaciones, pues el sexenio pasado se ofreció como respuesta de consolación la llamada “verdad histórica” que consistía en un escenario en el cual agentes policiacos corruptos de Iguala (Guerrero) pusieron a los jóvenes en manos del cártel Guerreros Unidos, quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula; no obstante, dicha aclamación resulto ser una injuria a su nombre, ya que tiempo después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron dichos resultados y a partir de encontrar en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y en junio de este año los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se derrocó la teoría fraudulenta al probarse de dichos resquicios no mostraban haber sido expuestos al fuego.
¿Entonces, cual fue el verdadero destino de los 43?
Esa pregunta sigue sin respuesta, lo cual, después de siete años añade gravedad a este caso de violación a los derechos humanos. Y no es que no haya avances pues, al menos, hace tres años fue creada (por Decreto del presidente de la República) la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y ya existen 80 detenidos, según informes del actual sexenio; pero los resultados siguen siendo mínimos y continuamente se detienen.
Integrantes de la CoVAJ-Ayotzinapa refieren encontrar interés por parte del presidente en turno -Andrés Manuel López Obrador- en cuanto a dar resolución a este caso; no obstante, los resultados ofrecidos hasta el momento son discordantes a las promesas hechas con vehemencia.
Como dijo Cristina Bautista (madre de Benjamín Ascencio Bautista y miembro de la la CoVAJ-Ayotzinapa), en una entrevista para Proceso, “le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros”.
En este punto varios padres no encuentran resignación en cuanto a volver a abrazar a sus hijos, no han renunciado a conocer qué les pasó. Así la realidad sea un golpe, ellos ya no quieren analgésicos ni placebos hechos de falsas mentiras y esperanzas, lo que demandan es la verdad (que les otorgará paz o el impulso para luchar todavía más en búsqueda de castigar a los responsables).
Obstáculos en los procesos
Se han desestimado decenas de pruebas aportadas al caso, dado que se determinó que habían sido conseguidas por medio de tortura a los testigos.
Además, no todos los engranajes del gobierno desean trabajar para el mismo fin y ejemplo de ello es que la fiscalía mantiene pendientes 40 órdenes de aprehensión correspondientes al caso de los 43 desaparecidos. Entre las cuales destaca la de Tomás Zerón de Lucio (extitular de la Agencia de Investigación Criminal) a quien se le acusa de alterar evidencia del caso de los 43 y actualmente se encuentra “escondido” en Israel.
Este 26 de septiembre, se realizó una misa y, después, una marcha encabezada por los padres de los 43 desaparecidos que comenzó a las 4:00 P.M., desde el ángel de la independencia, con destino al zócalo capitalino. Igualmente, en diversos sitios de México y otros países se realizaron acción que se sumaron para exigir justicia y presentación con vida de los 43 estudiantes. Porque este caso no sólo dejo una cicatriz profunda para México y los familiares de los jóvenes, es un crimen que lo sabe el resto del mundo.