Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Organizaciones de derechos humanos acompañaron a familiares de los detenidos para realizar una manifestación en las afueras del CERSS No.5. Foto: Jeny Pascacio}

“Estoy preocupada porque está encerrado mi marido y mi hijo Vicente está enfermo, qué tal si se muere. Pido que lo liberen de inmediato porque no es verdad lo que le culpan”, narró Lucia Santiz Aguilar, esposa de Martín Pérez Domínguez, detenido de manera arbitraria y acusado de homicidio calificado junto a Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de San Juan Cancuc, Chiapas.

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Lucía participó con otros familiares, defensores de los derechos humanos, sacerdotes y organizaciones acompañantes en una peregrinación que recorrió los alrededores del Centro de Reinserción para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran los indígenas tseltales.

“Quiero justicia para mi esposo porque no es su culpa que haya muerto el borracho”, dijo a Avispa Midia, Josefa Cruz Pérez, esposa del defensor Manuel Santiz. “No es verdad lo que están diciendo las autoridades de San Juan Cancuc, solo es una trampa”.

Josefa y Manuel tienen 12 hijos, uno de ellos aún en brazos. “Estamos sufriendo porque no hay comida para los hijos; pido la libertad”. La madre de Manuel, Matalia Cruz Torres, se unió a la protesta pacífica para exigir a la Fiscalía dejar de criminalizar y hostigar a los indígenas por su labor en los derechos humanos, “esa es la palabra”.

En el caso de Catalina, llegó a la peregrinación para pedir justicia para Juan, su hermano, quien es padre viudo de un menor de edad que, desde la detención, se encuentra solo y, también, sin alimentos.

No hay autopsia 

A las 2hrs del domingo 29 de mayo, testigos escucharon gritos de un hombre que pedía auxilio. Luego un ruido más fuerte los alertó. Los pobladores del barrio Abajo o C’ani’, en la cabecera municipal de San Juan Cancuc, se congregaron y se percataron de que se trataba del policía municipal Antonio Aguilar, que había caído ocho metros en un barranco.

Sacaron al uniformado y, por las reglas del lugar, lo multaron con 5 mil pesos por alterar el orden público, con la agravante de pertenecer a una corporación policiaca. De acuerdo a estas versiones, el policía Aguilar se encontraba bajo los efectos del alcohol y quizá otras sustancias.

Una comisión fue enviada para dar aviso al director de la Policía Municipal, Lorenzo Pérez Guzmán, quien respondió con prepotencia. A las 5hrs del mismo día, otros tres policías llegaron al barrio C’ani’ para llevarse a Antonio Aguilar.

Uno de los uniformados se quedó como garantía para pagar la multa, pero minutos después le avisaron por radio que Antonio Aguilar había fallecido y, minutos más tarde, llegaron seis camiones con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para detener directamente a Manuel Santiz, Agustín Pérez y Juan Velasco a la vista de, al menos, 100 pobladores.

En el momento no les proporcionaron información sobre los motivos de la detención y tampoco tuvieron acceso a un traductor, pero fueron acusados de portación de mariguana. Los dejaron en libertad por la noche y horas más tarde fueron detenidos nuevamente y trasladados al CERSS número 5.

De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), desde la detención se muestra el contubernio entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Poder Judicial del Estado.

El 1 de junio, organizaciones, familiares e integrantes del Comité acudieron a la cárcel y en ese momento dos personas más fueron detenidas sin ninguna orden de aprehensión. Se trata de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez quienes también fueron testigos del momento en que los policías sembraron la droga para inculpar a los primeros tres detenidos.

En la causa penal 78/2022, la Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión contra el defensor Manuel Santiz y siete personas más, dos de ellas aún en libertad y de las cuales se omiten nombres por razones de seguridad.

Pero, el Juez de Control, Carlos Lamberto Márquez Espinosa, otorgó la orden antes de que existiera la solicitud ministerial formal. “El juez ya tenía lista la orden”, puntualizó Jorge Gómez, abogado del Frayba.

Previo a la peregrinación solicitaron el cambio de Márquez Espinosa, que también presidirá la audiencia de este lunes (6) y quien, a criterio de la organización, carece de independencia e imparcialidad.

“Científicamente no está comprobada la causa de muerte. El médico que emite el certificado solo menciona una probable causa de muerte, por eso creemos que el aparato de impartición y procuración de justicia está siendo manipulado. Cómo pueden acusar a los cinco compañeros de homicidio, si no está comprobado”, explicó Gómez.

La voz de los tseltales 

Para el vicario de la parroquia de San Juan Cancuc, José Luis Vargas, todo se debe a una confusión que el gobierno no tiene la intención de aclarar. Agregó que el sábado antes de la muerte del policía hubo una conmemoración religiosa a la que se unió la corporación municipal.

Antonio Aguilar, entre los policías, ingirió bebidas y drogas; se descontroló y salió corriendo. Cuando los pobladores del barrio C’ani’ lo sacaron del barranco, dieron a conocer que el hombre traía más golpes en el cuerpo, además de los que sufrió por la caída.

Días antes de la detención, Manuel Santiz participó en una asamblea por problemas de tierras comunales y potreros. Alzó la voz y señaló al alcalde, Manuel Aguilar López, como responsable por omisión.

Tras el acto, el cabildo advirtió “que lo iban a agarrar, entonces hay una confusión por la cual creemos que son inocentes y es algo injusto que proviene del gobierno municipal porque tenemos ocho años de resistencia contra la supercarretera San Cristóbal-Palenque; además, hay movimiento por la vida y el territorio; son antecedentes”, agregó el vicario.

La supercarretera es parte del proyecto del Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque, que integrarán tres autopistas: Pijijiapan-Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla-San Cristóbal y San Cristóbal-Palenque o “la mal nombrada” Carretera de las Culturas.

La obra afectará a varios municipios en resistencia, entre ellos San Juan Cancuc. La autopista ligará la región al Tren Maya, en la Península de Yucatán, que trae consigo la militarización, a la que también se han negado por años el pueblo tseltal.

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Por ello, a las voces de la peregrinación de este 4 de junio se unieron representaciones del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite), la parroquia San Juan Evangelista y el Pueblo Creyente. Asimismo, Sipaz y Swefor, mientras Front Line Defenders emitió un pronunciamiento en el que calificó de arbitraria la detención de Manuel Santiz.

La exigencia general se basa en una investigación seria, verídica, sin manipulaciones, apegada a la ley para que la Fiscalía General del Estado de Chiapas actúe con objetividad, busque la verdad y la justicia “y libere a los detenidos injustamente”.

A unos metros del CERSS 5, realizaron oraciones en tseltal y español, encendieron velas y un sahumerio. Las actividades pacíficas concluyeron con la clausura simbólica del Palacio de Justicia de los Altos, localizado en la zona conurbada de San Cristóbal, donde colocaron pancartas con consignas. La principal: “Clausurado por represor”.

Alerta

El domingo (5), habitantes del barrio C’ani’ alertaron que el alcalde ofreció dinero a las personas que se integren la manifestación que planean realizar este lunes (6) en la Fiscalía Distrito Altos para pedir la sentencia de los cinco indígenas tseltales.

Existe preocupación porque las familias de los detenidos también acordaron reunirse en el mismo lugar, pero con la exigencia de justicia y libertad, a propósito de la audiencia determinada para hoy.