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Chiapas

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Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

¿Cuánto cuesta la justicia? A más de 80 días del inicio de la huelga de hambre en los penales de Chiapas

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo? ¿Cuánto vale una vida? – ¿A quién le importan? ¿Cuesta la vida la justicia?

Más de 80 días desde el inicio de este proceso de lucha en busca de justicia y libertad. Horas, días, semanas y meses de una sucesión de hechos que van desde la resistencia al desgaste; de la dignidad a la ignominia; de la apuesta por la vida y por la libertad, aún con el costo de estar dispuestos a entregar la vida misma por encontrarla.

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo?

¿Imaginas llevar más 15 años preso, y de esos 14 sin sentencia, haber perdido tu familia, no contar con ni un peso de ingresos en este tiempo, porque la cárcel te tiene secuestrado, y que la justicia te pida más de 18.000 pesos para poder acceder a la copia de tu expediente, y con ello a la posibilidad de tu defensa?

No lo imagines, ese caso se llama Adrián Goméz Jiménez está encerrado tras los muros del CERSS Nº5, lleva 83 días en lucha y en huelga de hambre; y la empresa privada que gestiona la “copiadora” del Juzgado de este penal le pide esa cantidad para poder obtener su expediente.

Y éste es sólo uno de los casos, imaginen a cuánto asciende la suma de todos los expedientes de nuestros compañeros en huelga de hambre. ¿Quién hace negocio con la justicia, quién se beneficia del encierro, a qué costo?

Para nuestros compañeros, la justicia les costó su proyecto de vida, sus ilusiones, sus apuestas a ese futuro que esperaban y por el que todo, y cada uno de los días, se esforzaban en alcanzar.

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Avispa Mídia

Gobierno de Chiapas insiste en proyecto de súper autopista; comunidades indígenas rechazan la construcción

Durante la asamblea realizada en la cabecera municipal del municipio de San Juan Cancuc, el 23 de marzo pasado, habitantes de 43 comunidades tseltales  firmaron un acta de acuerdo donde rechazan otorgar los permisos para la reactivación de los trabajos técnicos del proyecto carretero entre San Cristóbal de las Casas-Palenque, Chiapas.
Asamblea de autoridades locales de Cancuc. Mayo, 2019.

El documento firmado por autoridades comunitarias, expresa el posicionamiento unánime contra la imposición del proyecto carretero del gobierno estatal. Además se desmiente el documento con fecha de 30 de julio del año 2014, que afirma tener el respaldo de los comuneros, mediente un acta de acuerdo que segun el secretario de gobierno del estado del Chiapas, Ismael Brito, se levantó en este año. En este documento no solo se aprueba el paso de la carretera, sino que establece que cuenta con el apoyo de los comuneros. Y al ser deconocido por estas comunidades ” queda sin efecto dicho documento”, refiere el acuerdo de las acomunidades sobre la súbita aparición de esta acta de aquel año .

En contexto Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la carretera San Cristóbal-Palenque

“Los habitantes del municipio de San Juan Cancuc tienen sus terrenos con las medidas muy pequeñas que las conservan y son las únicas que nos dan para vivir el autoconsumo. Los terrenos afectados pertenecen a varias comunidades del municipio, no solo a la comunidad de Crusiljá y Yaxnail ya que son tierras comunales”, manifestaron las autoridades locales durante la asamblea en la cual también aprovecharon para denunciar la nula respuesta del gobierno estatal ante los escritos de inconformidad que las comunidades enviaron desde el 1 de abril.

Prioridades

Tras la victoria electoral en julio de 2018, el nuevo gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha enfatizado que la administración chiapaneca a su cargo priorizará el desarrollo de proyectos carreteros.

Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas en reunión con empresarios del estado sureño de México

“Lo que necesita Chiapas son carreteras, supercarreteras y caminos que comuniquen todos los pueblos con las principales ciudades del estado y esa será una prioridad del gobierno”, declaró Escandón ante empresarios chiapanecos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al vincularlo con otros planes de infraestructura en el sureste mexicano como el denominado tren maya.

En contraste al diálogo permanente entre gobierno y empresarios, los pueblos y comunidades del municipio de San Juan Cancuc no han recibido respuesta a sus escritos de inconformidad entregados en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Rechazo, no sólo en Cancuc

También ocho municipios de Chiapas se unieron a San Juan Cancuc en el rechazo de la construcción del tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Palenque pues “el único beneficio que obtienen nuestras comunidades, es el despojo del territorio, y la destrucción de nuestra hermana madre tierra”, manifestaron integrantes de las parroquias de Yajalón, Candelaria, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Chilón, Sitalá y Chicomuselo que integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).

“Nuestros pueblos originarios exigen que el gobierno actual, NO REGRESE AL PASADO, QUE ESCUCHEN NUESTRA VOZ, NUESTRAS DEMANDAS Y RESPETEN EL DERECHO DEL PUEBLO. El camino de la imposición y las falsas consultas destruyen la vida de nuestras comunidades. No queremos más destrucción a la Madre Tierra, y los más de 185 kilómetros que requiere la construcción de la supercarretera, nos despojará de nuestro territorio rico en agua, ríos, árboles y BASTOS RECURSOS NATURALES QUE ES EL INTERÉS PRIMORDIAL DE LAS GRANDES TRANSNACIONALES Y EMPRESAS EXTRACTIVAS PARA EL SAQUEO DESMEDIDO DE ESTOS RECURSOS”.

 

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Frayba

Ayuno en solidaridad con presos en huelga de hambre en Chiapas

  • Presos tsotsiles continúan lucha por su libertad desde los CERSS Núm. 05 y Núm. 10

A las 6 de la mañana, del día de hoy, 10 personas iniciaron un ayuno en exigencia de libertad para 7 presos tsotsiles que han denunciado violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos. Durante 12 horas permanecerán en plantón, sin consumir alimentos, sólo miel y agua, en la entrada del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 05, (CERSS Núm. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Estarán en ayuno: 7 familiares de presos (Andrea Hernández Díaz, Elena Gómez Hernández, Carla Guadalupe Meza Méndez, Facundo Ruiz Gómez, Eva María Ruiz Pérez, Susana y Beatriz de la Cruz Ruiz); 2 integrantes del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (Juan Pablo Nava y Jorge Abel Pérez Rodríguez; y Juan Pérez Álvarez, quien estuvo en prisión 16 años y obtuvo su libertad el pasado 14 de mayo.

El objetivo de esta acción de protesta es solidarizarse con 7 presos tsotsiles quienes continúan la lucha por su libertad a 83 días de que iniciaron una huelga de hambre. Posterior a un lapso de 30 días de ayuno, 5 de ellos reiniciaron la huelga de hambre el 14 de mayo de 2019: Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo, Germán López Montejo (Desde el CERSS Núm. 05, en San Cristóbal de Las Casas) y Marcelino Ruiz Gómez. (Desde el CERSS Núm. 10, en Comitán de Domínguez).

Debido a la situación penitenciaria en la que se encuentran y por los días transcurridos sin alimentos ni atención médica adecuada, hay un deterioro importante en la salud física y emocional de los 5 presos en huelga de hambre1. Existe el riesgo de que su salud se agrave debido a la decisión de los presos de continuar en huelga de hambre ante la omisión del gobierno del Estado de Chiapas.

A la fecha, sus demandas no han sido debidamente resueltas. Un ejemplo es la falta de acceso a sus expedientes penales: El pasado 24 de mayo la familia de Juan de la Cruz Ruiz pagó 3.500 pesos para la entrega de la copia de su expediente; y por el de Adrian Gómez Jiménez les solicitaron 10 mil pesos. Esta situación intensifica las condiciones de discriminación a población económica y socialmente vulnerable.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre y sus familias en ayuno exigen al Estado mexicano: continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación2.

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Los Tejemedios.

Carlos Gónzalez Garcia – Foro contra la Militarizacion del terriotrio zapatista y del CNI 46 visualizaciones

Carlos Gónzalez Garcia – FORO CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN CONTRA DE LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS DEL CNI-CIG mayo 2019

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Frayba

Contrainsurgencia a Pueblos Originarios que construyen la vida digna

A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.

Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)

Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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Frayba

Cese la violencia en Los Altos de Chiapas

  • El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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Frayba

Ejército mexicano realiza actos de espionaje a defensoras del territorio en Chiapas

  • Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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Avispa Midia

Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la carretera San Cristóbal-Palenque

Habitantes del municipio de San Juan Cancuc denunciaron que mediante condicionamientos, funcionarios del gobierno del estado de Chiapas pretenden reactivar el proyecto de autopista para conectar a las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque, carretera que en su trayecto afectaría a comunidades de una docena de municipios indígenas.

Durante asamblea realizada el 24 de marzo, campesinos tzeltales denunciaron que el pasado 13 del mismo mes el secretario de gobierno del estado del Chiapas, Ismael Brito, se reunió con autoridades de las localidades por donde pretende atravesar la autopista.

“Asistieron los presidentes municipales de Chamula, Tenejapa, San Juan Cancuc, Chilón entre otros. Sólo el presidente de Chamula manifestó su apoyo al proyecto carretero. Los demás no estaban de acuerdo y a nuestras autoridades los obligaron a visitar las dos comunidades donde necesitan las firmas para la liberación del derecho de vía de la autopistaˮ, informaron los comuneros en la reunión realizada en la cabecera del municipio de Cancuc.

De acuerdo a los testimonios, se le exigió al regidor de Cancuc conseguir la aprobación de las autoridades de las comunidades de Yaxnail y Crusiljá para el 1 de abril o de lo contrario se detendría el financiamiento asignado al municipio.

El secretario de gobierno, cuentan los comuneros, demandó la renovación de un acta de acuerdo del año de 2014 donde se aprobaba el paso de la carretera. Sin embargo, los asistentes a la asamblea rechazaron el haber otorgado el permiso para el derecho de vía en aquel año y denunciaron la ilegalidad de dicha acta pues “fue un pacto entre las autoridades locales y estatales. Sí hicieron asamblea general en las dos comunidades de Yaxnail y Crusiljá, pero nunca dieron acuerdo que va a pasar la autopistaˮ.

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LA MAROMA

Puy Ta Juxejjaltic, caracol de nuestra vida.

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Frayba

Frayba: La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado

  • A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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