Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta

El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.

Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.

Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal.

La provincia de Técpan, después bautizada como Estado de Guerrero, en honor del afromexicano Vicente Guerrero, que logró arribar a la presidencia de la república y fue fusilado por el grupo hegemónico, que se negaba a aceptar que un integrante de las “castas” gobernara la incipiente nación. Esta entidad ha sido desde siempre, el mejor ejemplo, donde las contradicciones entre la miseria extrema y la opulencia, son cotidianas.
En este estado sureño: la Región de la Montaña Alta y Baja, ha sido desde siempre, un receptáculo de injusticias y discriminaciones sin fin. Los pueblos Na savi, Me´phaa, Ñannkue, Nahua, afros, mestizos que forman parte de las comunidades nahuas, tlapanecos y mixtecos, son la encarnación del atropello sistemático de los derechos humanos, llevados a cabo por diversos gobiernos de este país en los últimos decenios. Esta situación deplorable de por sí, se agravó a partir de los gobiernos “neoliberales”, en las últimas tres décadas. La “apertura económica (privatizaciones)”, que supuestamente traerían beneficios de índole social, no se concretó.
Con la llegada al poder de los gobiernos dirigidos por tecnócratas, la población indígena de la Región de la Montaña, sufrió sistemáticamente el despojo de sus tierras, con la finalidad de ser dedicadas a la siembra de productos agrícolas, relacionados con el narcotráfico. El enseñoramiento de los grupos delincuenciales en esta zona, se consiguió con el abierto apoyo de los sectores dominantes de esas regiones, incluidas desde luego, las fuerzas federales.
Los cultivos de amapola y otros enervantes, van a ser una constante en ese territorio, mismos que proliferaron al amparo de los tres niveles de gobierno. Aunado a esta situación, el crimen organizado ha extendido sus tentáculos a la extorsión de los trabajadores y en algunos casos, a los concesionarios de las minas. De igual forma, la tala y comercio descarado de los recursos forestales, así como el control político y territorial de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, ha llevado a estos violentos grupos a tener injerencia directa en el usufructo de las partidas presupuestales que reciben, tanto del ámbito estatal como el federal.
La inseguridad que viven cotidianamente los habitantes de estos municipios, los continuos asaltos, torturas y secuestros en retenes instalados de manera abierta en los cruces de caminos de Atzacoaloya, el Jagüey y Hueycantenango por los integrantes de grupos narco-paramilitares, destacándose entre ellos el grupo autodenominado “Los Ardillos”, que funcionan gracias al contubernio de las policías municipales, estatales y federales (incluido el ejército y la Guardia Nacional).
Los asesinatos de por lo menos 41 pobladores, efectuados a la luz pública, en la absoluta impunidad, han dejado en la orfandad y orillado al abandono de sus hogares y parcelas, a decenas de familias, que viven atemorizadas en el exilio forzoso en condiciones infrahumanas.
En este contexto, el trabajo desarrollado por la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-Sexta), y su contacto con la problemática social de esta región, alcanza una relevancia notoria; sobre todo, su estrecha relación con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), organización democrática que representa una forma de estructurarse desde abajo y que tiene como objetivo prioritario detener el avance de la violencia representada por los grupos de poder enquistados en Chilapa y cuyos principales personeros, son los integrantes de la familia Ortega Jiménez, que se embozan tras las siglas del nefasto PRD.

Los habitantes de las 24 comunidades de La Montaña Baja de Guerrero, resisten el aislamiento, la falta de profesionales de la salud, medicamentos y víveres; las constantes amenazas de aplicarles presuntas órdenes de aprehensión, esgrimidas por las autoridades judiciales de Chilapa, que cobran en la nómina de “Los Ardillos”; de igual forma, resalta la carencia que enfrentan las y los niños de las comunidades integradas al CIPOG-EZ para continuar sus estudios, puesto que se ven imposibilitados de trasladarse de una población a otra para acceder al siguiente nivel educativo, sobre todo, por las amenazas constantes de causarles daño por parte del grupo “Los Ardillos”. Estas y otras causas, merecen la inmediata atención de los organismos nacionales e internacionales, que dedican su mejor esfuerzo a la defensa de los derechos humanos.

La represión sistemática de este importante segmento de la población indígena del estado de Guerrero, puede con facilidad integrarse dentro del Estatuto de Roma, que, en su Artículo Séptimo, caracteriza lo sucedido en esa región, como “crímenes de Lesa Humanidad”. Debemos reforzar las acciones que permitan detener las agresiones a los pueblos originarios que resisten el embate de los agrupamientos criminales, tanto del Estado como de la delincuencia organizada, que sufren una simbiosis descarada.

La horizontalidad en la toma de decisiones comunales es una constante en los poblados aglutinados en torno al CIPOG-EZ, esta forma tradicional de organización comunal debe ser conservada y fortalecida por todos aquellos que piensan que “otro mundo es posible”. Se requiere cubrir de apoyo a la lucha que encabezan los compañeros indígenas de La Montaña Baja de Guerrero.

Profr. Enrique Ávila Carrillo.

*PDF del informe completo de crìmenes de lesa humanidad contra las comunidades indìgenas:

Informe completo de crímenes de lesa humanidad