Ciudad de México, a 4 de octubre de 2023.- Frente a los recientes dichos y tergiversaciones de información en el caso Ayotzinapa, las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado el caso conjuntamente manifestamos:

1. Que lamentamos los dichos presidenciales contra los padres y las madres de los normalistas. Como los familiares se lo dijeron en reunión y lo reiteraron en su marcha, los papás y las mamás no son manipulados por nadie: conocen el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad. Así se lo hicieron ver al propio Presidente de la República en su último encuentro, al exigir respeto y demandar que no les insulte. Para ellos y ellas, todo nuestro respeto y admiración.

2. Que rechazamos los dichos presidenciales contra las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes a lo largo del período en que colaboraron con el Estado mexicano realizaron aportes fundamentales para el esclarecimiento, conduciéndose siempre sobre la base de la evidencia, dejando un notable precedente de asistencia técnica internacional para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, así reconocido en México y a nivel internacional.

3. Que lamentamos también los ataques contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH). Las instancias internacionales no han callado ante la crisis de derechos humanos de México y no lo han hecho en este caso. Respecto de Ayotzinapa, sin la CIDH no habría GIEI y sin el informe de la ONUDH “Doble Injusticia” no se habría documentado a profundidad la práctica de la tortura en la investigación.

4. Que no compartimos las descalificaciones en contra de quien fuera hasta septiembre del año pasado titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Su gestión, sin estar exenta de áreas de oportunidad, fue determinante para avanzar acusaciones que hoy el gobierno presenta como avances y es una infamia atribuirle responsabilidad en el entorpecimiento de la indagatoria. Es el actual titular de esa Unidad quien está entorpeciendo el caso, pues en su carencia de legitimidad y conocimiento del mismo está desmantelando al equipo que logró esos avances, poniendo en riesgo los pasos dados.

5. Que también rechazamos las descalificaciones contra nuestra labor como organizaciones civiles de derechos humanos, enmarcada siempre en el marco legal de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender los derechos humanos. No somos intermediarios ni administramos el dolor. La confianza sostenida de los padres y las madres nos afianza en nuestra labor, más allá de toda descalificación.

6. Que seguimos respaldando la exigencia de los familiares en el sentido de que el Ejército no ha entregado todos los documentos y elementos informativos con que cuenta sobre el caso. Recordamos que las familias presentaron por escrito una solicitud respetuosa identificando los documentos pendientes y recibieron en respuesta un oficio del Secretario de la Defensa que simplemente niega la existencia de los documentos, perpetuando así la opacidad. Es falso que los castrenses ya hayan entregado todo: hace falta, al menos, la entrega de todos los documentos generados en el 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), así como todos los elementos producidos a partir de la ilegal infiltración de un elemento del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo toda la información técnica obtenida durante los días precedentes y posteriores a los hechos de la desaparición. Las responsabilidades del Ejército en el caso son irrebatibles y no hacen parte de un señalamiento dogmático: elementos de los batallones 27 y 41 estaban vinculados con Guerreros Unidos y la noche de los hechos tuvieron un comportamiento irregular que aún debe esclarecerse; adicionalmente, el ocultamiento de evidencia que prosiguió a ese 26 de septiembre de 2014 durante todo el sexenio anterior y que se mantiene hasta el presente, fue una decisión institucional que mancha todavía hoy a las Fuerzas Armadas en su conjunto, como Institución. La exoneración y férrea defensa del Ejército sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar del presente.

7. Que acompañamos la insistencia de los familiares de que sea retirada la “narrativa de hechos” generada por el “Gabinete de Seguridad” que en efecto se aproxima a la llamada “verdad histórica” al criminalizar sin prueba bastante a uno de los estudiantes víctima de desaparición, además de reducir los hechos a un asunto local atribuible al narcotráfico, soslayando el grado de intervención de diversas instancias y el carácter estructural del caso, entre otras falencias. Por ello, también acompañamos su decisión de sostener todavía el diálogo en el marco de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), sobre la base del Informe que su Titular presentó, mismo que se aparta de la criminalización de los estudiantes y que no considera que la última palabra sobre el acceso a los documentos militares sea la dada por la autoridad castrense con la característica opacidad militar.

8. Las familias continuarán su lucha y mantienen su esperanza de acceder a la verdad en este sexenio y nuestra obligación es acompañarlas hasta el final en ese digno empeño. Sin embargo, no dejamos de hacer notar que en un sexenio marcado por el enorme peso de la palabra presidencial, las recientes expresiones disminuyen la posibilidad de que las instituciones terminen de abrir los diques de encubrimiento que hoy impiden dar por esclarecido el caso y esta es una triste realidad. De todas maneras, seguiremos con las familias en este empeño, con el convencimiento de que como lo dijo el GIEI en su comunicado reciente, la verdad se prueba, no se decreta.