Fuente: Tlachinollan

Este 11 de junio de 2026, en el marco del mundial, las madres y padres de los 43, estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y el colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez tomaron las calles para exigir el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y 133 mil desaparecidos, pero los policías antimotines les taparon el paso en la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México.

Los normalistas llegaron a las 10 de la mañana, pero estaba atestado de policías. Después de unos minutos empezaron a mover los carros y avanzaron más de 200 metros, pero Arturo Medina, subsecretario de derechos humanos de gobernación, se puso enfrente de las madres y padres para no dejarlos pasar. Al mismo tiempo los policías se desplegaron pasos adelante para no permitir que el contingente siguiera su camino al Estadio Azteca.

Los padres de familia instalaron un mitin después de que las autoridades se opusieran a que la marcha continuara. Las madres molestas encararon a Arturo Medina de que las investigaciones no han avanzado y que el ejército mexicano no ha entregado los 853 folios.

Los estudiantes criticaron a la presidenta Claudia Sheinbaum porque no hay verdad y justicia. «Que no se olvide que este 11 de junio en México gritaron más fuerte un gol que justicia» dijeron los estudiantes normalistas en el mitin.

Como un río acaudalado se encuentran las calles de la Ciudad de México, llenas de maestros y maestras y colectivos de desaparecidos de todas las latitudes del país.  Algunos van con el uniforme del mundial ajenos a las luchas sociales. Las madres buscadoras también se pusieron la playera para exigir la presentación con vida de sus seres queridos.

Las autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México en lugar de proteger a las víctimas que tienen el corazón destrozado impuso las fuerzas policiacas. Se han empeñado en criminalizar la lucha de las madres y padres de los 43, así como del magisterio y los colectivos de madres buscadoras.

Doña María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, vivió el hostigamiento de la policía en la caseta de Tlalpan. Esa acción nefasta e infame de las autoridades federales fue indignante para las madres de los 43. “Es un atropello, porque el día lunes, cuando llegamos a la caseta de Tlalpan estaba un operativo donde había más de 500 policías. Nos encapsularon. Lo peor de todo es que cargaban perros para rastrearnos, barretas, picos, marros y estaban bien equipados y armados”.

El operativo desplegado fue desmedido. Las autoridades irrumpieron sin permiso y sin orden de cateo. Tenían la orden de no dejar pasar a los normalistas y a las madres y padres. Nunca imaginaron que Arturo Medina fuera quien está obstaculizando la búsqueda de sus hijos. A pesar de que conoce a las familias no las dejó pasar.

“Nunca nos revisan, pero esta vez se atrevieron. Es una burla a la memoria de nuestros hijos y a nuestra lucha. Como padres de familia estamos muy enojados con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque nosotros lo único que traemos son nuestras lonas. Los policías con la leyenda los “zorros” estaban al acecho. A los delincuentes no los detienen, pero sí a nosotros que exigimos el regreso de nuestros hijos”, dijo doña María de Jesús.

Fue un atropello el trato vil que recibieron las madres por la presidenta, “tratándonos como delincuentes cuando nosotros realmente lo que buscamos son a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Nuestras armas son las lonas con el rostro de nuestros hijos”.

Las madres y padres solo exigen verdad a la presidenta, pero no han tenido respuesta del paradero de sus hijos. En las noches se pasan en vela para ver si llegan sus hijos. Por eso decidieron movilizarse para visibilizar el caso Ayotzinapa. Sin embargo, desde el 8 de junio no han dejado pasar a los estudiantes, el brazo fuerte de las madres. El cerco policial fue con el propósito de criminalizar su protesta.

Las autoridades han dejado a las víctimas a merced de los policías. En estos días han quedado relegados y marginados. El mundial es lo central para el gobierno, pero para las madres y padres de los 43 es la presentación con vida de sus hijos. “Tenemos esperanzas de que vamos a encontrar a nuestros hijos y que lo que está en la oscuridad pronto saldrá a la luz”.

Fuente: Tlachinollan

Este 8 de junio del 2026, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron su jornada de lucha para exigir el paradero de sus hijos. Tenían planeado realizar un mitin en el antimonumento por los 43 a las 11 de la mañana, pero fueron retenidos y encapsulados por policías antimotines por más de cuatro horas en la caseta de Tlalpan, en la Ciudad de México.

A las 6:30 de la mañana salieron de la escuela normal de Ayotzinapa. Algunas madres con dolor de cabeza, diabetes y dolor de rodillas no dudaron en acudir a las movilizaciones que acordaron en la Asamblea Nacional Popular del 9 de mayo. Sus esperanzas de encontrar a sus hijos son enormes. Sin embargo, cuando llegaron a la caseta de cobro de Tlalpan docenas de policías antimotines las estaban esperando, cerrándoles el paso a las 10:30 de la mañana.

Eran 17 autobuses, las madres y padres venían adelante y luego los estudiantes de Ayotzinapa, así como de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Los policías no mediaron palabras, sólo irrumpieron bruscamente en el autobús donde iban las madres y padres. “No nos dieron tiempo de nada”. Una madre venía con color de cabeza, pero no les importó a las fuerzas policiacas y empezaron a revisarlas.

La revisión fue para todos los autobuses. Fue un trato despótico y un abuso de poder con un operativo desmedido para hostigar a las madres y padres que buscan a sus hijos. A las 11 de la mañana algunos padres estaban en el antimonumento, pero los policías no los dejaban pasar. Al lado estaba un contigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en un mitin.

Ahí, Isidoro Vicario, abogado de las familias, denunció a mediodía que las fuerzas policiacas tenían más de dos horas impidiendo el paso a las madres y padres de familia. “Hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y de la federación que permitan el acceso a los padres de los 43 y a los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Esta jornada de lucha es pacífica. No es posible que les cuarten el derecho de organización, de libre manifestación y, sobre todo, de exigencia por saber la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 y el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.”

Tres autobuses de maestros de la CETEG decidieron ir por las madres y padres que estaban retenidas por los policías, pero en la calzada de Tlalpan patrullas de la policía de la Ciudad de México bloquearon las calles para no dejarlos pasar. Por radio un policía decía: “si toman otro carro los vamos a encapsular”. Los maestros caminaron unas cuadras, mientras los antimotines los seguían.

A las 2 de la tarde les dieron paso a las madres y padres. Al llegar al antimonumento por los 43 se realizó una conferencia de prensa y un mitin. Doña María de Jesús dijo: “estamos aquí para denunciar la cobardía del gobierno que puso un operativo de revisión a los autobuses en la caseta de Tlalpan. Se subieron sin derecho, porque no nos dijeron que iban a revisar. Qué vergüenza revisar pensando que nosotros traemos armas. Por eso nos enojamos y les dijimos que las armas son nuestras lonas. Qué vergüenza de un gobierno cobardemente queriendo atacar a los padres de familia de los 43 y a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Quieren difamar como siempre lo han hecho, sembrando evidencias falsas”.

María de Jesús está molesta porque este “gobierno nos manda sus uniformados para revisarnos. Nos llevaron hasta perros para ver si llevábamos algo. Es indignante, pero estamos firmes para llegar a la verdad y la justicia. ¿Dónde están nuestros hijos?”

Por su parte, don Mario González declaró que es una “impotencia ver un operativo tan grande para detener a madres que para el gobierno son peligrosas. Son madres que están exigiendo la aparición de sus hijos. A estas madres les tiene temor el gobierno. A estas madres, señora presidenta, les tiene un temor muy grande. Desde las seis de la mañana sin probar bocado, sin tomar agua, y todo por un operativo que nos manda esta presidenta autoritaria. Pero nada nos va a detener, así como ven a estas madres, así estamos los padres y vamos a seguir adelante”.

El padre de familia fue contundente: “no podemos pedirles más líneas de investigación porque no las tienen. Decirles también a los de gobernación que no tienen vergüenza. Exigimos una reunión ahora mismo con la Fiscalía, con Gobernación, con Secretaría de Relaciones Exteriores para saber el momento en el que estamos. No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos”.

Pedro Hernández, secretario general de la sección novena y Elvira Veleces, secretaria de la CETEG, condenaron las acciones de los policías, sobre todo del gobierno federal al tener retenidas a las madres y padres de los 43 estudiantes. Las represiones y las violaciones a los derechos humanos se siguen reeditando: Aguas Blancas, El Charco, la desparición de los 43 normalistas, el asesinato de Antonio Vivar y el primero de junio la agresión contra los maestros Proceso González y Octavio Romero.

Las madres y padres en repetidas ocasiones han dicho que no quieren salir a las calles, más bien el Estado las obligó porque ahora tienen que buscar a sus hijos. “Ya no queremos seguir gritando, pero regrésennos a nuestros hijos, dígannos dónde están”. Es grave que el gobierno federal ponga en primer plano el mundial cuando las madres lloran por sus hijos. No sólo las deja en segundo plano, sino que les mandan las fuerzas policiacas para castigarlas y criminalizar su lucha para que regresen sus hijos.

El dia de ayer, 26 de septiembre de 2024, a 10 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres junto con otros familiares y organizaciones colocamos memoriales con los rostros de los muchachos en la avenida Reforma junto al antomonumento +43.

Hace diez años amanecimos con la dolorosa noticia de la desaparición, hoy con la noticia de que varios rostros amanecieron rotos. Repudiamos este acto de desprecio y odio para los jóvenes y sus familiares. Exigimos al gobierno de la Ciudad y al gobierno federal brindar protección a los memoriales que con tanto esfuerzo hemos colocado para que nadie olvide a las personas desaparecidas y castigue a quien haya dañado los memoriales y, sobre todo, solicitamos enérgicamente se devuelvan estos memoriales que son fruto de la lucha y parte de la memoria que impulsamos las familias de personas desaparecidas.

Le aseguramos que cuando nuestros hijos regresen con nosotras, quitaremos sus rostros de todo el país. Pero mientras eso no suceda, seguiremos recordando a la sociedad y al gobierno que las personas desaparecidas nos faltan a todos. ¡No se puede borrar la memoria destruyendo los memoriales!

¡Hasta que los 43 vuelvan a casa!

¡Hasta enocontrarles a todos!

¡La memoria no se borra!

Colectivos de familias de Desaparecidas y Desaparecidos.

MEMORIA Y RABIA.

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.

26 de septiembre del 2024.

A las madres, padres, condiscípulos, compañeras y compañeros de los Ausentes de Ayotzinapa:

A quienes buscan:

  Sabemos que no ha sido fácil llegar hasta esta hoja del calendario.

  Sabemos del dolor y la rabia de entender ahora que, no importa el color, allá arriba siguen el desprecio y la mentira.

  Sabemos que no sólo ha sido la esperanza de encontrar a quienes les faltan, lo que les ha movido.  Porque en estos años su dolor se ha extendido a los miles de familiares de las personas desaparecidas en este país.

  Y cada madre, cada padre, familiar, amistad, ha profundizado ese dolor hasta llegar a su lecho de rabia que busca y no encuentra.

  Ni verdad ni justicia.

  Ni la más mínima empatía de quien tiene el Poder sólo para alardear y presumir, más no para servir y resolver.  El verdugo pretendiendo presentarse como víctima.

  En este largo caminar se han encontrado con traiciones, con quienes sólo usaron su dolor para tener un cargo, una causa para cambiar de color en el gobierno, o, los más miserables, una paga.

  Y en los malos gobiernos sigue la mirada del cazador buscando a su próxima víctima.

  Pero…

  Nosotros, los pueblos zapatistas, creemos que tenemos en común con ustedes este sentimiento que sólo se encuentra en el corazón de quienes luchan…

  Porque llegará el día en que las figuras de quienes buscan sin descanso a quienes les hacen falta, de los padres y las madres de los ausentes de Ayotzinapa, de sus condiscípulos, de sus maestros, de sus familiares y amistades, se asocien a dos palabras cuya ausencia real padece ahora esta geografía: verdad y justicia.

  Y porque llegará el día en que ser estudiante, hombre o mujer, de una normal rural o de lo que sea, empleado, trabajadora, adulto o anciano, no sea motivo de persecución, de desprecio, de desaparición, de muerte.

  Pero para que ese día llegue, hay que seguir.  Si no podemos heredar aún esa Verdad y esa Justicia a quienes nos siguen en calendarios y geografías, sí podemos heredarles la rabia, la memoria y la dignidad necesarias para no rendirse, no venderse y no claudicar.

  Si no lo logramos, siempre habrá una noche de Iguala acechando a los de abajo, a su sangre joven, y siempre serán culpables de rebeldía.

  Si no hay Verdad ni Justicia, que no falten la rabia y la memoria.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

A nombre de las mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños zapatistas.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, 26 de septiembre del 2024.

26 de septiembre, 2024

A las madres y padres de los 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano,

Al pueblo de México,

A los pueblos del mundo,

A la Sexta Nacional e Internacional,

Desde el corazón que somos, los pueblos, naciones, barrios y tribus del Congreso Nacional Indígena sumamos nuestro grito al de los padres y madres de Ayotzinapa para exigir: VERDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA.

A diez años de la injusticia perpetrada en contra de nuestros hermanos normalistas, el dolor y la rabia que nos une no han disminuido. Diez años en los que los gobiernos, en sus distintas administraciones, se han empeñado en enterrar la verdad bajo el manto de la impunidad.

Diez años de vergonzosa y descarada impunidad manchan la última década de este país, incluidos los últimos 6 años de la llamada Cuarta Transformación. Venimos a decirles que ninguna transformación es posible sin verdad para los padres y madres que buscan incansablemente; ninguna transformación es posible sin justicia ante estos hechos que han marcado nuestro país y ninguna transformación es posible siendo cómplices de toda la clase política, de todos los partidos, de todas las instituciones, y especialmente, sin que se admita y sancione la intervención y culpabilidad del Ejército al que en lugar de ello, se ha alabado y encumbrado.

Este gobierno ahora se va sin cumplir su palabra, por el contrario, ha encubierto y defendido a los políticos y militares implicados, mientras calumnia y le cierra las puertas a las madres y padres de Ayotzinapa y a su exigencia de verdad y justicia.

La administración actual, así como las anteriores, ha optado por proteger a quienes son sus cómplices: el crimen organizado, la clase política corrupta y las fuerzas militares que han silenciado a los que luchan por justicia. La siguiente administración de Claudia Sheinbaum, al igual que la de López Obrador, deja en claro que el tema Ayotzinapa no es prioridad, cerrando la puerta a la verdad y perpetuando el ciclo de impunidad.

El pasado ha sido un constante recordar que el Estado no sólo desapareció a 43 jóvenes, sino que también ha buscado borrar la memoria de su lucha y la de quienes, en cada movilización, replican sus voces. No permitiremos que continúe esta estrategia de olvidar y despreciar la dignidad de nuestros muertos y desaparecidos.

La luz de nuestros compañeros sigue viva en la lucha de sus familias y en cada rincón donde se resiste al olvido.

Por todos los ausentes, por cada nombre que se suma a las filas de la descomposición social en la que ellos han convertido a este país, reiteramos que seguimos y seguiremos gritando “Hasta encontrarlos” “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Nuestra exigencia de justicia y verdad no se detendrá.

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Ayotzinapa Vive, la Lucha Sigue!

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos,

Nunca Más un México sin Nosotros.

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena

Fuente: Tlachinollan.org

Ciudad de México, a 25 de septiembre del 2024. A 10 años, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no saben dónde están sus hijos; dijeron que los policías municipales, estatales, federales y el ejército desaparecieron a los jóvenes. Ellos saben porque los mandaron para desaparecer.

Al filo de las 11 de la mañana empezó el mitin en el antimonumento a los 43, después de que los estudiantes llegaran en 22 autobuses de la escuela normal de Ayotzinapa y cerraran los carriles de la avenida Reforma. Isidoro Vicario, uno de los abogados de las familias, empezó con las declaraciones que hizo en su conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la segunda parte del informe que había prometido a las madres y padres. Este 24 de septiembre, a través de los funcionarios, trataron de hacerlo llegar, pero no han podido hasta el cierre de esta publicación. Sin embargo, doña María Ma. Magdalena Maestro Olivares, madre del estudiante desaparecido Antonio Santana Maestro, agregó que el documento “en realidad no tiene nada, no hay respuesta alguna hasta el momento”.

“El informe de siete páginas dirigido a las familias no ha sido recibido. Se sabe que los Agentes del gobierno federal llevaban como 8 o 9 ejemplares y los fueron a aventar donde estaban los padres y madres de los 43, pero que aun así pedían que se firmara de recibido. En la última reunión Andrés Manuel López Obrador dijo: si es que ya no tendremos reunión porque no hay información novedosa de todos modos les haré llegar el informe. Es lamentable que un caso emblemático como la desaparición de los 43 estudiantes, aun en estos últimos días, no se toma con seriedad. Para nosotros es una falta de respeto a los padres y madres de los 43”, afirmó Isidoro Vicario.

La molestia de las familias es que el contenido del informe no aporta información sobre el paradero de sus hijos, ni sobre lo que ocurrió verdaderamente la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Más bien, “reitera lo que ha dicho en las últimas reuniones y mañaneras, donde el caso Ayotzinapa se complicó porque los propios abogados, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones internacionales son quienes obstaculizaron las investigaciones. También dice que estas organizaciones tienen un interés, y el mismo presidente decía que el movimiento de los padres era boicotear las elecciones, pero no es cierto. Por eso reiteramos que esta lucha de los padres y madres de los 43, a diez años han caminado con la frente en alto porque el interés que persigue es saber la verdad y saber el paradero de sus hijos. No tienen otro interés”, señaló Isidoro Vicario.

Durante 10 años han caminado y aquí se mantienen, y lo han reiterado una y otra vez que el único interés es el de sus hijos. Por eso la insistencia de que se entreguen esos 800 folios del ejército mexicano y el regreso de Tomás Zerón para que lo detengan y aporte información, y que se profundicen algunas líneas de investigación.

En el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que un grupo de 17 estudiantes fueron llevados a barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre y luego fueron llevados a alguna colonia periférica.

“Por eso la exigencia de los padres que se tenga profundizar esa línea de los 17 estudiantes para que sepamos el paradero. No hay otro interés de manchar la imagen de las instituciones como nos ha querido decir el presidente más que encontrarlos. Los padres y madres no quieren pelear con el ejército, lo que piden es que entregue la información porque el sexto informe del GIEI indica que hubo participación de militares. Hace un año Alejandro Encinas tuvo que reconocer que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado porque hubo colusión y participación de las diferentes corporaciones policiacas y de los tres niveles de gobierno”, finalizó el abogado Isidoro Vicario.

Macedonia Torres Romero, madre de José Luis Luna Torres, habló de los años que llevan buscando a sus hijos. “Seguimos sin saber dónde están, pero sí sabemos que el ejército los detuvo, así como los policías estatales, municipales. Peña Nieto los mandó a desaparecer y no hay una señal de él, sigue libre. Por eso nos seguimos manifestando hasta encontrar a nuestros hijos”.

Los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) reiteraron el apoyo hacia las familias hasta encontrar la verdad y que el caso pudo haberse resuelto en 72 horas. “Sin embargo, funcionarios políticos culparon a quienes no fueron los verdaderos culpables, mediante violaciones de derechos humanos y extorsiones para que dijeran lo que ellos quisieran. Así actúan los gobiernos para no manchar sus propias manos, diciendo que los normalistas vandalizan, pero no se dan cuenta que sus propios actos hacen que nos manifestemos. Como federación nunca dejaremos de protestar por las injusticias que hace el gobierno. Nos llama delincuentes, pero no traemos armas. Las únicas armas son nuestras consignas que gritamos con coraje a estos burgueses que sólo velan por su bien, no se fijan en la gente marginada que sólo quiere sobresalir”.

“Es un hecho de gravedad y es casi imposible que a 10 años no se pueda dar una verdad, no se pueda dar una respuesta. Cada integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tenemos un objetivo en común: llevar la educación a aquellos lugares más recónditos del país. Nuestro objetivo es ser aquellos portadores de la educación. No somos delincuentes, somos estudiantes. Cada uno está aquí levantando la voz, haciéndose escuchar y exigiendo justicia por todas aquellas personas que han sido violentadas, reprimidas y desaparecidas por el Estado”, reclamó una normalista.

Lamentaron que México sea un país lleno de violencia y que la prensa amarillista quiera ocultarlo. Llamaron a crear conciencia en un país corrupto como México, que desaparece estudiantes por estar contra de todos aquellos actos que violentan nuestros derechos. Criticaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y adelantaron la exigencia de presentación con vida de los jóvenes para Claudia, la presidenta electa.

El mitin terminó cerca de las 2 de la tarde con el himno venceremos y otras consignas con el puño en alto. Las madres y padres se enfilaron al autobús para llevarlos al Centro Prodh. Los normalistas se quedaron un rato más coreando sus consignas. Después se subieron a los buses y quitaron el bloqueo que mantenían en el antimonumento, mientras duró el mitin. El silencio que quedó en la ciudad dejaba un vacío como en las familias de los 43 estudiantes. La vida continúa para las personas en México, pero para las madres y padres cada segundo repite las horas cruentas en que desaparecieron a sus hijos.

Mañana, 26 de septiembre se cumplen 10 años de impunidad. A las 4 de la tarde las familias realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México. Invitan a la población en general para que acudan a la marcha que tiene el rostro de los 43.

Fuente: Este País

Por John Gibler

En este texto, John Gibler escribe sobre el caso Ayotzinapa y sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador paralizó la investigación y defraudó a las familias de los desaparecidos.

En 2016, la escritora chilena Nona Fernández publicó un libro de no-ficción titulado La dimensión desconocida. El libro toma su título de la serie de televisión de ciencia ficción, fantasía y terror estadounidense The Twilight Zone. La autora cita el eslogan de la serie en el epígrafe: “Más allá de lo conocido hay otra dimensión. Usted acaba de atravesar el umbral”.

“La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea.”

Fernández veía ese programa en blanco y negro en la televisión, de niña, en los años setenta en Chile: los años de la dictadura. Yo veía ese mismo programa en blanco y negro en la televisión, de niño, en los años setenta en los Estados Unidos: los años de la llamada Guerra Fría.

“Eran capítulos cortos, con historias fantasiosas y delirantes”, escribe en la primera parte del libro. “Un hombre tenía un reloj capaz de detener el tiempo. Otro veía gnomos que lo acosaban e intentaban botar el avión en el que viajaba. Otro se reencontraba con su pequeño hijo de diez años, mientras en un tiempo paralelo y bastante más real, el niño era un soldado que moría en la guerra. Otro que hablaba con la muñeca asesina de su hijastra. Otro que cruzaba del otro lado del espejo”.

En el libro de Fernández, la otra dimensión es una historia de terror real, la de Andrés Antonio Valenzuela Morales, un soldado chileno, miembro de la tropa de la dictadura de Augusto Pinochet y torturador. En 1984, a los 28 años, Valenzuela Morales decidió no matar ni torturar más. Un día, apareció solo y nervioso en las oficinas de la revista Cauce buscando a la periodista Mónica González. Cuando ella le dijo: “Yo soy, ¿qué quiere?”, él respondió: “Quiero hablarle sobre cosas que yo hice, desaparecimiento de personas…”.

Así empieza la historia escalofriante que Fernández retoma, narra e interpela en su libro. El testimonio de un soldado torturador de la dictadura chilena nos permite atravesar el umbral y ver con claridad la dimensión desconocida: los secuestros por agentes del Estado vestidos de civil en plena calle y en el transporte público, las casas de tortura en zonas residenciales tranquilas, los viajes en carretera hasta los páramos donde desaparecen personas. Este mundo de terror cohabitaba, oculto, al lado de la vida cotidiana de familias que preparaban a sus hijos el desayuno, que los llevaban a la escuela en el combi, de alguien que cocinaba la cena en casa, de una niña que veía historias de fantasía y terror en la televisión.

Al narrar la historia del militar Andrés Antonio Valenzuela Morales, Fernández nos presenta el detrás de cámara de la desaparición forzada como práctica de Estado. La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea. En México, el Estado ha sido particularmente enfático en la combinada administración y negación de su propia dimensión desconocida. Esa otra dimensión brutal donde, a puerta cerrada, las oficinas de gobierno se convierten en centros de tortura y los trajeados y uniformados, encargados de buscar a los desaparecidos y hacer justicia, son quienes torturan, mienten, encubren y desaparecen.

“Usted acaba de atravesar el umbral”

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, cientos de policías municipales, estatales y federales, soldados del ejército mexicano y algunos empleados de la empresa ilegal trasnacional de tráfico de heroína conocida como Guerreros Unidos colaboraron para atacar a cinco autobuses tomados por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a un autobús —por error— que llevaba al equipo de futbol de tercera división de Chilpancingo, Los Avispones, así como a varios taxis que circulaban en la misma carretera.

Durante las siete horas que duraron los ataques pararon a todos los autobuses, dispararon contra una pequeña conferencia de prensa que dieron los estudiantes, asesinaron a seis personas, hirieron gravemente a decenas y desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los perpetradores policiacos, militares y civiles usaban sus teléfonos celulares para coordinarse entre sí. El ejército monitoreó y documentó todo el operativo en tiempo real a través del sistema de cámaras de vigilancia C4, intervenciones telefónicas ilegales a miembros de Guerreros Unidos, un soldado infiltrado entre los estudiantes —desaparecido con ellos esa noche—, elementos de inteligencia militar presentes en los diferentes escenarios de ataque y a través de constantes patrullajes de los soldados del Batallón 27 en esos lugares.

Esa noche de septiembre de 2014 en Iguala, cientos de personas atravesaron el umbral y entraron a otra dimensión, a una zona oficialmente oculta. Ahí, el personal de seguridad del Estado en todos sus niveles atacó, mató y desapareció. Luego, el Ejército —el entonces secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, el entonces capitán del Batallón 27 de Infantería José Crespo y todos los oficiales y soldados rasos involucrados— mintió y ocultó la documentación que tenía. La estructura administrativa del Estado —un alcalde, un gobernador, un presidente, un secretario de la defensa, otro secretario de la Marina, un procurador, un secretario de Gobernación— mintió, torturó, encubrió, inventó, ocultó y desapareció.

Esa larga noche de terror dio inicio a toda una década de terror. El gobierno de Enrique Peña Nieto inventó una historia falsa — la incineración de los 43 estudiantes al aire libre durante una sola noche de lluvia en el basurero de Cocula, una ficción autodenominada la “verdad histórica”— para cerrar el caso y para volver a sellar la puerta a la otra dimensión.

La traición

Andrés Manuel López Obrador dijo que era diferente. Dijo que su compromiso era con la gente y, como candidato a la presidencia en 2018, se comprometió explícitamente con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Les prometió que encontraría a los estudiantes, la verdad de lo que sucedió esa noche, y castigaría a los responsables sin importar quiénes fueran.

Su primer acto de gobierno fue establecer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) bajo el mando del entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Durante su primer año de gobierno, la Fiscalía General de la República también estableció la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y nombró Omar Gómez Trejo, un abogado de derechos humanos con años de experiencia en el caso y el apoyo de las familias, como fiscal especial.

A petición de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador también invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a volver al país para dar asistencia técnica en la investigación, casi cuatro años después de su elegante expulsión a manos del gobierno de Peña Nieto.  

Para el 2020, entonces, había tres instancias distintas, con siglas desafortunadas, investigando los ataques contra los estudiantes, la desaparición de los 43 y la serie de delitos cometidos durante los cuatro años de tortura y mentiras para construir la “verdad histórica” del anterior gobierno. Las tres instancias compartían información y realizaban ciertas diligencias, entrevistas y búsquedas conjuntas.

“Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado […] lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad…”

Hubo importantes avances en la investigación. Consiguieron videos del anterior Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que mostraban a personal de CISEN, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía federal y de la Marina participando en la tortura de los detenidos del 2014. Consiguieron videos de un dron de la Marina que documentó actos, ocultos hasta entonces, del gobierno federal en el basurero de Cocula el día 27 de octubre, dos días antes del supuesto hallazgo del lugar. Consiguieron los mensajes interceptados en Chicago de Guerreros Unidos que documentaban las relaciones entre dicha empresa ilegal de tráfico de heroína, el ejército, los diferentes cuerpos policiacos y varios funcionarios públicos. Consiguieron testimonios de diferentes testigos implicados en los hechos que, aunque mezclaban verdades y mentiras, aportaban elementos que concordaban con las otras pruebas en el caso, ampliando la documentación sobre la participación de soldados, oficiales, policías y funcionarios en diferentes crímenes de lesa humanidad. Con el testimonio de uno de los implicados encontraron dos pequeños restos óseos de dos estudiantes en un lugar distinto a la narrativa de los hechos del anterior gobierno. Y consiguieron, dentro de archivos del propio ejército, documentos militares que mostraban de manera simultánea actuaciones ilícitas del ejército, así como el grado de documentación que los militares produjeron en tiempo real antes, durante y después de la noche de los hechos y los largos años de mentiras que habían contado al respecto.  

Durante el transcurso del 2021, se dieron esos avances importantes en la investigación. El GIEI y la UEILCA confiaban en las posibilidades de llegar a fondo. Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado —con un apoyo inédito de asistencia técnica internacional— lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad cometida y luego encubierta por un gran entramado de policías, soldados y funcionarios públicos de diversas instituciones. Parecía que, por primera vez, una investigación oficial liderada y realizada por un grupo de jóvenes mexicanos creyentes en el estado de Derecho y el compromiso del presidente López Obrador lograría revelar con toda claridad la otra dimensión oculta y terrorífica del Estado.

Pero no fue así. Justo cuando esos avances en la investigación comenzaron a arrojar pruebas sobre la participación del Ejército, la Marina y el CISEN, el gobierno de López Obrador actuó para frenar los avances, desviar la investigación, sacar a todos los fiscales e investigadores que habían hecho los avances y al final matar a la investigación.

Un lunes, 15 de agosto de 2022, desayunaron juntos el presidente, el fiscal general, el secretario de gobernación, el presidente de la Corte Suprema y el subsecretario de derechos humanos y presidente de la COVAJ. En esa mesa, se acordó cerrar la última puerta que llevaba a la otra dimensión en donde policías, soldados y miembros de una empresa de tráfico internacional de la heroína matan y desaparecen normalistas, donde policías, soldados y funcionarios públicos mienten y torturan para borrar las huellas de la desaparición, donde las instituciones del Estado se alinean para sostener la mentira.

Mes y medio después de ese desayuno, el Ejército seguía mintiendo sin entregar todos los documentos del caso. Se llevó a cabo el mediático arresto del exprocurador (ahora de vuelta en su casa en Lomas), se publicó un informe secreto y apócrifo de la COVAJ que, con pantallazos falsificados, daba por cerrada la narrativa de los hechos, se obligó a las familias volver a escuchar una narrativa falsa y horrífica sobre el destino de sus hijos, se sacó al fiscal especial del caso y, un poco más tarde, a todo su equipo, y se cancelaron 21 órdenes de aprehensión contra militares y otros funcionarios públicos, para luego volver a emitir 18 de ellas.

En octubre de 2022, dos de los cuatro miembros del GIEI renunciaron en protesta. En julio de 2023, los otros dos publicaron un sexto informe y se fueron del país denunciando las intromisiones políticas en el caso, las mentiras del Ejército y la imposibilidad de seguir investigando. La UEILCA quedó en manos de un tabasqueño, amigo del presidente, sin experiencia en casos de desaparición forzada ni derechos humanos, quien se dedicó a convocar clases de baile en las oficinas de la fiscalía. La COVAJ quedó en el olvido, deslegitimada. Desde sus conferencias de prensa matutinas, el presidente apoyaba las mentiras del ejército e insultaba al GIEI, al exfiscal especial y a los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

El 27 de agosto de 2024, nueve años y once meses después de aquella infame mañana cuando sus hijos no volvieron de Iguala, la mayoría de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se pararon de la mesa y dieron por terminada su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El umbral, una vez más, se cerró.  

Una manera de entender el afán con que ahora dos gobiernos supuestamente opuestos han mentido y vuelven a mentir en cada oportunidad que tengan sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es porque esa noche se abrió el portal que lleva a la otra dimensión y ahí se reveló el rostro oculto del Estado. 

Pasar a la historia

Una cosa sería intentar resolver el caso y fallar: subestimar el poder del silencio que protege las relaciones entre las fuerzas de seguridad, la procuración de justicia y el tráfico internacional de sustancia ilícitas. Una cosa sería no dedicarle los recursos necesarios a la investigación, no dar apoyo justo a los investigadores, no dimensionar la complejidad del caso, ni el grado de complicidades de personas todavía activas en instituciones afines al actual gobierno. Una cosa sería fallar.

Pero eso no es lo que pasó. Con el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo otra cosa muy distinta: conspiró, falsificó y mintió para frenar la investigación. Hizo lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hizo lo mismo con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicias de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965-1990.

El soldado chileno, Andrés Antonio Valenzuela Morales, por lo menos cumplió con su palabra: contó lo que sabía y así abrió la puerta que llevó a la dimensión desconocida de la dictadura chilena. En México, es como si López Obrador hubiera dicho, “sí, existe una dimensión desconocida y desde el Estado la vamos a hacer conocida”, solo para volver a cerrar la puerta en la cara de toda la nación.

“Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país…”

En sus discursos en el Hotel Hilton y luego en el Zócalo el 1 de julio de 2018, después de su triunfo electoral, López Obrador dijo en varios momentos: “Yo quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”. Y en eso, creo, fue honesto. Pero no. Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país, consolidó el poder de su partido y, como todos sus antecesores del PRI y del PAN, salvaguardó ante todo la dimensión desconocida del Estado mexicano. EP

Fuente: adondevanlosdesaparecidos.org

Por Carlos Martín Beristáin

Al cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fuera integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hace un recuento de los hechos, los obstáculos y los pendientes de la investigación, subraya la responsabilidad del Estado y reconoce la lucha sin tregua de las familias para obtener verdad y justicia. Texto especial para A dónde van los desaparecidos

Hay un mapa que nació de esta tragedia. El que recorrimos en los lugares donde todo pasó, en esas calles de Iguala que se convirtieron en una trampa humana para detener, para llevárselos y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. Cuando llegamos a los lugares donde todo eso sucedió, parecía un milagro que algunos hubieran sobrevivido a los disparos de la cacería de la policía. Hay sitios en los que tomas conciencia no de lo que sucedió, sino de lo vivido. También llegamos al basurero de Cocula, donde la historia que escuchamos no cuadraba con la geografía ni con las declaraciones forzadas con el tormento. Todo aquello se tumbó con investigaciones independientes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense, a contrapelo de instituciones empeñadas en mantener una verdad insostenible.

Durante estos años hemos acompañado y escrito los avances y revelaciones de una investigación plagada de obstáculos durante el primer año, donde investigar lo que pasó era tratar de escudriñar entre versiones, mentiras y medias verdades para avanzar un poco más en la revelación de los hechos. Cómo detrás del caso estaba el tráfico de heroína desde Iguala a EEUU y el estigma contrainsurgente de los normalistas como factor facilitador de una violencia contra los que no importan. Escribir los informes del GIEI, acompañar a los familiares y representantes, no ha sido fácil y ha dolido darse cuenta de tanta crueldad e infamia. También ha llevado esa tarea cuidadosa de medir las palabras y los hallazgos. Frente a quienes trataron de tergiversar tantas veces nuestro trabajo, les dijimos siempre: no ataquen al mensajero, discutan los informes. Siempre trataron de ponernos a favor o en contra de alguien, pero nosotros estamos a favor de la verdad que revelan los hechos.

Diez años, y en medio muchos pasos y promesas de esclarecer la verdad y sus responsables. En los últimos años se avanzó en el esclarecimiento, a pesar de que hubo que reiniciar la investigación casi desde cero porque todo el proceso fue anulado por las torturas a que fueron sometidos muchos detenidos y que pervierten no solo a quien las practica, sino también la verdad de lo sucedido, porque con la tortura ya no sabes qué es verdad y mentira. La PGR hizo mal una buena parte de las consignaciones, en las que les señalamos que había que corregir muchos errores, pero se prefirió negarlo de nuevo. De aquellas acciones, estos lodos.

En el nuevo rumbo con un nuevo gobierno se dieron pasos importantes adelante, nos convocó la invitación a un nuevo aire de esperanza. Se creó una fiscalía especial independiente y una comisión de la verdad con carácter extrajudicial. Acompañamos a las instituciones para quebrar los pactos de silencio, que fue la primera puerta para contar con nuevas informaciones, contrastarlas, también evitar nuevos intentos de manipulación.

Algunos testigos protegidos empezaron a hablar y romper esos pactos con los que se teje tantas veces la impunidad. Un testigo de Huitzuco señaló que al día siguiente de los hechos se oyó un cuchicheo en la comandancia de policía: Aquí ningún cabrón se raja, nadie va a hablar.

El pegamento de los pactos de silencio es no solo la complicidad sino el miedo, a veces por ti, por tu familia. Y no solo afectan a los perpetradores directos y sus cómplices, muchos de los cuales siguen ocultando lo que hicieron. Como me dijo un alto cargo de la PGR en 2016 cuando le cuestioné por las mentiras que ellos habían ayudado a cimentar en la llamada “verdad histórica”: Don Carlos, ellos son implacables.

Otros testigos de los hechos que vieron o supieron partes de la historia se acercaron porque tuvieron confianza, que es la energía que permitió avanzar. Conforme la investigación fue dando pasos adelante, nuevas cosas fueron reveladas. Todo ello lo hemos publicado en seis informes, cuyo contenido no ha podido ser cuestionado, a pesar de que ha habido tanta gente que sigue intentando manipular la historia para no mirarse en el espejo. No solo participaron policías de dos municipios, sino de cinco. La policía estatal, que dijo que se había ido a proteger una cárcel y encerrarse en el cuartel, estuvo en la escena de los hechos. Lo mismo que la policía federal y ministerial. Cada quien cumplió una parte de la acción que llevó finalmente a la desaparición. Por supuesto, responsable de la desaparición es toda la estructura de Guerreros Unidos, en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado que atacaron, detuvieron y les entregaron a los muchachos. Las autoridades de Guerrero dijeron que llegaron tarde, pero estuvieron al tanto desde el inicio y algunos de los responsables estaban bajo su mando. El ejército en Iguala dijo que salió cuando supo lo que ocurría, supuestamente cuando casi todo había pasado, aunque la desaparición siguió sucediendo hasta la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba allí. El análisis de la telefonía de muchos miembros de policías y militares del 27 batallón es una prueba de que mintieron en reiteradas ocasiones, de eso que Hannah Arendt dice en su libro Verdad y política: “Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión (los cuales no tienen relación con la veracidad personal), sino la falsedad deliberada o la mentira”.  Cuando preguntamos a un jefe del narco detenido en la cárcel cómo fue posible la desaparición de 43 estudiantes y el ataque durante cinco horas en medio de la ciudad de Iguala con tantas fuerzas de seguridad y dos batallones del ejército, nos dijo: Nosotros teníamos el poder.

Ayotzinapa es un mapa para entender la crisis humanitaria y de violencia que vive el país. El problema estructural en México pasa por la frontera con EEUU, donde las drogas suben hacia el norte y las armas bajan y financian la guerra en el sur. Pero como señaló la Comisión de la Verdad de Colombia, de la que formé parte, en su informe final —un país que ha sufrido como nadie el impacto del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico—, el narco no solo es una industria o una serie de grupos armados criminales, para funcionar penetra en la estructura del Estado. Es más, no empieza a funcionar si no tiene unas bases de control político y territorial, y es parte de la propia economía. Ayotzinapa muestra, pues, un problema estructural, que necesita mirarse de frente, en la concepción de esta guerra que se hace para controlar el territorio y, sobre todo, contra la gente. Mirar para otro lado, dejar de hablar o acusar al mensajero esperando que el tiempo resuelva las cosas, o aumentar la militarización, no es ninguna alternativa, sino más de lo mismo, para un país que tiene una fuerte energía colectiva transformadora y gente que la sostiene.

Pero no es este el mapa que nos ha guiado. Hay otro tiempo en este caso, y en el de los miles y miles de familias de personas desaparecidas. Es el tiempo suspendido en el que viven los familiares, el dolor de la ausencia que pesa como el primer día, la lucha por levantarse una y otra vez mientras el tiempo pasa, los otros hijos e hijas y familiares que preguntan, la urgencia que quema por saber, la necesidad de que les miren a los ojos y que tantas veces escuchamos en nuestras reuniones con las familias y el Estado: Pónganse en nuestro lugar, piensen que uno de los desaparecidos es un hijo suyo. Esa empatía ha convocado a la gente en las calles desde hace 10 años. También la rabia de la dignidad de los nadie en sus manifestaciones pacíficas, que reivindicó el escritor y amigo Eduardo Galeano, quien en sus últimos días de su inmensa vida, cuando ya se le escapaba entre las manos, fue a una manifestación por Ayotzinapa en Montevideo. Las demandas de verdad y justicia de las familias son parte del impulso de los procesos democráticos, como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) de Guatemala, Pro-Búsqueda en El Salvador, ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y las organizaciones de familiares de desaparecidos de Colombia. También lo son las organizaciones de familiares de todo México. Los familiares han sido considerados tantas veces como parte del enemigo, y son en cambio el diamante de la conciencia colectiva.

La investigación del caso Ayotzinapa avanzó grandes pasos, la comisión de la verdad gubernamental reconoció que se trató de un crimen de Estado, pero cuando llegó la judicialización encontró de nuevo obstáculos que dijeron: hasta aquí. Ninguna razón asiste a estos obstáculos, ninguna aguanta un debate serio. Diez años, y también oportunidades perdidas y acciones descarriladas. Siempre planteamos que no hay que tenerle miedo a la verdad. Hoy estamos en un aniversario que es un día de dolor para las familias, el peso de la ausencia de los que no están y a la vez el tiempo de la movilización, de estar de nuevo juntos, en un asombro maravillado que nos hace mejores, de este sentimiento compartido y la esperanza de algo mejor. Un nuevo punto de partida. La nueva presidenta electa de México dijo a los familiares, en su primera reunión, que el caso no estaba cerrado: hablemos de metodología. La metodología es un buen punto de partida, porque de eso ha ido esta investigación. No hay atajos para la búsqueda del destino y paradero de los normalistas sin tener en cuenta la verdad. El gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo por encontrar restos óseos que puedan corresponder a los estudiantes, pero esa búsqueda no puede separarse de la verdad que proporcionen testigos protegidos, que pueda comprobarse, y de la investigación con toda la documentación existente y a la que aún se necesita tener acceso como reclaman los padres y madres.

Hay momentos reveladores que no son los de los perpetradores y sus secuaces. Son el otro mapa, el que hemos vivido con los papás y mamás de Ayotzinapa, que han acompañado los representantes legales de organizaciones de derechos humanos  y funcionarios comprometidos con la verdad. Del desafío que nos plantearon en la primera reunión, en el salón de la escuela de Ayotzinapa, en las sillas que tenían que estar ocupadas por sus hijos desaparecidos, cada una con su nombre: Ustedes son los únicos en que confiamos, dígannos la verdad, y por favor no se vendan. Ese es un tatuaje invisible en nuestra piel, con él seguimos siempre en la vida. Y creo que no es solo nuestro, es el de tanta gente en México que se ha movilizado o ha mantenido esa distancia de versiones oficiales, a veces en silencio, esa insumisión de los de abajo. Los familiares de Ayotzinapa son parte de ese pueblo condolido, que busca la verdad y requiere justicia.

El mapa de Ayotzinapa son esos lugares emocionales que hemos recorrido con ellos y ellas, gracias a ellas y ellos, y algunos de los que compartimos también con otras víctimas, familiares de los otros normalistas y personas asesinadas, con el equipo de fútbol de Los Avispones, heridos y sobrevivientes. Nos han dolido y nos han conmocionado, y han puesto la luz en el camino cuando todas las puertas estaban cerradas, son los lugares que nos han unido en medio de las dificultades e insultos, y los intentos de quebrar el proceso colectivo de los familiares —un viejo recurso en la historia de México—. Los familiares nos han convocado una y otra vez, y han sido en toda esta lucha la fuente de sentido. Hay una suspensión de la conciencia que hace el horror posible, como ha escrito el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pero este aniversario es un momento para juntar esos pedazos que nos duelen y para sentir el compromiso ético que moviliza a las familias y la sociedad.  México se juega aquí muchas cosas, y de la acción que en esto tomemos todos y todas dependerá su destino. Los familiares mantienen una conciencia clara y una reivindicación con todo su sentido, y no van a dejar de movilizarse y de tener razón en sus demandas de diálogo y documentación. La historia de las transiciones y cambios políticos en el mundo muestra que la desaparición forzada es un delito permanente y un dolor insoportable, pero también una fuerza persistente que impide el olvido. Mi segunda mamá, Fabiola Lalinde, cuyo hijo Luis Fernando fue desaparecido por el ejército en Colombia, y que fue detenida y acusada de narcoterrorista para tratar de desprestigiarla, llamó a su lucha por la verdad y por su hijo Operación Cirirí. El cirirí es un pequeño pájaro chillón, que sigue al gavilán que se lleva sus polluelos hasta que lo obliga a soltarlos. Traer a sus hijos hasta hoy es el trabajo de la memoria y la lucha por los desaparecidos, les damos las gracias por la confianza y porque así, quienes trataron de ser silenciados, nos hablan del camino para su búsqueda y de lo que hoy México sigue necesitando. Los familiares de Ayotzinapa son parte de esa Operación Cirirí de la persistencia de la dignidad. De nuestra parte, este es el mensaje para los familiares: estamos con ustedes.

Texto especial para A dónde van los desaparecidos

*Foto de portada: El médico y psicólogo vasco Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en la presentación del sexto informe en julio de 2023. (Emiliano Molina/ObturadorMX)

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Carlos M. Beristain

Es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y actualmente es Comisionado de la Paz en Colombia.

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En el marco del X Aniversario de la Desaparición forzada de nuestros 43 Normalistas de Ayotzinapa, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX y la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, hacemos atenta #INVITACION, para que este lunes 23 de septiembre a las 16:00 Hrs. Nos acompañen para que junt@s recibamos a las Madres y Padres de Ayotzinapa.

Con ell@s tendremos un “ENCUENTRO DE DOLOR Y RABIA”, abracemos la esperanza, caminemos sus dignos paso y exijamos tod@s, verdad y justicia para nuestros 43 y miles más.

Se acabó el Sexenio de la mal llamada #CuartaTransformación y #LópezObrador no cumplió con su palabra. Encubrió al #Ejército, a la #ClasePolítica, al #CrimenOrganizado, a la #GuardiaNacional, a la #Marina, a la #PolicíaEstatalyMunicipal, no toco ni investigó a #PeñaNieto; es decir, cumplió al pie de la letra con su #PactoDeIMOUNIDAD.

Con la entrante administración que encabeza #ClaudiaSheinbaum, no solamente NO dará continuidad a las “investigaciones”, concluirá el caso, pues el tema #Ayotzinapa, nunca lo tuvo en su agenda.

Este es el #DolorylaRabia de la que debemos hablar.

Porqué olvidar a 43 ausentes?, Porqué celebrar el cierre de una administración, si no fueron capaces de encontrarlos?, Porqué se impuso el poder económico, político y sobretodo, el militar, a la Verdad y la Justicia para nuestros 43?, Porqué Andrés Manuel prefirió la Impunidad y el Olvido a la Verdad y la Justicia?, Qué hace pensar que con Claudia Sheinbaum, las cosas serán diferentes?

Herman@s tod@s.

El Compañero y Artista Gráfico, #GranOm aporta a esta causa de digna resistencia un #CartelConmemorativo de los #10AñosDeAyotzinapa. Así que está disponible en la #CasadelosPueblosyComunidadesIndígenas y en el #CaféZapataVive para que puedas pasar por un ejemplar y con el, puedas sumarte este 26 de septiembre a las 16:00 hrs. a la marcha a la que han convocado las madres y padres de Ayotzinapa, la cita es en el Ángel de le independencia al Zócalo de la #CDMX.

También habrá actividades por Ayotzinapa, acá en la CDMX los días 23, 24 y 25 de septiembre, por lo que invitamos a sumarse y participar.

Finalmente por acá dejamos la liga del cartel para que quien guste y pueda imprimirlo y/o reproducirlo. La idea es que inundemos la marcha de Ayotzinapa con este cartel.

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Ayotzinapa Vive, la Lucha Sigue!

Fue el Ejército!

https://www.dropbox.com/scl/fi/kfs6gmavgv57xpvddl11n/147-Arte-Al-Servicio-147-Cartel-Ayotzinapa-10-A-os-Gran-OM-Co-Digital-Ago-24.jpg?rlkey=coykohim8dggiizn58mszkh8m&st=ilwoy9sx&dl=0

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Este martes 27 de agosto se llevó acabo la última reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre del año 2014. Tras este encuentro los padres y madres decidieron romper el diálogo y han resumido que la búsqueda de sus hijos ha sido un “total fracaso”. “La posición de los padres es que ésta ya es la última reunión, no vemos condiciones de una próxima reunión”, puntualizó el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.

A pesar de la desilusión y el cansancio, los familiares de los estudiantes no dejarán de luchar. Este 26 de septiembre están llamado a una protesta masiva en la ciudad de México, para recordar que, a pesar del paso del tiempo, la exigencia de justicia sigue viva. Mario César González, padre de uno de los estudiantes, invita a la sociedad a unirse en esta marcha, enfatizando la necesidad de mantener la sensibilidad hacia el caso de Ayotzinapa.

“Esperemos que la marcha sea grande, para que vean que todavía hay sensibilidad hacia el caso”, concluye Mario César, con la esperanza de que, algún día, puedan conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.

¿Dónde se quedó el caso?

Era el invierno del año 2018 cuando AMLO se había reunido con los familiares de los 43 estudiantes, también participaron organizaciones de derechos humanos de México y extranjeros. En ese momento el mandatario informaba que, mediante un decreto, se había creado la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa). “Les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, afirmó con toda seguridad el presidente de México, a quien le resta casi un mes para concluir su mandato. 

Lo que reflejan los familiares es una total frustración, ya que lo que AMLO llamó de “justicia”, solo se convirtió en una falsa promesa. César González, con una mezcla de dolor y amargura, expresa que, aunque se abrieron varias líneas de investigación, todo se estancó al momento en que las investigaciones se inclinaron hacia la participación del Ejército.

“El caso iba caminando, pero cuando se llegó al Ejército, ahí se estancó todo.  El presidente de la República lo que hizo fue darle todo el apoyo al Ejército”, remarca el padre del estudiante.

Incluso, menciona Mario César al equipo de Avispa Mídia, el presidente les pidió pruebas “y eso no nos corresponde, son ellos quienes tiene que investigar”, agrega, aún así, “le presentábamos las pruebas, pero él solo las descalificó,” comenta.

Las familias de los estudiantes no solo están frustradas, sino enojadas, porque el compromiso del presidente se ha desvanecido. Además de ello, “se han convertido en cómplices al defender a quienes participaron en los hechos y al desacreditar a los equipos de investigación independientes”, menciona el padre de Gonzáles Fernández.

Es así que, más de una decena de militares relacionados con el caso, ya han sido puestos en libertad, como el general José Rodríguez Pérez, acusado en informes de la CoVAJ-Ayotzinapa de haber dado la orden de desaparición de los estudiantes y de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Hoy goza de libertad condicional. Esta orden fue dada en julio pasado por la jueza Raquel Duarte Cedillo, del distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México.

Parte de la acusación sobre el general se fundamenta en las declaraciones de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los líderes de Guerreros Unidos. El que lo hayan liberado “es una burla para todos los que hemos buscado a nuestros hijos,” afirma con indignación Mario César.

El sello del gobierno del cambio

Las familias habían exigido la presentación de más de 800 expedientes, pero el gobierno nunca les dio una respuesta certera. “El presidente dice que no existen. La Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] dice que ya los entregó”.

Además, los familiares de los estudiantes han denunciado que el gobierno ha manipulado a una fracción de los padres y ha intentado dividir su organización. “Hay un líder que antes andaba con nosotros que ha manipulado a cuatro padres, luego los presentan en la mesa de la comisión de búsqueda. A ellos nosotros los desconocemos. Para nosotros esta es una estrategia de divisionismo por parte del gobierno para debilitarnos y que dejemos de buscar a nuestros hijos”, dice Mario Cesar.

Así, el sello de aquel gobierno que prometió justicia para el caso Ayotzinapa, hoy concluye como un “gran fracaso y, peor aun, termina diciendo mentiras porque no tiene la forma de cerrar el caso de los 43 estudiantes”.

Mario Cesar concluye diciendo, “nosotros vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos, por ello seguimos llamando a la solidaridad; este gobierno ha sido igual que el anterior”.