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Avispa Midia

Cine documental: ¿qué lo hace extractivista o aliado de las comunidades?

Por Avispa

Por Claudia Ramos Guillén

El extractivismo como modelo que se implementa en los territorios genera enormes impactos en las formas de vida de las personas, sobre todo de mujeres, niñes y cuerpos racializades, exacerbando los niveles de violencia que de por sí viven. Este modelo de despojo por parte de la implementación de proyectos extractivos es causante de la desecación de ríos, la pérdida de nuestra agua, de nuestro tejido social y de las formas y estrategias de vida y tiene una raíz profundamente capitalista y heteropatriarcal.

Desde esta perspectiva cobra importancia reavivar la discusión sobre lo extractivo que puede llegar a significar el cine documental y las representaciones que se hacen de las realidades, pueblos, comunidades y personas que habitamos en los territorios.

El pasado 20 de noviembre, en el marco de la 5ª Edición del Festival Ocote, festival de cine documental en Chiapas, se realizó el conversatorio “documental aliado o documental extractivo”, dentro de las actividades de clausura de dicho festival en el Parque El Encuentro en la ciudad de San Cristobal de Las Casas, Chiapas.

En este conversatorio participaron les realizadores Melissa Elizondo (El sembrador, 2018), Elke Franke (Kuxlejal, 2020) y Ange Valderrama Cayuman, quienes con la moderación de Gabriela Domínguez Ruvalcaba (La danza del Hipocampo, 2014), compartieron sus procesos creativos y su encuentro con las realidades que buscan reflejar, teniendo en cuenta los ejercicios de poder y violencia que se ejercen al interpretar realidades a las que no pertenecen.

Melissa Elizondo compartió su experiencia en la realización del documental El sembrador. Relató cómo conoció al profesor Bartolomé, protagonista de quién refleja su vida en el documental, decómo se enamoró de la actividad de educación y de ese encuentro con la realidad, ese amor también se intentó reflejar a la hora de presentar el documental, pusimos nuestro corazón de lo que nos estaban compartiendo las infancias de Monte de Los Olivos”.

Por su parte, Elke Franke comentó acerca de sus motivaciones. He descubierto que el documental puede servir, o puede estar al servicio de las circunstancias que nos rodean. Como colectivo pensamos que somos un medio al servicio de la comunidad, con Kuxlejal por ejemplo. A través del proyecto periodístico con las infancias, nos dimos cuenta de que hay realidades que no se encuentran reflejadas en ninguna parte. Descubrimos que es importante tocar temas como el suicidio en las comunidades de Los Altos de Chiapas”, contextos estos que se han normalizado en esta región y que afectan a las comunidades indígenas de estas geografías, de las cuales muy poco se habla.

Ange Cayuman habló de su experiencia en el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu, territorio ancestral mapuche, donde se presentan documentales de realizadores indígenas, sin embargo, se cuestiona el origen de corte antropológico o culturalista, “y se cuida la representación que los documentales tienen de los pueblos y comunidades indígenas, más allá que sea la representación de una tesis de antropología.

Ejercicio de poder

El conversatorio prosiguió en el sentido de profundizar la discusión sobre lo qué define si un documental es extractivista o aliado y cuáles son los lugares de enunciación de las realizadoras al desarrollar su labor documental.

En ese sentido, Elke Franke compartió “la importancia de tener la conciencia plena de estar en un lugar donde no pertenezco y querer interpretar la realidad desde ese lugar. Cuál es la representación más digna de las personas, que las trate con respeto”.

Ange Cayuman agregó que es importante la mirada política de los documentales, quién está decidiendo qué se está representando, cómo se están construyendo las miradas políticas de lo que nos está pasando como pueblos. Agregó también: “Es importante evidenciar qué está pasando con la temática LGBTTIQ+ o temas muy complejos como el suicidio. Una cosa que nos interesa mucho es visibilizar las diversidades ancestrales, por ejemplo, hablar de diversidades indígenas es muy complejo, entonces estas apuestas políticas de presentar cine en pueblos y comunidades es importante, no como producto de consumo, sino como la representación de las realidades que también pasan en nuestros territorios”.

“La utilidad del trabajo documental pasa por el proceso en el que las creadoras nos transformamos, desde la dignidad y el respeto a las personas, realidades y territorios representados, por ello la importancia de cuestionar el sentido de los documentales y poder darle un carácter de sanación ante un proceso que puede ser un ejercicio profundamente violento, tener siempre en cuenta la dignidad de las personas con las que trabajamos es central”, agregó Melissa Elizondo.

En contraste, la realizadora Medhin Tewolde (Negra, 2020), también presente en el conversatorio, agregó que “desde su inicio el carácter extractivo de los documentales ha estado permeado por los ejercicios de poder que se hacen, por ejemplo, al tener una cámara y un micrófono”.

Estas reflexiones llevan a profundizar otras formas de hacer el cine documental, en donde exista una colaboración que permita ejercicios de posicionamiento político y social, en sociedades que frecuentemente son invisibilizadas y marginadas. Eso permite visibilizar estas otras realidades que se gestan en los territorios, discutiendo el poder trasformador y cuestionador del cine generado desde otras narrativas y realidades.

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Avispa Midia

México: Mujeres chontales resisten al despojo anunciado de su territorio

Por Santiago Navarro F

Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

Las estrategias de defensa

El escenario que vive la comunidad de Silvia es parecido al contexto de los demás pueblos originarios que habitan el estado de Oaxaca, uno de los estados de México que cuenta con más del 80% de su territorio como propiedad social, principalmente, territorio indígena, bajo el régimen de ejido y comunidades agrarias. Sobre este territorio, la Secretaría de Economía ha emitido más de 300 concesiones mineras. “En nuestras comunidades, fue la minería que nos orilló, como mujeres, a asumir una doble lucha, por la defensa de nuestro territorio y por el reconocimiento como mujeres que somos en la toma de decisiones”, agrega Silvia.

La Secretaría de Economía ha argumentado que solo se ha concesionado el subsuelo y no el territorio indígena. Se basa en el articulo 27 constitucional mexicano, que dice que los bienes del subsuelo, entre ellos minerales y el petróleo, son de interés social y “corresponde a la Nación el dominio directo”.

Desde 2018, al menos 16 comunidades chontales demandaron a esta y otras instancias de gobierno como parte de una estrategia jurídica que decidieron emprender. En ese mismo año, lograron, primero, que todas las actividades, en relación a la mina, se dejaran como estaban, bajo un termino jurídico conocido como “Suspensión de Plano”, es decir, la empresa no tenía posibilidad de hacer nada en este territorio.

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Apegados a marcos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este pueblo originario apeló a su autonomía y a su autodeterminación y alegó sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía y no haberles informado ni consultado.

Además, alegó sobre la inconstitucionalidad de la ley minera. En febrero del año 2020, el juez 4º de distrito de Oaxaca concedió el amparo, no solo para las comunidades demandadas sino “para el pueblo Chontal, contra la concesión minera”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la Organización Civil Tequio Jurídico.

La determinación del juez “de proteger a todo el pueblo Chontal es inédita”, remarca la abogada. Sin embargo, “al mismo tiempo, protege a la Ley Minera, al considerar que no viola derechos. Además, ordena un proceso de consulta para el pueblo Chontal”.

Esto derivó a que las comunidades dieran un siguiente paso, abriendo un proceso de revisión del caso (42/2021) contra la Ley Minera, donde exigen que se respete la autonomía y autodeterminación del pueblo Chontal, porque “ya se decidió, mediante actas de territorio prohibido para la minería, que no quiere minería en su región. Por tanto, no hay nada que consultar”, agrega Olivos.

También las instancias de gobierno interpusieron su propio recurso de revisión (43/2021) y el juez del 2º Tribunal “defendió la constitucionalidad y la legalidad de la ley minera. Pero es una ley que históricamente se ha reclamado como inconstitucional por no proteger los derechos de los pueblos originarios”, puntualiza la abogada para Avispa Midia.

Por su parte, “la Secretaría de Economía ataca la sentencia diciendo que no se debió proteger el pueblo Chontal en su conjunto y que esas concesiones se otorgaron legalmente”, agrega Olivos.

Además, la empresa minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. “La empresa, mañosamente, se desistió de la concesión un mes antes de que dictara la sentencia, sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio. Porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía que, al ver que van perdiendo el juicio, se desisten para sobreseer el caso.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad Me’Phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio. “La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas  litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, sostiene la aboga Olivos.

En el caso de la región Chontal, los abogados y la comunidad tienen que mostrar elementos al Tribunal Colegiado para no dejar sin materia el juicio. “El 12 de noviembre hubo una sesión y el tribunal nos hizo saber su propuesta. Si el juicio se sobresellara, se quedaría sin materia, porque la empresa ya había desistido”, agrega Olivos.

“Sin embargo”, afirma la abogada, “una comisión del pueblo Chontal tuvo participación en esta sesión y presentó nuevos elementos y el caso continúa abierto. Lo que toca es esperar”.

Continuar con la resistencia

Mientras que la comisión del pueblo Chontal llevaba a cabo la tarea titánica que le han dejado en sus manos, las mujeres de diversas comunidades se reunieron, los días 13 y 14 de noviembre, en la comunidad de Santa María Candelaria donde realizaron el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Entre música y las flores bordadas de los huipiles tradicionales que portaban las mujeres, pintaron de fiesta un espacio de lucha. Compartieron risas, reflexiones en las mesas del intercambio de la palabra. Resaltaron la importancia de la participación política de las mujeres y presentaron su comité regional de mujeres chontales. Visionaron los nuevos caminos con su radio comunitaria como nueva herramienta en la resistencia y se pronunciaron contra el proyecto minero Zapotitlán 1, nombre que lleva el título de la concesión minera.

“Mujeres y hombres seguiremos fortaleciendo la participación política comunitaria de las mujeres, la defensa del territorio, nuestras instituciones comunitarias, los procesos organizativos, la defensa legal, la articulación con otros pueblos y el rescate de nuestra identidad comunitaria”, leyó Silvia en el comunicado de su pueblo.

En el comunicado las comunidades exigen al décimo tercer circuito en materia civil y administrativa que, “resuelva el recurso de revisión que ha interpuesto la Asamblea del pueblo Chontal conforme a los derechos indígenas reconocidos en el marco convencional y constitucional en materia de tierra, autonomía y libre determinación”.

Aunque Silvia comparte animada que, “no tenemos que esperar nada del gobierno. Está en nuestras manos defender nuestro territorio cuerpo, el bosque, las plantas, la dignidad y llegar hasta las últimas consecuencias. Recurriremos a todas las formas posibles y no dejaremos que entren. Vamos a defender nuestro territorio”.

Lo que le sobra a Silvia es coraje y determinación, su cargo como concejala casi concluye, pero ha identificado que la participación de las mujeres es determinante hoy más que nunca. “Tenemos que recurrir a la solidaridad, no solo entre nosotras las mujeres Chontales, también con otras mujeres indígenas que están resintiendo y luchando por el territorio. Solo entre nosotras podemos reconocer lo que hemos vivido y también sabemos como cuidar nuestro territorio”, finaliza.

La concejala Silvia ha inspirado a más mujeres chontales a seguir participando en las asambleas y en la defensa de su territorio. También es una voz que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG), pueblos que vienen resistiendo al despojo de los territorios ancestrales.

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Camino Al Andar

Demanda el cese inmediato de las agresiones contra las comunidades zapatistas

 Ilustración: Dante Aguilera

El colectivo Llegó la hora de los Pueblos demanda el cese inmediato de las agresiones contra las comunidades zapatistas

En días recientes tuvimos conocimiento de nuevos ataques armados por parte del grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) en contra de la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, perteneciente al Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”. Tenemos información de que, además de disparar en varias ocasiones contra casas de integrantes de la comunidad, los paramilitares incendiaron las instalaciones de la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”. Estos actos son violatorios de los derechos humanos de la niñez zapatista y contribuyen a situaciones de trauma que afectan su salud física y mental.

Este nuevo ataque contra comunidades zapatistas forma parte de las agresiones sistemáticas y recurrentes que ha perpetrado el grupo paramilitar ORCAO, embestidas en las que se han documentado delitos como ataques armados, secuestros, tortura y desplazamiento forzado, por mencionar sólo algunos. En noviembre de 2020, en el contexto de otro ataque similar, las propias autoridades zapatistas señalaron que el grupo paramilitar ORCAO desvió recursos oficiales destinados a la construcción de una escuela primaria para la compra de armas de alto calibre.
En el colectivo Llegó la hora de los Pueblos demandamos el cese inmediato de estas agresiones, así como la investigación de redes de corrupción e impunidad que permiten el financiamiento y operación de grupos paramilitares como la ORCAO.

A los pueblos de México y del mundo los llamamos a observar, denunciar y solidarizarse con los pueblos ante la grave situación que acontece en el estado de Chiapas. A las comunidades Bases de Apoyo Zapatistas y al EZLN les reiteramos todo nuestro aprecio, reconocimiento y solidaridad.

 Atentamente
 Llegó la hora de los Pueblos

Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN

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Ejido Esquipulas Guayabal

¡Alerta! Ataque armado contra zoques de Chiapas

Reporte 15:00 hrs

A la comunidad internacional
A los medios de comunicación

Hoy, 21 de noviembre de 2021 desde las 10:00 horas, un grupo armado atacó a hombres, mujeres, niños y ancianos zoques del Ejido Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, Chiapas al sur de México.

Resultado del ataque las muejeres zoques heridas fueron llevadas a casas particulares por la flata de condiciones adecuadas del hospitl básico de Chapultenango; además, hay mujeres y niños desaparecidos y casas quemadas. Hasta el momento, el grupo armado mantienen sitiada la comunidad.

El ataque deriva de la incorfomidad de la resolución del expediente 476/2019 del tribunal agrario por la disputa de más de 2 000 hectáreas sobre las tierras del volcán, donde de manera dolosa y bajo engaños el Registro Agrario Nacional y Procudaduria Agraria han confrontado a los campesinos del lugar por la ejecución del programa PROCEDE desde el año 2002.

¡Responsabilizamos al Estado Mexicano por su negligencia para resolver el conflicto agrario que data de hace mas de 19 años!

Ejido Esquipulas Guayabal, Chapultenango, Chiapas.

Fuente: Congreso Nacional Indígena

* – *

Actualización 18:00

El grupo armado con fusiles de asalto de alto calibre atacó a hombres, mujeres, niños y ancianos zoques, hasta las 18:00 mantiene tomado el pueblo del ejido Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, Chiapas.

La mayoría de las familias zoques se encuentran desplazadas en la cabecera municipal y continúan personas desaparecidas, entre ellas las autoridades comunitarias del ejido.

¡Exigimos el desarme inmediato del grupo armado!
¡El retorno de la paz en las tierras zoques del volcan!

Esquipulas Guayabal, Chapultenango, Chiapas

 

Foto de portada: Radio Zapatista

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Óscar García González

Fútbol y Rugby como compartición, no competencia – Zapatistas en Roma

por Óscar García González

El pasado domingo 7 de noviembre de 2021, en un estadio de Slumil K’ajxemk’op, en Roma, Italia, las mujeres mayas zapatistas saltaron a la cancha vestidas de color morado, todas con su representativo número 7 en la espalda (ver comunicado del EZLN “Después de los 17. (La sección miliciana Ixchel-Ramona)”).

En un evento deportivo público, LA PAZ (Libre Asamblea Pensando-Practicando la Autonomía Zapatista) convocó a las equipas solidarias de Hic Sunt Leones (Boloña), Ancona Respect, Guastafeste (Roma), Atlético San Lorenzo (Roma) y Torpedo (Roma) para jugar fútbol y rugby con la selección femenina del EZLN autodenominada Ixchel-Ramona. El torneo rebelde sucedió en un estadio defendido por el movimiento squat u okupa en tierras insumisas italianas, el cual anteriormente era un galgodromo donde se realizaban apuestas a costa del sufrimiento canino. Estas instalaciones fueron recuperadas por colectivos que lo gestionan de manera autónoma para llevar a cabo diversas actividades culturales y deportivas. Una diversidad de colectivos agrupados en LA PAZ colaboraron para gestionar y organizar la Gira por la Vida por Italia. Prepararon la concentración anterior a la salida hacia la península ibérica de todas las delegaciones de los grupos de Escucha y Palabra del EZLN, femeninos y masculinos, incluyendo al Comando Palomitas, al Congreso Nacional Indígena y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, es decir, a la Extemporánea en su conjunto.

Para quien tuvo el privilegio de presenciar los partidos, las escenas que se regalaron en el encuentro fueron de lo más emotivas y extrañas para cualquier aficionado habitual al deporte de las patadas. Por principio en las tribunas no existió ese ambiente nacionalista que uno puede presenciar en los estadios cuando dos escuadras de distintos países compiten. No se escuchó lenguaje homofóbico. No hubo distinción entre visitantes y locales. Antes del inicio, poco después del mediodía, a través del sonido local, se advertía a los asistentes que la justa deportiva tenía como objetivo la convivencia solidaria, fraternal, política y militante; contraria a la comercialización del deporte, a la competencia y a los valores de consumo fomentados por el capitalismo.

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Avispa Midia

Exigen colectivas feministas la aparación con vida de la defensora Irma Galindo Barrios

Por Samantha Demby

Integrantes de Mujeres que Luchan Oaxaca, la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, la Comedora Comunitaria y otras agrupaciones y personas aliadas marcharon la mañana de miércoles, 17 de noviembre, desde el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para exigir la aparición con vida de Irma Galindo Barrios, defensora comunitaria Ñuu Savi, cuyo paradero no se sabe desde el pasado 27 de octubre.

Guadalupe Santaella, una integrante de Mujeres que Luchan Oaxaca, pronunció: “Por sus familiares sabemos que nuestra compa no aparece. Estamos esperando y estamos exigiendo su pronta aparición. Estamos exigiendo que el gobierno agilice su búsqueda. Sabemos que en lo que va de este sexenio han desaparecido muchas defensoras de la tierra. Irma Galindo Barrios es una defensora de la Madre Tierra”.

Una miembra de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, precisó: “Como defensoras, como feministas comuntarias, nos pronunciamos en exigencia al gobierno del Estado de Oaxaca, a Alejandro Murat Hinojosa, en la exigencia de la aparición con vida de nuestra compañera defensora de la Madre Tierra, Irma Galindo Barrios, desaparecida en la Mixteca por defender su territorio, por defenderse en contra de los talamontes de la región de la Mixteca…Irma Galindo te estamos buscando y te vamos a encontrar, hermana”.

De acuerdo con la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Irma Galindo fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nunca llegó a esta reunión.

En un comunicado publicado el 6 de noviembre, la RNDDHM precisa: “El 27 de octubre fue también el último día en que se conectó a redes sociales, donde denunció el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi y señaló que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años ‘aplicando estrategias’ entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, ‘que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji’.”

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Prensa Comunitaria

Desalojan a la comunidad Chinebal en disputa de tierra con una empresa palmera


Créditos: Foto de archivo, 2021. Aj Ral Choch.

Existe la posibilidad de personas heridas, algunas familias se escondieron en la montaña por miedo a las fuerzas de seguridad. Se confirma la captura de una mujer que defendía su vivienda.

Por Prensa Comunitaria

96 familias Q´eqchi´ fueron desalojadas este día por un grupo grande de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).  Los comunitarios dijeron que la policía utilizó maquinaria pesada para destruir las viviendas; también fueron quemadas las pertenencias de las familias.

Se reporta la captura de Irma Yolanda Choc Maquín por intentar defender su vivienda; su hija de 5 años quedó bajo custodia policial por no haber un familiar cercano a la menor.

Las familias que hoy perdieron su hogar piden la solidaridad y acompañamiento de la sociedad guatemalteca pues perdieron todas sus pertenencias y no cuentan con un lugar para resguardarse.

-Una comunidad perseguida y violentada 

La comunidad Chinebal en el área sur de El Estor, Izabal, ha estado bajo amenaza de desalojo desde hace varios años, pues es un territorio que la empresa productora de aceite de palma, Naturaceites, arrenda para sembrar y procesar palma africana.

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Avispa Midia

Chiapas al borde de la guerra Civil

Por Vanessa Garcìa Navarro

Foto portada: Santiago Navarro F.

Hace un par de meses (19 de septiembre) el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó un comunicado en el cual divulgaba sobre el secuestro de dos zapatistas – Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades Autónomas de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva -, orquestado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Por ocho días ambos hombres fueron privados de su libertad hasta que, gracias a la presión de párrocos de San Cristóbal y Oxchuc, la movilización de organizaciones de derechos humanos y la difusión nacional e internacional sobre el agravio, fueron liberados. Este fue un hecho que comenzó a extinguir la paciencia y que evidenció la brutalidad vivida al Sur del país.

Las noticias sobre ataques paramilitares, atentados y secuestros en contra de los miembros y familias del EZLN en Chiapas se vuelven cada día más constantes y violentas. Aunque para algunos podrían parecer eventos aislados y recientes, en realidad existe una historia de criminalidad que se gesta desde hace décadas y los acontecimientos se tejen entre sí. Como se revela en el comunicado del EZLN, la ORCAO está en coalición con el gobierno, que alienta a la violencia y muerte en un estado que poco a poco es devorado por la paramilitarización, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Días después de publicarse el comunicado, se llevó a cabo un conversatorio transmitido en “La Comuna” – un programa de difusión política, de acompañamiento en la defensa del territorio-, organizado por la Red Universitaria Anticapitalista, en el cual participaron los miembros de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Diana Itzu y Rigoberto Albores, y el columnista de la “Jornada”, Luis Hernández Navarro, para ahondar en la temática.

El antecedente

Ocosingo, municipio chiapaneco ubicado en la frontera ente México y Guatemala, es un territorio de interés para el gobierno, pues es una de las zonas en donde se planea asentar el Tren Maya, además de ser un área en la que se ha implementado el proyecto del gobierno federal “sembrando vida”. Dentro de Ocosingo se localizan tanto Nuevo San Gregorio, sede del caracol zapatista 10, como en Moisés Gandhi, hogares de familias del EZLN que se dedican a la agricultura, tejido en telares, carpintería y alfarería para subsistir. Los habitantes de estas localidades se consideran a sí mismos guardianes del territorio, no dueños, y por ende aprovechan los recursos para subsistir en lugar de lucrar.

Los pobladores de Ocosingo se enfrentan constantemente a las intimidaciones y ataques armados de la ORCAO. Aunque en un principio la relación entre las comunidades del EZLN y la ORCAO fue relativamente pacífica, con el pasar de los años la ORCAO comenzó a adquirir matices paramilitares y a acosar a los cohabitantes de la región.

Las tácticas

La táctica de la ORCAO consiste básicamente en destruir las bases económicas de las familias zapatistas, quemando sus cultivos, allanando sus cooperativas y destruyendo sus plantas medicinales, aunque eso no es todo. Según los testimonios de los participantes del conversatorio, las familias zapatistas están secuestradas en sus propios hogares, constantemente amedrentados por ráfagas de balas que les impiden salir de sus hogares a buscar alimento, agua, acudir a las escuelas o a las clínicas. Dolorosamente, el escenario en las casa es igual o aun más fatídico, dado que las paredes de los hogares no rivalizan con la potencia de los disparos. “Los niños duermen con las botas de hule puestas”, en caso de que se inicia un tiroteo, pero ¿a dónde ir? No parecen existir lugares seguros para ellos.

Pese a que la ORCAO es perpetrador de violencia psico-socio-emocional y física hacia poblaciones enteras, sin importar si niños salen heridos, ellos han adoptado una postura en la cual se victimizan, calumniando y difamando a las familias del EZLN.

Las constantes

El patrón observado por los invitados de “La Comuna” es que cada vez que el EZLN realiza anuncios de acciones de peso político sucede algún ataque en contra de la comunidad chiapaneca del EZLN. Un ejemplo de ello es que Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fueron secuestrados el 12 de abril, apenas unos días antes de que zarpara en Europa el escuadrón 421, contingente marítimo de la gira zapatista por la vida en Europa.

Otro ejemplo es que los secuestros de Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez se suscitaron a la brevedad de la partida de “la extemporánea”, segundo contingente de la gira por la vida.

Como remarca Hernández Navarro, “no son hechos aislados, son parte de una matriz, el modelo regional de dominio está reventando por todos lados y tiene que ser enfrentado como una situación de conjunto y no como hechos aislados”.

Apenas el 14 de octubre sucedió otro terrible ataque por parte de la ORCAO. Individuos fuertemente armados que a menos de 30 metros de los hogares de las familias zapatistas se dispusieron a abrir fuego. Ninguno de los tres niveles de gobierno se muestra interesado en actuar. El trabajo colectivo ha sido el pilar en el cual se sustenta la fortaleza de la comunidad, reforzado por el interés internacional que ha alzado la voz al ver tremenda injusticia e indiferencia.

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Asamblea de Solidaridad con Mèxico

ORGANIZACIONES EUROPEAS EXIGEN EL ALTO A LA VIOLENCIA PARAMILITAR EN MAGDALENA ALDAMA, ESTADO DE CHIAPAS. La Voz del Pueblo de Magdalena Aldama, Chiapas: “Somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos”

Luis Enrique Aguilar

ORGANIZACIONES EUROPEAS EXIGEN EL ALTO A LA VIOLENCIA PARAMILITAR

EN MAGDALENA ALDAMA, ESTADO DE CHIAPAS.

El presente comunicado será enviado a las autoridades mexicanas a nivel federal y del Estado de Chiapas, así como a los medios de comunicación.

Las organizaciones abajo firmantes exigimos el alto a la violencia y a las amenazas paramilitares en las comunidades de Magdalena Aldama en el Estado de Chiapas y la libertad incondicional para Cristóbal Santiz Jiménez.

La organización La Voz del Pueblo de las comunidades de Magdalena Aldama ha denunciado en octubre de 2021 que viven “bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho”. Las comunidades señalan que la violencia responde a un conflicto territorial: “Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados a puntas de armas de fuego y fueron refugiados en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En el año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”. De hecho, el Tribunal Agrario en 1997 resolvió la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama, acuerdo que no se respetó.

Desde el inicio del año 2020 y 2021 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad hacia sus comunidades afectando a 12 comunidades y a alrededor de 5000 personas; mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres, que han sido afectados y victimas de estas agresiones.

En el mes de octubre, estas agresiones continuaron a diario aún habiendo intervenido las autoridades de los tres niveles, pero parece ser, señala la organización “que es una guerra que nadie hace caso. El día domingo 10 de octubre de este año, un grupo de personas pertenecientes a Sector Santa Martha Chenalho, pusieron un ultimátum al gobierno estatal (el día 12 de octubre) para solucionar esta problemática” A mediados del mes de octubre ya habían ocurrido 203 ataques directos hacia 9 comunidades de Magdalena Aldama: Xuxch’en, Coco’, Tabac, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Stzelejpotobtik, Juxton y la Cabecera municipal de Aldama, siendo ataques directos hacia las casas en donde hay ahora casquillos de bala, láminas rotas, carros y máquinas con impactos de bala.

Como pueblos indígenas señalan que seguirán “resistiendo ante el colonialismo y las amenazas. Decimos ya basta y hacemos responsables a los tres niveles de gobiernos si nos llega a pasar algo de nuevo, así como pasó con nuestros compañeros Pedro Lunez Pérez y Domingo Santiz Jiménez miembro de EZLN, que fueron asesinados cobardemente (…) y exigimos una justicia verdadera”.

Además exigen la liberación inmediata e incondicional de su compañero y hermano Cristóbal Santiz Jiménez.
Aquí se puede consultar el comunicado completo: https://radiozapatista.org/?p=40160

LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES A CONTINUACIÓN, APOYAMOS EL COMUNICADO DE LA VOZ DEL PUEBLO DE MAGDALENA ALDAMA Y NOS SUMAMOS A SUS EXIGENCIAS.

Asambea de Solidaridad con México. País Valencià, Estado Español
Asociación Entreiguales. València, Estado Español.
Ass. Cafè Rebeldía-Infoespai Catalunya
Campaign for Psychiatric Abolition (CPA) England, London
Canopia Coop. V. Almedíjar, España
Caravana obrim fronteres Valencia España
Ca Saforaui. País Valencià.
Casa Nicaragua Bélgica, Liège
Citizens Summons Alemania, Bonn
Ciudades Invisibles – Universidad del mar Egeo Grecia
Colectivo Acción Solidaria Austria, Viena
Comité de Solidaridad México Salzburgo Austria, Salzburgo
COOPERAZIONE REBELDE NAPOLI ITALIA
Ermuko komite internazionalistak Ermua País Vasco
Gira por la Vida Viena Austria, Viena
Groupe écosocialiste de solidaritéS Ginebra Suiza
Grupo CafeZ Bélgica, Liège
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Avispa Midia

Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

Por Aldo Santiago

En portada: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Este cultivo se caracteriza por la alta demanda de agua, la erosión de los suelos y la vulneración de la soberanía alimentaria de las comunidades. Pese a ello, se ha expandido a escala global con apoyo de la agroindustria y financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Aldo Santiago

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.
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