Mujeres de al menos 16 organizaciones feministas e independientes de diferentes partes de Honduras se unieron en la Caravana Feminista ¡Viva Ofraneh!, y ocuparon entre los días 19 y 22 mayo el territorio garífuna, específicamente la comunidad Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, Atlántida, tierra en disputa y de la cual se intenta desplazar a la población afroindígena.

Las mujeres ocuparon el territorio garífuna para que “no sólo sepan, sino que todas entendamos que la solidaridad es estar juntas, conocer los nombres y las historias que nos fortalecen”, señalaron las mujeres en un comunicado.

“Este es un acto bien potente, un campamento en un territorio donde hay muchos conflictos movidos por los intereses empresariales. La presencia misma de las mujeres es un acto de resistencia”, define una de las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Melissa Cardoza, quien participó de las actividades.

Entre las acciones llevadas a cabo por las mujeres estuvieron el recorrido al territorio, actividades para las niñas y los niños, actividades de memoria por la desaparición de cuatro garífunas, todo eso marcado con arte, música y tambores. “La espiritualidad del pueblo garífuna es probablemente uno de los corazones más importantes de la lucha”, sostiene Cardoza.

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El objetivo de caravana fue ir contra la lógica del Estado y de las empresas de vaciar los territorios, dice Miriam Miranda. “El sistema de opresión patriarcal, militarista, capitalista y racista pretende sacar a la gente de sus tierras y apropiarse de ellas; convertir a la gente en asalariados miserables, personal de servicio, seres humanos sin proyectos vitales más allá de una sobrevivencia muy precaria, quitarles el tiempo y el gusto por la vida”, señala Miranda.

La lucha de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), desde hace más de cuatro décadas, es la defensa de la tierra y el territorio, “porque es el lugar preciso, material y concreto donde se asienta la vida comunitaria, la búsqueda del bien y la felicidad común, el anhelo porque estar en este mundo sea valioso, la arena donde habitan los grandes espíritus que custodian al pueblo”, sostiene la Caravana Feminista en un comunicado.

Así que los procesos de fortalecimiento comunitario del pueblo garífuna crecen en las casas de salud, en los colectivos de disidencias sexuales, en la recuperación del aceite de coco y la comida ancestral que pueblan la tierra garífuna y también en la resistencia contra empresas extractivistas que quieren apropiarse de su territorio.

“Ante el vaciamiento forzado, nosotras llamamos a los pueblos originarios a volver al territorio ancestral. Nosotras nos convocamos a escuchar y acompañar, sostenernos en la lucha por la vida en el lugar donde se han sembrado nuestros ombligos”, dicen las mujeres.

No es casual que Ofraneh tenga tantos enemigos y detractores que han usado todas las herramientas en contra de sus procesos, les han asesinado, encarcelado, exiliado y desaparecido liderazgos históricos y vitales para las comunidades.

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“Nosotras, feministas y luchadoras diversas que nos convocamos en la Red Nacional de Defensoras nos sentimos, no solo reconocidas en las luchas de la organización, sino parte de sus profundas búsquedas y victorias; es por esa razón que hoy nos llamamos a movernos al territorio rebelde del pueblo garífuna, para estar y conversar; aprender entre todas, sentir la brisa del mar y la vida gobernando nuestros días y sueños”, sostienen en el comunicado.

Enorme recordatorio

El 18 de julio de 2020 llevaron de sus casas, de manera violenta, a cuatro jóvenes garífunas de la comunidad Triunfo de la Cruz, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos. Desde entonces la comunidad garífuna exige explicaciones de las autoridades, pero el silencio continúa.

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Las mujeres dejaron en el centro de la comunidad un enorme recordatorio. Un mural con los rostros de los cuatro jóvenes raptados – Snaider Centeno, ex presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y Milton Joel Martínez Álvarez. También, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Mizael Róchez Cálix.

Los pobladores relatan que, al amanecer del 18 de julio, arribó a la comunidad un convoy de tres carros con pailas, cada cual con un grupo de hombres armados abordo.

Uno a uno, sacaron a los cuatro de sus casas. La operación duró aproximadamente cuarenta minutos.

Corte Interamericana

Las violaciones a los derechos humanos contra la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras.

El Tribunal regional responsabilizó internacionalmente al Estado de Honduras por la violación a varios derechos de la comunidad Garífuna, entre ellos el derecho a la propiedad colectiva.

También puso al frente la discusión sobre el impacto de los proyectos turísticos o habitacionales que se instalan sin el consentimiento de la comunidad, como sucedió en la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, como otras poblaciones en la Bahía de Tela.

Pese a la condena a Honduras por parte de la CIDH en este caso, la administración del expresidente y ahora extraditado a los EEUU, Juan Orlando Hernández, hizo poco o nada para cumplir con la serie de reparaciones dictadas por el Tribunal regional.

Solidaridad

La Caravana recibió apoyo de organizaciones y mujeres de distintas partes del mundo. Entre ellas de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras.

“El pueblo garífuna y las comunidades organizadas en la Ofraneh son uno de los corazones de nuestra esperanza. No solo porque le han plantado cara al poder más depredador, violento y destructor, el poder opresor del mal gobierno, las empresas extractivas y sus caciques y los grupos de crimen organizado (…). Sino también porque han hecho realidad y vida ese otro mundo que necesitamos y soñamos, con el rescate de cultivos originarios, las radios comunitarias, los centros de salud ancestral, la lucha por la soberanía alimentaria, el territorio liberado de Faya, con su cosmovisión arraigada en la tierra, conectada con las ancestras, con la espiritualidad y el arte”, sostuvo la Iniciativa.

^{En portada: Mujeres buscadoras participan de las movilizaciones en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Agosto, 2020. Foto: Centro Prodh}

Es urgente que el Estado mexicano adopte una política pública integral de prevención a las desapariciones, de búsqueda en vida y forense, y el reconocimiento de la responsabilidad directa e indirecta en los casos en el país, coincidieron organizaciones de madres buscadoras y de la sociedad civil que esperan una respuesta del ejecutivo federal en los siguientes días.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 80 organizaciones, dijo que la grave situación de desapariciones es reiterada en el reciente informe del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, resultado de la primera visita que hizo a México desde su conformación.

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Los grupos de familiares de víctimas de desaparición se reunieron con el Comité e hicieron propuestas que fueron retomadas por la ONU en la emisión de las recomendaciones para el Estado mexicano.

“Exigimos al gobierno adoptarlas e implementarlas de manera urgente y contundente”, enfatizó el Movimiento respecto a la actitud pasiva del gobierno frente a un patrón de desapariciones que permanecen en la impunidad, contexto que, de acuerdo a la ONU, debe ser reconocido y atendido con una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas. 

“Para la cual se deben cumplir ciertas condiciones mínimas que garanticen su efectividad”, como el abandono del enfoque de militarización y hacer visible la información sobre los casi 100,000 desaparecidos.

Una década sin acciones

En este tenor, las organizaciones coinciden en la relevancia de implementar debidamente el marco normativo, jurídico y jurisprudencial en todo el país. Sobre la petición de aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité priorizó valorar antes las observaciones del gobierno de México.

Humberto Guerrero, del Centro Fundar y parte del Movimiento, dijo que se puede reevaluar y de ser necesario solicitarán la revisión de esa decisión del Comité de la ONU.

Grace Fernández, directora de Buscando Desaparecidos México, pidió congruencia al gobierno de México, “porque en teoría los desaparecidos son prioridad y no estamos dispuestas a esperar otros 10 años para que haya un cambio”. Parafraseando al presidente, recordó que la historia también los juzgará.

Hace una década, en la visita de otro grupo de la ONU, el organismo también alertó sobre el inicio de una crisis de desapariciones. Entonces no hubo respuesta del gobierno en turno y ahora 95 mil 121 personas están desaparecidas y 52,000 cuerpos sin identificar en las morgues del país.

Para Adela Alvarado de la Fundación Mónica Alejandrina es preocupante porque hasta los periodistas dejaron de informar sobre estos temas porque existe temor. Además, recordó un caso de desaparición en un reclusorio.

La mujer acudió a visitar a su pareja, su madre la acompañó y esperó afuera del penal. La madre de la mujer dice que nunca la vio salir y cuando preguntó con los encargados dijeron que no había registro de la entrada de su hija.

“Son situaciones verdaderamente alarmantes porque tenemos desapariciones en diferentes formas, de diferentes grupos, incluso podemos ver que hay en las desapariciones los migrantes, aquí se desaparecen en grupos bastantes grandes y no hay información ni una búsqueda ni nada”. Alvarado mencionó que, en el caso de las personas migrantes, las familias se enteran años después de la desaparición a pesar de que las Fiscalías tienen información.

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Son responsables las autoridades si no buscan y no localizan a las personas desaparecidas y en caso de muerte si no se devuelven los cuerpos a los familiares y allegados de forma digna y más general, cuando incumplen con sus obligaciones con las víctimas, añadió Grace Fernández.

En la actualidad, está en discusión en la Cámara de Diputados la iniciativa de la reforma constitucional para establecer el derecho de toda persona a ser buscada sin importar la fecha de su desaparición.

Resguardo genético 

Las dilaciones injustificadas para iniciar las búsquedas y la falta de presupuesto se suman a las recomendaciones que hizo la ONU. Las comisiones estatales solo cuentan con el presupuesto federal y la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo una reducción del presupuesto de 2020-2021: el 29% destinado para gastos operativos en el 2021 se redujo al 12%.

En este contexto, existe preocupación del Comité por el manejo y resguardo del material genético que las familias entregan a las autoridades, es decir, no sólo las donaciones de sangre para los perfiles genéticos sino también los indicios recuperados en las búsquedas de los colectivos y familias en campo.

“México debe cerrar la brecha que hay entre la Ley y los hechos, porque el problema no es de leyes si no de prácticas”, dijo Humberto Guerrero de Fundar.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de creación del Centro Nacional de Identificación Humana para atender la crisis forense, “exhortamos al Senado de la República a que apruebe el dictamen en el presente periodo de sesiones a efecto de que la ley se promulgue y el Centro Nacional de Identificación Humana entre en funcionamiento a la brevedad posible”, publicó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en redes sociales.

La niñez 

A estas exigencias se unió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), pues dijo que se debe combatir la impunidad y prevenir, sin militarización, la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Desde que empezó el sexenio de López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como desaparecidos; de éstos, 5,102 continúan desaparecidos a la fecha (24.30%), siendo 2,232 de ellas mujeres y 1,797 hombres.

Los números proporcionados por Redim muestran que las mujeres representan 55.2% de estos casos. Las restantes 65,950 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque 1% de estas desapariciones (710 casos) fueron halladas sin vida.

Los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidas son el Estado de México con 3,740 casos, Tamaulipas con 1,704 y Jalisco con 1,231 casos. En estas tres entidades se concentra 40.8% de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 11 de abril de 2022.

De acuerdo con el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, esta tendencia se agudizó durante la pandemia del COVID-19 y señala que la delincuencia organizada se convirtió en el perpetrador central.

La desaparición de mujeres en algunas entidades de México supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Chiapas, por ejemplo, el número de fichas de la Fiscalía General del Estado sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes es 12 veces mayor que en el Registro Nacional; de acuerdo a organizaciones esta ausencia de información dificulta el combate y la atención a las causas.

En 2021, la Fiscalía de Chiapas subió a su plataforma 625 fichas de menores con reporte de desaparición, pero en el registro nacional sólo aparecieron 51 casos, “y esto seguramente se repite en otros estados del país”.

En la participación de Jennifer Haza, de la organización Melel Xojobal con sede en San Cristóbal de Las Casas, destacó que la tendencia en la geografía chiapaneca va al alza desde el año pasado con un registro de 625 menores desaparecidos; tres veces más que en 2019 cuando se documentaron 183 casos.

En términos de estrategias de prevención, dijo que no se tiene información pública de qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que desaparecen, “si son reclutados por el crimen, si son víctimas de trata, si están muertos o si están vivos.

Esta información nos tendría que permitir estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención y construir estrategias de prevención”, dijo Haza, pero con los factores preexistentes de desigualdad y de exclusión social la tarea se vuelve más compleja.

La entidad tampoco cuenta un registro electrónico de las huellas dactilares a partir de las actas, inclusive cuatro de cada 10 menores no tienen acta de nacimiento antes de cumplir el año de edad, “entonces necesitamos valorar todos los hechos, estos factores existentes en torno a la desaparición”.

En este contexto, Haza destacó también los casos de los huérfanos de los hijos de las personas desaparecidas y parafraseando a los familiares de las víctimas, dijo “son los olvidados del sistema”.

“No tienen ningún programa social destinado de forma específica y aquí hemos identificado casos que pueden resultar anecdóticos pero que si llevaran registros podríamos tener más información”, además de menores que quedaron a cargo de otros familiares cuando su padre o madre desaparecieron.

De enero al 13 de marzo de 2022 tienen documentada la desaparición de 112 menores en Chiapas, el 52 por ciento fueron localizados: ocho sin vida, entre ellos dos de Honduras, uno de Guatemala y uno de Haití. Del total, el 75% son mujeres, “de todos esos datos que tenemos de las propias fichas no están en el registro nacional”, dijo Jennifer Haza y se unió a la exigencia de la atención a las recomendaciones de la ONU.

El Estado mexicano tiene cuatro meses para emitir las observaciones sobre las recomendaciones que hizo el Comité de la ONU que, a partir de entonces, deberá realizar el seguimiento. Pero las madres buscadoras esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador de respuestas el próximo 10 de mayo cuando se realice la “Marcha por la Dignidad Nacional. Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos”.

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Las 80 organizaciones que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos esperan la aceptación del Estado en conjunto y una propuesta de egresos de la federación que refleje la importancia a las recomendaciones que hizo el Comité.

Asimismo, la presentación de un plan de trabajo de la Fiscalía General de la República sobre cómo cumplirá con el Banco Nacional de Datos Forense y la base genética, pues incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tiene un litigio sobre el tema.

^{Foto de portada: Santiago Navarro F.}

Durante casi una semana, diversos medios comunitarios, alternativos e independientes han compartido reflexiones sobre el quehacer periodístico en la actualidad. Han resaltado las condiciones adversas de cada país, que van desde agresiones y amenazas directas, robo de equipo, persecución y hasta el asesinato. Una labor que se realiza, en la mayoría de los casos, con recursos mínimos, pero destaca el ejercicio de una autonomía en las líneas editoriales y formatos que se usan.

Bajo estas condiciones, la vulnerabilidad de lxs periodistas es más drástica cuando se es mujer, trans, lesbiana, disidente sexual. Durante el encuentro continental “Mujeres, territorios y libertad de expresión”, realizado entre los días 25 al 29 de abril, en Guatemala, han participado periodistas indígenas y urbanos de estas disidencias que han compartido su palabra con colegas de diferentes partes de América Latina.

En este evento ha participado delegaciones de 11 países: Brasil, Colombia, Bolivia, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y el País Vasco. A continuación, presentamos algunas voces recogidas de las disidencias sexuales en este evento.