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La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Nace la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad.

 

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

                       Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

22 de septiembre de 2022

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Se cree que las abejitas (los insectos), en tiempo de frío y de lluvias dejan de trabajar, solamente porque no salen al campo a buscar flores y lo que necesitan para hacer la miel; en realidad, nunca descansan dentro de su caja, o sea, siguen trabajando internamente. Así nos pasa también a nosotros, que a pesar de la lluvia literal de este mes y de la lluvia de ataques, desprestigios, violaciones a nuestros derechos humanos y amenazas a nuestros proyectos autonómicos, seguimos organizándonos y, sobre todo, construyendo casas y espacios para la formación de nuestra lucha No Violenta.

Y desde esta Tierra Sagrada, la colmena donde mantenemos viva la memoria y el clamor de nuestros 45 mártires y los 4 bebés que sacaron del vientre de sus mamás, seguimos exigiendo que la impunidad no tenga la última palabra. Exigimos que se haga justicia y se desmantelen las redes de acción paramilitar que creó el mal gobierno en Chiapas desde 1995 y que sigue manteniendo hasta la actualidad para desgastar, amedrentar y aterrorizar a todos los que deciden no alinearse con el gobierno y sus partidos políticos. Los que hemos sobrevivido casi 25 años al desgaste que han organizado de manera coordinada los tres niveles de gobierno para acallar este grito, sabemos que sólo con justicia y memoria se puede evitar que se vuelva a repetir un crimen tan atroz como el que cometieron aquí.

Las guardianas y guardianes de la memoria que somos, hoy queremos recordar y denunciar que no ha cambiado nada la situación que vivimos hace justamente 25 años. Entre el 16 y 21 de septiembre de 1997, las agresiones paramilitares se intensificaron en contra de nuestra Organización y de las bases zapatistas del municipio autónomo de San Pedro Polhó. A pesar de que se denunciaron públicamente tales actos de violencia, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal no actuaron para investigarlos, sino que simplemente permitieron que dicha violencia culminara con la masacre de Acteal.

Por estas fechas pero hace 25 años, una comisión de nuestra Organización Las Abejas buscó al entonces presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla, para aconsejarle que él y sus agentes rurales detuvieran los actos de violencia ejercidos por el grupo paramilitar. Sin embargo, este señor sólo nos acusó de ser provocadores y de ser zapatistas; días después, se escaló la violencia y esto provocó miles de desplazados que tuvieron que huir a las montañas y buscar refugio en comunidades aledañas. En este mes de septiembre pero de 1997, los paramilitares priistas y cardenistas balearon nuestras casas y nuestras banderas de paz, borrando con lodo o con disparos de armas de grueso calibre nuestro letreros que decían: Sociedad civil -Paz- Zona Neutral, y nos amenazaban diciendo: “ahora no es tiempo de paz, ahora es tiempo de guerra, vamos a liberar a nuestro municipio de Chenalhó, porque todos debemos ser del PRI, y tienen que renunciar a su organización; si no lo hacen, entonces son zapatistas y los vamos a matar y quitarles todas sus pertenencias”. Y lamentablemente, cumplieron sus amenazas con el desplazamiento masivo y la Masacre de Acteal.

Una enfermedad maligna que no se trata a tiempo y a la que no se le busca una cura seriamente, se vuelve un cáncer que después pudre todo el cuerpo. Y eso es lo que vemos que está pasando ahora en Chenalhó con la enfermedad de la impunidad. Estos actos de violencia cometidos por los paramilitares de hace 25 años nunca se investigaron; ni los paramilitares autores materiales, ni las autoridades de alto nivel que son los autores intelectuales de la masacre de Acteal, fueron castigados. Gracias a esto, los paramilitares priístas y cardenistas de hace 25 años ahora tienen herederos muy activos. Son una nueva generación que hace el mismo encargo de una forma mucho más letal y hasta parece ser que ni el propio gobierno federal, estatal, ni el actual presidente municipal de Chenalhó pueden controlarlos.

Así, la impunidad es una estrategia eficaz para continuar atacando nuestra lucha e intentar minar nuestra resistencia civil y pacífica. Actualmente, en varias comunidades de Chenalhó donde existen miembros de Las Abejas, han sido violentados nuestros derechos y hasta hemos sido desplazados de nuestras comunidades, o nos han cortado nuestros servicios de agua y de luz eléctrica como un castigo por tener otro modo de pensar. Esto porque el conflicto suscitado desde el año de 1997 en nuestro municipio no se ha solucionado; y ahora la nueva generación paramilitar, con otro rostro pero controlados por el mismo patrón, se encargan de desgastar nuestra lucha por que sea respetada nuestra organización y sus objetivos, como la construcción de la libre determinación, el autogobierno y demás proyectos autonómicos. Intentan, sobre todo, frenar la búsqueda de la justicia verdadera para la Masacre de Acteal, esa que dé lugar a una verdadera paz.

Esa misma justicia es la que hoy siguen persiguiendo los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y desaparecidos por elementos del cártel “Guerreros Unidos” con el conocimiento y participación del Ejército Mexicano y policía estatal, cuyo encubrimiento se construyó desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, con la participación de la Marina de México. Seguiremos apoyando la digna lucha para dar con el paradero de sus hijos que sus padres, madres y demás familiares han mantenido desde hace ocho años, que se cumplen el 26 de este mes, y por el castigo a todos los responsables, en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas involucradas.

También es la justicia que buscamos en Chiapas y todo México para que la criminalización y asesinato de los defensores de la vida, la tierra y el territorio de los pueblos, como nuestro compañero y hermanos Simón Pedro Pérez López, dejen de ser política de estado. No podemos seguir viviendo en un país con 28 asesinatos de defensores de derechos humanos en un año, 13 de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, como documenta hasta mayo del 2022 el último informe del Comité Cerezo, presentado hace unos días.

Por ello nos unimos a las demandas de nuestros hermanos creyentes de la región tseltal de Chilón y del equipo Chab de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que el día de ayer realizaron una Marcha-Procesión en Bachajón para exigir la libertad de líderes comunitarios que se encuentran encarcelados o enfrentan procesos penales en libertad condicional, en represalia por participar en la defensa de su tierra o fomentando el autogobierno comunitario sin partidos políticos: dos de Bachajón (José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, cuya sentencia se espera este 27 de septiembre), cinco de San Juan Cancuc. También exigimos junto con ellas y ellos, la cancelación de la orden de aprehensión en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, quien tendrá siempre nuestro apoyo pues ha caminado con nosotros diciendo la verdad y promoviendo la paz con justicia en nuestros pueblos, perjudicando intereses que no se lo perdonan, arriesgando la vida y la libertad, como Jesús.

También queremos solidarizarnos con nuestros hermanos de las organizaciones indígenas en Michoacán que este mes han enfrentado duros golpes a su autonomía. Por un lado, por parte de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Ricos y Criminales de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, y que como dicen nuestros hermanos: “representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas”. Y por otro lado, por el anuncio del Gobierno Estatal de Michoacán de querer desmantelar la Guardia Comunal del municipio Aquila, esfuerzo autónomo que por años ha mantenido la heroica Comunidad Indígena de Santa María Ostula, como única alternativa a la inseguridad que provocan los cárteles de la droga en su región. Nos unimos a nuestros hermanas y hermanos p’urhépechas que no permitirán que los intereses de los partidos políticos y el crimen organizado, fortalecidos con sus socios en todos los niveles del gobierno, limiten su autonomía que permite la defensa de la vida de sus pueblos.

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad; y porque reproducir y difundir la memoria de lo que pasó, hará que hechos vergonzosos como la Masacre de Acteal no se repitan. Por eso, precisamente, es que nos urge que la CIDH publiqué sin más demora su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

Hace casi 25 años los mensajeros de la muerte, enviados por Ernesto Zedillo Ponce de León a masacrar a 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos, hirieron nuestro corazón y nuestra organización. Es grande el dolor que nos causaron, pero dentro de ese dolor, brotaron fuerzas y esperanzas. Ahora, ya nada ni nadie nos puede callar. Ya nada puede detener nuestra lucha. Hace 25 años empezó la violencia paramilitar en Chenalhó e intentaron destruirnos, pero hoy aquí seguimos construyendo nuestro panal, trabajamos para producir paz.

Y hoy nos alegra compartirles una construcción física más que hemos logrado: la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal, apoyada por la organización Desarrollo tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S. C., con la cual estamos muy agradecidos por permitirnos caminar juntos y juntas.

En tiempos de lluvia, las abejitas trabajan internamente, pero, aunque no lo miramos, también vuelan.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

 

                                                             Atentamente.

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 

Por la Mesa Directiva:

 

 

Manuel Pérez Jiménez.                 Antonio Ramírez Pérez

Presidente                             Secretario

 

Víctor Manuel López Gómez           Mariano Sánchez Díaz

Tesorero                                 Sub Secretario

 

Audio de comunicado

https://archive.org/details/comunicado-abeja-22-de-septiembre-2022

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Avispa Midia

Mujeres de Chiapas son las más afectadas por militarización y megaproyectos

Fuente: Avispa Midia

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Selva, Costa y Altos de Chiapas – de los pueblos Zoque, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y mestizas de México y Argentina – se reunieron durante el último fin de semana e hicieron público, por medio de un comunicado, que los procesos de militarización de sus territorios y el reordenamiento territorial, en consecuencia de los megaproyectos, han afectado principalmente a las mujeres, al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenas.

“Coincidimos que en todos nuestros territorios está el crimen organizado gobernando, vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”, sostienen.

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Las mujeres de la zona Norte-Palenque denunciaron que la construcción del llamado Tren Maya ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua, el despojo y desplazamiento de comunidades. “Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración. Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”, afirmaron en el comunicado.

A las mujeres de la zona Costa amenaza la construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que pasará por toda la Costa pacífico hasta Guatemala. Además, de la construcción de una mega-autopista que conecta la región con el Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos mineros y venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros.

Las mujeres de la zona Zoque están siendo amenazadas por los megaproyectos relacionados con minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos. “Estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos”. Un ejemplo es el poblado el Platanar como “territorio de sacrificio” donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, provocando el desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable.

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En la zona Altos Tsotsil las mujeres relataron un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas, armas y constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. En el Valle de Jobel, por ejemplo, se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas.

Sin embargo, frente a esta situación, “estamos contentas por ver mujeres jóvenas participando en esta Asamblea. Es un momento de oportunidad de caminar y abrir un rumbo diferente desde y para las jóvenas y niñas. Nos comprometemos a ir fortaleciendo sus procesos de dignificación para y por la vida de manera colectiva y organizada”.

Participaron del encuentro las organizaciones Defensoras de Nasakobajk, Tsijilba Bij, Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Antsetik Tz’unun, mujeres organizadas de Acteal, mujeres del Colectivo Jomenäs, Mujeres Productoras, mujeres del Colectivo Kallpolli y mujeres a título individual.

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CDH Fray Bartolomè de las Casas

Gobierno mexicano tiene pendiente el respeto y reconocimiento del Derecho de los Pueblos Indígenas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
09 de agosto de 2022
Boletín No. 26

Gobierno mexicano tiene pendiente el respeto y reconocimiento del Derecho de los Pueblos Indígenas

•    Saludamos a las autonomías que a contrapelo resisten los embates de las nuevas formas de despojo y colonización.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra.

Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los Pueblos Indígenas de México. Se niega la diversidad de sistemas de vida que tienen raíces profundas desde la cultura ancestral. Además, por la riqueza que presentan los territorios en que habitan, sufren cotidianamente una práctica de control poblacional con el fin de despojarlos de sus tierras y medios de vida. El gobierno actual a través de imposición busca el “desarrollo”, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada como sucede con el impulso de los proyectos del Plan Integral Morelos, Corredor Interoceánico y el Tren Maya, símbolos de la colonización y exterminio contra los Pueblos que resisten al sistema capitalista.

Además, se busca generar una política de asimilación e integración de los Pueblos Indígenas a través un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión.  El Estado mexicano ha banalizado también su derecho a decidir sobre su territorio.

Las políticas implementadas en materia social generan un asistencialismo y dependencia que impactan la visión colectiva y formas de organización de los Pueblos. En este sentido, reconocemos los aportes de los procesos que se han construido a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Junta de Buen Gobierno que impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental.

Saludamos a los Pueblos Indígenas de México y el Mundo que, desde sus diferentes formas de Autonomía, Autodeterminación y Resistencia, persisten en la construcción de Paz y Vida Digna. Hoy como nunca son nuestra brújula para la defensa de los derechos humanos.

*-*

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Avispa Midia

Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

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Avispa Midia

Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

 

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Avispa Midia

Dictan sentencia de prisión a coautor del asesinato de Berta Cáceres

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

“Faltan los Atala”, dijeron los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) luego de la sentencia de 22 años de cárcel para David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres Flores.

El juicio se dio tras cuatro postergaciones en un año de espera. Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Sentencia de Honduras. Se trata de un ex militar y ex directivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

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“Se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte a Cáceres Flores, como un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA”, reza el comunicado del Poder Judicial.

Para Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres, se trata de un momento crítico-histórico muy importante, “se abre el momento de la lucha más importante para nuestra organización para que los criminales intelectuales sean llevados ante la justicia”.

Zuñiga lamentó que en Honduras la vinculación del poder económico con el militar vuelvan intocables a los responsables del asesinato de Cáceres, quien recientemente fue reconocida como Heroína Nacional por el Congreso Nacional de Honduras.

A pesar de ello, no se honra su memoria y la imagen de la líder indígena lenca solo es usada en eventos oficiales sin ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del Estado de Honduras.

Faltan los autores intelectuales

El martes 21 de junio, un día después de la sentencia, en un muro del banco BAC Credomatic en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Copinh pegó las imágenes de 13 hombres de la familia Atala, a quienes señala como autores intelectuales del asesinato de la defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios.

Previo a la manifestación en BAC Credomatic, donde Jacobo Atala es gerente, los integrantes del Copinh caminaron varias calles con lonas, pancartas y consignas con las que visibilizaron el camino para alcanzar la justicia apenas comienza.

Zúñiga agregó que, desde la muerte de Berta, han sido seis años de engaños sobre una investigación inexistente, bajo la omisión de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla.

Para lograr avances en el caso, entregarán propuestas concretas para alcanzar la justicia integral que serán presentadas antes las instancias correspondientes, asimismo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

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En un comunicado difundido, el Copinh enfatizó en sus primera líneas que no habrá justicia completa hasta la captura, juicio y condena, “está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence”. Agregó que la autoridad ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima contra Castillo.

La familia de Berta Cáceres también ha estado presente en las protestas. En el BAC Credomatic, colocaron una cinta para marcar precaución, una acción simbólica para advertir a la sociedad del riesgo de recurrir a los bancos que financian asesinatos de defensores.

También hicieron pintas que tuvieron un confrontación de palabras con el cuerpo de seguridad del edificio que en sus muros rojos relucían en letras negras la frase “Atala asesinos”.

Cáceres padeció persecución y constantes amenazas contra ella y su familia, por lo que tuvo que salir del país por varios meses, debido a su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Aunque en su andar encabezó diversas luchas en los territorios indígenas, también fue cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

De acuerdo a Amnistía Internacional, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

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Avispa Midia

Laguna Larga: Cinco años en tierra de nadie

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Hace cinco años personas campesinas, originarias de los pueblos indígenas Maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza, fueron desplazadas de la comunidad Laguna Larga, en la Reserva Biosfera Maya, municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, por mil 500 elementos de las fuerzas estatales, el Ejército y la Policía Nacional Civil del país.

Desde el 2 de junio de 2017 se asentaron en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre México y Guatemala. “Para las mujeres y la niñez es muy duro estar aquí”, dijeron durante las actividades conmemorativas del desplazamiento forzado, en los días 1 y 2 de junio.

La justificación oficial para realizar el desalojo fue la “conservación” de la naturaleza en la Reserva de la Biósfera Maya, lo que resulta contradictorio ya que el Estado guatemalteco permite la operación de empresas extractivas en la misma región que pretende conservar.

Desde el año de 1985 opera la petrolera Perenco, empresa franco-británica que extrae hidrocarburos en la zona núcleo del Parque Nacional de Laguna del Tigre, zona que junto al Parque Nacional Sierra del Lacandón alberga más de 50 comunidades en riesgo permanente de sufrir un desalojo como el ocurrido contra Laguna Larga.

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En 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la comunidad que el Estado guatemalteco, presidido entonces por Jimmy Morales, no acató. A partir del 2018 les ofrecieron fincas ganaderas que los propios desplazados debían pagar en abonos.

La situación no es diferente con Alejandro Giammattei. Su gobierno también propuso fincas de tierras que no son fértiles para los campesinos desplazados. Los indígenas no aceptaron, consideran que no existe verdadera voluntad para solucionar el problema de la comunidad.

Este año, la CIDH actualizó las medidas cautelares 412-17, por la falta de efectividad del Estado guatemalteco para proteger la vida de las más 500 personas desplazadas forzadamente de la comunidad Laguna Larga.

Por estas recomendaciones, el gobierno de Guatemala envió 12 raciones mensuales de arroz, cereal, harina de maíz, aceite y avena para todas las familias como una sentencia para permanecer un año más sin respuestas ni reubicación.

Las muertes

“Así como hemos visto nacer a seres queridos también los vemos morir”, dijeron las voces de las mujeres que bordan memoria y resistencia en el acampamento.

Luis Emanuel Hermosilla Suchite de dos meses de edad falleció en el campamento. Su muerte se suma a otras 12 que se suscitaron durante estos cinco años en la tierra de nadie.

El 18 de mayo, el niño Luis Emanuel fue atendido por la brigada de salud de México que acude cada 15 días para identificar los padecimientos de los 500 pobladores que viven bajo techos de palma y nylon para protegerse de las constantes lluvias y de las altas temperaturas.

El pequeño presentó fiebre y los médicos le dieron medicamento para controlarla. “Pero no fue posible”, dijeron Alfonso y Darlyn, padres de Luis Manuel. Las autoridades de Laguna Larga pidieron permiso a la Policía Nacional Civil, a la Conanp y al Ejército para entrar al panteón a enterrar al bebé.

Marvin Pérez, vocero de la comunidad, ya casi no recuerda el número de muertos, incluso de abortos que sufren las mujeres por las condiciones insalubres y la alimentación basada sólo en arroz, frijoles, avena y harina.

“Todo es por falta de atención médica y nosotros hacemos responsables al Estado de Guatemala. Es incumplimiento en todos los sentidos: en alimentación, educación, salud. Mis hijos estudian en el suelo, es algo que desespera, que preocupa, pero estamos dispuestos a seguir en la lucha y resistir hasta que se haga justicia”.

La brigada médica de Guatemala llega dos o tres veces al año. La diarrea y las enfermedades en la piel son casi permanentes entre las niñas y niños. Actualmente se propaga la varicela, virus que temen se convierta en epidemia como el paludismo que padecieron en el 2021.

El caso de Laguna Larga representa una de las grandes injusticias que se perpetran en los límites de Guatemala con México, dijo Aldo Ledón Pereyra de la organización Voces Mesoamericanas que brinda acompañamiento a las familias.

Foto: Xolotl Salazar / Voces Mesoamericanas

Las brigadas de salud son insuficientes para la cantidad de personas en el campamento. Aunado a eso están las pésimas condiciones del camino que conecta el campamento al El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, donde los guatemaltecos buscan asistencia.

En los constantes días lluviosos, tienen que salir caminando y varias personas enfermas han perdido la vida por no poder buscar atención médica al ser la única vía de comunicación.

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“Reconocemos que el caso de Laguna Larga no es aislado, se une a una estrategia más grande de violencia y de crisis, de violaciones a los derechos humanos, no solo en la región guatemalteca, también del lado mexicano sur-sureste donde cientos de miles de personas están siendo desplazadas con la justificación de megaproyectos”, agregó Ledón.

Crisis humanitaria

“Es posible afirmar que esta crisis se encuentra en su punto más álgido y puede desencadenar consecuencias aún más graves y lamentables”, coincidieron 12 organizaciones de México y Guatemala en un comunicado de prensa.

Las comunidades Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón se unieron a la protesta pacífica en el asentamiento de los desplazados. Realizaron pancartas y celebraron una asamblea, pues la situación para estas comunidades también se agudiza con los desalojos.

Ante este contexto, exigieron al Estado de Guatemala, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, resolver el problema de Laguna Larga. Asimismo, pidieron a la Comisión una visita in situ para verificar las condiciones del campamento, a la vez de solicitar Medidas Provisionales a la Corte IDH por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo.

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Avispa Midia

Honduras: Caravana feminista ocupa territorio garífuna con arte y memoria

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Mujeres de al menos 16 organizaciones feministas e independientes de diferentes partes de Honduras se unieron en la Caravana Feminista ¡Viva Ofraneh!, y ocuparon entre los días 19 y 22 mayo el territorio garífuna, específicamente la comunidad Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, Atlántida, tierra en disputa y de la cual se intenta desplazar a la población afroindígena.

Las mujeres ocuparon el territorio garífuna para que “no sólo sepan, sino que todas entendamos que la solidaridad es estar juntas, conocer los nombres y las historias que nos fortalecen”, señalaron las mujeres en un comunicado.

“Este es un acto bien potente, un campamento en un territorio donde hay muchos conflictos movidos por los intereses empresariales. La presencia misma de las mujeres es un acto de resistencia”, define una de las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Melissa Cardoza, quien participó de las actividades.

Entre las acciones llevadas a cabo por las mujeres estuvieron el recorrido al territorio, actividades para las niñas y los niños, actividades de memoria por la desaparición de cuatro garífunas, todo eso marcado con arte, música y tambores. “La espiritualidad del pueblo garífuna es probablemente uno de los corazones más importantes de la lucha”, sostiene Cardoza.

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El objetivo de caravana fue ir contra la lógica del Estado y de las empresas de vaciar los territorios, dice Miriam Miranda. “El sistema de opresión patriarcal, militarista, capitalista y racista pretende sacar a la gente de sus tierras y apropiarse de ellas; convertir a la gente en asalariados miserables, personal de servicio, seres humanos sin proyectos vitales más allá de una sobrevivencia muy precaria, quitarles el tiempo y el gusto por la vida”, señala Miranda.

La lucha de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), desde hace más de cuatro décadas, es la defensa de la tierra y el territorio, “porque es el lugar preciso, material y concreto donde se asienta la vida comunitaria, la búsqueda del bien y la felicidad común, el anhelo porque estar en este mundo sea valioso, la arena donde habitan los grandes espíritus que custodian al pueblo”, sostiene la Caravana Feminista en un comunicado.

Así que los procesos de fortalecimiento comunitario del pueblo garífuna crecen en las casas de salud, en los colectivos de disidencias sexuales, en la recuperación del aceite de coco y la comida ancestral que pueblan la tierra garífuna y también en la resistencia contra empresas extractivistas que quieren apropiarse de su territorio.

“Ante el vaciamiento forzado, nosotras llamamos a los pueblos originarios a volver al territorio ancestral. Nosotras nos convocamos a escuchar y acompañar, sostenernos en la lucha por la vida en el lugar donde se han sembrado nuestros ombligos”, dicen las mujeres.

No es casual que Ofraneh tenga tantos enemigos y detractores que han usado todas las herramientas en contra de sus procesos, les han asesinado, encarcelado, exiliado y desaparecido liderazgos históricos y vitales para las comunidades.

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“Nosotras, feministas y luchadoras diversas que nos convocamos en la Red Nacional de Defensoras nos sentimos, no solo reconocidas en las luchas de la organización, sino parte de sus profundas búsquedas y victorias; es por esa razón que hoy nos llamamos a movernos al territorio rebelde del pueblo garífuna, para estar y conversar; aprender entre todas, sentir la brisa del mar y la vida gobernando nuestros días y sueños”, sostienen en el comunicado.

Enorme recordatorio

El 18 de julio de 2020 llevaron de sus casas, de manera violenta, a cuatro jóvenes garífunas de la comunidad Triunfo de la Cruz, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos. Desde entonces la comunidad garífuna exige explicaciones de las autoridades, pero el silencio continúa.

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Las mujeres dejaron en el centro de la comunidad un enorme recordatorio. Un mural con los rostros de los cuatro jóvenes raptados – Snaider Centeno, ex presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y Milton Joel Martínez Álvarez. También, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Mizael Róchez Cálix.

Los pobladores relatan que, al amanecer del 18 de julio, arribó a la comunidad un convoy de tres carros con pailas, cada cual con un grupo de hombres armados abordo.

Uno a uno, sacaron a los cuatro de sus casas. La operación duró aproximadamente cuarenta minutos.

Corte Interamericana

Las violaciones a los derechos humanos contra la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras.

El Tribunal regional responsabilizó internacionalmente al Estado de Honduras por la violación a varios derechos de la comunidad Garífuna, entre ellos el derecho a la propiedad colectiva.

También puso al frente la discusión sobre el impacto de los proyectos turísticos o habitacionales que se instalan sin el consentimiento de la comunidad, como sucedió en la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, como otras poblaciones en la Bahía de Tela.

Pese a la condena a Honduras por parte de la CIDH en este caso, la administración del expresidente y ahora extraditado a los EEUU, Juan Orlando Hernández, hizo poco o nada para cumplir con la serie de reparaciones dictadas por el Tribunal regional.

Solidaridad

La Caravana recibió apoyo de organizaciones y mujeres de distintas partes del mundo. Entre ellas de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras.

“El pueblo garífuna y las comunidades organizadas en la Ofraneh son uno de los corazones de nuestra esperanza. No solo porque le han plantado cara al poder más depredador, violento y destructor, el poder opresor del mal gobierno, las empresas extractivas y sus caciques y los grupos de crimen organizado (…). Sino también porque han hecho realidad y vida ese otro mundo que necesitamos y soñamos, con el rescate de cultivos originarios, las radios comunitarias, los centros de salud ancestral, la lucha por la soberanía alimentaria, el territorio liberado de Faya, con su cosmovisión arraigada en la tierra, conectada con las ancestras, con la espiritualidad y el arte”, sostuvo la Iniciativa.

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La Zarzamora

Fuerte golpe a la comunicación libre: Confirman fallecimiento de Francisca Sandoval

Por: La Zarzamora

Este medio día se confirmó por el equipo de la Señal 3 de La Victoria el fallecimiento de la comunicadora Francisca Sandoval, quién fuera herida directamente en su rostro el pasado 1⁰ de Mayo, por sicarios que se ocultan tras el comercio ambulante en el barrio Meiggs, de Estación Central, Santiago. La comunicadora, falleció a las 10:55 de esta mañana en la Posta Central tras una falla crónica múltiple.

Francisca se encontraba internada de extrema gravedad en la Posta Central, lugar al que ingresó luego de ser impactada por un proyectil de arma de fuego, que habría sido percutado por Marcelo Naranjo, «El Pestaña» supuesto «comerciante» que se encuentra actualmente en prisión preventiva domiciliaria, sin embargo hace pocos días fue fotografiado incumpliendo la medida cautelar.

Aquel día Naranjo junto a otros sicarios atacaron directamente a la prensa independiente con la complicidad de carabineros de $hile, hecho que dejó como consecuencia 4 personas heridas vinculadas a los medios libres e independientes, en uno de los ataques más graves que ha sufrido la prensa contrahegemónica en $hile.

Durante estos últimos 12 días se mantuvo una vigilia constante a las afueras de la Posta Central, en el lugar se hicieron presentes diversas colectividades de medios libres, independientes y populares para brindarle apoyo a la comunicadora y su familia. Un espacio de confluencia que lamentablemente se vió interrumpido el día 3 de mayo, cuando Boric se hizo presente pese a su responsabilidad en mantener en su puesto al director de carabineros Ricardo Yáñez (actualmente acusado de violaciones a los ddhh) institución cómplice de este nefasto ataque.

Desde la Posta Central el médico Daniel Rodríguez, comunicó que la lesión ocasionada a Francisca fue muy agresiva, inicialmente una fractura con esquirlas en el cerebro, sumada a una lesión vascular y edema cerebral masivo que provocó un infarto del hemisferio derecho completo. Para poder salvarle la vida se le realizó una última cirugía, sin embargo el daño fue progresivo hasta llegar a una falla crónica múltiple.

Este asesinato marca profundamente la historia de la comunicación libre en este territorio, exponiendo los riesgos que diariamente toma una comunicadora o comunicadxr libre para visibilizar los hechos que ocultan los medios hegemónicos cómplices del poder. Desde La Zarzamora repudiamos profundamente el desclazamiento provocado por décadas de intervención en las poblaciones, repudiamos los estereotipos que han levantado los medios masivos para despolitizar la niñez y juventud de estas, hasta lograr conformar un sector marginal que es capaz de hacer sucumbir las luchas de su propia clase, o de trabajarle si culpa a la policía y la mafia estatal.

Hoy jueves 12 de mayo reivindicamos la lucha comunicacional de Francisca, quien hoy trasciende y abandona este sistema injusto y repudiable, para hacer libre su espíritu.

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LaDekonstrucción

Mujeres denuncian aumento de violencias en Chiapas

ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y NUESTROS TERRITORIOS CHIAPAS, MÉXICO
(Región Zoque, Mayo del 2022)

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Sierra Fronteriza, Costa y Altos de Chiapas nos autoconvocamos para reencontrarnos y compartir los procesos, desafíos y logros luego de nuestra última Asamblea realizada en 2021 el 13 de Noviembre en Acteal, Chenalhó.

Hoy, 07 de mayo del 2022 reafirmamos nuestra voluntad para seguir floreciendo y fortaleciendo nuestro camino como mujeres organizadas.

Agradecemos a las compañeras Zoques quienes nos recibieron con afecto y organización.
Queremos enviar saludos y abrazos a las mujeres zapatistas y pueblos autónomos del EZLN, y especialmente a las comunidades de Nuevo San Gregorio y a los poblados de la región Moisés y Gandhi del Caracol 10. Repudiamos los ataques del grupo paramilitar de la ORCAO que han dejado 83 niñas, niños, mujeres y hombres desplazados.

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