Por Aldo Santiago

Por Ñaní Pinto

Indígenas zapotecas pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados denuncian que el gobierno del estado de Oaxaca está preparando la represión y despojo de su territorio con el uso de la Guardia Nacional.

Alertan que éste ha sido un acuerdo que se ha firmado con instancias de gobierno, las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero, vecinos de esta comunidad. “El objetivo es tomar el control de estás tierras para explotar tres concesiones mineras, apoderarse del agua y el bosque”, aseveran.

Este 20 de junio, los comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, se trasladaron a la ciudad de Oaxaca con sus pancartas y mapas donde han ubicado las concesiones mineras.

“Desmentimos el posicionamiento de las autoridades de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades de San Pablo Cuatro Venados, que más de una vez nos han tachado de paracaidistas. Nuestros documentos demuestran lo contrario”, denunciaron mediante rueda de prensa en la cual algunos mostraron su credencial de elector y también las actas de posesión de sus tierras.

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De acuerdo con estas comunidades, éste ha sido el motivo por el cual han sido atacados en diversas ocasiones, como sucedió el 19 de mayo del 2019, cuando las autoridades de Cuilápam: Pedro Pérez Rojas, Erick Carrasco Vázquez, Maura Silva Fernández y el ex diputado Flavio Sosa Villavicencio, advirtieron que, si el gobierno estatal no aplicaba la ley contra los supuestos invasores, se suscitaría un baño de sangre. “Esto fue una amenaza, porque fuimos atacados brutalmente el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Destruyeron nuestras viviendas, quemaron nuestras cosechas y se robaron lo que pudieron”, sostuvieron los campesinos.

Además, agregaron los campesinos, que, tras estos ataques, “se hicieron las denuncias correspondientes ante la fiscalía y se abrieron seis carpetas de investigación” contra los agresores, en este caso, hacia las autoridades del municipio vecino. Pese a ello, hasta el momento no han sabido qué ocurrió con esta investigación.

Por el contrario, Magdiel Hernández Caballero, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que se “emitieron medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero” con la denuncia de ataques de los supuestos invasores.

Tras estos supuestos ataques “que ha sufrido la comunidad de Cuilápam”, los comuneros en resistencia afirman que desde el día 5 de julio denunciaron el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero de color rojo y un día después fueron atacados.

“Alrededor de 15 camionetas se internaron en el bosque y gente que los acompañaba nos comenzó́ a disparar. Hecho que también denunciamos mediante un comunicado”.

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Los comuneros de estas localidades advierten que se ve venir un nuevo ataque con las declaraciones del gobierno de Oaxaca, pues no se ponen de acuerdo “si hay un problema de límites de tierra o si somos invasores”.

Las declaraciones oficiales del representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, es que dará seguimiento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, “a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam”.

Los indígenas pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados agregan que se están violentando una serie de derechos con las concesiones mineras y con estas acciones, “como los derechos: a la información, a la participación, a la seguridad, al libre albedrío, a la justicia, a la autodeterminación, a nuestro territorio y como indígenas que somos, están violentando acuerdos y convenios que el Estado Mexicano ha suscrito, como el Convenio 169 de la OIT, y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Publica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”.

Al final de la conferencia de prensa señalaron al gobierno del estado de Oaxaca, al gobierno federal y a las autoridades de los municipios de Cuilápam y Cuatro Venados como responsables de lo que les pueda suceder como comunidad.

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

 Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

 16 de julio del 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Hermanas y hermanos:

La organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal hoy levantamos nuevamente nuestra voz y decir claramente de lo que sucedió en nuestro municipio de san pedro Chenalhó. Los sobrevivientes de la masacre de Acteal se encuentran reunidos en la sede de Las Abejas para realizar la jornada de oración para no permitir nuevamente el derramamiento de la sangre. Alzamos nuestra voz porque hoy aproximadamente entre las 7:30 y ocho de la mañana la guardia nacional y el ejército mexicano entraron en las comunidades para realizar un operativo en la búsqueda de las armas como: Pechiquil, tzajal uk’um, majom pepentic. Majomut y Polho. Hoy hacemos un llamado ante la opinión pública que la actuación de los soldados no estamos conforme porque vemos que muchos de nuestros integrantes de las abejas se encuentran preocupados y muchos de ellos se enferman por la tristeza. Estas actuaciones de los soldados los sobrevivientes recuerdan de como sufrieron en el año de 1997, que los paramilitares fueron acompañados por la seguridad pública del estado.

Este día queremos aclarar que en la sede de las abejas y en las comunidades abejas ubicadas en los tres municipios como Pantelhó, Simojovel y Chenalhó no permitimos ni permitiremos acceso a soldados y la guardia nacional porque nosotros no contamos con armas porque nuestra lucha es pacífica y no violenta. También queremos decir que no solo las abejas sufren si no que sufren las diferentes comunidades de Chenalhó y muchos de ellos han abandonado sus comunidades y son desplazados en algunos campamentos de Chenalhó. Le pedimos a los tres niveles de gobierno a que no permita a que los soldados entren en los campamentos de los desplazados, como Tsajal Ch’en, Acteal Abejas, Acteal base, majomut, tzajal ukúm, Yabteclum y cabecera Chenalhó porque muchos hombres, mujeres niños e niñas y más a las mujeres embarazadas tienen miedo y corren riesgo al ver las armas.

Si los soldados entran a catear personas en las casas están violando la ley de la seguridad nacional, además es una violación de los derechos humanos. Hoy Exigimos al presidente de la republica al Lic. Andrés Manuel López obrador a que no permita acceso a soldados en los campamentos por la paz.

ATENTAMENTE

La mesa directiva de la organización sociedad civil de las abejas de Acteal

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                       sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

Por Lourdes Álvarez Nájera

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a militares en situación de retiro y expolicías, por asesinato, desaparición forzosa, intento de asesinato y delitos de deberes contra la humanidad, que habrían sido cometidos entre 1983 y 1985.

Los señalados son: Edgar Corado Samayoa, ex especialista del Estado Mayor Presidencial (EPM), sargento mayor especialista; a Rone René Lara, Sargento mayor especialista; a José Daniel Monterroso Villagrán, Sargento mayor especialista Estado Mayor de la Defensa Nacional, al coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, subdirector del centro de adiestramiento Kaibil; a Enrique Cifuentes de la Cruz, Comisario de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN y a Edgar Virgilio de León Sigüenza, Cabo especialista.

Todos están vinculados con el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte, en el que se documentan las fichas de al menos 183 personas que fueron perseguidas, vigiladas, señaladas, torturadas y detenidas desaparecidas, según organizaciones de derechos humanos y querellantes que señalan a los acusados.

La audiencia para conocer el tipo de medidas de coerción o para saber si quedarán en prisión preventiva, se aplazó para mañana jueves a las 8:30 de la mañana.

Séptimo día de audiencias

El séptimo día de audiencia de primera declaración inició con la intervención del abogado Francisco Javier Gallardo, defensor de Edgar Corado Samayoa, acusado de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad, debido a que durante el día 6 de la audiencia la mayoría de los abogados logró argumentar y solo quedaba pendiente la defensa de Corado.

El defensor señaló, al igual que sus antecesores, lo que consideró una serie de inconsistencias y cuestionó la autenticidad del diario militar, así como un peritaje denominado archivístico. Dijo que el Diario Militar fue entregado a Kate Doyle, luego de pagar 2 mil dólares a un militar. “Impunidad no se combate con impunidad” señaló y destacó que el archivo se sustrajo de manera ilegal.

“Las pruebas de un delito fueron obtenidas de manera ilícita”.

Otro de los argumentos se refería a que “Esto fue un conflicto armado interno, no fue guerra. Pido falta de mérito por el delito imputado” y solicitó, en atención al principio de “beneficio al reo”, que solo se vinculara a Corado por desaparición.

Juez Gálvez: todas las declaraciones tienen para mí un sentido

Durante su argumentación el juez Miguel Ángel Gálvez se refirió a tres testimonios, entre ellos los de una joven mujer Amatitlán, que logró identificar a personas que perseguían y vigilaban a un comité de vecinos. Ella dio testimonio de que luego esos vecinos comenzaron a aparecer muertos. Ella después fue secuestrada por personas vestidos de policías. ”El Estado estaba militarizado”, indicó Gálvez.

El relato de esa joven narra a detalle el secuestro, torturas con choques eléctricos y constantes violaciones sexuales a las que fue sometida.

“Le presentaron dos opciones, colaborar con el ejército o moriría. Ella por supuesto firmó ese acuerdo pero tenía que informar de todo, a dónde iba, cuándo y con quién. Siempre la iban a vigilar”, dijo.

“Miren las características de esta declaración”, dijo el juez.

Quince días después de estar libre llegaron a pedirle informe a la puerta de su casa. Esto sucedió así durante dos años más.

El juez también habló del testimonio de Aura Elena Farfán y el secuestro de su hermano Rubén Amílcar Farfán y como surgió la idea de crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) sobre el que también existió vigilancia.

En ese mismo testimonio se hizo referencia a Rosario Godoy de Cuevas, la violación y asesinato, y el de su pequeño hijo de 1 año, al que también torturaron arrancándole las uñas. ¿A qué nivel se llegó porque no existía control?, reflexionó el juez.

Gálvez también se refirió al testimonio de Wendy Santizo, quien declaró el 11 de junio 1999 que cuando ella tenía 9 años llegó a su casa junto a su pequeño hermano y vio a personas de civil atrancando la puerta. Querían que los niños les dijeran dónde estaban sus papás, la amenazaron con dispararle a su hermano si no decía.

Uno de esos sujetos  la tiró a la cama, la tocó y abusó de ella.

“¿De qué conflicto armado estamos hablando?, ella era una niña de 9 años”, comentó el juez, al afirmar que la relación y el patrón se pueden corroborar.

Sobre los argumentos de la defensa de los exmilitares y expolicías, en relación con la autenticidad del Diario Militar, dijo que no se entregaron archivos militares ni del centro médico militar a organizaciones que los solicitaron ni a la comisión de esclarecimiento histórico.

Información desclasificada dice que se podían tomar medidas a discreción en contra de las personas que eran consideradas guerrilleras, señaló Gálvez.

Sobre el delito de desaparición forzada, comentó que es continuo y se sigue cometiendo en la medida en que no se sepa el paradero de las víctimas.

“Ese delito priva de la vida, de la víctima sin dejar rastro alguno, es un delito que deja a una madre, a una esposa, esposo, esperando que una noche ingrese aquel hijo que ya nunca apareció”.

“La mamá estará pendiente todas las noches de ese hijo. Había padres y madres que no se querían ir de la casa pensando que llegaría su hijo. Desparecer a una persona es como si el aire se la llevara y nadie sabe más de ella, por eso este delito rompe los esquemas”, dijo Gálvez.

Al contexto social y político sobre los años 70, 80 y 90, hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz, el juez añadió que se pedía documentos de identificación de vecinos catalogados como subversivos o guerrilleros, al padrón electoral y otras instituciones, se usaban fotografías de cuando llegaban a sacar las cédulas.

Se usaban sobrenombres para ocultar la identidad de los captores, porque se llevaban a la gente en paneles blancas sin presentarla ante tribunales.

“Cómo dicen que hay gente que no se va a recordar de lo qué pasó hace más de 30 años, si hubo personas que los torturaron o violaron. Una mujer nunca olvidará si la violaron”

En ese tiempo también se presentaban procesos y denuncias por los delitos pero no pasaba nada,  eso habla de procesos conexados que se pueden cotejar en el diario militar.

No puedo decir que el diario es ilegal o que no es real. Esta fase no es para conocer eso. Se le debe dar un plazo al MP para que investigue, destacó el juez Gálvez.

Hasta por los peritos estaban protestando, no me puedo meter ahora con ese tema ahora. Y existen testigos con reserva de datos porque la ley los permite”, argumentó.

Dijo que en este momento no está valorando ningún tipo de prueba y explicó sobre la resolución que no estaba prejuzgando si alguien es culpable o inocente.

“Lo importante del proceso es que reconstruyen los hechos. El diario militar es un elemento no es por lo cual se dicta esta sentencia”

En las afueras del Palacio de Justicia, familiares de las víctimas del Diario Militar que pedían una resolución que ligara a proceso a los acusados durante el desarrollo de la audiencia exigían: “Confiesen, digan en dónde están los detenidos desaparecidos”. “Los criminales buscan amnistía, Nosotros exigimos Justicia”, señalaba una manta.

En las gradas fueron colocadas las imágenes con los rostros de las 183 personas incluidas en dicho dossier.

Fallece Beatriz Cano, comunicadora que acompañaba la resistencia del pueblo Nasa (Por Santiago Navarro, vía Avispa Midia):

Beatriz Cano era una comunicadora, que, aunque no nació dentro el territorio rebelde del pueblo indígena Nasa, lo adoptó como su propio pueblo. Porque estas tierras le enseñaron a “vivir sabroso”, le enseñaron a “ver y a vivir de otra forma”, como ella misma decía. El pueblo Nasa de Colombia hoy le llora, junto a sus demás caídos que han defendido con su sangre estas tierras ancestrales. El pasado 7 de junio, de este año 2021, la comunicadora falleció en la clínica Valle del Lili de Cali, tras haber recibido tres impactos de bala en un ataque armado, presuntamente perpetrado por el Frente Dagoberto Ramos, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La comunicadora formaba parte del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. De acuerdo con la organización Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque fue perpetrado el pasado 4 de junio. Los disparos provinieron de una camioneta negra contra la instalación policial, ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. Es así como una comitiva del pueblo Nasa, que viajaba en un Jeep, se quedó en el fuego cruzado.

Entre las victimas se reportaron cuatro comunicadores heridos: César Galarza, Beatriz Cano y su hija, Ayelén Guetio de cinco años de edad. También el comunero Floresmiro Tróchez. Beatriz y su hija, fueron trasladas a la clínica Valle del Lili, dónde posteriormente falleció la periodista. El resto de las víctimas quedaron con heridas graves, incluyendo la niña de cinco años de edad.

Durante los últimos meses han asesinado al menos a cinco indígenas de esta región. “Ella era una antioqueña que echó raíz y dejó semilla acá en el Cauca. Era alegre, rebelde, crítica, fuerte, amaba compartir café y chirrincho y no le temblaba la voz para denunciar las injusticias, hablar y rescatar las luchas y resistencias que se dan por la dignidad de las comunidades”, destacó el Consejo Regional Indígena del Cauca.

La comunicadora de corazón Nasa

En una entrevista realizada por un equipo de Avispa Midia a la comunicadora Beatriz Cano, con mucha alegría compartió sobre su llegada al territorio Nasa. Aquí se caso con un integrante de este pueblo y, también tuvieron a una niña, que con orgullo compartió, “ella si es Nasa al igual que su padre”.

Ella provenía de un proceso de comunicación urbano, pero quiso conocer al pueblo Nasa y se quedó para, “enamorarme del proceso y para defender la tierra”, dijo al equipo de Avispa Midia.

Ella aprendió que la “vida no es tan acelerada” y que en la ciudades hay presión de “cumplir tiempo y de trabajar sin vivir una vida sabrosa”.

A continuación, la entrevista completa de Beatriz Cano, realizada en 2019, durante una acción de recuperación de territorio Nasa, colonizado por el monocultivo de la caña de azúcar:

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos reunidos en esta Tierra Sagrada para exigir la justicia que sigue sin llegar para nuestras 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés que aún no habían nacido y fueron arrancados del vientre de sus madres, quienes fueron asesinadas y asesinados sin piedad en este lugar, y cuyos responsables materiales e intelectuales siguen impunes. Seguimos pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Queremos que ya haga públicos los resultados de sus investigaciones sobre este crimen de lesa humanidad, para que los que idearon, aprobaron, organizaron y ejecutaron el Plan de Campaña Chiapas ’94 en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, enfrenten a la justicia de una vez por todas y vean la consecuencia de sus actos.

Con ésta son ya 281 conmemoraciones mensuales ininterrumpidas que organizamos desde aquel terrible día lunes 22 de diciembre de 1997, para pedirle a Dios Padre-Madre que nos dé un corazón grande para amar y para luchar, para que nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro hermano Alonso Vázquez, para que no guardemos odio para los asesinos ni permitamos que el cansancio y la impotencia se apoderen de nosotros, para que no triunfe la violencia sino que brille la verdad, ésa que el gobierno y sus aliados han querido tapar con divisiones y con dinero.

La división ha sido una de las principales estrategias del estado en México para asegurar el control sobre nuestros territorios y así poder garantizar buenos negocios a las corporaciones trasnacionales que quieren apoderarse de nuestras tierras. Pero sobre todo se han dedicado a dividir a las comunidades indígenas que hemos querido vivir con justicia y dignidad, construyendo por muchos años organizaciones de resistencia colectiva frente al sistema social de muerte que se reproduce en todo el mundo. Se trata del mismo sistema de muerte que reprime salvajemente con policías y civiles armados – matando, desapareciendo, encarcelando e hiriendo- al pueblo pobre que protesta contra él en las calles de Colombia, organizando un Paro Nacional que lleva ya cuatro semanas. Y es este sistema de muerte el que apoya con millones de dólares al ejército israelí, que responde a los misiles y ataques de las guerrillas fundamentalistas armadas palestinas con más bombardeos, en una guerra desproporcionadamente desigual y a costa de la vida y la libertad de centenas de civiles palestinos con algunos civiles israelíes muertos, en un espiral inacabable de violencia, tratando de asegurar así el control israelí sobre los lugares santos y el territorio palestino.

Desde esta tierra sagrada, los miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, entre ellos varios familiares de los masacrados y sobrevivientes de la masacre que aquí ocurrió, queremos decirle a las ancianas, ancianos, mujeres, hombres, niñas y niñas del pueblo colombiano, palestino e israelí que entendemos el sufrimiento que están viviendo y que nos unimos al dolor que sienten por sus pérdidas y que los acompañamos en sus luchas por la paz para sus pueblos. Porque nadie tiene derecho a desplazarnos de nuestras tierras o a destruir nuestras casas por defender la vida y la paz para todos, no tienen derecho a amenazarnos de muerte, a golpearnos o acosarnos, a llevarnos presos o asesinarnos, por el sólo hecho de elevar nuestros gritos de protesta ante lo que es injusto. Las Abejas llevamos ya 28 años luchando pacíficamente y hemos soportado todo esto, por lo que pedimos por ustedes, para que no se desanimen en el camino de exigir justicia y verdad.

Y queremos compartirles que también nosotros estamos viviendo una situación muy difícil. Sabemos que para acabar con nosotras y nosotros -los pueblos originarios de México que nos hemos atrevido a decir “no” a este sistema capitalista de muerte, no fueron suficientes la represión, la guerra sucia, las bombas y la militarización. Por eso, ahora el gobierno nos manda también cañonazos de dinero. Y la entrega de dinero a las familias que aceptan entrar en los programas del mal gobierno y ajustarse a sus reglas, como apoyar el sistema electoral con sus partidos políticos, ha sido muy difícil de resistir para muchas y muchos en nuestras comunidades.

Aunque prometieron a la gente que con la administración de López Obrador todo iba a cambiar en México, la verdad es que en nuestros pueblos campesinos, empobrecidos por las políticas económicas neoliberales que sólo han beneficiado a los ricos, vemos que todo lo que requerimos comprar para vivir -como el jabón, la sal y las láminas- sube y sube de precio, mientras que por lo que nosotros producimos para vender -nuestro café y nuestra miel- nos dan el mismo precio bajo de siempre. Por eso y por la carencia de tierras y la dificultad de hacerlas producir en un país que le sigue apostando a generar miles de campesinos despojados de sus tierras comunales o ejidales, muchas veces necesitamos salir a buscar trabajo asalariado a las grandes ciudades, destinos turísticos o grandes campos de cultivo intensivo para trabajar como empleados de comercios, empleadas domésticas, albañiles o jornaleros agrícolas en México o EE.UU para poder ayudar a la familia a subsistir. En este contexto, la tentación de recibir los jugosos apoyos económicos

administrados por los gobiernos en turno, ha causado que muchas familias que pertenecían a organizaciones que antes luchaban de modo independiente, están ahora del lado del gobierno y en contra de sus antiguos compañeros. Ahora se encuentran sacando el mayor provecho posible de los presupuestos municipales, estatales y federales, y en ocasiones, pelean salvajemente entre los integrantes de sus partidos para ver quién controlará el reparto de esos apoyos.

Y es por eso que estamos viviendo un momento muy peligroso en muchos municipios de nuestro estado. Las campañas políticas electorales no sólo son terribles e ilegales porque corrompen a la gente con la compra de votos y otros delitos electorales, además de los abiertos engaños de los candidatos que prometen a la gente cosas que nunca cumplen cuando se hacen gobernantes, sino que ahora están causando asesinatos entre contrincantes y terror entre la población, con el fin de obligar a participar en las elecciones o para obligar a la gente a que apoye a ciertos candidatos, incluso para apoyar a candidatos que se promueven a sí mismos como luchadores de izquierda.

Pero más grave está la situación en nuestro vecino municipio de Pantelhó, donde las campañas de los partidos políticos ya han ocasionado muchos muertos, en una verdadera guerra que se está librando por el poder. Es indignante cómo el gobierno que se hace llamar “gobierno de los pobres” permite tanta violencia e impunidad, no le importa que niñas y niños, mujeres y ancianas y ancianos que no tienen nada que ver con estos pleitos electorales y de poder, estén sufriendo porque tuvieron que abandonar sus casas por el miedo de los disparos de armas de fuego.

Los que hemos vivido el desplazamiento sabemos lo que significa salir por miedo y tener que abandonarlo todo, sin saber cuándo o cómo podremos volver a nuestra casa. Por eso, hoy pedimos con todo nuestro corazón por estas familias desplazadas y por todos los que continúan desplazados en Aldama, Santa Marta y Chalchihuitán.

Damos gracias a Dios porque les permitió por fin regresar a sus hogares a nuestras hermanas y hermanos Abejas del Barrio Río Jordán de la Colonia Miguel Ultrilla los Chorros, que resistieron un año y nueve meses de desplazamiento en el Campamento Los Naranjos de esta tierra sagrada y siguen firmes en nuestra lucha.

También desde Chiapas pedimos por el cese de la violencia armada y por la reconciliación de los hermanos en todos los conflictos por tierras en nuestros pueblos, principalmente en los enfrentamientos que se han vuelto cada vez más violentos y han cobrado ya muchas vidas y hermanos torturados, como el conflicto en Venustiano Carranza, donde dos hermanos fueron asesinados el pasado 5 de mayo con el tiro de gracia y se les encontraron huellas de tortura. También pedimos por el conflicto entre Aldama y Santa Marta, donde siguen las muertes a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama. El último caído por ráfagas de disparos con armas de grueso calibre, es el joven Pedro Pérez Lunez de 24 años, quien murió el 8 de mayo, con el agravante de que la Guardia Nacional se encontraba muy cerca de la comunidad de Coco’, en Aldama, donde cayó. Exigimos a los tres niveles del gobierno que se encarguen de poner fin a esta masacre a cuenta gotas que lleva ya tanto tiempo causando terror y dolor a nuestros hermanos tsotsiles de Aldama y Santa Marta. Si no lo hace, se vuelve cómplice de estas muertes terribles e injustas, atizando el fuego de la impunidad que provoca que los enfrentamientos se hagan cada vez más encarnizados y crueles.

¿Pero qué podemos esperar del gobierno morenista del estado de Chiapas, que desalojó violentamente y encarceló a 71 futuras profesoras y 24 futuros profesores rurales el pasado 18 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, cuando por no ser escuchados organizaron protestas, sólo para demandar que sus compañeros de nuevo ingreso tengan la oportunidad de presentar el examen para entrar a la Escuela Normal Rural Mactumactzá de manera presencial, pues muy pocos estudiantes de bajos recursos tienen la oportunidad de contar con equipos e internet para poder hacer ese examen a distancia? Exigimos su liberación inmediata del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, donde los están haciendo responsables por delitos graves que no cometieron.

Hermanas y hermanos, para seguir exigiendo verdad y justicia en el caso Acteal, les pedimos que estén atentos a la próxima convocatoria a una Conferencia de prensa que la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las y los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre ofreceremos aquí el próximo 25 de mayo por la mañana.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, les pedimos a Dios Padre-Madre, corazón del cielo y de la tierra, a nuestro patrón San Pedro Apóstol y a todas nuestras y nuestros mártires que sigan soplando con su aliento para darnos el ánimo que los poderosos e injustos nos han querido quitar con toda la muerte y destrucción que están trayendo a nuestras comunidades. Que nos sigan dando valentía para que, como ellas y ellos, sigamos defendiendo la vida y trabajando activamente por la paz.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez             Sebastián Guzmán Sántiz

Tesorero                      sub presidente                           Sub tesorero

• El asedio persiste, durante esta semana suman 61 ataques armados hacia las comunidades de Aldama.

El día de hoy 23 de mayo de 2021, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, refiriendo que aproximadamente las 7:10 horas, se realizaron disparos de altos calibres desde el punto de ataque conocido como “Telemax” ubicado en Santa Martha, Chenalhó, con dirección a la comunidad de Tabac, Aldama. Como resultado del ataque Julio César Pérez Pérez (Julio César) resultó herido en la pantorrilla, mientras se dirigían en vehículo hacia la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Aldama.

Julio César fue llevado al Hospital de San Andrés Larráinzar donde se le comentó que no había los materiales necesarios para su atención, por lo que fue de trasladado al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, nosocomio en el que refieren fue atendido de manera degradante y discriminatoria pues el médico que le atendió se negó a extirpar la bala alojada en su cuerpo refiriendo que “eso de extraerlo solo pasan en las películas de acción”, para después darlo de alta sin mayor atención a su condición médica. Destaca que en ningún momento se apersonaron agentes ministeriales para tomar la declaración de Julio César.

Recordamos que el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de Aldama, que han sido constantemente atacadas, solicitando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias, y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de sus pobladores. Pese a tal reconocimiento de la gravedad y urgencia de la situación, las acciones del Estado mexicano han sido insuficientes para asegurar que cesen los ataques armados en contra de la población de Aldama, puesto que posterior a dicho otorgamiento han continuado los disparos en contra de los comunidades, resultando asesinado Pedro Lunez Pérez en la comunidad Coco, Aldama el 8 de mayo de 2021.

El Frayba manifiesta su preocupación por la intervención insuficiente del Estado mexicano a fin de cesar la violencia existente en la región. Las autoridades estatales y nacionales perpetúan una dinámica de exclusión y discriminación estructural en contra de las poblaciones indígenas de Chiapas cuyo derecho a la vida, paz e integridad física y emocional parecería no ser un valor importante de proteger. Nos parece indignante que, tras los años de aumento de la violencia en contra de las comunidades de Aldama, situación que además de los asesinados y heridos, ha dejado graves impactos psicosociales en la población y las autoridades siguen interviniendo mínimamente, sin la urgencia y la disposición máxima de recursos que una situación tan grave como esta necesita, tan solo esta semana hemos registrado 61 agresiones armadas hacia las comunidades de Aldama, situación que aun continúa.

Por lo anterior hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se desactive la violencia crónica que se vive en las comunidades de Aldama, Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de mayo de 2021
Acción urgente No. 6

Descarga la Acción Urgente aquí: Julio César herido tras ataque del grupo armado de Santa Martha, Chenalhó.

Chiapas, México. 23 de mayo. Organismo internacionales de derechos humanos han señalado que la prisión preventiva oficiosa es una flagrante violación del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la libertad personal y vulnera la independencia judicial, además del derecho a la integridad personal, el principio de igualdad ante la ley que afecta gravemente al sistema de justicia penal que de por si esta podrido en México.

El caso de las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” privados arbitrariamente de la libertad es un claro ejemplo que se suma al caso de los ejidatario y defensores comunitarios de derechos humanos José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, detenidos el 15 de octubre de 2020, por manifestarse en contra de la construcción de la base de la guardia nacional que se construye en el ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, quienes siguen un injusto proceso en libertad.

Tanto los estudiantes como los ejidatarios defensores comunitarios de derechos humanos son acusados por el delito de motín para reprimir su protesta. Dentro de la excesiva amplitud de los supuestos de aplicación de delitos penales se encuentran también los de pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, además de daños.

Todo lo anterior conlleva a una falsa imputación de delitos es decir la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida a la que las autoridades ejecutivas y judiciales recurren para anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos, reprimir el movimiento social.

La sociedad está cansada. A pesar de que México cuenta con innumerables leyes, éstas no se cumplen y constantemente se viola el principio de protección a los derechos humanos. En México no se promueve, respeta, protege ni mucho menos se garantiza los derechos humanos y es evidente la regresión en su protección.

La prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos, corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio y vulnera la independencia judicial, por lo que debe eliminarse en México.

¡Súmate! a la exigencia de libertad para los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” que aún continúan presos políticos.

!Libertad ya¡