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Cine documental: ¿qué lo hace extractivista o aliado de las comunidades?
Por Avispa
Por Claudia Ramos Guillén
El extractivismo como modelo que se implementa en los territorios genera enormes impactos en las formas de vida de las personas, sobre todo de mujeres, niñes y cuerpos racializades, exacerbando los niveles de violencia que de por sí viven. Este modelo de despojo por parte de la implementación de proyectos extractivos es causante de la desecación de ríos, la pérdida de nuestra agua, de nuestro tejido social y de las formas y estrategias de vida y tiene una raíz profundamente capitalista y heteropatriarcal.
Desde esta perspectiva cobra importancia reavivar la discusión sobre lo extractivo que puede llegar a significar el cine documental y las representaciones que se hacen de las realidades, pueblos, comunidades y personas que habitamos en los territorios.
El pasado 20 de noviembre, en el marco de la 5ª Edición del Festival Ocote, festival de cine documental en Chiapas, se realizó el conversatorio “documental aliado o documental extractivo”, dentro de las actividades de clausura de dicho festival en el Parque El Encuentro en la ciudad de San Cristobal de Las Casas, Chiapas.
En este conversatorio participaron les realizadores Melissa Elizondo (El sembrador, 2018), Elke Franke (Kuxlejal, 2020) y Ange Valderrama Cayuman, quienes con la moderación de Gabriela Domínguez Ruvalcaba (La danza del Hipocampo, 2014), compartieron sus procesos creativos y su encuentro con las realidades que buscan reflejar, teniendo en cuenta los ejercicios de poder y violencia que se ejercen al interpretar realidades a las que no pertenecen.
Melissa Elizondo compartió su experiencia en la realización del documental El sembrador. Relató cómo conoció al profesor Bartolomé, protagonista de quién refleja su vida en el documental, de “cómo se enamoró de la actividad de educación y de ese encuentro con la realidad, ese amor también se intentó reflejar a la hora de presentar el documental, pusimos nuestro corazón de lo que nos estaban compartiendo las infancias de Monte de Los Olivos”.
Por su parte, Elke Franke comentó acerca de sus motivaciones. “He descubierto que el documental puede servir, o puede estar al servicio de las circunstancias que nos rodean. Como colectivo pensamos que somos un medio al servicio de la comunidad, con Kuxlejal por ejemplo. A través del proyecto periodístico con las infancias, nos dimos cuenta de que hay realidades que no se encuentran reflejadas en ninguna parte. Descubrimos que es importante tocar temas como el suicidio en las comunidades de Los Altos de Chiapas”, contextos estos que se han normalizado en esta región y que afectan a las comunidades indígenas de estas geografías, de las cuales muy poco se habla.
Ange Cayuman habló de su experiencia en el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu, territorio ancestral mapuche, donde se presentan documentales de realizadores indígenas, sin embargo, se cuestiona el origen de corte antropológico o culturalista, “y se cuida la representación que los documentales tienen de los pueblos y comunidades indígenas, más allá que sea la representación de una tesis de antropología”.
Ejercicio de poder
El conversatorio prosiguió en el sentido de profundizar la discusión sobre lo qué define si un documental es extractivista o aliado y cuáles son los lugares de enunciación de las realizadoras al desarrollar su labor documental.
En ese sentido, Elke Franke compartió “la importancia de tener la conciencia plena de estar en un lugar donde no pertenezco y querer interpretar la realidad desde ese lugar. Cuál es la representación más digna de las personas, que las trate con respeto”.
Ange Cayuman agregó que es importante la mirada política de los documentales, quién está decidiendo qué se está representando, cómo se están construyendo las miradas políticas de lo que nos está pasando como pueblos. Agregó también: “Es importante evidenciar qué está pasando con la temática LGBTTIQ+ o temas muy complejos como el suicidio. Una cosa que nos interesa mucho es visibilizar las diversidades ancestrales, por ejemplo, hablar de diversidades indígenas es muy complejo, entonces estas apuestas políticas de presentar cine en pueblos y comunidades es importante, no como producto de consumo, sino como la representación de las realidades que también pasan en nuestros territorios”.
“La utilidad del trabajo documental pasa por el proceso en el que las creadoras nos transformamos, desde la dignidad y el respeto a las personas, realidades y territorios representados, por ello la importancia de cuestionar el sentido de los documentales y poder darle un carácter de sanación ante un proceso que puede ser un ejercicio profundamente violento, tener siempre en cuenta la dignidad de las personas con las que trabajamos es central”, agregó Melissa Elizondo.
En contraste, la realizadora Medhin Tewolde (Negra, 2020), también presente en el conversatorio, agregó que “desde su inicio el carácter extractivo de los documentales ha estado permeado por los ejercicios de poder que se hacen, por ejemplo, al tener una cámara y un micrófono”.
Estas reflexiones llevan a profundizar otras formas de hacer el cine documental, en donde exista una colaboración que permita ejercicios de posicionamiento político y social, en sociedades que frecuentemente son invisibilizadas y marginadas. Eso permite visibilizar estas otras realidades que se gestan en los territorios, discutiendo el poder trasformador y cuestionador del cine generado desde otras narrativas y realidades.
México: Mujeres chontales resisten al despojo anunciado de su territorio
Por Santiago Navarro F
Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.
Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.
En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.
El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.
Las estrategias de defensa
El escenario que vive la comunidad de Silvia es parecido al contexto de los demás pueblos originarios que habitan el estado de Oaxaca, uno de los estados de México que cuenta con más del 80% de su territorio como propiedad social, principalmente, territorio indígena, bajo el régimen de ejido y comunidades agrarias. Sobre este territorio, la Secretaría de Economía ha emitido más de 300 concesiones mineras. “En nuestras comunidades, fue la minería que nos orilló, como mujeres, a asumir una doble lucha, por la defensa de nuestro territorio y por el reconocimiento como mujeres que somos en la toma de decisiones”, agrega Silvia.
La Secretaría de Economía ha argumentado que solo se ha concesionado el subsuelo y no el territorio indígena. Se basa en el articulo 27 constitucional mexicano, que dice que los bienes del subsuelo, entre ellos minerales y el petróleo, son de interés social y “corresponde a la Nación el dominio directo”.
Desde 2018, al menos 16 comunidades chontales demandaron a esta y otras instancias de gobierno como parte de una estrategia jurídica que decidieron emprender. En ese mismo año, lograron, primero, que todas las actividades, en relación a la mina, se dejaran como estaban, bajo un termino jurídico conocido como “Suspensión de Plano”, es decir, la empresa no tenía posibilidad de hacer nada en este territorio.
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Apegados a marcos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este pueblo originario apeló a su autonomía y a su autodeterminación y alegó sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía y no haberles informado ni consultado.
Además, alegó sobre la inconstitucionalidad de la ley minera. En febrero del año 2020, el juez 4º de distrito de Oaxaca concedió el amparo, no solo para las comunidades demandadas sino “para el pueblo Chontal, contra la concesión minera”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la Organización Civil Tequio Jurídico.
La determinación del juez “de proteger a todo el pueblo Chontal es inédita”, remarca la abogada. Sin embargo, “al mismo tiempo, protege a la Ley Minera, al considerar que no viola derechos. Además, ordena un proceso de consulta para el pueblo Chontal”.
Esto derivó a que las comunidades dieran un siguiente paso, abriendo un proceso de revisión del caso (42/2021) contra la Ley Minera, donde exigen que se respete la autonomía y autodeterminación del pueblo Chontal, porque “ya se decidió, mediante actas de territorio prohibido para la minería, que no quiere minería en su región. Por tanto, no hay nada que consultar”, agrega Olivos.
También las instancias de gobierno interpusieron su propio recurso de revisión (43/2021) y el juez del 2º Tribunal “defendió la constitucionalidad y la legalidad de la ley minera. Pero es una ley que históricamente se ha reclamado como inconstitucional por no proteger los derechos de los pueblos originarios”, puntualiza la abogada para Avispa Midia.
Por su parte, “la Secretaría de Economía ataca la sentencia diciendo que no se debió proteger el pueblo Chontal en su conjunto y que esas concesiones se otorgaron legalmente”, agrega Olivos.
Además, la empresa minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. “La empresa, mañosamente, se desistió de la concesión un mes antes de que dictara la sentencia, sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio. Porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.
Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía que, al ver que van perdiendo el juicio, se desisten para sobreseer el caso.
La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad Me’Phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.
El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio. “La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, sostiene la aboga Olivos.
En el caso de la región Chontal, los abogados y la comunidad tienen que mostrar elementos al Tribunal Colegiado para no dejar sin materia el juicio. “El 12 de noviembre hubo una sesión y el tribunal nos hizo saber su propuesta. Si el juicio se sobresellara, se quedaría sin materia, porque la empresa ya había desistido”, agrega Olivos.
“Sin embargo”, afirma la abogada, “una comisión del pueblo Chontal tuvo participación en esta sesión y presentó nuevos elementos y el caso continúa abierto. Lo que toca es esperar”.
Continuar con la resistencia
Mientras que la comisión del pueblo Chontal llevaba a cabo la tarea titánica que le han dejado en sus manos, las mujeres de diversas comunidades se reunieron, los días 13 y 14 de noviembre, en la comunidad de Santa María Candelaria donde realizaron el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Entre música y las flores bordadas de los huipiles tradicionales que portaban las mujeres, pintaron de fiesta un espacio de lucha. Compartieron risas, reflexiones en las mesas del intercambio de la palabra. Resaltaron la importancia de la participación política de las mujeres y presentaron su comité regional de mujeres chontales. Visionaron los nuevos caminos con su radio comunitaria como nueva herramienta en la resistencia y se pronunciaron contra el proyecto minero Zapotitlán 1, nombre que lleva el título de la concesión minera.
“Mujeres y hombres seguiremos fortaleciendo la participación política comunitaria de las mujeres, la defensa del territorio, nuestras instituciones comunitarias, los procesos organizativos, la defensa legal, la articulación con otros pueblos y el rescate de nuestra identidad comunitaria”, leyó Silvia en el comunicado de su pueblo.
En el comunicado las comunidades exigen al décimo tercer circuito en materia civil y administrativa que, “resuelva el recurso de revisión que ha interpuesto la Asamblea del pueblo Chontal conforme a los derechos indígenas reconocidos en el marco convencional y constitucional en materia de tierra, autonomía y libre determinación”.
Aunque Silvia comparte animada que, “no tenemos que esperar nada del gobierno. Está en nuestras manos defender nuestro territorio cuerpo, el bosque, las plantas, la dignidad y llegar hasta las últimas consecuencias. Recurriremos a todas las formas posibles y no dejaremos que entren. Vamos a defender nuestro territorio”.
Lo que le sobra a Silvia es coraje y determinación, su cargo como concejala casi concluye, pero ha identificado que la participación de las mujeres es determinante hoy más que nunca. “Tenemos que recurrir a la solidaridad, no solo entre nosotras las mujeres Chontales, también con otras mujeres indígenas que están resintiendo y luchando por el territorio. Solo entre nosotras podemos reconocer lo que hemos vivido y también sabemos como cuidar nuestro territorio”, finaliza.
La concejala Silvia ha inspirado a más mujeres chontales a seguir participando en las asambleas y en la defensa de su territorio. También es una voz que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG), pueblos que vienen resistiendo al despojo de los territorios ancestrales.
