CONDENAMOS EL TERROR CRIMINAL CONTRA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EXIGIMOS PAZ Y JUSTICIA VERDADERAS, NO DE PURA PALABRA

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Ante el atentado terrorista que el crimen organizado llevó a cabo al mediodía de este 6 de diciembre en la comandancia de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, la comunidad de Santa María Ostula condena rotundamente tan brutal crimen, mismo que tiene como propósito generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana.

Hasta el momento se han confirmado 5 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Ninguna de ellas ni nadie merece ser víctima de grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios.

Queremos dejar claro que seguiremos unidos y organizados para garantizar completamente la seguridad de los habitantes de nuestras comunidades y de la población en general; así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia.

En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete.

Reconocemos el enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década.

También brindamos un abrazo fraterno y solidario a los habitantes de Coahuayana ante estos dolorosos acontecimientos.

Exigimos a los gobiernos estatal y federal trabajar realmente para desarticular al CJNG y a cualquier otra organización criminal, pues sus discursos puramente demagógicos, proclamando los derechos de los pueblos originarios, mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los carteles delincuenciales.

Recientemente el gobierno federal dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos; pero, ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia.

Por el contrario, con el Plan Michoacán los cuerpos castrenses federales han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre.

La solución no está en militarizar la región y el estado o el país, ni en la criminalización de nuestras policías comunitarias; la solución está en desarticular estas organizaciones criminales desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado; la solución está en el RESPETO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS A LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE SURGEN DESDE NUESTROS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES, COMO ES EL CASO DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LAS GUARDIAS COMUNALES. La solución está en el respeto a la libre determinación y a los derechos de las comunidades; la solución está en construir proyectos de vida y no de muerte.

Consecuentemente con lo expuesto, EXIGIMOS A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN:

1. EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ACTO TERRORISTA DEL PASADO 6 DE DICIEMBRE EN COAHUAYANA.

2. ACCIONES REALES Y DURADERAS PARA LA DESARTICULACION DEL CJNG Y DE TODOS LOS CARTELES CRIMINALES.

3. EL CESE DE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMINALES Y GOBIERNOS.

4. EL RESPETO EFECTIVO, NO ÚNICAMENTE EN DISCURSOS, DE LOS DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.

5. EL PLENO OTORGAMIENTO DE GARANTIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES.

¡Nunca más un México sin nosotrxs!

Comunidad nahua de Santa María Ostula

¿Qué es el Congreso Nacional Indígena?

El Congreso Nacional Indígena (CNI), nació en el mes de octubre del año de 1996 a raíz de dos foros convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional #EZLN que buscaba crear el espacio en donde todos los pueblos, comunidades, tribus y barrios indígenas del país nos podamos encontrar, mirar, escuchar. Juntando la palabra y el pensamiento de los indígenas que estuvimos ese año de 1996, el CNI se convirtió en la casa grande de todos los hombres y mujeres indígenas del país, en donde podemos encontrarnos, compartir nuestra palabra, la resistencia y la esperanza que construimos como pueblos, siempre buscando como propósitos centrales:

A) Que nuestros pueblos sean reconocidos en su existencia y en sus derechos dentro de la Nación

B) Ejerciendo plenamente su autonomía y

C) Reconstituyéndose de manera integral frente al permanente proceso de conquista que los ha destruido, mutilado, fragmentado y exterminado.

Los pueblos que conformamos el CNI nos regimos por los siete principios zapatistas y nuestro espacio máximo de decisión es la Asamblea General reunida en el Congreso, en donde todas y todos tenemos palabra para decidir colectivamente.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 80 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos formamos parte integral del CNI.

¡QUE VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN!

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

A los pueblos indígenas de México y del mundo
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los colectivos, organizaciones y redes de resistencia de todos los continentes
A la sociedad civil solidaria con la vida de nuestro pueblo

Desde la Comunidad Indígena Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, hacemos un llamado urgente, nacido del dolor, de la rabia y de la memoria viva de nuestro hermano y autoridad agraria Marcos Aguilar Rojas, asesinado el 26 de noviembre de 2025, y de nuestro compañero Gabriel Aguilar Rojas, gravemente herido en la misma agresión.

Considerando:

Que nuestra palabra nace en un tiempo oscuro. El ataque que arrebató la vida de Marcos no fue un hecho aislado: es la consecuencia directa de décadas de agresiones armadas, invasiones de nuestras tierras comunales, ataques paramilitares, amenazas y una estructura completa de complicidad e impunidad, tal como lo demuestra el documento que hemos hecho público.

 Que la comunidad enfrenta hoy un peligro extremo. Los caciques y sus grupos de agresores —los pistoleros de antes y los pistoleros de ahora— se siguen reuniendo, patrullan nuestros caminos con total impunidad, protegidos por operadores judiciales, policías y funcionarios que bloquean investigaciones, encubren crímenes y garantizan la continuidad de las agresiones.

Que la violencia no es nueva ni aislada: es una estrategia de despojo territorial, que busca exterminar a la comunidad para apropiarse de miles de hectáreas comunales que, desde tiempos inmemoriales, pertenecen a nuestro pueblo.

CONVOCAMOS
a las
JORNADAS POR LA VIDA EN AZQUELTÁN
a realizarse del 6 al 10 de diciembre, con actividades en distintos territorios y geografías:

6 de diciembre

Rueda de prensa
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Concentración: 12:00 horas

7 de diciembre

Velada por Azqueltán
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Concentración: 18:00 horas, llevar veladoras

10 de diciembre

Movilización en la Ciudad de México
Movilización para acompañar a la comunidad de Azqueltán
Concentración: Torre del caballito, 11:00 horas

10 de diciembre

Movilización en la ciudad de Guadalajara
Concentración: El Santuario, 11:00 horas.

Convocatoria a la Acción Global

Llamamos a los pueblos originarios conscientes, a los colectivos y organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil nacional e internacional, a realizar acciones dislocadas en sus territorios, plazas, centros comunitarios, universidades, embajadas o consulados, del 6 al 10 de diciembre, para hacer resonar nuestras exigencias fundamentales y registrando las acciones que se vayan a realizar, a través del correo electrónico cnicomunicacion@gmail.com

Justicia para Marcos y Gabriel.

Castigo a los responsables materiales e intelectuales, y garantías de no repetición.

Seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, mediante la presencia permanente de cuerpos de seguridad federales que eviten nuevos ataques armados.

Urgente titulación de los Bienes Comunales, que el gobierno federal de México asuma su responsabilidad histórica y titule de forma definitiva los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán.

Desmantelamiento de la red de impunidad que protege a asesinos, invasores y caciques responsables del despojo, la violencia y la muerte.

Atentamente
Diciembre de 2025
Porque nuestra lucha es por la vida,
Por la memoria y por la tierra comunal.
Porque Marcos vive en cada paso que damos.
Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán
Congreso Nacional Indígena

¡MARCOS VIVE, LA LUCHA SIGUE!

• La comunidad recupera el predio en conflicto El Caracol
• Marcos fue asesinado por órdenes de caciques regionales para arrebatarnos el territorio.

COMUNICADO URGENTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN, ANTE LAS COMPLICIDADES, LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL Y LOS OBJETIVOS DEL ASESINATO DE MARCOS AGUILAR ROJAS

A los pueblos y gobiernos del mundo
A los medios libres y honestos de comunicación
A las organizaciones solidarias con los pueblos originarios

Nuestra comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha denunciado ya públicamente el asesinato de nuestro hermano y autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, así como la grave lesión del compañero comunero Gabriel Aguilar Rojas, ocurridos el 26 de noviembre de 2025 en el predio comunal de El Caracol.

Nos dirigimos a los pueblos y gobiernos del mundo con un profundo dolor, ante la muerte de una de las personas más honestas y comprometidas con la defensa del territorio que ha dado nuestra comunidad, para señalar con nombre y con hechos la complicidad, los intereses y la estructura de poder que permitió —y sigue permitiendo— que este crimen ocurriera, por lo que decimos, con humildad, con dignidad y con respeto que:

1. Es un crimen político y territorial, no un hecho aislado

El asesinato de Marcos Aguilar Rojas fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán.

El ataque del 26 de noviembre no fue improvisado:

fue planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales.

Negarlo —como lo intentó hacer el fiscal del estado de Jalisco, reduciendo todo a “problemas entre vecinos”— es participar en el crimen, que recuerda el discurso del poder ante los ataques paramilitares que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país, como en el territorio de los hermanos zapatistas y en otras geografías, para concretar el despojo, y mediante el terror, acabar con la organización indígena.

Según la investigación de la propia comunidad y las evidencias que dejan al descubierto a los poderosos de la región, denunciamos que el martes 25 de noviembre de 2025, en el domicilio de Juan Aguilar, se reunieron el grupo de pistoleros que hemos denunciado y el cacique Refugio Raygoza, para planear el despojo de los predios comunales El Sabino Quemado y El Caracol, en esa misma reunión acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para lo que fue fundamental la complicidad de Favio Flores Sánchez “La Polla” y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los comuneros. Estas reuniones siguen ocurriendo en la localidad de Izolta, donde se siguen planeando ataques hacia nuestros comuneros.

2. Hay una red de complicidad en la que participan fiscales, policías, caciques y operadores judiciales

Las carpetas de investigación acumuladas por años muestran un mismo patrón y un mismo grupo de agresores, que han actuado con armas de fuego y extrema violencia en al menos siete años de ataques documentados.

Durante la integración de la carpeta 468/2025 5-J originada por los hechos recientemente acontecidos, la Fiscalía y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel de apellidos Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros: el más reciente acto de encubrimiento fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, Administrador Distrital del Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, Jalisco, en virtud de que tras los hechos acontecidos el pasado 26 de noviembre del año en curso, el Ministerio Público pidió tomar muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, pero el defensor público lo impidió con el pretexto de que estaba “inconsciente”, y cuando la solicitud se presentó formalmente ante el Juzgado, fue dicho Administrador Distrital quien —de manera ilegal, sin facultades jurídicas y actuando como protector de los agresores— rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra, violando el derecho a la justicia e imposibilitando que la decisión se apelara, además de comprometer la eficacia del peritaje y privando a las víctimas de una prueba fundamental que dependía de la legal y pronta actuación de las autoridades.

Acción hecha para favorecer directamente al pistolero Manuel Aguilar Herrera, y nuevamente garantizarle impunidad, luego de los múltiples antecedentes conocidos y documentados: como golpear ancianos para despojarlos de su tierra, allanar viviendas para amenazar, amedrentar a una niña con involucrar a la delincuencia organizada si no abandonaba su tierra y participar en el despojo armado del territorio, además de formar parte de la misma red de impunidad que también ha protegido a Favio Flores Sánchez “La Polla”, cuyo ataque armado contra autoridades autónomas fue degradado por el mismo Juzgado penal de Colotlán a simples “lesiones” con una reparación ridícula, torciendo la ley para garantizar la impunidad de quienes buscan exterminarnos y arrebatarnos el territorio.

El reciente encubrimiento —comprobado por la actuación ilegal del Administrador Distrital que bloqueó la toma de pruebas al homicida— demuestra que la Fiscalía del Estado de Jalisco y parte del Poder Judicial, han sido engranes activos de la maquinaria de impunidad.

Todo está documentado
Todo está en las carpetas de investigación
Todo está en los testimonios

3. El objetivo real es arrebatarnos el territorio, no un «problema entre vecinos”

Lo que quieren no es solo eliminar autoridades agrarias, sino nuestro territorio y y organización indígena, pues los caciques y supuestos pequeños propietarios, con una economía pudiente en la región, han invadido miles de hectáreas comunales, y ahora, con este crimen, han dejado claro que buscan exterminar a la comunidad para apropiarse de lo que nos pertenece desde hace siglos.

Lo señalamos el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando denunciamos públicamente el hostigamiento en contra de nuestros comuneros por parte de supuestos policías de investigación de la Agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero, Jalisco; quienes afirmaron:

que les “vale madre el juicio agrario”,
que si corremos “nos quiebran”,
que van a entrar con policías y con armas.

El asesinato de Marcos es solo un paso más en ese plan.

4. La responsabilidad histórica es del Estado mexicano

El Estado mexicano es el responsable por acción, por omisión y por negligencia histórica.

Es responsable porque:

No ha garantizado seguridad a la comunidad pese a denuncias formales y repetidas.
Permitió que operadores judiciales obstaculizaran la investigación.
Lleva décadas negando el reconocimiento jurídico pleno del territorio tepecano, abriendo la puerta a invasores, caciques y violencia armada.

La negligencia de los gobiernos —municipales, estatales y federales— ha costado vidas y si no actúan, seguirá costándolas.

5. Ante la gravedad de los hechos, ante el peligro que vivimos, exigimos al Gobierno Federal

La emisión inmediata de un DECRETO PRESIDENCIAL que reconozca, delimite y titule el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Sin este reconocimiento jurídico pleno, la comunidad seguirá expuesta a agresiones armadas, criminalización, invasiones, omisiones institucionales y a nuevas muertes.

El Gobierno Federal debe entender que su responsabilidad es directa.

No puede seguir ignorando que la vida de un pueblo originario depende de decisiones que solo puede tomar el Ejecutivo.

Si el gobierno quiere detener el derramamiento de sangre, que empiece por reconocer el territorio de quienes han habitado y defendido estas tierras desde tiempos inmemoriales.

6. Para que no quede duda

Nosotros, como comunidad indígena autónoma, aunque nos maten, no vamos a abandonar nuestro territorio, no vamos a renunciar a nuestra identidad tepehuana y wixárika y no vamos a ceder frente a los asesinos ni a los caciques.

 Anunciamos a los pueblos y gobiernos de México y fuera de estas fronteras que el día de hoy, y tras el artero ataque armado, la comunidad recuperó, mediante movilización, el predio El Caracol, ambicionado por personas ajenas a la comunidad, y sitio donde fue asesinado el compañero Marcos Aguilar Rojas.

Estamos dispuestos a seguir defendiendo la vida y el territorio, así que, por primera vez escuchen bien quienes gobiernan:

Sobre la responsabilidad de ustedes caerá cada gota de sangre que se derrame por incapacidad, negligencia o complicidad.

El Estado mexicano tiene en sus manos la posibilidad de detener esta guerra o de profundizarla y será su decisión de qué lado de la historia quieren estar. Esa no la olvidamos ni olvidaremos, así pasen mil años.

7. Hacemos un llamado a los pueblos y a las conciencias de esta humanidad.

Llamamos a los pueblos del mundo a mantenerse alertas, a las organizaciones de derechos humanos a vigilar y acompañar a la comunidad, haciendo eco de nuestras exigencias.

Llamamos a los medios honestos a romper el cerco de silencio que protege a los responsables.

Nosotras y nosotros, como pueblo, hemos resistido cientos de años y resistiremos cientos más si es necesario.

Pero que quede claro:

No nos rendiremos
No nos venderemos
No claudicaremos

Porque Marcos Vive y La Lucha Sigue
Desde el fondo del cañón de Bolaños
Comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco

Foto de portada: CELEBRACIÓN. Participantes de una ceremonia nocturna en San Lorenzo Azqueltán, durante el 5º aniversario del nombramiento de autoridades tradicionales en 2018. ©ScottBrennanphoto.

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN

Denunciamos con indignación, rabia y profunda preocupación el asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, así como las lesiones por arma de fuego infligidas a su hermano Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena. El ataque fue perpetrado este 26 de noviembre de 2025 por los agresores Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, quienes huyeron en un automóvil gris en dirección a Villa Guerrero o Mezquitic.

El cobarde ataque ocurrió en el predio comunal El Caracol, territorio que la comunidad de Azqueltán ha defendido colectivamente frente a los intentos de despojo de estas mismas personas, quienes han actuado amparados por la impunidad sistemática que les otorgan el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estas instituciones, una y otra vez, han protegido a quienes violentan, amenazan y atacan a la comunidad indígena, profundizando la violencia con su omisión, su silencio y su complicidad.

Responsabilizamos al gobierno federal por negar el reconocimiento agrario de la comunidad indígena de Azqueltán; al gobierno del estado de Jalisco por la impunidad que garantiza a los criminales que históricamente han atacado a la comunidad; y directamente a los asesinos Manuel y Esteban Aguilar Herrera y Victor Hugo Pérez cuyos actos forman parte de una estrategia permanente de despojo y agresión contra los pueblos originarios.

Hoy, como Congreso Nacional Indígena, decimos claro y fuerte: la violencia contra Azqueltán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional mediante el cual el poder —sea gubernamental, económico o criminal— ataca a las comunidades indígenas cuando defienden su territorio y su vida. No aceptaremos que el asesinato de nuestro compañero quede impune, ni permitiremos que la dignidad de Azqueltán sea pisoteada por los intereses de caciques, empresas, gobiernos o delincuencia organizada.

Exigimos justicia plena, castigo inmediato a los responsables materiales e intelectuales, y garantías reales de seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán.

Desde la rabia y dolor que hacemos propia abrazamos a la comunidad y a su familia.

¡Nunca más un México sin nosotros!
Congreso Nacional Indígena

El pasado 5 de septiembre del 2023, con absurdo uso de la fuerza, el gobierno de la Ciudad de México reprimió a quienes, de manera solidaria, se hicieron presentes en la alcaldía de Xochimilco en apoyo a la compañera Hortensia Telésforo, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria de San Gregorio Atlapulco, hoy convertida en Tlamachtiloyan (Casa del pueblo). Un grupo de choque con palos, armas punzocortantes y de fuego, agredieron indiscriminadamente a quienes asistieron a la manifestación, 5 compañeras y compañeros fueron desaparecidos por horas y posteriormente presentados en el Ministerio Público para fabricarles delitos, más tarde la represión se agravó en las instalaciones de la fiscalía de Tlalpan donde fueron golpeados brutalmente más de una veintena de personas.

Esta violencia es la verdadera cara de este gobierno.

Desde entonces no han cesado las amenazas y el asedio a nuestras y nuestros compañeros, ensañándose particularmente con nuestro hermano Max Emiliano Negrete, quien ha demostrado ser congruente con sus principios en defensa de su pueblo y por ello ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones a través de perfiles falsos en redes sociales.

Si fueron capaces de repetir uno de los momentos más lamentables de la historia de México: el halconazo, sabemos que son capaces de cualquier cosa, el uso de grupos de choque por parte de la Alcaldía de Xochimilco es una práctica criminal recurrente que debe parar.

Ante las reiteradas y cobardes amenazas a en contra de Max Emiliano Negrete, integrante de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atlapulco, comunicador comunitario y defensor del agua, la vida y la autonomía, como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio hacemos directamente responsables a los tres niveles de gobierno, particularmente al gobierno de la Ciudad de México de cualquier altercado a la integridad de nuestro compañero.

Son ya responsables de mantenerlo en un estado de alerta por las amenazas.

Como Asamblea respaldamos su labor en defensa de la vida y la autonomía y hacemos saber a los malos gobiernos que:

MAX EMILIANO NEGRETE NO ESTÁ SOLO

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

Foto de portada: Cuartoscuro

Compartiremos nuestros sentires y opiniones sobre las consecuencias sociales, culturales y ambientales de megaproyectos como el cablebus que quieren imponer dentro del Territorio Comunal de Milpa Alta.

Con la participación del Licenciado Carlos González García quien nos compartirá la palabra.

Sábado 22 de noviembre | 5:30 PM

Plaza Benito Juárez, San Pedro
Atocpan, Milpa Alta, CDMX.

Este año, artistas de distintas generaciones y disciplinas se unen para, desde sus artes, mandar un abrazo solidario al pueblo palestino y a los pueblos zapatistas que resisten.

Sábado 29 de noviembre de 2025, 12:00hrs

Habrá actividades para infancias, danza, música, bailongo, tatuajes, talleres, alimentos, café, etc.

Participan:

Escuelita Autónoma Otomí

La Mosca con Smoking

León Chávez Teixeiro y Les prófugues del manikomio

Botellita Retornable

Otra Danza es Posible

Fóramen Danza

Musas Sonideras

Toque Bulanga

Taller del Sur

Preventa: $130 // Día del evento $180.

Lo recaudado será enviado a familias palestinas.

Auditorio del SME – Francisco Breña Alvirez, Calle Maestro Antonio Caso 50, Tabacalera, Cuauhtémoc, CMDX)

A una cuadra del Monumento a la Revolución

Puntos de llegada: Metro Revolución y Metrobús Reforma.

Preventas en:

FB: Red Universitaria Anticapitalista IG: @mxlacomuna

Vendaval – Cooperativa panadera y algo más (Guillermo Prieto, #46. Colonia San Rafael , Cuauhtémoc, CDMX)

Cafetería Carabina 30 – 30 (Escuinapa 11, Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, CDMX)

A LOS PUEBLOS, COMUNIDADES, BARRIOS, TRIBUS Y NACIONES QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA,
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL,
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA,
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL,
A LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES FIRMANTES DE UNA DECLARACION POR LA VIDA,
A LAS REDES DE LA EUROPA INSUMISA, DIGNA Y REBELDE.

Rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI) declaramos que nuestra lucha es por la vida, hoy más que nunca, cuando el capitalismo, los gobiernos, las empresas, las organizaciones criminales y el patriarcado intentan desmantelar los espacios organizativos de nuestros pueblos.

El día de hoy, quince de noviembre de 2025, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI nos reunimos para acordar y determinar sus siguientes pasos. En este contexto fuimos informados de una serie de comunicados y testimonios que nos dan la certeza de que algunos integrantes del CNI han violentado, de manera sistemática y reiterada, los principios con los que hemos acordado caminar. Su actuar ha sido el de la suplantación: sirviéndose de nuestros espacios y nuestras luchas, así como de las redes de solidaridad que en más de treinta años han acompañado a nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todo esto para fines ajenos a los propósitos del CNI.

Después de analizar y discutir, desde esta Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena hemos resuelto por consenso que MARIO CASTILLO QUINTERO, LUCILA BETTINA CRUZ VELAZQUEZ y NISAGUIE FLORES CRUZ, integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, HAN DEJADO DE PERTENECER AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA POR VIOLENTAR EN FORMA GRAVE Y REITERADA SUS PRINCIPIOS.

Es nuestra determinación seguir en la lucha por la vida, son nuestra guía los siete principios del mandar obedeciendo, no admitiremos que sean nuestros caídos moneda de cambio de este sistema de destrucción, que sean nuestras luchas uno más de los despojos en la larga historia de traición a nuestros pueblos.

ATENTAMENTE
POR LA RECONSTITUCIÓN  INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Denuncia de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

A los pueblos originarios y sociedad civil de México y del mundo,
A la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo,
Al Gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro,
Al Fiscal del Estado de Jalisco Salvador González de los Santos,
A la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos,
A los medios de comunicación

Desde la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, denunciamos ante los pueblos, la sociedad civil y los gobiernos de este país la agresión, el despojo y la impunidad que amenazan nuevamente nuestro territorio comunal.

Hace unos días, denunciamos la incursión ilegal de grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, ocurrida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto “dueño” les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban.

Días después, el 11 de noviembre, el supuesto “pequeño propietario” Refugio Raygoza colocó un cerco de piedra y una puerta de metal con el letrero “Propiedad Privada” en el acceso al predio denominado El Sabino Quemando, asegurando que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco quien le ordenó hacerlo, lo que constituye claramente un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal, sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar.

Desde entonces, se nos ha negado cualquier información o documento oficial, siendo que lo único que nos han mostrado, han sido las armas largas y amenazas de muerte, con la clara intención de imponer por la fuerza el despojo de nuestras tierras comunales, mismas que hemos defendido colectivamente por siglos.

Nuestra comunidad mantiene procedimientos legales vigentes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, por el reconocimiento y titulación de nuestros bienes comunales, titulados por la Corona Española en 1733. Sin embargo, la codicia de supuestos pequeños propietarios y la complicidad de autoridades han buscado privatizar lo que pertenece legítimamente a nuestro pueblo.

Para nosotros, la tierra no es mercancía: es vida, historia y memoria. La defendemos porque es la única garantía de que nuestro pueblo siga existiendo.

La invasión, venta y despojo de terrenos comunales, acompañadas de corrupción, represión y persecución, han sido una constante contra Azqueltán. Desde 2019, cuando nuestras autoridades fueron atacadas por Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, y un grupo violento que lo acompañaba, solo hemos recibido impunidad y discriminación.

Los intentos de homicidio pretenden ser reducidos a “lesiones”, y el poder judicial ha protegido a los agresores mientras nuestras autoridades siguen sufriendo las secuelas del ataque.

En los parajes El Sabino Quemado y La Cueva del Mosco, donde hoy nuevamente se pretende arrebatar nuestras tierras, la comunidad mantendremos la posesión colectiva, porque son nuestras desde tiempos ancestrales y las defendemos como pueblos tepehuano y wixárika.

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