El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.

Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.

Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.

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Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.

De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.

Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.

Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.

El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.

El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.

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Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.

El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.