^{Foto por Noah Berger/AP}

Diversas protestas se han hecho notar en San Francisco, California, Estados Unidos, desde que arrancó la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en su edición a realizarse entre 15 y 17 de noviembre, que tiene por tema central Crear un futuro resiliente y sostenible para todos. Entre los participantes figuraran los jefes de Estado de China, Estados Unidos y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El APEC es un mecanismo transpacífico que, en este año 2023, ha estado presidido por los EEUU con temas económicos regionales. Ha sido concebido por Australia y Japón en 1989, para “promover el crecimiento económico y el bienestar a partir de la liberalización del comercio y la inversión en la región de Asia Pacífico”, reza la convocatoria de los convocantes. Hoy las 21 economías presentes en el foro representan casi el 40% de la población mundial, cerca del 50% del comercio mundial y más del 60% de las exportaciones de bienes estadounidenses.

En las inmediaciones del Moscone Center, el lugar donde se lleva acabo el evento, diversos grupos de manifestantes han expresado su descontento por los ataques contra Palestina y por el apoyo que ha dado Estados Unidos a Israel, bloqueando el acceso a la sede de la cumbre. Con pancartas y consignas pidieron el cese de los ataques israelíes y lamentaron las pérdidas de vidas palestinas, las cuales ya suman más de 11 mil 200 personas.

Simultáneamente, otro grupo de manifestantes bloqueó un lado del puente en la bahía de San Francisco (Bay Bridge), sumando en un mismo tono de exigencia, “¡alto a los ataques sobre Palestina!”. Los manifestantes utilizaron diversas tácticas, como bloquear el flujo0 vehicular con sus propios automóviles, acostarse en el suelo cubiertos con sábanas ensangrentadas, hasta encadenarse a la estructura del puente, desafiando su arresto.

El bloqueo, según la Patrulla de Caminos de California, informó que desde las 7:42 am el flujo vehicular se había atascado por varios kilómetros a lo largo de las autopistas que se extienden hasta el Este de la Bahía.

Estas protestas han pretendido llamar la atención sobre el conflicto en Palestina y la implicación de Estados Unidos en el mismo, aprovechando la presencia de líderes mundiales en la cumbre APEC. Al final fueron brutalmente reprimidos. Medios locales reportan que han sido detenidas al menos medio centenar de manifestantes.

En portada: Aves migratorias en Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F

En años no muy lejanos, el canto de las aves pintaba los paisajes sonoros de la biodiversidad. De pronto, los gorjeos, píos y las sonatas que entonaban, se esfumaron, como si el concreto los hubiera devorado. Esa ausencia del canto no es una señal de protestas, o quizás sí. Lo más probable, según estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU, más conocida como NASA, es porque disminuyeron.

Si algo ha caracterizado a la era de los combustibles fósiles, no solo son sus máquinas de combustión interna que crearon miles de millones de mercancías en serie y en masa para las selvas de concreto, sino que, también, devastaron miles de millones de hectáreas de biodiversidad. Ya lo había anunciado, en 2019, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que en sus registros de los últimos 48 años registró la extinción de al menos 3 mil millones de aves silvestres solo en la región norte del continente americano, lo que supone un 29% menos que en 1970.

En el estudio lanzado por este laboratorio se alertaba que las aves son excelentes indicadores de la salud ambiental y de la integridad de los ecosistemas, por tanto, es urgente atender la pérdida de diversidad de aves, “para evitar un futuro colapso de la avifauna y la pérdida asociada de integridad, función y servicios de los ecosistemas”, señalaba el documento.

“Estamos realmente en una crisis global de biodiversidad, perdiendo no sólo especies enteras sino también viendo disminuir el número de plantas y animales que son importantes para los ecosistemas naturales”, declaró el científico Woody Turner, perteneciente a la NASA.

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Quienes participaron en el estudio del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, aseguran que sus estimaciones son “conservadoras”, no obstante, son datos que documentan y registran lo que se presenta como una crisis de biodiversidad en Norteamérica la cual “ha pasado desapercibida”.

Más destrucción de ecosistemas

Aunque los gobiernos, apegados a la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, trazaron una estrategia para contener el aumento de la temperatura en el planeta, en distintas regiones se experimentan olas de calor inéditas. Esta Agenda tiene escasos siete años para concluir y las promesas parecen desmoronarse como castillos de naipes.  “El calentamiento actual está ocurriendo a un ritmo no visto en los últimos 10 mil años”, asevera la NASA.

Entre las propuestas ofrecidas en la Agenda 2030 está la llamada “transición energética”, con esta salida aseguraron que se contendría la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Esto no se ha logrado, ya que el planeta se sigue calentando, pero, para lo que ha funcionado, es para reorientar las cadenas productivas del mercado global y la geopolítica.

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Una de las mercancías más comercializadas en los últimos tiempos son las baterías, una demanda que se acelera con la implementación de las nuevas tecnologías. Impulsada en gran medida por el imperativo de reducir el cambio climático “mediante la electrificación de la movilidad y la transición energética en general”, soslaya la empresa de baterías de litio McKinsey & Company, quien proyectó en 2022 que toda la cadena de baterías de iones de litio (Li-ion), desde la minería hasta el reciclaje, podría crecer más de un 30% anual de 2022 a 2030, alcanzando un valor de más de 400 mil millones de dólares y un tamaño de mercado de 4,7 TWh (Tera Vatios Hora).

La demanda de los minerales que requieren la baterías se convirtió en tema de seguridad nacional para países como los Estados Unidos, quien acaba de lanzar su Estrategia de Baterías de Litio 2023-2030, firmada por el Subsecretario de Adquisiciones y Mantenimiento, Dr. William LaPlante, del Departamento de Defensa (DoD).

Esta estrategia cumple la principal recomendación para mejorar la seguridad de las cadenas productivas de baterías, sobre todo, para el ejército estadounidense, ya que estos componentes son parte los sistemas no tripulados, las capacidades de energía dirigida, la electrificación de vehículos tácticos, las comunicaciones de combatientes y para sus operaciones de combate.

Según esta estrategia, se busca romper la dependencia tanto de minerales como del suministro de baterías, de lo que consideran sus “adversarios” y, con ello, pretende “asegurar las cadenas de suministro de baterías” para el país norteamericano.

“El Departamento de Defensa debe adaptarse rápidamente para aprovechar las inversiones nacionales y aliadas en minería, procesamiento y producción de baterías que hacen posible la fabricación nacional de células de iones de litio y paquetes de baterías para nuestros sistemas de forma segura y asequible”, puntualiza el documento de esta estrategia, lo que implica, una mayor devastación de ecosistemas para ampliar los procesos de explotación minera en el planeta para suministrar los minerales necesarios para la producción de estas baterías.

Los minerales que están acelerado la extinción de ecosistemas completos son los considerados críticos para la energía: aluminio, cobalto, cobre, disprosio, acero eléctrico, flúor, galio, iridio, litio, magnesio, grafito natural, neodimio, níquel, platino, praseodimio, silicio y carburo de silicio.

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No obstante, el gobierno de los Estados Unidos tiene una lista que incluye 50 minerales que implican su seguridad nacional, muchos de ellos, extraídos a través de procesos de explotación a cielo abierto o subterráneos; entre ellos están: Aluminio, antimonio, arsénico, barita, cobalto, grafito, litio, níquel, estaño, titanio, entre otros.

Como parte de la estrategia de los Estados Unidos figuran cambios políticos “para mejorar su poder de compra, incentivar los mercados aliados y nacionales”, de esta forma se pretende asegurar “el almacenamiento de energía fiable, seguro y eficiente necesaria para satisfacer las demandas tácticas y operativas de los combatientes”.

_{En portada: Clientes del Banco del Valle de Silicón esperan para retirar su dinero de la institución financiera que reportó la quiebra el pasado viernes 10 de marzo.}

El pasado viernes (10), el Banco del Valle de Silicón de Estados Unidos (Silicon Valley Bank) sufrió un descalabro financiero que empujó inmediatamente a las autoridades a lanzar salvavidas para su rescate y evitar que impactará al resto de sus instancias financieras, ya que este banco formaba parte del Sistema de la Reserva Federal estadounidense.

Cuatro días antes de la quiebra, Silicon Valley Bank celebraba por quinta ocasión su inclusión en el ranking anual de los mejores bancos de Estados Unidos que publica la revista Forbes. Fue entonces que los festejos se convirtieron en tragedia financiera y el pánico de los ahorradores se encendió al no haber recibido una notificación previa, mientras el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés), de conformidad con el artículo 592 del Código Financiero de California, tomó posesión del banco, alegando falta de liquidez e insolvencia.

Mientras tanto, se designó a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) como administrador judicial del banco en banca rota, quien aseguró que su papel es proteger a los depositantes asegurados, quienes tendrían pleno acceso a sus depósitos a más tardar este lunes 13 de marzo de 2023 por la mañana. No obstante, la mayoría de las bolsas de valores sufrieron pérdidas este lunes (13) por la incertidumbre que ya ha provocado esta quiebra y por la memoria fresca que dejó el crack financiero del 2007-2008.

Para rematar, Moody’s Investors Service calificó a la baja la salud crediticia de First Republic Bank y otros cinco bancos prestamistas estadounidenses.

First Republic, con sede en San Francisco, cayó un 62% este mismo lunes, mientras que Western Alliance, con sede en Phoenix, se desplomó un 47%, una cifra sin precedentes. Comerica, con sede en Dallas, cayó un 28%.

Por otra parte, la incertidumbre de los depositantes no asegurados de Silicon Valley Bank va en escalada, ya que no correrán con suerte, solo se les emitirá un dividendo hasta dentro de la próxima semana por medio de un certificado de administración judicial por el importe restante de sus fondos no asegurados. Asumiendo que, a medida que la FDIC venda los activos de Silicon Valley Bank, se podrán efectuar futuros pagos.

Los vientos son turbulentos y soplan a contrapelo de la economía estadounidense, ya que Silicon Valley Bank es la primera entidad asegurada por la FDIC que quiebra este año, pero además es considerada la mayor entidad en quebrar desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y el colapso del banco Lehman Brothers.

Cabe resaltar que en aquella ocasión también se tuvo que rescatar a corporaciones como: Bear Stearns, JP Morgan, Fannie Mae/Freddie Mac, American International Group, Citigroup y Bank of America.

Mientras, la última institución asegurada por la FDIC en cerrar fue Almena State Bank, ubicada en la ciudad de Almena, Kansas, el 23 de octubre de 2020. Esto ha provocado especulaciones de crisis más severas en Wall Street y con los depositantes de otros bancos, ya que podría provocar el retiro de sus fondos en escalada y esto provocaría un colapso del sistema financiero estadounidense que golpearía a las economías dependientes.

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El senador Bernie Sanders declaró que este escenario es resultado de un absurdo proyecto de ley de desregulación bancaria implementado en 2018 y firmado por el expresidente estadounidense Donald Trump. “Durante el debate sobre la legislación dije: ¿Tan corta es nuestra memoria que no hemos aprendido nada del crack de Wall Street de 2008? ¿No hemos aprendido nada del desastre de Savings and Loan de principios de los noventa o del robo de Wells Fargo en los últimos dos años o de la deshonestidad de Equifax o del fraude contable de Enron y Arthur Anderson o del fracaso de Long-Term Capital Management o de los miles de millones de dólares en multas que institución financiera tras institución financiera ha pagado por actividades ilegales o engañosas?”, cuestiona el Senador.

Para Sanders no es el momento de que las autoridades financieras tomen el dinero de los contribuyentes estadounidenses para entrar al rescate de Silicon Valley Bank. “Si hay un rescate de Silicon Valley Bank, debe ser 100 por ciento financiado por Wall Street y las grandes instituciones financieras. No podemos seguir por el camino de más socialismo para los ricos e individualismo a ultranza para todos los demás. Tengamos el valor de plantar cara a Wall Street, derogar la desastrosa ley de desregulación bancaria de 2018, acabar con los bancos demasiado grandes para quebrar y atender las necesidades de las familias trabajadoras, no las arriesgadas apuestas de los capitalistas buitre”, agregó el senador.

Por su parte, el teórico David Harvey, quien ha documentado profundamente la crisis del 2008, en un comentario en sus redes sociales, palabras más palabras menos, hace alusión de esta quiebra a lo que el economista Carlos Marx tipificó como “El capital ficticio”, con el cual funcionan las bolsas de valores al proyectar que ciertos activos financieros se materializarán en algún momento en capital real, es decir, producirá un valor y una ganancia en el futuro cuando sea invertido en la economía productiva.

La realidad es que hay una burbuja que esta a punto de reventar, porque este tipo de capitales no encuentran en términos reales donde realizar esa ganancia prometida y entonces se provocan las quiebras.

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La crisis derivada del llamado “capital ficticio” es derivada del desarrollo del sistema crediticio y especulativo a través de títulos y valores imaginarios que no producen nada, solo representan imaginariamente un valor futuro.

“Vemos circular cantidades cada vez mayores de capital ficticio que aún no se han convertido de un estado imaginario a un estado real (…) Hasta que llega un punto en el que el capital ficticio se vuelve tan enorme que él mismo se convierta en la naturaleza del problema”, expresa Harvey.

El problema, es que ese capital ficticio está creando más capital que no tiene una base que lo respalde, y entonces, está llegando a un punto de colapso, que puede ser mucho peor que toda las crisis anteriores que han golpeado a EEUU.

Al cierre de esta edición se registra un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee. Según informes de los residentes, la policía está repartida a lo largo del perímetro del bosque. Esto sucede momentos antes de una rueda de prensa convocada por la familia del defensor del bosque asesinado en enero y ante el llamado de una semana de movilizaciones.

En Georgia, Estados Unidos, la Fundación de la Policía de Atlanta (APF, por sus siglas en inglés), en contubernio con empresas y funcionarios locales, pretende destruir más de 150 hectáreas del bosque Weelaunee para construir un enorme complejo cuyo objetivo es entrenar a policías de todo el mundo en tácticas policiales militarizadas.

El proyecto, impulsado por la APF junto a inversiones de corporaciones trasnacionales como UPS, Home Depot y Delta Airlines, así como capital de bancos tales como Wells Fargo y JPMorgan, representa una inversión de 90 millones de dólares para imponer una “Ciudad de los Policías” (Cop City en inglés).

El proyecto considera transformar el bosque, también conocido como “parque del pueblo Weelaunee”, con edificaciones para simular una población entera, donde además se incluyen campos de tiro, zonas para entrenamiento con explosivos y una pista de aterrizaje para helicópteros militares Black Hawk.

Desde el anuncio de Cop City, en 2021, el rechazo de distintas organizaciones y residentes de Atlanta no se hizo esperar. Surgieron críticas y movilizaciones que se oponen al proyecto tanto por la devastación ambiental, así como por la amenaza que supone, para las comunidades negras y pobres, un plan de expansión policial masivo en un contexto de constante abuso y violencia de los agentes de seguridad.

Como protesta, durante los dos últimos años, cientos de personas han ocupado y vivido en zonas del bosque de Weelaunee en tiendas de campaña e, incluso, edificando casas en los árboles. Los defensores del bosque buscan impedir su destrucción a manos de la corporación policial.

Violencia policiaca

La respuesta estatal ha sido la criminalización y persecución contra quienes se han movilizado para detener la Cop City. El 13 de diciembre del 2022, la policía ejecutó una redada contra manifestantes pacíficos y detuvo a cinco defensores de los bosques, quienes fueron acusados de terrorismo doméstico bajo leyes del estado de Georgia.

Lo peor ocurrió un mes después cuando, el 18 de enero pasado, policías asesinaron a un defensor del bosque. Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

Este viernes (3), los resultados de una autopsia privada, difundidos por la familia de ‘Tortuguita’, indican que el defensor del bosque recibió mas de 13 disparos, provenientes de distintos elementos policiacos, contradiciendo la versión de la policía de Georgia quien argumentó que sus agentes actuaron en defensa propia. Pese a que elementos de la policía de Atlanta contaban con cámaras corporales en el momento de la redada, la corporación se niega a hacer públicas las grabaciones de que disponen para aclarar lo ocurrido.

‘Tort’, como también era conocido, coordinó acciones de apoyo mutuo, entre otras, la construcción de viviendas en zonas de Florida afectadas por huracanes.

De acuerdo al Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta, aquel día de enero, agentes fuertemente armados de la policía local y estatal cerraron los accesos al bosque y, junto a maquinaria pesada, ingresaron para continuar con la destrucción del mismo.

“La policía ha conducido redadas en muchas ocasiones en este parque público, destruyendo jardines comunitarios e instalaciones artísticas, atacando a los manifestantes con armas químicas y balas de goma, y amenazando con usar fuerza letal. Durante las últimas redadas, la policía ha aumentado la violencia en sus tácticas contra manifestantes pacíficos sentados en los árboles para protegerlos o contra quienes están caminando”, contextualiza el colectivo de prensa.

“Después del fatal disparo, la operación continuó con la maquinaria pesada de Brasfield y Gorrie (contratista de Cop City) ingresando al bosque y los policías disparando gases de pimienta a las personas que permanecian en el parque, como si nada hubiera pasado. La pérdida de nuestras vidas no significa nada para la policía. La policía mató a une defensore del bosque por amar a esta tierra, por oponerse a la continua destrucción del planeta y de su gente”, subrayó un comunicado difundido por el Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta.

Los defensores del bosque señalan que esa es precisamente una de las razones por las cuales habitantes de Atlanta han exigido la cancelación de la ciudad policial. “A medida que los políticos invierten en más policía, en militarización, los presupuestos policiales aumentan. Mientras tanto, los asesinatos policiales alcanzaron su punto máximo en 2022: la policía estadounidense mató alrededor de 100 personas al mes”, detalla el documento.

Defender

La propuesta de CopCity, conocida oficialmente como Centro de Formación de Seguridad Pública, se anunció públicamente en 2021, aunque medios locales señalan que la APF trabaja en el proyecto desde 2017. La fundación destaca por financiar proyectos del Departamento de Policía de Atlanta, además de complementar el presupuesto policial de la ciudad.

El lugar propuesto para su construcción, el bosque Weelaunee es considerado uno de los cuatro “pulmones” de la ciudad de Atlanta y cobra relevancia pues por este lugar atraviesa el río Sur, el cual también sería afectado por el proyecto policiaco.

Medios norteamericanos enfatizan que, además del apoyo estatal y empresarial, el proyecto de Cop City también recibió respaldo de medios de comunicación locales como el Atlanta Journal-Constitution (AJC), el cual difundió artículos para validar su construcción en beneficio de su dueño, Alex Taylor, quien encabeza una campaña privada para recaudar 60 millones de dólares para la construcción del centro de entrenamiento policiaco.

Ahora, tras el asesinato de ‘Tortuguita’, el gobernador de Georgia, la policía y sus aliados han redoblado sus esfuerzos para imponer la construcción de Cop City, y han intensificado el proceso de criminalización contra los manifestantes. Siete de ellos fueron detenidos en la redada en enero y están siendo acusados por cargos de “terrorismo doméstico”.

Las protestas contra Cop City han destacado por ser parte de un movimiento descentralizado y diverso, sin portavoces ni líderes. Sus acciones van desde marchas con participación destacada de niños, hasta acciones directas como la ocupación del bosque que se pretende arrasar. Ahí, los defensores del bosque organizan comidas, fiestas y colectas de alimentos. Además, han plantado huertos comunitarios y han construido y reconstruido asentamientos dañados por las reiteradas incursiones violentas de la policía.

El pasado lunes (30), más de 1,300 grupos que trabajan por justicia climática se sumaron a la exigencia de una investigación independiente para esclarecer el asesinato de ‘Tortuguita’, además de demandar la renuncia del alcalde Andre Dickens quien, a pesar de tener facultad de rescindir los contratos para la construcción de Cop City, no se ha pronunciado al respecto.

“Cop City repercutirá en la organización (por la justicia climática) de todo el país, se trata de una cuestión nacional. La justicia climática y la brutalidad policial están interconectadas, por eso nos unimos a los llamamientos a la acción de Stop Cop City con las comunidades de primera línea de Atlanta”, declaró ikiyA collective, miembro del comité directivo de People vs. Fossil Fuels, una entre las miles de organizaciones firmantes.

^{En portada: Funcionario de la Terminal Costa Azul GNL, en Ensenada, Baja California}

La estadounidense Sempra Energy que, en 2019, fue calificada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como desleal, por haber firmado con gobiernos anteriores lo que él llamó como “contratos ventajosos” y “leoninos” y, por contratar exfuncionarios de gobiernos anteriores, ya podrá exportar gas desde territorio mexicano. Además, ampliará sus activos hacia lo que comprende la Zona Franca conocida como Corredor Interoceánico.

Sempra Energy se catapultó desde la reforma energética que se implementó en el año 2013 en México. Previamente contaba solo con 2 mil 500 millones de dólares (mdd) en activos en territorio mexicano y, en el 2018, cerraba con inversiones de 8 mil 769 mdd. Mientras que, en plena pandemia durante 2020, alcanzó los 10 mil 500 mdd posicionándose como una de las principales empresas de energía en el país y de Norteamérica.

Hasta el año 2020 contaba con 17 gasoductos por donde transporta y distribuye gas importado de los EEUU. También ya contaba con ocho complejos de generación de energía renovable y tres terminales de almacenamiento de gas. En una de ellas, establecida en el estado de Baja california, la terminal de almacenamiento y regasificación de gas llamada “Energía Costa Azul” (ECA), servirá para exportar gas licuado con países principalmente de Asia.

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En el mes de diciembre del 2022 esta empresa recibió el visto bueno del Departamento de Energía de EEUU para exportar gas natural estadounidense a México y, después de la licuefacción en territorio mexicano, reexportar por barco hacia cualquier país con el que Estados Unidos tenga o vaya a firmar un tratado de libre comercio. Las estimaciones oficiales de este mercado giran en torno al equivalente a 636 mil millones de pies cúbicos por año, lo cual contempla solo la terminal ECA, propiedad de Sempra Energy.

Según la empresa estadounidense, el proyecto de licuefacción de Energía Costa Azul, ubicado en el norte de Ensenada, a menos de 100 kilómetros del sur de San Diego, tiene una ventaja geográfica para entregar gas natural de EEUU hacia los mercados asiáticos en tan solo 11 días, cuando lo normal son aproximadamente 21 días.

La empresa tiene las expectativas de que, en la fase 2 de este permiso de exportación, Energía Costa Azul también cuente con dos trenes y un tanque de almacenamiento de gas natural licuado.

Mientras que, de otra terminal, propiedad también de Sempra Energy, que ya inició trámites en México para la comercialización de gas desde enero del 2022, llamada Vista Pacífico LNG, se prevé que la instalación cuente con una capacidad de reexportación de aproximadamente 200 mil millones de pies cúbicos al año, gas producido en EEUU y reexportado desde esta terminal en Topolobampo, Sinaloa, México.

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Sempra Energy pretende cerrar la pinza comercial al conectar con sus subsidiarias estadounidenses, Cameron LNG ubicada en Hackberry, Louisiana y Port Arthur LNG en Texas. Por el momento la empresa ya tiene acuerdos comerciales para 20 años con la francesa TotalEnergies y la japonesa Mitsui & Co., Ltd.

La empresa anuncia que “el desarrollo exitoso y la construcción de la Fase 1 de ECA LNG, así como los otros proyectos de exportación de gas natural licuado de Sempra Infraestructura (subsidiaria mexicana de Sempra Energy), están sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres sin que exista garantía de que serán completados”.

El documento del Departamento de Energía de EEUU es tajante al anunciar que, en el caso de estas reexportaciones, “la economía estadounidense no recibe una porción significativa de los beneficios”. De la misma forma, alerta que, tras la construcción y operación de estas terminales de licuefacción e infraestructura que le acompaña, “pueden surgir consecuencias (medioambientales) a largo plazo”, de las cuales se deslinda al no estar sujetas directamente a las leyes estadounidenses.  Mientras tanto el gobierno mexicano no ha emitido informes de cómo se beneficiará, de los posibles impactos o si solo será beneficio para la empresa estadounidense.

Nuevo nombre

En octubre de 2021 la empresa estadounidense fusionó dos de sus subsidiarias, Sempra LNG e Infraestructura Energética Nova S.A.P.I. de C.V. (IEnova), con las cuales había hecho crecer sus inversiones en México, denominándola ahora como Sempra Infraestructura. Con un nombre recién estrenado dio continuidad a una decena de complejos más que aún estaban en fase de construcción o expansión.

Uno de estos complejos, que estaba suspendido por no haber realizado una consulta previa como lo marca la ley sobre derechos indígenas, es el gasoducto Sonora Guaymas-El Oro, que atravesaba territorio de los pueblos originarios de la Tribu Yaqui. Aunque en sus últimos informes anuales para sus inversionistas aparece como concluido, el gasoducto está suspendido, porque uno de los ocho pueblos de la Tribu no permitió el paso.

La conclusión de este tramo es de vital importancia ya que es a través del cual se importarán el gas proveniente de EEUU y que conecta con la terminal de Vista Pacífico LNG, de donde se reexportará este energético.

Sempra Energy no habla más del gasoducto Guaymas- El Oro que costó la vida de al menos dos personas y un preso político que lleva más de 2 mil días tras las rejas, él es el indígena yaqui Fidencio Aldama.  Tampoco el gobierno de México habla más de esta persona y de lo acontecido.

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Lo que sí ha hecho el gobierno y la subsidiaria de la corporación estadounidense, Sempra Infraestructura, es llegar a un convenio para desviar el gasoducto y así poder concluirlo. “Los nuevos acuerdos establecen el marco para una alianza entre las empresas, que finalmente permitirá la reanudación del servicio del gasoducto Guaymas-El Oro”, dice el documento firmado por la empresa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitido en un boletín de prensa con fecha de enero del 2022.

A través de este convenio, la empresa también aseguró que se le permitirá el desarrollo y avance de la terminal Vista Pacífico que, en el mismo mes de enero, inició sus trámites con las autoridades mexicanas para la “Comercialización de gas natural”. Además, Sempra Energy, con su filial mexicana, también buscó figurar en la Zona Franca conocida como el Corredor Interoceánico.

En el memorándum de entendimiento se estableció una participación conjunta con CFE en el desarrollo de una terminal de gas natural licuado en Salina Cruz, Oaxaca. “Este nuevo proyecto apoyará las acciones del Gobierno de México para desarrollar el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es promover el crecimiento económico y el desarrollo de la región sur-sureste del país”, resalta el acuerdo firmado por CFE y la empresa estadounidense.

Nuevo gasoducto

Desde noviembre de 2020, el Gobierno de México había anunciado la construcción del Gasoducto denominado Jáltipan – Salina Cruz, que será parte del Corredor Interoceánico, aunque será retomado como una obra prioritaria para este año 2023. Según un boletín de prensa de la CFE, emitido en junio de 2022, “el gasoducto suministrará gas natural a 470 plantas y 30 parques (industriales)”.

El gasoducto, que atravesará el Istmo de Tehuantepec (Salina Cruz-Coatzacoalcos), estará a cargo de la CFE, pero también habrá participación de privados “bajo la figura de negocio de alianza estratégica, donde el privado ancla la inversión en el gasoducto con una planta de licuefacción de gas natural en Salina Cruz”, anuncia la paraestatal.

Pero el único acuerdo de cooperación firmado por el momento sobre la planta de licuefacción en Salina Cruz, Oaxaca, es con Sempra Energy.

La prioridad del gobierno, por el momento es, según el boletín, “resolver el derecho de vía para el tendido de un gasoducto a cargo de la CFE con el objetivo de exportar gas natural a Asia y licitar una planta de licuefacción que tendrá un costo de 60 mil millones de pesos, y generará 3 mil empleos”.

Dependencia

En conferencia de prensa que emitió el mandatario mexicano el 11 de junio, alertó que urgía resolver el derecho de vía para el gasoducto Jáltipan – Salina Cruz, “porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia, pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí en Salina Cruz se construya una planta de licuefacción”, sostuvo en su gira por el estado de Oaxaca.

Sin dar más detalles, López Obrador informó también que esta planta de licuefacción “congela el gas para transportarlo y se lleva (el transporte) entre 12 y 15 horas a países de Asia, y ahí se re gasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos” y agregó, “entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo a pesar de la inflación mundial que en Asia y mucho más bajo que en Europa, pero aquí estamos hablando de Asia”, refiriéndose a las exportaciones de gas desde el puerto de Salina Cruz.

Aunque México tiene un déficit de gas y no tiene suficiente para exportar, en todo caso, sería gas proveniente de EEUU. De acuerdo con la Secretaría de Energía solo en el año 2021 el consumo de gas natural en México ascendió a un promedio de 7,405 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).

En particular, sostiene el Plan Quinquenal de Expansión de Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), durante el tercer trimestre del 2021 el promedio de las inyecciones nacionales ascendió a 1,311 MMpcd y las importaciones fueron de 3,267 MMpcd, de los cuales 656 MMpcd corresponden a importaciones a través del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, perteneciente a Sempra Energy. Aunque también se importa a través del Gasoductos de Tamaulipas; Los Ramones, Fase I y II, entre otros.

El sector eléctrico de México es sostenido en mayor medida del consumo de Sistrangas, entre otros. Este organismo es un conjunto de gasoductos que suman una longitud total de 10,336 kilómetros. Una buena parte forma parte de los activos de Sempra Energy a través de los cuales fluye el gas importado proveniente de los EEUU. Por lo que México no tiene capacidad para cubrir al 100% sus necesidades de este energético.

^{En portada: Migrantes esperan al borde del río Bravo para cruzar hacia EEUU en el contexto del fin de las restricciones impuestas por el Título 42.}

Soldados pertenecientes a la Guardia Nacional de Texas fueron colocados por el gobierno de dicho estado norteamericano para contener el paso a migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos para solicitar asilo.

Los cientos de militares se desplegaron acompañados de una docena de vehículos blindados junto al Río Bravo en una zona utilizada por los migrantes para ingresar a los EEUU, en el contexto de declaración de estado de emergencia por parte de la ciudad de El Paso, Texas.

Oscar Leeser, alcalde de la ciudad texana, justificó el estado de emergencia por el aumento  de las llegadas de migrantes después de que un juez estadounidense ordenó el fin de las restricciones fronterizas de la era Covid-19, conocidas como Título 42, para el 21 de diciembre.

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Los soldados pertenecen a la Fuerza de Respuesta de Seguridad del Batallón de Policía Militar 606, que está capacitada en operaciones de disturbios civiles y respuesta a la migración masiva. “Se utiliza para salvaguardar la frontera y repeler y hacer retroceder a los inmigrantes ilegales”, dijo la guardia en un comunicado de prensa.

En este contexto, los migrantes ya desbordan los albergues y, como única opción, duermen soportando bajas temperaturas en las calles de El Paso.

Con la declaración de emergencia, la ciudad anunció también que creará un centro de operaciones y un plan para asistir y proteger a los migrantes frente a las duras condiciones climáticas.

Mientras se instalan o amplían los refugios en toda la ciudad, el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) comenzó a transportar en autobús a los migrantes de El Paso a la ciudad de Nueva York y Chicago, consideradas “ciudades santuario” para las personas en movilidad.

Según el administrador adjunto de la ciudad, Mario D’Agostino, la respuesta a la crisis migratoria permanecerá vigente hasta conocer el resultado de la apelación del Título 42, que se abre paso en los tribunales.

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El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó temporalmente una orden de un juez federal que pedía que el Título 42 terminara el próximo miércoles (21). La suspensión permanecerá vigente mientras la Corte Suprema considera una apelación de Texas y otros estados que solicitan mantener la política vigente.

Hasta el cierre de esta edición las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el despliegue de militares de Texas en la frontera por Ciudad Juárez.