Por Craig Murray

Llevo aquí una semana y creo haber asimilado lo suficiente como para intentar un pequeño análisis, a diferencia de las simples impresiones que di poco después de llegar.

Sin embargo, esas impresiones siguen siendo válidas: este no es un estado represivo. Estuve en el programa de Randy Credico en directo en WBAI Nueva York el viernes, y por casualidad mi amiga, la reconocida denunciante del FBI Colleen Rowley, también estaba desde Minnesota (donde me he alojado con Colleen y su esposo en su casa).

Les explicaba que, en una semana recorriendo Caracas, aún no había visto ningún retén, que nadie me había preguntado quién era, qué estaba haciendo ni me había impedido ir a ningún sitio, y que las tiendas, bares y restaurantes funcionaban con normalidad.

Colleen informó desde Minneapolis que había retenes por todas partes, que las calles estaban llenas de hombres fuertemente armados, que la gente era detenida, interrogada, solicitada documentación y desviada con frecuencia, y que muchas tiendas, bares y restaurantes estaban cerrados porque el personal tenía miedo de salir a la calle. Colleen está muy involucrada en el apoyo a los detenidos y en la entrega de suministros a quienes se refugian en sus hogares.

Recuérdenme de nuevo: ¿quién de nosotros está en una supuesta dictadura?

Quiero contarles un par de cosas para explicar Venezuela. Visité el mausoleo de Simón Bolívar, un hombre verdaderamente heroico. Ahora ha sido trasladado del Panteón venezolano principal a un mausoleo moderno, conectado y dedicado. El Panteón mismo contiene los restos de muchos de los héroes de la Guerra de Independencia de Venezuela y monumentos a todos ellos.

La Guerra de Independencia de Venezuela fue, por supuesto, en muchos aspectos similar a la guerra de Estados Unidos que recibió el mismo nombre. Fue una guerra entre las élites coloniales y sus amos metropolitanos. A diferencia de los fundadores de Estados Unidos, el propio Bolívar se oponía firmemente a la esclavitud, pero no así a muchos de sus aliados clave.

Así pues, el Panteón, tal como se concibió originalmente a finales del siglo XIX, estaba habitado casi en su totalidad por los restos y recuerdos de aquellas heroicas personas de ascendencia española que lucharon contra el control colonial de España. Este es el gran ideal fundacional de Venezuela.

Cuando Chávez y Maduro llegaron al poder, realizaron un cambio muy importante. Añadieron un monumento a los esclavos liberados que habían luchado contra los españoles. Posteriormente, Chávez y Maduro añadieron un monumento adicional: a los líderes de los nativos americanos que habían luchado contra la invasión española en primer lugar.

Esto causó indignación entre la derecha, furiosa porque la pureza del Panteón, el gran foco del nacionalismo venezolano, estaba siendo profanada con lo que consideraban fines políticos. Lo cual me lleva a una observación fundamental: la política en Venezuela es básicamente racial.

Estoy andando con pies de plomo, pero en 2019 publiqué esta entrada señalando el contraste entre las fotos de la oposición y las del gobierno. Los líderes de la derecha son básicamente más blancos. Simplemente así son.

Claro que la división no es absoluta, y existen excepciones individuales. Pero existe. La política en Venezuela está fuertemente basada en la clase, y en esta sociedad poscolonial es difícil separar la raza de la clase.

Lo que la oposición pretende es simplemente dar marcha atrás y restaurar el apartheid económico en Venezuela. Tuve una conversación muy interesante con Ricardo Vaz, de Venezuela Analysis. Él explicó cómo las políticas revolucionarias de Chávez habían incorporado al discurso político a personas que siempre habían sido ignoradas en una sociedad históricamente extremadamente desigual:

“Los gobernantes, ahora la oposición, se encontraron de repente con que su cocinero, su limpiador, su chofer e incluso su jardinero estaban aprendiendo a leer y escribir y empezando a tener ideas políticas. Esto no les gustó nada”.

Y siguen sin gustarles. No me es posible ahora mismo describir con exactitud qué sucedió en las elecciones de 2024. Es evidente que la oposición tuvo un desempeño relativamente bueno, aunque no creo en absoluto que obtuviera el 68% de los resultados. El mitin de cierre de Maduro contó con un millón de personas mientras que el de la oposición tuvo 50.000.

Para que el gobierno se mantenga en el poder contra la voluntad del 68% de la población, se requeriría un grado de represión estatal que simplemente no existe aquí. Hay muy poca vigilancia en comparación con los estados occidentales, y mucho menos con las dictaduras reconocidas. No hay policías ni milicias politizadas en las calles. No hay restricciones a la circulación y la convivencia.

Machado se ha desacreditado a sí misma, con la misma eficacia con la que ha desacreditado al Premio Nobel de la Paz. Otorgarle el premio a Trump la hizo parecer ingenua y suplicante, y elogiar el bombardeo de su propio país, que mató a sus conciudadanos, no ha sido bien recibido, ni siquiera por la oposición.

Pero ni siquiera eso la ha perjudicado tanto como su comentario ante el Comité del Premio Nobel de la Paz de que el 60% de los venezolanos están involucrados en el narcotráfico o la prostitución. Esto no es exactamente lo que dijo, pero se acerca bastante y molestó mucho a la gente de aquí:

Tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que se han apoderado del 60% de nuestra población, y no solo del narcotráfico, sino también de la trata de personas y las redes de prostitución. Esto ha convertido a Venezuela en el centro del crimen organizado de América…

Lo que me lleva de nuevo a mis impresiones personales. Como quienes me siguen esperarían, he estado visitando asiduamente los bares de Caracas. He encontrado algunos muy bonitos: el Bar Juan Sebastián es uno de los más encantadores que he visto. Un diseño interior impresionante. Tomé estas fotos antes de que abriera una noche. Sirven mojitos incluso mejores que los que se pueden encontrar en La Habana.

¡Eso no es un espejo, son dos pianos de cola!

La cuestión es que ni en mi hotel, ni en ningún bar, ni en ninguna calle, he visto a una sola persona que pareciera ejercer como trabajadora sexual. Ni una sola, y quizás yo sea visto como un objetivo bastante típico. De igual manera, no he visto ninguna señal de abuso de narcóticos. En dos días en Salisbury investigando el bulo de Skripal, me impactó la cantidad de drogadictos evidentes que vimos en las calles. No hay nada parecido en Caracas.

Si bien entiendo que la acusación sea que Venezuela exporta narcóticos en lugar de consumirlos, siempre se ven focos de adicción alrededor de los puntos de producción y los nodos de tránsito. Simplemente no veo ninguna evidencia de que los clichés comunes sobre Venezuela y los venezolanos sean ciertos, y soy un observador experimentado y experimentado.

Las sanciones contra Venezuela no comenzaron después de las controvertidas elecciones de 2024; han sido aplicadas por las potencias occidentales prácticamente desde el inicio del experimento socialista de Chávez. La represión del socialismo en América Latina ha sido política estadounidense durante un siglo, y cuanto más éxito tenía Chávez, más Occidente buscaba reprimirlo. Francia se negó a proporcionar repuestos para los aviones Mirage de la fuerza aérea venezolana, e igualmente se negó a suministrar repuestos para los trenes del Metro.

Las reservas de oro y divisas del gobierno venezolano en el extranjero han sido simplemente robadas por gobiernos extranjeros, y el bloqueo de Venezuela del sistema de transferencias bancarias Swift durante un tiempo causó estragos. Sin embargo, esto ha impulsado a los BRICS a desarrollar una alternativa, no totalmente adoptada, no terminada, pero que funciona en Venezuela, que representa las existencias completas en los comercios y, en última instancia, podría representar un momento significativo en la economía internacional.

Lentamente, y sin quererlo, el Partido Socialista de Maduro se ha visto obligado, precisamente por el efecto paralizante de las sanciones, a dar más espacio al sector privado y a pasar de un modelo plenamente socialista a uno más socialdemócrata, aunque describir las reformas bajo Maduro como “neoliberales” es ridículo. En teoría, podría ser posible construir el socialismo en un solo país, pero si las principales potencias económicas unen fuerzas para destruirlo, se vuelve muy difícil.

Una narrativa peligrosamente simplista sobre lo sucedido en Venezuela se ha arraigado en Occidente, impulsada por Trump, la CIA y fuentes de Machado/Miami.

Según esta interpretación, la presidenta interina Delcy Rodríguez está en connivencia con Trump, traicionó a Maduro y bajó las defensas la noche de su secuestro, y ahora está instaurando políticas neoliberales, incluyendo una nueva ley petrolera que establece que solo Estados Unidos puede exportar petróleo venezolano y que los pagos se realizarán exclusivamente a través de Estados Unidos en Catar.

De hecho, esto no es cierto en absoluto. La nueva legislación petrolera de Venezuela no contiene disposiciones que prohíban las exportaciones de petróleo a China o Rusia ni que los pagos se canalicen a través de Estados Unidos. De hecho, la nueva ley petrolera establece una nueva base comercial para la operación del sector petrolero venezolano, con el mismo tipo de concesiones, licencias y regalías que se aplica a casi todos los demás productores de petróleo.

El punto clave es que la legislación se redactó durante el gobierno de Maduro, tras amplias consultas y debates. Llegó a la Asamblea para su primera lectura literalmente al día siguiente del secuestro de Maduro. Esto ya estaba programado, no fue consecuencia del secuestro. La idea de que Maduro se opuso a la legislación y que Rodríguez tuvo que deshacerse de él para aprobarla es un disparate.

La legislación no tiene relación con el actual secuestro por parte de Estados Unidos de la venta de petróleo venezolano. Esto se lleva a cabo mediante simple piratería. Trump decretó que solo dos empresas, Vitol y Trafigura, podrían cargar petróleo venezolano, y que estas empresas pagarían el petróleo a Estados Unidos a una cuenta especial en Qatar a nombre de Trump.

Este nuevo esquema se ha implementado mediante simple piratería. Todos los buques petroleros que transportaban petróleo venezolano que no eran propiedad de Vitol y Trafigura han sido incautados ilegalmente en el mar por la Armada de Estados Unidos, en ocasiones con la ayuda del gobierno del Reino Unido. Estados Unidos ha afirmado que Venezuela acepta este acuerdo. Eso no es cierto. O es cierto en el sentido de que un rehén retenido a punta de pistola acepta quedarse quieto, en lugar de recibir un disparo en la cabeza.

El gobierno venezolano simplemente no tiene la capacidad física para impedir que la Armada de Estados Unidos confisque petroleros.

Tampoco es cierto que el gobierno venezolano haya proporcionado a Estados Unidos información sobre petroleros no pertenecientes a Vitol ni a Trafigura y haya solicitado su interceptación. Obviamente, Estados Unidos podría obtener información sobre petroleros no autorizados de Vitol y Trafigura.

Trafigura ha figurado en mis escritos durante décadas como el arquetipo de corporación occidental extremadamente corrupta. Su historial de contaminación deliberada y corrupción en África es espantoso, incluyendo Angola y Costa de Marfil. Han estado frecuentemente involucradas en planes de la CIA para cambios de régimen.

Cómo Vitol y Trafigura llegaron a ser beneficiarios de un duopolio, y qué sobornos pudieron haber implicado, es otra cuestión. De hecho, este es el único ámbito de presión interna que ha obligado a Trump a dar marcha atrás, y el viernes pasado se anunció que el acuerdo se ampliará para incluir a más empresas.

Cabe destacar que el sistema no se inventó solo para Venezuela. Es casi idéntico al sistema impuesto a Irak tras su destrucción por Estados Unidos y sus aliados, con pagos por el petróleo iraquí hechos a Estados Unidos y un porcentaje devuelto al gobierno iraquí.

La diferencia radica en que los ingresos iraquíes se pagaron al Tesoro estadounidense, mientras que los fondos venezolanos van a una cuenta catarí bajo el control personal de Trump, fuera del alcance del Congreso. En su interpretación más caritativa, le proporciona un fondo ilícito masivo para implementar políticas al margen del marco legal estadounidense. Es como un caso de Irán-Contra a gran escala.

Reiteramos: Rodríguez no ha acordado nada de este acuerdo de venta y no está incluido en la nueva legislación venezolana sobre hidrocarburos en materia de concesiones y regalías. Se trata de dos cosas distintas que se confunden ampliamente.

La afirmación de que Delcy Rodríguez está de acuerdo tanto con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia como con el robo de las ventas e ingresos petroleros venezolanos ha sido difundida deliberadamente por Estados Unidos y sus acólitos, a pesar de las furiosas negaciones de Delcy Rodríguez.

Si Rodríguez realmente fuera la mujer de confianza de Trump, alardear de ello la debilitaría fatalmente dentro de Venezuela y provocaría su caída, lo cual, obviamente, sería totalmente contraproducente si la afirmación fuera cierta.

Entonces, ¿por qué se difunde este rumor? Bueno, la razón obvia es precisamente debilitar a Rodríguez y desestabilizar al gobierno de Venezuela.

Pero quizás un factor más importante es la obsesiva necesidad de Trump de cantar victoria. Reunió una fuerza militar masiva frente a las costas de Venezuela y corría el riesgo de ser ridiculizado como el Gran Duque de York si simplemente se marchaba.

La captura de Maduro, de hecho, no ha cambiado nada en términos de política en Venezuela, pero ha proporcionado una operación espectacular que Trump puede proclamar como una victoria. En realidad, como demostración de las capacidades de la tecnología militar ofensiva de Estados Unidos, fue técnicamente impresionante.

Para que la destitución de Maduro se presente como un triunfo, Trump tiene que afirmar que Rodríguez es firmemente proestadounidense, aunque esto es claramente falso. Es simplemente una parte del desfile de triunfo, un componente esencial tanto del ego de Trump como de su método grandilocuente.

Lo que ahora les suceda a Maduro y Cilia, según esta interpretación, no es realmente relevante. La narrativa completamente falsa del inexistente Cártel de los Soles ya ha sido abandonada como parte de la acusación. En el mal llamado sistema de “justicia” estadounidense, cuentan con diversas acusaciones de testigos de diversas figuras dispuestas a firmar disparates contra Maduro como parte de un acuerdo de culpabilidad. Estas incluyen elementos destacados, de estilo rococó, que complacen a Trump, como el testimonio de que Maduro participó en el amaño de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 en nombre de Biden.

Mi predicción es que Trump “indultará” a Maduro antes de que la fiscalía se vuelva demasiado absurda y lo presente como parte de su triunfo. Pero ¿quién puede predecir a un loco?

Ese es precisamente el enigma al que se enfrenta ahora Delcy Rodríguez. Se enfrenta a dos ecuaciones imponderables.

La primera ya era bastante difícil. Historiadores e ideólogos debatirán durante siglos si el chavismo podría haber tenido éxito económico con su programa socialista a ultranza si el mundo occidental no se hubiera empeñado en destruirlo con sanciones devastadoras. Lo que considero indiscutible es que las sanciones fueron tan devastadoras que causaron considerables penurias públicas e inflación masiva. Al mismo tiempo, el hecho mismo de que Venezuela no sea altamente dictatorial y que tanto Chávez como Maduro permitieran ampliamente el debate, la libertad de partidos políticos y medios de comunicación de oposición, y el funcionamiento de ONG financiadas por Occidente, significó que la población venezolana fuera bombardeada continuamente con propaganda occidental que culpaba a la Revolución Bolivariana de los problemas causados ​​por las sanciones.

Esto erosionó el apoyo al proyecto socialista, que, aunque aún intacto, se ha desmoronado marginalmente. El gobierno bolivariano se ha visto obligado a intentar mitigar los efectos de las sanciones que le robaron su propio capital y a buscar la eliminación de algunas sanciones, abriendo más espacio para la inversión y la operación capitalista en la economía, especialmente, pero no solo, en el sector petrolero.

En otras palabras, el gobierno se ha visto obligado a ceder terreno a Occidente, avanzando lentamente en el espectro del socialismo al socialdemócrata, mientras intenta mantener las enormes conquistas sociales de la revolución chavista.

Este es un ejercicio en el que el propio Nicolás Maduro participó plenamente. Creo que tanto Maduro como Rodríguez tienen la intención de retroceder gradualmente de la socialdemocracia hacia el socialismo con el tiempo, una vez que las presiones hayan disminuido. Se trata de un juego de estrategia, no de táctica.

A este cálculo, ya de por sí extremadamente delicado, se suma el factor extraordinario de Trump. Su disposición a simplemente matar a personas inocentes, a quebrantar el derecho internacional y a imponer su voluntad explotando la enorme ventaja militar de Estados Unidos sobre un país pequeño, cambió todas las reglas del juego.

La presión para acelerar los cambios y apaciguar a alguien que es claramente mentalmente inestable, la dificultad de comprender sus límites y verdaderos objetivos, es una experiencia insoportable cuando la vida y la muerte de venezolanos están en tus manos. La increíble grandilocuencia de Trump, sus descabelladas afirmaciones de que las tierras y el petróleo venezolanos son robados a Estados Unidos, escapan al ámbito de una negociación diplomática normal.

Delcy Rodríguez no está caminando por la cuerda floja, sino navegando por un túnel de Indiana Jones lleno de trampas.

Uno en el que Trump ha acertado es en su afirmación de que Machado no cuenta con el apoyo público para gobernar. Esto me parece indiscutible, y un intento de imponerla resultaría en una guerra civil. Esto, por supuesto, en sí mismo socava la afirmación de que el equipo de Machado ganó contundentemente las elecciones de 2024.

Mientras tanto, la vida en Venezuela continúa para la gente común. Tuve el gran placer de asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional el domingo. Fue un concierto muy logrado y el auditorio estaba lleno. El programa estaba compuesto íntegramente por compositores venezolanos, y yo nunca había escuchado esa música. El poema sinfónico inicial de Juan Bautista Plaza estaría a la altura del repertorio europeo sin ruborizarse.

No me disculpo por compartir con ustedes pequeños fragmentos de la vida cotidiana, porque la imagen que nos han dado de Venezuela está tan extraña y enormemente distorsionada que requiere múltiples correcciones.

Chávez instituyó un programa de educación musical para niños de clase trabajadora que se convirtió en la envidia del mundo de la música clásica, conocido simplemente como El Sistema. Se podrían encontrar ejemplos mucho más desgarradores de sanciones occidentales, como la atención médica. Pero como ejemplo de la cruel absurdidad del régimen de sanciones, la orquesta juvenil de Venezuela tiene dificultades para conseguir artículos básicos —cuerdas, cañas, púas— debido a las sanciones.

Llevarle cuerdas de violín a un niño debería estar cometiendo un delito en Estados Unidos. Que esto sea un testimonio de lo absurdo de usar las sanciones para aplastar el espíritu humano.

Soy muy consciente de que aún no he salido de Caracas y de las limitaciones de mi experiencia hasta ahora. Pero ya me impresiona la gran ventaja de estar aquí frente a comentaristas occidentales que veo a diario, incluso con buenas intenciones, equivocarse por completo. Los grandes medios de comunicación, por supuesto, producen una narrativa completamente falsa como política.

Me complace anunciar que hoy nuestro nuevo videógrafo y editor comienzan a trabajar y podremos ofrecerles contenido de video. También espero hoy finalizar el alquiler de una oficina/estudio.

Ahora tenemos una campaña de financiación colectiva para informar sobre Venezuela. Simplemente he editado la campaña de financiación colectiva libanesa de GoFundMe, porque tardó muchas semanas en aprobarse y no quiero pasar por todo eso de nuevo. Así que su base de partida son las 35.000 libras que recaudamos y gastamos en el Líbano.

Agradezco mucho haber estado simultáneamente recaudando fondos para luchar contra el gobierno del Reino Unido en los tribunales escoceses por la prohibición de Palestine Action. Luchamos contra fuerzas con fondos ilimitados. Solo podemos tener éxito si repartimos la carga. El 98% de quienes leen mis artículos nunca contribuyen económicamente. Este sería un buen momento para cambiar eso. Son las suscripciones básicas a mi blog las que me han traído a Venezuela, y siguen siendo la base de todo mi trabajo.

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GoFundMe de Venezuela

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) condena la reciente y cínica declaración del gobierno de los Estados Unidos que, bajo la administración de Donald Trump, cataloga a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional. Esta afirmación, carente de todo fundamento y moralidad, no es más que el recurso desesperado de una potencia imperial en declive, destinado a justificar el recrudecimiento de una política de asfixia económica contra un pueblo soberano.

Resulta una grotesca inversión de la realidad presentar como amenaza a una nación asediada por más de seis décadas de bloqueo genocida. La verdadera amenaza para la paz global emana precisamente de aquellos que, desde la arrogancia del poder, bombardean naciones, sostienen regímenes coloniales y desconocen el derecho internacional. Mientras Cuba despliega brigadas médicas por los cinco continentes, la administración estadounidense despliega sanciones, fomenta la confrontación y bombardea naciones soberanas. Cuba no exporta armas ni doctrinas de odio; exporta salud, educación y esperanza. He ahí la diferencia abismal entre un proyecto de vida y una política de muerte.

Al criminalizar la colaboración internacional de Cuba, el gobierno de Trump pretende castigar el ejercicio de una soberanía plena. La imposición de nuevas sanciones extraterritoriales para obstaculizar el suministro de combustible constituye un acto de guerra económica de consecuencias humanitarias profundas. Su objetivo es claro: intentar someter a toda una población para forzar una rendición política. Es la lógica del sitio medieval aplicada en el siglo XXI.

La REDH alerta que estas acciones forman parte de una estrategia peligrosa que busca crear condiciones para justificar agresiones de mayor alcance, en un contexto donde el gobierno estadounidense ha hecho de la destrucción del multilateralismo su bandera. Asistimos a la exacerbación de un fascismo contemporáneo que, ante su fracaso para ganar voluntades, recurre a la coerción brutal.

Por ello, la REDH hace un llamado a todas las fuerzas vivas de la intelectualidad, el arte y los movimientos sociales del mundo:

1.  A denunciar  esta nueva maniobra agresiva del gobierno de Trump contra Cuba.

2.  A visibilizar el carácter genocida y extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero, y a exigir su levantamiento inmediato.

3.A reconocer y defender a Cuba como lo que realmente es: un símbolo perdurable de resistencia antimperialista, soberanía y solidaridad entre los pueblos.

4.  A comprender que la batalla por la defensa de Cuba hoy es una trinchera esencial en la batalla global contra el fascismo, la xenofobia y la barbarie que amenazan el futuro del mundo. La causa de Cuba es la causa de la humanidad.

La causa de Cuba es la causa de la humanidad.

Caracas, República Bolivariana de Venezuela
30 de enero de 20026

EXIGIMOS  RESPETO TOTAL E INCONDICIONAL AL DERECHO DEL PUEBLO CUBANO A DECIDIR SOBERANAMENTE SU DESTINO SIN INJERENCIAS NEOIMPERIALISTAS.

La situación que en este enero de 2026 atraviesa Cuba no puede ser leída como una simple coyuntura económica ni como un conflicto diplomático bilateral. Se trata de un asedio de corte terricida prolongado que busca quebrar a un pueblo mediante la escasez inducida, la asfixia energética y la imposibilidad de acceder con normalidad a alimentos, medicamentos y tecnologías básicas. El bloqueo impuesto por Estados Unidos de Norteamérica constituye una forma de castigo colectivo injusto y cruel que vulnera principios elementales de derechos humanos, a la vida y del derecho internacional, y coloca deliberadamente a la población civil cubana en la isla en condiciones de sufrimiento evitable.

La reciente intensificación de las amenazas y medidas coercitivas, alentadas por la administración de Donald Trump, confirma la persistencia de una política autocrática neoimperial que no tolera ningún tipo de proyectos autónomos en América Latina y el Caribe. No se trata solo de presionar a un gobierno, sino de enviar un mensaje disciplinador y aterrorizador a toda la región: quien se aparte de la órbita de Washington será castigado. Cuba paga ese costo desde hace más de seis décadas por haber decidido construir un camino propio de soberanía retando el orden capitalista patriarcal sistémico mundial.

Frente a ese cerco, la respuesta popular cubana expresa una dimensión ética y política que trasciende la coyuntura. Las movilizaciones juveniles, la Marcha de las Antorchas y la constante apelación a la memoria histórica no son gestos rituales vacíos o de coyuntura. En ellas se actualiza una tradición de resistencia que hunde sus raíces en el pensamiento y la praxis de José Martí, para quien la patria no era un territorio abstracto, sino la dignidad concreta de los pueblos frente a la dominación en nombre de toda la humanidad. Esa herencia sigue viva en una generación que se niega a aceptar la humillación.

La Revolución Cubana, con todas sus tensiones, contradicciones, desafíos y retos internos, no puede ser juzgada bajo el chantaje del hambre ni de la amenaza militar. Defender a Cuba hoy no implica negar sus problemas señalados, incluso por su propia población, sino rechazar que estos sean utilizados como pretexto para justificar una política de guerra económica, una declaración de guerra abierta. Como recordó en múltiples ocasiones Fidel Castro, la soberanía no es negociable y menos, cuando se pretende imponer mediante la coerción y la intimidación.

La solidaridad con Cuba es, por tanto, una responsabilidad política y moral de todes. Exige denunciar el bloqueo, exigir su levantamiento inmediato, rechazar la criminalización de la solidaridad internacional y afirmar el derecho del pueblo cubano a decidir su destino sin injerencias externas. Cuba no constituye una amenaza para los Estados Unidos de América, ni para ningún país del mundo. Los principios de su política exterior son reconocidos por su amplio prestigio en la comunidad internacional donde su liderazgo se ha basado en el antimperialismo, el anticolonialismo, el internacionalismo solidario y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. 

En un mundo marcado por nuevas e híbridas formas de guerra, exterminio y dominación atroz, acompañar a Cuba es también defender la idea de que los pueblos tienen derecho a existir y re-existir con dignidad, sin ser aplastados por la prepotencia imperial, neoimperial, autoritaria de corte facista con la que hoy se quiere controlar no solo América Latina y el Caribe, sino el mundo.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios, Resistencias (GT CUTER) reconocemos en la lucha del pueblo cubano la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital caracterizada por la destrucción de los territorios, los pueblos y la vida. 

Nos sumamos a todas las voces que, en diferentes partes del mundo, dicen: 

¡BASTA DE TERRICIDIO!
¡BASTA DE GUERRAS! 
¡BASTA DE EXTERMINIO DE LA VIDA!
¡EL PUEBLO CUBANO, VENEZOLANO, KURDO EN RESISTENCIA NO ESTÁN SOLXS¡

2 de febrero de 2026
Grupo de Trabajo CLACSO 
Cuerpos, Territorios, Resistencias (GT CUTER)

Foto de portada: Cuba Debate

#MarcosVive

Protect Mother Earth + Autonomy
Proteger a la Madre Tierra + Autonomía

Denounce Impunity
Denunciar la impunidad

27 E 39TH ST, NEW YORK,
5:00 PM

La tierra se protege y defiende

9 Dec 2025, NEW YORK, NY O

Por Carlos Fazio (*)

Las delegaciones de Israel y de la resistencia palestina, representada por emisarios político-diplomáticos de Hamás y la Yihad Islámica, llegaron a acuerdos, ayer, 8 de octubre, en el balneario egipcio de Sharm el-Sheij, a orillas del mar Rojo, para implementar la primera fase del plan de 20 puntos propuesto la semana anterior por Donald Trump.

Si se cumplen las condiciones necesarias sobre el terreno (en la Franja de Gaza), el acuerdo permitiría la devolución de algunos rehenes israelíes y el intercambio de prisioneros palestinos. La firma del acuerdo tendrá lugar este jueves en Egipto.

La información, divulgada por Al Mayadeen citando fuentes palestinas, fue confirmada poco después por la corresponsal en la Casa Blanca de News Nation, Kellie Meyer. A su vez, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, le entregara un papel durante una mesa redonda este miércoles, el presidente Trump hizo una declaración sorpresa: “Acabo de recibir una nota del secretario de Estado, diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio y que me van a necesitar muy pronto”.

Luego, con su peculiar estilo comunicacional, publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡Benditos los  constructores de la paz!”

Tras el anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró su esperanza de que los rehenes regresaran a sus hogares. “Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”, expresó en X.

Por su parte, Hamás instó “al presidente Trump, a los países garantes del acuerdo y a varias partes árabes, islámicas e internacionales” a obligar a Israel a implementar plenamente el acuerdo. El movimiento subrayó que “los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano” y que “no abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logren la libertad, la independencia y la autodeterminación”.

Majed al Ansari, portavoz de la Cancillería catarí, confirmó el logro: “Los mediadores anunciaron que esta noche se llegó a un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, lo que conllevará el fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria. Los detalles se anunciarán más adelante”.

La primera fase de las conversaciones iniciadas el lunes 6 se centró en un alto el fuego y un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes.  A puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad, los negociadores hablaron a través de mediadores, solo unas semanas después de que el régimen sionista de Benjamín Netanyahu intentara asesinar a los principales delegados de Hamás mediante un bombardeo en Doha, Catar.

Tras reunirse con funcionarios de inteligencia egipcios para que garantizaran su seguridad, el principal negociador del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (Hamás), Khalil al-Hayya, quien sobrevivió al ataque israelí del mes pasado en Doha, participó en las conversaciones. El martes, al-Hayya había pedido “garantías” para que Israel no reanude la agresión, tras el eventual inicio de un acuerdo de paz.

En una entrevista con el canal egipcio Al Qahera TV, el líder político de HAMAS recordó que el régimen israelí no ha cumplido los acuerdos anteriores. Entre ellos, citó la ruptura unilateral del pacto firmado en enero de este año entre las partes, que permitió la liberación de un grupo de retenidos israelíes bajo custodia de la resistencia palestina. Al-Hayya remarcó entonces que Hamás estaba plenamente dispuesto a detener las acciones armadas de forma definitiva, pero dijo que Israel seguía asesinando y aniquilando e incumpliendo los compromisos adquiridos con los mediadores.

Según una fuente palestina citada por la agencia francesa AFP, el intercambio inicial de rehenes israelíes por prisioneros palestinos requerirá varios días, dependiendo de las condiciones sobre el terreno relacionadas con la retirada de las fuerzas de ocupación, el cese de los bombardeos y la suspensión de todo tipo de operaciones aéreas.

La mediación egipcia dijo el miércoles que las discusiones iniciales giraron en torno a las listas de prisioneros palestinos que serán liberados en virtud del acuerdo de intercambio. Entre los nombres mencionados por Hamas figuraban Marwan Barghouti (quien está condenado a cinco cadenas perpetuas en Israel), Ahmed Saadat, Hassan Salama y Abbas al-Sayed.

Según Hispantv, de acuerdo con el llamado “plan de paz” de Trump, Israel liberaría a más de mil 900 presos palestinos, incluidos 250 con sentencias de cadena perpetua, a cambio de los 48 cautivos israelíes, vivos y fallecidos, en un plazo de 72 horas tras el inicio del cese al fuego.

La resistencia palestina no acepta  aspectos del plan neocolonial

Ante la campaña de intoxicación desinformativa de los medios hegemónicos occidentales, cabe consignar que Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos de la resistencia palestina no han aceptado el plan neocolonial de Estados Unidos e Israel, que, en un intento por reeditar el modelo aplicado por Washington en Afganistán durante casi dos décadas, incluye al británico Tony Blair como gobernador adjunto. Asimismo, afirmaron que no entregarán las armas hasta que se establezca un Estado palestino.

Por su parte, cabe recordar que un día después de negociar el plan de “paz” con Trump en la Casa Blanca, Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes permanecerían en la mayor parte de Gaza. Dijo: “Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y en buen estado, mientras el ejército israelí permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza”.

Pero ese no es el único punto de fricción. Netanyahu también afirmó que nunca permitirá la creación de un Estado palestino, aunque el documento de Trump incluye un apartado sobre “una vía creíble hacia la autodeterminación palestina y la creación de un Estado” si el acuerdo se cumple plenamente.

Según Netanyahu, eso “no está escrito en el acuerdo”, y afirmó que Israel “se opondría firmemente” a tal medida. Insistió en que Trump comparte esa opinión.

Respaldada por su equipo de gobierno, la postura de Netanyahu es inaceptable para los palestinos. Como expresó el líder de la Yihad Islámica Palestina, Ziad al-Najala, “Israel está tratando de imponer, a través de Estados Unidos, lo que no pudo lograr mediante la guerra”.

La táctica de Netanyahu es conocida: públicamente acepta acuerdos para presionar a Hamás e intentar  obtener ventajas, mientras que en privado rechaza sus términos más fundamentales.

Buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, y adicto a la mentira y la perfidia, primer ministro israelí tiene un largo historial de respaldar negociaciones y propuestas de alto al fuego y, al mismo tiempo, emitir declaraciones contradictorias para frustrar cualquier avance.

Familiares de cautivos israelíes, grupos humanitarios e incluso algunos funcionarios del régimen sionista han acusado a Netanyahu de prolongar la guerra por beneficios políticos personales. Aunque esa táctica va más allá de Netanyahu: quien conozca al régimen de Israel sabe que no se le puede confiar. Su historia está marcada por mentiras flagrantes, acuerdos rotos y tácticas manipuladoras para beneficio propio.

La propuesta de 20 puntos de Trump no aborda las causas profundas del prolongado conflicto árabe-israelí: la ocupación territorial propia de un colonialismo de asentamiento y el régimen de apartheid necropolítico que explota y oprime al pueblo palestino.

El acuerdo preliminar, que inicialmente el jefe de la Casa Blanca planteó como un ultimátum a Hamás, so pena de enviar a los insurgentes al “infierno” en caso de no aceptarlo, esboza un orden político que equivale a una administración colonial de Gaza, con un gobierno local subordinado a un llamado “Consejo de la Paz” presidido por el propio Trump e integrado por figuras pro-guerra y controvertidas, como el citado ex primer ministro británico Tony Blair.

El consejo supervisaría la reconstrucción de Gaza, la planificación económica e incluso su transición política durante cinco años, hasta que se considere que una Autoridad Palestina reformada (sic) esté “lista” para asumir el control.

Impulsado en gran medida por el deseo de Trump de convertir Gaza en una especie de “maravilla” al estilo Dubái, el plan se asemeja a un protectorado del siglo XXI: una zona despojada de soberanía y reconstruida de acuerdo con las prioridades de potencias hegemónicas extranjeras y megamillonarios  inversores privados.

Según el proyecto, la reconstrucción de Gaza estaría impulsada por lo que se denomina el Plan de Desarrollo Económico de Trump, inspirado en las relucientes ciudades modernistas del Golfo Pérsico. Una zona económica especial ofrecería aranceles preferenciales e incentivos a la inversión, mientras que un panel de expertos diseñaría un modelo de “gobernanza moderna y eficiente” destinado a atraer capital.

Aunque el plan asegura que “nadie será forzado a abandonar Gaza”, la visión públicamente reiterada de Trump para Gaza se basa en el desplazamiento forzado de su población originaria. Cuantos más palestinos sean removidos por la fuerza de sus tierras, más barato será implementar el proyecto. The Washington Post estimó que se ahorrarían 23 mil dólares por cada palestino que se traslade al exterior. Esto equivale a medio millón de dólares en ahorros por cada uno por ciento de la población de Gaza que se reubique.

Lavrov, sobre Gaza: el plan de Trump es ‘lo mejor que hay sobre la mesa’

En ese sentido, este miércoles, tras describir la crisis humanitaria en la Franja de Gaza como catastrófica, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que mientras se escuchan “ideas exóticas” como la reubicación de los residentes palestinos en el exterior o la creación de un balneario recreativo en el enclave, los países árabes “se manifestaron categóricamente en contra de eso”.

Mencionó, en particular, a Egipto y Jordania, los vecinos más cercanos de Palestina, en donde, dijo, “nuestros colegas estadounidenses querían reubicar a la mayoría de los residentes gazatíes”. “Ante ese rechazo, (los israelíes) se pusieron a buscar destinos para la reubicación en otras partes del mundo: Se mencionaba Somalilandia, Indonesia, Sudán del Sur, pero me parece que ahora todos entendieron que esto sería una catástrofe no sólo para los palestinos, en el sentido humanitario, sino una catástrofe para la autoridad de la ONU, que proclamó el Estado palestino junto al Estado de Israel ya en 1947”.

Lavrov señaló que, asumiendo toda la complejidad que supone la tarea de poner fin a las hostilidades, en opinión del gobierno de Rusia, el plan propuesto por el presidente Donald Trump, es, a su vez, “un paso positivo”.

“Teniendo en cuenta la necesidad de detener el derramamiento de sangre, salvar las vidas de las personas, reconstruir la Franja de Gaza y la ciudad de Gaza o lo que queda de ello, Trump propuso sus 20 puntos en los que figura la palabra ‘Estado’, aunque todo está formulado en términos bastante generales”, indicó el canciller ruso.

“Sin embargo, somos realistas. Entendemos que esto es probablemente lo mejor que hay sobre la mesa. Al menos lo mejor desde el punto de vista de ser aceptable para los árabes y no ser rechazado por Israel”, reconoció el jefe de la diplomacia moscovita, quien concluyó que “lo más importante, por supuesto, es que sea aceptable para los palestinos”.

“Sin duda, es muy importante cesar todas las acciones militares, y el hecho de que Hamás haga hincapié en las garantías de no repetición de los ataques y de no reanudación de las operaciones militares en la Franja de Gaza -y sobre todo en la ciudad de Gaza- refleja que sacan conclusiones de la experiencia previa a la situación actual”, expresó Lavrov.

 “Les deseamos éxito. Si podemos ayudarlos en algo, por supuesto que lo haremos. El presidente Putin dijo muy claramente en el foro de Valdái que obviamente quisiéramos ayudar a crear el Estado palestino, pero hay que empezar con algo”.

¿Se acerca el colapso de Netanyahu?

Al cierre de esta edición de Mate Amargo, medios israelíes señalaron que el ejército de ocupación habían completado la mayor parte de los preparativos para recibir a los rehenes en poder de Hamás, tanto vivos como muertos, en el campamento de Reim, en el sur del país. Los trabajos habían incluido la organización de las instalaciones, del equipo personal, la infraestructura de higiene, la actualización de las órdenes y procedimientos y la preparación de los trabajadores para el proceso de recepción.

Por otra parte, un despacho de Hispantv dio cuenta, ayer, que líderes de la oposición de Israel coordinan esfuerzos para destituir al primer ministro Netanyahu en una próxima sesión parlamentaria. Según el medio árabe, los seis principales líderes del autodenominado “bloque del cambio”, anunciaron haber alcanzado un acuerdo para derribar el gabinete de Benjamín Netanyahu, a quien consideran el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza.

A su vez, el sitio hebreo Ynet detalló que la cita analizó la coordinación de pasos para desalojar al gobierno en la próxima sesión parlamentaria del invierno. En el encuentro estuvieron presentes figuras clave como Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Benny Gantz y Naftali Bennett. Los seis líderes acordaron consolidar sus relaciones y apoyar el plan del presidente Donald Trump, y coordinar acciones concretas orientadas a la caída del Ejecutivo actual.

En este sentido, el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, confirmó que la reunión buscaba armonizar los esfuerzos para lograr el derribamiento del gabinete de Netanyahu.

Líderes de la oposición israelí han advertido reiteradamente que las políticas de Netanyahu en Gaza y su gestión de los recursos financieros están acelerando una crisis política sin precedentes. Figuras como Yair Lapid y Benny Gantz han señalado que la combinación del manejo bélico y las dificultades económicas podría precipitar el colapso del actual gobierno, en medio de lo que califican como “una horrible crisis de seguridad, política y económica” que afecta al régimen.

En la imagen, Khalil al-Hayya, líder de Hamás y jefe de la delegación negociadora palestina, revisa los mapas que detallan la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza con Mohammed al-Hindi, subjefe de la Jihad Isámica y Jamir Mezher de las PFLP durante las pláticas de paz con Israel. Foto de prensa de Hamás.

(*) Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones.

Foto de portada de Abdallah F.s Allatar/Anadolu

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
^{En portada: Ejercicios en el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.}

Mientras se avivan los vientos de intervencionismo de los Estados Unidos (EEUU) frente a México y Venezuela, solo durante el mes de agosto, el Comando Sur realiza al menos tres ejercicios militares en diversos países de Latinoamérica. Estas acciones buscan afianzar su estrategia con la cual afirman van a contrarrestar lo que denominan como Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) o Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).

Desde el pasado 7 de agosto, la administración de Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, equiparándolo como presunto líder del llamado “Cártel de los Soles”. Ante ello, el Departamento de Estado de EEUU, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, anunció una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto del mandatario de Venezuela. 

La oferta de recompensa, autorizada por el secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), se dio justo dos semanas atrás cuando el Departamento del Tesoro había designado al “Cártel de los Soles” como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (SDGT), un estatus que permite congelar los activos del grupo en jurisdicción estadounidense y criminaliza cualquier transacción con él.

Es así que la situación ha escalado a una crisis tensa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que Trump ordenó el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas. 

Según información confirmada por funcionarios de Defensa, el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump incluye: el Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), compuesto por los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. También 4 mil infantes de Marina de la 22.ª Unidad Expedicionaria.

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Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

Hace unos días la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Kristin Noem, viajó a Guatemala para firmar un memorandum de entendimiento con el gobierno de Guatemala, que acuerda el lanzamiento del Programa Conjunto de Seguridad, el cual permitirá interceptar a personas vinculadas a las denominadas redes transforterizas del crimen organizado o con vínculos terroristas, en puertos y aeropuertos de este país.

A pesar de que Noem sostuvo que el acuerdo fue en torno a que Guatemala sería considerado el “tercer país seguro”, contrario a ello, el Ministerio de Gobernación del país centroamericano, Francisco Jiménez, negó que se hay asumido dicho compromiso. Mientras que el documento puntualiza que el objetivo es establecer el Programa de Seguridad Conjunta (JSP, por sus siglas en inglés), mediante  el cual se pretende ampliar la participación bilateral en cuestiones de control de seguridad fronteriza.

Los agentes de los Estados Unidos (EEUU) tendrán la posibilidad de participar presencialmente y actuar directamente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en ciudad de Guatemala. Así mismo, se espera que los oficiales que participen en este programa, incluyendo los guatemaltecos, trabajen bajo la dirección y coordinación del jefe de Misión de los Estados Unidos en la República de Guatemala, y bajo la supervisión operativa de la división del Programa de Asesoría de Inmigración (IAP, por sus siglas eninglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Dirección General de la Policia Nacional Civil guatemalteca.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{Foto de portada: Bienvenido Velasco}

Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.

Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.

La respuesta gubernamental, documentada por organizaciones sociales y medios independientes locales, ha sido detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y represión a las movilizaciones.

Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.

En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).

El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.

Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.

Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.

“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.

Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.

¿Acuerdo o intervención?

El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.

“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.

Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.

A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.

La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.

Reactivación minera

A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.

Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.

El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.

“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.

Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Un reciente informe presentado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos revela el impactante flujo ilegal de armas de fuego, sobre todo, hacia México. Entre 2017 y 2021, la ATF rastreó más de 129 mil armas en más de 70 países; el 74% de ellas fueron internadas a territorio mexicano. 

En el año 2023 la administración del presidente estadounidense Joe Biden llegó a un acuerdo con México para combatir el tráfico de armas de fuego a través de la cooperación bilateral. Tras este compromiso se aprobó la asignación de recursos para la llamada “Operación Southbound”, mediante la cual se implementó el uso del software denominado eTrace, que permite rastrear información relacionada con todo tipo de delitos cometidos en los Estados Unidos con armas de fuego, pero también en diversos países con quienes han implementado este trabajo conjunto. 

A través del sistema eTrace, la ATF ha podido rastrear armas recuperadas en delitos y de la misma forma ha localizado a los compradores. Es así como México se destacó como el país con el mayor volumen de armas de fuego recuperadas, representando el 74% de los rastreos internacionales, con un total de 33 mil 088 armas proveniente de los Estados Unidos. De ellas, solo el 2% se comercializaron de forma legal.

El fiscal general de la ATF, Merrick B. Garland, declaró que “el uso ampliado del rastreo de armas de fuego y de la Red Nacional Integrada de Información Balística de la ATF ha proporcionado más pistas de investigación que nunca sobre delitos violentos con armas de fuego, ha mejorado la inteligencia estratégica sobre bandas violentas y ha mejorado la detención y el procesamiento de delincuentes violentos”.

De acuerdo con el informe de esta institución, el 43% de las armas rastreadas provienen del estado de Texas, sumando un total de 14 mil 216 de ellas. De ahí le sigue Arizona, California, Nuevo México y Florida. Estos cinco estados en su conjunto representaron el 79% del total de las armas recuperadas en México. El tráfico de armas desde estos estados hacia México está vinculado principalmente a los cárteles y grupos delictivos que operan en la región.

Lo que llama la atención es que, según el informe, la mayoría de las armas recuperadas fueron robadas o perdidas en incidentes relacionados con el Instituto FFL (Licencias Federales de Armas de Fuego) de Estados Unidos.

Tipos de Armas 

De acuerdo con el documento de la ATF, las armas más comunes que fueron rastreadas fueron las cortas, representando el 61% del total. Como segundo lugar están las armas largas, ocupando el 26% de los rifles rastreados. En el resto figuran revolver y escopetas.

La ATF solo logró rastrear el 27% de las armas recuperadas hasta su comprador en EEUU. Esta instancia señala que entre las barreras para rastrear a sus compradores está la fabricación de armas fuera de territorio estadounidense, la falta de registros y las exportaciones a distribuidores extranjeros. 

Doble mercado

De acuerdo con los datos abiertos del gobierno de México, Estados Unidos es su principal proveedor de armas y equipamiento militar. Solo en 2023 las compras que hizo el gobierno mexicano con el país vecino llegaron a la cantidad 35.5 millones de dólares. Así la industria armamentista estadounidense se beneficia de las ventas legales e ilegales.

Aunque la venta ilegal de armas beneficia principalmente a los grupos del crimen organizado en México, también las empresas armamentistas de EEUU se benefician, pero no se menciona en los informes. “Esto ha dado lugar a la proliferación de esquemas de tráfico ilegal de armas de fuego con sede en Estados Unidos perpetrados por comerciantes ilícitos de armas de fuego, individuos y otros grupos criminales que capitalizan la demanda siempre presente”, dijo el agente especial adjunto de la ATF, Robert Topper.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 

Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.  

A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero. 

Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo. 

La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield. 

Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.

“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.

Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo. 

Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.  

Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”. 

“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene. 

Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas. 

“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.

Preocupación internacional 

El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.

Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.

En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante. 

En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.

Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.

Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan. 

Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho. 

A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.

De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción. 

Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. 

Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.

Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días. 

Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.