Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Familiares de desaparecidos realizan labores de búsqueda en todo el país, sin ayuda del gobierno, desde el incremento de la violencia en el sexenio de Calderón. Foto: Santiago Navarro F.}

Hace dos años, la violencia, las desapariciones, desplazamientos y reclutamiento de personas por la disputa territorial de dos cárteles mexicanos trastocaron por completo la vida de diferentes comunidades de Chiapas.

Uno de los grupos identificado como el Cártel de Sinaloa tiene presencia en esta entidad desde finales de los ochenta, pues Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo mucha influencia, además de posesión de propiedades.

“Grupos locales del crimen organizado se encontraban vinculados a este grupo mayor, hay que recordar que son redes y funcionan como células que se van reproduciendo”, explica para Avispa Mídia, Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En 2018, en las elecciones para presidente, gobernador y alcaldes, la violencia criminal se agudizó en el sur de México. “Pareciera casualidad, pero no lo es tanto”, señala la investigadora, pues la llegada de Morena fue coincidente con la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cárteles comenzaron a disputar los municipios y la violencia se repitió en junio de 2021 en las elecciones de 118 alcaldías y legisladores locales. En municipios como Pantelhó y Frontera Comalapa no hubo garantías de seguridad ni para los trabajadores de los órganos electorales, se designó un consejo municipal y comenzó a ser más visible la violencia.

El 5 de julio del mismo año electoral, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos e integrante de Las Abejas de Acteal fue asesinado frente a su hijo y su padre en el mercado público de Simojovel.

En el informe “Bienaventurados los que trabajan por la justicia…”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) da cuenta que antes del crimen, Simón Pedro denunció ante la Secretaría de Gobierno la situación de violencia en Pantelhó, Simojovel y Chenalhó por el asedio de grupos armados vinculados al crimen organizado.

Tres días después, el 8 de julio (2021) en Tuxtla Gutiérrez, fue asesinado Gilberto Rivera Maravilla, alias “El Junior” o “Jr”, hijo de Gilberto Rivera Amarillas, “El Tío Gil”, operador del Cártel de Sinaloa en Chiapas.

Desde entonces la pugna de los grupos criminales creció en otros territorios. De la frontera sur se extendió a la Sierra; luego a la zona Centro, Norte y Altos de Chiapas, aunque vinculados a grupos criminales a nivel local, tales como Los Herrera en Pantelhó o “El caracol” en Chamula, en la zona Altos, que están articulados o tienen alianzas con grupos de alcance mayor.

Los Herrera están vinculados al Cártel de Sinaloa, pero después del asesinato del Jr. fueron despojados del control de Pantelhó por un grupo armado autodenominado “El Machete”, que se presentó mediáticamente como autodefensa, posando con armas de alto poder.

Un mes después, en agosto de 2021, el Fiscal de Justicia Indígena de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, que investigaba hechos de violencia entre Los Herrera y El Machete, fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas.

Huir entre balas

Aunque la violencia es generalizada, la disputa de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación cambió la cotidianidad, de manera particular, de poblaciones de la Sierra Madre de Chiapas, fronterizas con Guatemala como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

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La presencia de cárteles en estos municipios se relaciona al flujo de personas en movilidad humana. Esta población ha sido por años víctima de diversos delitos que van desde la violencia sexual, robos, secuestros, trata de personas y desaparición.

Entre el 2018 y 2023, la Fiscalía General del Estado registró 201 carpetas de investigación por desaparición de personas por particulares, de las cuales 165 esta en trámite, 22 sin acción penal, 11 sin judicialización y acumuló tres más.

En contraparte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el mismo periodo da cuenta de 810 casos en cinco municipios: 144 en Tuxtla Gutiérrez, 41 en San Cristóbal de las Casas, 108 en Tapachula, 104 en Comitán y 55 en Frontera Comalapa.

Sin embargo, a decir del Colectivo Madres en Resistencia, Melel Xojobal, Voces Mesoamericanas y el Frayba, no hay cifras reales oficiales de las desapariciones, tanto de personas en movilidad como de pobladores.

Las desapariciones comenzaron a denunciarse con más fuerza después de los enfrentamientos en mayo de 2023, fecha en que miles de personas huyeron de Frontera Comalapa y Chicomuselo ante el temor de ser reclutadas, desaparecidas o asesinadas.

En una tarea compleja, el Frayba logró contabilizar de 2021 a 2022, el desplazamiento de 2,000 personas de Frontera Comalapa, cifra que se elevó este año cuando otros 3,500 habitantes también huyeron.

“El Consejo (Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas) que legalmente debe atender esta situación de desplazamiento no hace mucho, más que llevar cajitas de despensa, pero no se ha visto en los últimos meses que hayan estado actuando frente a esta situación. La gente va con sus propios medios a buscar a sus redes familiares, porque no hay acción estatal”, explica Lomelí.

Enganche y reclutamiento

En las localidades que confluyen los criminales, también existe un incremento de delitos como extorsiones, cobros de piso, que aún no se ven en otros espacios del Estado, y que involucra a personas jóvenes en sus redes.

En el reciente informe “Niñeces frente a las violencias criminales”, la asociación civil Melel Xojobal hace énfasis en el enganche y reclutamiento, mayormente, de adolescentes entre 12 y 14 años de edad que viven en las zonas donde operan los cárteles.

Estos grupos asignan a los adolescentes tareas como realizar mandados, vender y transportar drogas, reclutamiento de otros jóvenes, vigilancia, coyotaje, enfrentamientos con rivales, pandillerismo o sicariato.

En el caso de las mujeres, en actividades de limpieza, meseras de bares o cantinas o ser víctimas de explotación sexual. “Es común que las niñas, niños y adolescentes que son parte de estos grupos sean utilizados para actividades de alto riesgo que ponen en peligro su vida e integridad o que podrían llevar a su detención”, precisa Jennifer Haza, directora de la organización Melel Xojobal.

Ella explica que el fenómeno actual recuerda al antiguo proceso de enganche en el cual los finqueros engañaban a trabajadores a través de la generación de deudas para obligarlos a trabajar en condiciones de explotación.

En 2021, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estimó que tan sólo en San Cristóbal de las Casas 2,507 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de caer en manos de criminales, mientras que a nivel nacional la cifra es de 64,473.

Nuevas rutas

Los territorios en disputa se enmarcan en, principalmente, al menos tres corredores creados para el tráfico de personas, drogas y armas, señala la investigadora Lomelí. El más conocido es el corredor del pacífico, por la zona Costa y ruta principal de personas migrantes.

El segundo corredor abarca la zona Altos y Sierra, y el tercero está en la zona Norte y conecta con la Selva. Los tres se cruzan en la zona Metropolitana o Centro de la entidad.

Entre las denuncias más recientes está la de comuneros de la comunidad Nueva Palestina, localizada en la zona Selva, quienes se han visto afectados por los bloqueos y vigilancia que los cárteles realizan en cruceros y carreteras.

La presencia de estos grupos se ha visto en lugares inimaginables como el caso de Emiliano Zapata que, hasta poco antes de las elecciones, nadie conocía. El municipio de 10 mil habitantes, que conecta la región cañera y la capital de Chiapas, es paso de los cárteles. Los campesinos del lugar son obligados a vender sus terrenos. Hace unas semanas recibieron un mensaje de texto, firmado por “Los Kaibiles”, que advierte sobre “levantones” contra distribuidores, consumidores de cristal y personas que no “respeten” el toque de queda.

Zona gris

Un mes después de la violencia que provocó desplazamientos y desapariciones en Frontera Comalapa y Chicomuselo, el 22 de junio de 2023, la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez fue privada de la libertad por un grupo armado que entró a su vivienda en Tuxtla Gutiérrez.

Cinco días después, personas encapuchadas y con armas largas bloquearon la carretera Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez para interceptar el autobús donde viajaban 33 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Solo los 16 hombres a bordo fueron secuestrados como moneda de cambio para lograr la liberación de Nayeli Cinco. En videos difundidos en redes sociales, encapuchados también pidieron el cese de funciones de tres servidores públicos de la misma secretaría.

Los 16 funcionarios y la mujer, allegada a un líder del CJNG, fueron liberados. “Es una muestra de que hay, lo que en Ciencias Políticas se denomina zona gris: que es una parte no pública donde toman espacio las negociaciones”, explica Lomelí.

En este caso, el gobierno demostró tener estrategias para hacer frente al problema. Sin embargo, de forma “curiosa” cuando se suscitan hechos de violencia las fuerzas de seguridad se ausentan de las zonas, como hace unos días cuando el Cártel de Sinaloa desfiló y fue recibido por habitantes de Chamic, Frontera Comalapa.

Al ser cuestionado sobre el contexto de la zona Sierra de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la problemática con el argumento de que no es una situación generalizada, pero insistió en reforzar la seguridad con mayor presencia de militares de la Guardia Nacional.

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“Pero parece que están avisados, es como un juego político”, hace hincapié la investigadora, puesto que la militarización se ha convertido en contención mediática. Mientras, los gobiernos le siguen apostando a la falta de la memoria colectiva.